Tribunal de Justicia de la Unión Europea

SENTENCIAS

- Asuntos acumulados C-722/23 y C-91/24, Rugu y Aucroix: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de junio de 2026 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Cour de cassation – Bélgica) – Procedimientos relativos a la ejecución de órdenes de detención europeas (Procedimiento prejudicial – Cooperación judicial en materia penal – Orden de detención europea – Decisión Marco 2002/584/JAI – Artículo 1, apartado 3 – Motivo de denegación de la ejecución – Riesgo de que la persona buscada sufra tratos inhumanos o degradantes prohibidos por el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – Artículo 4, punto 6 – Motivo de no ejecución facultativa – Compromiso del Estado miembro de ejecución de ejecutar la pena de conformidad con su Derecho interno – Decisión Marco 2008/909/JAI – Reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal – Artículo 4, apartado 5 – Solicitud del Estado miembro de ejecución al Estado miembro de emisión de que le transmita la sentencia por la que se impone una pena de prisión para la ejecución de esta en su territorio) [DO C, C/2026/3803, 27.7.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 4.6.2026.

- Asunto C-147/24, Safi: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de junio de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond – Países Bajos) – V / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Procedimiento prejudicial – Artículo 20 TFUE – Ciudadanía de la Unión – Directiva 2008/115/CE – Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular – Artículo 5, letras a) y b) – Obligación de tener en cuenta el interés superior del niño y la vida familiar – Artículo 6, apartado 2 – Resolución de la autoridad competente del Estado miembro de acogida por la que se deniega un derecho de residencia derivado en su territorio al nacional de un tercer país, progenitor de un menor de edad ciudadano de la Unión, y se le ordena dirigirse de inmediato a otro Estado miembro – Injerencia en el ejercicio del derecho de un ciudadano de la Unión a circular residir libremente en el territorio de los Estados miembros – Menor que nunca ha residido en un Estado miembro distinto de aquel del que es nacional – Derecho de residencia derivado del progenitor nacional de un tercer país en el Estado miembro del que es nacional el menor y en el que este reside – Derecho de residencia de dicho progenitor en otro Estado miembro – Artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – Derecho al respeto de la vida privada y familiar – Artículo 24, apartados 2 y 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales – Interés superior del niño) [DO C, C/2026/3805, 27.7.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 4.6.2026.

- Asunto C-560/24, Besthame: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de junio de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal – Irlanda) – R.S. / Minister for Justice (Procedimiento prejudicial – Ciudadanía de la Unión – Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros – Directiva 2004/38/CE – Artículo 3, apartado 1 – Beneficiarios – Miembros de la familia de un ciudadano de la Unión – Derecho de residencia derivado de un nacional de un tercer país – Naturalización posterior de dicho nacional de un tercer país – Artículo 35 – Fraude o abuso de derecho – Matrimonio de conveniencia – Ámbito de aplicación temporal – Facultad de investigación de las autoridades nacionales competentes sobre la existencia de un matrimonio de conveniencia) [DO C, C/2026/3807, 27.7.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 4.6.2026.

- Asunto C-621/24, Landkreis Schweinfurt: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 4 de junio de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundessozialgericht – Alemania) – Landkreis Schweinfurt / FB [Procedimiento prejudicial – Espacio de libertad, seguridad y justicia – Controles en las fronteras, asilo e inmigración – Política de asilo – Directiva 2013/33/UE – Normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional – Artículo 2, letra g) – Condiciones materiales de acogida – Artículo 17, apartado 2 – Exigencia relativa a la garantía de un nivel de vida adecuado – Solicitante de protección internacional que es objeto de una decisión de traslado – Concesión de condiciones materiales de acogida que no incluyen prestaciones en especie que cubran el vestido, los enseres y los bienes de consumo doméstico ni el pago de una asignación financiera destinada a la cobertura de las necesidades personales básicas – Artículo 20, apartado 1, letra c) – Reducción o retirada del beneficio de las condiciones materiales de acogida a causa de la presentación de una solicitud posterior – Directiva 2013/32/UE – Artículo 2, letra q) – Concepto de solicitud posterior – Aplicabilidad – Reglamento (UE) n.o 604/2013 – Procedimiento de determinación del Estado miembro responsable] [DO C, C/2026/3808, 27.7.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 4.6.2026.

- Asunto C-629/24, Costa Crociere y otros: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 4 de junio de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation – Francia) – MH / Costa Crociere SpA, Axyme Selàrl, Generali IARD SA, Hiscox Insurance Company Ltd, Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris / DI, DM, Croisière club SAS, Hiscox Insurance Company Ltd, Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-De-Dôme, Hiscox SA, WT [Procedimiento prejudicial – Transporte – Reglamento (CE) n.o 392/2009 – Responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente – Artículo 2 – Ámbito de aplicación – Artículo 3 – Responsabilidad y seguro – Artículo 7 – Información a los pasajeros – Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar – Artículo 3 – Responsabilidad del transportista en caso de muerte o lesiones de un pasajero – Artículos 6 y 7 – Límites de la responsabilidad – Directiva 90/314/CEE – Viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos combinados – Artículo 5 – Responsabilidad del organizador de viajes en relación con la buena ejecución del viaje combinado – Crucero – Daño corporal sufrido por un viajero a bordo del buque – Límites de la indemnización de conformidad con los convenios internacionales] [DO C, C/2026/3809, 27.7.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 4.6.2026.

- Asunto C-791/24, TERVE Production: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 4 de junio de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky – Eslovaquia) – TERVE Production, spol. s r.o. / Intesa Sanpaolo Holding International S.A. [Procedimiento prejudicial – Cooperación judicial en materia civil y mercantil – Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil – Reglamento (UE) n.o 1215/2012 – Artículo 7, puntos 1 y 2 – Competencias especiales – Materia contractual – Falta de aceptación por parte del accionista mayoritario de una sociedad del proyecto de contrato de adquisición de las acciones de las que es titular el accionista minoritario de dicha sociedad – Demanda de este accionista minoritario dirigida a suplir, mediante resolución judicial, la falta de aceptación por parte de dicho accionista mayoritario – Artículo 24, punto 2 – Competencia exclusiva – Demanda de carácter preliminar de ese accionista minoritario dirigida a impugnar la validez del acuerdo de una junta general de la misma sociedad por el que se aprobó la transmisión de las acciones restantes de esta a dicho accionista mayoritario] [DO C, C/2026/3810, 27.7.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 4.6.2026.

- Asunto C-198/25, Quotal: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de junio de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle – Países Bajos) – S / Minister van Asiel en Migratie (Procedimiento prejudicial – Espacio de libertad, seguridad y justicia – Política de asilo – Procedimientos comunes para la concesión y la retirada de la protección internacional – Directiva 2013/32/UE – Artículo 46 – Derecho a un recurso efectivo – Examen completo y ex nunc – Alcance de las competencias del órgano jurisdiccional de primera instancia – Examen de los hechos por el órgano jurisdiccional de primera instancia – Examen por el órgano jurisdiccional de primera instancia de las necesidades de protección internacional) [DO C, C/2026/3815, 27.7.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 4.6.2026.

- Asunto C-326/25, 03 Rayonno upravlenie na SDVR: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 4 de junio de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – CY / Vremenno prenaznachen na dlazhnost nachalnik na 03 Rayonno upravlenie na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti [Procedimiento prejudicial – Espacio de libertad, seguridad y justicia – Cooperación policial – Sistema de Información de Schengen – Decisión 2007/533/JAI – Reglamento (UE) 2018/1862 – Descripción sobre un vehículo de motor para su incautación o utilización como prueba en un proceso penal – Orden de entrega de un vehículo descrito en el Sistema de Información de Schengen – Normativa nacional que excluye la intervención de la persona que estaba en posesión del objeto descrito en los procedimientos administrativos y judiciales de entrega del objeto al Estado miembro emisor] [DO C, C/2026/3816, 27.7.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 4.6.2026.

- Asunto C-440/25, Ebilum: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de junio de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle – Países Bajos) – PM, QN, RM, SM, TM, UM, VM, WM / Minister van Asiel en Migratie (Procedimiento prejudicial – Espacio de libertad, seguridad y justicia – Política de asilo – Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional – Directiva 2013/32/UE – Artículo 46 – Derecho a un recurso efectivo – Examen completo y ex nunc – Alcance de las competencias del órgano jurisdiccional de primera instancia – Examen de los hechos por el órgano jurisdiccional de primera instancia – Examen por el órgano jurisdiccional de primera instancia de las necesidades de protección internacional – Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria – Directiva 2011/95/UE – Requisitos para el reconocimiento del estatuto de refugiado a los nacionales de terceros países – Artículo 2, letra d) – Fundados temores a ser perseguido – Apreciación) [DO C, C/2026/3819, 27.7.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 4.6.2026.

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-64/26, Hoffgeger: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 6 de febrero de 2026 – RS [DO C, C/2026/3823, 27.7.2026]

Cuestión prejudicial:
"¿Es aplicable la competencia prevista en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, también a una acción de un heredero forzoso ejercitada frente al heredero mediante la que se solicita el pago de una cantidad de dinero, cuando el demandante deduce su pretensión de un bien del causante que se encontraba en el Estado del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, pero que, tras la muerte del causante, fue vendido por el heredero a un tercero?"

- Asunto C-312/26, Condre: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação do Porto (Portugal) el 26 de marzo de 2026 – GT / RZ [DO C, C/2026/3826, 27.7.2026]

Cuestión prejudicial:
"Para dejar inaplicada la regla general establecida en el artículo 21, apartado 1, del Reglamento de Sucesiones de la Unión [Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo,] y concluir que procede aplicar el apartado 2 de dicho artículo, a efectos de considerar que se cumple el concepto de «vínculo manifiestamente más estrecho» con un Estado distinto del de la residencia habitual en el momento del fallecimiento, ¿es suficiente (o no, habida cuenta del carácter excepcional de la norma) la comprobación acumulativa de la relación en razón de: i) la nacionalidad; ii) el tiempo de residencia del causante en dicho Estado (con el que mantenía tal vínculo estrecho); iii) que el causante vivió en dicho Estado un período breve durante los últimos años de su vida (teniendo en cuenta la extensión de su vida); iv) la elección de residir en el Estado de residencia habitual (en detrimento del Estado con el que mantenía un vínculo estrecho) para recibir asistencia de un familiar en dicho Estado, y iv) las relaciones afectivas con familiares o terceros nacionales de dicho Estado o residentes en él?
¿Se opone a la constatación de que existe tal «vínculo manifiestamente más estrecho» (con el fin de determinar que la ley aplicable a la sucesión es la del Estado con el que el causante mantenía tal vínculo) la declaración expresa del causante de querer aplicar a la sucesión las disposiciones legales del Estado de la residencia habitual en el momento del fallecimiento (especialmente, la declaración en su testamento de que quiere otorgar disposiciones testamentarias «de conformidad con las disposiciones legales del Derecho civil» del Estado en el que tiene su residencia habitual)?"

- Asunto C-325/26, Mehir: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 15 de abril de 2026 – RY/BM [DO C, C/2026/3827, 27.7.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) Un acuerdo celebrado, tras la celebración del matrimonio civil, en el marco de una ceremonia nupcial religiosa según el rito islámico, en virtud del cual, en caso de divorcio, uno de los cónyuges debe pagar una determinada cantidad de dinero para garantizar la seguridad económica del otro cónyuge, ¿está comprendido en el ámbito de aplicación (material) del Reglamento (UE) 2016/1103?
2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
¿Es formalmente válido, a efectos del artículo 25, apartado 1, del Reglamento 2016/1103, un acuerdo matrimonial que solo beneficia a uno de los cónyuges, si únicamente lo ha firmado el cónyuge obligado y no también el cónyuge beneficiario?
3. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
La ley aplicable relevante para la validez formal de tal acuerdo, ¿se determina con arreglo a (otras) disposiciones del Derecho de la Unión, en particular el Reglamento (CE) n.o 4/2009 en relación con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias, o el Reglamento (CE) n.o 593/2008?"

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

SENTENCIAS

- Asuntos acumulados C-672/23 y C-673/23, Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain y otros: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de abril de 2026 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Gerechtshof Amsterdam – Paíes Bajos) – Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain, GCC Interconnection Authority y otros / Prysmian Netherlands BV, Draka Holding BV y otros [Procedimiento prejudicial – Cooperación judicial en materia civil y mercantil – Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil – Reglamento (UE) n.o 1215/2012 – Competencias especiales – Artículo 8, punto 1 – Pluralidad de demandados – Demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo – Concepto de relación tan estrecha – Concepto de demandado de conexión – Infracción del artículo 101 TFUE – Directiva 2014/104/UE – Indemnización de los perjuicios causados por un cártel – Concepto de empresa – Responsabilidad de la sociedad matriz y de una filial – Decisión de la Comisión – Decisión de una autoridad nacional de defensa de la competencia – Daños causados fuera del Espacio Económico Europeo (EEE)] [DO C, C/2026/3134, 22.6.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 16.4.2026.

- Asuntos acumulados C-50/24 a C-56/24, Danané y otros: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de abril de 2026 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Conseil du Contentieux des Étrangers – Bélgica) – X, y otros / Commissaire général aux réfugiés y aux apatrides (Procedimiento prejudicial – Controles en las fronteras, asilo e inmigración – Directiva 2013/32/UE – Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional – Solicitud de protección internacional – Artículo 43 – Procedimiento fronterizo – Calificación de un procedimiento llevado a cabo en un centro de internamiento situado geográficamente en el territorio de un Estado miembro, pero asimilado por el Derecho nacional a un centro situado en la frontera – Derecho de entrada en el territorio de dicho Estado miembro tras un plazo de cuatro semanas – Artículo 31, apartado 7 – Examen con carácter prioritario de una solicitud de protección internacional – Directiva 2013/33/UE – Normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional – Artículo 8 – Internamiento en un mismo centro sobre la base de dos resoluciones diferentes) [DO C, C/2026/3135, 22.6.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 16.4.2026.

- Asunto C-418/24, Obadal: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 14 de abril de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) – TJ / Comunidad de Madrid (Procedimiento prejudicial – Política social – Directiva 1999/70/CE – Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada – Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público – Cláusula 5 – Medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada – Transformación de los sucesivos contratos de duración determinada en un contrato por tiempo indefinido – Normativa nacional que no permite tal transformación, pero contempla otras medidas para prevenir y sancionar tal utilización abusiva – Medidas sancionadoras efectivas, disuasorias y proporcionadas) [DO C, C/2026/3139, 22.6.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 14.4.2026.

NUEVOS ASUNTOS

- Dictamen 1/26: Solicitud de dictamen presentada por el Parlamento Europeo en virtud del artículo 218 TFUE, apartado 11 [DO C, C/2026/3152, 22.6.2026]

Cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia:
"Solicitud de dictamen sobre la compatibilidad con los Tratados del Acuerdo de Asociación previsto entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por otra, y del Acuerdo Interino de Comercio entre la Unión Europea y esas mismas Partes, y en particular sobre las cuestiones siguientes:
   1. ¿Son compatibles las Decisiones del Consejo relativas a la firma y a la celebración del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Interino de Comercio con las exigencias procedimentales de los Tratados, en particular el artículo 217 del TFUE y el artículo 218, apartados 2, 4, 6 y 8 del TFUE, a la luz del artículo 4, apartado 3, y del artículo 13, apartado 2, del TUE?
   2. ¿El mecanismo de reequilibrio previsto en el capítulo 21 del Acuerdo Interino de Comercio y el capítulo 29 del Acuerdo de Asociación es compatible con los Tratados y con la necesidad de garantizar la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión, en particular los artículos 11, 168, 169 y 191 del TFUE y los artículos 35, 37 y 38 de la Carta?
   3. ¿Son compatibles las disposiciones del Acuerdo Interino de Comercio y del Acuerdo de Asociación con el principio de cautela de la Unión consagrado en el artículo 191, apartado 2, del TFUE, que subyace a los artículos 168, 169 y 191 del TFUE y a los artículos 35, 37 y 38 de la Carta y que ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia? En particular, ¿es compatible con los requisitos del Derecho de la Unión la autoridad otorgada a un panel arbitral para evaluar la aplicación de dicho principio por parte de la Unión?"

- Asunto C-98/26, Miaccu: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d’appello di Milano (Italia) el 17 de febrero de 2026 – Proceso penal contra GL [DO C, C/2026/3153, 22.6.2026]

Cuestión prejudicial:
"¿Deben interpretarse el considerando 12 y el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI en el sentido de que no se oponen a una ley nacional de transposición de dicha Decisión Marco, como la Ley n.o 69, de 22 de abril de 2005, la cual, al remitirse en su artículo 39, apartado 1, «en la medida en que sean compatibles», a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Penal italiano, establece que el procedimiento de ejecución de una orden de detención europea no se puede iniciar cuando la persona buscada por el Estado emisor carezca de capacidad para participar conscientemente en el procedimiento debido a su condición mental y tal condición sea irreversible?"

- Asunto C-161/26, Wimetz: Petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof (Bélgica) el 3 de marzo de 2026 – OS, PR, EE, IR / Ministerraad [DO C, C/2026/3154, 22.6.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Infringen los artículos 3, apartado 2, letra c), y 9 a 12 de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, los principios de igualdad y de no discriminación garantizados en los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación o no con el derecho al respeto de la vida familiar garantizado en el artículo 7 de la Carta y con los derechos del niño garantizados en el artículo 24 de la Carta, en la medida en que los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria y los miembros de sus familias quedan excluidos del ámbito de aplicación de dicha Directiva y, más concretamente, de las normas más favorables en materia de reagrupación familiar que se aplican a los beneficiarios del estatuto de refugiado y a los miembros de sus familias?
2) En caso de respuesta negativa la primera cuestión perjudicial, ¿deben interpretarse los principios de igualdad y de no discriminación garantizados en los artículos 20 y 21 de la Carta, en relación o no con el derecho al respeto de la vida familiar garantizado en el artículo 7 de la Carta y con los derechos del niño garantizados en el artículo 24 de la Carta, en el sentido de que se oponen a medidas nacionales como las contenidas en los artículos 1/1, 10, apartado 1, párrafo primero, punto 5, y apartado 2, párrafos segundo a quinto, 10 bis, apartado 2/1, 11 y 12 bis de la wet van 15 december 1980 «betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen» (Ley de 15 de diciembre de 1980 sobre la entrada en el territorio, la residencia, el establecimiento y la expulsión de los extranjeros), en su versión modificada por los artículos 3, 5, 6, 8 y 9 de la wet van 18 juli 2025 «tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de voorwaarden voor gezinshereniging betreft» (Ley de 18 de julio de 2025 por la que se modifica la Ley de 15 de diciembre de 1980 sobre la entrada en el territorio, la residencia, el establecimiento y la expulsión de los extranjeros en lo que respecta a los requisitos para la reagrupación familiar), en virtud de las cuales los beneficiarios de la protección subsidiaria a efectos del Derecho de la Unión están sujetos a normas sobre el derecho a la reagrupación familiar menos favorables que las aplicables a los beneficiarios del estatuto de refugiado?
3) ¿Infringen el artículo 2, letra j), de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (refundición), en relación con los artículos 23 y 24 de dicha Directiva, y el artículo 3, punto 9, del Reglamento (UE) 2024/1347 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas que pueden acogerse a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, y por el que se modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo y se deroga la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con el artículo 23 de dicho Reglamento, los principios de igualdad y de no discriminación garantizados por los artículos 20 y 21 de la Carta, en relación o no con el derecho al respeto de la vida familiar garantizado por el artículo 7 de la Carta y con los derechos del niño garantizados por el artículo 24 de la Carta, en la medida en que el concepto de «miembros de la familia» se limita a los miembros de la familia del beneficiario de protección internacional que se encuentren en el mismo Estado miembro en relación con su solicitud de protección internacional, de modo que los miembros de la familia del beneficiario de protección subsidiaria que no se encuentren en el mismo Estado miembro quedan excluidos de las garantías que ofrecen los artículos 23 y 24 de la citada Directiva y el artículo 23 del citado Reglamento?
4) En caso de respuesta negativa a la tercera cuestión perjudicial, ¿deben interpretarse los principios de igualdad y de no discriminación garantizados en los artículos 20 y 21 de la Carta, en relación o no con el derecho al respeto de la vida familiar garantizado en el artículo 7 de la Carta y con los derechos del niño garantizados en el artículo 24 de la Carta, en el sentido de que se oponen a medidas nacionales como las contenidas en los artículos 1/1, 10, apartado 1, párrafo primero, punto 5, y apartado 2, párrafos segundo a quinto, 10 bis, apartado 2/1, 11 y 12 bis de la citada Ley de 15 de diciembre de 1980, en su versión modificada por los artículos 3, 5, 6, 8 y 9 de la citada Ley de 18 de julio de 2025, en virtud de las cuales los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria previsto en el Derecho de la Unión y los miembros de sus familias que no se encuentran en el territorio belga quedan sujetos a normas sobre el derecho a la reagrupación familiar menos favorables que las aplicables a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria y a los miembros de sus familias que sí se encuentran en el territorio belga?
5) ¿Deben interpretarse el derecho al respeto de la vida familiar garantizado en el artículo 7 de la Carta y los derechos del niño garantizados en el artículo 24 de la Carta en el sentido de que se oponen a medidas nacionales como las contenidas en los artículos 1/1, 10 bis, apartado 2/1, 11 y 12 bis de la citada Ley de 15 de diciembre de 1980, en su versión modificada por los artículos 3, 6, 8 y 9 de la citada Ley de 18 de julio de 2025, en virtud de las cuales el derecho a la reagrupación familiar de los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria previsto en el Derecho de la Unión y de los miembros de sus familias que no se encuentren en el territorio belga queda sujeto a los requisitos previstos en dichas disposiciones y, en cuanto atañe a la posibilidad de una evaluación individual y a la ponderación de intereses, se establece una remisión a la posibilidad de presentar una solicitud de permiso de residencia en virtud del artículo 9 o del artículo 9 bis de la citada Ley de 15 de diciembre de 1980, que confieren al ministro una facultad discrecional?"

- Asunto C-196/26, Dreame International: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal of the Unified Patent Court el 11 de marzo de 2026 – Dyson Technology Limited / Dreame International (Hongkong) Limited, Eurep GmbH [DO C, C/2026/3156, 22.6.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1. ¿El artículo 8, apartado 1, del Reglamento 1215/2012, en relación con el artículo 71 ter, apartado 2, del mismo, debe interpretarse en el sentido de que puede dar lugar a que se dicten «resoluciones contradictorias» si se juzgan los asuntos separadamente, a los efectos del citado artículo 8, apartado 1, una situación en la que, en un procedimiento ante un órgano jurisdiccional común en el sentido del artículo 71 bis, apartado 2, del Reglamento 1215/2012, se acusa a una primera sociedad que está domiciliada en un tercer Estado de haber violado una parte nacional de una patente europea vigente en un Estado miembro de la Unión que no es parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común, y se acusa a una segunda sociedad domiciliada en un Estado miembro de la Unión que es parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común de ser un intermediario a cuyos servicios recurre la primera sociedad para cometer la violación en el Estado miembro de la Unión que no es parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común?
2. ¿El artículo 71 ter, apartado 2, segunda frase, del Reglamento 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional común es competente para conocer de una demanda de medidas provisionales contra una sociedad domiciliada en un tercer Estado a la que se acusa de haber violado una patente europea vigente en un Estado miembro de la Unión que no es parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común, así como en algunos o todos los Estados miembros de la Unión que son parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común, ofreciendo los mismos productos en todos esos Estados miembros de la Unión a través de sitios de Internet que, salvo por la lengua, son idénticos?
3. ¿El hecho de que la sociedad recurra a los servicios de una sociedad que está domiciliada en un Estado miembro de la Unión que es parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común para cometer la violación tiene relevancia a los efectos de responder a esta segunda cuestión?
4. ¿El artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/48 o cualquier otra disposición del Derecho de la Unión se oponen a la jurisprudencia de un órgano jurisdiccional nacional o común en virtud de la cual un mandamiento judicial destinado a prevenir o prohibir la violación de una patente por un tercero mediante la introducción en el mercado de productos a los que se aplican los Reglamentos 2023/988 y 2019/1020 puede ser dictado frente a un representante autorizado que realiza las tareas contempladas en estos Reglamentos en nombre del tercero?"

- Asunto C-239/26, Rilke: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Trieste (Italia) el 23 de marzo de 2026 – FD / Rilke Srl [DO C, C/2026/3159, 22.6.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 en el sentido de que el crédito derivado de la repercusión del IVA por la entrega de un bien, al que tiene derecho el empresario transmitente frente al consumidor adquirente en virtud de una disposición legal, en particular, en el supuesto de que la repercusión del impuesto resulte de una liquidación de la Administración tributaria, está comprendido en la «materia civil y mercantil» o en la «materia fiscal»?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 en el sentido de que el crédito derivado de la repercusión del IVA por la entrega de un bien, al que tiene derecho el empresario transmitente frente al consumidor adquirente en virtud de una disposición legal, en particular, en el supuesto de que la repercusión del impuesto resulte de una liquidación de la Administración tributaria, está comprendido en la «materia contractual»?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 en el sentido de que el crédito derivado de la repercusión del IVA por la entrega de un bien, al que tiene derecho el empresario transmitente frente al consumidor adquirente en virtud de una disposición legal, en particular, en el supuesto de que la repercusión del impuesto resulte de una liquidación de la Administración tributaria, está comprendido en la «materia de contratos»?"

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (18.6.2026)

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 18 de junio de 2026, en el asunto C‑232/25 [Idziski]: Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Artículo 5, punto 3 — Competencia especial en materia delictual o cuasidelictual — Lugar donde se ha producido o puede producirse el hecho dañoso — Personas físicas y jurídicas que alegan una lesión de sus derechos de la personalidad a raíz de la difusión de un contenido audiovisual en la televisión o en Internet — Competencia internacional de los tribunales de un Estado miembro distinto del Estado miembro de la producción de ese contenido — Lugar de materialización del daño — Centro de intereses de esas personas — Contenido que incluye elementos que permiten identificar indirectamente a una persona como individuo — Demanda en reclamación de medidas dirigidas a eliminar y a prevenir los efectos de tal lesión y a obtener reparación del daño moral.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
debe interpretarse en el sentido de que
los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se encuentra el centro de intereses de una persona física o jurídica no son competentes para conocer de su acción indemnizatoria por la totalidad del daño que alega haber sufrido a causa de una vulneración de los derechos de la personalidad derivada de la difusión por televisión de un contenido audiovisual en varios Estados miembros. Lo mismo sucede con los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se encuentra el centro de intereses de una persona física, cuando dicho contenido ha sido difundido en Internet, pero no permite identificar, ni siquiera indirectamente, a esa persona, aunque identifique, sin posibilidad de equívoco, a un grupo restringido de miembros que constituyen una categoría cerrada de personas con el que se la puede relacionar. En cambio, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se encuentra el centro de intereses de una persona jurídica que tiene como misión principal defender los intereses de ese grupo son competentes para conocer de su acción indemnizatoria por la totalidad del daño que alega haber sufrido a causa de una vulneración de los derechos de la personalidad derivada de esa misma difusión en Internet.
2) El artículo 5, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001
debe interpretarse en el sentido de que
los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que solo son competentes para conocer de los daños causados en ese Estado miembro, derivados de una supuesta vulneración de los derechos de la personalidad relacionada con la difusión de una serie por televisión, pueden conocer de una demanda contra el productor de esa serie que tenga por objeto, por un lado, una prestación no pecuniaria dirigida a eliminar y a prevenir los efectos de tal vulneración y, por otro lado, una prestación pecuniaria dirigida a obtener la reparación del daño moral derivado de la difusión de esa serie. Lo mismo sucede con una demanda contra dicho productor que tenga por objeto una prestación pecuniaria dirigida a obtener la reparación del daño moral derivado de la difusión de esa serie en Internet. En cambio, esos órganos jurisdiccionales no son competentes para conocer de una demanda contra dicho productor que tenga por objeto una prestación no pecuniaria dirigida a la rectificación de los datos de la referida serie publicados en línea."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava) de 18 de junio de 2026, en el asunto C‑346/25 (Fibo Markets): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Conflictos de leyes — Reglamento (CE) n.º 593/2008 (Roma I) — Ley aplicable — Contratos de consumo — Excepciones — Contratos financieros por diferencias (CFD) — Derechos y obligaciones que constituyan un instrumento financiero — Proceso de fijación de precios de los CFD — Diferencia entre la horquilla de tipos de cambio aceptada en la orden dada por el consumidor y el de la operación ejecutada.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 6, apartado 4, letra d), del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I),
debe interpretarse en el sentido de que,
en el supuesto de un contrato financiero por diferencias celebrado entre un profesional y un consumidor, están comprendidos en la expresión «derechos y obligaciones que constituyan un instrumento financiero», a efectos de dicha disposición, los derechos y obligaciones relativos a las condiciones financieras en las que se ejecuta la orden del consumidor y, más concretamente, a la determinación del diferencial entre las cotizaciones de referencia que sirven para calcular la ganancia o la pérdida resultante de ese contrato financiero por diferencias, pero no las estipulaciones del contrato marco celebrado entre el consumidor y el profesional que permiten a este último no ejecutar tal orden o ejecutarla en condiciones diferentes de las inicialmente definidas por el consumidor."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR, presentadas el 18 de junio de 2026, en el asunto C‑241/25 (Société Générale): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta förvaltningsdomstolen (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Suecia)] Procedimiento prejudicial — Legislación tributaria — Tributación de los dividendos — Artículo 63 TFUE — Libre circulación de capitales — Retención en origen sobre dividendos de origen nacional percibidos por sociedades no residentes — Perceptor no residente con pérdidas — Situación objetivamente comparable — Exigencia de cálculo según las normas del Estado de tributación.

Nota: El AG propone al Tribunal que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas:
"El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual, para disfrutar del mismo trato que el previsto para las sociedades residentes que perciben dividendos y que han registrado pérdidas, una sociedad no residente perceptora de dividendos gravados mediante una retención en origen debe calcular sus pérdidas conforme a las normas fiscales del Estado de origen de los dividendos."

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

SENTENCIAS

- Asunto C-8/24, Županijsko državno odvjetništvo: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de marzo de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Visoki kazneni sud Republike Hrvatske – Croacia) – Procedimiento penal contra D. d.o.o. [Procedimiento prejudicial – Espacio de libertad, seguridad y justicia – Cooperación judicial en materia penal – Reglamento (UE) 2018/1805 – Artículo 1, apartados 1 y 4 – Resolución de decomiso adoptada en el marco de un procedimiento penal – Artículo 2, puntos 2 y 3, letras a) y d) – Decomiso por un delito, pero sin condena firme – Resolución de decomiso incluida en una sentencia absolutoria en que se declara que los bienes que han de decomisarse constituyen el producto de un delito distinto del que ha dado lugar a esa sentencia, en el cual participaron personas que no son los acusados absueltos – Inexistencia de acusación formulada contra esas personas – Artículo 19, apartado 1, letra h) – Motivos para denegar el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones de decomiso – Situaciones excepcionales en las que existen motivos fundados para creer, sobre la base de pruebas concretas y objetivas, que la ejecución de la resolución de decomiso implicaría, en las circunstancias particulares del caso, una violación manifiesta de un derecho fundamental aplicable recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales – Derecho a la tutela judicial efectiva y derecho de defensa – Falta de uso de las vías de recurso efectivas en el Estado miembro de emisión] [DO C, C/2026/2852, 8.6.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.3.2026.

- Asunto C-43/25, SML Maschinen: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 19 de marzo de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof – Alemania) – SML Maschinengesellschaft mbH / AK en su condición de administrador concursal en el procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio de MAPLAN Maschinenfabrik und Anlagen für Kunststofftechnik Schwerin GmbH [Procedimiento prejudicial – Cooperación judicial en materia civil – Reglamento (CE) n.o 1346/2000 – Procedimientos de insolvencia – Artículo 13 – Conflicto de normas – Préstamo concedido por un socio de una sociedad de capital a dicha sociedad – Acción de reintegración de los pagos recibidos por el prestamista antes de la apertura del procedimiento de insolvencia – Acción destinada a garantizar el respeto de la graduación de los créditos en dicho procedimiento] [DO C, C/2026/2865, 8.6.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.3.2026.

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-115/26, Prozivý: Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud (República Checa) el 23 de febrero de 2026 – S. F. / P. F. [DO C, C/2026/2873, 8.6.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, en el sentido de que la competencia para «resolver sobre la totalidad de la sucesión» comprende también la competencia para conocer de una demanda destinada a que el administrador de una herencia presente a uno de los herederos libros, documentos y escritos?
2) Si la respuesta a la cuestión anterior es negativa, ¿debe determinarse la competencia para conocer de un asunto de esa índole con arreglo a los artículos 4 y siguientes del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil?"

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (4.6.2026)

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 4 de junio de 2026, en el asunto C‑791/24 (TERVE Production): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 7, puntos 1 y 2 — Competencias especiales — Materia contractual — Falta de aceptación por parte del accionista mayoritario de una sociedad del proyecto de contrato de adquisición de las acciones de las que es titular el accionista minoritario de dicha sociedad — Demanda de este accionista minoritario dirigida a suplir, mediante resolución judicial, la falta de aceptación por parte de dicho accionista mayoritario — Artículo 24, punto 2 — Competencia exclusiva — Demanda de carácter preliminar de ese accionista minoritario dirigida a impugnar la validez del acuerdo de una junta general de la misma sociedad por el que se aprobó la transmisión de las acciones restantes de esta a dicho accionista mayoritario.

Fallo del Tribunal:
1) El artículo 7, puntos 1 y 2, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
debe interpretarse en el sentido de que
tras el acuerdo por el que se excluyen las acciones de una sociedad de la cotización en bolsa y la posterior formulación de una oferta pública de adquisición (OPA) por parte del accionista mayoritario de esta sociedad en lugar de esta última, la demanda de un accionista minoritario de esta dirigida a suplir, mediante resolución judicial, la falta de aceptación por parte de este accionista mayoritario de un proyecto de contrato de adquisición de las acciones de las que es titular dicho accionista minoritario en el capital de la citada sociedad está comprendida en el concepto de «materia contractual», en el sentido del artículo 7, punto 1, de este Reglamento.
2) El artículo 24, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012
debe interpretarse en el sentido de que
tras el acuerdo por el que se excluyen las acciones de una sociedad de la cotización en bolsa y la posterior formulación de una oferta pública de adquisición (OPA) por parte del accionista mayoritario de esta sociedad en lugar de esta última, una demanda que tiene por objeto impugnar la validez del acuerdo de una junta general de la citada sociedad por el que se aprobó la transmisión de las acciones restantes de esta a dicho accionista mayoritario está comprendida en el ámbito de aplicación de esta disposición, cuando esa demanda tenga carácter preliminar con respecto a la dirigida a suplir, mediante resolución judicial, la falta de aceptación por parte de dicho accionista mayoritario del proyecto de contrato de adquisición de las acciones de las que es titular un accionista minoritario en el capital de la misma sociedad."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 4 de junio de 2026, en el asunto C‑147/24 [Safi]: Procedimiento prejudicial — Artículo 20 TFUE — Ciudadanía de la Unión — Directiva 2008/115/CE — Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular — Artículo 5, letras a) y b) — Obligación de tener en cuenta el interés superior del niño y la vida familiar — Artículo 6, apartado 2 — Resolución de la autoridad competente del Estado miembro de acogida por la que se deniega un derecho de residencia derivado en su territorio al nacional de un tercer país, progenitor de un menor de edad ciudadano de la Unión, y se le ordena dirigirse de inmediato a otro Estado miembro — Injerencia en el ejercicio del derecho de un ciudadano de la Unión a circular residir libremente en el territorio de los Estados miembros — Menor que nunca ha residido en un Estado miembro distinto de aquel del que es nacional — Derecho de residencia derivado del progenitor nacional de un tercer país en el Estado miembro del que es nacional el menor y en el que este reside — Derecho de residencia de dicho progenitor en otro Estado miembro — Artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho al respeto de la vida privada y familiar — Artículo 24, apartados 2 y 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales — Interés superior del niño.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 20 del TFUE, interpretado a la luz de los artículos 7 y 24, apartados 2 y 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
– se opone a la adopción, por la autoridad competente del Estado miembro de acogida, de una resolución por la que se deniega la concesión de un derecho de residencia derivado en su territorio a un nacional de un tercer país, progenitor de un hijo menor de edad ciudadano de la Unión que nunca ha residido en un Estado miembro distinto de aquel del que es nacional, debido a que ese nacional de un tercer país tiene derecho de residencia en otro Estado miembro, cuando dicha autoridad no ha comprobado previamente si la vida familiar que lleva ese menor con sus dos progenitores, de quienes depende, podría continuar en ese otro Estado miembro ni si su traslado a ese mismo Estado miembro sería contrario a su interés superior;
– obliga a reconocer a dicho nacional de un tercer país un derecho de residencia derivado en el territorio del Estado miembro del que es nacional dicho menor y en el que reside con sus dos progenitores, cuando la vida familiar que lleva ese menor con sus dos progenitores, de quienes depende, no podría continuar en ese otro Estado miembro o su traslado a ese mismo Estado miembro sería contrario a su interés superior."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 4 de junio de 2026, en el asunto C‑198/25 [Quotal]: Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de asilo — Procedimientos comunes para la concesión y la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46 — Derecho a un recurso efectivo — Examen completo y ex nunc — Alcance de las competencias del órgano jurisdiccional de primera instancia — Examen de los hechos por el órgano jurisdiccional de primera instancia — Examen por el órgano jurisdiccional de primera instancia de las necesidades de protección internacional.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que,
por un lado, atribuye a un órgano jurisdiccional de primera instancia que conoce de un recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional la competencia para pronunciarse de manera vinculante sobre la credibilidad del relato de hechos presentado en apoyo de dicha solicitud, sobre la verosimilitud de los temores de persecución del solicitante o del riesgo real de sufrir daños graves en caso de regresar a su país de origen, así como sobre el fundamento de dicha solicitud, tomando en consideración los elementos presentados en el procedimiento de recurso, y que, por otro lado, los Estados miembros no pueden limitar tal competencia."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 4 de junio de 2026, en el asunto C‑326/25 (03 Rayonno upravlenie na SDVR): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación policial — Sistema de Información de Schengen — Decisión 2007/533/JAI — Reglamento (UE) 2018/1862 — Descripción sobre un vehículo de motor para su incautación o utilización como prueba en un proceso penal — Orden de entrega de un vehículo descrito en el Sistema de Información de Schengen — Normativa nacional que excluye la intervención de la persona que estaba en posesión del objeto descrito en los procedimientos administrativos y judiciales de entrega del objeto al Estado miembro emisor.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 39 del Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y deroga la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) n.º 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión,
debe interpretarse en el sentido de que
las normas nacionales relativas a la adopción de una medida de entrega de un objeto descrito en el Sistema de Información de Schengen sobre la base del artículo 38 de dicho Reglamento mediante resolución de las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución en respuesta a la solicitud del Estado miembro emisor no están comprendidas en el ámbito de aplicación del citado Reglamento."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 4 de junio de 2026, en el asunto C‑440/25 [Ebilum]: Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de asilo — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46 — Derecho a un recurso efectivo — Examen completo y ex nunc — Alcance de las competencias del órgano jurisdiccional de primera instancia — Examen de los hechos por el órgano jurisdiccional de primera instancia — Examen por el órgano jurisdiccional de primera instancia de las necesidades de protección internacional — Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Requisitos para el reconocimiento del estatuto de refugiado a los nacionales de terceros países — Artículo 2, letra d) — “Fundados temores a ser perseguido” — Apreciación.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que,
por un lado, atribuye a un órgano jurisdiccional de primera instancia que conoce de un recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional la competencia para pronunciarse de manera vinculante sobre la credibilidad del relato de los hechos presentado en apoyo de dicha solicitud, sobre la verosimilitud de los temores de persecución del solicitante o del riesgo real de sufrir daños graves en caso de regresar a su país de origen, así como sobre el fundamento de dicha solicitud, tomando en consideración los elementos presentados en el procedimiento de recurso, y que, por otro lado, los Estados miembros no pueden limitar tal competencia.
2) El artículo 2, letra d), de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida,
debe interpretarse en el sentido de que
la expresión «fundados temores a ser perseguido» se refiere a la situación en la que existe una probabilidad razonable de que un solicitante de protección internacional sea perseguido al regresar a su país de origen y que, para determinar la existencia de tales temores, las autoridades nacionales competentes deben llevar a cabo una valoración individual, concreta y objetiva de las circunstancias personales de dicho solicitante y de los hechos y circunstancias relativos a su solicitud y a la situación en su país de origen."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 4 de junio de 2026, en el asunto C‑560/24 [Besthame]: Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Directiva 2004/38/CE — Artículo 3, apartado 1 — Beneficiarios — Miembros de la familia de un ciudadano de la Unión — Derecho de residencia derivado de un nacional de un tercer país — Naturalización posterior de dicho nacional de un tercer país — Artículo 35 — Fraude o abuso de derecho — Matrimonio de conveniencia — Ámbito de aplicación temporal — Facultad de investigación de las autoridades nacionales competentes sobre la existencia de un matrimonio de conveniencia.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 35 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE,
debe interpretarse en el sentido de que
permite a las autoridades competentes de un Estado miembro investigar y, en su caso, constatar o concluir que una persona, anteriormente beneficiaria de un derecho derivado de circulación y de residencia con arreglo a la Directiva 2004/38, ha cometido un fraude o un abuso de derecho, aun cuando esa persona haya adquirido la nacionalidad de dicho Estado miembro y, en la fecha de la investigación, su residencia en ese Estado miembro ya no se base en la citada Directiva."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 4 de junio de 2026, en el asunto C‑621/24 (Landkreis Schweinfurt): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Directiva 2013/33/UE — Normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional — Artículo 2, letra g) — Condiciones materiales de acogida — Artículo 17, apartado 2 — Exigencia relativa a la garantía de un nivel de vida adecuado — Solicitante de protección internacional que es objeto de una decisión de traslado — Concesión de condiciones materiales de acogida que no incluyen prestaciones en especie que cubran el vestido, los enseres y los bienes de consumo doméstico ni el pago de una asignación financiera destinada a la cobertura de las necesidades personales básicas — Artículo 20, apartado 1, letra c) — Reducción o retirada del beneficio de las condiciones materiales de acogida a causa de la presentación de una solicitud posterior — Directiva 2013/32/UE — Artículo 2, letra q) — Concepto de “solicitud posterior” — Aplicabilidad — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Procedimiento de determinación del Estado miembro responsable.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, en relación con su artículo 2, letra g),
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que establece que, cuando se haya denegado una solicitud de protección internacional por inadmisible debido a que otro Estado miembro sea responsable del examen de esta solicitud, en el sentido del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, y la decisión de traslado a ese otro Estado miembro tenga fuerza ejecutiva, se reduzcan las condiciones materiales de acogida concedidas a este solicitante, de manera que ya no incluyan, en particular, las prestaciones en especie que cubren el vestido, los enseres y los bienes de consumo doméstico, salvo en casos particulares, ni la asignación financiera destinada a la cobertura de las necesidades personales básicas de dicho solicitante.
2) El artículo 20, apartado 1, letra c), de la Directiva 2013/33, en relación con el artículo 2, letra q), de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional,
debe interpretarse en el sentido de que
el concepto de «solicitud posterior», a efectos de estas disposiciones, no se refiere a una situación en la que un Estado miembro, por una parte, haya denegado una solicitud de protección internacional por inadmisible por entender que el solicitante ya había presentado tal solicitud en otro Estado miembro, responsable del examen de su solicitud, en el sentido del Reglamento n.º 604/2013, y, por otra parte, haya acordado, sobre esta base, la expulsión de este solicitante con vistas a su traslado a ese otro Estado miembro, de conformidad con dicho Reglamento."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 4 de junio de 2026, en el asunto C‑629/24 (Costa Crociere y otros): Procedimiento prejudicial — Transporte — Reglamento (CE) n.º 392/2009 — Responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente — Artículo 2 — Ámbito de aplicación — Artículo 3 — Responsabilidad y seguro — Artículo 7 — Información a los pasajeros — Convenio de Atenas relativo al transporte de pasajeros y sus equipajes por mar — Artículo 3 — Responsabilidad del transportista en caso de muerte o lesiones de un pasajero — Artículos 6 y 7 — Límites de la responsabilidad — Directiva 90/314/CEE — Viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos combinados — Artículo 5 — Responsabilidad del organizador de viajes en relación con la buena ejecución del viaje combinado — Crucero — Daño corporal sufrido por un viajero a bordo del buque — Límites de la indemnización de conformidad con los convenios internacionales. 

Fallo del Tribunal:
"Los artículos 3, apartado 1, y 7, párrafo primero, y el anexo I del Reglamento (CE) n.º 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente, y el artículo 5 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados,
deben interpretarse en el sentido de que,
cuando un crucero presenta las características de un viaje combinado turístico, a efectos del artículo 2, punto 1, de esa Directiva, las acciones de responsabilidad relativas a un daño corporal sufrido durante el transporte por mar, a efectos del artículo 2 de dicho Reglamento, por un pasajero que se encuentra a bordo del buque de crucero se rigen por el régimen de responsabilidad del transportista marítimo que opera el crucero con ese buque, previsto en el citado Reglamento."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 4 de junio de 2026, en los asuntos acumulados C‑722/23 [Rugu]  y C‑91/24 [Aucroix]: Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 1, apartado 3 — Motivo de denegación de la ejecución — Riesgo de que la persona buscada sufra tratos inhumanos o degradantes prohibidos por el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 4, punto 6 — Motivo de no ejecución facultativa — Compromiso del Estado miembro de ejecución de ejecutar la pena de conformidad con su Derecho interno — Decisión Marco 2008/909/JAI — Reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal — Artículo 4, apartado 5 — Solicitud del Estado miembro de ejecución al Estado miembro de emisión de que le transmita la sentencia por la que se impone una pena de prisión para la ejecución de esta en su territorio.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009,
debe interpretarse en el sentido de que
una autoridad judicial de ejecución, cuando ha denegado la ejecución, sobre la base del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada, de una orden de detención europea dictada para la ejecución de una pena de prisión, no puede, para evitar la impunidad de la persona buscada, aplicar, con carácter complementario, el motivo de no ejecución facultativa previsto en el citado artículo 4, punto 6. En cambio, en caso de tal denegación, el Estado miembro de ejecución está obligado, para evitar semejante impunidad, a invocar las disposiciones del artículo 4, apartado 5, de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, solicitando, por propia iniciativa, al Estado miembro de emisión que le transmita la sentencia por la que se impone esa pena, junto con el certificado cuyo formulario normalizado figura en el anexo I de esta última Decisión Marco, para la ejecución de dicha pena en su territorio."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. RIMVYDAS NORKUS, presentadas el 4 de junio de 2026, en el asunto C‑41/25 (Orsay): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) 2015/848 — Procedimientos de insolvencia — Artículo 6, apartado 1 — Competencia internacional de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de apertura del procedimiento de insolvencia — Acción rescisoria — Acción ejercitada contra la autoridad tributaria de otro Estado miembro — Principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados.

Nota: El AG propone al Tribunal que responda a la cuestión prejudicial planteada del modo siguiente:
"El artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia, en relación con los artículo 2, punto 12, y 3, apartado 1, de dicho Reglamento,
debe interpretarse en el sentido de que
contiene una renuncia implícita a la inmunidad de jurisdicción cuando, de conformidad con dicho Reglamento, se determina la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de apertura del procedimiento de insolvencia para conocer de las acciones que se deriven directamente del procedimiento de insolvencia, y que guarden una estrecha vinculación con él, ejercitadas contra las autoridades públicas de los Estados miembros de la Unión."

- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN RICHARD DE LA TOUR présentées le 4 juin 2026, Affaire C‑182/26 PPU [Hardeker]: [demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (tribunal de La Haye, siégeant à Haarlem, Pays-Bas)] Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un État membre – Directive 2008/115/CE – Exécution d’une décision de retour – Décision de retour désignant plus d’un pays de destination – Article 5 – Principe de non-refoulement – Article 15 – Placement en rétention à des fins d’éloignement – Contrôle du respect des conditions de légalité de ce placement en rétention.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que :
– l’autorité judiciaire appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour devenue définitive, laquelle désigne plus d’un pays de destination, n’est pas compétente pour contrôler d’office si, au stade de l’adoption de la décision de retour, il a été apprécié si le principe de non-refoulement s’oppose à l’éloignement de ce ressortissant et, à défaut d’une telle appréciation, d’en tirer les conséquences en considérant qu’une exigence spécifique d’une telle décision n’a pas été respectée, si bien que la décision de retour ne peut être considérée comme base légale pour adopter une mesure de rétention ;
– tant au stade de l’imposition d’une mesure de rétention en vue d’assurer l’exécution de la décision de retour qui désigne plus d’un pays de destination qu’au stade du contrôle de la légalité du placement en rétention, les autorités compétentes sont tenues d’apprécier si le principe de non-refoulement s’oppose à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier vers chacun de ces pays et de constater que ce principe s’oppose à la rétention de cette personne lorsque l’éloignement vers chacun desdits pays aurait pour conséquence la violation dudit principe. Cette obligation incombe à ces autorités indépendamment du fait que la désignation de plus d’un pays de destination dans la décision de retour résulte du manque de coopération de ce ressortissant. Dans le cadre de l’exécution de ladite obligation, lesdites autorités devraient prendre en compte toutes les informations fiables à leur disposition concernant ledit ressortissant et la situation dans le pays de destination."

DOUE de 18.5.2026

- Decisión (UE) 2026/1099 del Consejo, de 27 de abril de 2026, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Efectos Internacionales de las Ventas Judiciales de Buques («Convención de Beijing sobre las Ventas Judiciales de Buques»)
[DO L, 2026/1099, 18.5.2026]

Nota: Mediante el presente acto se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre los Efectos Internacionales de las Ventas Judiciales de Buques, así como la Declaración adjunta relativa a la competencia de la Unión, de conformidad con el artículo 20, párrafo 1, de la Convención.

Véase la entrada de este blog del día 29.1.2024. 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (23.4.2026)

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 23 de abril de 2026, en el asunto C‑446/24 (Freie Hansestadt Bremen): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 2008/115/CE — Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular — Artículo 11, apartado 2 — Prohibición de entrada — Duración — Normativa nacional que exige, en principio, una prohibición de entrada y de estancia sin limitación en el tiempo en ciertos supuestos — Amenaza terrorista.

Fallo del Tribunal:
"Los artículos 3, punto 6, y 11, apartado 2, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual, en principio, procede dictar una prohibición de entrada en el territorio de los Estados miembros sin limitación en el tiempo contra un nacional de un tercer país en situación irregular que sea objeto de una decisión de retorno cuando esta última se base en la existencia de una amenaza terrorista, siempre que la autoridad nacional competente pueda tener debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso concreto para justificar la constatación de la existencia de tal amenaza y la aplicabilidad de dicha normativa en el caso concreto de que se trate."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 23 de abril de 2026, en el asunto C‑528/24 [Boothnesse]: Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra — Entrega de una persona al Reino Unido para el ejercicio de acciones penales — Artículo 524, apartado 2 — Artículo 604, letra c) — Riesgo real para la protección de los derechos fundamentales — Artículo 625 — Principio de especialidad — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a la tutela judicial efectiva.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 625 del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra,
debe interpretarse en el sentido de que
la circunstancia de que una persona respecto de la que se ha dictado una orden de detención con fundamento en ese Acuerdo para el ejercicio de acciones penales por un delito haya sido condenada, en el Estado emisor, a una pena de seis meses de privación de libertad por otra infracción, que el Derecho de ese Estado considera de naturaleza civil y que, por tanto, no es objeto de esa orden de detención, no permite, por sí misma, a la autoridad judicial de ejecución denegar la ejecución de dicha orden de detención."

- OPINION OF ADVOCATE GENERAL EMILIOU delivered on 23 April 2026, Case C‑176/25 [Steizer]: (Request for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Düsseldorf (Higher Regional Court, Düsseldorf, Germany) (Reference for a preliminary ruling – Area of freedom, security and justice – Judicial cooperation in civil matters – Law applicable to civil and commercial matters – Regulations (EC) Nos 593/2008 (Rome I) and 864/2007 (Rome II) – Exclusive licence over a copyright granted by A to B through a verbal agreement – Claim for infringement of the copyright concerned brought by B against C – Defence, raised by C, that B has no standing on the ground that the contractual licence granted to B is invalid for failure to comply with certain formal requirements – Law governing the issue of the formal validity of that contractual licence)

Nota: El AG Propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas del siguiente modo:
"Article 1(1), Article 10, Article 11 and Article 18(2) of Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations  must be interpreted as meaning that, in a situation involving a conflict of laws, the issue of the potential requirements as to form with which a contractual licence or assignment of copyright needs to comply in order to be regarded as valid or evidenced is governed by the substantive law(s) designated by the rules laid down in that regulation."

- OPINION OF ADVOCATE GENERAL EMILIOU, delivered on 23 April 2026, Case C‑683/24 (Spielerschutz Sigma): (Request for a preliminary ruling from the Handelsgericht Wien (Commercial Court, Vienna, Austria)) (Reference for a preliminary ruling – Jurisdiction of the Court – Admissibility of the reference – Judgments in Foglia I and Foglia II – Genuine dispute – Necessity of an answer to the questions referred – Judicial cooperation in civil and commercial matters – Recognition and enforcement of judgments given in the Member States – Regulation (EU) No 1215/2012 – Articles 45 and 46 – Grounds for refusal of recognition and enforcement – Public policy clause).

Nota: El AG propone al Tribunal la inadmisión de las cuestiones planteadas.

- OPINION OF ADVOCATE GENERAL EMILIOU, delivered on 23 April 2026, Case C‑799/24 (Babcock Montajes): (Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) (Germany)) (Preliminary ruling – Judicial cooperation in civil matters – Recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters – Regulation (EU) No 1215/2012 – Concept of ‘judgment’ – Interim decision of a court of a Member State asserting international jurisdiction to hear and determine the claim – Exclusive choice-of-court agreement designating another court).

Nota: El AG propone al Tribunal que responda las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"Articles 2(a) and 36(1) of Regulation No 1215/2012 should be interpreted as meaning that the term ‘judgment’ within the meaning of those provisions covers a decision by which a court of a Member State, seised first, declares itself to have jurisdiction (without yet conducting an examination of the merits of the case), in breach of Article 31(2) of that regulation.
While the obligation to recognise such a judgment arises irrespective of whether or not that judgment is final, the obligation of the court designated by a choice-of-court agreement which has been disregarded, seised second, to decline jurisdiction under Article 29(3) of Regulation No 1215/2012 arises only when the jurisdiction of the (non-designated) court, seised first, has been established within the meaning of Article 29(3) of Regulation No 1215/2012, that is, when such jurisdiction can no longer be contested in the ongoing proceedings."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. NICHOLAS EMILIOU, presentadas el 23 de abril de 2026, en el asunto C‑414/25 [Sedrata]: [Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia)] Procedimiento prejudicial — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Directiva 2008/115/CE — Directiva 2013/32/UE — Procedimientos de retorno — Examen de las solicitudes de protección internacional — Acuerdo bilateral entre un Estado miembro y un tercer Estado — Internamiento en centros situados en terceros países.

Nota: El AG propone al Tribunal que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas del siguiente modo:
"– Las disposiciones de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, no se oponen, en principio, a una normativa nacional que permite el traslado de nacionales de terceros países sometidos a procedimientos de retorno a centros de internamiento situados en el territorio de un tercer Estado, siempre que dichos centros sigan estando sujetos a la jurisdicción del Estado miembro en cuestión y que la normativa nacional y de la Unión aplicable siga regulando los procedimientos de que se trata. No obstante, tal normativa solo es compatible con el Derecho de la Unión si se aplica de manera que, en primer lugar, asegure el respeto de los derechos garantizados a los nacionales de terceros países en virtud de los artículos 13, apartado 3, y 16, apartado 2, de la Directiva 2008/115; en segundo lugar, permita su puesta en libertad inmediata cuando dejen de cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 15, apartados 2 y 4, de dicha Directiva y, en tercer lugar, asegure el respeto de las garantías específicas concedidas a los menores y a otras personas vulnerables con arreglo a los artículos 16, apartado 3, y 17, apartados 3 y 4, de la misma Directiva.
– El artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/155/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, no se opone, en principio, a una normativa nacional que permite el internamiento de un nacional de un tercer país sometido a un procedimiento de retorno en un centro situado en un tercer Estado cuando esa persona haya presentado una solicitud de protección internacional mientras se encontraba internada en ese centro. No obstante, esto es así siempre que la normativa nacional se aplique de manera que, en primer lugar, respete los derechos y garantías concedidos a los solicitantes de protección internacional en virtud de los artículos 8, 12, 20 y 22 a 25 de la Directiva 2013/32; en segundo lugar, permita a dichos solicitantes personarse, cuando sea necesario o esté permitido, ante las autoridades administrativas o judiciales competentes, y, en tercer lugar, cumpla los requisitos establecidos en el artículo 26, apartados 1 y 2, de la Directiva 2013/32."