- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 19 de noviembre de 2026, en el asunto C‑98/24 [Koda]: Procedimiento prejudicial — Artículo 267 TFUE — Concepto de “órgano jurisdiccional” — Criterios — Independencia del organismo remitente — Notario que actúa como comisario judicial en el ámbito de un procedimiento sucesorio — Falta de independencia — Inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial.
Fallo del Tribunal:
"La petición de decisión prejudicial planteada por el soudní komisař (Comisario Judicial, República Checa), designado por el Obvodní soud pro Prahu 1 (Tribunal del Distrito 1 de Praga, República Checa) en un procedimiento sucesorio, mediante resolución de 29 de enero de 2024, es inadmisible."
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 19 de noviembre de 2026, en el asunto C‑683/24 (Spielerschutz Sigma): Procedimiento prejudicial — Juegos de azar en línea — Legislación de un Estado miembro que establece la inadmisibilidad de cualquier acción judicial relativa a la legalidad de la prestación de servicios de juegos de azar desde dicho Estado miembro, autorizada por la normativa de este, y a la obligación de los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro de denegar el reconocimiento y la ejecución de toda resolución judicial extranjera dictada a raíz de tal acción — Dictamen jurídico en el que se concluye que dicha legislación nacional es incompatible con el Derecho de la Unión — Acción de responsabilidad ejercitada contra el autor del dictamen jurídico — Exactitud del dictamen jurídico — Interpretación del Derecho de la Unión solicitada para evaluar la exactitud de dicho dictamen jurídico en el marco de la acción de responsabilidad ejercitada contra su autor — Inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial.
Fallo del Tribunal:
"La petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien (Tribunal de lo Mercantil de Viena, Austria), mediante resolución de 16 de octubre de 2024, es inadmisible."
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 19 de noviembre de 2026, en el asunto C‑29/25 (KOOPERATIVA): Procedimiento prejudicial — Seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles — Directiva 2009/103/CE — Ámbito de aplicación — Accidente de circulación causado por el tomador del seguro que conduce un vehículo bajo la influencia de un estupefaciente — Acción de repetición ejercitada por el asegurador contra el tomador del seguro — Normativa y jurisprudencia nacionales que no permiten al juez reducir el importe reclamado por el asegurador — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 17 y 47 — Principio de equivalencia — Falta de competencia del Tribunal de Justicia.
Fallo del Tribunal:
"La Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad,
debe interpretarse en el sentido de que
no están incluidas en su ámbito de aplicación unas disposiciones nacionales que no permiten al juez apreciar y, en su caso, reducir, por motivos de equidad, el importe reclamado por el asegurador en el marco de una acción de repetición contra el tomador del seguro, responsable de un accidente de tráfico, para obtener el reembolso de la indemnización abonada a la víctima por cuenta de este, en virtud del seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles."
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 19 de noviembre de 2026, en el asunto C‑906/24 [Sirto]: Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Trabajadores — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 10 — Niños escolarizados en el Estado miembro de acogida — Niños que asisten a una guardería — Derecho de residencia derivado — Directiva 2004/38/CE — Artículos 27 y 28 — Decisión de expulsión del padre de los niños, que es ciudadano de la Unión, por razones de orden público o de seguridad pública — Consecuencias para el derecho de residencia derivado de sus hijos y de su cónyuge que ejerce la custodia efectiva de estos — Obligación del Estado miembro de acogida de tener en cuenta, a los efectos de la decisión de expulsión del padre, el hecho de que sus hijos y su cónyuge deseen continuar residiendo en este Estado en virtud de su derecho de residencia derivado — Artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Vida familiar — Artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Interés superior del niño.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión,
debe interpretarse en el sentido de que,
en caso de que un nacional de un Estado miembro resida en otro Estado miembro, en virtud de la libre circulación de trabajadores, con su cónyuge e hijos, de los cuales algunos están escolarizados en ese otro Estado miembro y otros no lo están todavía, los hijos y el cónyuge que ejerce efectivamente su custodia disfrutan, en este último Estado miembro, de un derecho de residencia basado en el referido artículo 10 y conservan este derecho incluso cuando dicho nacional de un Estado miembro es objeto de una decisión de expulsión adoptada, por razones de orden público, sobre la base del artículo 28 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.
2) El artículo 28, apartado 1, de la Directiva 2004/38, interpretado a la luz de los artículos 7 y 24, apartados 2 y 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que,
antes de adoptar, respecto de un ciudadano de la Unión, una decisión de expulsión por razones de orden público, la autoridad competente del Estado miembro de acogida está obligada a tener en cuenta el hecho de que los hijos y el cónyuge de este ciudadano disfrutan, en el territorio de este Estado miembro, de un derecho de residencia autónomo basado en el artículo 10 del Reglamento n.º 492/2011 y desean continuar residiendo en él como elemento que forma parte de la «situación familiar» de dicho ciudadano, en el sentido del citado artículo 28, apartado 1.
A los efectos de apreciar esta «situación familiar», dicha autoridad debe tener en cuenta todos los elementos que caractericen la vida familiar que el ciudadano de la Unión de que se trate desarrolla en el territorio del Estado miembro de acogida y que puedan verse afectados por su expulsión, prestando especial atención a las consecuencias de tal expulsión sobre el interés superior de sus hijos.
Para apreciar la proporcionalidad de una decisión de expulsión adoptada por razones de orden público, el órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso contra tal decisión debe tener en cuenta todos estos elementos, así como, en su caso, el período transcurrido desde que sucedieron los hechos imputados al interesado y la conducta de este durante ese período."
- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN RICHARD DE LA TOUR présentées le 19 novembre 2026, Affaire C‑415/25 (De Nederlandsche Bank): [demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas)] Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 47 – Obligation d’immatriculation des prestataires de services relatifs aux monnaies virtuelles – Réglementation nationale exigeant de fournir, avec la demande d’immatriculation, des données permettant de vérifier le respect des exigences prévues par la législation nationale transposant la directive 2015/849 – Compatibilité avec le droit de l’Union – Principe de proportionnalité – Libertés fondamentales.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste la cuestión planteada en el siguiente sentido:
"L’article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas, d’une part, à une obligation d’immatriculation des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que de services de portefeuilles de conservation impliquant de fournir un certain nombre d’éléments portant, notamment, sur l’organisation de l’entreprise garantissant sa gestion intègre et maîtrisée, afin de s’assurer que cette dernière aura la possibilité de satisfaire aux exigences de la réglementation nationale après son immatriculation, et, d’autre part, à un refus d’une telle immatriculation lorsque l’autorité de surveillance n’est pas convaincue de l’exactitude et de la complétude des informations fournies."
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