miércoles, 3 de junio de 2020

DOUE de 3.6.2020


- Decisión (UE) 2020/729 del Consejo de 26 de mayo de 2020 relativa a la celebración del Acuerdo sobre el estatuto entre la Unión Europea y Montenegro en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Montenegro.
Nota: Mediante el presente acto se aprueba el Acuerdo sobre el estatuto entre la UE y Montenegro en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Montenegro.
Sobre el Acuerdo véase la siguiente referencia de esta entrada.
- Acuerdo sobre el estatuto entre la Unión Europea y Montenegro en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Montenegro.
Nota: Este Acuerdo regula los aspectos necesarios para que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas lleve a cabo acciones que puedan tener lugar en el territorio de Montenegro y en las que los miembros de un equipo de la Agencia ejerzan poderes ejecutivos.
[DOUE L173, de 3.6.2020]

- Posición (UE) nº 8/2020 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. Adoptada por el Consejo el 15 de abril de 2020.
Nota: De conformidad con su artículo 1, este Reglamento establece los criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible a efectos de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental de una inversión. Se aplicará a:
a) las medidas adoptadas por los Estados miembros o por la Unión que impongan a los participantes en los mercados financieros o a los emisores, cualesquiera requisitos respecto de productos financieros o emisiones de renta fija privada que se ofrezcan como medioambientalmente sostenibles;
b) los participantes en los mercados financieros que ofrezcan productos financieros;
c) las empresas que estén sujetas a la obligación de publicar estados no financieros o estados no financieros consolidados de conformidad con los artículos 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, respectivamente.
Para determinar el grado de sostenibilidad medioambiental de una inversión se aplicarán los criterios enumerados en el artículo 3.
Los artículos 5, 6, 7 y 8 contienen disposiciones sobre la transparencia de las inversiones medioambientalmente sostenibles, de los productos financieros que promocionan características medioambientales, de otros productos financieros en cuanto a la divulgación de información precontractual, de los informes periódicos y de los estados no financieros.
El artículo 9 considera objetivos medioambientales los siguientes:
a) mitigación del cambio climático;
b) adaptación al cambio climático;
c) uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos;
d) transición hacia una economía circular;
e) prevención y control de la contaminación;
f) protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
El Reglamento establece los criterios por los que se considerará que una actividad económica contribuye de forma sustancial a mitigar el cambio climático (art. 10) o a la adaptación al cambio climático (art. 11). Asimismo fija los criterios por los que una actividad económica contribuye de forma sustancial al uso sostenible y a la protección de los recursos hídricos y marinos (art. 12), a la transición hacia una economía circular, en particular a la prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos (art. 13), a la prevención y el control de la contaminación (art. 14) o a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas (art. 15). Asimismo, el artículo 17 contiene los criterios por los que una actividad económica causa un perjuicio significativo a objetivos medioambientales.
El artículo 20 prevé la creación y funciones de la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles.
El Reglamento está previsto que entre en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y se prevén distintas fechas de aplicación para las disposiciones relacionadas con los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 9: bien el 1 de enero de 2022, bien el 1 de enero de 2023 (véase el art. 27).
Véase la siguiente referencia de esta entrada.
- Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 8/2020 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

[DOUE C184, de 3.6.2020]

BOE de 3.6.2020


- Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 27 de mayo de 2020, de la Conferencia General de Política Universitaria por el que se fijan los límites máximos de los precios públicos por estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales para el curso 2020-2021.
Nota: La regla general es que se fija como valor de referencia global el precio medio de los estudios universitarios de Grado en el conjunto de las Comunidades Autónomas españolas en el curso 2011-2012, que fue de 16,05 euros por cada crédito académico. Ahora bien, las CCAA pueden fijar unos precios mayores o menores en atención a que en el curso 2011-2012 tuvieran un índice entre 85 y 115 o superior sobre la media nacional equivalente a 100.
Los precios máximos de los estudios de Grado en segundas y sucesivas matrículas quedan fijados en los vigentes en el curso 2019-2020 en cada Comunidad Autónoma para cada tipo de experimentalidad que estas hubieren establecido.
Los precios máximos de los estudios de Máster en sus primeras y sucesivas matrículas serán los vigentes en el curso 2019-2020 en cada Comunidad Autónoma para cada tipo de experimentalidad que estas hubieren establecido.
[BOE n. 156, de 3.6.2020]

martes, 2 de junio de 2020

DOUE de 2.6.2020


- Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el mandato de negociación para celebrar un acuerdo internacional sobre el intercambio de datos personales entre Europol y las autoridades policiales neozelandesas.
Nota: Para el SEPD, este acuerdo internacional debe garantizar que las limitaciones de los derechos a la intimidad y a la protección de datos en relación con la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo solo se apliquen en la medida en que sea estrictamente necesario. Por eso acoge con satisfacción el objetivo del mandato de negociación de garantizar el respeto de los derechos fundamentales y de respetar los principios reconocidos por la Carta, en particular el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
Las recomendaciones del SEPD en el presente dictamen tienen por objeto aclarar y, en su caso, seguir desarrollando las garantías y los controles en el futuro Acuerdo con respecto a la protección de los datos personales en el contexto específico de Nueva Zelanda. Por ello reitera la postura ya adoptada en dictámenes anteriores, según la cual la Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones con arreglo al artículo 218 del TFUE debe hacer referencia no solo a la base jurídica procedimental sino también a la base jurídica sustantiva, que incluiría el artículo 16 del TFUE. En consonancia con el principio de limitación de la finalidad, el Acuerdo previsto debería establecer explícitamente la lista de infracciones penales respecto a las cuales podrían intercambiarse datos personales. Además, para garantizar la aplicación en la práctica del principio de limitación de almacenamiento, el futuro Acuerdo debería prever específicamente la revisión periódica de la necesidad de almacenamiento ulterior de los datos personales transferidos. Por último, dada la especial importancia del derecho a la información para el ejercicio de los demás derechos relacionados con la protección de datos, subraya la necesidad de contar con normas claras y detalladas respecto a la información que debe facilitarse a los interesados.

Véase el texto completo del dictamen [inglés] [francés] [alemán]
- Resumen de la Decisión de la Comisión de 21 de febrero de 2020 relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo EEE Asunto AT. 40528 — Meliá (Holiday pricing).
Nota: Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, Meliá incurrió en una infracción única y continuada en relación con los contratos verticales celebrados por esa sociedad con operadores turísticos que restringieron las ventas activas y pasivas de alojamientos hoteleros.Las relaciones comerciales que Meliá mantiene con los operadores turísticos para la distribución de alojamiento hotelero en sus complejos turísticos están basadas en contratos escritos. Algunos de esos contratos se basan en los términos y condiciones generales de Meliá. Una de las cláusulas de las condiciones generales de Meliá rezaba como sigue: «MERCADO DE APLICACIÓN: Contrato válido única y exclusivamente para los mercados que se detallan en la observación 16. El hotel podrá solicitar a la agencia/al o[perador] t[urístico] que verifique el mercado de origen de cualquier reserva sobre la que existan dudas razonables; en cualquier caso, si a la llegada de los clientes al hotel se comprueba que su país de residencia es distinto del acordado contractualmente, el hotel tendrá derecho a rechazar la reserva».
En los distintos contratos celebrados con los operadores turísticos, la observación 16 estaba o bien en blanco o bien especificaba el país o los países en los que el contrato era válido. Según la información presentada por Meliá, en 2.212 de los contratos que había celebrado con operadores turísticos, que estaban en vigor en 2014 y que incluían la cláusula, se especificaba al menos un país del EEE en la observación 16. En 2015, esa cifra era de 2.004 contratos.
Los contratos constituyen acuerdos en el sentido del artículo 101.1 del TFUE y del artículo 53.1 del Acuerdo EEE. En los contratos se diferenciaba entre los consumidores europeos en función de su país de residencia. El contenido y el objetivo de la cláusula de las condiciones generales de Meliá, junto con la observación 16 de los contratos, era restringir la capacidad de los operadores turísticos para vender alojamientos hoteleros de Meliá a consumidores que residieran fuera del país o los países especificados en la observación 16, o para responder a sus solicitudes espontáneas. En consecuencia, esos acuerdos restringían la capacidad de los operadores turísticos de vender libremente el alojamiento hotelero en todos los países del EEE y, por lo tanto, podrían haber dado lugar a la compartimentación del mercado interior con arreglo a las fronteras nacionales. Esa conducta constituye, por su propia naturaleza, una restricción de la competencia por el objeto a tenor del artículo 101.1 del Tratado.
Por todo ello se impone a Meliá una multa que asciende a 6.678.000 EUR.
- Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes emitido en su reunión de 10 de febrero de 2020 en relación con un proyecto de Decisión en el Asunto AT.40528 — Meliá (Holiday Pricing) Ponente: Francia
Nota: Los miembros (siete Estados miembros) del Comité Consultivo están de acuerdo con la Comisión, entre otros extremos, en que los contratos verticales de Meliá con los operadores turísticos mencionados en el proyecto de Decisión restringieron las ventas activas y pasivas de alojamiento hotelero y constituyen una restricción de la competencia por objeto a tenor del artículo 101 del TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE. Igualmente, coinciden con la Comisión en cuanto al importe definitivo de la multa.
[DOUE C182, de 2.6.2020]

lunes, 1 de junio de 2020

BOE de 1.6.2020


- Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.
Nota: Después de un peñazo de 12 páginas (!!!) de exposición de motivos, de un total de 44 de que consta el Real Decreto-ley (¡cómo se puede ser tan plasta convirtiendo las exposiciones de motivos en aburridas novelas dignas de guiones para películas de serie B!), cabe destacar las siguientes disposiciones:
- Artículo 7.1: entre los requisitos de acceso a la prestación cabe señalar:
"a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud [...]
[...] A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural, o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas."
- Artículo 14.1: entre las causas que dan origen a la suspensión del derecho a la prestación está la siguiente:
"En todo caso, se procederá a la suspensión cautelar en el caso de traslado al extranjero por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales al año, sin haber comunicado a la entidad gestora con antelación el mismo ni estar debidamente justificado."
- Artículo 19, núms. 1 y 2: en relación con la acreditación de los requisitos que dan derecho a la prestación, cabe destacar los siguientes:
"1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia, se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de los españoles o el libro de familia o certificado literal de nacimiento, en el caso de los menores de 14 años que no tengan documento nacional de identidad, y mediante el documento de identidad de su país de origen o de procedencia, o el pasaporte, en el caso de los ciudadanos extranjeros.
2. La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad."
- Artículo 33.1.b) (Obligaciones de las personas beneficiarias):
"1. Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:
[...] d) Comunicar a la entidad gestora con carácter previo las salidas al extranjero tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, haciendo constar la duración previsible de la misma.
No tendrá consideración de estancia ni de traslado de residencia la salida al extranjero por tiempo no superior a quince días naturales por una sola vez cada año.
La salida y estancia en el extranjero de cualquiera de los miembros de una unidad de convivencia por un período, continuado o no, de hasta noventa días naturales como máximo durante cada año natural, deberá previamente ser comunicada y justificada."
- Artículo 34.3: Se consideran infracciones graves, entre otras:
"c) No cumplir con la obligación de comunicar con carácter previo el desplazamiento al extranjero, cuando el mismo sea por tiempo superior a quince días e inferior a noventa días al año."
- Artículo 34.4: Se consideran infracciones muy graves, entre otras:
"c) El desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa días al año, sin haber comunicado ni justificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social con carácter previo su salida de España."
- Artículo 35: Sanciones.
[...] 2. [...] Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 3.c) del artículo anterior, además de devolver el importe de la prestación indebidamente percibida durante el tiempo de estancia en el extranjero, los beneficiarios no podrán solicitar una nueva prestación durante un periodo de tres meses, a contar desde la fecha de la resolución por la que se imponga la sanción.
3. [...] Cuando la infracción sea la prevista en el apartado 4.c) del artículo anterior, además de devolver el importe de la prestación indebidamente percibida durante el tiempo de estancia en el extranjero, los beneficiarios no podrán solicitar una nueva prestación durante un periodo de seis meses, a contar desde la fecha de la resolución por la que se imponga la sanción."
- Disposición transitoria quinta: prevé la exención del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios:
"1. Los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca dicha condición entre los meses de junio y diciembre de 2020 estarán exentos del pago de los precios públicos por servicios académicos universitarios para la realización de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial durante el curso 2020-2021, en los términos de esta disposición.
2. Sin perjuicio de las exenciones generales del pago de precios públicos por servicios académicos universitarios, esta exención se aplicará a los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital que hayan visto denegada su solicitud de concesión de una beca de la Administración General del Estado para cursar estudios postobligatorios en dicho curso por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa correspondiente.
3. Reglamentariamente se determinará la compensación a las universidades por la exención del pago de estos precios públicos por servicios académicos."
Finalmente, me genera dudas las deslegalización que realiza la DF 7ª en relación con lo que denomina "actualización de valores". Estos 'valores' a los que se refiere son, nada más y nada menos, los que permiten fijar las "situación de vulnerabilidad económica" que da derecho a la percepción del ingreso mínimo vital. O para la determinación de la "renta garantizada", que se utiliza para determinar la cuantía mensual de la prestación de ingreso mínimo vital. Es decir, reglamentariamente el Gobierno podrá modificar los 'valores' que determinan el cálculo del ingreso mínimo vital. Es decir, reglamentariamente se podrá determinar quién tiene derecho o no, y en qué condiciones, al IMV. Todo ello sin pasar por el Parlamento. Pues como que no acabo de ver muy claro la 'legalidad' de esta 'deslegalización'.
- Resolución de 8 de mayo de 2020, de Puertos del Estado, por la que se modifica el Anexo I de la Orden FOM/1194/2011, de 29 de abril, por la que se regula el procedimiento integrado de escala de buques en los puertos de interés general.
Nota: Modificar el anexo I de la Orden FOM/1194/2011 por la que se regula el procedimiento integrado de escala de buques en los puertos de interés general. En el anexo I se recoge la relación de datos a declarar para cumplir con las formalidades administrativas indicadas en el anexo del Real Decreto 1334/2012 sobre las formalidades informativas exigibles a los buques mercantes que lleguen a los puertos españoles o que salgan de éstos.
[BOE n. 154, de 1.6.2020]

domingo, 31 de mayo de 2020

Boletín de referencias de actualidad de Derecho Internacional y Derechos Humanos (29 mayo 2020) - International Law and Human Rights Current References Digest (May 29, 2020)


Nota: Este Boletín (con 200 referencias) ha sido elaborado por el Prof. Francisco J. Zamora Cabot (Universidad Jaume I de Castellón) [email: zamora(at)uji.es], a quien agradezco la autorización para publicarlo en Conflictus Legum.


HUMAN RIGHTS AND RELATED MATTERS

Rohingyas:
Ruggie's Principles:
Indigenous Peoples- Environment:
Migrants/Refugees:
Chains of Supply/Due Diligence:
Nevsun Case/Canada:
Climate Change:
Climate Change Litigation:
An Interesting Blog; Canadian Lawyers For Internat'l HR:
Islamic Veilings:
UJ:
Bus. and HR Resource Centre/Weekly Update:
Palm Oil:
Investments and HR:
Book on Business and HR:
New Issue of the Business and HR Journal:
Bus. and HR/ET:
Multiculturalism:
Data Protection:
Sanctions/HR:
Modern Slavery/Human Trafficking:
Corporate Responsibility in Public International Law:
Extractivism:
Bus. and HR in Latin America:
Corporate Social Responsibility in Private Internat'l Law:
Corporate Criminal Responsibility/Environment:
Vedanta Case/UKSC:
Network of Corporate Observatories:
Eritreans v. the European Union:
Bus. and HR Treaty:
Religious Freedom:
Atrocities Prevention:
France/Duty of Vigilance Law:
Land Grabs:
Homelessness:
ECtHR/ET:
Rule of Law in Hungary/Poland:
Human Right to Water:
Book on Fundamental Rights:
L'Observatoire des MTNS:
IDLO'S Annual Report:
TRANSNATIONAL LAW ISSUES

HCCH Judgments Convention:
Conflict of Laws:
FNC:
Book on Conflict of Laws and the Internet:
Anti-Suit:
Investments:
Sanctions/Trade Regulations:
Personal Jurisdiction:
Freezing Orders:
Anti-Corruption:
Discovery:
Extraterritoriality:
Conflict of Laws/Internet:
MISCELLANEOUS

C-19:
Bayer/Monsanto:
German Constitutional Court's New Creature:
Artic Shipping:
On Corporate Purpose:

sábado, 30 de mayo de 2020

Bibliografía (Revista de revistas) - Cuadernos de Gibraltar – Gibraltar Reports n. 3 (2019)


Índice del último número de la revista 'Cuadernos de Gibraltar – Gibraltar Reports', Núm. 3 (2019) [acceso a los contenidos]

Conferencias de Excelencia:
- Luis Norberto González Alonso, El Brexit y la Unión Europea: panorama de problemáticas 2016-2019

Estudios y Notas:
- Juan Antonio Yáñez Barnuevo, Foreign Minister Fernando Morán Addresses the Question of Gibraltar (1982-1985).

Durante su período al frente del ministerio de Asuntos Exteriores en el primer Gobierno socialista de Felipe González, Fernando Morán desarrolló una intensa actividad encaminada fundamentalmente a dos objetivos: culminar el ingreso de España en la Comunidad Europea y lograr sustanciales avances en la histórica cuestión de Gibraltar entre España y el Reino Unido. En aquellos dos años y medio, Morán alcanzó esos dos objetivos, que se hallaban entrelazados, mediante negociaciones separadas con Bruselas y, en el caso de Gibraltar, con su colega británico Geoffrey Howe, sin descuidar contactos sostenidos con líderes locales gibraltareños y del vecino Campo. Esa labor se plasmó en la Declaración de Bruselas de 1984, suscrita por los ministros de España y del Reino Unido, que abrió paso al “Proceso de Bruselas” para tratar todas las cuestiones pendientes entre ambos países respecto a Gibraltar, incluyendo las de soberanía; y al propio tiempo se anticipaba por un año la aplicación de las normas comunitarias a las relaciones humanas y económicas entre Gibraltar y su entorno, lo que supondría poco después la reapertura de la Verja con el levantamiento de las medidas restrictivas impuestas en los años 60, bajo el régimen de Franco. Ambas cosas se comenzaron a poner en práctica con la primera reunión ministerial del Proceso de Bruselas, celebrada en Ginebra en 1985, en la que Morán expuso su visión del futuro de Gibraltar y presentó las propuestas del Gobierno español - que se detallan en este trabajo - sobre un periodo transitorio que propiciara gradualmente la reintegración del Peñón al territorio español, compatible con un amplio régimen de auto-gobierno para los gibraltareños.
- Inmaculada González García, Miguel Acosta Sánchez, The Consequences of Brexit for Gibraltar
Analizaremos en el presente estudio las consecuencias del Brexit para Gibraltar en relación, entre otras, con las siguientes libertades y políticas de la UE: Cooperación transfronteriza y Cohesión económica, social y territorial: la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT)-Campo de Gibraltar/Gibraltar; Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia: la cooperación policial; Libre circulación de personas – los trabajadores fronterizos; Libre prestación de servicios y establecimiento y; Cooperación en materia de medio ambiente. Todos estos aspectos se analizan bajo una doble perspectiva: con un ‘Brexit duro’ y sin acuerdo, o con un Brexit con acuerdo RU-UE.
- Polly Ruth Polak, The Road to Brexit: Ten UK Procedures towards Leaving the EU.
En este trabajo se ofrece una explicación concisa de cada una de las diez cuestiones jurídicas y procedimentales más importantes, en su contexto político y en orden cronológico, que han surgido en el Reino Unido desde que los británicos votaron para activar la nueva y hasta ahora no utilizada cláusula de retirada del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
- Alejandro Del Valle Gálvez, Gibraltar, ¿costa española? Por una reformulación de la teoría de la ‘costa seca’ sobre el puerto y las aguas en torno al Peñón.
Una de las facetas legales y políticas específicas de la disputa entre España y Gran Bretaña sobre Gibraltar son las zonas marítimas a su alrededor. La disputa se extiende a las aguas alrededor de la Roca, sus zonas marítimas y la jurisdicción sobre ellas, ya que, con la excepción de las aguas del puerto, España rechaza la existencia de aguas jurisdiccionales británicas alrededor de la Roca, mientras que el Reino Unido siempre las ha reclamado y ejercido jurisdicción de facto sobre ellas. España niega la existencia de aguas pertenecientes a Gibraltar, pero, en la práctica, permite el ejercicio de la jurisdicción británica dentro de una extensión establecida unilateralmente por el Reino Unido, sin distinguir entre las aguas de la Roca y las del istmo. El Reino Unido afirma una supuesta soberanía sobre las aguas alrededor de la Roca, pero su posición inicial de que las aguas que rodean el istmo son británicas es legalmente débil.
- Inmaculada González García, Gibraltar, Land Reclamation, the Environment and Brexit.
En este estudio analizaremos la aplicación de la legislación medioambiental europea en Gibraltar, que se ve fuertemente condicionada por la controversia histórica hispano-británica sobre la soberanía del territorio (Peñón e Istmo). Una controversia que se proyecta asimismo sobre los espacios marítimos que le rodean y sobre el espacio aéreo que se superpone al territorio y a las aguas interiores del puerto de Gibraltar. Siendo el medio ambiente competencia del Gobierno de Gibraltar, éste asume la transposición de las Directivas en la materia, mientras que es el RU el responsable de su cumplimiento ante la UE.
- Miguel Checa Martínez, Brexit y Cooperación Judicial Civil Internacional: opciones para Gibraltar.
La cooperación judicial civil internacional de los Estados Miembros de la UE con el Reino Unido puede quedar severamente reducida como consecuencia del Brexit si a la finalización del período transitorio, el 31 de diciembre de 2020, no ha sido aprobado un nuevo modelo de relaciones entre el RU y la UE que incluya acuerdos en materia de cooperación judicial civil. Otras soluciones multilaterales son posibles en el marco de la Conferencia de La Haya de DIPR o en relación con la adhesión del RU al Convenio de Lugano de 2007. Por el contrario, la situación de Gibraltar puede ser distinta a la del Reino Unido si el acuerdo separado de nuevas relaciones entre el RU y la UE en lo relativo a Gibraltar pudiese contener un repertorio suficiente de instrumentos de cooperación que permita salvaguardar la aplicación de al menos parte del Derecho Internacional Privado (DIPR) de la UE existente hasta la fecha.
- Fernando Lozano Contreras, Gibraltar, España y Reino Unido en la negociación del Brexit: ¿viejos problemas, nuevas soluciones?
El Brexit viene plagado de retos e incertidumbres. Algunos de ellos atañen directamente a Gibraltar, cuya población y autoridades están siendo testigos, no sin cierto temor, de un proceso que podría desposeerles de su privilegiado y singular régimen en Europa. El establecimiento de las bases de la futura relación de Gibraltar con la UE requerirá de acuerdos separados entre la UE y Reino Unido, que deberán contar, en todo caso, con el visto bueno previo de España. En este trabajo se analiza el régimen transitorio acordado para Gibraltar hasta la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea a la par que se propone un nuevo modelo jurídico internacional y europeo para Gibraltar, capaz de asentar las bases sobre las que resolver de manera definitiva la controversia territorial a medio-largo plazo.
- Ángel María Ballesteros Barros, El Brexit y la libertad de establecimiento de sociedades en la UE: el caso de Gibraltar.
En el presente estudio se abordan las consecuencias que la salida del Reino Unido de la Unión Europea tiene en la libertad de establecimiento de las sociedades con sede en Gibraltar, tanto en el ámbito del Derecho societario como del Derecho concursal. El Brexit presenta igualmente una incidencia directa en el marco de la libre prestación de servicios por parte de sociedades constituidas conforme al Derecho inglés o de Gibraltar, en sectores tales como el financiero o la industria del juego de apuestas, afectando de una manera especial a las sociedades domiciliadas en Gibraltar.
- Álvaro Checa Rodríguez, The Bilateral Tax Treaty between the United Kingdom and Spain Regarding Gibraltar: another Step in Gibraltar’s Quest for De-listing as a Tax Haven.
Este artículo trata de analizar las diferentes cuestiones que suscita el Acuerdo en materia de fiscalidad entre el Reino Unido y España en relación con Gibraltar. En este sentido, se pretende proporcionar al lector un análisis de las implicaciones fiscales que el Acuerdo puede tener sobre individuos y entidades residentes fiscales en Gibraltar.
Ágora:
- Antonio García Ferrer, Las negociaciones sobre el Brexit y Gibraltar. Perspectiva del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España
- Fabian Picardo, Cómo se ve hoy el Gibraltar de mañana
- Luis Romero Bartumeus, El Consulado General de España en Gibraltar, una historia casi desconocida
- Antonio Pérez Girón, El exilio interior del pueblo de Gibraltar y el origen de la ciudad de San Roque
- Alejandro Del Valle Gálvez, Inmaculada González García, Jesús Verdú Baeza, Claves sobre la singularidad de La Linea de La Concepción a la luz del Derecho Internacional y del Derecho europeo - Informe Previo. Key Ideas on the Singularity of the Town “La Linea de la Concepcion” in the light of International Law and European Law - Preliminary Report
- Peter Montegriffo, Perspectivas gibraltareñas sobre el Brexit, su desenlace definitivo y los futuros deseables para Gibraltar y el Campo
- Joseph García, Brexit: Spain and Gibraltar – Welcoming Address
- Juan Carlos Ruiz Boix, El Brexit y Gibraltar, reflexiones desde el Campo de Gibraltar
- José Juan Franco Rodríguez, Juan Carmona de Cózar, Brian Reyes, Campo de Gibraltar, cooperacion transfronteriza y trabajadores fronterizos tras el Brexit – Debate en mesa redonda, 23 de julio de 2019
- Juan Antonio Yáñez Barnuevo, España, Reino Unido y Gibraltar: retos y oportunidades del Brexit

Recensiones

BOE de 30.5.2020


- Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
Nota: Véase el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, así como la entrada de este blog del día 13.5.2020.
- Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Nota: Se aprueban las correspondientes medidas de flexibilización a aplicar en todas aquellas unidades territoriales que estén en la fase 3 del Plan de transición del desconfinamiento.
Así, podrá procederse a la apertura de establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales con independencia de su superficie útil de exposición y venta, siempre y cuando se limite su aforo al cincuenta por ciento.
Se permite la apertura al público de las zonas comunes y las zonas recreativas de los centros y parques comerciales, limitando su aforo al cuarenta por ciento. Asimismo, el aforo de los locales y establecimientos comerciales ubicados en los mismos se fija también en un cincuenta por ciento.
En materia de hostelería y restauración, se permite el consumo en barra siempre que se garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad entre clientes o, en su caso, grupos de clientes, de dos metros. De este modo, se establece un régimen equivalente al permitido para el consumo en mesa, para el que se mantiene una distancia de dos metros entre mesas o agrupaciones de mesas. Asimismo, se permite que las terrazas al aire libre abran al setenta y cinco por ciento de su capacidad permitida.
Por lo que se refiere a los hoteles y alojamientos turísticos se permite la apertura al público de las zonas comunes siempre que no superen el cincuenta por ciento de su aforo.
En el ámbito de la cultura, destaca la posibilidad de realizar actividades culturales en las bibliotecas y museos.
En materia de deportes se permiten los entrenamientos de carácter medio en ligas no profesionales federadas, así como la celebración de espectáculos y actividades deportivas.
Por lo que se refiere a las actividades turísticas se flexibilizan las condiciones para la práctica de actividades de turismo activo y de naturaleza con grupos de hasta treinta personas.
En materia de congresos, se establece un límite de ochenta asistentes.
Se podrá proceder a la reapertura de los centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios con un aforo máximo del cincuenta por ciento.
Igualmente, se permite la reapertura al público de los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo permitido y se cumplan las medidas de higiene y prevención previstas en la orden.
Finalmente, se permite la realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil, siempre que se cumplan las medidas de higiene y prevención previstas en esta orden.

Estas medidas, correspondientes a la fase 3, se aplicarán en los siguientes territorios:
- En la Comunidad Autónoma de Canarias, las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa.
- En la Comunidad Autónoma de Illes Balears, la isla de Formentera.
Asimismo, en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, sobre la fase 1, se modifica, entre otras cuestiones, el anexo que contiene las unidades territoriales en las que es aplicable:
- En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las provincias de Ávila, Burgos, León (excepto el área de salud de El Bierzo), Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
- En la Comunidad Autónoma de Cataluña, las regiones sanitarias de Lleida y Barcelona, excepto, en este último caso, las áreas de gestión asistencial de Alt Penedès y El Garraf.
- En la Comunidad de Madrid, la provincia de Madrid.
Igualmente, y entre otras cuestiones, se modifica el anexo (unidades territoriales en las que es aplicable) de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, sobre la fase 2:
- En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las provincias de Almería, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén, Sevilla, Málaga y Granada
- En la Comunidad Autónoma de Aragón, las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel.
- En la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, toda la provincia de Asturias.
- En la Comunidad Autónoma de Illes Balears, las Islas de Mallorca, Menorca e Ibiza
- En la Comunidad Autónoma de Canarias, las Islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.
- En la Comunidad Autónoma de Cantabria, toda la provincia de Cantabria.
- En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la provincia de León, el área de salud de El Bierzo.
- En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las provincias de Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo.
- En la Comunidad Autónoma de Cataluña, las regiones sanitarias de Girona, Catalunya Central, Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre y en la región sanitaria de Barcelona, las áreas de gestión asistencial de Alt Penedès y El Garraf.
- En la Comunidad Valenciana, las provincias de Castellón/Castelló, Valencia/València, y Alicante/Alacant.
- En la Comunidad Autónoma de Extremadura, las provincias de Cáceres y Badajoz.
- En la Comunidad Autónoma de Galicia, las provincias de Lugo, A Coruña, Ourense y Pontevedra.
- En la Región de Murcia, toda la provincia de Murcia.
- En la Comunidad Foral de Navarra, toda la provincia de Navarra.
- En la Comunidad Autónoma del País Vasco, los territorios históricos de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
- En la Comunidad Autónoma de La Rioja, toda la provincia de La Rioja.
- La Ciudad Autónoma de Ceuta.
- La Ciudad Autónoma de Melilla.
- Orden PCM/467/2020, de 29 de mayo, por la que se modifica la Orden PCI/1261/2019, de 26 de diciembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para el año 2020.
Nota: Mediante la Orden PCI/1261/2019, de 26 de diciembre, se convocó la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2020 (véase la entrada de este blog del día 28.12.2019). Con fecha 10 de marzo de 2020 se publicó en el portal web del Ministerio de Justicia Resolución de la Directora General para el Servicio Público de Justicia por la que se suspendía la celebración de la prueba, si bien se mantenían todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento, quedando pendiente la celebración del examen y las actuaciones posteriores al mismo (véase la entrada de este blog del día 10.3.2020). Finalmente, por Resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia de 11 de mayo de 2020 se acordó alzar la suspensión de la celebración de la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Abogacía para el año 2020, convocándose la prueba de acceso de manera on line el día 4 de julio de 2020 (véase la entrada de este blog del día 13.5.2020).
Mediante la presente Orden se modifica la forma de realización de la prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de la Abogacía para el año 2020, complementándose los términos de la convocatoria contenidos en la citada Orden PCI/1261/2019, de 26 de diciembre, que se mantienen en todo lo que no sea expresamente sustituido o modificado.

Las actuaciones llevadas a cabo hasta el 10 de marzo de 2020, fecha de la Resolución de la Directora General para el Servicio Público de Justicia por la que se suspendió la celebración de la prueba, se mantienen en vigor y son plenamente válidas.
La prueba se efectuará de conformidad con lo establecido en la orden de convocatoria PCI 1261/2019 y en la presente orden y será única e idéntica para todos los aspirantes.
Podrán concurrir a la prueba de evaluación todos los candidatos que resultaron admitidos según la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, publicada por Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia.
Los aspirantes con un grado de discapacidad a los que la Orden PCI 1261/2019 les hubiera concedido algún tipo de adaptación y así se le hubiera notificado, mantendrán en las mismas condiciones esa adaptación siempre y cuando la misma sea posible, dada la variación a un tipo de examen on line.
Se constituirá una única Comisión evaluadora con sede en Madrid, cuyos miembros y suplentes serán quienes fueron designados como tales mediante la Resolución de 20 de febrero de 2020 (véase la entrada de este blog del día 4.3.2020).
La prueba de aptitud se realizará en el idioma elegido por el aspirante en el momento en el que realizó su inscripción y que conste en los listados publicados en el portal web del Ministerio de Justicia. La UNED pondrá a disposición de los aspirantes que lo hayan solicitado el examen en la lengua cooficial elegida.
Deben realizarse las siguientes actuaciones previas a la realización de la prueba:
- Dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de esta orden en el BOE, los aspirantes admitidos habrán de acceder con su certificado electrónico a la sede electrónica del Ministerio de Justicia y en el buzón «Aportación de correo electrónico, especialidad jurídica, cesión de datos y compromiso» deberán cumplimentar un formulario con los siguientes elementos:
a) Aportar una cuenta de correo electrónico que servirá para la realización de la prueba.
b) Elegir para las materias específicas una especialidad jurídica entre las cuatro posibles: Materia civil y mercantil; materia penal; materia administrativa y contencioso-administrativa y materia laboral. Esta elección no podrá ser modificada con posteridad.
c) Autorizar conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la cesión de los datos personales a la UNED, que tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal.
d) Comprometerse durante la celebración de aptitud a respetar las normas del examen, a no consultar en ningún momento textos legales ni manuales jurídicos ni cualquier otro documento o dispositivo electrónico de apoyo, ni servirse del auxilio de persona alguna.
- En los días 10, 11 y 12 de junio se desarrollará la fase demo, en la que los aspirantes podrán acceder a la plataforma de la UNED y en una pantalla de bienvenida se les pedirá la dirección de correo electrónico (que será la misma que previamente han facilitado al Ministerio de Justicia) y, tras pulsar el recuadro «Solicitar código» que aparecerá en la misma pantalla, se les remitirá un código de acceso a su cuenta de correo que deberán conservar cuidadosamente ya que será imprescindible para acceder el día del examen a la plataforma.
- El aspirante podrá acceder tantas veces como quiera desde la sala de espera a un examen mock (fingido), los días 10, 11 y 12 de junio para familiarizarse con la plataforma. Ni las respuestas a ese examen ni las preguntas formuladas en la sala de espera se conservarán durante esta fase y tampoco habrá corrección de dicho examen.
La prueba (definitiva) se desarrollará bajo las siguientes condiciones:
- Se celebrará de forma on line con cualquier dispositivo con acceso a Internet, a través de la plataforma AVEX de la UNED, el día 4 de julio de 2020, a las 9:00, hora peninsular, y consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a las materias del anexo de la Orden PCI/1261/2019, de 26 de diciembre.
- El aspirante podrá acceder a la plataforma desde veinte minutos antes de la hora señalada para el comienzo de la prueba de acceso. Una vez allí se le pedirá que introduzca su cuenta de correo y el código obtenido en la fase anterior y que acepte, si no lo ha hecho ya, en cuyo caso se le recordará, el compromiso de respetar las normas del examen, no consultar en ningún momento textos legales ni manuales jurídicos ni cualquier otro documento o dispositivo electrónico de apoyo ni servirse del auxilio de persona alguna. La cuenta de correo deberá ser obligatoriamente aquella en la que haya recibido el código de acceso.
- Se iniciará la primera parte de la prueba consistente en 50 preguntas más 6 preguntas de reserva (cada pregunta con cuatro respuestas alternativas de las que solo una es la correcta), sobre las materias que figuran en el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de la Abogacía» del anexo de la Orden PCI 1261/2019.
- Las preguntas y las respuestas aparecerán de una en una de manera aleatoria y se permitirá avanzar, retroceder y corregir las respuestas. Para las respuestas de este bloque de preguntas los aspirantes dispondrán de dos horas. Las preguntas de reserva serán las 6 últimas (de la 51 a la 56), y estarán debidamente identificadas. Así, a las 11:00 horas, se cerrará la plataforma para todos los aspirantes y la primera parte de la prueba de acceso habrá finalizado, salvo para aquellos aspirantes a los que se les haya reconocido ampliación del tiempo para la celebración de la prueba en atención a su grado de discapacidad.
- Los aspirantes podrán terminar el examen, en cualquier momento, pulsando el recuadro «Finalizar examen».
- Tras un descanso de quince minutos, a las 11:15 horas el aspirante accederá de nuevo a la plataforma de la misma forma que en el caso anterior y se iniciará la segunda parte del examen con las 25 preguntas correspondientes a la especialidad elegida y las 2 preguntas de reserva (25 más 2), que aparecerán siempre al final del examen (cada pregunta con cuatro respuestas alternativas de las que solo una es la correcta), sobre las materias que figuran en el apartado B «Materias específicas» del anexo de la Orden PCI/1261/2019, de 26 de noviembre.
- Los aspirantes que hayan optado por la materia civil y mercantil deberán seleccionar, entre los exámenes que se les presenten, el que corresponda al derecho foral por ellos elegido. Para estos exámenes la pregunta número 25 será distinta en función de la elección efectuada.
- Las preguntas y las respuestas aparecerán de una en una, de manera aleatoria y se permitirá avanzar, retroceder y corregir las respuestas. Para responder a este bloque de preguntas los aspirantes dispondrán de una hora. Así, a las 12:15 horas se cerrará la plataforma y la prueba de acceso habrá finalizado, salvo para aquellos aspirantes a los que se les haya reconocido ampliación del tiempo para la celebración de la prueba en atención a su grado de discapacidad.
- Los aspirantes podrán terminar el examen pulsando el recuadro «Finalizar examen» en cualquier momento.
En relación con los problemas de conexión que puedan surgir durante el examen, en el supuesto de que se produzca alguna incidencia de tipo técnico que afecte de manera general a todos los aspirantes y que les impida el acceso a la plataforma, como una caída del sistema o de la red de transmisión de datos, la Comisión evaluadora, después de escuchar el criterio de los técnicos responsables de la plataforma acerca de la naturaleza de la incidencia y de su alcance, podrá adoptar las decisiones que considere procedentes teniendo en cuenta el interés de los aspirantes, incluyendo las de ampliar el tiempo para la realización de la prueba, repetir la prueba en otro momento o dar la misma por finalizada, en cuyo caso se puntuará el examen en función de las preguntas contestadas hasta ese momento.
Si el aspirante abandona la plataforma por razones personales o exclusivamente atribuibles a su dispositivo, se guardarán las preguntas contestadas hasta entonces por un tiempo de quince minutos durante el cual podrá retomar el examen, repitiendo los pasos de entrada, en cualquier momento. Transcurrido ese plazo, el acceso al examen quedará cerrado y se calificará con las preguntas respondidas hasta entonces.
El primer día hábil siguiente a la realización de la prueba, es decir, el lunes 6 de julio, el aspirante podrá acceder a la plataforma AVEX de la UNED con su clave de acceso para descargar la plantilla de las preguntas con las respuestas de cada una. Ese mismo día se harán públicas las plantillas provisionales de las respuestas correctas, mediante su publicación en el portal web del Ministerio de Justicia, apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Abogado».
[BOE n. 153, de 30.5.2020]