Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.7.2012.
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.7.2012.
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.7.2012.
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.7.2012.
Cuestión plantenada: "¿Debe interpretarse la expresión «motivos razonables» que figura en el artículo 2, letra j), del Reglamento nº 261/2004 en el sentido de que únicamente comprende los motivos directamente relacionados con la persona del pasajero que pongan en riesgo la seguridad del tráfico aéreo o de los demás pasajeros o que afecten a otros intereses, públicos o contractuales, o pueden ser asimismo «motivos razonables» otros motivos ajenos a la persona del pasajero como, por ejemplo, casos de fuerza mayor?"
Cuestiones planteadas:"1) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva 95/46/CE en el sentido de que el registro del tiempo de trabajo, es decir, la indicación de las horas en que cada trabajador inicia y finaliza la jornada, así como de las pausas o períodos no incluidos en ésta, queda comprendido en el concepto de datos personales?2) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿está obligado el Estado portugués, en virtud del artículo 17, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE, a prever medidas técnicas y de organización adecuadas para la protección de los datos personales contra la destrucción, accidental o ilícita, la pérdida accidental y contra la alteración, la difusión o el acceso no autorizados, en particular cuando el tratamiento incluya la transmisión de datos dentro de una red?3) Asimismo, en caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, cuando el Estado miembro no adopte ninguna medida en cumplimiento del artículo 17, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE y cuando la entidad empleadora, responsable del tratamiento de esos datos, adopte un sistema de acceso restringido a tales datos que no permita el acceso automático de la autoridad nacional competente para la supervisión de las condiciones laborales, ¿debe interpretarse el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea en el sentido de que el Estado miembro no puede sancionar a la entidad empleadora por dicho comportamiento?"
Cuestión planteada: "A la luz de las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE y 2009/103/CE que regulan el seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, ¿puede prever la legislación interna de un Estado miembro –mediante la cuantificación obligatoria ex lege únicamente de los daños derivados de accidentes de tráfico– una limitación de hecho (en cuanto a la cuantía) de la responsabilidad por daños no patrimoniales que corresponde a las entidades (compañías aseguradoras) obligadas en virtud de dichas Directivas a garantizar el seguro obligatorio por los daños derivados de la circulación de vehículos automóviles?"
[DOUE C295, de 29.9.2912]Cuestiones planteadas:"1) ¿En qué circunstancias, en su caso, un período de encarcelamiento puede considerarse período de residencia legal a efectos de adquirir un derecho de residencia permanente en virtud del artículo 16 de la Directiva 2004/38?2) Si el período de encarcelamiento no constituye un período de residencia legal, ¿puede una persona que ha cumplido una pena de prisión sumar los períodos de residencia anteriores y posteriores a su encarcelamiento a efectos de calcular el período de cinco años necesario para adquirir un derecho de residencia permanente en virtud de la Directiva?"
Nota: Este Reglamento sustituye al Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas adoptado el 19 de junio de 1991, en su versión modificada por última vez el 24 de mayo de 2011 (véase la entrada de este blog del día 22.6.2011).
Nota: De acuerdo con la disposición derogatoria única, se deroga la Orden EHA/664/2010, de 11 de marzo (véase la entrada de este blog del día 18.3.2012).
Véase la corrección de errores correspondiente.
Nota: Cabe destacar las siguiente modificaciones del Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo:-El nuevo art. 134.4 del RD 563/2010 (modificado por el artículo tercero, apartado treinta y cinco) y el art. 136.4 (modificado por el artículo tercero, apartado treinta y siete) exigen que para la adquisición de determinados artículos debe anotarse, en su caso, el Número de Identidad de Extranjero (NIE) o documento identificativo equivalente.-El artículo tercero, apartado cuarenta y siete, modifica el art. 164.1 del RD 563/2010, que pasa a tener la siguiente redacción: "Cuando se trate de una transferencia de cartuchería desde otro Estado miembro de la Unión Europea a España, el suministrador o el destinatario, antes de la expedición de la mercancía, presentará el permiso de transferencia expedido por las autoridades del Estado de procedencia y solicitará la autorización correspondiente a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil..."-El artículo octavo, número seis, de la presente disposición añade dos últimos párrafos al apartado 3 de la Instrucción técnica complementaria número 8 (ITC 8) del RD 563/2010, en relación con las exigencias a empresas de expertos que realizan espectáculos con artificios pirotécnicos. Se mantiene el mismo inciso inicial, referido a la documentación que debe aportarse por tales empresas: "En caso de que la empresa de expertos sea extranjera deberá presentar estos documentos o equivalentes debidamente traducidos al menos al castellano".-El artículo decimosexto modifica la Instrucción técnica complementaria número 17 (ITC 17) del RD 563/2010. Su número seis modifica su apartado 10, referido a modificaciones. El número 2.1.a), que se ocupa de las solicitudes para la autorización de la instalación de los establecimientos de venta de artículos pirotécnicos, establece que éstas deben ir acompañadas de un proyecto técnico que incluirá determinada documentación, entre la que figura el consentimiento para la consulta de los datos de identidad personal de los titulares del establecimiento. En caso "de no constar el consentimiento para la consulta de los datos, deberá acompañarse fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en el caso de extranjeros, fotocopia de la Tarjeta de Identidad de Extranjero o de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. En el caso de ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de cualquier otro Estado al que se extienda por Convenio Internacional el régimen previsto para los anteriores, presentarán copia de su certificado de registro, al que deberán acompañar asimismo copia de su Documento Nacional de Identidad o pasaporte, documentos que deberán estar en vigor".
El presente Reglamento tiene como objetivo el buen funcionamiento del mercado interior suprimiendo los obstáculos a la libre circulación de aquellas personas que actualmente encuentran dificultades a la hora de ejercer sus derechos en situaciones de sucesión mortis causa con repercusiones transfronterizas. Se considera que en el espacio europeo de justicia es imperativo que los ciudadanos puedan organizar su sucesión, por lo que es preciso garantizar de manera eficaz los derechos de los herederos y legatarios y de las personas próximas al causante, así como de los acreedores de la herencia. Con tal finalidad reúne las disposiciones sobre competencia, ley aplicable y reconocimiento, o, en su caso, aceptación, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones, los documentos públicos y las transacciones judiciales, así como sobre la creación de un certificado sucesorio europeo.Nota: Véase el Reglamento (UE) nº 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, así como la entrada de este blog del día 27.7.2012.
El TJ considera que, tratándose de un proceso prolongado en el tiempo que pretende realizar cierta circunstancia o dar lugar a cierto hecho, pueden constituir información de carácter concreto no sólo esa circunstancia o ese hecho sino también las fases intermedias de ese proceso que están ligadas a la realización de dicha circunstancia o hecho. En concreto, una fase intermedia de un proceso prolongado en el tiempo puede constituir por sí misma una serie de circunstancias o un hecho según el sentido que co-múnmente se atribuye a esos términos. Esa interpretación es válida no sólo para las fases que ya existen o ya se han producido, sino también para las fases que puede esperarse razonablemente que existirán o que se producirán.Nota: Véase la Sentencia del TJUE de 28.6.2012, en el Asunto C‑19/11 (Geltl).
Nota: Véase el Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial, de 18 de marzo de 1970.
Nota: Este Acuerdo entrará en vigor el 1.10.2012 tras haberse ultimado el 2 de agosto de 2012 el procedimiento establecido en su artículo 9, apartado 1.Véase el Acuerdo entre la UE y Brasil de 8 de noviembre de 2010, así como la entrada de este blog del día 21.9.2012.
Nota: Véase la Orden de 21 de septiembre de 2012, así como la entrada de este blog del día 25.9.2012.
Nota: La cuestión de fondo resuelta en esta Resolución es si en el caso de nombramiento de dos consejeros de nacionalidad extranjera, cuyos datos de identificación se establecen por lo que ya consta en sus respectivos pasaportes, es necesaria para su inscripción en la hoja de la sociedad la constancia o acreditación de su NIE.Como indica la DGRN, este tema fue ya resuelto en la Resolución de 18.1.2012, por lo que ahora se vuelven a repetir, mediante la técnica de "copy - paste" los mismos argumentos utilizados hace unos meses (¡cuánto papel, tiempo y dinero perdido en repeticiones innecesarias!). La repetición llega hasta tal punto que se copia milimétricamente una referencia a una norma derogada: el art. 101 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre (vid. Vistos y Fundamento de Derecho tercero). Desde el 30.6.2011, este Reglamento ha sido sustituido por el nuevo Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011, y la escritura en la que se contienen los acuerdos sociales es de 23.3.2012, es decir, casi nueve meses después de la derogación del antiguo Reglamento.
Ya que estamos de repeticiones, voy a copiar lo mismo que dije en este blog comentando la Resolución de 18.1.2012 (véase la entrada de este blog del día 9.2.2012): "sería conveniente que la DGRN no utilizase en su argumentación ni, por ende, aplicase normas derogadas en el momento de producirse los hechos".El tema tiene una solución muy fácil y sencilla: basta que se cite el art. 206 del Real Decreto 557/2011, que es copia prácticamente literal del art. 101 del derogado Real Decreto 2393/2004. Pues eso, a ver si la próxima vez se cita la norma actualizada. ¡Se admiten apuestas!
-Real Decreto 1369/2012, de 27 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña María Amparo Camarero Olivas como Secretaria General de Universidades.-Real Decreto 1370/2012, de 27 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Federico Morán Abad como Director General de Política Universitaria.-Real Decreto 1372/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Secretario General de Universidades a don Federico Morán Abad.-Real Decreto 1373/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Director General de Política Universitaria a don Jorge Sainz González.
Espero que estos cambios no nos hagan suspirar el conocido "¡Virgencita, que me quede como estaba!"
Fallo del Tribunal:"1) La Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro, ante el que se ha presentado una solicitud de asilo, está obligado a conceder las condiciones mínimas de acogida de los solicitantes de asilo previstas por dicha Directiva incluso a un solicitante de asilo respecto del cual decide, conforme al Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, requerir a otro Estado miembro para que se haga cargo de tal solicitante o lo readmita como Estado miembro responsable del examen de su solicitud de asilo.2) La obligación del Estado miembro, ante el que se ha presentado una solicitud de asilo, de conceder las condiciones mínimas previstas por la Directiva 2003/9 a un solicitante de asilo respecto del cual decide, conforme al Reglamento nº 343/2003, requerir a otro Estado miembro para que se haga cargo de él o lo readmita como Estado miembro responsable del examen de su solicitud de asilo, deja de existir cuando el Estado miembro requirente lleva a cabo el traslado efectivo de ese solicitante y la carga económica de la concesión de tales condiciones mínimas corresponde a este último Estado miembro, al que incumbe dicha obligación."
Nota: El Abogado General propone al Tribunal contestar las cuestiones planteadas del siguiente modo:"1) El artículo 20 TFUE ha de interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro deniegue a un nacional de un tercer Estado el permiso para residir en su territorio por no disponer de medios de subsistencia suficientes, cuando dicho nacional pretende residir con su cónyuge, que es nacional de un tercer Estado y reside legalmente en dicho Estado miembro, y con el hijo, ciudadano de la Unión, nacido del primer matrimonio de su cónyuge.No procede interpretar de manera distinta esta disposición cuando el nacional de un tercer Estado convive con su cónyuge y el hijo de éste en el territorio del Estado miembro.Tampoco procede interpretar de manera diferente dicha disposición cuando el nacional de un tercer Estado ha regresado a su Estado de origen, pero tiene, con su cónyuge un hijo que es nacional de un tercer Estado, que reside en el Estado miembro en cuestión y que se encuentra bajo la responsabilidad conjunta de sus dos progenitores.2) En cambio, corresponderá al órgano jurisdiccional nacional apreciar si, al aplicar los criterios definidos por la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar y dentro de los límites del margen de apreciación de que dispone el Estado miembro en la materia, la autoridad nacional competente ha realizado una valoración justa y equilibrada de los intereses en juego, y en particular, si le ha guiado el afán de respetar la vida familiar de los interesados y de llegar a la mejor solución para el niño. En este contexto, dicha autoridad deberá examinar en profundidad la situación familiar y tener en cuenta las circunstancias particulares del caso, tanto de orden fáctico, como de carácter afectivo, psicológico o material."
Ponente: Soler Pascual, Luis Antonio.Nº de Sentencia: 132/2012Nº de RECURSO: 54/2012Jurisdicción: CIVILDiario La Ley, Nº 7932, Sección Jurisprudencia, 27 Sept. 2012
Nota: Estas Instrucciones entran en vigor mañana, derogando y sustituyendo a las Instrucciones de 19 de septiembre de 2007.
Nota: Estas Instrucciones, dirigidas a los representantes de las partes, se refieren a la manera de presentar los escritos procesales y pretenden garantizar el correcto desarrollo de la vista. Entrarán en vigor mañana, derogando y sustituyendo a las Instrucciones de 25 de enero de 2008.
Fallo del Tribunal: "Una medida nacional que impida la introducción en Islandia de coronas islandesas compradas en el mercado offshore, es compatible con el artículo 43, apartados 2 y 4, del Acuerdo EEE en circunstancias como las del asunto pendiente ante el Tribunal."
El 70 aniversario de la muerte de Edith Stein (Auschwitz, 9 de agosto de 1942) —extraordinaria docente e investigadora y una de las más destacadas intelectuales del pasado siglo XX— sea acaso el pretexto y el reto para esta reflexión acerca de la enseñanza y la investigación en Derecho en la actual Universidad española. Desde la perspectiva de la actividad docente de los autores, se han tomados tres cuestiones a su entender claves en la vida diaria del profesor universitario: la docencia como servicio al estudiante, la investigación como servicio de creación intelectual y el nexo principal entre docencia e investigación: la formación de jóvenes profesores. Algunas reflexiones de Edith Stein acerca de sus profesores, de la docencia, del proceso creativo intelectual y de la formación de futuros profesores han servido a los autores de hilo conductor para las ideas que que ofrecen en su trabajo y que dedican a la memoria de su compañera Puerto Rodríguez Montañés.
Ponente: Buceta Miller, Emilio.Nº de Sentencia: 41/2012Nº de RECURSO: 45/2012Jurisdicción: PENALLA LEY 105189/2012Diario La Ley, Nº 7931, 26 Sep. 2012
CONFERENCIA INAUGURAL/OPENING LECTURE
La prejudicialidad en la Unión Europea. La perspectiva del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional españoles, SALA SÁNCHEZ, P.
PARTE 1: SISTEMA JURÍDICO-INSTITUCIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA/INSTITUTIONAL SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION-Ponencia/General Report: Tendencias recientes en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE: sistema jurídico-institucional de la UE, SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUDERO, D.-¿Centralidad de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en la jurisprudencia del TJUE tras Lisboa? (Sentencia de 22 de diciembre de 2010, as. DEB, C-279/09), IGLESIAS SÁNCHEZ, S.-Comentarios a la contribución de S. Iglesias Sánchez/Comments to S. Iglesias’s paper: El tiempo de la efectividad de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, BURGORGUE-LARSEN, L.-La protección de datos personales en la jurisprudencia europea después del Tratado de Lisboa, ORDÓÑEZ SOLÍS, D.-Comentarios a la contribución de D. Ordóñez Solís/Comments to D. Ordóñez’s paper: El derecho a la protección de datos en la UE, MELERO ALONSO, E.-A particular articulation of judicial activism of the CJUE in its approach towards International Law, CEBULAK, P.-Comentarios a la contribución de P. Cebulak/Comments to P. Cebulak’s paper: Judicial activism in the ECJ approach towards International Law, RIPOL CARULLA, S.-El paradigma conceptual de los jueces tejedores, LAZARI, A.-Las directivas sobre medio ambiente y su trasposición al ordenamiento interno. Efecto útil e incumplimiento del Estado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, CHINCHILLA PEINADO, J. A. y RODRÍGUEZ-CHÁVEZ MIMBRERO, B.-La identidad constitucional examinada por el Tribunal de Justicia de la UE (El caso de la sentencia del TJUE, Sala segunda, de 22 de diciembre de 2010, as. Sayn-Wittgenstein, C-208/09), ROJAS, D.
PARTE 2: COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL EN MATERIA PENAL/POLICE AND JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS-Ponencia/General Report: Tendencias recientes en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE: cooperación policial y judicial en materia penal, MAPELLI MARCHENA, C.
PARTE 3: DERECHO DE LA COMPETENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA/EUROPEAN UNION COMPETITION LAW-Ponencia/General Report: Recent developments of EU competition case-law: Parent-subsidiary liability, proportionality and scope of control exercised by the General Court and acces to documents not included in the Commission file, BERMEJO GUTIÉRREZ, N.-Tomra, fidelity rebates and new approaches to abuse of dominant position, MIRALLES MURCIEGO, G.-Comentarios a la contribución de G. Miralles Murciego/Comments to G. Miralles’s paper: The Tomra case, VIDAL MARTÍNEZ, P.-La corresponsabilidad de la matriz por infracción de la filial en el Derecho de la competencia. Un análisis de la última jurisprudencia del TJUE, CERDÁ MARTÍNEZ-PUJALTE, C. M.-Comentarios a la contribución de C. Cerdá Martínez-Pujalte/Comments to C. Cerda’s paper: El tratamiento de las sociedades matrices y filiales en el Derecho de la competencia, ALONSO SOTO, R.-The role of the ECJ in re-defining the relationship between EU competition Law enforcement and the European Convention of Human Rights, DORIS, M. y MARCO COLINO, S.
PARTE 4: CIUDADANÍA DE LA UNIÓN EUROPEA Y LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS/EUROPEAN UNION CITIZENSHIP AND FREE MOVEMENT OF PERSONS-Ponencia/General Report: Recent trends in the case-law of the Court of Justice of the EU: EU citizenship, FLYNN, L.-Union citizenship after Ruiz Zambrano or how many rights are there in a status?, DÜSTERHAUS, D.-Comentarios a la contribución de D. Düsterhaus/Comments to D. Düsterhaus’s paper: The Ruiz Zambrano case, GAROT, M. J.-La Directiva «retorno» y el alcance de la armonización del procedimiento de expulsión de extranjeros (Comentario a la sentencia del TJUE de 28 de abril de 2011, as. El Dridi C-61/11 PPU), GONZÁLEZ SAQUERO, P.-Comentarios a la contribución de P. González Saquero/Comments to P. González’s paper: La sentencia del TJUE en el asunto El Dridi, VELASCO CABALLERO, F.-El asilo en la UE: Los derechos humanos como límite al principio de reconocimiento mutuo, BORRAJO INIESTA, I.
PARTE 5: COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO/JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW-Ponencia/General Report: Recent trends in the case-law of the Court of Justice of the EU: Judicial cooperation in civil matters and Private International Law, RODRÍGUEZ PINEAU, E.-Jurisdiction in electronic contracts and torts. The development of the European Court’s case law, SAVIN, A.-Comentarios a la contribución de S. Savin/Comments to A. Savin’s paper: Jurisdiction in electronic contracts and torts. The development of the European Court’s case law, OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS, P.-The Aguirre Zarraga case: The freedom of circulation of judgments goes one step further, BIAGIONI, G.-Comentarios a la contribución de G. Biagioni/Comments to G. Biagioni’s paper: The European Court of Justice prioritises the abolition of exequatur over fundamental rights in Zarraga, BEAUMONT, P.-Que veinte años no es nada (A propósito de la sentencia del TJCE de 6 de octubre de 2009), CARRILLO POZO, L.-Comentarios a la contribución de L. Carrillo Pozo/Comments to L. Carrillo’s paper: Article 4 of the Rome I Regulation vs Article 4 of the 1980 Rome Convention, GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J.
PARTE 6: ACCIÓN EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA/EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTION-Ponencia/General Report: Recent trends in the case-law of the Court of Justice of the EU: The Kadi litigation and its constitutional consequences, CEBADA ROMERO, A.Shared competence and the EU member states´ obligation to refrain from unilateral external action: PFOS and beyond, THIES, A.-Comentarios a la contribución de A. Thies/Comments to A. Thies’s paper: No more Mr. Nice Guy: The evolution of the duty of sincere cooperation in EU external relations Law, DELGADO CASTELEIRO, A.-The BITs cases and their practical and doctrinal implications, DIMOPOULOS, A.Comentarios a la contribución de A. Dimopoulos/Comments to A. Dimopoulos’s paper: Between the authority of International Law and the autonomy of EU Law, WESSEL, R. A.
PARTE 7: MERCADO INTERIOR/INTERNAL MARKET-Ponencia/General Report: Recent trends in the case-law of the Court of Justice of the EU: The internal market, OLIVER, P.-Health care across borders. 2008-2011: A period of confirmations or reconsideration? The impact of the ECJ case law on national health care powers and the federalization of the EU, BOUCON, L.-Comentarios a la contribución de L. Boucon/Comments to L. Boucon’s paper: Health care across borders, FERNÁNDEZ VICIÉN, C. y LÓPEZ GARRIDO, T.-Recent trends in the case law of the Court of Justice of the EU (2008- 2011): The interplay between direct taxation and the internal market, PANTAZATOU, K.-Comentarios a la contribución de K. Pantazatou/Comments to K. Pantazatou’s paper: The interplay between direct taxation and the internal market, FERNÁNDEZ VICIÉN, C. y LÓPEZ GARRIDO, T.-Internal market and non-discriminatory tax obstacles. Analysis of the ECJ’s judgment in case C-67/08, Block, BARREIRO CARRIL, M. C.-Comentarios a la contribución de M. C. Barreiro Carril/Comments to M.C. Barreiro’s paper: Internal market and non-discriminatory tax obstacles. Analysis of the ECJ’s judgment in case C-67/08, Block, LÓPEZ ESCUDERO, M.-La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 21 de octubre de 2010, en el asunto Padawan (C-467/08), SÁNCHEZ ARISTI, R.-Comentarios a la contribución de R. Sánchez Aristi/Comments to R. Sánchez’s paper: Private copying and fair compensation: Implementation of the private use exception in the EU countries as it was interpreted by the European Court of Justice in the case SGAE v. Padawan, MINERO ALEJANDRE, G.-Liability for keyword advertising in the aftermath of the Google France decision of the CJEU: Is adwording that involves trademarks as keywords legal in Europe?, VANTSIOURI, P.-Limits of jurisprudence (ECJ) to regulatory powers of the Member States in the transposition of Directive 96/71, MOLINA MARTÍN, A. M.
PARTE 8: POLÍTICA SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA/EUROPEAN UNION SOCIAL POLICY-Ponencia/General Report: La jurisprudencia del TJUE en materia de política social (2010-2011), SANTAMARÍA DACAL, A. I.-Jurisprudencia del TJUE sobre igualdad de género, conciliación y protección de la maternidad, GÓMEZ FERNÁNDEZ, I.-La sentencia Roca Álvarez: Un nuevo punto de inflexión en materia de conciliación de la vida personal, familiar y profesional de los trabajadores autónomos europeos, BARRIOS BAUDOR, G. L.-Comentarios a las contribuciones de I. Gómez Fernández y G. L. Barrios Baudor/Comments to I. Gómez’s and G. L. Barrios’s papers, NOGUEIRA GUASTAVINO, M.-Comentarios a la sentencia del Tribunal de Justicia Heiko Koelzsch v. État du Grand-duché de Luxembourg, de 15 de marzo de 2011 (as. C-29/10), GÓMEZ CAMPELO, E.-Discriminación por asociación y nuevos enfoques de la tutela antidiscriminatoria en el empleo: El caso Coleman como leading case, MUÑOZ RUIZ, A. B.
CONFERENCIA DE CLAUSURA/CLOSING LECTURE:-El diálogo entre jurisdicciones, HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO, J.-Rights in Europe: The crowded house, CRUZ VILLALÓN, P.
"Últimas tendencias en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea"J. Díez-Hochleitner, C. Martínez Capdevila, I. Blázquez Navarro y J. Frutos Miranda (Coords.)La Ley - Madrid, septiembre 20121024 págs. - 125,00 € + IVAISBN: 978-84-9020-051-3
Nota: El art. 12.2 determina que pueden ser propuestos para esta recompensa en las categorías de Gran Cruz, plata y con distintivo blanco, entre otras personas, los miembros de las Fuerzas Armadas y personal extranjero. El art. 12.3 regula la formulación de las propuestas para estas personas.
Véase la corrección de errores, que afecta al art. 12.2 (he señalado en rojo el texto ahora corregido).
En este artículo se analiza el Reglamento 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la Ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo. La importancia de esta nueva regulación resulta de un hecho que las Instituciones de la Unión tienen por probado: la libre circulación de personas en la UE resulta entorpecida como consecuencia de los obstáculos que sufren cuando desean ordenar su sucesión «mortis causa» y también como efecto de los problemas que previsiblemente padecerán sus herederos cuando en la sucesión haya personas llamadas a la herencia de diferente nacionalidad, y/o bienes que se encuentren en diversos Estados miembros.Nota: Véase el Reglamento (UE) nº 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, así como la entrada de este blog del día 27.7.2012.
Nota: Véase la entrada de este blog del día 12.7.2012.
Nota: Véase la entrada de este blog del día 12.7.2012.
Nota: Véase la entrada de este blog del día 5.7.2012.
Nota: Véase la entrada de este blog del día 12.7.2012.
Nota: Véase la entrada de este blog del día 5.7.2012.
Nota: Véase la entrada de este blog del día 12.7.2012.
Nota: Véase la entrada de este blog del día 3.7.2012.
Cuestión planteada: "¿Tiene el pasajero de un vuelo derecho a una compensación con arreglo al artículo 7 del Reglamento, si la salida del vuelo inicial tiene un retraso inferior a los límites establecidos en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento, pero la salida del vuelo de conexión tiene un retraso superior a dichos límites, y la llegada al lugar de destino final se produce con al menos tres horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista?"
Cuestión planteada: "¿Se oponen las libertades de circulación y residencia que los artículos 20 TFUE y 21 TFUE confieren a los ciudadanos de la Unión a una normativa nacional en virtud de la cual la ayuda a la formación para cursar estudios en un centro educativo sito en un Estado miembro de la Unión Europea sólo podrá concederse a los nacionales alemanes que tengan un domicilio permanente en el extranjero cuando dicho centro esté situado en el país de residencia permanente o en un Estado vecino de este último y siempre que concurran circunstancias especiales que justifiquen la concesión de la ayuda en el caso concreto?"
Cuestiones planteadas:"1) ¿Debe interpretarse el artículo 21 del Código de fronteras Schengen en el sentido de que se opone al ejercicio de una competencia nacional como la conferida en el artículo 50 de la Vreemdelingenwet 2000 (Ley de extranjería de 2000) y desarrollada en el artículo 4.17a del Vreemdelingenbesluit 2000 (Decreto de extranjería de 2000), que faculta para realizar controles a personas dentro de las fronteras interiores, para comprobar si cumplen los requisitos de estancia legal que se aplican en el Estado miembro?2) a) ¿Se opone el artículo 21 del Código de fronteras Schengen a que se realicen controles nacionales, como los controles mencionados en el artículo 50 de la Vreemdelingenwet 2000, sobre la base de la información general y de la experiencia obtenidas en materia de estancia regular de personas en el lugar en que deban efectuarse el control, de conformidad con el artículo 4.17a, apartado 2, del Vreemdelingenbesluit 2000, o bien, para realizar dichos controles, deben existir datos concretos que indiquen que la persona controlada se halla de forma ilegal en el Estado miembro de que se trata?b) ¿Se opone el artículo 21 del Código de fronteras Schengen a que se realice tal control con vistas a obtener la información general y la experiencia en materia de estancia ilegal mencionadas en la letra a), si los controles se realizan en una medida limitada?3) ¿Debe interpretarse el artículo 21 del Código de fronteras Schengen en el sentido de que al limitar la competencia de control del modo descrito en una disposición legal como la del artículo 4.17a del Vreemdelingenbesluit 2000, se garantiza suficientemente que el control no produzca de hecho el efecto, prohibido en el artículo 21 del Código de fronteras Schengen, de una inspección fronteriza?"
Cuestiones planteadas:"1) ¿Debe interpretarse el artículo 21, apartado 5, de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO L 263, p. 11; en lo sucesivo, «Directiva 2009/103») en el sentido de que los poderes de los representantes para la tramitación y liquidación de siniestros comprenden un apoderamiento pasivo para notificaciones de la entidad aseguradora, de modo que en un procedimiento iniciado por el perjudicado contra la entidad aseguradora para obtener la reparación del siniestro una notificación judicial dirigida al representante designado por dicha empresa para la tramitación y liquidación de siniestros puede considerarse hecha a la entidad aseguradora que aquélla designó?En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:2) ¿Tiene el artículo 21, apartado 5, de la Directiva 2009/103 un efecto directo, de manera que el perjudicado puede invocarlo ante el órgano jurisdiccional nacional y el órgano jurisdiccional nacional debe considerar que una notificación dirigida al representante designado para la tramitación y liquidación de siniestros en su condición de «representante» de la entidad aseguradora ha sido válidamente efectuada a ésta aunque no se haya otorgado un mandato para recibir notificaciones y sin que el Derecho nacional establezca para dicho supuesto ope legis un apoderamiento para recibir notificaciones, cuando la notificación, por lo demás, cumple todos los requisitos establecidos por el Derecho nacional?"
Cuestiones planteadas: "¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión en el ámbito concreto de la garantía de los créditos salariales por insolvencia del empresario –en especial, los artículos 4 y 10 de la Directiva 80/987– en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que únicamente garantiza los créditos devengados dentro de los seis meses anteriores al ejercicio de la acción por insolvencia del empresario aun en el caso de que los trabajadores hayan actuado contra aquél ante el Tribunal do Trabalho al objeto de obtener la determinación judicial del importe adeudado y su cobro coercitivo?"
Cuestiones planteadas:"1) ¿Es el artículo 4 de la loi relative aux allocations aux handicapés, de 27 de febrero de 1987 conforme al Derecho europeo y, en particular, a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2010/C 83/02), concretamente, a los artículos 20, 21 y 26, en la medida en que excluye del disfrute de las prestaciones para personas con discapacidad, exclusivamente por razón de su nacionalidad, al extranjero que reside legalmente el Bélgica, que está inscrito en el registro de extranjeros y que presenta vínculos estrechos y duraderos con Bélgica, donde reside con su familia desde hace 12 años, con la particularidad de que dicho extranjero es nacional de un tercer Estado, candidato oficial a adherirse a la Unión Europea?2) ¿Es el artículo 26, apartado 4, de la loi spéciale sur la Cour d’arbitrage, de 6 de enero de 1989, conforme al Derecho europeo y, en particular, al artículo (267) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?"
Nota: El próximo 2 de octubre, el Sistema de Información de Visados (VIS) se pondrá en marcha en la tercera región determinada por la Decisión 2010/49/CE. La tercera región donde se debe iniciar la recogida y transmisión de datos para todas las solicitudes de visado comprende Afganistán, Bahrein, Irán, Irak, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
