Nota: Por el presente acto se autoriza la firma del Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra.
Para el texto del Acuerdo véase la siguiente referencia de esta entrada.
Nota: Se aprueba la celebración por la Comisión Europea, en nombre de la CEEA, del Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y sus Estados miembros, por una parte, y a República de Moldavia, por otra.
Nota:Mediante el presente acto, se autoriza la firma del Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra.Véase la siguiente referencia de esta entrada.
Nota: Se aprueba la celebración por la Comisión Europea, en nombre de la CEEA, del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra.
Nota: El próximo 25 de septiembre se pondrá en marcha el Sistema de Información de Visados en la decimosexta región determinada por la Decisión de Ejecución 2013/493/UE. La decimosexta región comprende los siguientes países: Albania, Bosnia y Herzegovina, Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM), Kosovo, Montenegro, Serbia y Turquía.Sobre la puesta en marcha del Sistema de Información de Visados (VIS) en las regiones primera, segunda y tercera véase la Decisión de la Comisión de 30 de noviembre de 2009, y la entrada de este blog del día 27.1.2013. Sobre la puesta en marcha en la cuarta y quinta regiones, véase la Decisión de Ejecución de la Comisión de 7 de marzo de 2013, y la entrada de este blog del día 8.3.2013. Sobre la puesta en marcha del VIS en las regiones sexta y séptima véase la Decisión de Ejecución de la Comisión de 5 de junio de 2013, así como la entrada de este blog del día 6.6.2013. Sobre la puesta en marcha en la octava región véase la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 20 de agosto de 2013, y la entrada de este blog del día 21.8.2013. Sobre la puesta en marcha en la novena, décima y undécima región véase la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 8 de noviembre de 2013, y la entrada de este blog del día 9.11.2013. Finalmente, véase la entrada de este blog del día 10.10.2013.
Part 1: Jurisdiction, Choice of Law, and the Recognition of Foreign Judgments in Recent Legislation Jin Huang: New Perspectives on Private International Law in the People’s Republic of China - Rong-Chwan Chen: Jurisdiction, Choice of Law and the Recognition of Foreign Judgments in Taiwan - Stefania Bariatti: Jurisdiction, Choice of Law and the Recognition of Foreign Judgments in Recent EU LegislationPart 2: Selected Problems of General ProvisionsWeizuo Chen: Selected Problems of General Provisions in Private International Law: The PRC Perspective - Rong-Chwan Chen: General Provisions in the Taiwanese Private International Law Enactment 2010 - Jürgen Basedow: The Application of Foreign Law – Comparative Remarks on the Practical Side of Private International LawPart 3: Property LawHuanfang Du : The Choice of Law for Property Rights in Mainland China: Progress and Imperfection - Yao-Ming Hsu: Property Law in Taiwan- Louis d’Avout: Property Law in EuropePart 4: Contractual ObligationsQisheng He: Recent Developments of New Chinese Private International Law With Regard to Contracts - David J. W. Wang: The Revision of Taiwan’s Choice-of-law Rules in Contracts - Pedro A. De Miguel Asensio: The Law Applicable to Contractual Obligations. The Rome I Regulation in Comparative PerspectivePart 5: Non-Contractual Obligations Guoyong Zou: The Latest Developments in China’s Conflicts Law for Non-contractual Obligations - En-Wei Lin: New Private International Law Legislation in Taiwan: Negotiorum Gestio, Unjust Enrichment and Tort - Peter Arnt Nielsen: Non-Contractual Obligations in the European Union: The Rome II RegulationPart 6: Personal Status (Family Law/Succession Law)Yujun Guo: Personal Status in Chinese Private International Law Reform - Hua-Kai Tsai: Recent Developments in Taiwan’s Private International Law on Family Matters - Katharina Boele-Woelki: International Private Law in China and Europe:A Comparison of Conflict-of-law Rules Regarding Family and Succession LawPart 7: Company LawTao Du: The New Chinese Conflict-of-law Rules for Legal Persons: Is the Middle Way Feasible? - Wang-Ruu Tseng: Private International Law in Taiwan – Company Law - Marc-Philippe Weller: Companies in Private International Law – A European and German PerspectivePart 8: International ArbitrationSong Lu: China – A Developing Country in the Field of International Arbitration - Carlos Esplugues Mota: International Commercial Arbitration in the EU and the PRC: A Tale of Two Continents or 28 + 3 Legal Systems
Nota: Véase la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, así como la entrada de este blog del día 27.6.2013.
Nota: Esta norma tiene por objeto general garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior aspirando al mismo tiempo a un nivel de seguridad adecuado de los medios de identificación electrónica y los servicios de confianza. Dentro de este marco general, son objetivos específicos: establecer las condiciones en que los Estados miembros deberán reconocer los medios de identificación electrónica de las personas físicas y jurídicas pertenecientes a un sistema de identificación electrónica notificado de otro Estado miembro; establecer normas para los servicios de confianza, en particular para las transacciones electrónicas; y establecer un marco jurídico para las firmas electrónicas, los sellos electrónicos, los sellos de tiempo electrónicos, los documentos electrónicos, los servicios de entrega electrónica certificada y los servicios de certificados para la autenticación de sitios web (art. 1).Este Reglamento será aplicable con carácter general a partir del 1.7.2016 (art. 52.2).Se deroga la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica (véase art. 50).
Véase la 1ª corrección de errores y la 2ª corrección de errores de la desafortunada versión española de este Reglamento.
Nota: Esta disposición es aplicable a la resolución de litigios entre inversores y Estados efectuada con arreglo a un acuerdo en el que la Unión sea parte, o la Unión y sus Estados miembros sean parte, e iniciada por un demandante de un tercer país. Todo ello sin perjuicio del reparto de competencias establecido en los Tratados, incluso en relación con el trato dispensado por los Estados miembros o la Unión e impugnado por un demandante en una solicitud de resolución de litigios entre inversores y Estados efectuada con arreglo a un acuerdo (art. 1.1).Con fines informativos, la Comisión deberá publicar en el DOUE una lista actualizada de los acuerdos que entran dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento (art. 1.2).Este Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE (art. 25).
Nota: Esta disposición establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, con vistas a fomentar el crecimiento sostenible de las economías marítimas, el desarrollo sostenible de los espacios marinos y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos (art. 1.1).De acuerdo con su art. 2, la Directiva se aplicará a las aguas marinas de los Estados miembros sin perjuicio del resto de la normativa de la Unión. Por contra, no se aplicará: a las aguas costeras ni a partes de las mismas objeto de medidas de ordenación territorial en un Estado miembro, a condición de que así se comunique en los planes de ordenación marítima; ni a las actividades cuyo único propósito sea la defensa o la seguridad nacional. La Directiva no afectará a la potestad de los Estados miembros de definir y determinar, dentro de las aguas marinas, el alcance y la cobertura de sus planes de ordenación marítima, no aplicándose a la ordenación territorial; tampoco afectará a los derechos de soberanía ni a la jurisdicción de los Estados miembros sobre aguas marinas determinados por las disposiciones pertinentes del Derecho Internacional, en especial la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CNUDM); en particular, no afectará al trazado y delimitación de las fronteras marítimas por los Estados miembros de conformidad con las disposiciones aplicables de la CNUDM.La Directiva deberá estar transpuesta a más tardar el 18.9.2016 (art. 15.1).
Nota: Véase la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), así como la entrada de este blog del día 17.11.2009.
Nota: Mediante esta disposición se establecen normas sobre la transparencia y comparabilidad de las comisiones aplicadas a los consumidores en las cuentas de pago abiertas en la Unión Europea, las normas sobre los traslados de cuentas de pago dentro de un Estado miembro y la facilitación de apertura de cuentas transfronteriza para los consumidores (art. 1.1).La Directiva se aplicará a las cuentas de pago que permitan a los consumidores realizar, como mínimo, las siguientes operaciones: depositar fondos en una cuenta de pago; retirar dinero en efectivo de una cuenta de pago; efectuar pagos a terceros y recibir pagos de terceros, incluidas las transferencias. Los Estados miembros podrán decidir aplicar total o parcialmente la presente Directiva a las cuentas de pago distintas de las mencionadas (art. 1.6). Sin embargo, la apertura y utilización de una cuenta de pago básica con arreglo a la presente Directiva se hará de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (art. 1.7).Los Estados miembros deberán transponer esta Directiva a más tardar el 18.9.2016 (art. 29.1).
a) La tesis doctoral que se presente al premio verse algunas de las materias cubiertas por la Asociación.b) La tesis doctoral que se presente al premio haya alcanzado la máxima calificación, otorgada por unanimidad por el tribunal evaluador.c) El doctor/a solicitante tenga la condición de miembro de la AEPDIRI con, al menos, un año de anterioridad a la finalización del plazo de solicitud.
a) Solicitud del premio, cumplimentada siguiendo el modelo que figura en el Anexo de esta convocatoria y que estará disponible en formato Word en la página web de la AEPDIRI (www.aepdiri.org).b) Resumen de la tesis y de sus objetivos y conclusiones, explicando brevemente en qué consiste la aportación del trabajo y por qué se incluye en el área seleccionada (con un máximo de 4 páginas).c) Certificado académico personal, expedido por la Universidad en la que se defendió la tesis que se presenta al premio, en el que conste: su título exacto, el nombre del director/a, su fecha de lectura y la calificación obtenida.d) Curriculum vitae del solicitante, en el que figuren necesariamente sus publicaciones, comunicaciones y ponencias en congresos, simposios, seminarios, etc., tanto nacionales como internacionales, diferenciando con claridad aquellos fruto de la tesis doctoral y los derivados del resto de la actividad científica del candidato/a.e) Cuatro copias en papel de la tesis doctoral que se presenta al premio.
a) Aquellas personas que cuenten con la condición de director/a o codirector/a de una tesis doctoral que concurra a uno de los tres premios convocados.b) Los miembros de la Junta Directiva de la AEPDIRI.
-Bases del I Premio de la Asociación [aquí]-Formulario de solicitud [aquí]
PVP COLECCIÓN COMPLETA: 1.644,30 € + IVA
ISBN: 978-84-9059-485-8.
PVP POR VOLUMEN INDIVIDUAL: 91,35 € + IVA
PACK COLECCIÓN CONTRATOS 1: Tomos I, II y IIIPVP: 274,05 € + IVAISBN: 978-84-9059-599-2PACK COLECCIÓN CONTRATOS 2: Tomos IV y VPVP: 182,70 € + IVAISBN: 978-84-9059-601-2PACK COLECCIÓN CONTRATOS 3: Tomos IX, X y XIPVP: 274,05 € + IVAISBN: 978-84-9059-602-9PACK COLECCIÓN CONTRATOS 4: Tomos XII y XIIIPVP: 182,70 € + IVAISBN: 978-84-9059-603-6PACK COLECCIÓN CONTRATOS 5: Tomos XVI y XVIIPVP: 182,70 € + IVAISBN: 978-84-9059-604-3
Nota: El objeto de este Reglamento es la determinación de las condiciones, requisitos y procedimientos para ejercitar la función de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, las donaciones, las cesiones y el leasing, dando debido cumplimiento a la normativa de la UE, los compromisos internacionales adquiridos por España, el fomento de la paz, la estabilidad o la seguridad en el ámbito mundial o regional y los intereses generales de la defensa nacional o de la política exterior del Estado (art. 1 del Reglamento).Véase la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.Con la entrada en vigor, mañana, de este RD se deroga el Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso (disposición derogatoria única del RD). Véase la entrada de este blog del día 7.1.2009.
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.6.2014.
Nota: Véase la entrada de este blog del día 12.6.2014.
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.6.2014.
Cuestión planteada: "¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva 2003/88/CE en el sentido de que el tiempo invertido en el desplazamiento al inicio y al final de la jornada realizado por un trabajador que no tiene adscrito un centro de trabajo fijo, sino que ha de desplazarse cada día desde su domicilio al centro de un cliente de la empresa, diferente cada día, y volver a su domicilio desde el centro de otro cliente a su vez diferente (sobre una ruta o listado que le es fijado por la empresa el día anterior), situados siempre dentro de una zona geográfica más o menos amplia, en las condiciones del litigio principal explicitada en los fundamentos de esta cuestión, constituye «tiempo de trabajo» según la definición de ese concepto dada en el indicado artículo de la Directiva o, por el contrario, ha de considerarse como «periodo de descanso»?"
Cuestiones planteadas:
"1) Según la Directiva 80/987/CEE del Consejo, los marineros de un Estado miembro que han realizado un trabajo marítimo en un buque bajo pabellón de un Estado no miembro de la Unión Europea, para los créditos impagados frente a la sociedad propietaria del buque, la cual tiene su sede estatutaria en el tercer Estado, pero su sede real en el Estado miembro en cuestión, declarada en quiebra por un tribunal de dicho Estado miembro, aplicando el Derecho de ese Estado miembro precisamente por tener allí su sede real, ¿están comprendidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones protectoras de dicha Directiva, habida cuenta del objetivo perseguido por ésta y con independencia de que los contratos de trabajo estén regulados por el Derecho del tercer país y de que el Estado miembro no pueda exigir la contribución del propietario del buque, no sujeto a su ordenamiento jurídico, a la financiación del organismo de garantía?
2) Según la Directiva 80/987/CEE del Consejo, ¿se considera protección equivalente el pago previsto en el artículo 29 de la Ley no 1220/1981 por parte del Naftiko Apomachiko Tameio (ΝΑΤ) de las retribuciones hasta un máximo de tres meses, por la cuantía prevista como salarios e indemnizaciones básicos determinados en los convenios colectivos correspondientes para los marineros griegos, enrolados en buques bajo pabellón griego o extranjeros convenidos con el NAT, en el supuesto previsto en dicho artículo, es decir sólo en caso de abandono de aquéllos en el extranjero?"
Nota: En relación con su ámbito material y territorial de aplicación, el art. 1 determina que "el objeto de la presente ley es regular, dentro del ámbito de competencias de la Generalidad, el régimen jurídico aplicable a la seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos en el territorio de Cataluña, incluyendo la vigilancia del mercado en esta materia".
Ponente: Perelló Domenech, María Isabel.Nº de Recurso: 4734/2011Jurisdicción: CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVARoj: STS 1330/2014Id Cendoj: 28079130032014100090IUSTEL, Diario del Derecho, 13 agosto 2014.
Nota: Mediante este acto se aprueba en nombre de la Unión el Acuerdo entre la UE y la República Centroafricana relativo a las modalidades de transferencia a la República Centroafricana de personas privadas de su libertad por la Operación militar de la Unión Europea (EUFOR RCA) en cumplimiento de su mandato, así como sobre las garantías aplicables a esas personas (véase la siguiente referencia de la presente entrada).
Nota: Este Acuerdo tiene por objeto establecer, por una parte, los principios y procedimientos que rigen las condiciones de transferencia a la República Centroafricana de las personas privadas de libertad por EUFOR RCA y, por otra, las garantías concedidas a dichas personas tras haber sido transferidas a la RCA, con el fin de garantizar el respeto por las Partes de sus obligaciones en virtud del Derecho internacional (art. 1).Véase la Decisión 2014/73/PESC del Consejo, de 10 de febrero de 2014, sobre una operación militar de la Unión Europea en la República Centroafricana («EUFOR-RCA»).
Nota: En relación con su ámbito de aplicación, el art. 1.1 establece que su objeto es regular las actividades relativas al juego y las apuestas en sus distintas modalidades y denominaciones en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears.En relación con los requisitos para ser titulares de autorizaciones de casinos de juego y de bingos, entre otros se exige que se trate de personas jurídicas que se hayan constituido como sociedad anónima y ostenten la nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea [arts. 19.1.a), para los casinos, y 22.1.a), para los bingos].Por otro lado, a las empresas titulares de casino y a las empresas operadoras de máquinas se les exige, entre otros requisitos, que la participación directa o indirecta de capital extranjero se adecue a los límites establecidos en el régimen especial para las inversiones extranjeras en España [art. 19.1.e), para casinos, y art. 21.1.b), máquinas].
Nota: Véase el Reglamento (CE) nº 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006 , relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), así como la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007 , relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II).
Nota: Véanse las disposiciones mencionadas en la referencia anterior.
La venta de acciones de una sociedad parcialmente nacionalizada puede constituir, en determinadas circunstancias, un acto de competencia desleal. Para saber si los tribunales de un Estado tienen competencia judicial internacional para conocer de los daños causados en este tipo de casos, hay que resolver varias cuestiones, como el lugar donde se ha generado el hecho dañoso, si son ilícitos simples o ilícitos a distancia o si se trata de daños directos o indirectos.
The sale of shares of a partially nationalised company could constitute, in certain circumstances, an unfair competition practice. There are several issues to determine in order to establish whether the courts of certain State have international jurisdiction to adjudicate a dispute over damages in these kinds of cases, among them, the place of injury occurrence, whether it is a simple or a distance unlawful act, and whether the damage is direct or indirect.
Ponente: Agustí Juliá, Jordi.Nº de Recurso: 3079/2012Jurisdicción: SOCIALRoj: STS 1479/2014Id Cendoj: 28079140012014100165IUSTEL, Diario del Derecho, 18 agosto 2014.
Nota: En esta norma convencional cabe destacar el art. 18 (Cumplimiento de las condiciones mutuamente acordadas):"1. Al aplicar el párrafo 3 g) i) del artículo 6 y el artículo 7, cada Parte alentará a los proveedores y usuarios de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos a que incluyan en las condiciones mutuamente acordadas, según proceda, disposiciones sobre resolución de controversias que abarquen:a) La jurisdicción a la que se someterán todos los procesos de resolución de controversias;b) La ley aplicable; y/uc) Opciones para la resolución de controversias alternativa, tales como mediación o arbitraje.2. Cada Parte se asegurará de que sus sistemas jurídicos ofrezcan la posibilidad de presentar recursos, de conformidad con los requisitos jurisdiccionales correspondientes, en casos de controversias dimanantes de las condiciones mutuamente acordadas.3. Cada Parte adoptará medidas efectivas, según proceda, respecto a:a) Acceso a la justicia; yb) La utilización de mecanismos respecto al reconocimiento mutuo y la aplicación de sentencias extranjeras y laudos arbitrales.4. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará la eficacia de este artículo conforme al artículo 31 del presente Protocolo."Este Protocolo entrará en vigor de forma general y para España el día 12.10.2014.
Véase la corrección de errores a este Instrumento de ratificación.
Nota: En relación con su ámbito de aplicación, el art. 1 establece que esta norma se aplica a los consumidores y usuarios en el territorio de las Illes Balears.En el art. 30 se regula la lengua a utilizar en la información que se facilite al consumidor.
Cabe destacar el capítulo III del título III (arts. 49 a 53, ambos inclusiva), en el que se regula la resolución extrajudicial de conflictos, con especial referencia al arbitraje de consumo.
Nota: Véanse los documentos:
- COM(2014) 144 final (Estrasburgo, 11.3.2014): COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. La agenda de justicia de la UE para 2020 - Reforzar la confianza, la movilidad y el crecimiento en la Unión.
- COM(2014) 154 final (Estrasburgo, 11.3.2014): COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. Una Europa abierta y segura: ha llegado la hora de hacerla realidad.
Nota: Este Registro fue creado por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (véase la entrada de este blog del día 24.4.2012). En esta norma cabe destacar las siguientes disposiciones:-Art. 4.2, que permite inscribir voluntariamente en este Registro los datos de los profesionales mencionados en el apartado anterior que, no ejerciendo su actividad en el territorio nacional, cumplan los siguientes requisitos: ser nacional de un Estado miembro de la UE o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el EEE o estar en posesión de una autorización de residencia y trabajo en vigor en España; no encontrarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio profesional.-Art. 16: reglamenta el intercambio de información en el ámbito de la UE.
Nota: La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears ha acordado, entre otras cuestiones, que, en lo que se refiere a los incisos «aguas marítimas competencia de las Illes Balears», «aguas de su competencia», «aguas de las Illes Balears» y «aguas que pertenezcan al ámbito territorial de las Illes Balears» se promoverá su sustitución en la parte dispositiva de la Ley por el inciso «aguas interiores del litoral de las Illes Balears». Este cambio afectará, entre otros preceptos, al art. 3.a), que regula el ámbito de aplicación territorial de la Ley.Véase la Ley 6/2013 de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes Balears, así como la entrada de este blog del día 4.12.2013.
Nota: Al amparo del art. 3.2 del Acuerdo de 19 de octubre de 2005 entre la UE y Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Dinamarca, mediante carta de 2.6.2014, notificó a la Comisión su decisión de aplicar el contenido del Reglamento (UE) nº 542/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1215/2012 en lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal Unificado de Patentes y al Tribunal de Justicia del Benelux. Como consecuencia de ello, las disposiciones del Reglamento nº 542/2014 se aplicarán a las relaciones entre la UE y Dinamarca.
En relación con el art. 3, aps. 3 y 4, del Acuerdo, la aplicación del Reglamento nº 542/2014 en Dinamarca puede tener lugar administrativamente. Las medidas administrativas necesarias entraron en vigor el 18 de junio.
Véase el Reglamento (UE) nº 542/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1215/2012 en lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal Unificado de Patentes y al Tribunal de Justicia del Benelux,así como la entrada de este blog del día 29.5.2014.
Nota: Según su art. 1, esta norma convencional tiene por objeto favorece el uso de la videoconferencia entre las autoridades competentes de las partes contratantes como un medio concreto para fortalecer y agilizar la cooperación mutua en materia civil, comercial y penal, y en otras materias que acuerden de manera expresa.El Convenio contiene una Protocolo adicional relacionado con los costos, régimen lingüístico y remisión de solicitudes.España ha declarado que la autoridad competente a efectos de la aplicación del Convenio es la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia.El Convenio y el Protocolo entraron en vigor de forma general y para España el 17.7.2014, es decir, hace casi un mes.En estos momentos, son Estados parte en el Convenio y en el Protocolo Ecuador, España, México, Panamá y la República Dominicana.
Nota: Se da publicidad al acuerdo alcanzado por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con el art. 17 de la Ley 20/2013, entre otros preceptos: "El apartado 1 del artículo 17 de la LGUM se interpretará en el sentido de que el mismo sólo rige para la exigencia de autorizaciones, de tal suerte que las razones imperiosas de interés general contenidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, justificarán la exigencia de presentación de declaraciones responsables o de comunicaciones previas, conforme prescriben los apartados 2 a 4 del referido artículo 17 de la LGUM."Véase la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y la entrada de este blog del día 10.12.2013.
Fallo del Tribunal: "No procede pronunciarse sobre la petición de decisión prejudicial planteada por el Augstākās tiesas Senāts (Letonia), mediante resolución de 12 de junio de 2013."Nota: Se había solicitado al TJUE que se pronunciase sobre las siguientes cuestiones:"¿Debe interpretarse el artículo 34, número 1, del Reglamento Bruselas I en el sentido de que, en el marco de un procedimiento de reconocimiento de una resolución judicial extranjera, la vulneración de los derechos de personas que no son partes en el litigio principal puede ser un motivo para aplicar la cláusula de orden público prevista en dicho artículo 34, número 1, del Reglamento Bruselas I y denegar el reconocimiento de la resolución extranjera en la medida en que afecte a personas que no son partes en el litigio principal?Si la respuesta a la primera cuestión es afirmativa, ¿debe interpretarse el artículo 47 de la Carta en el sentido de que el principio del proceso equitativo que en él se recoge permite que en un procedimiento relativo a la adopción de medidas provisionales de protección se limiten los derechos patrimoniales de una persona que no ha sido parte en el procedimiento, cuando se prevea que cualquier persona a la que afecte la resolución sobre las medidas provisionales de protección tendrá derecho en todo momento a solicitar del tribunal la modificación o anulación de la resolución judicial, siendo así que se deja al cuidado de los demandantes la notificación de la decisión a las personas interesadas?"
Fallo del Tribunal: "La petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di pace di Matera (Italia) por resolución de 22 de abril de 2013 es manifiestamente inadmisible."Nota: El juez italiano había planteado al Tribunal las siguientes cuestiones:"¿Establece la Ley notarial italiana nº 89/1913 en sus artículos 51 y ss., en relación con los artículos 1350 y 2657 del Codice Civile, una auténtica situación de monopolio para la prestación de servicios a favor de los notarios en lo que respecta a la redacción y autenticación de los contratos de compraventa de inmuebles en Italia, infringiendo de forma clara las normas y principios de los Tratados de la Unión Europea (artículo 49 [TCE, actualmente artículo 56 TFUE]) que disponen la libre circulación de servicios en el territorio de los Estados miembros de la Unión y, en particular, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 (denominada «Directiva Bolkestein»), transpuesta en Italia a través del Decreto Legislativo nº 59, de 26 de marzo de 2010, publicado en la Gazzeta Ufficiale nº 94, de 23 de abril de 2010?¿Considera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la Ley notarial italiana nº 89/1913, en relación con los artículos 1350 y 2657 del Codice Civile, es contraria a las normas del Tratado UE que prohíben los monopolios para la prestación de servicios (artículos [60 TFUE] y 37 [TFUE]?¿Considera asimismo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la Ley notarial italiana nº 89/1913, en relación con los artículos 1350 y 2657 del Codice Civile, es contraria a las normas de la Unión Europea contenidas en los artículos 28 TCE y 29 TCE que prohíben las denominadas medidas de efecto equivalente, posteriormente incorporadas en los artículos 34 TFUE y 35 TFUE, tras la modificación llevada a cabo por el Tratado de Lisboa, medidas prohibidas por el Tratado porque penalizan a los nacionales de algunos Estados miembros frente a otros en relación con el acceso a los servicios que se les prestan?"
Véase la entrada de este blog del día 22.2.2014.
Cuestiones planteadas:"1) ¿Deben interpretarse el artículo 2, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento (CE) no 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, el artículo 3, letras c) y g), del Reglamento (CE) no 785/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos, y el artículo 1, apartado 1, del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, en el sentido de que las acciones de indemnización de daños de una perjudicada:—que era ocupante de una aeronave que debía despegar y aterrizar en un mismo lugar de un Estado miembro,—a quien el piloto transportó gratuitamente,—el fin del vuelo consistía en observar desde el aire una finca sobre la que pretendía celebrar una transacción inmobiliaria con el piloto y,—que sufrió lesiones al estrellarse la aeronave,hayan de valorarse exclusivamente a la luz del artículo 17 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, y de que no les es de aplicación el Derecho nacional?En caso de respuesta positiva a la primera cuestión prejudicial:2) ¿Deben interpretarse el artículo 33 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, y el artículo 67 del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en el sentido de que la competencia para tramitar y juzgar las acciones de indemnización de daños mencionadas en la primera cuestión prejudicial haya de apreciarse exclusivamente a la luz del artículo 33 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999?Si se responde positivamente a la primera cuestión prejudicial:3) ¿Deben interpretarse el artículo 29 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, y el artículo 18 del Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, en el sentido de que se oponen a que las normativas nacionales dispongan que la perjudicada mencionada en la primera cuestión prejudicial podrá actuar directamente contra la compañía del seguro de responsabilidad civil del causante del daño?Si se responde negativamente a la primera cuestión prejudicial:4) ¿Deben interpretarse el artículo 7, apartado 1, letra f), de la Directiva 88/357/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, Segunda Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE, y el artículo 18 del Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, en el sentido de que los requisitos para el ejercicio de la acción directa de la perjudicada mencionada en la primera cuestión prejudicial contra la compañía del seguro de responsabilidad civil del causante del daño hayan de apreciarse a la luz del Derecho de un tercer Estado cuando:—el ordenamiento jurídico aplicable conforme a la regla lex loci delicti prevé en su ley de contrato de seguro la posibilidad de ejercer dicha acción directa,—las partes del contrato de seguro alcanzan un acuerdo al objeto de que sea aplicable el ordenamiento jurídico de un tercer Estado—y con arreglo a dicho acuerdo es aplicable el Derecho del Estado en que el asegurador tenga su sede, y—el ordenamiento jurídico de dicho Estado también prevé en su ley de contrato de seguro la posibilidad de ejercer dicha acción directa?"