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viernes, 21 de diciembre de 2018

Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2018 o la Fiesta del Real Decreto-ley


Continúa la Fiesta del Real Decreto-ley. El Consejo de Ministros de esta semana ha aprobado tres más. Para que luego que no se diga que llega en vano la Navidad o que mañana no hemos rascado nada en el sorteo de la Lotería Nacional. Con los de hoy, ya serán veintidós en los últimos seis meses. ¡Salimos a casi uno por semana, si descontamos las vacaciones de verano! Veamos brevemente de que van los tres de esta semana.
El primero contiene la transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, transponiendo diversas Directivas en estas materias. En relación con el tema de marcas, modifica parcialmente la Ley 17/2001, de Marcas, a fin de trasponer la Directiva 2015/2436, que armoniza las legislaciones comunitarias y facilita el registro y la gestión de las marcas. La nueva legislación supone un avance en la lucha contra las falsificaciones. Así, el titular de una marca registrada podrá ejercitar los derechos que le confiere la misma contra mercancías procedentes de terceros países que, aun no habiendo sido comercializadas, lleven un signo idéntico o virtualmente idéntico a dicha marca registrada. También refuerza la posición del titular de la marca y armoniza las condiciones para adquirir y ejercitar el derecho de marca con todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Lamentablemente, la referencia del Consejo de Ministros nada dice sobre el contenido de la importante cuestión de los viajes combinados y servicios de viajes vinculados. Habrá que esperar a la publicación de la norma en el BOE.
El segundo Real Decreto-ley tiene por objeto el incremento retributivo del sector público en 2019, en consonancia con los compromisos asumidos con los sindicatos en materia de función pública. El incremento de las retribuciones para 2019 establece una subida fija del 2,25% para todos los empleados públicos, a la que hay que sumar un porcentaje variable que puede alcanzar el 0,25%, ligado a la evolución del PIB a partir de un 2,5%. Los empleados públicos contarán, además, con otro 0,25% de fondos adicionales cuyo reparto, en este caso, dependerá de la negociación de cada administración con sus organizaciones sindicales.
También contiene disposiciones sobre ampliación de derechos de los empleados públicos, como la oferta de empleo público, la reducción de la temporalidad, la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas, la movilidad de funcionarias víctimas de maltrato, la posibilidad de que los afectados por VIH, diabetes, celiaquía y psoriasis puedan acceder a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las fuerzas armadas y los cuerpos de vigilancia aduanera, e instituciones penitenciarias, así como el aumento de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar y la supresión de la reducción de las retribuciones por incapacidad temporal.
El último Real Decreto-ley se refiere a medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras.

Además de los Reales Decretos-ley de rigor, el Consejo de Ministros a adoptado también otros acuerdos de interés (véase la referencia completa de la sesión).

-Ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza el Programa Nacional de Reasentamiento 2018. Con este acuerdo se da cumplimiento a la ley española de asilo de 2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que establece que el Consejo de Ministros acordará anualmente el número de personas que podrán ser objeto de reasentamiento en España, una vez determinado por la Unión Europea el número de personas que deben ser reasentados. Las actuaciones que llevarán a cabo los ministerios implicados van desde la determinación de los pérfiles y criterios de selección de las personas a reasentar y la preparación y actuaciones previas al traslado de los refugiados a España, hasta el propio traslado a nuestro país, la acogida en España y su distribución territorial en función de los criterios establecidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el desarrollo de itinerarios de integración de las personas refugiadas.

-Ha aprobado un Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas a los Anexos I y II de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. La Enmienda al Anexo I actualiza para el año 2019 la "Lista de sustancias y métodos prohibidos" allí contenida. En el caso del Anexo II, que recoge el "Estándar Internacional para la autorización de uso terapéutico", se incorporan las modificaciones aprobadas por el Comité Ejecutivo de la AMA el 20 de septiembre de 2018.

-Ha aprobado igualmente un Real Decreto por el que se incrementa un 22,3% el salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2019.

-Se ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrollan el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valores, y por el que se modifican parcialmente el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y otros reales decretos en materia de mercado de valores. Con este Real Decreto se completa la transposición al ordenamiento jurídico español del paquete regulatorio de MIFID II. La urgencia por completar la transposición viene dada por la finalización del plazo en julio de 2017 y de la interposición de una demanda por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con la correspondiente propuesta de sanción. Asimismo, es prioritaria su incorporación a la normativa española para disponer de todos los instrumentos que permitan una mayor protección del cliente y un mejor funcionamiento de los mercados, lo cual en última instancia redunda en la mejora de la financiación de las empresas y los particulares.

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