viernes, 15 de diciembre de 2017

Jurisprudencia - El recurso de revisión es la vía para determinar los efectos de las sentencias del TEDH


Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 19 abril 2017, Rec. 20748/2016: Efectos de las sentencias del TEDH. La determinación de los efectos que han de producir debe realizarse a través de la vía del recurso de revisión. El recurso de revisión constituye un medio excepcional que permite subsanar situaciones acreditadamente injustas, rescindiendo una sentencia firme a través de un nuevo proceso. Es un proceso extraordinario con el que se pretende, fundamentalmente, encontrar el necesario equilibrio entre la seguridad jurídica que reclama el respeto a la cosa juzgada y la exigencia de la justicia en que sean anuladas aquellas sentencias condenatorias de quienes resulte posteriormente acreditado que fueron indebidamente condenados. Representa el triunfo de la verdad material frente a la verdad formal amparada por los efectos de la cosa juzgada.
Ponente: Monterde Ferrer, Francisco.
Nº de Recurso: 20748/2016
Jurisdicción: PENAL
Iustel - Diario Del Derecho, 15 diciembre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 1483/2017 - ECLI: ES:TS:2017:1483]

Congreso de los Diputados - Convenio internacional


El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación del Acuerdo entre el Principado de Andorra y el Reino de España sobre el ejercicio de actividades profesionales remuneradas por parte de familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones permanentes ante organismos internacionales de un Estado en el otro, hecho en Madrid el 31 de octubre de 2017 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 81-1, de 15.12.2017).

DOUE de 15.12.2017


-Reglamento Delegado (UE) 2017/2268 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.
Nota: Véase el Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009 , por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.

-Actualización de la lista de servicios nacionales responsables del control fronterizo mencionados en el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (codificación)
Nota: Véase el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016.
En relación con la actualización de la mencionada lista véanse DOUE C247, de 13.10.2006, p. 17; DOUE C77, de 5.4.2007, p. 11; DOUE C153, de 6.7.2007, p. 21; DOUE C331, de 31.12.2008, p. 15; DOUE C87, de 1.4.2010, p. 15; DOUE C180, de 21.6.2012, p. 2; DOUE C98, de 5.4.2013, p. 2; DOUE C256, de 5.9.2013, p. 14; DOUE C360, de 10.12.2013, p. 17; DOUE C218, de 7.7.2017, p. 19. 

BOE de 15.12.2017


Convenio entre el Reino de España y el Estado de Catar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hechos en Madrid el 10 de septiembre de 2015.
Nota: Este texto convencional entrará en vigor el 6 de febrero de 2018.

jueves, 14 de diciembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (14.12.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 14 de diciembre de 2017, en el asunto C‑66/17 (Chudaś): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 805/2004 — Ámbito de aplicación — Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados — Títulos ejecutivos que pueden certificarse como título ejecutivo europeo — Decisión sobre el importe de las costas procesales contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado — Exclusión.
Fallo del Tribunal: "El artículo 4, punto 1, y el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, deben interpretarse en el sentido de que una decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales, contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado, no puede certificarse como título ejecutivo europeo."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. HENRIK. SAUGMANDSGAARD ØE, presentadas el 14 de diciembre de 2017, en los asuntos acumulados C‑331/16 (K) y C‑366/16 (H): [Petición de decisión prejudicial presentada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Middelburg, Países Bajos)] [Petición de decisión prejudicial presentada por el Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Consejo del contencioso de extranjería, Bélgica)] Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Directiva 2004/38/CE — Artículo 27, apartado 2 — Limitación de las libertades de circulación y de residencia por razones de orden público o de seguridad pública — Amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad — Persona excluida del estatuto de refugiado por los motivos contemplados en el artículo 1, apartado F, letra a), de la Convención de Ginebra y en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2011/95/UE — Proporcionalidad — Artículo 28, apartado 1 y apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE — Artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho al respeto de la vida privada y familiar.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1. El artículo 27, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia haya sido excluido en el pasado del estatuto de refugiado en aplicación del artículo 1, apartado F, letra a), de la Convención de Ginebra sobe el Estatuto de los Refugiados, aunque no puede servir automáticamente de fundamento para la constatación de una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad, puede ser tenido en cuenta a tales efectos siempre que las circunstancias que condujeron a la aplicación de esta disposición revelen la existencia de un comportamiento personal constitutivo de tal amenaza.
A este respecto, el Estado miembro de acogida debe realizar una apreciación individual del comportamiento personal del individuo de que se trata a la luz, en particular, de las constataciones de las autoridades responsables en materia de asilo en lo tocante a la gravedad de los delitos de los que se le acusa, al nivel de implicación personal de este último en la comisión de dichos delitos y en la posible existencia de causas de exoneración de la responsabilidad penal.
La inexistencia de riesgo de que el individuo de que se trata vuelva a cometer delitos comprendidos en una de las categorías a las que se refiere en el artículo 1, apartado F, letra a), de la Convención de Ginebra en el Estado miembro de acogida, al igual que el transcurso de un período de tiempo importante desde la presunta comisión de tales delitos, no se oponen en sí mismos a la constatación de la existencia de una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.
2. El artículo 27, apartado 2, de la Directiva 2004/38, en relación con el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que toda restricción que imponga un Estado miembro a las libertades de circulación y de residencia de un ciudadano de la Unión o de un miembro de su familia debe ser conforme al principio de proporcionalidad y respetar el derecho a la vida privada y familiar de dicho individuo. En este contexto, dicho Estado miembro debe ponderar, por una parte, la protección de los intereses fundamentales invocados en apoyo de tal restricción y, por otra parte, los intereses de dicho individuo relativos al ejercicio de estas libertades y a su vida privada y familiar. El Estado miembro debe tener en cuenta, en particular, los factores enunciados en el artículo 28, apartado 1, de la Directiva citada en la medida en que sean pertinentes en la situación concreta en cuestión.
3. El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que el período de diez años de residencia en el Estado miembro de acogida, que da derecho a la protección contra la expulsión que establece esta disposición, no incluye los períodos durante los cuales un ciudadano de la Unión, antes de la adhesión a la Unión del Estado miembro cuya nacionalidad posee, haya residido en el Estado miembro de acogida sin tener autorización para ello con arreglo al Derecho nacional de ese Estado miembro."

Bibliogrfía - El control del comercio internacional de los minerales de conflicto


El control del comercio internacional de los minerales de conflicto: Reglamento (UE) 2017/821 por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro
M.ª Pilar DIAGO DIAGO, Catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Zaragoza
Diario La Ley, Nº 9099, Sección Tribuna, 14 de Diciembre de 2017
La Unión Europea ha aprobado el Reglamento UE 2017/821 que será plenamente aplicable a partir de 1 de enero de 2021. En él se establece la diligencia debida en la cadena de suministro de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto que deben seguir los importadores de la Unión. El objetivo de este trabajo es analizar esta normativa que implica un control del comercio internacional de los minerales de conflicto.

Bibliografía - Regulación y análisis de la gestación por sustitución en España


Regulación y análisis de la gestación por sustitución en España
Antonio AZNAR DOMINGO, Doctor en Derecho (PhD City University Los Ángeles (California, USA), Abogado. Alberto DELGADO SÁNCHEZ, Graduado en Derecho, Universidad de La Laguna (España), Abogado.
Diario La Ley, Nº 9099, Sección Tribuna, 14 de Diciembre de 2017
La gestación por sustitución es un medio al que pueden acudir aquellas personas que deseen ser padres pero que, por diversas causas, no puedan. En España, esta técnica está prohibida en el art. 10 de la LTRHA, precepto en el que se establece la nulidad de pleno derecho de estos contratos. Sin embargo, cada vez más son los españoles que optan por este proceso para tener hijos, desplazándose, para ello, a otro estado donde se admita legalmente la maternidad subrogada, inscribiendo a los niños una vez nacidos en el Registro Civil Consular de ese país y tratando de que se produzca el reconocimiento de esa inscripción en el Registro Civil español, para poder así traer al menor a España con el fin de que se reconozca completamente su filiación a su favor. Los Tribunales de nuestro país se han mostrado reacios a permitir tal inscripción aunque esté avalada por la Dirección General de Registros y del Notariado y también por resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos similares.
En este artículo se examina los distintos ámbitos problemáticos que comporta la gestación por sustitución, desde el punto de vista no sólo de la determinación de la filiación a las personas que conciertan este contrato sino, además, la respuesta de la jurisprudencia tanto nacional como europea frente a supuestos de este tipo, el régimen jurídico actual y las reformas que el poder legislativo español preveía, así como un análisis de las diferentes regulaciones que a nivel mundial contempla esta institución.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (13.12.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 13 de diciembre de 2017, en el asunto C‑403/16 (El Hassani): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) n.º 810/2009 — Artículo 32, apartado 3 — Código comunitario sobre visados — Decisión de denegación de visado — Derecho del solicitante a interponer recurso contra dicha decisión — Obligación de un Estado miembro de garantizar el derecho a un recurso judicial.
Fallo del Tribunal: "El artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de prever un procedimiento de recurso contra las decisiones denegatorias de visado, cuya regulación procesal corresponderá al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro dentro del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad. Debe garantizarse la posibilidad de interponer un recurso judicial en algún punto de dicho procedimiento."
-CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MACIEJ SZPUNAR, présentées le 13 décembre 2017, Affaire C‑558/16 (Mahnkopf): [demande de décision préjudicielle formée par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne)] Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Certificat successoral européen – Champ d’application – Possibilité de faire figurer la part du conjoint survivant dans le certificat successoral européen.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107), lu conjointement avec son article 1er, paragraphe 2, sous d), doit être interprété en ce sens que le domaine de la loi applicable à la succession s’étend à une règle qui, à l’instar de l’article 1371, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil), détermine la part de l’époux survivant dans la succession, même si son application dépend de l’existence d’un régime matrimonial déterminé et que la part de l’époux dans la succession remplace la liquidation de ce régime, pour autant que, en même temps, le quantum de cette part soit déterminé en fonction de règles totalement différentes de celles qui définissent la manière de liquider ce régime matrimonial du vivant des époux."
-CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL Mme JULIANE KOKOTT, présentées le 13 décembre 2017, Affaire C‑240/17 (E): (demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto‑oikeus [Cour administrative suprême, Finlande]) Demande de décision préjudicielle – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Espace Schengen – Décision de retour et interdiction d’entrée contre un ressortissant d’un pays tiers – Signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen – Ressortissant d’un pays tiers s’étant rendu coupable d’une infraction pénale – Ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité dans un autre État membre de l’espace Schengen – Obligation de consultation – Incidence de consultations en cours sur l’exécution de la décision de retour et la prise d’effet de l’interdiction d’entrée – Article 25, paragraphe 2, de la convention d’application de l’Accord de Schengen (convention d’application Schengen, CAAS) – Directive 2008/115/CE.
Nota: La AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) Un ressortissant d’un pays tiers peut se prévaloir directement de l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS pour contester la légalité et l’exécution d’une décision de retour rendue à son encontre ou d’une interdiction d’entrée dont il a été frappé en application de la directive 2008/115.
2) Il convient d’interpréter l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, les consultations imposées par cette disposition devraient être mises en œuvre le plus tôt possible, mais ne doivent pas impérativement être engagées avant une décision relative au retour et à l’interdiction d’entrée.
3) La décision de retour peut être exécutée et l’interdiction d’entrée peut être mise en vigueur seulement à partir du moment où l’État consulté en application de l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS a fait connaître sa position, ou si les consultations sont restées infructueuses malgré l’écoulement d’un délai approprié. Avant l’expiration de ce délai, ces deux décisions peuvent être exécutées dans la mesure où le ressortissant d’un pays tiers représente un danger pour l’ordre public et la sécurité publique."

Jurisprudencia - El matrimonio de conveniencia puede constituir un ilícito civil o administrativo, pero no delito


Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 6 abril 2017, Rec. 649/2016: matrimonio de conveniencia. Los matrimonios interesados o los matrimonios de conveniencia no pueden dar lugar a falsedad alguna, ni en el celebrante ni en los contrayentes, aunque uno y otro conozcan y consientan las particularidades del acuerdo, del interés o de la ventaja que se quiere obtener con tal unión. Podrá tratarse de un ilícito civil con consecuencias civiles y matrimoniales, pero nunca llegar a la incriminación de tal conducta en el contexto del Código Penal. Los hechos tampoco son subsumibles en el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en todo caso se trataría de un ilícito administrativo; incluso aun cuando el matrimonio fuera declarado de complacencia, con la finalidad de eludir la normativa de extranjería, sería en todo caso infracción administrativa si no media ánimo de lucro.
Ponente: Palomo del Arco, Andrés.
Nº de Recurso: 649/2016
Jurisdicción: PENAL
Iustel - Diario Del Derecho, 13 diciembre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 1486/2017 - ECLI: ES:TS:2017:1486]

Bibliografía - Presupuestos prácticos de tramitación de expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia


Presupuestos prácticos de tramitación de expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia
Juan Manuel MASANET FERNÁNDEZ, Abogado, Colaborador Honorífico del Área de Derecho Internacional Privado (Universidad Miguel Hernández de Elche) y Presidente de la Sección de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Elche; Alfonso ORTEGA GIMÉNEZ, Profesor de Derecho Internacional Privado (Universidad Miguel Hernández de Elche), Consejero Académico de Pellicer & Heredia Abogados y Director del Observatorio Provincial de la Inmigración de Alicante
Diario La Ley, Nº 9098, Sección Tribuna, 13 de Diciembre de 2017, Editorial Wolters Kluwer
El presente trabajo tiene como objetivo explicar de manera práctica el procedimiento de obtención de la nacionalidad española por residencia sobre la base de la nueva legislación sobre la materia, desde el requisito del tiempo mínimo de residencia legal hasta la deseada fase final de la obtención del Documento Nacional de Identidad, medio acreditativo de la nacionalidad española para cualquier persona.

Jurisprudencia - El Estado no responde por la vulneración del Derecho de la UE por el procedimiento de ejecución hipotecaria


Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 1491/2017 de 3 Oct. 2017, Rec. 427/2015: Responsabilidad de las administraciones públicas. Estado legislador. Improcedencia de indemnización por daños y perjuicios derivados de la infracción del Derecho de la Unión por la regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria contenida en la LEC. Reclamación por la pérdida por los interesados de la vivienda que habían adquirido con un crédito hipotecario, con obligación de pagar la parte de crédito no satisfecha, fundada en el incumplimiento por aquella regulación de la Directiva 93/13/CEE, declarado por TJUE S 14 Mar. 2013. No concurre el presupuesto de que la infracción de la norma europea esté suficientemente caracterizada. No tiene la Directiva vulnerada un grado de precisión que permita concluir que existía una clara infracción de la misma por mantener dicho procedimiento de ejecución. Existencia de dudas razonables sobre la adecuación a la Directiva de un procedimiento de ejecución hipotecaria basado en un título notarial. Inapreciación del carácter intencional de la infracción. No configuración del perjuicio sufrido como de especial consideración.
Ponente: Olea Godoy, Wenceslao Francisco.
Nº de Sentencia: 1491/2017
Nº de Recurso: 427/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9098, Sección Jurisprudencia, 13 de Diciembre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:3506

DOUE de 13.12.2017 - Proclamación del pilar europeo de derechos sociales


Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales.
Nota: El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclaman el pilar europeo de derechos sociales, cuyo objetivo es servir de guía para alcanzar resultados sociales y de empleo eficientes para responder a los desafíos actuales y futuros con el fin de satisfacer las necesidades esenciales de la población, así como para garantizar una mejor regulación y aplicación de los derechos sociales.
El pilar europeo de derechos sociales expresa los principios y derechos esenciales para el buen y justo funcionamiento de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar de la Europa del siglo XXI. Reafirma algunos de los derechos del acervo de la Unión y añade nuevos principios que abordan los desafíos derivados de los cambios económicos, tecnológicos y sociales. Los principios que contiene conciernen a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales de terceros países con residencia legal. Cuando un principio hace referencia a los trabajadores, concierne a todas las personas con un empleo, independientemente de su situación laboral, y de la modalidad y duración del empleo.
Este pilar europeo no debe impedir que los Estados miembros o sus interlocutores sociales establezcan normas sociales más ambiciosas. Debe aplicarse tanto por la Unión como por los Estados miembros, en sus competencias respectivas, teniendo debidamente en cuenta las diferencias entre los entornos socioeconómicos y la diversidad de los sistemas nacionales, en particular el papel de los interlocutores sociales, y de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Respeta la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así como la identidad nacional de los Estados miembros y la organización de sus poderes públicos a escala nacional, regional y local. En particular, su establecimiento no afecta al derecho de los Estados miembros de definir los principios fundamentales de sus sistemas de seguridad social y de gestionar sus finanzas públicas y no debe afectar de modo sensible a su equilibrio financiero.

martes, 12 de diciembre de 2017

DOUE de 12.12.2017


-Corrección de errores de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE.
Nota: Véase la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, así como la entrada de este blog del día 10.10.2009.
-Corrección de errores de la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal.
Nota: Y aquí llega la segunda corrección de errores (!!) de la desafortunada versión española de la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014.
Véase la primera corrección de errores, así como las entradas de este blog del día 1.5.2014 y del día 9.6.2015.

BOE de 12.12.2017


-Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, se establece el procedimiento de solicitud y otorgamiento de las Licencias Singulares para el desarrollo y explotación de los distintos tipos de actividades de juego.
Nota: El objeto de esta disposición es establecer los requisitos y condiciones que rigen la solicitud y el otorgamiento de las licencias singulares para el desarrollo y explotación de los tipos de actividades de juego.
En el punto sexto (documentos de la solicitud) se contienen diversas previsiones sobre los documentos que deben aportarse con la solicitud cuando quienes comparezcan o firmen las solicitudes en nombre de las sociedades interesadas sean personas física o jurídicas extranjeras, residentes o no en España.
Por otro lado, en la letra d) de la sección 1 del punto sexto se exige la sumisión expresa del solicitante a los órganos jurisdiccionales españoles.
En la sección 3, letra e), del mismo punto sexto se exige la presentación de la "relación de países del Espacio Económico Europeo en los que el interesado, o cualquiera de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, hubiera obtenido título habilitante para el desarrollo y comercialización del tipo de juego para el que se solicita la licencia singular. En caso de que la sociedad solicitante, o cualquiera de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, no contara con títulos habilitantes para el desarrollo y comercialización del tipo de juego para el que se solicita licencia singular, deberá hacerse constar tal circunstancia".
-Orden APM/1211/2017, de 4 de diciembre, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.
Nota: Véase el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero.

lunes, 11 de diciembre de 2017

Jurisprudencia - El tiempo de estancia en prisión preventiva no computa a efectos de la autorización por arraigo social


Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Sentencia de 30 marzo 2017, Rec. 281/2016: Solicitud de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo social (art. 124.2 del RD 577/2011). Denegación. No es razonable computar el tiempo que el solicitante permaneció en prisión, como periodo de tiempo válido, a la hora de hablar de residencia continuada generadora de una situación de arraigo, pues dicha situación no puede valorarse de manera positiva en cuanto a integración en la sociedad española, encontrándose, por el contrario, más próxima a lo que el Tribunal Supremo ha denominado comportamiento reprochable.
Ponente: Galcerán Solsona, Emma.
Nº de Recurso: 281/2016
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 11 diciembre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: STSJ ICAN 338/2017 - ECLI: ES:TSJICAN:2017:338]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-194/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus — Estonia) — Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan / Svensk Handel AB [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.° 1215/2012 — Artículo 7, punto 2 — Competencia especial en materia delictual o cuasidelictual — Vulneración de los derechos de una persona jurídica mediante la publicación en Internet de información supuestamente inexacta sobre ella y la no supresión de comentarios que la afectan — Lugar donde se ha producido el daño — Centro de intereses de la persona jurídica]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.10.2017.
-Asunto C-231/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 19 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Hamburg — Alemania) — Merck KGaA / Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Marca de la Unión Europea — Artículo 109, apartado 1 — Acciones civiles sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales — Litispendencia — Concepto de «los mismos hechos» — Uso del término «Merck» en nombres de dominios y en plataformas de redes sociales en Internet — Acción basada en una marca nacional seguida de una acción basada en una marca de la Unión — Inhibición — Alcance]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.10.2017.
-Asunto C-425/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 19 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Hansruedi Raimund / Michaela Aigner (Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Artículo 96, letra a) — Acción por violación de marca — Artículo 99, apartado 1 — Presunción de validez — Artículo 100 — Demanda de reconvención por nulidad — Relación entre una acción por violación de marca y una demanda de reconvención por nulidad — Autonomía procesal)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.10.2017.
-Asunto C-192/16: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 12 de octubre de 2017 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — Stephen Fisher, Anne Fisher, Peter Fisher / Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Artículo 355 TFUE, apartado 3 — Estatuto de Gibraltar — Artículo 49 TFUE — Artículo 63 TFUE — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Situación meramente interna)
Fallo del Tribunal: "El artículo 355 TFUE, apartado 3, en relación con los artículos 49 TFUE o 63 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que el ejercicio por parte de nacionales británicos de la libertad de establecimiento o de la libre circulación de capitales entre el Reino Unido y Gibraltar constituye, a efectos del Derecho de la Unión, una situación en la que todos los elementos se circunscriben al interior de un único Estado miembro."
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-579/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) el 3 de octubre de 2017 — BUAK Bauarbeiter-, Urlaubs- u. Abfertigungskasse / Gradbeništvo Korana d.o.o.
Cuestiones planteadas:
"¿Debe interpretarse el artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en el sentido de que los procedimientos por los que la Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) reclama recargos a empresarios por el desplazamiento a Austria de trabajadores sin centro de trabajo habitual en Austria con el fin de desarrollar allí su trabajo o con motivo de una cesión de trabajadores, o a empresarios con domicilio fuera de Austria por la contratación de trabajadores con centro de trabajo habitual en Austria son «materia civil y mercantil» sujeta al citado Reglamento, aunque, si bien las reclamaciones de recargos de la BUAK se basan en relaciones laborales de Derecho privado y están dirigidas a cubrir los derechos de los trabajadores a vacaciones y a la retribución de las mismas en virtud de sus relaciones laborales de Derecho privado con los empresarios, — tanto el importe de los derechos de los trabajadores a la retribución de las vacaciones frente a la BUAK como el importe de las reclamaciones de recargos de la BUAK frente los empresarios se fijan mediante reglamento de un ministro federal y no por contrato o convenio colectivo;
— los recargos que adeudan los empresarios a la BUAK, además de cubrir el coste de la retribución de las vacaciones que se ha de abonar a los trabajadores, sirven también para cubrir los costes administrativos de la BUAK, y
— a la hora de ejercitar y satisfacer sus créditos relativos a dichos recargos, la BUAK goza por ley de facultades más amplias que las que corresponden a los particulares, puesto que:
los empresarios están obligados, so pena de multa, a presentar a la BUAK partes ocasionales y mensuales, utilizando las vías de comunicación establecidas por la BUAK, para colaborar y someterse a las medidas de control de la BUAK, a permitir el acceso a la documentación salarial, empresarial y de otro tipo y a facilitar información a la BUAK, y
en caso de incumplimiento de las obligaciones de información por parte de los empresarios, la BUAK tiene derecho a liquidar los recargos adeudados por los empresarios basándose en sus propias averiguaciones, asistiendo en tal caso a la BUAK el derecho a los recargos en el importe calculado por la BUAK, con independencia de las condiciones reales del desplazamiento o del empleo?"
-Asunto C-582/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 4 de octubre de 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / H.
Cuestión planteada: "¿Debe interpretarse el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida […] en el sentido de que únicamente el Estado miembro en el que se presentó la solicitud de protección internacional por primera vez es a quien corresponde determinar el Estado miembro responsable, con la consecuencia de que el extranjero únicamente puede oponerse judicialmente en dicho Estado miembro, en virtud del artículo 27 del Reglamento de Dublín, a la aplicación errónea de uno de los criterios de responsabilidad establecidos en el capítulo III de dicho Reglamento, que comprende también el artículo 9?"
-Asunto C-583/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 4 de octubre de 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / R.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida […] en el sentido de que únicamente el Estado miembro en el que se presentó la solicitud de protección internacional por primera vez es a quien corresponde determinar el Estado miembro responsable, con la consecuencia de que el extranjero únicamente puede oponerse judicialmente en dicho Estado miembro, en virtud del artículo 27 del Reglamento de Dublín, a la aplicación errónea de uno de los criterios de responsabilidad establecidos en el capítulo III de dicho Reglamento, que comprende también el artículo 9?
2) ¿En qué medida resulta pertinente para responder a la cuestión 1, el hecho de que en el Estado miembro en el que se presentó la solicitud de protección internacional por primera vez ya se haya adoptado una decisión sobre dicha solicitud, o que el extranjero haya retirado anticipadamente dicha solicitud?"

Bibliografía - ¿Cómo funciona la orden de detención y entrega Europea?


¿Cómo funciona la orden de detención y entrega Europea?: El caso del ex-president y sus consellers como ejemplo
Marta MUÑOZ DE MORALES ROMERO, Instituto de Derecho penal europeo e internacional (Universidad de Castilla-La Mancha)
Diario La Ley, Nº 9096, Sección Tribuna, 11 de Diciembre de 2017
La orden de detención y entrega europea es un instrumento de cooperación judicial en materia penal en el marco de la UE que implica la entrega de un sospechoso de forma casi automática. Se trata de un instrumento de reconocimiento mutuo cuya premisa fundamental es la confianza mutua de los Estados miembros en el actuar de sus homólogos. De ahí que los motivos de denegación sean reducidos. La negativa del Sr. Puigdemont y de algunos de los exconsellers a comparecer ante la Audiencia Nacional llevó a la emisión de una euroorden cuyas posibilidades de éxito dependerán de la superación de una serie de obstáculos que se abordan a lo largo de este trabajo.

Nota: Véase la Decisión Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

Bibliografía - Impuesto sobre la venta online de objetos usados


¿De verdad un Impuesto Wallapop? Todavía, no
Iñaki BILBAO ESTRADA, Profesor de Derecho Financiero y Tributario (Universidad CEU Cardenal Herrera, CEU Universities)
Diario La Ley, Nº 9096, Sección Tribuna, 11 de Diciembre de 2017
[Texto del Trabajo]
En base a una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, cuando la venta online de objetos usados (bienes muebles) sea realizada por particulares debe considerarse, en todo caso, como una transmisión gravada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. La consecuencia práctica es que el adquirente debe autoliquidar el citado Impuesto, aplicando un 4% al valor real de los bienes muebles de segunda mano adquiridos (salvo modificación por parte de la Comunidad Autónoma correspondiente). Se analizan las dificultades de la efectiva aplicación del Impuesto, así como las transmisiones que se producen vía plataforma digital.

domingo, 10 de diciembre de 2017

Bibliografía (Revista de revistas) - Arbitraje (2017, núm. 2)


Contenidos de la revista "Arbitraje - Revista de arbitraje comercial y de inversiones", volumen X, 2017, num. 2.

Estudios:
-Franco FERRARI y Friedrich ROSENFELD, Límites a la autonomía de las partes en arbitraje internacional, pp. 335-386
-Fernando ESTEBAN DE LA ROSA, Régimen de la resolución alternativa y en línea de litigios de consumo trans-fronterizos tras el nuevo marco europeo y la Ley 7/2017, pp. 387-424

Práctica arbitral:
-Leonel PEREZNIETO CASTRO, Arbitraje, buena fe, corrupción y orden público, en su dimensión internacional, pp. 425-434
-María Bernarda CARPIO FRIXONE y Martín FLORES MARTÍNEZ, El estándar de medios efectivos en el Derecho internacional de las inversiones: ¿un estándar autónomo o una creación antojadiza?: El caso Chevron II, pp. 435-464

Textos Legales:
-Legislación española

Jurisprudencia:
-Jurisprudencia española
-Jurisprudencia extranjera

Noticias
Bibliografía
Revista de Revistas

Revista de revistas (3 a 10 de diciembre)


-Columbia Journal of Transnational Law: vol. 55 (2017), núm. 3.

sábado, 9 de diciembre de 2017

DOUE 9.12.2017


-Reglamento (UE) 2017/2225 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a la utilización del Sistema de Entradas y Salidas.
Nota: El Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), establece las condiciones, los criterios y las normas detalladas aplicables al cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros (véase la entrada de este blog del día 23.3.2016). Por su parte, el Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo (véase la siguiente referencia de esta misma entrada) tiene por objeto crear un sistema centralizado para el registro de los datos de entrada y salida y de los datos sobre la denegación de entrada relativos a los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión para una estancia de corta duración.
A fin de llevar a cabo inspecciones sobre los nacionales de terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/399, que incluyen la comprobación de la identidad de los nacionales de terceros países o su identificación o ambas, así como la comprobación de que el nacional de un tercer país no ha sobrepasado la duración máxima de estancia autorizada en el territorio de los Estados miembros, la guardia de fronteras debe utilizar toda la información disponible, incluidos los datos del Sistema de Entradas y Salidas establecido por el Reglamento (UE) 2017/2226 (SES), cuando sea necesario. Los datos almacenados en el SES también deben utilizarse para comprobar si los nacionales de terceros países titulares de un visado expedido para una o dos entradas han respetado el número máximo de entradas autorizadas.
En determinados casos, los nacionales de terceros países deben facilitar datos biométricos a efectos de las inspecciones fronterizas. Las condiciones de entrada de nacionales de terceros países deben modificarse, por lo tanto, para incluir la obligación de facilitar dichos datos biométricos. Si un nacional de un tercer país se niega a facilitar datos biométricos para la creación de su expediente individual o para la realización de inspecciones fronterizas, ha de adoptarse una decisión de denegación de entrada.
A fin de garantizar la plena efectividad del SES, las inspecciones de entrada y salida deben efectuarse de manera armonizada en las fronteras en las que se utilice el SES. El establecimiento del SES requiere adaptar los procedimientos para inspeccionar a quienes crucen fronteras en las que se utilice el SES. En particular, el SES tiene por objeto suprimir, a la entrada y a la salida, el sellado de los documentos de viaje de los nacionales de terceros países admitidos para una estancia de corta duración, sustituyéndolo por el registro electrónico de la entrada y salida directamente en el SES. Por otra parte, la interoperabilidad entre el SES y el Sistema de Información de Visados (VIS) establecido por la Decisión 2004/512/CE del Consejo debe tenerse en cuenta en los procedimientos de inspección fronteriza. Por último, el SES ofrece la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías para el cruce de fronteras de los viajeros con estancias de corta duración. Dichas adaptaciones de los procedimientos de inspección fronteriza han de hacerse efectivas en los Estados miembros que utilicen el SES en la fecha de entrada en funcionamiento del SES que se determine con arreglo al Reglamento (UE) 2017/2226.

Este Reglamento será aplicable a partir de la fecha en que el SES entre en funcionamiento, determinada por la Comisión de conformidad con el artículo 66 del Reglamento (UE) 2017/2226 (art. 2).
-Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) n.o 767/2008 y (UE) n.o 1077/2011.
Nota: A fin de avanzar en la mejora de la gestión de las fronteras exteriores y, en particular, comprobar el cumplimiento de las disposiciones relativas al período de estancia autorizada en el territorio de los Estados miembros, debe establecerse un SES que registre electrónicamente el momento y el lugar de entrada y salida de los nacionales de terceros países admitidos para una estancia de corta duración en el territorio de los Estados miembros y calcule la duración de su estancia autorizada. Dicho sistema debe sustituir la obligación de sellar los pasaportes de los nacionales de terceros países aplicable en todos los Estados miembros.
Es necesario especificar los objetivos del SES, las categorías de datos que se introducirán en el sistema, los fines para los que se utilizarán, los criterios de introducción, las autoridades facultadas para acceder a los datos, otras normas en materia de tratamiento de datos y protección de datos personales, así como la arquitectura técnica del SES, las normas relativas a su funcionamiento y utilización, y la interoperabilidad con otros sistemas de información. Asimismo, se deben definir las responsabilidades del SES.
El SES debe aplicarse a los nacionales de terceros países admitidos para una estancia de corta duración en el territorio de los Estados miembros. También debe aplicarse a los nacionales de terceros países cuya entrada para una estancia de corta duración se haya denegado.
El SES debería utilizarse en las fronteras exteriores de los Estados miembros que apliquen el acervo de Schengen íntegramente. En cuanto a las condiciones de funcionamiento del SES, este debe aplicarse en las fronteras exteriores de aquellos Estados miembros que aún no aplican el acervo de Schengen íntegramente, pero para los que la verificación con arreglo al procedimiento de evaluación de Schengen aplicable ya se haya completado con éxito, a los que se haya concedido un acceso pasivo al Sistema de Información de Visados (VIS) establecido por la Decisión 2004/512/CE del Consejo con el fin de que utilicen el SES y para los que las disposiciones del acervo de Schengen relativas al Sistema de Información de Schengen (SIS), establecido por el Reglamento (CE) n.o 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, ya se hayan puesto en aplicación con arreglo al respectivo Tratado de Adhesión.
Procede incluir una calculadora automática en el SES. La calculadora automática debe tener en cuenta las estancias en el territorio de los Estados miembros que utilicen el SES para calcular el límite global de 90 días en cualquier período de 180 días. Los objetivos del SES deben ser mejorar la gestión de las fronteras exteriores, prevenir la inmigración irregular y facilitar la gestión de los flujos migratorios. En particular y cuando proceda, el SES debe contribuir a la identificación de cualquier persona que no cumpla o haya dejado de cumplir las condiciones de duración de la estancia autorizada en el territorio de los Estados miembros. Además, el SES debe contribuir a la prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo y de otros delitos graves.
Los datos personales almacenados en el SES no deben conservarse más tiempo del estrictamente necesario para los fines para los cuales se tratan los datos. Deben establecerse normas sobre la responsabilidad de los Estados miembros por los daños causados en caso de infracción del Reglamento.

De conformidad con el art. 2, este Reglamento se aplica a:
- Los nacionales de terceros países admitidos para una estancia de corta duración en el territorio de los Estados miembros que estén sujetos a controles fronterizos, al cruzar las fronteras en las que se utilice el SES,
- Los nacionales de terceros países a la entrada y a la salida del territorio de los Estados miembros, siempre que sean miembros de la familia de un ciudadano de la Unión al que se aplique la Directiva 2004/38/CE o de un nacional de un tercer país que disfrute de un derecho de libre circulación equivalente al de los ciudadanos de la Unión en virtud de un acuerdo entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y un tercer país, por otra; y siempre que no sean titulares de una tarjeta de residencia en virtud de la Directiva 2004/38/CE ni de un permiso de residencia en virtud del Reglamento (CE) n.o 1030/2002 del Consejo.
- Los nacionales de terceros países cuya entrada para una estancia de corta duración al territorio de los Estados miembros sea denegada de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/399.

De acuerdo con el art. 73, este Reglamento se aplicará a partir de la fecha decidida por la Comisión con arreglo a su art. 66.1, con excepción de los siguientes artículos, que serán aplicables a partir del 29 de diciembre de 2017: arts. 5, 36, 37, 38, 43, 51; art. 61.5, en lo que se refiere al art. 17 bis, ap. 5, del Reglamento (CE) n.o 767/2008; art. 61.10, en lo que se refiere al art. 26, ap. 3bis, del Reglamento (CE) n.o 767/2008; los arts. 62, 64, 65, 66, 68, 69 y 70, y art. 72.2.

jueves, 7 de diciembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (7.12.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 7 de diciembre de 2017, en el asunto C‑598/15 (Banco Santander): Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados con los consumidores — Cláusulas abusivas — Facultades del órgano jurisdiccional nacional — Efectividad de la protección reconocida a los consumidores — Contrato de préstamo hipotecario — Procedimiento extrajudicial de ejecución de la garantía hipotecaria — Procedimiento judicial simplificado de reconocimiento de los derechos reales del adjudicatario.
Fallo del Tribunal: "El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, no resultan de aplicación en un procedimiento como el que es objeto del litigio principal, iniciado por quien obtuvo la adjudicación de un bien inmueble en un proceso de ejecución extrajudicial de la garantía hipotecaria constituida sobre ese bien por un consumidor en beneficio de un acreedor profesional y que persigue la protección de los derechos reales legalmente adquiridos por el adjudicatario, en la medida en que, por una parte, ese procedimiento es independiente de la relación jurídica que une al acreedor profesional y al consumidor y, por otra parte, la garantía hipotecaria ha sido ejecutada, el bien inmueble ha sido vendido y los derechos reales sobre el mismo han sido transmitidos sin que el consumidor haya hecho uso de los recursos legales previstos en este contexto."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava) de 7 de diciembre de 2017, en el asunto C‑636/16 (López Pastuzano): Procedimiento prejudicial — Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración — Directiva 2003/109/CE — Artículo 12 — Adopción de una orden de expulsión contra un residente de larga duración — Elementos que deben tomarse en consideración — Normativa nacional — Falta de toma en consideración de dichos elementos — Compatibilidad.
Fallo del Tribunal: "El artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que, tal como es interpretada por una parte de los órganos jurisdiccionales de éste, no contempla la aplicación de los requisitos de protección contra la expulsión de un nacional de un tercer Estado residente de larga duración respecto de toda decisión administrativa de expulsión, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad jurídica de la misma."

Jurisprudencia - Responsabilidad del Estado por el trato fiscal diferenciado a residentes y no residentes en los impuestos de sucesiones y donaciones


Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 1566/2017 de 17 Oct. 2017, Rec. 2/2016: Responsabilidad de las administraciones públicas. Administración del Estado. Impuesto de sucesiones. Revocación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se desestimó la solicitud indemnizatoria formulada por la recurrente, en concepto de responsabilidad patrimonial derivada del abono del impuesto de sucesiones como legítima heredera, en aplicación de una normativa estatal reguladora del citado impuesto, declarada contraria al derecho de la Unión Europea por STJUE. Incumplimiento del derecho europeo, al establecer diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España. Al conocer España el criterio del TJUE, plasmado con anterioridad al devengo del impuesto de sucesiones y de manera clara, España tenía que haber adaptado su normativa al derecho europeo. Relación de causalidad directa. La diferencia de trato, prohibida por el derecho europeo, es la causante directa del daño cuya indemnización se reclama.
Ponente: Trillo Alonso, Juan Carlos.
Nº de Sentencia: 1566/2017
Nº de Recurso: 2/2016
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9095, Sección Jurisprudencia, 7 de Diciembre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:3661

miércoles, 6 de diciembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (6.12.2017)


CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. EVGENI TANCHEV, presentadas el 6 de diciembre de 2017 en el asunto C‑565/16 (Saponaro y Xylina): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Eirinodikeio Lerou (Juzgado de Paz de Leros, Grecia)] Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 2201/2003 — Reglamento Bruselas II bis — “Aceptación” de la competencia con arreglo al artículo 12, apartado 3 — Competencia internacional en materia de responsabilidad parental — Competencia del órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se ha presentado una solicitud de autorización judicial para repudiar una herencia en nombre de un menor — Prórroga de la competencia — Artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 650/2012.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"El artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 («Reglamento Bruselas II bis»), debe interpretarse en el sentido de que:
a) la mera presentación de una solicitud ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, al que el menor esté estrechamente vinculado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 3, letra a), del Reglamento Bruselas II bis, demuestra la aceptación inequívoca por parte de los solicitantes de la competencia de dicho órgano jurisdiccional;
b) un fiscal, que es parte en el procedimiento de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro del foro, también debe aceptar la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la solicitud y puede hacerlo mediante su conformidad una vez se le haya notificado dicha solicitud, y
c) el criterio del «interés superior del menor» no es un elemento independiente, si bien confiere al juez la facultad y el deber de corregir la aplicación del artículo 12, apartado 3, letra b), del Reglamento Bruselas II bis en supuestos atípicos."

BOE de 6.12.2017


-Entrada en vigor del Acuerdo Multilateral entre la República de Albania, Bosnia y Herzegovina, la República de Bulgaria, la República de Croacia, la Comunidad Europea, la República de Islandia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el Reino de Noruega, Serbia y Montenegro, Rumanía y la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA), hecho en Luxemburgo el 9 de junio de 2006.
Nota: El Acuerdo entró en vigor el 1 de diciembre de 2017, finalizando así su aplicación provisional por España, iniciada el 31 de julio de 2007.
Este Acuerdo Multilateral tiene por objeto crear una Zona Europea Común de Aviación (ZECA), que se basará en el libre acceso al mercado, la libertad de establecimiento, la igualdad de condiciones de competencia y la existencia de normas comunes en materia de seguridad aérea, protección de la aviación, gestión del tránsito aéreo y medio ambiente (art. 1). De él cabe destacar las siguientes ideas:
-Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad (art. 6).
-En el ámbito de aplicación y las condiciones del Acuerdo no se impondrán restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro de la UE o socio de la ZECA en el territorio de ninguno de éstos (art. 7).
-En el ámbito del Acuerdo se aplicarán las disposiciones del Anexo III (normas sobre competencia y ayudas estatales) (art. 14).
-Se podrán someter las controversias relativa a la aplicación o interpretación del Acuerdo al Comité Mixto, excepto cuando el Acuerdo establezca procedimientos específicos (art. 20).
-Las disposiciones del Acuerdo prevalecerán sobre las disposiciones correspondientes de los acuerdos y/o arreglos bilaterales de transporte aéreo vigentes entre las Partes asociadas, por un lado, y la UE, un Estado miembro de la UE, Noruega o Islandia, por otro, así como entre las Partes asociadas (art. 28).
-Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
Nota: De acuerdo con su exposición de motivos, esta disposición tiene por objeto adaptar el régimen contable de las entidades de crédito españolas a los cambios del ordenamiento contable europeo derivados de la adopción de dos nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) –la NIIF 15 y la NIIF 9–, que a partir del 1.1.2018 modificarán los criterios de contabilización de los ingresos ordinarios y de los instrumentos financieros, respectivamente, resultando estos últimos de especial trascendencia para las entidades de crédito.
Con carácter general, la circular se aplica, entre otros, a las sucursales de entidades de crédito extranjeras que operen en España, a los grupos de entidades de crédito, y a los grupos consolidables de entidades de crédito (art. 1).

martes, 5 de diciembre de 2017

Bibliografía - Aplicación analógica de las compensaciones del Reglamento (CE) 261/2004 a supuestos de transporte aéreo sujetos al Convenio de Montreal


Aplicación analógica de las compensaciones del Reglamento CE 261/2004 a supuestos de transporte aéreo sujetos al Convenio de Montreal. Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 21 de septiembre de 2017
Juan FLAQUER RIUTORT, Profesor Titular de Derecho Mercantil (Universitat de les Illes Balears)
Diario La Ley, Nº 9094, Sección Tribuna, 5 de Diciembre de 2017
El autor analiza la sentencia dictada por la AP Barcelona sobre la aplicación analógica de las compensaciones contempladas en el Reglamento europeo 261/2004 para casos de cancelación o gran retraso en los vuelos a las normas del Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999. Las significativas diferencias entre el régimen contenido en el Reglamento CE y el Convenio de Montreal son objeto de estudio, haciendo hincapié en la discrepancias existentes en la doctrina jurisprudencial sobre dicha aplicación.

Nota: Véase la sentencia Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 21 septiembre 2017, núm. 377/2017 (Rec. 508/2016) [Roj: SAP B 6263/2017 - ECLI: ES:APB:2017:6263].


Bibliografía - Entrada en vigor del Reglamento Europeo sobre procedimientos de insolvencia


Entrada en vigor del Reglamento Europeo 2015/848 de 20 de mayo de 2015 sobre procedimientos de insolvencia
Juan Manuel DE CASTRO ARAGONÉS, Socio RCD - Rousaud Costas Duran, Magistrado especialista mercantil en excedencia; Carlos HERNÁNDEZ DURAN, Abogado RCD - Rousaud Costas Duran
Diario La Ley, Nº 9094, Sección Tribuna, 5 de Diciembre de 2017
El pasado 26 de junio de 2017 se produjo, al fin, la entrada en vigor del Reglamento UE 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia, casi dos años después de su publicación, y más de cinco años después de que la Comisión Europea lanzara su primera propuesta en 2012.

Nota: Véase el el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido), así como la entrada de este blog del día 26.6.2017.

lunes, 4 de diciembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-413/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — Elaine Farrell / Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI) (Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles — Directiva 90/232/CEE — Artículo 1 — Responsabilidad en caso de daños corporales causados a todos los ocupantes de un vehículo, con excepción del conductor — Seguro obligatorio — Efecto directo — Directiva 84/5/CEE — Artículo 1, apartado 4 — Organismo responsable de indemnizar los daños materiales o corporales causados por un vehículo no identificado o por el cual no haya sido satisfecha la obligación de aseguramiento — Invocabilidad de una directiva frente a un Estado — Requisitos con arreglo a los cuales es posible considerar que un organismo de Derecho privado es una emanación del Estado y oponerle las disposiciones de una directiva que pueden tener efecto directo)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 10.10.2017.
-Asunto C-218/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 12 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Polonia) — Procedimiento incoado por Aleksandra Kubicka [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (UE) n.° 650/2012 — Sucesiones y certificado sucesorio europeo — Ámbito de aplicación — Bien inmueble situado en un Estado miembro que no reconoce el legado vindicatorio — Denegación del reconocimiento de los efectos reales de dicho legado]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 12.10.2017.
-Asunto C-278/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Aachen, Alemania) — Proceso penal contra Frank Sleutjes (Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Directiva 2010/64/UE — Artículo 3, apartado 1 — Derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales — Traducción de «documentos esenciales» — Concepto de «documentos esenciales» — Resolución judicial de autorización de un decreto de propuesta de proposición de pena dictada tras un procedimiento unilateral abreviado y que condena a su destinatario a una multa por una infracción leve)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 12.10.2017.
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-235/17: Recurso interpuesto el 5 de mayo de 2017 — Comisión Europea / Hungría
Nota: La Comisión interpone este recurso porque considera que la normativa húngara, al limitar de manera flagrantemente desproporcionada el usufructo de terrenos agrícolas y forestales, es incompatible con las obligaciones que le incumben en virtud de los arts. 49 y 63 TFUE y del art. 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La supresión ex lege de los derechos de usufructo constituye una limitación de la libertad de establecimiento garantizada por el art. 49 TFUE y también viola la libre circulación de capitales, ya que tiene como efecto impedir o limitar la inversión en inmuebles situados en Hungría por parte de quienes no tienen la nacionalidad húngara. Tal normativa provoca una devaluación de los derechos de usufructo existentes, lo que también comporta una limitación de la libre circulación de capitales.
-Asunto C-512/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Polonia) el 22 de agosto de 2017 — HR
Cuestiones planteadas:
"1) En las circunstancias del presente asunto, ¿debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000, en el sentido de que la residencia habitual de un menor de 18 meses es el Estado miembro que, por las siguientes circunstancias, corresponde al lugar que revela una cierta integración del menor en un entorno social y familiar —a saber, la nacionalidad del progenitor que ejerce diariamente la custodia del menor; el hecho de que este último se exprese en la lengua oficial de este Estado miembro; el hecho de que haya sido bautizado en el mismo y haya efectuado en él estancias de hasta tres meses durante los permisos parentales de este progenitor, así como durante otros permisos de los que éste se haya beneficiado durante períodos festivos, y los contactos con la familia de dicho progenitor—, cuando el menor reside el resto del tiempo con este progenitor en otro Estado miembro, dicho progenitor presta sus servicios en el mismo en virtud de un contrato de trabajo por tiempo indefinido y el menor mantiene en dicho Estado miembro un contacto regular pero limitado en el tiempo con el otro progenitor y la familia de éste?
2) Para determinar sobre la base del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 2201/2003 la residencia habitual del menor de 18 meses que, debido a su edad, se halla diariamente bajo la custodia de uno solo de sus progenitores y que mantiene un contacto regular pero limitado en el tiempo con el otro progenitor, en caso de falta de acuerdo de los progenitores en cuanto al ejercicio de la patria potestad y al derecho de visita del menor, ¿deben tenerse en cuenta en igual medida, con vistas a apreciar la integración del menor en un entorno social y familiar, los vínculos que unen al menor con cada uno de sus progenitores, o deben tenerse en cuenta en mayor medida los vínculos que le unen con el progenitor que ejerce diariamente su custodia?"
-Asunto C-535/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 11 de septiembre de 2017 — NK, en su condición de síndico de las quiebras de OJ B.V. Y PI / BNP Paribas Fortis NV
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Está comprendida en la excepción del artículo 1, apartado 2, inicio y letra b), del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, la demanda de indemnización por daños y perjuicios interpuesta contra un tercero por el síndico en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 68, apartado 1, de la Faillissementswet (Ley de quiebras) para administrar y liquidar la masa de la quiebra en nombre del conjunto de los acreedores del quebrado, por haber actuado dicho tercero de forma ilícita frente a los acreedores, y cuyo producto, en caso de que prospere dicha demanda, se integra en la masa de la quiebra?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión y si la demanda en cuestión está, por tanto, comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, ¿se rige esta demanda por el Derecho del Estado miembro en el que se ha abierto el procedimiento de insolvencia conforme al artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento tanto en lo que respecta a la facultad del síndico para interponer la demanda como en lo que respecta al Derecho material aplicable a dicha demanda?
3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿debe tener en cuenta, en su caso por analogía, el juez del Estado miembro en el que se ha abierto el procedimiento de insolvencia:
a) lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 […], en el sentido de que la parte en cuestión puede defenderse contra una acción ejercitada por el síndico por cuenta del conjunto de los acreedores demostrando que su actuación no daría lugar a responsabilidad si se apreciara conforme al Derecho que sería aplicable si su responsabilidad no fuera reclamada por el síndico, sino por un acreedor individual por acto ilícito;
b) lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), en relación con el artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 […], es decir, las normas de seguridad y comportamiento vigentes en el lugar del hecho supuestamente ilícito, como las normas de comportamiento financiero aplicables a los bancos?"
-Asunto C-573/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 28 de septiembre de 2017 — Openbaar Ministerie / Daniel Adam Popławski
Cuestiones planteadas:
"1) Si la autoridad judicial de ejecución no puede interpretar las disposiciones nacionales de ejecución de una decisión marco de tal forma que su aplicación conduzca a un resultado conforme con la decisión marco, ¿está obligada a dejar inaplicadas, en virtud del principio de primacía, las disposiciones nacionales incompatibles con las disposiciones de la decisión marco?
2) ¿Es válida la declaración de un Estado miembro, en el sentido del artículo 28, apartado 2, de la Decisión Marco 2008/909/JAI, que haya realizado no «en el momento de la adopción de la presente Decisión marco», sino en un momento posterior?"