Firma de un acuerdo entre España y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para permitir el uso de sus lenguas cooficiales en la correspondencia con los ciudadanos españoles y los residentes en España
A iniciativa de las autoridades españolas, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas celebró el día 27 de abril un acuerdo administrativo con el Gobierno español, destinado a permitir el uso de lenguas distintas del español o castellano con estatuto de lengua oficial en dicho Estado miembro (lenguas cooficiales), a saber, el catalán/valenciano, el vascuence y el gallego, en la correspondencia entre el Tribunal de Justicia y los ciudadanos.
Con arreglo a dicho acuerdo, los ciudadanos españoles, los residentes en España y las empresas establecidas en dicho país podrán dirigirse por escrito al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en una de esas lenguas y recibir la respuesta de esta Institución en la lengua que utilizaron. Ahora bien, esta posibilidad no se aplica a los escritos de carácter jurisdiccional, a los que se refieran a la aplicación de una norma legal y a los que tengan por objeto, directa o indirectamente, la obtención de una ventaja (por ejemplo, una subvención), de un beneficio (por ejemplo, la atribución de un contrato público) o de una función (por ejemplo, la candidatura a un puesto de trabajo).
Según los términos del acuerdo administrativo, las personas que deseen dirigirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en una de estas lenguas cooficiales deberán remitir su escrito a la Oficina para las Lenguas Oficiales del Ministerio de Política Territorial español. La Oficina para las Lenguas Oficiales traducirá dicho escrito al español para permitir que el Tribunal redacte su respuesta en dicha lengua, y a continuación traducirá la respuesta del Tribunal de Justicia a la lengua cooficial en que se redactó el escrito inicial. Por último, dicha Oficina enviará al remitente la respuesta del Tribunal y su traducción. El Gobierno español asumirá los costes directos o indirectos causados al Tribunal de Justicia por la aplicación de este acuerdo administrativo.
El acuerdo comenzará a aplicarse cuando el Gobierno español informe al Tribunal de Justicia de que la Oficina para las Lenguas Oficiales de Política Territorial está dispuesta a hacerse cargo de las traducciones.
Véase el comunicado de prensa del Tribunal de Justicia.
A iniciativa de las autoridades españolas, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas celebró el día 27 de abril un acuerdo administrativo con el Gobierno español, destinado a permitir el uso de lenguas distintas del español o castellano con estatuto de lengua oficial en dicho Estado miembro (lenguas cooficiales), a saber, el catalán/valenciano, el vascuence y el gallego, en la correspondencia entre el Tribunal de Justicia y los ciudadanos.
Con arreglo a dicho acuerdo, los ciudadanos españoles, los residentes en España y las empresas establecidas en dicho país podrán dirigirse por escrito al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en una de esas lenguas y recibir la respuesta de esta Institución en la lengua que utilizaron. Ahora bien, esta posibilidad no se aplica a los escritos de carácter jurisdiccional, a los que se refieran a la aplicación de una norma legal y a los que tengan por objeto, directa o indirectamente, la obtención de una ventaja (por ejemplo, una subvención), de un beneficio (por ejemplo, la atribución de un contrato público) o de una función (por ejemplo, la candidatura a un puesto de trabajo).
Según los términos del acuerdo administrativo, las personas que deseen dirigirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en una de estas lenguas cooficiales deberán remitir su escrito a la Oficina para las Lenguas Oficiales del Ministerio de Política Territorial español. La Oficina para las Lenguas Oficiales traducirá dicho escrito al español para permitir que el Tribunal redacte su respuesta en dicha lengua, y a continuación traducirá la respuesta del Tribunal de Justicia a la lengua cooficial en que se redactó el escrito inicial. Por último, dicha Oficina enviará al remitente la respuesta del Tribunal y su traducción. El Gobierno español asumirá los costes directos o indirectos causados al Tribunal de Justicia por la aplicación de este acuerdo administrativo.
El acuerdo comenzará a aplicarse cuando el Gobierno español informe al Tribunal de Justicia de que la Oficina para las Lenguas Oficiales de Política Territorial está dispuesta a hacerse cargo de las traducciones.
Véase el comunicado de prensa del Tribunal de Justicia.
Muchas gracias por tu comentario.
ResponderEliminarUn cordial saludo