jueves, 19 de noviembre de 2026

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (19.11.2026)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 19 de noviembre de 2026, en el asunto C‑98/24 [Koda]: Procedimiento prejudicial — Artículo 267 TFUE — Concepto de “órgano jurisdiccional” — Criterios — Independencia del organismo remitente — Notario que actúa como comisario judicial en el ámbito de un procedimiento sucesorio — Falta de independencia — Inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

Fallo del Tribunal:
"La petición de decisión prejudicial planteada por el soudní komisař (Comisario Judicial, República Checa), designado por el Obvodní soud pro Prahu 1 (Tribunal del Distrito 1 de Praga, República Checa) en un procedimiento sucesorio, mediante resolución de 29 de enero de 2024, es inadmisible."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 19 de noviembre de 2026, en el asunto C‑683/24 (Spielerschutz Sigma): Procedimiento prejudicial — Juegos de azar en línea — Legislación de un Estado miembro que establece la inadmisibilidad de cualquier acción judicial relativa a la legalidad de la prestación de servicios de juegos de azar desde dicho Estado miembro, autorizada por la normativa de este, y a la obligación de los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro de denegar el reconocimiento y la ejecución de toda resolución judicial extranjera dictada a raíz de tal acción — Dictamen jurídico en el que se concluye que dicha legislación nacional es incompatible con el Derecho de la Unión — Acción de responsabilidad ejercitada contra el autor del dictamen jurídico — Exactitud del dictamen jurídico — Interpretación del Derecho de la Unión solicitada para evaluar la exactitud de dicho dictamen jurídico en el marco de la acción de responsabilidad ejercitada contra su autor — Inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

Fallo del Tribunal:
"La petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien (Tribunal de lo Mercantil de Viena, Austria), mediante resolución de 16 de octubre de 2024, es inadmisible."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 19 de noviembre de 2026, en el asunto C‑29/25 (KOOPERATIVA): Procedimiento prejudicial — Seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles — Directiva 2009/103/CE — Ámbito de aplicación — Accidente de circulación causado por el tomador del seguro que conduce un vehículo bajo la influencia de un estupefaciente — Acción de repetición ejercitada por el asegurador contra el tomador del seguro — Normativa y jurisprudencia nacionales que no permiten al juez reducir el importe reclamado por el asegurador — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 17 y 47 — Principio de equivalencia — Falta de competencia del Tribunal de Justicia.

Fallo del Tribunal:
"La Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad,
debe interpretarse en el sentido de que
no están incluidas en su ámbito de aplicación unas disposiciones nacionales que no permiten al juez apreciar y, en su caso, reducir, por motivos de equidad, el importe reclamado por el asegurador en el marco de una acción de repetición contra el tomador del seguro, responsable de un accidente de tráfico, para obtener el reembolso de la indemnización abonada a la víctima por cuenta de este, en virtud del seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 19 de noviembre de 2026, en el asunto C‑906/24 [Sirto]: Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Trabajadores — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 10 — Niños escolarizados en el Estado miembro de acogida — Niños que asisten a una guardería — Derecho de residencia derivado — Directiva 2004/38/CE — Artículos 27 y 28 — Decisión de expulsión del padre de los niños, que es ciudadano de la Unión, por razones de orden público o de seguridad pública — Consecuencias para el derecho de residencia derivado de sus hijos y de su cónyuge que ejerce la custodia efectiva de estos — Obligación del Estado miembro de acogida de tener en cuenta, a los efectos de la decisión de expulsión del padre, el hecho de que sus hijos y su cónyuge deseen continuar residiendo en este Estado en virtud de su derecho de residencia derivado — Artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Vida familiar — Artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Interés superior del niño.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión,
debe interpretarse en el sentido de que,
en caso de que un nacional de un Estado miembro resida en otro Estado miembro, en virtud de la libre circulación de trabajadores, con su cónyuge e hijos, de los cuales algunos están escolarizados en ese otro Estado miembro y otros no lo están todavía, los hijos y el cónyuge que ejerce efectivamente su custodia disfrutan, en este último Estado miembro, de un derecho de residencia basado en el referido artículo 10 y conservan este derecho incluso cuando dicho nacional de un Estado miembro es objeto de una decisión de expulsión adoptada, por razones de orden público, sobre la base del artículo 28 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.
2) El artículo 28, apartado 1, de la Directiva 2004/38, interpretado a la luz de los artículos 7 y 24, apartados 2 y 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que,
antes de adoptar, respecto de un ciudadano de la Unión, una decisión de expulsión por razones de orden público, la autoridad competente del Estado miembro de acogida está obligada a tener en cuenta el hecho de que los hijos y el cónyuge de este ciudadano disfrutan, en el territorio de este Estado miembro, de un derecho de residencia autónomo basado en el artículo 10 del Reglamento n.º 492/2011 y desean continuar residiendo en él como elemento que forma parte de la «situación familiar» de dicho ciudadano, en el sentido del citado artículo 28, apartado 1.
A los efectos de apreciar esta «situación familiar», dicha autoridad debe tener en cuenta todos los elementos que caractericen la vida familiar que el ciudadano de la Unión de que se trate desarrolla en el territorio del Estado miembro de acogida y que puedan verse afectados por su expulsión, prestando especial atención a las consecuencias de tal expulsión sobre el interés superior de sus hijos.
Para apreciar la proporcionalidad de una decisión de expulsión adoptada por razones de orden público, el órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso contra tal decisión debe tener en cuenta todos estos elementos, así como, en su caso, el período transcurrido desde que sucedieron los hechos imputados al interesado y la conducta de este durante ese período."

- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN RICHARD DE LA TOUR présentées le 19 novembre 2026, Affaire C‑415/25 (De Nederlandsche Bank): [demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas)] Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 47 – Obligation d’immatriculation des prestataires de services relatifs aux monnaies virtuelles – Réglementation nationale exigeant de fournir, avec la demande d’immatriculation, des données permettant de vérifier le respect des exigences prévues par la législation nationale transposant la directive 2015/849 – Compatibilité avec le droit de l’Union – Principe de proportionnalité – Libertés fondamentales.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste la cuestión planteada en el siguiente sentido:
"L’article 47 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas, d’une part, à une obligation d’immatriculation des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que de services de portefeuilles de conservation impliquant de fournir un certain nombre d’éléments portant, notamment, sur l’organisation de l’entreprise garantissant sa gestion intègre et maîtrisée, afin de s’assurer que cette dernière aura la possibilité de satisfaire aux exigences de la réglementation nationale après son immatriculation, et, d’autre part, à un refus d’une telle immatriculation lorsque l’autorité de surveillance n’est pas convaincue de l’exactitude et de la complétude des informations fournies."

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Jurisprudencia - Asesor fiscal condenado como cooperador necesario por su decisiva contribución en la elaboración de falsa residencia en Luxemburgo

 

- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 604/2026 de 9 Oct. 2026, Rec. 3677/2023: Delitos contra la Hacienda Pública. Cooperación necesaria. Confirmación de condena por cuatro delitos al colaborar decisivamente en la simulación de residencia fiscal en Luxemburgo del obligado tributario para eludir obligaciones en España durante varios ejercicios. Suficiencia del relato de hechos probados que, aunque parco, concreta que realizó actuaciones necesarias para la obtención de documentación falsa que permitió al obligado tributario simular no ser residente fiscal en España. Presunción de inocencia. Inexistencia de vulneración. Legalidad de las pruebas. Secreto en las comunicaciones. Inexistencia de vulneración. Acceso a correos electrónicos sin autorización específica sino solo para la aprehensión de los ordenadores antes de la entrada en vigor de la L13/2015, en el marco de una investigación judicializada. Aunque no existiera autorización judicial para el acceso inicial al contenido del ordenador posteriormente se autorizó mediante resolución judicial expresa el volcado de ese contenido por lo que no se ha producido una actuación ajena al control jurisdiccional. Prueba. Correos entre las secretarias del obligado tributario y su asesor que presta sus conocimientos para la construcción del instrumento que facilita la defraudación.

Ponente: Porres Ortiz de Urbina, Eduardo.
Nº de Sentencia: 604/2026
Nº de Recurso: 3677/2023
Jurisdicción: PENAL
Diario LA LEY, Nº 110, Sección Legal Management, 19 de Noviembre de 2026
ECLI:ES:TS:2026:4326
[Texto de la sentencia]

 

Bibliografía - Movilidad internacional de trabajadores y contratación de extranjeros: claves prácticas desde el derecho de extranjería

 

- Movilidad internacional de trabajadores y contratación de extranjeros: claves prácticas desde el derecho de extranjería
José M.ª Pey González, Abogado del Iltre. Colegio de Vizcaya y del Servicio de Inmigración del Iltre. Ayuntamiento de Baracaldo; Vocal de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE por el Consejo Vasco de la Abogacía; Profesor del MUAAP de la Universidad de Deusto y de la EPJ Pedro Ibarreche
Diario LA LEY, Nº 11049, Sección Tribuna, 19 de Noviembre de 2026

La internacionalización de las relaciones laborales ha desbordado progresivamente el esquema tradicional sobre el que se construyó el Derecho español de extranjería laboral. La incorporación de una persona extranjera al mercado de trabajo español ya no responde necesariamente al modelo clásico de contratación desde origen, autorización administrativa, visado, entrada y posterior alta en Seguridad Social. Junto a ese régimen subsisten hoy situaciones muy diferentes: trabajadores extranjeros que ya se encuentran habilitados para trabajar en España, desplazamientos temporales en el marco de prestaciones transnacionales de servicios, traslados intraempresariales, profesionales altamente cualificados, investigadores y teletrabajadores de carácter internacional. Esta diversidad obliga a distinguir dos fenómenos que, pese a su proximidad, responden a lógicas jurídicas diferentes: la migración para el empleo, en la que el desplazamiento tiene como finalidad acceder al mercado laboral del Estado de destino, y la movilidad en el empleo, en la que el trabajador se desplaza precisamente porque existe previamente una relación laboral o profesional. La correcta delimitación entre contratación y desplazamiento constituye así una cuestión previa a la determinación del régimen jurídico aplicable. El presente trabajo, fruto de la intervención en las IX Jornadas iuslaboralistas de La Palma, analiza las principales vías de acceso de las personas extranjeras al mercado laboral español, el régimen de los desplazamientos transnacionales y las autorizaciones vinculadas a la movilidad internacional, prestando especial atención a la coexistencia entre el régimen general de la Ley Orgánica 4/2000 y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1155/2024, y el sistema especial de movilidad internacional previsto en la Ley 14/2013. El resultado es un modelo cada vez más diversificado en el que la correcta calificación jurídica de la operación adquiere tanta importancia como la autorización administrativa finalmente utilizada.

 

DOUE de 19.11.2026


- Reglamento Delegado (UE) 2026/2288 de la Comisión, de 14 de septiembre de 2026, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a la lista de productos de doble uso sujetos a control de las exportaciones
[DO L, 2026/2288, 19.11.2026]

Nota: El anexo I del Reglamento (UE) 2021/821 contiene la lista común de productos de doble uso sujetos a controles en la Unión. Las decisiones relativas a los productos sujetos a estos controles se adoptan en el marco de los controles de productos de doble uso acordados internacionalmente.
La lista de productos de doble uso que figura en el anexo I del Reglamento (UE) 2021/821 debe actualizarse periódicamente para cumplir plenamente las obligaciones internacionales en materia de seguridad y los compromisos que los Estados miembros y, en su caso, la Unión han asumido. Las listas de control adoptadas en el marco de los regímenes internacionales de no proliferación y de los acuerdos internacionales de control de las exportaciones se modificaron en 2025. Además, el 15 de abril de 2026 los Estados miembros informaron a la Comisión de que todos ellos habían aceptado, también como miembros del Arreglo de Wassenaar, nuevos compromisos para controlar más productos. El anexo I del Reglamento (UE) 2021/821 debe modificarse de conformidad con dichas obligaciones y compromisos, sustituyéndose el anexo I del Reglamento (UE) 2021/821 por un nuevo texto.


BOE de 19.11.2026


- Resolución de 28 de julio de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Martorell n.º 1 a inscribir una escritura de heredamiento universal cumulativo con transmisión de bienes de presente sujeto al Derecho Civil de Cataluña en que los otorgantes no tienen nacionalidad española.

Nota: Mediante escritura autorizada el día 30 de julio de 2025 por notario de Sabadell, dos cónyuges de nacionalidad sueca, residentes en Sabadell, otorgaban conforme al artículo 431-19 del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, un pacto por el que el esposo nombraba e instituía heredera universal a su cónyuge, estableciendo expresamente que este heredamiento es cumulativo, quien lo aceptaba: «El heredante transmite de presente por esta vía de transmisión lucrativa mortis causa la totalidad de sus bienes –sin perjuicio de reservarse los bienes concretos que se enumerarán– al instituido, que acepta».
La registradora consideró que, al ser necesario ostentar vecindad civil catalana para que el otorgante se sujete al Derecho Civil de Cataluña, y resultando la vecindad civil una cualidad reservada a españoles, siendo extranjeros los otorgantes, no procede, en este caso, el otorgamiento de pacto sucesorio de heredamiento cumulativo que implica entrega de bienes de presente, el cual muy posiblemente, además, no se encuentre en el concepto de pacto sucesorio previsto en el Reglamento (UE) 650/2012, en cuanto se transmite la propiedad de presente y su consecuencia sucesoria supone una “professio iuris” no expresa, sino tácita, pero parcial, que le puede suponer la fragmentación de la sucesión, conforme a la reciente jurisprudencia europea.

"1. El presente recurso tiene como objeto una sola cuestión: la relativa a si personas que carecen de vecindad civil catalana (sean extranjeras como en el caso o españolas) pueden otorgar una escritura de heredamiento universal cumulativo con transmisión de bienes de presente.
Ha de hacerse notar que no estamos ante una sucesión «mortis causa» internacional conforme al artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, sino de la valoración de un documento como posible título sucesorio «mortis causa».

2. Como ha tenido ocasión de señalar este centro Directivo en las Resoluciones citadas en los «Vistos» (de las cuales solo una fue objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares –pese a referirse a Derecho europeo-) los pactos «inter vivos» con efecto sucesorio previstos por la legislación autonómica se circunscriben al ámbito subjetivo a los que esa legislación es aplicable, sin que puedan trasladarse por tanto a ciudadanos extranjeros, en este caso de nacionalidad sueca.
El diseño de los artículos 36 a 38 del Reglamento (UE) n.º 650/2012, se refiere a las sucesiones mortis causa abiertas, siendo las disposiciones mortis causa instrumentos hábiles para ordenar la sucesión, sujetas a la ley aplicable que se determina a la apertura de la misma (artículo 23.2).

3. La normativa española es clara: artículos 149.1.8.ª de la Constitución Española y capítulo V del título preliminar del Código Civil y coincidente con el artículo 111-3 del Código Civil de Cataluña, como no podía ser de otra forma.
Todos los españoles tienen vecindad civil, que determina la sujeción al derecho civil común o al especial o foral (artículo 14.1 del Código Civil).

4. Desde otra perspectiva se discute la interpretación de la donación «mortis causa» tal como fue entendida por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de septiembre de 2021.
La donación «mortis causa» no se incluye en el ámbito del Reglamento (UE) n.º 650/2012, que en ningún momento se refiere a ella como no lo hace el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 (vid. artículo 75.1 del Reglamento (UE) n.º 650/2012).
Por ello, la Sentencia citada enmarca la donación «mortis causa» en los pactos sucesorios en los que la entrega de bienes se produce después de la muerte no con efecto de presente.
[...]

Excluyendo en el caso que analizaba la Sentencia la «professio iuris» retroactiva prevista en el artículo 83, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 650/2012, que debe interpretarse en el sentido de que no alcanza al examen de la validez de la elección de la ley aplicable (efectuada en el supuesto de la Sentencia de 17 de agosto de 2015), para regir solamente un pacto sucesorio, a los efectos del artículo 3, apartado 1, letra b), de ese reglamento, referido a un bien concreto del «de cuius», y no a la totalidad de su sucesión (en el caso que se analiza, como argumento adicional, se reservan bienes por el concedente).

5. Por lo tanto, no es posible ni desde la perspectiva española ni desde la europea dotar de validez a un acuerdo entre extranjeros en el que se produce una transmisión lucrativa «mortis causa» de bienes de presente, por lo que no cabe permitir su inscripción."

Por todo ello, la DGSJyFP desestima el recurso y confirma la calificación impugnada.

Llama la atención que la DGSJyFP después de más de siete años siga todavía quejándose de que el TSJ de Baleares revocase una Resolución suya, criticando la resolución judicial y amparándose para ello en una Resolución propia que se publica en el BOE: "de las cuales [Resoluciones] solo una fue objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares –pese a referirse a Derecho europeo–". ¡Qué mal perder, además de poca elegancia, demuestra tener la DG! 

[BOE n. 288, de 19.11.2026]

 

miércoles, 18 de noviembre de 2026

BOE de 18.11.2026


- Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, hecho en Kuala Lumpur el 22 de octubre de 2024.

Nota: Llama la atención que España y Uruguay se hayan ido a Malasia a firmar un acuerdo bilateral. 

Este acuerdo entrará en vigor el 27 de noviembre de 2026.

[BOE n. 287, de 18.11.2026]


martes, 17 de noviembre de 2026

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (17.11.2026)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 17 de noviembre de 2026, en el asunto C‑241/25 (Société Générale): Petición de decisión prejudicial — Artículo 63 TFUE — Libre circulación de capitales — Fiscalidad — Tributación de los dividendos — Retención en origen sobre los dividendos percibidos por una sociedad no residente deficitaria — Devolución — Diferimiento de la tributación — Requisitos — Obligación de calcular el resultado de la sociedad no residente según las normas del Estado miembro de la fuente de los dividendos.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la práctica de la Administración tributaria de un Estado miembro consistente en exigir a una sociedad no residente que pertenece a un grupo de sociedades que tributa en régimen consolidado en su Estado miembro de residencia y que invoca su situación deficitaria para obtener la devolución de la retención en origen practicada sobre los dividendos percibidos de una sociedad residente en el primer Estado miembro que aporte la prueba de esa situación deficitaria recalculando, de manera sistemática, su resultado fiscal con arreglo a las normas que aplica ese primer Estado miembro para gravar a las sociedades residentes."

 

DOUE de 17.11.2026


- Reglamento Delegado (UE) 2026/2565 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2026, que modifica el anexo del Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión
[DO L, 2026/2565, 17.11.2026]

Nota: De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/452, cuando la Comisión considere que una inversión extranjera directa puede afectar, por motivos de seguridad u orden público, a proyectos o programas de interés para la Unión, podrá emitir un dictamen a la atención del Estado miembro en que se haya previsto o realizado dicha inversión extranjera directa. Entre los proyectos o programas de interés para la Unión se cuentan aquellos que implican una cantidad importante o un porcentaje considerable de financiación de la Unión, o que están regulados por el Derecho de la Unión en materia de infraestructuras críticas, tecnologías críticas o insumos fundamentales que sean esenciales para la seguridad o el orden público. La lista de proyectos o programas de interés para la Unión a los efectos del Reglamento (UE) 2019/452 se establece en el anexo de dicho Reglamento.
La Comisión ha localizado otros Reglamentos por los que se establecen proyectos y programas que deben añadirse a dicha lista, ya que tienen una importancia directa para la seguridad y el orden público de la Unión. Por otro lado, se suprime de la lista algunos programas europeos debido a la derogación de los Reglamentos que los establecen.
Por tanto, se procede ahora a actualizar el anexo del Reglamento (UE) 2019/452.


BOE de 17.11.2026


- Ley 13/2026 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 3 de agosto, de modificación del Código civil de Cataluña en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas.

Nota: El artículo único de esta Ley modifica la rúbrica y la sistemática del título II del libro segundo del Código civil de Cataluña, a fin de regular, por un lado, las instituciones de protección, que corresponden únicamente a las personas menores de edad, y, por otro lado, los apoyos que se ofrecen a las personas mayores de edad para el ejercicio de su capacidad jurídica.

[BOE n. 286, de 17.11.2026]

 

lunes, 16 de noviembre de 2026

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

- Asunto C-176/25, Steizer: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de septiembre de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf – Alemania) – IU / BT [Procedimiento prejudicial – Espacio de libertad, seguridad y justicia – Cooperación judicial en materia civil – Ley aplicable a las obligaciones contractuales – Reglamento (CE) n.o 593/2008 (Roma I) – Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales – Reglamento (CE) n.o 864/2007 (Roma II) – Obligación extracontractual resultante de la violación, por un tercero, de los derechos exclusivos de uso, presuntamente pertenecientes a una persona, sobre obras protegidas por derechos de autor – Impugnación por el demandado de la validez formal del contrato de cesión entre el cesionario de dichos derechos y el autor – Vinculación de esta cuestión con la materia contractual] [DO C, C/2026/5858, 16.11.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 24.9.2026.

- Asunto C-190/25, Zelabrich: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de septiembre de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Stuttgart – Alemania) – LS / GT [Procedimiento prejudicial – Cooperación judicial en materia civil – Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial – Reglamento (CE) n.o 2201/2003 – Artículo 19 – Concepto de demanda de nulidad matrimonial – Artículo 63 – Tratado celebrado entre la Santa Sede y un Estado miembro – Matrimonio celebrado de conformidad con el Derecho canónico – Órgano jurisdiccional civil de un Estado miembro ante el que se presenta una demanda de divorcio – Órgano jurisdiccional civil de otro Estado miembro ante el que se presenta una demanda de reconocimiento de la eficacia civil de una resolución de un tribunal eclesiástico por la que se declara la nulidad de ese matrimonio] [DO C, C/2026/5859, 16.11.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 24.9.2026.

- Asunto C-300/25, Duftošek: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de septiembre de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud – República Checa) – SQ / YR [Procedimiento prejudicial – Espacio de libertad, seguridad y justicia – Reglamento (UE) 2016/1103 – Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales – Artículo 1, apartado 1 – Ámbito de aplicación – Artículo 3, apartado 1, letra a) – Concepto de régimen económico matrimonial – Inmueble adquirido en proindiviso por unos cónyuges casados en régimen de separación de bienes – Acción de extinción y liquidación de dicho proindiviso ejercitada después de la disolución del matrimonio – Inclusión] [DO C, C/2026/5860, 16.11.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 24.9.2026.

- Asunto C-511/25, Prokoda: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 24 de septiembre de 2026 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud – República Checa) – Ministerstvo vnitra / E.K. [Procedimiento prejudicial – Espacio de libertad, seguridad y justicia – Política de asilo – Criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional – Reglamento (UE) n.o 604/2013 – Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional en virtud del artículo 3, apartado 2, párrafo primero, de dicho Reglamento – Solicitud de protección internacional presentada en otro Estado miembro – Artículo 17 – Cláusula discrecional – Ámbito de aplicación] [DO C, C/2026/5864, 16.11.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 24.9.2026.

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-792/26, Signa Mitarbeiterbeteiligung: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 15 de julio de 2026 – VF, en calidad de administrador concursal en el procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio de la sociedad Signa Mitarbeiterbeteiligungs GmbH / TV [DO C, C/2026/5880, 16.11.2026]

Cuestión prejudicial:
"¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia, en el sentido de que los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se ha abierto el procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio de la sociedad A, en virtud del artículo 3 de dicho Reglamento, también son competentes para conocer de una acción rescisoria cuando no sea el administrador concursal de la sociedad A quien ejercite esa acción, sino el administrador concursal de la sociedad B, vinculada a la sociedad A, respecto de cuyo patrimonio se ha abierto el procedimiento de insolvencia en ese mismo Estado miembro, y ambos administradores hayan acordado que el derecho rescisorio sea ejercido por el administrador concursal de la sociedad B y que el importe obtenido se reparta entre las dos masas concursales, razón por la cual el administrador concursal de la sociedad A ha cedido sus derechos rescisorios al administrador concursal de la sociedad B?"

- Asunto C-849/26, Jeanquet: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil du Contentieux des Étrangers (Bélgica) el 30 de julio de 2026 – X / État belge [DO C, C/2026/5883, 16.11.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el tenor del artículo 2, punto 2, letra c), de la Directiva 2004/38 en el sentido de que se opone a que un descendiente directo del cónyuge o de la pareja de hecho de un ciudadano de la Unión, con arreglo a dicha disposición, pierda la condición de «miembro de la familia» de ese ciudadano de la Unión como consecuencia de la disolución del matrimonio o de la unión registrada entre dicho cónyuge o pareja de hecho y el ciudadano de la Unión, incluso cuando dicho descendiente directo convive con el ciudadano de la Unión en un Estado miembro distinto de aquel del que este último es nacional, ha estado a su cargo, en particular cuando era menor de edad, y permanece a su cargo tras alcanzar la mayoría de edad? En su caso, ¿ocurre lo mismo cuando dicho descendiente directo desea reunirse con el ciudadano de la Unión en un Estado miembro distinto de aquel del que este último es nacional y al que se traslade o en el que resida?
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el tenor del artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/38 en el sentido de que se opone a que se reconozca a un nacional de un tercer Estado la condición de «otro miembro de la familia» de un ciudadano de la Unión cuando el vínculo jurídico que los unía se ha roto por la disolución del matrimonio celebrado entre el ciudadano de la Unión y uno de los ascendientes directos de dicho nacional, incluso cuando este estaba a cargo del ciudadano de la Unión en su país de procedencia y sigue estando a su cargo en un Estado miembro distinto de aquel del que el ciudadano de la Unión es nacional y al que se traslada o en el que reside?"

- Asunto C-882/26, Taleno: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 5 de agosto de 2026 – Taleno GmbH / Finanzamt [DO C, C/2026/5884, 16.11.2026]

Cuestión prejudicial:
"¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2009/133/CE, según el cual, en caso de fusión, cuando la sociedad beneficiaria posee una participación en el capital de la sociedad transmitente, no puede aplicarse ningún gravamen sobre la plusvalía obtenida por la sociedad beneficiaria con motivo de la anulación de su participación, en el sentido de que se opone a una norma de un Estado miembro en virtud de la cual, si bien no se aplica ningún gravamen sobre la plusvalía en caso de anulación de la participación, sí es cierto que, con este motivo, no pueden deducirse los gastos de explotación, cuyo importe se calcula a tanto alzado en el 5 % de los beneficios exentos obtenidos con la absorción?"

- Asunto C-915/26, Zomor: Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Hungría) el 6 de agosto de 2026 – MU y otros / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság [DO C, C/2026/5885, 16.11.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) Habida cuenta de los objetivos enunciados en los considerandos 2 y 42 de la Directiva [(UE) 2016/801], ¿es conforme con los artículos 7, apartado 1, letra e), y 8, apartado 3, de esa Directiva la práctica de un Estado miembro que, para que pueda considerarse cumplido el requisito —establecido en esas disposiciones— relativo a los recursos suficientes para cubrir el coste del viaje de regreso exige, en el caso de un nacional de un país tercero que solicita un permiso de residencia con fines de investigación, que este también demuestre, a pesar del convenio de acogida celebrado con un organismo de investigación aprobado, que se cumplen criterios que el artículo 8, apartado 3, de la Directiva [(UE) 2016/801] le permite no acreditar[?]
2) Teniendo en cuenta el trato equitativo previsto en el artículo 79 TFUE, la tutela judicial efectiva y el principio del proceso equitativo, consagrados en el artículo 47 de la Carta, y los considerandos 54 y 61 de la Directiva [(UE) 2016/801], pero especialmente el principio de seguridad jurídica, ¿es conforme con los artículos 34, apartados 1 a 3, y 7, apartado 4, de esa Directiva la práctica de un Estado miembro que, en el caso de la presentación electrónica de la solicitud, establecida obligatoriamente por la normativa nacional, considera como fecha de presentación de la solicitud no el día en el que esta se presenta, sino el día de finalización del procedimiento de admisión a trámite desarrollado posteriormente —que incluye la identificación biométrica del solicitante y la presentación de la solicitud en papel—, y que solo aprecia en perjuicio del solicitante la expiración durante ese procedimiento de la validez del permiso de residencia previo, de modo que esta expiración conlleva, por sí sola, la denegación de la solicitud?"

- Asunto C-930/26, Wilsmen: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Países Bajos) el 14 de agosto de 2026 – EO / Minister van Asiel en Migratie [DO C, C/2026/5886, 16.11.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 1, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que la autoridad judicial a la que se ha solicitado que examine el recurso contra una decisión sobre una solicitud de protección internacional está obligada, de oficio si es necesario, a partir de los elementos de los autos que se hayan puesto en su conocimiento, completados o aclarados tras un procedimiento contradictorio, a pronunciarse sobre el fondo de dicho recurso si el Estado miembro no ha hecho uso de la facultad establecida en el artículo 46, apartado 11, de la Directiva 2013/32 y no existe una base jurídica para considerar que dicha solicitud ha sido retirada implícitamente y para declararla inadmisible por el hecho de que el interesado, mientras espera la resolución de su recurso, (ya) no hace uso de su derecho a las prestaciones de acogida y a la asistencia jurídica, pero no hay indicios de que haya abandonado el territorio de la Unión?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 5 de la Directiva 2008/115, en relación con los artículos 4, 19, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que la autoridad judicial a la que se ha solicitado que examine el recurso interpuesto contra la orden de traslado a otro Estado miembro con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115 está obligada a determinar, de oficio si es necesario, una posible violación del principio de no devolución derivada de la ejecución de dicha decisión, a partir de los elementos de los autos que se hayan puesto en su conocimiento, completados o aclarados tras un procedimiento contradictorio, incluso si el interesado, mientras espera a que se resuelva su recurso, (ya) no hace uso de su derecho a las prestaciones de acogida y a la asistencia jurídica, pero no hay indicios de que haya abandonado el territorio de la Unión?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que, por un lado, dicha disposición atribuye a un órgano jurisdiccional de primera instancia que conoce de un recurso contra una decisión de inadmisibilidad de una solicitud de protección internacional la competencia para pronunciarse de manera vinculante sobre la credibilidad del relato de los hechos presentado en apoyo de dicha solicitud, sobre la verosimilitud de los temores de persecución del solicitante o del riesgo real de sufrir daños graves en caso de regresar a su país de origen, así como sobre el fundamento de dicha solicitud, tomando en consideración todos los elementos presentados en el procedimiento de recurso, y, por otro lado, los Estados miembros no pueden limitar tal competencia?"

- Asunto C-1023/26, Midsen: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Países Bajos) el 18 de septiembre de 2026 – RO, EK y su hijo menor de edad / Minister van Asiel en Migratie [DO C, C/2026/5887, 16.11.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Es válido el artículo 43, apartado 1, del Reglamento 2024/1351, en relación con el artículo 23, apartado 1, de dicho Reglamento y con los artículos 7, 24, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la medida en que establece que el alcance de un recurso contra una decisión de traslado se limita a los motivos contemplados en el artículo 43, apartado 1, letras a), b) y c)?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 23, apartado 1, del Reglamento 2024/1351, en relación con los artículos 24, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que la autoridad judicial a la que se ha recurrido para que controle la legalidad de una decisión de traslado está obligada a examinar, en su caso de oficio, cuál es el interés superior del niño y a tener en cuenta dicho interés como consideración primordial al ejercer su control jurisdiccional?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 1, del Reglamento 2024/1351, en relación con el artículo 43, apartado 3, de dicho Reglamento, en el sentido de que el plazo para efectuar el traslado comienza a correr únicamente a partir de la resolución definitiva del recurso o de la revisión de una decisión de traslado, si la suspensión de la ejecución ha sido acordada mediante resolución judicial a raíz de la primera petición de suspensión, o basta para ello con que se haya solicitado la suspensión de la ejecución?"

- Asunto C-1028/26, Gradijk: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Países Bajos) el 21 de septiembre de 2026 – EO y sus hijos menores de edad / Minister van Asiel en Migratie [DO C, C/2026/5888, 16.11.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Es válido el artículo 43, apartado 1, del Reglamento 2024/1351, en relación con los artículos 41, apartado 2, letra a), y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la medida en que establece que el alcance de un recurso contra una decisión de traslado se limita a los motivos contemplados en el artículo 43, apartado 1, letras a), b) y c)?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 22 del Reglamento 2024/1351, en relación con el artículo 23, apartado 1, de dicho Reglamento y con los artículos 24, apartado 2, 41, apartado 2, letra a), y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que la decisión de prescindir de una entrevista personal en un procedimiento de readmisión debe basarse en una apreciación de las circunstancias individuales del solicitante cuando este, o uno de los solicitantes, sea menor de edad, y en el sentido de que dicha decisión debe estar motivada?
3) Debe interpretarse el artículo 23, apartado 1, del Reglamento 2024/1351, en relación con los artículos 24, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que la autoridad judicial a la que se ha recurrido para que controle la legalidad de una decisión de traslado está obligada a examinar, en su caso de oficio, cuál es el interés superior del niño y a tener en cuenta dicho interés como consideración primordial al ejercer su control jurisdiccional?
4) ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 1, del Reglamento 2024/1351, en relación con el artículo 43, apartado 3, de dicho Reglamento, en el sentido de que el plazo para efectuar el traslado comienza a correr únicamente a partir de la resolución definitiva del recurso o de la revisión de una decisión de traslado, si la suspensión de la ejecución ha sido acordada mediante resolución judicial a raíz de la primera solicitud de suspensión, o basta para ello con que se haya solicitado la suspensión de la ejecución?"


Consulta Vinculante - Acudir a reuniones técnicas fuera de España podría considerarse en Renta como un trabajo realizado en el extranjero exento de tributación

 

- Consulta Vinculante V5690-26, de 30 de septiembre de 2026 de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas: Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Exención por trabajos realizados en el extranjero. La asistencia presencial a reuniones técnicas, de coordinación y seguimiento de proyectos internacionales puede considerarse trabajo efectivamente realizado en el extranjero si el trabajador se desplaza efectivamente y se desarrolla temporalmente fuera de España. La exención resulta aplicable si las actuaciones benefician a una entidad no residente o a un establecimiento permanente extranjero y en cada territorio de destino existe un impuesto análogo, sin necesidad de tributación efectiva. El beneficiario real deberá acreditarse mediante prueba válida, y, si existen varios países de trabajo, los requisitos se examinarán separadamente para cada uno.

Diario LA LEY, Nº 11046, Sección Hoy es Noticia, 16 de Noviembre de 2026

 

domingo, 15 de noviembre de 2026

Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado 'Profesora María Serrano Fernández' (CDNIC) - La conciliación notarial y otras actuaciones notariales en los medios alternativos de solución de controversias (MASC) (10.12.2026)

 

"La conciliación notarial y otras actuaciones notariales en los medios alternativos de solución de controversias (MASC)"
Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado 'Profesora María Serrano Fernández' (CDNIC)

(Jueves 10 de diciembre de 2026)

 

El jueves 10 de diciembre de 2026, a las 19:00 horas, Víctor J. Asencio Borrellas (Notario de Mataró) impartirá la ponencia "La conciliación notarial y otras actuaciones notariales en los medios alternativos de solución de controversias (MASC)".

Organiza: Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado 'Profesora María Serrano Fernández' (Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla).
Dirección: Prof. Dr. Andrés Rodríguez Benot (Universidad Pablo de Olavide).
Coordinación: Prof. Dr. César Hornero Méndez (Universidad Pablo de Olavide).


Ya está abierta la inscripción a la ponencia, que se realizará sólo de modo virtual. La inscripción, gratuita, es necesaria en todo caso, debiendo hacerse hasta el miércoles 9 de diciembre, a las 14:00 horas, mediante correo electrónico dirigido a 'cdnic@upo.es'. En él se deberá indicar nombre y apellidos, profesión. El enlace para poder seguir la sesión se remitirá a los inscritos en la mañana del jueves 10 de diciembre

Sólo se entregará certificado de asistencia a la finalización del programa y a quienes hayan seguido las tres ponencias del programa formativo 2026-2027 y lo soliciten. En ningún caso, se acreditará la asistencia por separado a las ponencias.

Más información por correo electrónico: 'cdnic@upo.es', por internet: https://andalucia.notariado.org/portal/cdnic o por Twitter: @CDNIC4


viernes, 13 de noviembre de 2026

DOUE de 13.11.2026


- Decisión (UE) 2026/2510 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2026, por la que se confirma la participación de Irlanda en la Decisión (UE) 2023/1076 del Consejo, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia penal, asilo y no devolución
[DO L, 2026/2510, 13.11.2026]

Nota: Mediante carta a la Comisión de 29 de julio de 2026, Irlanda notificó su deseo de aceptar la Decisión (UE) 2023/1076 y de quedar vinculada por ella (véase la entrada de este blog del día 2.6.2023). 

Mediante el presente acto se confirma la participación de Irlanda en la Decisión (UE) 2023/1076.


BOE de 13.11.2026


- Resolución de 12 de noviembre de 2026, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.

Nota: Véase el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, así como la entrada de este blog del día 7.10.2026.

- Real Decreto 979/2026, de 11 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 278/1995, de 24 de febrero, por el que se crea en España el Registro previsto en el Convenio de 12 de noviembre de 1974 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Nota: El Real Decreto 278/1995 creó en España el Registro previsto en el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre. El Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre, fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de noviembre de 1974 y España se adhirió al mismo el 20 de diciembre de 1978.
En el momento en el que se promulgó el vigente Real Decreto 278/1995 la gran mayoría de lanzamientos de satélites se realizaban por parte del Estado o con una significativa participación del mismo. El avance tan significativo que se ha producido en los últimos años en el sector espacial, con el desarrollo de un ecosistema industrial novedoso y heterogéneo, la creación de constelaciones de satélites de distintos tamaños y la proliferación de lanzamientos de pequeños satélites por todo tipo de entidades, está llevando a un incremento sustancial de potenciales lanzamientos de objetos al espacio ultraterrestre, lo que indudablemente tiene incidencia en el funcionamiento del Registro Español.
Por otra parte, con el avance de la técnica y fruto de la experiencia adquirida, se ha constatado que los datos que se aportan con las solicitudes de inscripción de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, son insuficientes para identificar de manera inequívoca los objetos inscritos, por lo que es preciso ampliar el conjunto de los datos y parámetros previstos en el Real Decreto 278/1995, de 24 de febrero, para nuevas solicitudes de inscripción.

- Real Decreto 980/2026, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la obligación de promoción de obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística.

Nota: La promoción de la diversidad cultural y lingüística es uno de los objetivos de la Ley 13/2022 general de comunicación audiovisual (véase la entrada de este blog del día 8.7.2022). Su capítulo III del título VI establece importantes novedades en el sistema de promoción de obra audiovisual europea que contiene las obligaciones que han de cumplir los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo para preservar y fomentar la diversidad cultural y lingüística garantizando unos niveles suficientes de inversión y distribución de las obras audiovisuales europeas.
El presente real decreto tiene por objeto el desarrollo de la obligación de promoción de obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística contenida en el citado capítulo III del título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

- Resolución de 12 de noviembre de 2026, de la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, por la que se publica la Providencia de 10 de noviembre de 2026, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recaída en el recurso contencioso-administrativo 1013/2026, interpuesto por el partido político Iustitia Europa contra el Acuerdo núm. 204/2026, de 16 de julio, de la Junta Electoral Central, recaído en el Expediente núm. 209/361.

- Resolución de 12 de noviembre de 2026, de la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, por la que se publica la Providencia de 10 de noviembre de 2026, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recaída en el recurso contencioso-administrativo 1015/2026, interpuesto por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales por el partido político Vox contra el Acuerdo núm. 204/2026, de 16 de julio, de la Junta Electoral Central, recaído en el Expediente núm. 209/361.

Nota: En ambas Providencias se emplaza a los hijos mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad española de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 20/2022 [apartado 1.b) de la disposición adicional octava de la citada ley], incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) e incluidos en el anexo III de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la DGSJyFP, para que puedan personarse en la pieza principal de este procedimiento y presentar, si así lo consideran procedente, escrito de contestación a la demanda, en el trámite correspondiente.

- Real Decreto 986/2026, de 11 de noviembre, sobre identificación de animales de compañía.

Nota: El artículo 4, en el que se establecen los requisitos generales para la identificación obligatoria de animales de compañía, se refiere en sus apartados 4, 5 y 6 a las exigencias para la identificación y registro de animales procedentes de la UE y de terceros países.

[BOE n. 283, de 13.11.2026]

 

jueves, 12 de noviembre de 2026

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12.11.2026)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 12 de noviembre de 2026, en los asuntos acumulados C‑7/25 [Ramodi] (i) y C‑8/25 [Karkik]: Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de asilo — Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Artículo 4 — Valoración de los elementos pertinentes de una solicitud de protección internacional — Obligación del solicitante de fundamentar los elementos de la solicitud mediante documentos auténticos u otras pruebas objetivamente verificables — Alcance — Cooperación del Estado miembro con el solicitante para valorar los elementos pertinentes de su solicitud — Alcance — Procedimientos para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Examen completo y ex nunc — Alcance de las facultades del órgano judicial de primera instancia — Examen por el juez de las necesidades de protección internacional y del respeto del principio de no devolución.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida,
debe interpretarse en el sentido de que,
por una parte, la autoridad encargada de examinar una solicitud de protección internacional debe cooperar con el solicitante y tener en cuenta, al evaluar la necesidad de protección, todos los datos y medios de prueba presentados en apoyo de la solicitud y, por otra parte, cuando el solicitante fundamente suficientemente sus declaraciones con pruebas o cumpla los requisitos establecidos en dicha disposición, sus declaraciones no requerirán ninguna confirmación adicional y se considerarán creíbles.
2) El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y los artículos 4 y 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales
deben interpretarse en el sentido de que,
por una parte, un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia que conoce de un recurso contra una decisión denegatoria de una solicitud de protección internacional está obligado a llevar a cabo un examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido un examen de las necesidades de protección internacional en virtud de la Directiva 2011/95, sobre la base de los elementos del expediente que se hayan puesto en su conocimiento, completados o aclarados al término de un procedimiento contradictorio, así como a señalar, sobre la base de todos estos datos, los elementos de hecho o de Derecho necesarios para su apreciación y, por otra parte, cuando tal decisión denegatoria vaya acompañada de una decisión que imponga una obligación de retorno, tal órgano jurisdiccional está obligado a comprobar de oficio, sobre la base de los elementos del expediente puestos en su conocimiento, completados o aclarados al término de un procedimiento contradictorio, que el principio de no devolución no se opone al retorno del solicitante de protección internacional."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 12 de noviembre de 2026, en el asunto C‑254/25 (Wojewoda Śląski): Procedimiento prejudicial — Política de inmigración — Directiva (UE) 2016/801 — Requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de estudios — Artículo 34 — Garantías procedimentales — Suspensión de los plazos de tramitación de las solicitudes de autorización de residencia presentadas por nacionales de países terceros — Imposibilidad de recurrir contra las autoridades competentes para tramitar dichas solicitudes — Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Fuerza mayor.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 34, apartados 1 y 3, de la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que, sin existir fuerza mayor, pospone el inicio del cómputo del plazo de tramitación de las solicitudes de autorización de residencia al que se refiere el citado artículo 34, apartado 1, o lo suspende, excluyendo así la posibilidad, prevista por el Derecho interno, de que un nacional de un país tercero base un recurso judicial en la inactividad o el retraso de la autoridad administrativa competente para tramitar esas solicitudes, de modo que esta no puede ser condenada, en virtud del Derecho nacional que transpone la mencionada Directiva, a una sanción o al pago de una indemnización por esa inactividad o ese retraso."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 12 de noviembre de 2026, en el asunto C‑476/25 [Seruel]: Procedimiento prejudicial — Administradores de créditos y compradores de créditos — Directiva (UE) 2021/2167 — Relaciones con el prestatario, comunicación de la cesión y comunicaciones posteriores — Artículo 10, apartado 1 — Empresa que ha adquirido un préstamo vencido — Procedimiento monitorio contra el prestatario consumidor — Prescripción de un crédito — Examen de oficio por el juez nacional — Protección de los consumidores — Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores — Directiva 2005/29/CE.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 10, apartado 1, de la Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2021, sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE,
debe interpretarse en el sentido de que
no regula la cuestión de si el juez nacional que conoce de una reclamación de deuda presentada por un comprador de créditos frente a un consumidor puede examinar de oficio la prescripción de dicho crédito."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 12 de noviembre de 2026, en el asunto C‑579/24 (Austro-Mechana y AKM): Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 2 — Derecho de reproducción — Artículo 3, apartados 1 y 2 — Derecho de comunicación y de puesta a disposición del público — Directiva (UE) 2019/790 — Artículo 17 — Servicios para compartir contenidos en línea — Realización de copias digitales de contenidos protegidos en los servidores de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea con vistas a su comunicación al público en las plataformas en línea de dichos prestadores — Alcance de la responsabilidad de los referidos prestadores — Obligación de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea de obtener la autorización de los titulares de derechos para comunicar al público o poner a su disposición las obras y otras prestaciones protegidas.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 17, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE,
debe interpretarse en el sentido de que
el almacenamiento, por un prestador de servicios para compartir contenidos en línea en el sentido del artículo 2, punto 6, de la Directiva 2019/790, de obras y otras prestaciones protegidas cargadas por los usuarios, que es técnicamente necesario para permitir su comunicación al público o su puesta a disposición del público, constituye un acto de reproducción a los efectos del artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, realizado por el propio prestador o imputable al propio prestador, para el que no precisa de una autorización distinta de la que debe obtener de los titulares de derechos a que se refiere el artículo 3, apartados 1 y 2, de esta última Directiva.
2) El artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2019/790
debe interpretarse en el sentido de que
la carga, por parte de los usuarios de servicios para compartir contenidos en línea, de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor en los servidores de un prestador de tales servicios, en el sentido del artículo 2, punto 6, de la citada Directiva, con vistas a su almacenamiento en esos servidores, que resulta técnicamente necesario para permitir la comunicación al público o la puesta a disposición del público de dichas obras o prestaciones, constituye un acto de reproducción a los efectos del artículo 2 de la Directiva 2001/29, para el que los usuarios no precisan de una autorización de los titulares de derechos mencionados en dicha disposición, ya que este acto debe considerarse cubierto por la autorización que los prestadores deben obtener, con arreglo al artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2019/790, de los titulares de derechos a que se refiere el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/29."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. RIMVYDAS NORKUS, presentadas el 12 de noviembre de 2026, en el asunto C‑626/25 (Landsbanki Luxembourg): [Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia)] Procedimiento prejudicial — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Préstamos hipotecarios — Procedimiento de insolvencia — Reconvención — Artículo 24 — Prórroga de la competencia judicial — Demandado que invoca su condición de consumidor y la competencia del tribunal de su domicilio — Excepción de litispendencia — Artículo 35 — Límites del control ejercido por el tribunal del Estado miembro requerido — Apreciación de los hechos en los que el tribunal del Estado miembro de origen ha basado su competencia — Falta de apreciación de los hechos que permiten determinar si concurrían los requisitos para la aplicación del artículo 15 de dicho Reglamento — Comprobación de la competencia por el tribunal del Estado miembro requerido.

Nota: El AG propone al Tribunal que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia):
"1) El artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una parte domiciliada en un Estado miembro declare su crédito en un procedimiento de insolvencia iniciado en otro Estado miembro no conlleva, por sí solo, la prórroga de la competencia del tribunal que conoce de dicho procedimiento por lo que respecta a una reconvención presentada contra esa parte. No obstante, tal prórroga puede resultar de la comparecencia de la referida parte en el procedimiento relativo a la reconvención, siempre que no haya impugnado a su debido tiempo la competencia del tribunal ante el que se presentó la demanda.
2) El artículo 24 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una excepción de litispendencia, mediante la cual una parte que alega su condición de consumidor invoca la competencia de los tribunales de su domicilio conforme a los foros de protección de la sección 4 del capítulo II de dicho Reglamento, puede constituir una impugnación de la competencia en el sentido de la referida disposición cuando de su contenido y del contexto procesal en el que se propone se desprenda claramente que la parte de que se trate pretende oponerse a la competencia del tribunal ante el que se presentó la demanda. No obstante, tal impugnación debe formularse a su debido tiempo.
3) El artículo 35, apartado 2, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el tribunal del Estado miembro de origen no haya realizado las apreciaciones que permitan determinar si las normas sobre competencia judicial que protegen al consumidor establecidas en la sección 4 del capítulo II de dicho Reglamento eran aplicables y la competencia de dicho tribunal no resulte del artículo 24 del mismo Reglamento, la citada disposición no priva al tribunal del Estado miembro requerido de la posibilidad de proceder a una comprobación limitada del respeto de tales normas, siempre que ese control no conduzca ni a una revisión en cuanto al fondo de la resolución extranjera ni a que se cuestionen las apreciaciones de hecho efectivamente realizadas por el tribunal de origen."


Bibliografía - Nacionalidad sin voto

 

- Nacionalidad sin voto. La cautelar del Supremo sobre la «ley de nietos»
Silvia Durán Alonso, Profesora Contratada Doctora (UCAM Universidad Católica de Murcia)
Diario LA LEY, Nº 11044, Sección Tribuna, 12 de Noviembre de 2026

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de aquellos inscritos en el denominado «Censo Electoral de Residentes Ausentes» que adquirieron la nacionalidad a través de la conocida como «ley de nietos», utilizando la presunción de exilio que fijó la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 25 de octubre de 2022. El trabajo analiza el objeto del pleito, los presupuestos de dicha medida, su difícil ejecución y las vías para resolver una paradoja: españoles que son legalmente de origen, pero que no pueden votar.

 

DOUE de 12.11.2026


- Comunicación de la Comisión — Directrices sobre la aplicación de las obligaciones de transparencia para determinados sistemas de IA en virtud del artículo 50 del Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de Inteligencia Artificial)
[DO C, C/2026/6005, 12.11.2026]

Nota: El Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican determinados Reglamentos, entró en vigor el 1 de agosto de 2024. En él se establecen normas armonizadas para la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de inteligencia artificial (IA) en la Unión. Su objetivo es promover la innovación y la adopción de la IA, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales en la Unión, incluidos la democracia y el Estado de Derecho.
El Reglamento de Inteligencia Artificial sigue un enfoque basado en el riesgo, que clasifica los sistemas de IA en cuatro categorías de riesgo diferentes, una de las cuales es la de los sistemas de IA que plantean riesgos de transparencia que están sujetos a las obligaciones establecidas en el artículo 50 del Reglamento. Estas obligaciones de transparencia se aplican dos años después de la entrada en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial, es decir, a partir del 2 de agosto de 2026.
Las presentes Directrices de la Comisión se publican con el objetivo de servir de orientación práctica para ayudar a las autoridades competentes, así como a los proveedores e responsables del despliegue de sistemas de IA, a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en virtud del artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial de manera coherente, efectiva, proporcionada y uniforme.
Estas Directrices no son vinculantes. Solo el TJUE puede ofrecer en última instancia una interpretación autorizada del Reglamento de Inteligencia Artificial.