Los 50 nombramientos (que no sombras) del Consejo de Ministros de 28 de enero

La sesión del Consejo de Ministros de hoy viene cargada de nombramientos; supongo que por aquello de que hay que colocar a mucha gente, especialmente en Gobiernos de coalición con 22 ministros y cuatro vicepresidencias. Pues bien, si no me he descontado -lo que, visto el listado, no es difícil-, el Consejo de Ministros ha realizado nada más y nada menos que 50 nombramientos, que no 'sombras' [véase la referencia de la sesión].

De todos esos nombramientos yo destacaría dos. El primero es el nombramiento como secretario de Estado de Justicia a Pablo Zapatero Miguel. Buscando en Internet me sale que es Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid. En la referencia del Consejo de Ministros se dice de él que viene desempeñando desde 2016 el puesto de secretario general técnico del Consejo General de la Abogacía Española (SGT) y corresponsable de la elaboración y ejecución de su primer Plan Estratégico 2016-2019. Previamente, entre 2009 y 2011 fue director de Gabinete de la Secretaría de Estado de Justicia, y responsable de la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del Ministerio de Justicia. Asimismo, ha sido director técnico de los informes de las Comisiones de Demarcación y Planta y Modernización del lenguaje jurídico encargados por el Consejo de Ministros, responsable de estudios jurídicos del Laboratorio de Ideas de la Fundación Alternativas, Observador de Largo Plazo en Nepal con el Centro Carter, para la mediación de James Carter entre el Gobierno y la guerrilla, así como miembro fundador del equipo de empresas y derechos humanos de Amnistía Internacional, entre otras actividades. Ha publicado en materia de políticas públicas, derecho e innovación regulatoria en revistas científicas con calificación JCR tales como Journal of World Trade, Global Jurist, International Journal of Cultural Policy o Global Public Health, entre otras. Asimismo, ha sido investigador visitante en instituciones como la Universidad de Columbia, el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, la Organización Mundial del Comercio, o las Universidades de Lancaster o Arizona, entre otras. Asimismo, en 2003 recibió el Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III y el Premio a la Excelencia para investigadores menores de 45 años en 2015, de su Consejo Económico y Social. Por último, ha producido software que recibió el Premio a la innovación tecnológica de Sony en 2015.

Mayor enjundia creo que tiene, porque afecta de lleno al DIPr., el segundo nombramiento: el de Sofía Puente Santiago como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. ¿Que Dirección General es esa, preguntará alguno? Pues parece que según el Real Decreto por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, que se ha aprobado también en el Consejo de Ministros, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública es el nuevo nombre que se da a la Dirección General de los Registros y del Notariado (¡que en paz descanse!) y que pasa a depender orgánicamente de la Secretaría de Estado de Justicia, es decir, de Pablo Zapatero Miguel. La referencia del CM es bastante escueta sobre los méritos de la nueva directora general: nacida en Valladolid en 1970; licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid en 1993; ingreso en la carrera Fiscal en 1996. Destinos en las Fiscalías de Cádiz, Plasencia, Zamora, Palencia y Valladolid; Fiscal delegada de violencia sobre la mujer; Directora del CEJ 2010-2012; Vocal del Consejo Fiscal 2014-2018.

Por tanto, a partir de ahora, la jefa de los encargados de los registros, de los registradores y de los notarios va a ser una Fiscal. Y deberemos olvidar el viajo acrónimo 'DGRN' para empezar a hablar de la 'DGSJFP'. El nuevo acrónimo me parece impronunciable -al menos para quien no hable polaco-, por lo que propondría denominarla la 'Seju y Fepe', o 'SEJUFEP', o la 'DeGe de SeJu y Fepe'.  A mí se me plantea un problema serio: ¿qué voy a hacer a partir de ahora con la etiqueta 'DGRN' de mi blog? ¿Cambiarla por 'DGSJFP' y que luego venga otro Gobierno y con buen criterio vuelva a cambiar la denominación?

Leo el nuevo nombre de la Dirección General y lo primero que me viene a la mente es que su 'creador' debería haberse apuntado a un curso de 'Brandoffon' (o 'Brand-off-on'), porque adaptar el clásico y consolidado nombre de, nada menos, la DGRN a los nuevos tiempos no consiste en inventar un nuevo nombre de difícil abreviatura y peor pronunciación. Y si el 'Brandoffon' resulta demasiado modernillo, al menos debería tener un Máster en 'Branding'. En fin, creo que esto va a darnos entretenimiento para una temporadilla.