lunes, 28 de octubre de 2019

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-503/19: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (España) el 2 de julio de 2019 – UQ/Subdelegación del Gobierno en Barcelona.
Cuestiones planteadas:
"1) Si resulta conforme con los artículos 6.1 y 17 de la Directiva 2003/109 una interpretación por parte de los tribunales nacionales por la cual un antecedente penal, de cualquier naturaleza, es causa suficiente para denegar el acceso al estatuto de residente de larga duración.
2) Si el Juez Nacional debe tener en cuenta, [además] de la existencia de antecedentes penales, otros factores como la gravedad y duración de la pena, el peligro que representa el solicitante para la sociedad, la duración de su residencia legal previa y los vínculos que teng[a] constituido[s] con el país, procediendo a una valoración conjunta de todos estos elementos.
3) Si debe interpretarse el artículo 6.1 de la Directiva en el sentido [de] que se opone a que una normativa nacional permita denegar, por motivos de orden público o seguridad pública, el estatuto de residente de larga duración al amparo del artículo 4 sin establecer los criterios de valoración que se contiene[n] en [los] artículo[s] 6.1 y 17.
4) Si deben interpretarse los artículos 6.1 y 17 de la Directiva 2003/109 en el sentido [de] que, de conformidad con la doctrina de este Tribunal del efecto vertical descendente de las directivas, el juez nacional está habilitado y puede aplicar directamente lo dispuesto en [los] artículo[s] 6.1 y 17 a los efectos de valorar la existencia de antecedentes penales a la luz de su gravedad, duración de la pena, y peligro que representa el solicitante.
5) Si debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular el derecho de acceso al estatuto de residente de larga duración, así como los principios de claridad, transparencia, e inteligibilidad, en el sentido de que se opone[n] a una interpretación de los Tribunales españoles de los artículos 147 a 149 [del] [Real Decreto] 557/2011 y artículo 32 [de la] [Ley Orgánica] 4/2000 por la cual podrán ser causa de denegación del estatuto de residente de larga duración los motivos de orden público y seguridad pública, a pesar de no establecer esas normas con claridad y transparencia que serán causa de denegación.
6) Si resulta conforme con el principio de efecto útil de la Directiva 2003/109, y en particular con su artículo 6.1, una norma nacional y la interpretación que de la misma realizan los tribunales por la cual se dificulte el acceso al estatuto de residente de larga duración y se facilite el del residente temporal."
-Asunto C-504/19: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 2 de julio de 2019 – Banco de Portugal, Fondo de Resolución y Novo Banco S.A./VR.
Cuestión planteada: "¿Es compatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el principio del Estado de derecho del art. 2 del Tratado de la Unión Europea y el principio general de seguridad jurídica, una interpretación del art. 3.2 de la Directiva 2001/24/CE que suponga el reconocimiento de efectos, en los procesos judiciales en curso en otros Estados miembros, sin otras formalidades, de una Decisión de la autoridad administrativa competente del Estado de origen que pretende modificar con efectos retroactivos el marco jurídico existente cuando se inició el litigio y que implique privar de eficacia a las sentencias judiciales que no se ajusten a lo previsto en dicha nueva Decisión?"
-Asunto C-524/19: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Nules (España) el 9 de julio de 2019 – Investcapital Ltd/FE.
Cuestión planteada: "¿Debe interpretarse el artículo 7 del Reglamento 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 en el sentido de que no se opone a que se lleve a cabo en los procedimientos monitorios europeos tramitados conforme al mismo, el control de oficio de los Juzgados y Tribunales de las cláusulas abusivas que puedan existir en el contrato donde se origina la deuda conforme al artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores y usuarios, especialmente si el Juez nacional precisa para llevar a cabo dicho control el examen previo del contrato?"
-Asunto C-568/19: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (España) el 25 de julio de 2019 – MO/Subdelegación del Gobierno en Toledo.
Cuestión planteada: "Si es compatible con la doctrina [del] Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a los límites del efecto directo de las Directivas, la interpretación de su sentencia de 23 de abril de 2015 (asunto C-38/14, Zaizoune) en el sentido de que la Administración y los Tribunales españoles pueden hacer una aplicación directa de la Directiva 2008/115/CE en perjuicio del nacional del tercer Estado, con omisión e inaplicación de disposiciones internas más beneficiosas en materia sancionadora, con agravamiento de su responsabilidad sancionadora y posible omisión del principio de legalidad penal; y si la solución a la inadecuación de la normativa española a la Directiva no debe hacerse por esa vía, sino por la de una reforma legal, o por las vías previstas en Derecho comunitario para imponer a un Estado la debida transposición de las Directivas."
-Asunto C-592/19: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (España) el 2 de agosto de 2019 – SI/Subdelegación del Gobierno en Barcelona.
Cuestión planteada: "¿Deben interpretarse los artículos 4 y 6.1 de la Directiva 2003/109/CE en el sentido de que un antecedente penal, de cualquier naturaleza, es causa suficiente para denegar el acceso al estatuto de residente de larga duración, sin necesidad de valorar la duración de la residencia y la existencia de vínculos con el país de residencia?"

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