martes, 17 de noviembre de 2026

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (17.11.2026)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 17 de noviembre de 2026, en el asunto C‑241/25 (Société Générale): Petición de decisión prejudicial — Artículo 63 TFUE — Libre circulación de capitales — Fiscalidad — Tributación de los dividendos — Retención en origen sobre los dividendos percibidos por una sociedad no residente deficitaria — Devolución — Diferimiento de la tributación — Requisitos — Obligación de calcular el resultado de la sociedad no residente según las normas del Estado miembro de la fuente de los dividendos.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la práctica de la Administración tributaria de un Estado miembro consistente en exigir a una sociedad no residente que pertenece a un grupo de sociedades que tributa en régimen consolidado en su Estado miembro de residencia y que invoca su situación deficitaria para obtener la devolución de la retención en origen practicada sobre los dividendos percibidos de una sociedad residente en el primer Estado miembro que aporte la prueba de esa situación deficitaria recalculando, de manera sistemática, su resultado fiscal con arreglo a las normas que aplica ese primer Estado miembro para gravar a las sociedades residentes."

 

DOUE de 17.11.2026


- Reglamento Delegado (UE) 2026/2565 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2026, que modifica el anexo del Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión
[DO L, 2026/2565, 17.11.2026]

Nota: De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/452, cuando la Comisión considere que una inversión extranjera directa puede afectar, por motivos de seguridad u orden público, a proyectos o programas de interés para la Unión, podrá emitir un dictamen a la atención del Estado miembro en que se haya previsto o realizado dicha inversión extranjera directa. Entre los proyectos o programas de interés para la Unión se cuentan aquellos que implican una cantidad importante o un porcentaje considerable de financiación de la Unión, o que están regulados por el Derecho de la Unión en materia de infraestructuras críticas, tecnologías críticas o insumos fundamentales que sean esenciales para la seguridad o el orden público. La lista de proyectos o programas de interés para la Unión a los efectos del Reglamento (UE) 2019/452 se establece en el anexo de dicho Reglamento.
La Comisión ha localizado otros Reglamentos por los que se establecen proyectos y programas que deben añadirse a dicha lista, ya que tienen una importancia directa para la seguridad y el orden público de la Unión. Por otro lado, se suprime de la lista algunos programas europeos debido a la derogación de los Reglamentos que los establecen.
Por tanto, se procede ahora a actualizar el anexo del Reglamento (UE) 2019/452.


BOE de 17.11.2026


- Ley 13/2026 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 3 de agosto, de modificación del Código civil de Cataluña en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas.

Nota: El artículo único de esta Ley modifica la rúbrica y la sistemática del título II del libro segundo del Código civil de Cataluña, a fin de regular, por un lado, las instituciones de protección, que corresponden únicamente a las personas menores de edad, y, por otro lado, los apoyos que se ofrecen a las personas mayores de edad para el ejercicio de su capacidad jurídica.

[BOE n. 286, de 17.11.2026]

 

lunes, 16 de noviembre de 2026

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

- Asunto C-176/25, Steizer: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de septiembre de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf – Alemania) – IU / BT [Procedimiento prejudicial – Espacio de libertad, seguridad y justicia – Cooperación judicial en materia civil – Ley aplicable a las obligaciones contractuales – Reglamento (CE) n.o 593/2008 (Roma I) – Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales – Reglamento (CE) n.o 864/2007 (Roma II) – Obligación extracontractual resultante de la violación, por un tercero, de los derechos exclusivos de uso, presuntamente pertenecientes a una persona, sobre obras protegidas por derechos de autor – Impugnación por el demandado de la validez formal del contrato de cesión entre el cesionario de dichos derechos y el autor – Vinculación de esta cuestión con la materia contractual] [DO C, C/2026/5858, 16.11.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 24.9.2026.

- Asunto C-190/25, Zelabrich: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de septiembre de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Stuttgart – Alemania) – LS / GT [Procedimiento prejudicial – Cooperación judicial en materia civil – Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial – Reglamento (CE) n.o 2201/2003 – Artículo 19 – Concepto de demanda de nulidad matrimonial – Artículo 63 – Tratado celebrado entre la Santa Sede y un Estado miembro – Matrimonio celebrado de conformidad con el Derecho canónico – Órgano jurisdiccional civil de un Estado miembro ante el que se presenta una demanda de divorcio – Órgano jurisdiccional civil de otro Estado miembro ante el que se presenta una demanda de reconocimiento de la eficacia civil de una resolución de un tribunal eclesiástico por la que se declara la nulidad de ese matrimonio] [DO C, C/2026/5859, 16.11.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 24.9.2026.

- Asunto C-300/25, Duftošek: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de septiembre de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud – República Checa) – SQ / YR [Procedimiento prejudicial – Espacio de libertad, seguridad y justicia – Reglamento (UE) 2016/1103 – Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales – Artículo 1, apartado 1 – Ámbito de aplicación – Artículo 3, apartado 1, letra a) – Concepto de régimen económico matrimonial – Inmueble adquirido en proindiviso por unos cónyuges casados en régimen de separación de bienes – Acción de extinción y liquidación de dicho proindiviso ejercitada después de la disolución del matrimonio – Inclusión] [DO C, C/2026/5860, 16.11.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 24.9.2026.

- Asunto C-511/25, Prokoda: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 24 de septiembre de 2026 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud – República Checa) – Ministerstvo vnitra / E.K. [Procedimiento prejudicial – Espacio de libertad, seguridad y justicia – Política de asilo – Criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional – Reglamento (UE) n.o 604/2013 – Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional en virtud del artículo 3, apartado 2, párrafo primero, de dicho Reglamento – Solicitud de protección internacional presentada en otro Estado miembro – Artículo 17 – Cláusula discrecional – Ámbito de aplicación] [DO C, C/2026/5864, 16.11.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 24.9.2026.

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-792/26, Signa Mitarbeiterbeteiligung: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 15 de julio de 2026 – VF, en calidad de administrador concursal en el procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio de la sociedad Signa Mitarbeiterbeteiligungs GmbH / TV [DO C, C/2026/5880, 16.11.2026]

Cuestión prejudicial:
"¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia, en el sentido de que los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se ha abierto el procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio de la sociedad A, en virtud del artículo 3 de dicho Reglamento, también son competentes para conocer de una acción rescisoria cuando no sea el administrador concursal de la sociedad A quien ejercite esa acción, sino el administrador concursal de la sociedad B, vinculada a la sociedad A, respecto de cuyo patrimonio se ha abierto el procedimiento de insolvencia en ese mismo Estado miembro, y ambos administradores hayan acordado que el derecho rescisorio sea ejercido por el administrador concursal de la sociedad B y que el importe obtenido se reparta entre las dos masas concursales, razón por la cual el administrador concursal de la sociedad A ha cedido sus derechos rescisorios al administrador concursal de la sociedad B?"

- Asunto C-849/26, Jeanquet: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil du Contentieux des Étrangers (Bélgica) el 30 de julio de 2026 – X / État belge [DO C, C/2026/5883, 16.11.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el tenor del artículo 2, punto 2, letra c), de la Directiva 2004/38 en el sentido de que se opone a que un descendiente directo del cónyuge o de la pareja de hecho de un ciudadano de la Unión, con arreglo a dicha disposición, pierda la condición de «miembro de la familia» de ese ciudadano de la Unión como consecuencia de la disolución del matrimonio o de la unión registrada entre dicho cónyuge o pareja de hecho y el ciudadano de la Unión, incluso cuando dicho descendiente directo convive con el ciudadano de la Unión en un Estado miembro distinto de aquel del que este último es nacional, ha estado a su cargo, en particular cuando era menor de edad, y permanece a su cargo tras alcanzar la mayoría de edad? En su caso, ¿ocurre lo mismo cuando dicho descendiente directo desea reunirse con el ciudadano de la Unión en un Estado miembro distinto de aquel del que este último es nacional y al que se traslade o en el que resida?
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el tenor del artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/38 en el sentido de que se opone a que se reconozca a un nacional de un tercer Estado la condición de «otro miembro de la familia» de un ciudadano de la Unión cuando el vínculo jurídico que los unía se ha roto por la disolución del matrimonio celebrado entre el ciudadano de la Unión y uno de los ascendientes directos de dicho nacional, incluso cuando este estaba a cargo del ciudadano de la Unión en su país de procedencia y sigue estando a su cargo en un Estado miembro distinto de aquel del que el ciudadano de la Unión es nacional y al que se traslada o en el que reside?"

- Asunto C-882/26, Taleno: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 5 de agosto de 2026 – Taleno GmbH / Finanzamt [DO C, C/2026/5884, 16.11.2026]

Cuestión prejudicial:
"¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2009/133/CE, según el cual, en caso de fusión, cuando la sociedad beneficiaria posee una participación en el capital de la sociedad transmitente, no puede aplicarse ningún gravamen sobre la plusvalía obtenida por la sociedad beneficiaria con motivo de la anulación de su participación, en el sentido de que se opone a una norma de un Estado miembro en virtud de la cual, si bien no se aplica ningún gravamen sobre la plusvalía en caso de anulación de la participación, sí es cierto que, con este motivo, no pueden deducirse los gastos de explotación, cuyo importe se calcula a tanto alzado en el 5 % de los beneficios exentos obtenidos con la absorción?"

- Asunto C-915/26, Zomor: Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Hungría) el 6 de agosto de 2026 – MU y otros / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság [DO C, C/2026/5885, 16.11.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) Habida cuenta de los objetivos enunciados en los considerandos 2 y 42 de la Directiva [(UE) 2016/801], ¿es conforme con los artículos 7, apartado 1, letra e), y 8, apartado 3, de esa Directiva la práctica de un Estado miembro que, para que pueda considerarse cumplido el requisito —establecido en esas disposiciones— relativo a los recursos suficientes para cubrir el coste del viaje de regreso exige, en el caso de un nacional de un país tercero que solicita un permiso de residencia con fines de investigación, que este también demuestre, a pesar del convenio de acogida celebrado con un organismo de investigación aprobado, que se cumplen criterios que el artículo 8, apartado 3, de la Directiva [(UE) 2016/801] le permite no acreditar[?]
2) Teniendo en cuenta el trato equitativo previsto en el artículo 79 TFUE, la tutela judicial efectiva y el principio del proceso equitativo, consagrados en el artículo 47 de la Carta, y los considerandos 54 y 61 de la Directiva [(UE) 2016/801], pero especialmente el principio de seguridad jurídica, ¿es conforme con los artículos 34, apartados 1 a 3, y 7, apartado 4, de esa Directiva la práctica de un Estado miembro que, en el caso de la presentación electrónica de la solicitud, establecida obligatoriamente por la normativa nacional, considera como fecha de presentación de la solicitud no el día en el que esta se presenta, sino el día de finalización del procedimiento de admisión a trámite desarrollado posteriormente —que incluye la identificación biométrica del solicitante y la presentación de la solicitud en papel—, y que solo aprecia en perjuicio del solicitante la expiración durante ese procedimiento de la validez del permiso de residencia previo, de modo que esta expiración conlleva, por sí sola, la denegación de la solicitud?"

- Asunto C-930/26, Wilsmen: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Países Bajos) el 14 de agosto de 2026 – EO / Minister van Asiel en Migratie [DO C, C/2026/5886, 16.11.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 1, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que la autoridad judicial a la que se ha solicitado que examine el recurso contra una decisión sobre una solicitud de protección internacional está obligada, de oficio si es necesario, a partir de los elementos de los autos que se hayan puesto en su conocimiento, completados o aclarados tras un procedimiento contradictorio, a pronunciarse sobre el fondo de dicho recurso si el Estado miembro no ha hecho uso de la facultad establecida en el artículo 46, apartado 11, de la Directiva 2013/32 y no existe una base jurídica para considerar que dicha solicitud ha sido retirada implícitamente y para declararla inadmisible por el hecho de que el interesado, mientras espera la resolución de su recurso, (ya) no hace uso de su derecho a las prestaciones de acogida y a la asistencia jurídica, pero no hay indicios de que haya abandonado el territorio de la Unión?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 5 de la Directiva 2008/115, en relación con los artículos 4, 19, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que la autoridad judicial a la que se ha solicitado que examine el recurso interpuesto contra la orden de traslado a otro Estado miembro con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115 está obligada a determinar, de oficio si es necesario, una posible violación del principio de no devolución derivada de la ejecución de dicha decisión, a partir de los elementos de los autos que se hayan puesto en su conocimiento, completados o aclarados tras un procedimiento contradictorio, incluso si el interesado, mientras espera a que se resuelva su recurso, (ya) no hace uso de su derecho a las prestaciones de acogida y a la asistencia jurídica, pero no hay indicios de que haya abandonado el territorio de la Unión?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que, por un lado, dicha disposición atribuye a un órgano jurisdiccional de primera instancia que conoce de un recurso contra una decisión de inadmisibilidad de una solicitud de protección internacional la competencia para pronunciarse de manera vinculante sobre la credibilidad del relato de los hechos presentado en apoyo de dicha solicitud, sobre la verosimilitud de los temores de persecución del solicitante o del riesgo real de sufrir daños graves en caso de regresar a su país de origen, así como sobre el fundamento de dicha solicitud, tomando en consideración todos los elementos presentados en el procedimiento de recurso, y, por otro lado, los Estados miembros no pueden limitar tal competencia?"

- Asunto C-1023/26, Midsen: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Países Bajos) el 18 de septiembre de 2026 – RO, EK y su hijo menor de edad / Minister van Asiel en Migratie [DO C, C/2026/5887, 16.11.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Es válido el artículo 43, apartado 1, del Reglamento 2024/1351, en relación con el artículo 23, apartado 1, de dicho Reglamento y con los artículos 7, 24, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la medida en que establece que el alcance de un recurso contra una decisión de traslado se limita a los motivos contemplados en el artículo 43, apartado 1, letras a), b) y c)?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 23, apartado 1, del Reglamento 2024/1351, en relación con los artículos 24, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que la autoridad judicial a la que se ha recurrido para que controle la legalidad de una decisión de traslado está obligada a examinar, en su caso de oficio, cuál es el interés superior del niño y a tener en cuenta dicho interés como consideración primordial al ejercer su control jurisdiccional?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 1, del Reglamento 2024/1351, en relación con el artículo 43, apartado 3, de dicho Reglamento, en el sentido de que el plazo para efectuar el traslado comienza a correr únicamente a partir de la resolución definitiva del recurso o de la revisión de una decisión de traslado, si la suspensión de la ejecución ha sido acordada mediante resolución judicial a raíz de la primera petición de suspensión, o basta para ello con que se haya solicitado la suspensión de la ejecución?"

- Asunto C-1028/26, Gradijk: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Países Bajos) el 21 de septiembre de 2026 – EO y sus hijos menores de edad / Minister van Asiel en Migratie [DO C, C/2026/5888, 16.11.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Es válido el artículo 43, apartado 1, del Reglamento 2024/1351, en relación con los artículos 41, apartado 2, letra a), y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la medida en que establece que el alcance de un recurso contra una decisión de traslado se limita a los motivos contemplados en el artículo 43, apartado 1, letras a), b) y c)?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 22 del Reglamento 2024/1351, en relación con el artículo 23, apartado 1, de dicho Reglamento y con los artículos 24, apartado 2, 41, apartado 2, letra a), y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que la decisión de prescindir de una entrevista personal en un procedimiento de readmisión debe basarse en una apreciación de las circunstancias individuales del solicitante cuando este, o uno de los solicitantes, sea menor de edad, y en el sentido de que dicha decisión debe estar motivada?
3) Debe interpretarse el artículo 23, apartado 1, del Reglamento 2024/1351, en relación con los artículos 24, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que la autoridad judicial a la que se ha recurrido para que controle la legalidad de una decisión de traslado está obligada a examinar, en su caso de oficio, cuál es el interés superior del niño y a tener en cuenta dicho interés como consideración primordial al ejercer su control jurisdiccional?
4) ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 1, del Reglamento 2024/1351, en relación con el artículo 43, apartado 3, de dicho Reglamento, en el sentido de que el plazo para efectuar el traslado comienza a correr únicamente a partir de la resolución definitiva del recurso o de la revisión de una decisión de traslado, si la suspensión de la ejecución ha sido acordada mediante resolución judicial a raíz de la primera solicitud de suspensión, o basta para ello con que se haya solicitado la suspensión de la ejecución?"


Consulta Vinculante - Acudir a reuniones técnicas fuera de España podría considerarse en Renta como un trabajo realizado en el extranjero exento de tributación

 

- Consulta Vinculante V5690-26, de 30 de septiembre de 2026 de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas: Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Exención por trabajos realizados en el extranjero. La asistencia presencial a reuniones técnicas, de coordinación y seguimiento de proyectos internacionales puede considerarse trabajo efectivamente realizado en el extranjero si el trabajador se desplaza efectivamente y se desarrolla temporalmente fuera de España. La exención resulta aplicable si las actuaciones benefician a una entidad no residente o a un establecimiento permanente extranjero y en cada territorio de destino existe un impuesto análogo, sin necesidad de tributación efectiva. El beneficiario real deberá acreditarse mediante prueba válida, y, si existen varios países de trabajo, los requisitos se examinarán separadamente para cada uno.

Diario LA LEY, Nº 11046, Sección Hoy es Noticia, 16 de Noviembre de 2026

 

domingo, 15 de noviembre de 2026

Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado 'Profesora María Serrano Fernández' (CDNIC) - La conciliación notarial y otras actuaciones notariales en los medios alternativos de solución de controversias (MASC) (10.12.2026)

 

"La conciliación notarial y otras actuaciones notariales en los medios alternativos de solución de controversias (MASC)"
Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado 'Profesora María Serrano Fernández' (CDNIC)

(Jueves 10 de diciembre de 2026)

 

El jueves 10 de diciembre de 2026, a las 19:00 horas, Víctor J. Asencio Borrellas (Notario de Mataró) impartirá la ponencia "La conciliación notarial y otras actuaciones notariales en los medios alternativos de solución de controversias (MASC)".

Organiza: Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado 'Profesora María Serrano Fernández' (Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla).
Dirección: Prof. Dr. Andrés Rodríguez Benot (Universidad Pablo de Olavide).
Coordinación: Prof. Dr. César Hornero Méndez (Universidad Pablo de Olavide).


Ya está abierta la inscripción a la ponencia, que se realizará sólo de modo virtual. La inscripción, gratuita, es necesaria en todo caso, debiendo hacerse hasta el miércoles 9 de diciembre, a las 14:00 horas, mediante correo electrónico dirigido a 'cdnic@upo.es'. En él se deberá indicar nombre y apellidos, profesión. El enlace para poder seguir la sesión se remitirá a los inscritos en la mañana del jueves 10 de diciembre

Sólo se entregará certificado de asistencia a la finalización del programa y a quienes hayan seguido las tres ponencias del programa formativo 2026-2027 y lo soliciten. En ningún caso, se acreditará la asistencia por separado a las ponencias.

Más información por correo electrónico: 'cdnic@upo.es', por internet: https://andalucia.notariado.org/portal/cdnic o por Twitter: @CDNIC4


viernes, 13 de noviembre de 2026

DOUE de 13.11.2026


- Decisión (UE) 2026/2510 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2026, por la que se confirma la participación de Irlanda en la Decisión (UE) 2023/1076 del Consejo, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia penal, asilo y no devolución
[DO L, 2026/2510, 13.11.2026]

Nota: Mediante carta a la Comisión de 29 de julio de 2026, Irlanda notificó su deseo de aceptar la Decisión (UE) 2023/1076 y de quedar vinculada por ella (véase la entrada de este blog del día 2.6.2023). 

Mediante el presente acto se confirma la participación de Irlanda en la Decisión (UE) 2023/1076.


BOE de 13.11.2026


- Resolución de 12 de noviembre de 2026, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.

Nota: Véase el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, así como la entrada de este blog del día 7.10.2026.

- Real Decreto 979/2026, de 11 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 278/1995, de 24 de febrero, por el que se crea en España el Registro previsto en el Convenio de 12 de noviembre de 1974 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Nota: El Real Decreto 278/1995 creó en España el Registro previsto en el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre. El Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre, fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de noviembre de 1974 y España se adhirió al mismo el 20 de diciembre de 1978.
En el momento en el que se promulgó el vigente Real Decreto 278/1995 la gran mayoría de lanzamientos de satélites se realizaban por parte del Estado o con una significativa participación del mismo. El avance tan significativo que se ha producido en los últimos años en el sector espacial, con el desarrollo de un ecosistema industrial novedoso y heterogéneo, la creación de constelaciones de satélites de distintos tamaños y la proliferación de lanzamientos de pequeños satélites por todo tipo de entidades, está llevando a un incremento sustancial de potenciales lanzamientos de objetos al espacio ultraterrestre, lo que indudablemente tiene incidencia en el funcionamiento del Registro Español.
Por otra parte, con el avance de la técnica y fruto de la experiencia adquirida, se ha constatado que los datos que se aportan con las solicitudes de inscripción de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, son insuficientes para identificar de manera inequívoca los objetos inscritos, por lo que es preciso ampliar el conjunto de los datos y parámetros previstos en el Real Decreto 278/1995, de 24 de febrero, para nuevas solicitudes de inscripción.

- Real Decreto 980/2026, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la obligación de promoción de obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística.

Nota: La promoción de la diversidad cultural y lingüística es uno de los objetivos de la Ley 13/2022 general de comunicación audiovisual (véase la entrada de este blog del día 8.7.2022). Su capítulo III del título VI establece importantes novedades en el sistema de promoción de obra audiovisual europea que contiene las obligaciones que han de cumplir los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo para preservar y fomentar la diversidad cultural y lingüística garantizando unos niveles suficientes de inversión y distribución de las obras audiovisuales europeas.
El presente real decreto tiene por objeto el desarrollo de la obligación de promoción de obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística contenida en el citado capítulo III del título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

- Resolución de 12 de noviembre de 2026, de la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, por la que se publica la Providencia de 10 de noviembre de 2026, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recaída en el recurso contencioso-administrativo 1013/2026, interpuesto por el partido político Iustitia Europa contra el Acuerdo núm. 204/2026, de 16 de julio, de la Junta Electoral Central, recaído en el Expediente núm. 209/361.

- Resolución de 12 de noviembre de 2026, de la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, por la que se publica la Providencia de 10 de noviembre de 2026, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recaída en el recurso contencioso-administrativo 1015/2026, interpuesto por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales por el partido político Vox contra el Acuerdo núm. 204/2026, de 16 de julio, de la Junta Electoral Central, recaído en el Expediente núm. 209/361.

Nota: En ambas Providencias se emplaza a los hijos mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad española de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de 20/2022 [apartado 1.b) de la disposición adicional octava de la citada ley], incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) e incluidos en el anexo III de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la DGSJyFP, para que puedan personarse en la pieza principal de este procedimiento y presentar, si así lo consideran procedente, escrito de contestación a la demanda, en el trámite correspondiente.

- Real Decreto 986/2026, de 11 de noviembre, sobre identificación de animales de compañía.

Nota: El artículo 4, en el que se establecen los requisitos generales para la identificación obligatoria de animales de compañía, se refiere en sus apartados 4, 5 y 6 a las exigencias para la identificación y registro de animales procedentes de la UE y de terceros países.

[BOE n. 283, de 13.11.2026]

 

jueves, 12 de noviembre de 2026

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12.11.2026)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 12 de noviembre de 2026, en los asuntos acumulados C‑7/25 [Ramodi] (i) y C‑8/25 [Karkik]: Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de asilo — Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Artículo 4 — Valoración de los elementos pertinentes de una solicitud de protección internacional — Obligación del solicitante de fundamentar los elementos de la solicitud mediante documentos auténticos u otras pruebas objetivamente verificables — Alcance — Cooperación del Estado miembro con el solicitante para valorar los elementos pertinentes de su solicitud — Alcance — Procedimientos para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Examen completo y ex nunc — Alcance de las facultades del órgano judicial de primera instancia — Examen por el juez de las necesidades de protección internacional y del respeto del principio de no devolución.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida,
debe interpretarse en el sentido de que,
por una parte, la autoridad encargada de examinar una solicitud de protección internacional debe cooperar con el solicitante y tener en cuenta, al evaluar la necesidad de protección, todos los datos y medios de prueba presentados en apoyo de la solicitud y, por otra parte, cuando el solicitante fundamente suficientemente sus declaraciones con pruebas o cumpla los requisitos establecidos en dicha disposición, sus declaraciones no requerirán ninguna confirmación adicional y se considerarán creíbles.
2) El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y los artículos 4 y 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales
deben interpretarse en el sentido de que,
por una parte, un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia que conoce de un recurso contra una decisión denegatoria de una solicitud de protección internacional está obligado a llevar a cabo un examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido un examen de las necesidades de protección internacional en virtud de la Directiva 2011/95, sobre la base de los elementos del expediente que se hayan puesto en su conocimiento, completados o aclarados al término de un procedimiento contradictorio, así como a señalar, sobre la base de todos estos datos, los elementos de hecho o de Derecho necesarios para su apreciación y, por otra parte, cuando tal decisión denegatoria vaya acompañada de una decisión que imponga una obligación de retorno, tal órgano jurisdiccional está obligado a comprobar de oficio, sobre la base de los elementos del expediente puestos en su conocimiento, completados o aclarados al término de un procedimiento contradictorio, que el principio de no devolución no se opone al retorno del solicitante de protección internacional."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 12 de noviembre de 2026, en el asunto C‑254/25 (Wojewoda Śląski): Procedimiento prejudicial — Política de inmigración — Directiva (UE) 2016/801 — Requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de estudios — Artículo 34 — Garantías procedimentales — Suspensión de los plazos de tramitación de las solicitudes de autorización de residencia presentadas por nacionales de países terceros — Imposibilidad de recurrir contra las autoridades competentes para tramitar dichas solicitudes — Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Fuerza mayor.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 34, apartados 1 y 3, de la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que, sin existir fuerza mayor, pospone el inicio del cómputo del plazo de tramitación de las solicitudes de autorización de residencia al que se refiere el citado artículo 34, apartado 1, o lo suspende, excluyendo así la posibilidad, prevista por el Derecho interno, de que un nacional de un país tercero base un recurso judicial en la inactividad o el retraso de la autoridad administrativa competente para tramitar esas solicitudes, de modo que esta no puede ser condenada, en virtud del Derecho nacional que transpone la mencionada Directiva, a una sanción o al pago de una indemnización por esa inactividad o ese retraso."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 12 de noviembre de 2026, en el asunto C‑476/25 [Seruel]: Procedimiento prejudicial — Administradores de créditos y compradores de créditos — Directiva (UE) 2021/2167 — Relaciones con el prestatario, comunicación de la cesión y comunicaciones posteriores — Artículo 10, apartado 1 — Empresa que ha adquirido un préstamo vencido — Procedimiento monitorio contra el prestatario consumidor — Prescripción de un crédito — Examen de oficio por el juez nacional — Protección de los consumidores — Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores — Directiva 2005/29/CE.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 10, apartado 1, de la Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2021, sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE,
debe interpretarse en el sentido de que
no regula la cuestión de si el juez nacional que conoce de una reclamación de deuda presentada por un comprador de créditos frente a un consumidor puede examinar de oficio la prescripción de dicho crédito."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 12 de noviembre de 2026, en el asunto C‑579/24 (Austro-Mechana y AKM): Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 2 — Derecho de reproducción — Artículo 3, apartados 1 y 2 — Derecho de comunicación y de puesta a disposición del público — Directiva (UE) 2019/790 — Artículo 17 — Servicios para compartir contenidos en línea — Realización de copias digitales de contenidos protegidos en los servidores de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea con vistas a su comunicación al público en las plataformas en línea de dichos prestadores — Alcance de la responsabilidad de los referidos prestadores — Obligación de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea de obtener la autorización de los titulares de derechos para comunicar al público o poner a su disposición las obras y otras prestaciones protegidas.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 17, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE,
debe interpretarse en el sentido de que
el almacenamiento, por un prestador de servicios para compartir contenidos en línea en el sentido del artículo 2, punto 6, de la Directiva 2019/790, de obras y otras prestaciones protegidas cargadas por los usuarios, que es técnicamente necesario para permitir su comunicación al público o su puesta a disposición del público, constituye un acto de reproducción a los efectos del artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, realizado por el propio prestador o imputable al propio prestador, para el que no precisa de una autorización distinta de la que debe obtener de los titulares de derechos a que se refiere el artículo 3, apartados 1 y 2, de esta última Directiva.
2) El artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2019/790
debe interpretarse en el sentido de que
la carga, por parte de los usuarios de servicios para compartir contenidos en línea, de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor en los servidores de un prestador de tales servicios, en el sentido del artículo 2, punto 6, de la citada Directiva, con vistas a su almacenamiento en esos servidores, que resulta técnicamente necesario para permitir la comunicación al público o la puesta a disposición del público de dichas obras o prestaciones, constituye un acto de reproducción a los efectos del artículo 2 de la Directiva 2001/29, para el que los usuarios no precisan de una autorización de los titulares de derechos mencionados en dicha disposición, ya que este acto debe considerarse cubierto por la autorización que los prestadores deben obtener, con arreglo al artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2019/790, de los titulares de derechos a que se refiere el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/29."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. RIMVYDAS NORKUS, presentadas el 12 de noviembre de 2026, en el asunto C‑626/25 (Landsbanki Luxembourg): [Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia)] Procedimiento prejudicial — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Préstamos hipotecarios — Procedimiento de insolvencia — Reconvención — Artículo 24 — Prórroga de la competencia judicial — Demandado que invoca su condición de consumidor y la competencia del tribunal de su domicilio — Excepción de litispendencia — Artículo 35 — Límites del control ejercido por el tribunal del Estado miembro requerido — Apreciación de los hechos en los que el tribunal del Estado miembro de origen ha basado su competencia — Falta de apreciación de los hechos que permiten determinar si concurrían los requisitos para la aplicación del artículo 15 de dicho Reglamento — Comprobación de la competencia por el tribunal del Estado miembro requerido.

Nota: El AG propone al Tribunal que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia):
"1) El artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una parte domiciliada en un Estado miembro declare su crédito en un procedimiento de insolvencia iniciado en otro Estado miembro no conlleva, por sí solo, la prórroga de la competencia del tribunal que conoce de dicho procedimiento por lo que respecta a una reconvención presentada contra esa parte. No obstante, tal prórroga puede resultar de la comparecencia de la referida parte en el procedimiento relativo a la reconvención, siempre que no haya impugnado a su debido tiempo la competencia del tribunal ante el que se presentó la demanda.
2) El artículo 24 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una excepción de litispendencia, mediante la cual una parte que alega su condición de consumidor invoca la competencia de los tribunales de su domicilio conforme a los foros de protección de la sección 4 del capítulo II de dicho Reglamento, puede constituir una impugnación de la competencia en el sentido de la referida disposición cuando de su contenido y del contexto procesal en el que se propone se desprenda claramente que la parte de que se trate pretende oponerse a la competencia del tribunal ante el que se presentó la demanda. No obstante, tal impugnación debe formularse a su debido tiempo.
3) El artículo 35, apartado 2, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el tribunal del Estado miembro de origen no haya realizado las apreciaciones que permitan determinar si las normas sobre competencia judicial que protegen al consumidor establecidas en la sección 4 del capítulo II de dicho Reglamento eran aplicables y la competencia de dicho tribunal no resulte del artículo 24 del mismo Reglamento, la citada disposición no priva al tribunal del Estado miembro requerido de la posibilidad de proceder a una comprobación limitada del respeto de tales normas, siempre que ese control no conduzca ni a una revisión en cuanto al fondo de la resolución extranjera ni a que se cuestionen las apreciaciones de hecho efectivamente realizadas por el tribunal de origen."


Bibliografía - Nacionalidad sin voto

 

- Nacionalidad sin voto. La cautelar del Supremo sobre la «ley de nietos»
Silvia Durán Alonso, Profesora Contratada Doctora (UCAM Universidad Católica de Murcia)
Diario LA LEY, Nº 11044, Sección Tribuna, 12 de Noviembre de 2026

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de aquellos inscritos en el denominado «Censo Electoral de Residentes Ausentes» que adquirieron la nacionalidad a través de la conocida como «ley de nietos», utilizando la presunción de exilio que fijó la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 25 de octubre de 2022. El trabajo analiza el objeto del pleito, los presupuestos de dicha medida, su difícil ejecución y las vías para resolver una paradoja: españoles que son legalmente de origen, pero que no pueden votar.

 

DOUE de 12.11.2026


- Comunicación de la Comisión — Directrices sobre la aplicación de las obligaciones de transparencia para determinados sistemas de IA en virtud del artículo 50 del Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de Inteligencia Artificial)
[DO C, C/2026/6005, 12.11.2026]

Nota: El Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican determinados Reglamentos, entró en vigor el 1 de agosto de 2024. En él se establecen normas armonizadas para la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de inteligencia artificial (IA) en la Unión. Su objetivo es promover la innovación y la adopción de la IA, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales en la Unión, incluidos la democracia y el Estado de Derecho.
El Reglamento de Inteligencia Artificial sigue un enfoque basado en el riesgo, que clasifica los sistemas de IA en cuatro categorías de riesgo diferentes, una de las cuales es la de los sistemas de IA que plantean riesgos de transparencia que están sujetos a las obligaciones establecidas en el artículo 50 del Reglamento. Estas obligaciones de transparencia se aplican dos años después de la entrada en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial, es decir, a partir del 2 de agosto de 2026.
Las presentes Directrices de la Comisión se publican con el objetivo de servir de orientación práctica para ayudar a las autoridades competentes, así como a los proveedores e responsables del despliegue de sistemas de IA, a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en virtud del artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial de manera coherente, efectiva, proporcionada y uniforme.
Estas Directrices no son vinculantes. Solo el TJUE puede ofrecer en última instancia una interpretación autorizada del Reglamento de Inteligencia Artificial.


miércoles, 11 de noviembre de 2026

Bibliografía - Novedad editorial


 La editorial Dykinson acaba de publicar la obra "Greenwashing internacional. De la gobernanza ecológica internacional a la responsabilidad civil transfronteriza por actos ilícitos de ecoimpostura" de Miguel Ángel Michinel Álvarez.

Las alegaciones ambientales se han convertido en un activo central de la competencia en los mercados globales. Cuando no se corresponden con el desempeño real de la empresa, el greenwashing desvía decisiones de consumo e inversión y compromete la eficacia de la transición ecológica.
Esta obra analiza la responsabilidad civil por greenwashing en su dimensión transfronteriza desde el Derecho Internacional Privado europeo. Sostiene que la pretendida neutralidad técnica de la disciplina no puede mantenerse ante conductas que erosionan los objetivos ambientales de la Unión. Sobre esa base, construye el artículo 11 TFUE como cláusula funcional-integradora que orienta la interpretación de los Reglamentos Bruselas I bis y Roma II.
De ahí se derivan propuestas concretas en materia de competencia judicial internacional y ley aplicable. El libro las contrasta con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con la litigación climática y estratégica en Europa y con el marco normativo reciente: la Directiva 2024/825, la CSDDD tras la Directiva Ómnibus y la Taxonomía.

Extracto del índice de la obra:

PARTE I. EL PROBLEMA
Capítulo I. La consolidación de la gobernanza ecológica internacional
1. Breve genealogía del Derecho internacional ambiental y climático
2. La gobernanza multinivel de la transición ecológica
3. El papel de los actores privados en la protección del medio ambiente
4. Responsabilidad social corporativa (RSC) y criterios ESG
5. Soft law internacional y estándares de sostenibilidad empresarial
6. La transformación estructural de los mercados en el marco de la financiación sostenible
7. La progresiva juridificación de la sostenibilidad empresarial

Capítulo II. La distorsión de la gobernanza ecológica internacional a través del greenwashing
1. Concepto y tipologías de greenwashing
2. Alegaciones ambientales y funcionamiento de los mercados sostenibles
3. Impacto del greenwashing sobre la asignación de capital y la financiación verde
4. Las afectaciones del greenwashing
5. Efectos sobre la protección del medio ambiente y la transición ecológica
6. Greenwashing y crisis de legitimidad de la gobernanza climática y ambiental

PARTE II. EL INSTRUMENTO
Capítulo III. Los ilícitos por actos de greenwashing y su dimensión transfronteriza
1. La causalidad en los ilícitos por actos de greenwashing
2. Daños indemnizables
3. Responsabilidad de empresas multinacionales y grupos societarios
4. Relación entre compromisos voluntarios y responsabilidad jurídica
5. Tendencias en la litigación sobre greenwashing y alegaciones climáticas

Capítulo IV. El Derecho internacional privado como instrumento de efectividad de la gobernanza ecológica
1. Globalización económica y límites territoriales del Derecho material ambiental
2. El Derecho internacional privado ante el comportamiento empresarial global
3. De la autorregulación ESG a la accountability jurídica
4. El Derecho internacional privado como mecanismo de justicia ambiental
5. Litigación estratégica en materia de sostenibilidad empresarial
6. La legitimidad de la transición ecológica con base en el control jurisdiccional del greenwashing y sus límites

Capítulo V. La herramienta dogmática: el artículo 11 TFUE como mandato de integración ambiental
1. Planteamiento: del instrumento a la herramienta dogmática
2. La Generalklausel como técnica jurídica: delimitación y condiciones de extensión
3. El artículo 11 TFUE como Generalklausel de integración ambiental
4. El art. 31.3.c) CVDT y las obligaciones climáticas internacionales
5. Proyección sobre el Derecho internacional privado europeo
6. Antecedentes análogos en el DIPr europeo: el orden público armonizado y la proyección constitucional
7. Objeciones previsibles y respuestas anticipadas
8. Recapitulación

PARTE III. LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO
Capítulo VI. Competencia judicial internacional en litigios por greenwashing climático
1. El greenwashing en el Reglamento Bruselas I bis
2. El foro general del domicilio del demandado
3. El foro del lugar del hecho dañoso
4. Acciones colectivas y pluralidad de perjudicados
5. Litigios estratégicos sobre alegaciones ambientales y financiación sostenible
6. Riesgos de forum shopping y de fragmentación jurisdiccional

Capítulo VII. Ley aplicable y efectividad de la responsabilidad civil
1. El greenwashing en el marco del Reglamento Roma II    249
2. La regla de preferencia del artículo 7 sobre el 6.1 del Reglamento Roma II
3. El artículo 6.1 Roma II: régimen ordinario para el greenwashing sin
4. Determinación del mercado afectado en campañas multinacionales    263
5. El artículo 7 Roma II como régimen preferente para el greenwashing climático
6. Aplicación concurrente de múltiples leyes y operatividad de la regla de preferencia    277
7. Relación con el Reglamento Roma I en supuestos contractuales    281
8. Los mecanismos correctores del sistema y la Generalklausel del art. 11 TFUE

Conclusiones
I. La construcción dogmática en cuatro proposiciones
1. El artículo 11 TFUE como Generalklausel funcional-integradora
2. Proyección sobre Bruselas I bis: tres orientaciones interpretativas
3. La regla de preferencia del artículo 7 sobre el artículo 6.1 Roma II
4. Subsunción bajo el segundo inciso del artículo 7 y articulación del nexo causal
II. Problemas abiertos y líneas de desarrollo futuro
1. La verificación jurisprudencial por el Tribunal de Justicia
2. La evolución de la CSDDD tras la Directiva Ómnibus
3. La proyección a supuestos adyacentes: socialwashing, biodiversitywashing, AIwashing
4. La litigación estratégica y el papel emergente de los actores no estatales
III. Cierre

Ficha:

M.A. Michinel Álvarez
"Greenwashing internacional. De la gobernanza ecológica internacional a la responsabilidad civil transfronteriza por actos ilícitos de ecoimpostura"
Editorial Dykinson, 2026
ISBN: 979-13-7047-702-8
DOI: https://doi.org/10.14679/5310
Descarga gratuíta en eBook o PDF [aquí]

 

Bibliografía - Los derechos de las personas beneficiarias de protección internacional en el anteproyecto de la nueva Ley de asilo española

 

- Los derechos de las personas beneficiarias de protección internacional en el anteproyecto de la nueva Ley de Asilo Española: análisis crítico y propuestas de reforma
Gabriel de la Mora González, Abogado
Diario LA LEY, Nº 11043, Sección Tribuna, 11 de Noviembre de 2026

El presente artículo analiza el régimen jurídico según la redacción propuesta para los derechos de las personas beneficiarias de protección internacional en el Anteproyecto de la nueva Ley de Asilo, elaborado en el contexto de la entrada en aplicación, el 12 de junio de 2026, del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Mediante una metodología dogmático-jurídica, comparada y de lege ferenda, se examinan críticamente las disposiciones generales del estatuto, el derecho a la documentación de identidad y de viaje, la tarjeta de residencia, el derecho de auxilio administrativo, las medidas de acogida orientadas a la inclusión y la propuesta sobre obligatoriedad de medidas de integración posibilitando el condicionamiento del acceso al sistema público social. El análisis evidencia que el anteproyecto, pese a incorporar ciertos avances relevantes derivados del Reglamento (UE) 2024/1347, mantiene lagunas y, en algunos extremos, graves retrocesos respecto de la Convención de Ginebra de 1951 y de la vigente Ley 12/2009. Se dejarán fuera de este estudio derechos como el mantenimiento de la unidad familiar, el acceso a asistencia sanitaria, psicológica o la sobre la homologación de estudios. El trabajo concluye con un conjunto de propuestas normativas dirigidas a reforzar la seguridad jurídica y la efectividad de los derechos de este colectivo especialmente vulnerable. Se dejarán fuera de este estudio derechos como el mantenimiento de la unidad familiar, el acceso a asistencia sanitaria, psicológica o la sobre la homologación de estudios.

 

DOUE de 11.11.2026


- Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2487 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2026, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al establecimiento, el desarrollo, la puesta en práctica, el funcionamiento y la supervisión de los espacios controlados de pruebas para la IA
[DO L, 2026/2487, 11.11.2026]

Nota: De acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/1689 (véase la entrada de este blog del día 12.7.2024), los espacios controlados de pruebas para la IA tienen por objeto proporcionar un marco controlado establecido por las autoridades competentes para permitir el desarrollo, el entrenamiento, la validación y la prueba, también en condiciones reales, de sistemas de IA innovadores con arreglo a un plan del espacio controlado de pruebas bajo supervisión regulatoria durante un período limitado antes de su introducción en el mercado.
Así pues, este Reglamento de Ejecución establece normas comunes y disposiciones detalladas para el establecimiento, el desarrollo, la puesta en práctica, el funcionamiento y la supervisión de todos los espacios controlados de pruebas para la IA establecidos de conformidad con el artículo 57 del Reglamento (UE) 2024/1689 (art. 1).
Este Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE (art. 10).

- Informe especial 30/2026 del Tribunal de Cuentas Europeo: Sanciones comerciales de la UE contra la Federación de Rusia — Pese a los considerables esfuerzos de coordinación, la persistencia de disparidades en su aplicación limita su impacto general
[DO C, C/2026/6009, 11.11.2026]

Nota: Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, hasta agosto de 2026, la UE adoptó 21 paquetes de sanciones para debilitar el esfuerzo bélico de Rusia restringiendo el comercio de bienes estratégicos. La auditoría del Tribunal de Cuentas evaluó si la Comisión apoyó y supervisó eficazmente la aplicación de estas sanciones comerciales. Se constató que la Comisión estableció amplios mecanismos de coordinación, orientación y seguimiento, y que las sanciones redujeron significativamente el comercio entre la UE y Rusia y restringieron las exportaciones directas de bienes críticos relacionados con el ámbito militar. Sin embargo, las ambigüedades jurídicas, las divergencias en las prácticas nacionales de aplicación, el uso desigual de los sistemas de intercambio de información y las deficiencias en el seguimiento limitan la eficacia general de las sanciones y crean riesgos de elusión. El Tribunal de Cuentas recomienda mejorar la claridad jurídica, analizar y abordar las diferencias en la aplicación nacional, promover el pleno uso de las herramientas de intercambio de información y reforzar el seguimiento mediante la recogida integrada de datos y criterios de eficacia claros.

Véase la versión íntegra del Informe [aquí] y la respuestas de la Comisión [aquí]


BOE de 11.11.2026


- Real Decreto-ley 35/2026, de 10 de noviembre, de medidas urgentes para el reconocimiento y protección a las familias monoparentales y otras medidas de apoyo a familias.

Nota: La disposición final primera, número tres, modifica el artículo 5 de Ley 40/2003 de protección a las familias numerosas. Su apartado segundo establece la competencia de la comunidad o ciudad autónoma de residencia de la persona solicitante para el reconocimiento de la condición de familia numerosa, así como para la expedición y renovación del título que acredita dicha condición y categoría, incluyendo la certificación en formato digital con idéntica validez que el formato físico. El párrafo último de este apartado 2 determina que, "para los casos de los nacionales de Estados miembro de la Unión Europea o de los restantes que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que no tengan su residencia en territorio español, será competente la comunidad autónoma en la que el solicitante ejerza su actividad por cuenta ajena o por cuenta propia".

Por su parte, la disposición final cuarta, número 2, modifica el artículo 4.1 del Real Decreto 1618/2007 sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que pasa a tener la siguiente redacción: 

"Serán beneficiarios de los anticipos del Fondo los españoles menores de edad o mayores con discapacidad o en situación de dependencia, así como los menores nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en España, titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado que formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen los límites que se establecen en el artículo 6 de este real decreto."

- Real Decreto 956/2026, de 4 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento del Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia.

Nota: Esta norma tiene por objeto regular la estructura y funcionamiento del Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) (art. 1).
Por lo que se refiere a su ámbito de aplicación, el artículo 2.1 establece que al CIDEAD le corresponde la atención educativa a distancia en todo el territorio nacional, la atención educativa a distancia a los ciudadanos de nacionalidad española que residen en el exterior y a los ciudadanos de nacionalidad no española residentes en el exterior que hayan cursado previamente estudios reglados del sistema educativo español. Se excepciona la actividad desarrollada, dentro del ámbito del deporte de alto nivel y la regulación del deporte federado estatal, por los centros de titularidad estatal que impartan las enseñanzas deportivas de grado superior a distancia en todo el territorio nacional.

[BOE n. 281, de 11.11.2026]

 

martes, 10 de noviembre de 2026

Bibliografía - Las ventajas del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales Notarial (OCP) en la lucha contra la corrupción

 

- Las ventajas del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales Notarial (OCP) en la lucha contra la corrupción
Vicente Magro Servet, Magistrado del Tribunal Supremo, Doctor en derecho
Diario LA LEY, Nº 11042, Sección Doctrina, 10 de Noviembre de 2026

Se analizan las ventajas del órgano de prevención del blanqueo de capitales del Consejo general del notariado en la lucha contra la corrupción frente al Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que proponía modificar el régimen de transmisión de participaciones de las sociedades de responsabilidad limitada, permitiendo que se formalizaran mediante documento privado electrónico en lugar de escritura pública notarial, evaluando en qué medida este texto, que no se tramitará por la disolución de las Cámaras, hubiera supuesto un freno en la lucha contra la corrupción.

 

BOE de 10.11.2026


- Corrección de errores de la Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia.

Nota: Véase la Ley 2/2024 de la Comunidad Autónoma del País Vasco de infancia y adolescencia, así como la entrada de este blog del día 12.3.2024.

[BOE n. 280, de 10.11.2026]