miércoles, 12 de mayo de 2021

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12.5.2021)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 12 de mayo de 2021, en el asunto C‑709/19 (Vereniging van Effectenbezitters): Procedimiento prejudicial — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 7, punto 2 — Competencia en materia delictual o cuasidelictual — Lugar de materialización del daño — Daño que consiste exclusivamente en una pérdida económica.

Fallo del Tribunal: "El artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil debe interpretarse en el sentido de que la materialización directa en una cuenta de inversión de un daño puramente económico como consecuencia de las decisiones de inversión adoptadas bajo la influencia de información fácilmente accesible a nivel mundial pero inexacta, incompleta o engañosa de una sociedad internacional cotizada en bolsa no permite atribuir, por razón de la materialización del daño, la competencia internacional a un órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que estén establecidos el banco o la empresa de inversión en cuyo registro se encuentra inscrita la cuenta cuando dicha sociedad no hubiera estado sometida a obligaciones legales de publicidad en ese Estado miembro."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 12 de mayo de 2021, en el asunto C‑505/19 (WS): Procedimiento prejudicial — Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen — Artículo 54 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 50 — Principio non bis in idem — Artículo 21 TFUE — Libre circulación de personas — Notificación roja de Interpol — Directiva (UE) 2016/680 — Licitud del tratamiento de los datos personales contenidos en tal notificación.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 54 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la Supresión Gradual de los Controles en las Fronteras Comunes, que se firmó en Schengen el 19 de junio de 1990 y entró en vigor el 26 de marzo de 1995, y el artículo 21 TFUE, apartado 1, leídos a la luz del artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que las autoridades de un Estado Parte en el Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la Supresión Gradual de los Controles en las Fronteras Comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985, o las autoridades de un Estado miembro detengan preventivamente a una persona objeto de una notificación roja publicada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a petición de un tercer Estado, salvo que se haya determinado en una resolución judicial firme adoptada en un Estado Parte en ese Acuerdo o en un Estado miembro que esa persona ya ha sido juzgada en sentencia firme respectivamente por un Estado Parte en dicho Acuerdo o por un Estado miembro por los mismos hechos que aquellos en los que se basa dicha notificación roja.
2) Las disposiciones de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, a la luz del artículo 54 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, firmado el 19 de junio de 1990, y del artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen al tratamiento de los datos personales consignados en una notificación roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) mientras no se haya determinado, en una resolución judicial firme adoptada en un Estado Parte en el Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la Supresión Gradual de los Controles en las Fronteras Comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985, o en un Estado miembro, que el principio non bis in idem es aplicable a los hechos en los que dicha notificación se basa, siempre y cuando dicho tratamiento cumpla los requisitos establecidos por esta Directiva, en particular el de que sea necesario para la ejecución de una tarea realizada por una autoridad competente, en el sentido del artículo 8, apartado 1, de dicha Directiva.
3) La quinta cuestión prejudicial es inadmisible."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR, presentadas el 12 de mayo de 2021, en el asunto C‑91/20 (LW): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 2011/95/UE — Normas relativas a la concesión de protección internacional y al contenido de la protección concedida — Artículo 23, apartado 2 — Mantenimiento de la unidad familiar del beneficiario de protección internacional — Prestaciones concedidas a los miembros de la familia que no cumplen los requisitos necesarios para la protección internacional — Artículo 3 — Normas más favorables — Disposición nacional que extiende el beneficio de protección internacional al hijo menor de edad de un beneficiario de protección internacional — Menor nacional de otro país del que puede reclamar la protección — Principio de subsidiariedad de la protección internacional.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste ls cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) El artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual la autoridad nacional competente pretende garantizar el mantenimiento de la unidad familiar del beneficiario de la protección internacional concediendo tal protección a los miembros de su familia —y en particular a su hijo menor de edad— que, individualmente, no cumplen los requisitos necesarios para obtener protección internacional.
2) El artículo 3 de la Directiva 2011/95 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual la autoridad nacional competente pretende garantizar el mantenimiento de la unidad familiar del refugiado o del beneficiario de protección subsidiaria concediendo protección internacional al hijo menor de edad de este último sin realizar un examen individual de la solicitud e independientemente de la cuestión de si la situación de ese menor revela la existencia de una necesidad de protección internacional en el sentido de dicha Directiva o presenta un nexo con la lógica de la protección internacional."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. GERARD HOGAN, presentadas el 12 de mayo de 2021, en el asunto C‑124/20 (Bank Melli Iran): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Hamburgo, Alemania)] Petición de decisión prejudicial — Política comercial — Reglamento (CE) n.º 2271/96 — Protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país — Medidas restrictivas contra Irán — Sanciones secundarias adoptadas por los Estados Unidos — Prohibición de cumplimiento de dicha legislación — Ejercicio de un derecho ordinario a la terminación de un contrato.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) El artículo 5, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica únicamente cuando una autoridad administrativa o judicial de un país cuyas leyes y reglamentaciones se enumeran en el anexo de dicho Reglamento haya dado órdenes directas o indirectas a una persona contemplada en su artículo 11. Por consiguiente, la prohibición contenida en esta disposición se aplica incluso en el supuesto de que un operador respete dicha normativa sin que un órgano administrativo o judicial extranjero le haya previamente conminado a hacerlo.
2) El artículo 5, párrafo primero, del Reglamento n.º 2271/96 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación del Derecho nacional conforme a la cual una persona contemplada en el artículo 11 del Reglamento puede dar por terminado cualquier contrato de tracto sucesivo celebrado con un cocontratante que haya sido incluido por la Office of Foreign Assets Control en la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List sin tener que justificar tal decisión de terminación.
3) El artículo 5, párrafo primero, del Reglamento n.º 2271/96 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de incumplimiento de las disposiciones de dicho artículo, el órgano jurisdiccional nacional, a instancia de un cocontratante sometido a sanciones primarias, debe conminar a una persona contemplada en el artículo 11 del Reglamento a mantener esa relación contractual, aunque, en primer lugar, el artículo 5, párrafo segundo, deba interpretarse restrictivamente, en segundo lugar, tal requerimiento judicial pueda infringir el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en tercer lugar, esa persona pueda consecuentemente ser sancionada con severidad por las autoridades responsables de la aplicación de uno de los textos legislativos enumerados en el anexo del Reglamento."

Jurisprudencia - El arraigo laboral para obtener la residencia en España por razones excepcionales puede acreditarse por cualquier medio de prueba válido en Derecho

 

- Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Sentencia de 25 marzo 2021, Rec. 1602/2020: Autorización de residencia temporal por razones de arraigo laboral. El arraigo puede acreditarse por cualquier medio de prueba válido en Derecho. El artículo 124.1, párrafo segundo, del Reglamento de la LOEX dispone que, a los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite.

Ponente: Huet de Sande, Ángeles.
Nº de Recurso: 1602/2020
Jurisdicción: Contencioso-administrativa
Iustel - Diario Del Derecho, 12 mayo 2021, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: ROJ: STS 1184/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1184]

Bibliografía - Insolvencia en el sector aeronáutico: garantías internacionales y Brexit

 

- Insolvencia en el sector aeronáutico: garantías internacionales y Brexit
Iván Heredia Cervantes, Profesor Titular de Derecho internacional privado (UAM)
Diario La Ley, Nº 9848, Sección Tribuna, 12 de Mayo de 2021, Wolters Kluwer
[Texto del trabajo]

El presente trabajo tiene un doble objetivo. De un lado, analizar el modo en el que los tribunales nacionales (y en particular los ingleses) están aplicando las reglas diseñadas específicamente por el Sistema de Ciudad del Cabo para dar respuesta a la insolvencia del otorgante de una garantía internacional sobre un objeto aeronáutico, con especial atención al juego del artículo XI del Protocolo. De otro, determinar la eficacia que estos procedimientos podrían desplegar en el extranjero, con especial atención a España.

Jurisprudencia - La sustracción de dos menores por su madre es un único delito

 

- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 339/2021 de 23 Abr. 2021, Rec. 1665/2019: Sustracción de menores. Retención de dos menores por su madre. Comisión de un solo delito a pesar de ser dos los menores sustraídos. Disminución de la pena de prisión. Cuando en un mismo acto son varios los menores trasladados o retenidos, no se produce un concurso de delitos, sino que se comete un solo delito del artículo 225 bis del Código Penal, al lesionarse el derecho de custodia del progenitor con quien el menor convive, con independencia del número de menores sustraídos. PENALIDAD. Ha de estarse a la pena impuesta de prisión de dos años y seis meses y privación del ejercicio de la patria potestad durante seis años respecto de sus hijos, pues al ser dos los menores objeto de sustracción, resulta justificado esa ligera superación del umbral mínimo. Voto Particular.

Ponente: Palomo del Arco, Andrés.
Nº de Sentencia: 339/2021
Nº de Recurso: 1665/2019
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 9848, Sección La Sentencia del día, 7 de Mayo de 2021
ECLI: ES:TS:2021:1403
[Texto de la sentencia]

DOUE de 12.5.2021


- Actualización de la lista de pasos fronterizos mencionados en el artículo 2, apartado 8, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) 2021/C 184/08.

Nota: Véase el Reglamento (UE) nº 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).

- Lista de aduanas habilitadas para llevar a cabo los trámites de exportación de bienes culturales, publicada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 116/2009 del Consejo.

Nota: Véase el Reglamento (CE) nº 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la exportación de bienes culturales, así como la entrada de este blog del día 10.2.2009.

[DOUE C184, de 12.5.2021]

- Notificación por parte de la Unión Europea de conformidad con el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra.

Nota: Se revisa la lista de autoridades competentes, sustituyéndose los datos notificados al Reino Unido el 29 de enero de 2021 (véase la entrada de este blog del día 16.2.2021) en relación con el apartado I.b) [Autoridad competente en virtud del Derecho nacional de cada Estado miembro para la ejecución de una orden de detención (artículo 690.7, letra b - antiguo artículo LAW.OTHER 134, apartado 7, letra b)] de la mencionada notificación.

Por otro lado, se añaden nueva notificaciones a las dirigidas al Reino Unido el 26 de febrero de 2021 (véase la entrada de este blog del día 6.4.2021):
- Apartado II.8 de las notificaciones: artículo 659, apartado 4/artículo 690, apartado 2 (antiguo artículo LAW.CONFISC.4, apartado 4/artículo LAW.OTHER.134, apartado 2).
- Apartado II.9 de las notificaciones: artículo 660, apartado 5/artículo 690, apartado 2 (antiguo artículo LAW.CONFISC.5, apartado 5/artículo LAW.OTHER.134, apartado 2).
- Apartado II.11 de las notificaciones: artículo 670/artículo 690, apartado 2 (antiguo artículo LAW.CONFISC.15, apartado 2/artículo LAW.OTHER.134, apartado 2).

 Véase la versión definitiva del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre las UE, la CEEA y el Reino Unido, así como la entrada de este blog del día 30.4.2021.

[DOUE C185, de 12.5.2021]

martes, 11 de mayo de 2021

DOUE de 11.5.2021


- Recomendación (UE) 2021/767 del Consejo, de 6 de mayo de 2021, por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción.

Nota: Mediante el presente acto se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, modificada previamente por la Recomendación (UE) 2020/1052, por la Recomendación (UE) 2020/1144, por la Recomendación (UE) 2020/1186, por la Recomendación (UE) 2020/1551, por la Recomendación (UE) 2020/2169, por la Recomendación (UE) 2021/89 y por la Recomendación (UE) 2021/132, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción.

[DOUE C 165I, de 11.5.2021]

BOE de 11.5.2021


- Orden INT/448/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Nota: Mediante su artículo único se modifica el anexo de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, que pasa a tener la siguiente redacción:
"Terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en esta orden:
I. Estados
1. Australia.
2. Israel.
3. Nueva Zelanda.
4. Ruanda.
5. Singapur.
6. Corea del Sur.
7. Tailandia.
8. China.
II. Regiones administrativas especiales de la República Popular China
RAE de Hong Kong.
RAE de Macao."

[BOE n. 112, de 11.5.2021]

lunes, 10 de mayo de 2021

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


RESOLUCIONES

- Asunto C-388/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de marzo de 2021 [petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal] — MK / Autoridade Tributária e Aduaneira (Procedimiento prejudicial — Fiscalidad directa — Impuesto sobre las plusvalías inmobiliarias — Libre circulación de capitales — Base imponible del impuesto — Discriminación — Elección de tributación según las mismas modalidades que los residentes — Conformidad con el Derecho de la Unión)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 18.3.2021.

- Asunto C-392/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — VG Bild-Kunst / Stiftung Preußischer Kulturbesitz [Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Directiva 2001/29/CE — Artículo 3, apartado 1 — Concepto de «comunicación al público» — Inserción en el sitio de Internet de un tercero de una obra protegida por derechos de autor mediante el procedimiento de transclusión (framing) — Obra libremente accesible con la autorización del titular del derecho de autor en el sitio de Internet de un licenciatario — Cláusula del contrato de explotación por la que se exige al licenciatario que introduzca medidas tecnológicas efectivas contra la transclusión — Licitud — Derechos fundamentales — Artículos 11 y 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 9.3.2021.

- Asunto C-488/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court — Irlanda) — Ejecución de la orden de detención europea emitida contra JR (Procedimiento prejudicial — Cooperación policial y judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Ámbito de aplicación — Artículo 8, apartado 1, letra c) — Concepto de «sentencia firme» — Delito que dio lugar a una condena dictada por un órgano jurisdiccional de un tercer Estado — Reino de Noruega — Sentencia reconocida y ejecutada por el Estado emisor con arreglo a un acuerdo bilateral — Artículo 4, punto 7, letra b) — Motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea — Carácter extraterritorial del delito)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.3.2021.

- Asunto C-578/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom — Reino Unido) — X / Kuoni Travel Ltd (Procedimiento prejudicial — Directiva 90/314/CEE — Artículo 5, apartado 2, tercer guion — Viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos combinados — Contrato relativo a un viaje combinado celebrado entre un organizador de viajes y un consumidor — Responsabilidad del organizador de viajes por la buena ejecución de las obligaciones derivadas del contrato por parte de otros prestadores de servicios — Daño resultante de los actos de un empleado de un prestador de servicios — Exención de responsabilidad — Acontecimiento que ni el organizador de viajes ni el prestador de servicios podían prever o superar — Concepto de «prestador de servicios»)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 18.3.2021.

- Asunto C-739/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — VK/An Bord Pleanála (Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios por los abogados — Directiva 77/249/CEE — Artículo 5 — Obligación de un abogado visitante prestador de servicios, que representa a un cliente en un procedimiento jurisdiccional nacional, de actuar de acuerdo con un abogado que ejerza ante el tribunal que conoce del asunto — Límite»)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 10.3.2021.

- Asunto C-949/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — M. A. / Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. (Procedimiento prejudicial — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de visados — Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen — Artículo 21, apartado 2 bis — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Denegación de un visado de larga duración por el cónsul — Obligación de un Estado miembro de garantizar un recurso ante un tribunal contra la denegación de dicho visado)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 10.3.2021.

- Asunto C-112/20: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 11 de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Bélgica) — M. A. / État belge (Procedimiento prejudicial — Directiva 2008/115/CE — Artículo 5 — Decisión de retorno — Padre de un menor, ciudadano de la Unión Europea — Consideración del interés superior del niño al adoptar la decisión de retorno)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 11.3.2021.

- Asunto C-648/20 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de marzo de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Westminster Magistrates’ Court — Reino Unido) — Ejecución de una orden de detención europea emitida contra PI (Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 8, apartado 1, letra c) — Orden de detención europea emitida por la fiscalía de un Estado miembro para el ejercicio de acciones penales sobre la base de una medida privativa de libertad decretada por esa misma autoridad — Falta de control judicial antes de la entrega de la persona buscada — Consecuencias — Tutela judicial efectiva — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 10.3.2021.

- Asunto C-755/19: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de febrero de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Bélgica) — T.H.C. / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Política de asilo — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a un recurso efectivo — Recurso contra una decisión por la que se desestima por inadmisible una solicitud de protección internacional posterior — Plazo para recurrir — Internamiento)

Fallo del Tribunal:
"El artículo 46 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que fija para el recurso contra la decisión de inadmisibilidad de una solicitud de protección internacional posterior un plazo preclusivo de cinco días, el cual incluye los festivos, cuando se mantenga internado al solicitante de que se trate, siempre que, por una parte, se respete el principio de equivalencia, y, por otra, se garantice dentro de ese plazo el acceso efectivo de los solicitantes internados a las garantías procesales que el Derecho de la Unión reconoce a los solicitantes de protección internacional.
Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la normativa nacional controvertida en el litigio principal cumple estos requisitos."

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-28/21: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Łodzi (Polonia) el 15 de enero de 2021 — TM / EJ

Cuestión planteada: "¿Debe interpretarse el artículo 3 de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, en el sentido de que la formulación «cada Estado miembro adoptará todas las medidas apropiadas» significa que la legislación de cada Estado miembro deberá garantizar que, en materia de seguro de responsabilidad civil, la responsabilidad de la entidad aseguradora cubra la totalidad de los daños, incluidas las consecuencias del siniestro en forma de lucro cesante para el perjudicado?"

- Asunto C-83/21: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 9 de febrero de 2021 — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd / Agenzia delle Entrate

Cuestiones planteadas:
"1) ¿Cómo deben interpretarse las expresiones «reglamento técnico» de los servicios de la sociedad de la información y «regla relativa a los servicios» de la sociedad de la información recogidas en la Directiva 2015/1535/UE y, en particular, deben interpretarse dichas expresiones en el sentido de que comprenden medidas de carácter fiscal que no están directamente dirigidas a regular el servicio específico de la sociedad de la información pero que en la práctica conforman su ejercicio en el Estado miembro de que se trata, en concreto, imponiendo a todos los proveedores de servicios de intermediación inmobiliaria —incluidos, por tanto, los que no están establecidos en su territorio y prestan sus servicios en línea— obligaciones accesorias a fin de la recaudación efectiva de los impuestos adeudados por los arrendadores, como son:
a) la obligación de recoger y ulteriormente comunicar a las autoridades tributarias del Estado miembro los datos relativos a los contratos de arrendamiento de corta duración estipulados a raíz de la actividad del intermediario;
b) la obligación de retener de los importes abonados por los arrendatarios a los arrendadores la parte adeudada a Hacienda e ingresarla?
2) Se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie acerca de si:
a) ¿Se oponen el principio de libre prestación de servicios consagrado en el artículo 56 TFUE y, en caso de que se consideren aplicables en el presente asunto, los principios análogos dimanantes de las Directivas 2006/123/CE y 2000/31/CE, a una disposición nacional que imponga a los intermediarios inmobiliarios que operan en Italia — incluidos, por tanto, aquellos operadores que no están establecidos en su territorio y prestan sus servicios en línea— la obligación de recogida de los datos relativos a los contratos de arrendamiento de corta duración celebrados con su intermediación y de su ulterior comunicación a la administración tributaria a efectos de la recaudación de los impuestos directos adeudados por los usuarios del servicio?
b) ¿Se oponen el principio de libre prestación de servicios consagrado en el artículo 56 TFUE y, en caso de que se consideren aplicables en el presente asunto, los principios análogos dimanantes de las Directivas 2006/123/CE y 2000/31/CE, a una disposición nacional que imponga a los intermediarios inmobiliarios que operan en Italia — incluidos, por tanto, aquellos operadores que no están establecidos en su territorio y prestan sus servicios en línea— e intervienen en la fase de pago de las cantidades adeudadas en virtud de contratos de arrendamiento de corta duración celebrados con su intermediación la obligación de practicar, a efectos de la recaudación de los impuestos directos adeudados por los usuarios del servicio, una retención sobre esos pagos y de ingresarla posteriormente en la Hacienda Pública?
c) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones anteriores, ¿de conformidad con el Derecho [de la Unión Europea], pueden ser establecidas limitaciones al principio de libre prestación de servicios consagrado en el artículo 56 TFUE y, en caso de que se consideren aplicables en el presente asunto, a los principios análogos dimanantes de las Directivas 2006/123/CE y 2000/31/CE, por disposiciones nacionales como las descritas en las letras a) y b) anteriores, habida cuenta de la ineficacia de otras medidas de recaudación de los impuestos directos adeudados por los usuarios del servicio?
d) ¿De conformidad con el Derecho [de la Unión Europea], pueden ser establecidas limitaciones al principio de libre prestación de servicios consagrado en el artículo 56 TFUE y, en caso de que se consideren aplicables en el presente asunto, a los principios análogos dimanantes de las Directivas 2006/123/CE y 2000/31/CE, por una disposición nacional que imponga a los intermediarios inmobiliarios no establecidos en Italia la obligación de designar a un representante fiscal que deba cumplir, en nombre y por cuenta del intermediario inmobiliario, la disposiciones nacionales descritas en la letra b) anterior, habida cuenta de la ineficacia de otras medidas de recaudación de los impuestos directos adeudados por los usuarios del servicio?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en el sentido de que cuando una de las partes en un procedimiento plantea una cuestión de interpretación del Derecho [de la Unión Europea] (primario o derivado) especificando su contenido exacto, el órgano jurisdiccional conserva la facultad de reformular de forma autónoma el tenor de tal cuestión, identificando de forma discrecional, según su leal saber y entender, las referencias al Derecho [de la Unión Europea], a las disposiciones nacionales eventualmente contrarias a él y la redacción de la cuestión, dentro de los límites de la materia objeto de controversia, o bien está obligado a trasladar la cuestión prejudicial según ha sido formulada por la parte solicitante?"

- Asunto C-128/21: Petición de decisión prejudicial planteada por la Lietuvos vyriausiojo administracinio teismas (Lituania) el 26 de febrero de 2021 — Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š, D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I. / Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Cuestiones planteadas:
"1. ¿Debe interpretarse el artículo 101 TFUE, apartado 1, en el sentido de que los notarios de la República de Lituania, cuando llevan a cabo los actos notariales a los que se refieren los acuerdos explicativos adoptados por el Colegio de Notarios y que se describen en el presente asunto, son empresas en el sentido del artículo 101 TFUE?
2. ¿Debe interpretarse el artículo 101 TFUE, apartado 1, en el sentido de que los acuerdos explicativos adoptados por el Colegio de Notarios y que se describen en el presente asunto constituyen una decisión de una asociación en el sentido de dicha disposición?
3. En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿tienen por objeto o como efecto los citados acuerdos explicativos impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior a los efectos del artículo 101 TFUE, apartado 1?
4. Al resolver sobre una posible infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, ¿deben examinarse los acuerdos explicativos descritos en el presente asunto con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 97 de la sentencia Wouters?
5. En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, ¿constituyen los objetivos invocados por los demandantes, es decir, los objetivos de uniformizar la práctica notarial, colmar una laguna normativa, proteger los intereses de los consumidores, salvaguardar los principios de igualdad de trato para los consumidores y de proporcionalidad, y proteger a los notarios frente a los riesgos derivados de acciones de responsabilidad civil, objetivos legítimos a la luz de los cuales deben examinarse tales acuerdos explicativos con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 97 de la sentencia Wouters?
6. En caso de respuesta afirmativa a la quinta cuestión, ¿van las restricciones impuestas en los acuerdos explicativos más allá de lo necesario para garantizar la consecución de tales objetivos legítimos?
7. ¿Debe interpretarse el artículo 101 TFUE en el sentido de que los notarios que formaban parte del Consejo del Colegio de Notarios infringieron dicho artículo y pueden ser sancionados por haber participado en la adopción de los acuerdos explicativos al tiempo que desarrollaban su actividad notarial?"

[DOUE C182, de 10.5.2021]

BOE de 10.5.2021


- Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Nota: Esta disposición regula las condiciones básicas en materia de comercialización, importación, exportación, y uso, de productos fitosanitarios. A este respecto cabe destacar su capítulo III (artículos 10 a 13), en el que se contiene la regulación sobre comercio exterior.

[BOE n. 111, de 10.5.2021]

domingo, 9 de mayo de 2021

Bibliografía - Novedad Editorial


La editorial Marcial Pons acaba de publicar la obra colectiva "Retos en inmigración, asilo y ciudadanía. Perspectiva Unión Europea, internacional, nacional y comparada", coordinada por Diana Marín Consarnau.

Cuando hablamos de inmigración, asilo, refugiados, ciudadanía y libre circulación de personas en el contexto jurídico de la Unión Europea nos movemos en un amplio abanico de realidades que en la obra se abordan desde distintas perspectivas: Unión Europea, internacional, nacional y comparada. Todo ello nutre la investigación jurídica, en un contexto de retos nuevos y heredados, en el que continuamente se evalúa el Derecho de la Unión Europea, así como la compatibilidad de las medidas nacionales, y en el que la técnica argumentativa de los tribunales supranacionales no nos deja indiferentes e influye en la jurisprudencia nacional y comparada. Así, la inmigración regular e irregular, la integración, las medidas de protección internacional, la crisis de los refugiados, el marco normativo, la gestión de las fronteras, el régimen jurídico de extranjería, la configuración del estatuto de ciudadanía, los logros o las barreras en la libre circulación, el espacio judicial europeo en la cooperación civil, entre otros, se presentan como los grandes protagonistas de este escenario en el que también cabe reflexionar sobre los retos en y tras la Agenda Europea de Migración.
Con este objeto, las contribuciones de la obra proporcionan un marco adecuado que invita a la reflexión en pro a realizar un balance sobre las luces y las sombras que planean en los avances realizados en estas cuestiones y a abrir nuevos senderos de investigación jurídica a los retos que en inmigración, asilo y ciudadanía se plantean en el siglo XXI.

Extracto del índice de la obra:

PARTE I
– Derechos de los inmigrantes en la jurisprudencia del TJUE, por Roberto Cippitani. Università degli Studi di Perugia
– La inmigración como conflicto. In Varietate Concordia, por Ángeles Solanes Corella. Universitat de València
- La externalización del control de los flujos migratorios: La cooperación de la Unión Europea con Libia y Níger, por Francina Esteve García. Universidad de Girona
– La perspectiva de género en la lucha contra la trata en la Unión Europea: ¿Hacia una protección integral de niñas y mujeres migrantes?, por Maria Esther Jordana Santiago. Universidad de Girona
– La propuesta de reforma de la Directiva retorno: Más criminalización de las personas migrantes, por Diego Boza Martínez. Universidad de Cádiz
- La determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados a la luz de su interés superior, por Irene Claro Quintáns. Universidad Pontificia de Comillas
– Propuestas de reforma del sistema europeo común de asilo en materia de reubicación. La solidaridad como excepción, por Nuria Arenas Hidalgo. Universidad de Huelva
– La reglamentación italiana de la protección humanitaria entre competencia nacional y obligaciones europeas e internacionales, por Caterina Fratea. Università degli Studi di Verona
– Derecho de residencia en España y relaciones familiares: criterios administrativos y civiles, por Pilar Jiménez Blanco. Universidad de Oviedo
– El ejercicio de la libre circulación y la eliminación de los requisitos de autentificación y traducción de determinados documentos públicos: El Reglamento (UE) 2016/1191, por Maria Font i Mas. Universitat Rovira i Virgili
– De la reagrupación familiar del ciudadano de la Unión al Derecho Internacional Privado, por Diana Marín Consarnau. Universidad Rovira i Virgili

PARTE II
– El gran reto de la política migratoria europea, por Carmen Parra Rodríguez. Universidad Abat Oliba CEU; Marc Giménez Bachmann. Universidad de Barcelona
– La integración de los inmigrantes en la Unión Europea y en España: especial referencia a la inmigración marroquí en España, por Siham Zebda. Universidad de Cádiz
– Migración en la frontera sur del Estado mexicano (Políticas públicas y trata de personas), por Alejandra Díaz Alvarado. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
– Centros de detención para extranjeros en el ordenamiento español: La creación de los CATE, por Dévika Pérez Medina. Universidad de Cádiz
– La tutela del derecho a un recurso efectivo ante el riesgo de un perjuicio grave e irreversible en supuestos de expulsión, por Carolina Soler García. Universidad de Alicante
– Il futuro lontano da casa: Uscita dal sistema di protezione dei minori migranti in Spagna e Italia, por Patrizia Rinaldi. Universidad Pontificia de Comillas
– Nuevas orientaciones en materia de autorización a la permanencia en España por razones humanitarias a causa del éxodo venezolano, por Estibaliz Ibarra Sainz. Universidad del País Vasco
– La nueva guardia europea de fronteras y costas ante la crisis humanitaria, por Lucía Ione Padilla Espinosa. Universidad de Huelva
– El traslado de solicitantes de asilo a Estados miembros con condiciones menos favorables, por María del Carmen Chéliz Inglés. Universidad Isabel I
– Nuevas propuestas de la Unión Europa en materia de inmigración y asilo: La creación de plataformas de desembarco en Libia, por Lorena María Calvo Mariscal. Universidad de Cádiz
– Las mujeres como sujetos de derechos por la doctrina iusinternacionalista, por Cristina María Zamora Gómez. Universidad de Sevilla

– Epílogo. Régimen jurídico de los extranjeros nacionales de terceros países familiares de españoles que no han ejercido la libre circulación. ¿Es necesaria una normativa específica?, por Aurelia Álvarez Rodríguez. Universidad de León

Ficha:

D. Marín Consarnau (Coord.)
"Retos en inmigración, asilo y ciudadanía. Perspectiva Unión Europea, internacional, nacional y comparada"
Editorial Marcial Pons, 2021
370 págs. - 34,00 €
ISBN: 978-84-1381-025-6

Bibliografía (Revista de revistas) - LA LEY Mediación y Arbitraje, núm. 6 (abril-junio 2021)


Trabajos publicados en LA LEY Mediación y Arbitraje, núm. 6 (abril-junio 2021), Especial Monográfico «Nuevos derroteros del arbitraje en España a la luz de la doctrina reciente del Tribunal Constitucional»:

EDITORIAL
José Carlos Fernández Rozas, Director de la Revista

TRIBUNA
- «El principio de mínima intervención judicial en el arbitraje y su terminante reconocimiento en las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio, y 17/2001, de 15 de febrero», Pascual Sala Sánchez.
- «Despejadas las dudas en orden a la seguridad jurídica del arbitraje en España y a su posición como sede internacional», José María Alonso Puig.
- «Sobre los inciertos límites al control jurisdiccional de la motivación del laudo y sobre el espaldarazo cierto del Tribunal Constitucional al arbitraje», Santiago Álvarez González.
- «El Tribunal Constitucional reafirma el principio de mínima intervención de los órganos jurisdiccionales en el arbitraje», Gonzalo Ardila.
- «El Tribunal Constitucional refuerza el principio de seguridad jurídica frente a la extralimitación de los jueces en el control de los laudos», María Arias Navarro.
- «Dos sentencias inseparables», José Antonio Caínzos.
- «El "orden público" como motivo de anulación del laudo arbitral en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021», Fernando Castedo.
- «Una reflexión sobre la constitucionalización del arbitraje, a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021», Luis Felipe Castresana.
- «Comentarios a vuelapluma de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021», Luis María Cazorla.
- «Firme afianzamiento del arbitraje en la doctrina constitucional española. Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero 2021», Bernardo Mª Cremades.
- «Regreso a la normalidad arbitral. Sentencias del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 2020 y de 15 de febrero de 2021», Carlos de los Santos.
- «Un auténtico soplo de aire fresco para el arbitraje», Juli De Miquel Berenguer.
- «El Constitucional rescata la autonomía del arbitraje», Urquiola De Palacio.
- «Reflexiones a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021», Juan Fernández Armesto y Alba Briones Martín.
- «La acción de anulación de los laudos recupera sus perfiles privativos», Ana Fernández Pérez.
- «El Tribunal Constitucional restablece la ortodoxia en el control judicial de los laudos arbitrales», José Carlos Fernández Rozas.
- «Coup de maître del Tribunal Constitucional en respaldo al arbitraje con sede en España. (O del coup de grâce al elefante que teníamos en el salón)», Javier Fernández–Samaniego.
- «La progresiva delimitación del alcance de la acción de anulación. Tres notas sobre las conclusiones que derivan de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021», Luis García del Río
- «Garantía constitucional de la autonomía de la voluntad y su consustancialidad con el arbitraje», José Daniel González Torres.
- «Deber de motivación de los árbitros. A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021», Antonio Hierro Hernández‐Mora.
- «Precisiones del Tribunal Constitucional sobre el ámbito de la acción de anulación contra los laudos arbitrales. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2021, 15 de febrero», Rafael Hinojosa Segovia.
- «El estándar aplicable al deber de motivación del laudo bajo el art. 37.4º de la Ley de Arbitraje, a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021», Alfonso Iglesia y Lucía Montes.
- «Detrás de una gran sentencia siempre hay un gran abogado/a», Javier Íscar de Hoyos.
- «Un buen año», Josep Maria Julià Insenser.
- «Que del juicio de los avenidores no se puede ninguno alzar (Ley XXXV, Título IV de la Partida Tercera del Código de las Siete Partidas)», Luis Martí Mingarro.
- «El orden público material en la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2021», Santiago Martínez–Lage.
- «Los motivos de anulación de laudos: dudas resueltas por el Tribunal Constitucional», María José Menéndez Arias.
- «Punto final al ejercicio exorbitante del control judicial del laudo: Sentencia del Tribunal Constitucional 15 de febrero de 2021», José Fernando Merino Merchán.
- «La sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021. Orden público y Convenio de Nueva York», Félix J. Montero y Álvaro Villalón.
- «Estándar de prueba en el arbitraje a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021», Frederic Munné Catarina.
- «Espaldarazo del Tribunal Constitucional al arbitraje en España», José Juan Pintó Sala.
- «Las últimas sentencias del Tribunal Constitucional relativas al orden público: una aproximación general», Francisco G. Prol Pérez.
- «El arbitraje en España y su pleno reconocimiento en la doctrina constitucional. A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2021, de 15 de febrero», Jesús Remón.
- «Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021», Íñigo Rodríguez–Sastre.
- «Libertad y arbitraje: un binomio inseparable: Comentarios a la STC 15 de febrero de 2021», Francisco Ruiz Risueño.
- «La Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021 o qué hay de verdad en la "equivalencia jurisdiccional" del arbitraje», Sixto A. Sánchez Lorenzo.
- «La Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021: una clara lanza en favor del arbitraje y algunas cuestiones por aclarar», Elena Sevila Sánchez.
- «Satis superque, o del aparente y esperado final de una anomalía arbitral española: la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021», Pedro Tent Alonso.
- «Qué quería decir el Tribunal Constitucional con el "equivalente jurisdiccional"», Antonio Vázquez Guillén.
- «Con ustedes la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021, ¿y ahora qué?», Rosa María Vidal Monferrer.

sábado, 8 de mayo de 2021

BOE de 8.5.2021


- Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Nota: Véase el Real Decreto-ley 8/2021, así como la entrada de este blog del día 5.5.2021.

[BOE n. 110, de 8.5.2021]

viernes, 7 de mayo de 2021

Tabla comparativa de la última reforma de la nueva Ley del Registro Civil

 

Coincidiendo con la fecha de entrada en vigor de la Ley del Registro Civil, la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (véase la entrada de este blog del día 29.4.2021), introduce novedades en su articulado, entre las que cabe destacar la designación del letrado de la Administración de Justicia como Encargado del Registro Civil. La reforma también perfila el marco de colaboración entre las diferentes administraciones públicas concurrentes en este servicio público, de forma que las Comunidades Autónomas participen en el diseño, medios y ejecución de la prestación del mismo, en virtud de su atribución de competencias y dentro de la estrategia de cogobernanza. Además, efectúa una serie de mejoras técnicas en determinados preceptos que, con el paso del tiempo o por anteriores reformas, han quedado desajustados a la realidad actual o cuya necesidad ha surgido en el proceso de desarrollo de la aplicación informática.

Véase la tabla comparativa, elaborada por Wolters Kluwer, de la última reforma de la nueva Ley del Registro Civil en este enlace.

Congreso de los Diputados - Convenio internacional


El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación del Acuerdo sobre supresión de los requisitos de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y de servicio entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho en Madrid y Doha el 26 de octubre de 2020 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 64-1, de 7.5.2021).


Bibliografía - Alcance de la facultad del juez nacional para decidir de oficio sobre la compatibilidad o incompatibilidad del Derecho nacional con el Derecho de la UE

 

- Alcance de la facultad del juez nacional para decidir de oficio sobre la compatibilidad o incompatibilidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión. La opinión del Abogado General
Isaac Ibáñez García, Abogado
Diario La Ley, Nº 9845, Sección Tribuna, 7 de Mayo de 2021

El Abogado General del TJUE ha terciado en la controversia creada por la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 26 de marzo de 2019 (STC 37/2019) que impone al tribunal nacional (en este caso a nuestro Tribunal Supremo) un deber reforzado de plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sólo si llega a la conclusión de que la norma legal infringe el Derecho de la Unión (y, por tanto, procedería su inaplicación por su propia autoridad), sin que tenga tal deber —desde el punto de vista constitucional— en caso de que decida que la ley nacional cuestionada es conforme con el Derecho de la Unión Europea.

DOUE de 7.5.2021


Comité de las Regiones
[Reunión a distancia – 143º pleno, 17.3.2021 – 19.3.2021]

- Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo.

- Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Propuesta de Reglamento por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit.

[DOUE C175, de 7.5.2021]

BOE de 7.5.2021


- Instrumento de ratificación del Protocolo n.º 15 de enmienda al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Estrasburgo el 24 de junio de 2013.

Nota: Véase el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este Protocolo entrará en vigor, con carácter general y para España, el 1 de agosto de 2021.
- Orden PCM/439/2021, de 5 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

Nota: El 2 de febrero de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles (véase la entrada de este blog del día 3.2.2021). Este acuerdo fue prorrogado mediante Acuerdos del Consejo de Ministros de 9 de febrero de 2021 (véase la entrada de este blog del día 13.2.2021), 23 de febrero de 2021 (véase la entrada de este blog del día 26.2.2021), 9 de marzo de 2021 (véase la entrada de este blog del día 12.3.2021), 23 de marzo de 2021 (véase la entrada de este blog del día 26.3.2021), 6 de abril de 2021 (véase la entrada de este blog del día 8.4.2021) y de 20 de abril de 2021 (véase la entrada de este blog del día 23.4.2021). El plazo establecido para el mantenimiento de estas medidas finaliza a las 00:00 horas del día 11 de mayo de 2021 (hora peninsular).

Ahora, mediante el presente acuerdo, se prorroga la eficacia de las previsiones contenidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre Brasil y Sudáfrica y los aeropuertos españoles, desde las 00:00 horas del día 11 de mayo de 2021 (hora peninsular) hasta las 00:00 horas del día 25 de mayo de 2021 (hora peninsular).

[BOE n. 109, de 7.5.2021]

jueves, 6 de mayo de 2021

Boletín del Ministerio de Justicia - Resoluciones de la DGRN del 1-29 febrero 2021


BOLETÍN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, Año XXV, Núm. 2239 (abril 2021), Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (S.G. de Nacionalidad y Estado Civil), del 1 al 29 de febrero de 2020:
I. Nacimiento, filiación y adopción.
II. Nombres y apellidos.
III. Nacionalidad.
IV. Matrimonio.
V. Defunción.
VI. Tutelas.
VII. Rectificación, cancelación y traslado de inscripciones.
VIII. Procedimiento y otras cuestiones.
IX. Publicidad.
X. Organización y funcionamiento.
XI. Otros.
Puede consultarse el texto íntegro del Boletín en este enlace.

Congreso de los Diputados - Proyecto de ley orgánica


- Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 53-1, de 6.5.2021).

Nota: Mediante este proyecto de ley se aplica el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (véase la entrada de este blog del día 31.10.2017).

En el Título Preliminar se recogen disposiciones generales atinentes al objeto, ámbito de aplicación y una cláusula de carácter interpretativo. En él destaca la cláusula general de supletoriedad que reconduce a las normas procedimentales de la vigente LECrim. para todo lo no regulado expresamente por esta ley orgánica, en particular a las normas del procedimiento abreviado. Ello con independencia de las penas fijadas para los delitos del ámbito de la competencia de la Fiscalía Europea o de los concretos delitos en cuestión. Esta última referencia implica haber optado por un órgano de enjuiciamiento profesional, excluyendo los cauces de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
En el Título I (Funciones y principios de actuación de la Fiscalía Europea en el territorio nacional) se plasman las funciones y principios de actuación de la Fiscalía Europea en el territorio nacional. Se reconocen en él las necesarias atribuciones que los Fiscales europeos delegados precisan para el ejercicio de la potestad que les es encomendada. Se incorporan la obligada inserción de una nueva figura del Juez de Garantías, que, como órgano ajeno a la dirección del procedimiento, asume sin embargo las funciones de control jurisdiccional expresamente recogidas en la norma.
En el Título II (Estatuto de la Fiscalía Europea y los Fiscales Europeos Delegados) se ha optado por extraer las normas que establecen la independencia de los fiscales europeos delegados en el desempeño de sus obligaciones, la obligación de velar por el respeto de los derechos consagrados en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, la legalidad, la proporcionalidad y la imparcialidad en todas sus actividades. Además, se incorporan los criterios objetivos y de idoneidad y el proceso de selección de los candidatos a Fiscal europeo y Fiscales Europeos Delegados.
En el Título III (El procedimiento de investigación) se sistematizan las especificidades que marca el Reglamento en cuanto a la incoación de este procedimiento de investigación.  Para ello, es necesario dar lugar al desarrollo previo del sistema de comunicaciones entre las diferentes autoridades nacionales que con ocasión de sus funciones pueden tener conocimiento de hechos susceptibles de ser incardinados en el ámbito competencial de la Fiscalía Europea. Como opción de política criminal, en línea armonizadora procesal con los países en los que se aplica el Reglamento, se ha excluido la legitimación activa de la acusación popular. Sin embargo, si bien el Reglamento no hace mención expresa a la materia concerniente a la responsabilidad civil ex delicto, la posibilidad que ofrece nuestro modelo procesal de recuperar los fondos públicos defraudados de forma inmediata y paralela al buen fin de la prosecución penal, constituye un valor añadido. Por ello, tanto los Fiscales Europeos Delegados como las acusaciones particulares personadas estarán legitimados activamente para el ejercicio conjunto de la acción civil con la penal.
En el Título IV (El control judicial de la investigación) se reflejan las especificidades propias de aquellas diligencias de investigación y de aseguramiento y medidas cautelares respecto de las que el Reglamento incide en orden a garantizar la eficacia de estos procedimientos.
El Título V (Conclusión del procedimiento de investigación) está dedicado a la conclusión de la investigación. Ya se produzca esta por remisión a la autoridad nacional, a los efectos la continuación por los trámites del procedimiento ordinario o por el paso a una fase intermedia remitida al control jurisdiccional en la figura del Juez de garantías.
Finalmente, el Título VI (Fase intermedia: La preparación del juicio oral) regula la fase intermedia, esto es, la preparación del juicio oral. Contiene varios capítulos de relevancia dedicados al escrito de acusación y defensa, la audiencia preliminar, sobreseimiento y la apertura del juicio oral.
Mediante las disposiciones finales se modifican diversas leyes: la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (DF 1ª); la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (DF 2ª); la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (DF 3ª); la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (DF 4ª); la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (DF 5ª).
Una vez aprobada esta ley, está previsto que entre en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE (DF 9ª).

Jurisprudencia - Denegación de la nacionalidad española por residencia debido al escaso grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles y a su total desconocimiento del idioma castellano

 

- Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Sentencia de 16 febrero 2021, Rec. 933/2019: Nacionalidad española. Adquisición por residencia. El Juez Encargado del Registro Civil se mostró desfavorable a la concesión de la nacionalidad en atención al escaso grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles y a la vista del total desconocimiento del idioma castellano. La solicitante no ha acreditado el grado de integración bastante en la sociedad española que exige el art. 22.4 del CC. A ello no obsta el tiempo de residencia en territorio español, lo que pondría de manifiesto, en su caso, su arraigo, pero no su integración.

Ponente: De la Peña Elías, Francisco.
Nº de Recurso: 933/2019
Jurisdicción: Contencioso-administrativa
Iustel - Diario Del Derecho, 6 mayo 2021, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: ROJ: SAN 359/2021 - ECLI:ES:AN:2021:359]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (6.5.2021)


- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MICHAL BOBEK, presentadas el 6 de mayo de 2021, en el asunto C‑428/19 (Rapidsped): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Gyulai Törvényszék (Tribunal General de Gyula, Hungría), anteriormente Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíroság (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de Gyula, Hungría)] Petición de decisión prejudicial — Directiva 96/71/CE — Libre prestación de servicios — Desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios — Conductores que se dedican al transporte internacional — Observancia de las cuantías de salario mínimo del país de desplazamiento — Dieta diaria — Reglamento (CE) n.º 561/2006 — Complemento por ahorro de combustible.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"Cuarta cuestión prejudicial:
La Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a las prestaciones de servicios transnacionales en el sector del transporte por carretera.
Primera cuestión prejudicial:
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/71 debe interpretarse en el sentido de que una infracción de la normativa nacional del Estado miembro de acogida en materia de “cuantías de salario mínimo” puede invocarse en el marco de un procedimiento incoado ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen, suponiendo que estos últimos sean competentes para conocer del asunto, por ejemplo, debido a que el empleador tiene su domicilio en dicho Estado.
Segunda cuestión prejudicial:
Las dietas que se abonan sin justificación de los gastos, y cuya comprobación corresponde al órgano jurisdiccional nacional, no se abonan en concepto de reembolso de los gastos efectivamente realizados originados por el desplazamiento en el sentido del artículo 3, apartado 7, de la Directiva 96/71. Siempre que las dietas controvertidas en el presente procedimiento se paguen también como complemento correspondiente al desplazamiento se considerará que forman parte del salario mínimo.
Tercera cuestión prejudicial:
El artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3820/85, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en sí mismo, a un complemento por ahorro de combustible con el que un empleador puede remunerar a un trabajador desplazado cuando este no exceda un consumo de combustible estándar. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si, en las circunstancias particulares de un asunto concreto, ha de interpretarse que el complemento por ahorro se calcula en función de las distancias recorridas o del volumen de las mercancías transportadas y es de tal naturaleza que puede comprometer la seguridad en carretera y/o fomentar las infracciones de las disposiciones del Reglamento n.º 561/2006.
La quinta cuestión prejudicial es inadmisible."

- CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT, presentadas el 6 de mayo de 2021, en el asunto C‑545/19 (Allianzgi-Fonds Aevn): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) [Tribunal Arbitral Tributario (Centro de Arbitraje Administrativo — CAAD)], Portugal]] Petición de decisión prejudicial — Legislación sobre impuestos directos y libertades fundamentales — Libre circulación de capitales — Tributación de los dividendos pagados a organismos de inversión colectiva — Diferencia de trato entre organismos de inversión colectiva residentes y no residentes — Discriminación por una técnica impositiva diferente — Posibilidad de comparación en el marco de la libre circulación de capitales — Justificación de sistemas de tributación diferentes — Garantía de una tributación mínima en el Estado de residencia — Proporcionalidad de una técnica impositiva diferente.

Nota: La AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"El artículo 63 TFUE no se opone a una normativa nacional que impone una retención en la fuente sobre los dividendos repartidos por una sociedad residente cuando dichos dividendos se reparten a un organismo de inversión colectiva no residente que no está sujeto al impuesto sobre sociedades en su Estado de residencia. Lo mismo sucede incluso si no se aplica el impuesto sobre sociedades a estos dividendos cuando se reparten a un organismo de inversión colectiva residente, sino que se recurre a una técnica impositiva diferente para garantizar que no se aplique el correspondiente impuesto que grava las rentas hasta que aquellos se redistribuyan al inversor, gravándose hasta entonces en su lugar con carácter trimestral el total de los activos netos del organismo de inversión colectiva residente."

DOUE de 6.5.2021


- Corrección de errores de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

Nota: Casi 21 años (!!!) después de la publicación de la Directiva 2000/31/CE, la UE se da cuenta que existe una errata en el artículo 4.1 de la Directiva. Y una errata que no es de menor importancia, pues donde ha venido diciendo durante 21 años:
"Los Estados miembros dispondrán que el acceso a la actividad de prestador de servicios de la sociedad de la información no pueda someterse a autorización previa ni a ningún otro requisito con efectos equivalentes."
Debería haber dicho:
"Los Estados miembros garantizarán que el acceso a la actividad de prestador de servicios de la sociedad de la información y el ejercicio de esta actividad no puedan someterse a autorización previa ni a ningún otro requisito con efectos equivalentes."

[DOUE L158, de 6.5.2021]

Parlamento Europeo
(Sesiones del 16 al 19 de septiembre de 2019)

- Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de septiembre de 2019, sobre la situación actual de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (2019/2817(RSP))

- Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP))

- Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre el estado de la aplicación de la legislación de la Unión contra el blanqueo de capitales (2019/2820(RSP))

[DOUE C171, de 6.5.2021]