Tribunal de Justicia de la Unión Europea

SENTENCIAS

-Asunto C-192/12 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 28 de junio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus — Finlandia) — Ejecución de una orden de detención europea dictada contra Melvin West (Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros — Orden de detención europea dictada a efectos de ejecución de una pena privativa de libertad — Artículo 28 — Entrega ulterior — «Cadena» de órdenes de detención europeas — Ejecución de una tercera orden de detención europea contra la misma persona — Concepto de «Estado miembro de ejecución» — Consentimiento a la entrega — Procedimiento prejudicial de urgencia).

Nota: Véase la entrada de este blog del día 28.6.2012.

NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-265/12: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Brussel (Bélgica) el 29 de mayo de 2012 — Citroën Belux NV/Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF).

Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe el artículo 3, apartado 9, de la Directiva 2005/29/CE interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición, como el artículo 72 de la WMPC [Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Ley relativa a las prácticas comerciales y a la protección del consumidor)], que — sin perjuicio de los supuestos enumerados en la Ley con carácter limitativo — prohíbe de manera general toda oferta conjunta al consumidor siempre que por lo menos una parte de ésta constituya un servicio financiero?
2) ¿Debe el artículo 56 TFUE, relativo a la libre prestación de servicios, interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición, como el artículo 72 de la WMPC, que — sin perjuicio de los supuestos enumerados en la Ley con carácter limitativo — prohíbe de manera general toda oferta conjunta al consumidor siempre que por lo menos una parte de ésta constituya un servicio financiero?"

-Asunto C-293/12: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Ireland (Irlanda) el 11 de junio de 2012 — Digital Rights Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine and natural resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Irlanda y Attorney General.

Cuestiones planteadas:
"1) ¿Es incompatible la restricción de los derechos del demandante en relación con el uso de telefonía móvil derivada de los requisitos establecidos en los artículos 3, 4, y 6 de la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE, con el artículo 5, apartado 4, TUE, en la medida en que resulta desproporcionada e innecesaria o inadecuada para lograr los objetivos legítimos de:
a) garantizar que los datos estén disponibles con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves?
y/o
b) garantizar el funcionamiento adecuado del mercado interior de la Unión Europea?
2) En particular:
i) ¿Es compatible la Directiva 2006/24/CE con el derecho de los ciudadanos a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros establecido en el artículo 21 TFUE?
ii) ¿Es compatible la Directiva 2006/24/CE con el derecho al respeto de la vida privada establecido en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH)?
iii) ¿Es compatible la Directiva 2006/24/CE con el derecho a la protección de los datos de carácter personal establecido en el artículo 8 de la Carta?
iv) ¿Es compatible la Directiva 2006/24/CE con el derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 11 de la Carta y en el artículo 10 CEDH?
v) ¿Es compatible la Directiva 2006/24/CE con el derecho a una buena administración previsto en el artículo 41 de la Carta?
3) ¿En qué medida exigen los Tratados, y en particular el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, a los órganos jurisdiccionales nacionales indagar y evaluar la compatibilidad de las medidas nacionales de transposición de la Directiva 2006/24/CE con respecto a las garantías que otorga la Carta de los Derechos Fundamentales, incluido su artículo 7 (en relación con el artículo 8 CEDH)?"

[DOUE C258, de 25.8.2012]