Bibliografía (Revista de revistas) - Diario La Ley Unión Europea n. 103 (mayo 2022)

Trabajos publicados en el Diario La Ley Unión Europea, núm.  103, de día 31 de mayo de 2022:

 

TRIBUNA
- Luis González Vaqué, Unión Europea – Reino Unido: ¿Quién ganará la “competición”?

A principios de este año, el Gobierno del Reino Unido publicó un Informe titulado «The Benefits of Brexit: How the UK is taking advantage of leaving the EU». Sin duda alguna, se trata más de un documento propagandístico, a mayor honor y gloria de un discutible y criticado Primer Ministro que, en esos momentos, corría el riesgo de ser derribado por su propio partido, que un programa de acción (actividades y legislación).

ESTUDIOS
- Dário Moura Vicente, En el décimo aniversario del Reglamento Bruselas I bis: algunas cuestiones problemáticas

En el año en que se conmemora el décimo aniversario del Reglamento Bruselas I bis, su aplicación deberá someterse a una evaluación que podrá ir acompañada de propuestas para su revisión. Este estudio analiza tres cuestiones en las que la aplicación del Reglamento ha planteado dificultades y que merecen ser consideradas en el contexto de su posible revisión: la exclusión del arbitraje, la competencia en materia de culpa in contrahendo y la competencia para conocer de la nulidad de patentes y otros títulos de propiedad industrial.

REGULACION
- Dionisio Fernández de Gatta Sánchez, La política sobre igualdad y no discriminación de la Unión Europea: de las primeras medidas a los últimos avances

La igualdad es uno de los valores más apreciados en la Unión Europea, al tener una estrecha relación con la libertad. La plasmación de los principios de igualdad y de no discriminación en los Tratados europeos originales tuvo connotaciones vinculadas al trabajo, para tiempo después incluirse ya como principio general en los Tratados vigentes. Basándose en ellos, la Unión Europea ha desplegado una política propia en materia de igualdad, que se estructura en documentos estratégicos, que establecen la filosofía de acción en la materia, y en las normas aprobadas, principalmente Directivas, desde los años 70 del siglo XX hasta la actualidad, con una Estrategia nueva y algunas interesantes propuestas. Con esta estructura, el trabaja analiza esa política y los avances alcanzados.

SENTENCIAS SELECCIONADAS
- Georgina Garriga Suau, El art. 13.3º del Reglamento 1215/2012 no puede ser invocado por el tercero perjudicado para demandar al responsable del daño (asegurado)

El Tribunal de Justicia confirma que el tercero perjudicado no puede utilizar el art. 13.3º del Reglamento 1215/2012 con el propósito de demandar conjuntamente, ante los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandante, a la aseguradora de responsabilidad civil [art. 13.3º y 11.1º.b) del Reglamento 1215/2012] y al responsable del daño (asegurado), dado que ello situaría a este último demandado en indefensión al privarle de las reglas de competencia general y especiales que el propio Reglamento incorpora en sus secciones 1 y 2 del capítulo II.

- Dorina C. Suciu, La problemática confluencia entre el ordenamiento jurídico europeo y el derecho internacional de las inversiones: un capítulo más en la saga Micula

Esta contribución tiene por objeto analizar la esperada sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto European Food, un referente más de la jurisprudencia sobre la compatibilidad de los arbitrajes intra-UE con el ordenamiento jurídico europeo, y el capítulo más reciente de la controversia arbitral en materia de inversiones Micula c. Rumanía. La repercusión de esta resolución se comentará en atención a sus efectos sobre dos grandes ámbitos jurídicos, a saber: el derecho europeo sobre ayudas de Estado y la política europea de inversiones. Por cuanto atañe al Derecho de la UE, el tribunal precisó los principios rectores del régimen jurídico de las ayudas de Estado, en particular, la fecha relevante a los efectos de determinar si el cumplimiento de un laudo arbitral puede constituir una ayuda de Estado ilegal, aun sin responder a la pregunta más general de si, en efecto, el cumplimiento de un laudo puede constituir ayuda de Estado prohibida. Por otra parte, el asunto perpetúa la siempre controvertida confluencia entre el ordenamiento jurídico europeo y el derecho internacional de las inversiones, y crea cierta incertidumbre acerca del futuro del arbitraje de inversiones intra-UE, en la medida en que parece reinterpretar y ampliar los principios instaurados con la sentencia Achmea.

- Federico F. Garau Sobrino, La declaración de bienes y derechos situados en el extranjero mediante el «modelo 720» y el libre movimiento de capitales. Crónica de una condena anunciada

En la Sentencia de 27 de enero de 2022 en el asunto C-788/19 (Comisión/España), el Tribunal de Justicia ha declarado que España ha incumplido las obligaciones que le imponen el art. 63 TFUE y el art. 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al someter el incumplimiento o el cumplimiento parcial o extemporáneo de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero mediante el «Modelo 720» a las siguientes consecuencias: considerar la tributación de las rentas no declaradas correspondiente al valor de dichas activos como «ganancias patrimoniales no justificadas’, sin posibilidad en la práctica de beneficiarse de su prescripción; con multa proporcional del 150% del impuesto calculado sobre las cantidades que correspondan al valor de dichos bienes o derechos, que puede acumularse con multas de cantidad fija; y con multas de cuantía fija cuyo importe no guarda proporción con las sanciones previstas para infracciones similares en un contexto puramente nacional y cuyo importe total no está limitado. Esta Sentencia tiene consecuencias no solo para las futuras obligaciones de información, sino también para las declaraciones presentadas y sancionadas desde el año 2012, fecha en la que se aprobó la normativa objeto de la Sentencia.

- Silvia Feliu Álvarez de Sotomayor, La localización del lugar de prestación de servicios como criterio atributivo de jurisdicción en materia de contratos de transporte aéreo de pasajeros

La localización del lugar de prestación de servicios como criterio atributivo de jurisdicción ha requerido la interpretación del TJUE en múltiples ocasiones. El motivo es que no es sencillo localizar dicho criterio cuando se presenta una pluralidad de localizaciones, que dificultan la concreción del foro basado en el art. 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento (UE) 1215/2012 (RBIbis). Una dificultad que se presenta en el marco de la contratación de transporte aéreo de pasajeros, cuya solución pasa por una aplicación conjunta del foro y de las sucesivas interpretaciones del TJUE. La más reciente ha sido la emitida mediante sentencia de 3 de febrero de 2022, LOT Polish Airlines, C-20/21, que realiza una interpretación restrictiva de la localización de la prestación del servicio.

- Albert Font i Segura, La nacionalidad como factor distintivo en la atribución de competencia judicial internacional en materia matrimonial

El TJUE determina que, con el fin de atribuir la competencia judicial internacional a la jurisdicción de un Estado miembro en materia de disolución del vínculo matrimonial, no es comparable la situación en la que se encuentra un demandante que abandonó la residencia habitual común de la pareja para trasladarse, como consecuencia de una crisis conyugal, al Estado miembro cuya nacionalidad posee, que la situación en la que se encuentra un demandante que se traslada a un Estado miembro sin poseer su nacionalidad. Por consiguiente, la exigencia de un plazo más prolongado de residencia habitual en el Estado miembro cuya nacionalidad no se posee como criterio para atribuir la competencia judicial internacional no constituye una discriminación por razón de la nacionalidad.

- José Luis Monereo Pérez, Sheila López Vico, De nuevo en torno a la ordenación del tiempo de trabajo: igualdad de trato y protección de la salud y seguridad de los trabajadores nocturnos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha continuado en los primeros meses de este año 2022 analizando los problemas interpretativos que han surgido en torno a la ordenación legal del tiempo de trabajo, cuestión en la que inevitablemente también está presentando una especial incidencia las nuevas tendencias laborales y empresariales de la cuarta revolución industrial. En concreto, entra en este caso el TJUE en el análisis y aclaración de las dudas interpretativas que surgen en la aplicación de la Directiva 2003/ 88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, en la modalidad de trabajo nocturno. Las cuestiones prejudiciales planteadas en la sentencia objeto de análisis examinan por un lado las posibles medidas que pueden ser adoptadas en aras de garantizar la adecuada protección de la salud y seguridad de dichos trabajadores, ampliando en este punto el tribunal el punto de mira y señalando que no tienen por qué limitarse únicamente dichas medidas a reducir la jornada de trabajo, y por otro lado, se entra a analizar la posible existencia de una desigualdad de trato en la normativa nacional búlgara entre trabajadores nocturnos públicos y privados.

- Pedro Alberto de Miguel Asensio, Nuevas perspectivas acerca de la ejecución de resoluciones de terceros Estados en la Unión Europea

Se analiza la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de abril de 2022 en el asunto H Limited y sus importantes implicaciones en relación con el reconocimiento y ejecución en los Estados miembros de la UE de resoluciones judiciales de terceros Estados. La disparidad entre los Estados miembros de sus regímenes de reconocimiento y ejecución de resoluciones de terceros Estados puede facilitar comportamientos oportunistas. Esta constatación refuerza la conveniencia de abordar de cara al futuro la unificación en el seno de la Unión del régimen de reconocimiento y ejecución de las resoluciones de terceros Estados.

- Alberto J. Tapia Hermida, Honorarios de abogados y defensa del consumidor en los litigios sobre cláusulas abusivas: un equilibrio inestable

Este artículo comenta la Sentencia de 7 de abril de 2022 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la UE dictada en el asunto C-385/20 que trata de la compatibilidad del procedimiento español de tasación de costas con el régimen europeo de las cláusulas abusivas en los contratos bancarios celebrados con consumidores establecido en la Directiva 93/13/CE.