jueves, 20 de junio de 2024

DOUE de 20.6.2024


- Reglamento (UE) 2024/1717 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, que modifica el Reglamento (UE) 2016/399 por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras
[DO L, 2024/1717, 20.6.2024]

Nota: El Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo (Código de fronteras Schengen) establece normas que rigen la circulación de personas desde y hacia el espacio sin controles en las fronteras interiores (espacio Schengen), así como entre los Estados miembros que participan en el espacio Schengen.
En los últimos años, el espacio Schengen se ha visto enfrentado a retos sin precedentes que, por su naturaleza, no se han circunscrito al territorio de un único Estado miembro. Esos retos han subrayado el hecho de que la preservación del orden público y la seguridad en el espacio Schengen es una responsabilidad compartida que requiere una acción conjunta y coordinada entre los Estados miembros y a escala de la Unión. También han puesto de relieve las lagunas existentes en las normas vigentes que rigen el funcionamiento del espacio Schengen, tanto en las fronteras exteriores como en las interiores, así como la necesidad de crear un marco más sólido y fuerte que permita dar una respuesta más eficaz a los retos a los que se enfrenta el espacio Schengen para reforzar la confianza y solidaridad mutuas y garantizar la ausencia de controles sobre las personas, independientemente de su nacionalidad, al cruzar las fronteras interiores, permitiendo al mismo tiempo a los Estados miembros dar una respuesta eficaz a los retos a los que se enfrentan.

- Decisión (UE) 2024/1733 del Consejo, de 30 de mayo de 2024, por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República de San Marino sobre varios aspectos en el ámbito de la gestión de fronteras
[DO L, 2024/1733, 20.6.2024]

Nota: Mediante el presente acto se autoriza a la Comisión a entablar negociaciones para la celebración de un acuerdo con San Marino sobre varios aspectos en el ámbito de la gestión de fronteras.


miércoles, 19 de junio de 2024

El Anuario Español de Derecho Internacional Privado (AEDIPr) ha renovado el Sello de Calidad Editorial y Científica de la FECYT

 

 La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), de conformidad con lo dispuesto en las Bases de la convocatoria de evaluación de revistas, ha evaluado a todas las revistas llamadas a renovar el Sello de Calidad Editorial y Científica. El Anuario Español de Derecho Internacional Privado ha superado con éxito el proceso de renovación y, por tanto, renueva la vigencia del Sello de Calidad por un periodo adicional de un año.

Esta calificación, que destaca a las revistas científicas de excelencia, se obtiene y se renueva después de superar un exhaustivo proceso de evaluación de los indicadores de calidad establecidos en la convocatoria. El Anuario fue fundado y está dirigido por el profesor José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho Internacional Privado.

Enhorabuena al director, el profesor J.C. Fernández Rozas, y al equipo de redactores y miembros de los comités del Anuario por este nuevo reconocimiento a la calidad de la publicación.

Véase la resolución provisional de la FECYT [aquí] y [aquí]. 


DOUE de 19.6.2024


- Reglamento (UE) 2024/1620 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1093/2010, (UE) n.° 1094/2010 y (UE) n.° 1095/2010Texto pertinente a efectos del EEE.
[DO L, 2024/1620, 19.6.2024]

Nota: La experiencia adquirida con el actual marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT), que depende en gran medida de la aplicación nacional de medidas de LBC/LFT, ha puesto al descubierto deficiencias no solo en relación con el funcionamiento eficiente de dicho marco de la Unión, sino también con respecto a la integración de las recomendaciones internacionales. Esas deficiencias han hecho emerger nuevos obstáculos al buen funcionamiento del mercado interior, debido, tanto a los riesgos que suponen dentro del mismo, como a las amenazas externas a las que este se enfrenta.
La naturaleza transfronteriza de la delincuencia y del producto del delito pone en peligro los esfuerzos del sistema financiero de la Unión en relación con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es necesario fortalecer esos esfuerzos a escala de la Unión mediante la creación de una autoridad responsable de contribuir a la aplicación de una normativa armonizada en ese ámbito. Además, esa autoridad debe seguir un enfoque armonizado para reforzar el actual marco preventivo de la Unión en materia de LBC/LFT, y en concreto la supervisión LBC/LFT y la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera (UIF). Dicho enfoque tiene por objeto reducir las divergencias entre las legislaciones y las prácticas de supervisión nacionales e introducir estructuras que favorezcan firmemente el buen funcionamiento del mercado interior. Por consiguiente, debe crearse una autoridad de la Unión de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cuya creación es crucial para garantizar una supervisión eficaz y adecuada de las entidades obligadas que plantean un alto riesgo en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, reforzar los enfoques comunes de supervisión para todas las demás entidades obligadas y facilitar los análisis conjuntos y la cooperación entre las UIF.

Este Reglamento será aplicable con carácter general a partir del 1 de julio de 2025 (art. 108) y la Comisión será responsable de la creación y el funcionamiento inicial de la Autoridad hasta el 31 de diciembre de 2025 (art. 107).

- Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismoTexto pertinente a efectos del EEE.
[DO L, 2024/1624, 19.6.2024]

Nota: La Directiva (UE) 2015/849 es el principal instrumento jurídico para la prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (véase la entrada de este blog del día 5.6.2015). Dicha Directiva establece un marco jurídico completo, que la Directiva (UE) 2018/843 vino a reforzar al abordar los riesgos emergentes de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo e incrementar la transparencia de la titularidad real (véase la entrada de este blog del día 19.6.2018). Con independencia de los logros con arreglo a dicho marco jurídico, la experiencia ha demostrado que deben introducirse más mejoras para atenuar adecuadamente los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y detectar de forma eficaz las tentativas de uso indebido del sistema financiero de la Unión con fines delictivos.
El principal reto detectado en relación con la aplicación de las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/849 que establecen las obligaciones para las entidades obligadas es la falta de aplicabilidad directa de las normas establecidas en dichas disposiciones y el enfoque fragmentado por países. Aunque dichas normas llevan existiendo y evolucionando más de tres décadas, se siguen aplicando de una forma que no es totalmente coherente con los requisitos de un mercado interior integrado. Por lo tanto, es necesario que las normas sobre las cuestiones actualmente tratadas en la Directiva (UE) 2015/849 que puedan ser directamente aplicables por las entidades obligadas pertinentes se aborden en un reglamento para lograr la uniformidad de aplicación deseada.
Este nuevo instrumento forma parte de un paquete completo destinado a reforzar el marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) de la Unión. Conjuntamente, el presente Reglamento, la Directiva (UE) 2024/1640 (véase la siguiente referencia de esta entrada) y los Reglamentos (UE) 2023/1113 (véase la entrada de este blog del día 9.6.2023) y (UE) 2024/1620 (véase la referencia anterior de esta entrada) conformarán el marco jurídico que regulará los requisitos de LBC/LFT que han de cumplir las entidades obligadas y sustentará el marco institucional de la Unión en materia de LBC/LFT, incluido el establecimiento de una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC).

Las referencias a la Directiva (UE) 2015/849 se interpretarán como referencias al presente Reglamento y a la Directiva (UE) 2024/1640, de acuerdo con la tabla de correspondencias del anexo VI del presente Reglamento (art. 89).
Este Reglamento será aplicable con carácter general a partir del 10 de julio de 2027, excepto para las entidades obligadas a que se refiere el artículo 3.3, letras n) a o) [agentes de fútbol y clubes de fútbol profesional cuando realicen determinadas operaciones], para quienes será aplicable desde el 10 de julio de 2029 (art. 90).

- Directiva (UE) 2024/1640 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por la que se modifica la Directiva y (UE) 2019/1937 y se modifica y deroga la Directiva (UE) 2015/849Texto pertinente a efectos del EEE.
[DO L, 2024/1640, 19.6.2024]

Nota: La Directiva (UE) 2015/849 es el principal instrumento jurídico de prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (véase la entrada de este blog del día 5.6.2015). Dicha Directiva establece un marco jurídico completo, que la Directiva (UE) 2018/843 vino a reforzar al abordar los riesgos emergentes e incrementar la transparencia de la titularidad real (véase la entrada de este blog del día 19.6.2018). No obstante los logros bajo dicho marco normativo, la experiencia ha demostrado que la Directiva (UE) 2015/849 debe seguir mejorándose para atenuar adecuadamente los riesgos y detectar de forma eficaz las tentativas de hacer un uso indebido del sistema financiero de la Unión con fines delictivos, así como para promover la integridad del mercado interior.
Desde la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2015/849, se han detectado una serie de ámbitos en los que sería conveniente introducir modificaciones a fin de garantizar que el sistema financiero de la Unión cuente con la resiliencia y capacidad necesarias para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En la aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 se detectaron divergencias importantes en las prácticas y enfoques de las autoridades competentes en toda la Unión, así como una falta de mecanismos suficientemente eficaces de cooperación transfronteriza. Procede, por tanto, definir requisitos más claros que contribuyan a una cooperación fluida en toda la Unión, al tiempo que permiten a los Estados miembros tener en cuenta las especificidades de sus sistemas nacionales.
La presente Directiva forma parte de un paquete completo destinado a reforzar el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) de la Unión. Conjuntamente, esta Directiva y los Reglamentos (UE) 2023/1113 (véase la entrada de este blog del día 9.6.2023) y (UE) 2024/1624 y (UE) 2024/1620 (véanse las dos anteriores referencias de esta entrada) conformarán el marco jurídico que regulará los requisitos de LBC/LFT que deberán cumplir las entidades obligadas y sustentará el marco institucional de la Unión en materia de LBC/LFT, incluido el establecimiento de una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC).

Queda derogada la Directiva (UE) 2015/849 con efectos a partir del 10 de julio de 2027 (art. 77).
Con carácter general, los Estados miembros deberán transponer esta Directiva a más tardar el 10 de julio de 2027 (art. 78).

- Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega sobre normas suplementarias relativas al Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, para el período comprendido entre 2021 y 2027
[DO L, 2024/1753, 19.6.2024]

Nota: El Acuerdo entre la UE y Noruega entró en vigor el 1 de junio de 2024, esto es, hace 20 días (!!!) y nosotros sin enterarnos. Véase la entrada de este blog del día 5.6.2024.

- Comunicación de la Comisión — Directrices sobre las ayudas estatales para fomentar las inversiones de financiación de riesgo: aceptación de las medidas apropiadas propuestas con arreglo al artículo 108, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por los Estados miembros
[DO C, C/2024/3935, 19.6.2024]

Nota: Véase la Comunicación de la Comisión con las directrices sobre las ayudas estatales para promover las inversiones de financiación de riesgo, así como la entrada de este blog del día 16.12.2021.

- Dictamen del banco central Europeo de 30 de abril de 2024 acerca de una propuesta de Reglamento y de Directiva sobre servicios de pago y de dinero electrónico (CON/2024/13)
[DO C, C/2024/3869, 19.6.2024]

Nota: El 18 de septiembre de 2023 y el 14 de marzo de 2024, el Banco Central Europeo (BCE) recibió del Parlamento Europeo y del Consejo solicitudes de dictamen acerca de una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior y por el que se modifica el Reglamento (UE) 1093/2010 y de dictamen acerca de una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de pago y servicios de dinero electrónico en el mercado interior por la que se modifica la Directiva 98/26/CE y se derogan las Directivas (UE) 2015/2366 y 2009/110/CE.


BOE de 19.6.2024


- Resolución de 10 de junio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de San Bartolomé de Tirajana, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 10 de junio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Telde, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Nota: Mediante las presentes resoluciones se aprueban la entrada en servicio efectivo de la aplicación informática denominada DICIREG, del Ministerio de Justicia, que permite el funcionamiento del Registro Civil conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 en las oficinas del Registro Civil de los siguientes partidos judiciales y en las fechas indicadas:
-San Bartolomé de Tirajana, que comprende la Oficina General del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Mogán y Santa Lucía de Tirajana, a las 00:00 horas del 1 de julio de 2024.
- Telde, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Telde y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Agüimes, Ingenio y Valsequillo de Gran Canaria, a las 00:00 horas del 1 de julio de 2024.

Mientras no entre en vigor el nuevo Reglamento de Registro Civil será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerdan las pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática DICIREG, conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 23.9.2021), modificada por la Instrucción de 3 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y las demás Instrucciones, Circulares y Resoluciones que han sido dictadas hasta el momento, en relación con la aplicación de la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 9.6.2022).

[BOE n. 148, de 19.6.2024]


martes, 18 de junio de 2024

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (18.6.2024)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 18 de junio de 2024, en el asunto C‑352/22 (Generalstaatsanwaltschaft Hamm): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 2011/95/UE — Artículo 21, apartado 1 — Directiva 2013/32/UE — Artículo 9, apartados 2 y 3 — Concesión definitiva del estatuto de refugiado por un Estado miembro — Refugiado que, con posterioridad a esa concesión, reside en otro Estado miembro — Solicitud de extradición del tercer Estado de origen de ese refugiado dirigida al Estado miembro de residencia — Efectos de la resolución de concesión del estatuto de refugiado en el procedimiento de extradición en cuestión — Artículos 18 y 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Protección de ese refugiado frente a la extradición solicitada en tales circunstancias.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, en relación con los artículos 18 y 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que,
cuando un nacional de un tercer país que ha obtenido el estatuto de refugiado en un Estado miembro es objeto, en otro Estado miembro, en cuyo territorio reside, de una solicitud de extradición emitida por su país de origen, el Estado miembro requerido no puede autorizar la extradición sin antes entablar un intercambio de información con la autoridad que concedió ese estatuto al individuo reclamado y a falta de revocación de dicho estatuto por la referida autoridad."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 18 de junio de 2024, en el asunto C‑753/22 (Bundesrepublik Deutschland): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 33, apartado 2, letra a) — Imposibilidad de que las autoridades de un Estado miembro declaren inadmisible una solicitud de asilo por haberse concedido previamente el estatuto de refugiado en otro Estado miembro — Artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Riesgo de ser sometido a tratos inhumanos o degradantes en ese otro Estado miembro — Examen de esa solicitud de asilo por parte de dichas autoridades pese a haberse concedido el estatuto de refugiado en ese otro Estado miembro — Directiva 2011/95/UE — Artículo 4 — Examen individual.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, los artículos 4, apartado 1, y 13 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, y los artículos 10, apartados 2 y 3, y 33, apartados 1 y 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional,
deben interpretarse en el sentido de que,
cuando la autoridad competente de un Estado miembro no puede hacer uso de la facultad, que ofrece esta última disposición, de declarar inadmisible una solicitud de protección internacional de un solicitante al que otro Estado miembro ya ha concedido tal protección, por existir un grave riesgo de que sea sometido en ese otro Estado miembro a tratos inhumanos o degradantes, en el sentido del artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la referida autoridad debe realizar un nuevo examen individual, completo y actualizado de esa solicitud con ocasión de un nuevo procedimiento de protección internacional tramitado con arreglo a las Directivas 2011/95 y 2013/32. En el marco de ese examen, la mencionada autoridad debe, no obstante, tener plenamente en cuenta la resolución de ese otro Estado miembro por la que se concedió protección internacional a dicho solicitante y los elementos en que se fundamenta."


BOE de 18.6.2024


- Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2024, de 4 de junio, de medidas de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes para los viajes realizados en el periodo estival de 2024.

Nota: Véase el Real Decreto-ley 3/2024, así como la entrada de este blog del día 5.6.2024.

- Resolución de 7 de junio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Alcázar de San Juan, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Nota: Mediante la presente resolución se aprueba la entrada en servicio efectivo de la aplicación informática denominada DICIREG, del Ministerio de Justicia, que permite el funcionamiento del Registro Civil conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 en las oficinas del Registro Civil del partido judicial de Alcázar de San Juan, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Alcázar de San Juan y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Arenales de San Gregorio, Campo de Criptana, Herencia, Pedro Muñoz y Puerto Lápice, a las 00:00 horas del 8 de julio de 2024.

Mientras no entre en vigor el nuevo Reglamento de Registro Civil será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerdan las pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática DICIREG, conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 23.9.2021), modificada por la Instrucción de 3 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y las demás Instrucciones, Circulares y Resoluciones que han sido dictadas hasta el momento, en relación con la aplicación de la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 9.6.2022).

[BOE n. 147, de 18.6.2024]


lunes, 17 de junio de 2024

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


RESOLUCIONES

- Asunto C-276/22, Edil Work 2 y S.T.: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de abril de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Edil Work 2 Srl, S.T. Srl / STE Sàrl [DO C, C/2024/3565, 17.6.2024]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 25.4.2024.

- Asuntos acumulados C-345/22 a C-347/22, Maersk y otros: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 25 de abril de 2024 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Audiencia Provincial de Pontevedra) — Maersk A/S (C-345/22 y C-347/22), Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A. (C-346/22) / Allianz Seguros y Reaseguros, S. A. (C-345/22 y C-347/22), MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. (C-346/22) [DO C, C/2024/3569, 17.6.2024]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 25.4.2024.

- [Asuntos acumulados C-420/22 y C-528/22, NW (Información clasificada)]: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de abril de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por el Szegedi Törvényszék — Hungría) — NW (C-420/22), PQ (C-528/22) / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter [DO C, C/2024/3570, 17.6.2024]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 25.4.2024.

- [Asuntos acumulados C-684/22 a C-686/22, Stadt Duisburg (Pérdida de la nacionalidad alemana)]: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de abril de 2024 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Verwaltungsgericht Düsseldorf — Alemania) — S. Ö. (C-684/22), N. Ö., M. Ö. (C-685/22), M. S., S. S. (C-686/22) / Stadt Duisburg (C-684/22), Stadt Wuppertal (C-685/22), Stadt Krefeld (C-686/22) [DO C, C/2024/3572, 17.6.2024]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 25.4.2024.

- Asunto C-429/22, N1 Interactive: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 14 de marzo de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Wien — Austria) — VK / N1 Interactive ltd. [DO C, C/2024/3579, 17.6.2024]

Fallo del Tribunal:
"El artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I),
debe interpretarse en el sentido de que, cuando un contrato de consumo cumple los requisitos establecidos en dicha disposición y a falta de elección válida de la ley aplicable a tal contrato, esta ley debe determinarse con arreglo a la referida disposición, y ello aunque la ley aplicable al mismo contrato con arreglo al artículo 4 del citado Reglamento pueda ser más favorable para el consumidor."

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-81/24, Jenec: Petición de decisión prejudicial planteada por el Okrajno sodišče v Mariboru (Eslovenia) el 31 de enero de 2024 — LH / NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. [DO C, C/2024/3581, 17.6.2024]

Cuestiones prejudiciales:
"1. ¿Permite el artículo 16, apartado 4, de la Directiva 2014/92/UE que los Estados miembros exijan a las entidades bancarias denegar la solicitud de un consumidor de obtener una cuenta de pago básica, debido a que dicho consumidor figura en la lista OFAC —lista del Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos de América, Oficina de Control de Activos Extranjeros—, basándose en que la apertura de dicha cuenta constituiría una infracción de la normativa relativa a la prevención del blanqueo de capitales y a la lucha contra la financiación del terrorismo establecida en la Directiva 2015/849/UE?
2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿existe una excepción cuando dicho consumidor nunca haya sido condenado en ningún lugar del mundo por el delito por el que figure en dicha lista, o cuando ni el Estado miembro de que se trate, ni la Unión Europea ni ninguna otra organización internacional de la que sean miembros el Estado miembro de que se trate o la Unión Europea hayan adoptado medidas restrictivas de ningún tipo contra dicho consumidor?
3. ¿Constituye una respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial una infracción del artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el derecho a la presunción de inocencia?
4. ¿Constituye una respuesta negativa a la segunda cuestión prejudicial una infracción del artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el derecho a la presunción de inocencia?"

- Asunto C-98/24, Koda: Petición de decisión prejudicial planteada por el Obvodním soudem pro Prahu 1 (República Checa) representada por un notario en calidad de comisario judicial en Praga el 6 de febrero de 2024 — L. P. y otros [DO C, C/2024/3583, 17.6.2024]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 83, apartados 3 y 4, del Reglamento n. 650/2012, en relación con el artículo 3, apartado 1, letra d), del mismo Reglamento, en el sentido de que el concepto de disposición mortis causa incluye también la declaración de desheredación?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 83, apartado 4, del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que, si antes del 17 de agosto de 2015 el testador realizó varias disposiciones mortis causa con arreglo a la ley de un Estado que podría haber elegido de conformidad con dicho Reglamento, la ley que se considera elegida como ley aplicable a la sucesión es aquella con arreglo a la cual el testador realizó la última disposición mortis causa antes de esa fecha?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 26, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que, si el testador tenía limitada su capacidad para testar en virtud de una disposición mortis causa realizada antes del 17 de agosto de 2015 de conformidad con la ley que regía su sucesión en su conjunto y si, como consecuencia de una modificación posterior de dicha ley, variaron las condiciones de ejercicio de su capacidad para testar, sigue teniendo el testador limitada tal capacidad con arreglo a la ley que habría sido aplicable a su sucesión en caso de que hubiera fallecido en la fecha de conclusión del pacto sucesorio, y ello con independencia de que, en virtud de la ley que regía la sucesión en su conjunto en esa fecha tuviera derecho a anular (revocar o modificar) el pacto sucesorio?"

- Asunto C-147/24, Safi: Petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag (Países Bajos) el 26 de febrero de 2024 — V / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [DO C, C/2024/3587, 17.6.2024]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 20 TFUE en el sentido de que no excluye que pueda concederse al progenitor de un tercer Estado un derecho de residencia derivado en el Estado miembro del que es nacional su hijo menor de edad y en el que este reside sin haber ejercido sus derechos de ciudadanía, cuando dicho progenitor de un tercer Estado tiene derecho de residencia en otro Estado miembro?
Si no se excluye que deba concederse al progenitor de un tercer Estado un derecho de residencia derivado en el Estado miembro del que es nacional su hijo menor y en el que este hijo reside sin haber ejercido sus derechos de ciudadanía, cuando dicho progenitor de un tercer Estado tiene derecho de residencia en otro Estado miembro:
2) ¿Se desprende del artículo 20 TFUE, en relación con el artículo 5, letras a) y b), de la Directiva 2008/115 y el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115, que en caso de una relación de dependencia como esta, la concesión de un derecho de residencia derivado en virtud del artículo 20 TFUE implica que la autoridad decisoria está obligada a cerciorarse de si el derecho de libre circulación y residencia redunda en el interés superior del menor, y si puede proseguir la vida familiar, antes de ordenar al progenitor de un tercer Estado que se traslade inmediatamente al Estado miembro en el que es titular de un permiso de residencia o de otra autorización para residir, y deben tenerse en cuenta estos factores al evaluar la solicitud de un derecho de residencia derivado?"

- Asunto C-196/24, Aucrinde: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal judiciaire de Chambéry (Francia) el 20 de febrero de 2024 — xx / ww, yy, zz, vv [DO C, C/2024/3591, 17.6.2024]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Permite el artículo 12 del Reglamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, al juez nacional denegar la aplicación del Reglamento citado y no atender la solicitud del Estado requirente, al ser el procedimiento de solicitud contrario a principios fundamentales del Derecho nacional del Estado requerido, y en particular al artículo 16-11 de su Código Civil?
2) En el caso de que el artículo 12 del Reglamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, se aplique sin tener en cuenta el Derecho nacional, ¿cómo debe interpretarse el artículo 1 (derecho a la dignidad) en relación con el artículo 7 (derecho al respeto de la vida privada) de la Carta de los Derechos Fundamentales a efectos de determinar si tal aplicación del Reglamento entraña o no una vulneración de dicha Carta?"

- Asunto C-202/24, Alchaster: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 14 de marzo de 2024 — Proceso penal contra MA [DO C, C/2024/3592, 17.6.2024]

Cuestión prejudicial:
"Cuando, con arreglo al Acuerdo de Comercio y Cooperación de 30 de diciembre de 2020, que incorpora las disposiciones de la Decisión Marco de 13 de junio de 2002 relativas a la entrega de personas de conformidad con una orden de detención europea, se requiere la entrega de una persona a efectos de su enjuiciamiento por delitos de terrorismo y dicha persona se opone a esa entrega alegando que constituye una violación del artículo 7 del CEDH y del artículo 49, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debido a la adopción de una norma legal con posterioridad a la fecha en que se cometió el presunto delito por el que se requiere dicha entrega, en virtud de la cual se modifica la parte de la condena de privación de libertad que se debe cumplir y las medidas para conceder la libertad condicional, y cuando concurren las siguientes circunstancias:
  a) el Estado requirente (en este caso, el Reino Unido) es parte contratante del CEDH y ha incorporado el Convenio a su Derecho interno mediante la Human Rights Act, 1998 (Ley de 1998 de Derechos Humanos);
  b) los órganos jurisdiccionales del Reino Unido, incluida la Supreme Court, han considerado compatible con el Convenio la aplicación de las medidas de que se trata a los presos que ya cumplen una condena judicial;
  c) cualquier persona, incluso si ha sido entregada, tiene la posibilidad de presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
  d) no existen motivos para considerar que el Estado requirente no aplicará las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
  e) por consiguiente, la Supreme Court considera que no se ha demostrado que la entrega implique un riesgo real de infracción del artículo 7 del Convenio o de la Constitución;
  f) no se sugiere que el artículo 19 de la Carta se oponga a la entrega;
g) el artículo 49 de la Carta no es aplicable al juicio ni al proceso penal;
  h) no se ha alegado que existan razones para creer que existe una diferencia significativa en la aplicación del artículo 7 del Convenio y del artículo 49 de la Carta;
¿puede un órgano jurisdiccional cuya resolución no es susceptible de ulterior recurso judicial, en el sentido del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en relación con el artículo 52, apartado 3, de la Carta y con la obligación de lealtad y confianza entre los Estados miembros y aquellos que están obligados a realizar la entrega conforme a una ODE con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo de Comercio y Cooperación, concluir que la persona buscada no ha podido demostrar la existencia de un riesgo real de que su entrega infrinja el artículo 49, apartado 2, de la Carta, o está dicho órgano jurisdiccional obligado a realizar comprobaciones adicionales? De ser así, ¿cuál es la naturaleza y el alcance de tales comprobaciones?"


domingo, 16 de junio de 2024

"Regímenes económicos matrimoniales y sucesiones con repercusión transfronteriza en la UE: aspectos prácticos” - Curso de verano de la Universidad de Alicante (3 a 5 de julio)

 

"Regímenes económicos matrimoniales y sucesiones con repercusión transfronteriza en la UE: aspectos prácticos”

Curso de verano de la Universidad de Alicante “Rafael Altamira”
Universidad de Alicante, 3, 4 y 5 de julio de 2024 

 

PROGRAMA

Miércoles, 3 de julio

9:30 - Presentación del Curso
D. Raúl Lafuente Sánchez (Profesor Titular DIPr. UA, director del Curso) 

10:00-11:00 - D. Aurelio López-Tarruella Martínez (Profesor Titular DIPr. UA)
Ley aplicable al REM de matrimonios con elemento extranjero

11:00-11:15 - Descanso

11:15-12:45 - D. José Ramón De Blas Javaloyas (Magistrado Juzgado de Primera Instancia número uno de Elche)
REM. Una visión desde los tribunales    

12:45-14:15 - Dª Carmen García Mirete (Profesora Contratada doctora DIPr. UA)
Cuestiones prácticas sobre los REM

Jueves, 4 de julio

09:30-10:30 - D. Alejandro Bañón González (Registrador de la Propiedad, Torrevieja)
REM y vicisitudes de tipo registral con extranjeros

10:30-10:45 - Descanso

10:45-12:15 - D. Manuel Desantes Real (Catedrático DIPr. UA)
Sucesión internacional: vida y milagros de John Smith. Divertimento en 14 preguntas

12:15-13:45- D. Álvaro Artola Fernáncez (Magistrado de la AP de Baleares)
El reglamento de sucesiones, aspectos prácticos desde la perspectiva judicial 

Viernes, 5 de julio

09:30-11:00 - Dª Mª Reyes Sánchez Moreno (Notaria, Alicante)
Herencia internacional con referencia a otros regímenes jurídicos  

11:00-11:15 - Descanso

11:15-12:45 - D. Antonio Ripoll Soler (Notario, Alicante)
Sucesiones internacionales y Certificado Sucesorio Europeo en la práctica notarial española 

12:45-13:45 - Conferencia de clausura
Dª Mª Victoria Cuartero Rubio (Catedrática DIPr. Universidad Castilla-La Mancha)
Un Derecho europeo de familia y sucesiones para una Europa real

 

Dirección: Prof. Dr. Raúl Lafuente Sánchez, Universidad de Alicante
Créditos: 12 horas / 1.2 créditos ECTS
Fecha: del 3 al 5 de julio de 2024
Modalidad: presencial
Lugar: campus de San Vicente del Raspeig. Sala de Juicios Gimeno Sendra de la Facultad de Derecho
Lenguas vehiculares: castellano
Preinscripción y matrícula: a través de este enlace


viernes, 14 de junio de 2024

Congreso de los Diputados - Proyecto de ley


- Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 23-1, de 14.6.2024).

Nota: Mediante este proyecto de ley se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión (DF 3ª) [véase la entrada de este blog del día 22.12.2022].

Esta ley regula un Impuesto Complementario que garantice una imposición efectiva mínima de las rentas de un grupo multinacional o nacional de gran magnitud obtenidas en aquellas jurisdicciones con un nivel impositivo bajo, en forma de un impuesto complementario nacional, de un impuesto complementario primario o de un impuesto complementario secundario (art. 1.2).
El Impuesto Complementario es un tributo de carácter directo y de naturaleza personal que grava las rentas de las entidades constitutivas de un grupo multinacional o de un grupo nacional de gran magnitud cuando radiquen en una jurisdicción con un tipo impositivo efectivo, calculado a nivel jurisdiccional, inferior al tipo impositivo mínimo, de acuerdo con las normas de esta ley (art. 1.1).
El Impuesto Complementario se aplicará en todo el territorio español. A estos efectos, el territorio español comprende también aquellas zonas adyacentes a las aguas territoriales sobre las que España pueda ejercer los derechos que le correspondan, referentes al suelo y subsuelo marino, aguas suprayacentes, y a sus recursos naturales, de acuerdo con la legislación española y el derecho internacional (art. 2.1). Lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento español (art. 3).

Constituye el hecho imponible del Impuesto Complementario la obtención de renta por las entidades constitutivas con un nivel impositivo bajo. Asimismo, se entienden obtenidas por las entidades constitutivas de un grupo multinacional o de un grupo nacional de gran magnitud las rentas que les sean imputadas con arreglo a las disposiciones de esta ley (art. 4).

El artículo 6 regula los sujetos pasivos del Impuesto Complementario, del impuesto complementario nacional, del impuesto complementario primario, del impuesto complementario secundario. Asimismo, en el apartado 5 establece quiénes serán considerados sustitutos del contribuyente. Finalmente, el apartado 6 determina que las entidades constitutivas del grupo multinacional o nacional de gran magnitud que tengan la consideración de contribuyentes responderán solidariamente del pago de la deuda tributaria.

En el artículo 7 se determina quiénes serán consideradas entidades excluidas, a las que no les resultará de aplicación esta ley.

Finalmente, el artículo 8 contiene las reglas para determinar la localización de las entidades constitutivas.

En el artículo 11, y bajo determinadas circunstancias, las rentas derivadas del transporte marítimo internacional y las rentas accesorias de dicho transporte de una entidad constitutiva quedan excluidas del cálculo de sus ganancias o pérdidas admisibles a efectos de determinar la base imponible.

Cualquier controversia que se suscite entre la Administración tributaria y los contribuyentes en relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere esta ley será resuelta por la jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía económico-administrativa (art. 55).

La disposición transitoria tercera establece la no exigibilidad transitoria del impuesto complementario para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud.

Por su parte, la disposición transitoria cuarta se ocupa de la no exigibilidad del impuesto complementario de conformidad con la información país por país admisible; esto es, una información país por país elaborada y presentada a la Administración tributaria pertinente utilizando estados financieros aceptables.

La disposición final sexta establece que, con carácter general, la ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE y tendrá efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 31 de diciembre de 2023.


Bibliografía - EncroChat y las claves de la Sentencia del TJUE de 30 de abril de 2024

 

- EncroChat y las claves de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de abril de 2024
José Luis Rodríguez Lainz, Magistrado titular del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba
Diario LA LEY, Nº 10526, Sección Tribuna, 14 de Junio de 2024

La STJUE (Gran Sala) de 30 de abril de 2024 (asunto C-670/22) se enfrenta a uno de los mayores retos jurídicos consecuencia de la aplicación de mecanismos de cooperación judicial penal en el ámbito de la Unión Europea. En el ya conocido como caso EncroChat entran en juego instituciones tales como la utilización de equipos conjuntos de investigación cuyo cometido no es investigar concretos delitos o entramados criminales, sino dar forma a una herramienta de hacking capaz de forzar el acceso de información a los miles de usuarios de la red de comunicaciones electrónicas conocida con dicho nombre; el forzamiento del llamado procedimiento de notificación para dar pie a la posibilidad de una injerencia masiva de terminales ubicados fuera del territorio nacional francés; las consecuencias jurídicas derivadas de la solicitud de esa información por autoridad fiscal investigadora alemana en cuanto a las comunicaciones que tuvieron lugar en su territorio, y, sobre todo, las garantías del respeto del llamado principio adversarial en ese difícil entresijo de recursos y remedios procesales que supone el régimen de cooperación judicial penal mediante la emisión y ejecución de órdenes europeas de investigación de la Directiva 2014/41/UE.

Nota: Véase la sentencia del TJUE de 30 de abril de 2024, en el asunto C-670/22 (M.N.).


DOUE de 14.6.2024


- Decisión (UE) 2024/1693 del Consejo, de 30 de mayo de 2024, por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de Andorra sobre varios aspectos en el ámbito de la gestión de fronteras
[DO L, 2024/1693, 14.6.2024]

Nota: Mediante el presente acto se autoriza a la Comisión a entablar negociaciones para la celebración de un acuerdo con Andorra sobre varios aspectos en el ámbito de la gestión de fronteras.


BOE de 14.6.2024


- Resolución de 12 de junio de 2024, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de junio de 2024, por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia temporal de las personas menores de edad y la estancia de los monitores y las monitoras, de origen saharaui, en España en el marco del Programa "Vacaciones en Paz 2024".

Nota: El objeto de estas instrucciones es establecer la forma, requisitos y plazos para autorizar la residencia temporal de los menores de edad y la estancia de los monitores de origen saharaui, que se desplacen a España en el marco del Programa «Vacaciones en Paz 2024», a desarrollarse durante la época estival (Instrucción primera).

[BOE n. 144, de 14.6.2024]


jueves, 13 de junio de 2024

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (13.6.2024)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 13 de junio de 2024, en el asunto C‑563/22 (Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite): Procedimiento prejudicial — Política común en materia de asilo y de protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Artículo 12 — Exclusión del estatuto de refugiado — Persona registrada ante el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) — Requisitos para que esa persona pueda acogerse ipso facto a la Directiva 2011/95 — Cese de la protección o asistencia del OOPS — Artículo 4 — Situación general imperante en un sector de la zona de operaciones del OOPS — Apreciación individual de los aspectos pertinentes — Directiva 2013/32/UE — Artículo 40 — Solicitud posterior de protección internacional — Datos nuevos — Datos ya examinados en la resolución definitiva relativa a la solicitud anterior.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 40 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con el artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida,
debe interpretarse en el sentido de que
la autoridad que resuelva sobre la justificación de una solicitud posterior de protección internacional está obligada a examinar los datos presentados en apoyo de la referida solicitud, incluso cuando esos datos ya hayan sido apreciados por la autoridad que denegó de manera definitiva una primera solicitud de protección internacional.
2) El artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95
debe interpretarse en el sentido de que
se ha de considerar que la protección o asistencia del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente) (OOPS) otorgada a un solicitante de protección internacional, apátrida de origen palestino, ha cesado, a los efectos de la citada disposición, si, por un lado, a dicho organismo le resulta imposible, por la razón que sea, incluso por la situación general imperante en el sector de su zona de operaciones en el que el apátrida en cuestión tenía su residencia habitual, garantizar a este último, teniendo en cuenta, en su caso, su estado de vulnerabilidad, unas condiciones de vida dignas acordes con su misión, sin que este tenga que demostrar hallarse afectado específicamente por esa situación general debido a circunstancias propias de su situación personal, y si, por otro lado, este mismo apátrida, en caso de que regresara al referido sector, se hallaría en una situación de grave inseguridad, teniendo en cuenta, en su caso, su estado de vulnerabilidad, estando obligadas las autoridades administrativas y jurisdiccionales a efectuar una apreciación individual de cada solicitud de protección internacional basada en esa disposición y para la que puede resultar pertinente la edad de la persona interesada. Deberá considerarse en particular que la asistencia o protección del OOPS ha cesado para el solicitante si, por la razón que sea, este organismo ya no puede garantizar a ningún apátrida de origen palestino, residente en el sector de su zona de operaciones en el que el solicitante tenía su residencia habitual, unas condiciones de vida dignas o unas condiciones mínimas de seguridad. La cuestión de si debe considerarse que ha cesado la protección o asistencia del OOPS deberá apreciarse en el momento en que dicho apátrida abandonó el sector de la zona del operaciones del OOPS en el que tenía su residencia habitual, en el momento en que las autoridades administrativas competentes resuelven su solicitud de protección internacional o en el momento en que el órgano jurisdiccional competente resuelve el recurso que eventualmente se dirija contra la resolución denegatoria de la referida solicitud."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima) de 13 de junio de 2024, en el asunto C‑62/23 (Pedro Francisco): Procedimiento prejudicial — Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros — Directiva 2004/38/CE — Artículo 27 — Limitaciones del derecho de entrada y del derecho de residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública — Conducta que constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad — Denegación de la expedición de una tarjeta de residencia temporal de familiar de un ciudadano de la Unión a causa de antecedentes policiales — Informe policial desfavorable debido a una detención.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 27, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a que una autoridad nacional competente tenga en cuenta una detención de la que ha sido objeto el interesado a fin de apreciar si el comportamiento de esa persona constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad, siempre que, en el marco de la apreciación global de ese comportamiento, se tomen en consideración, expresa y detalladamente, los hechos en los que se basa dicha detención y las eventuales consecuencias judiciales de esta."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR, presentadas el 13 de junio de 2024, en el asunto C‑305/22 (C.J.): [Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía)] Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea — Motivo de no ejecución facultativa de la orden de detención europea — Compromiso del Estado miembro de ejecución de ejecutar la pena privativa de libertad impuesta a la persona buscada — Decisión Marco 2008/909/JAI — Reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal a efectos de su ejecución en otro Estado miembro — Ausencia de consentimiento del Estado miembro de emisión — Derecho del Estado miembro de emisión a ejecutar él mismo la pena — Obligación de la autoridad judicial de ejecución de ejecutar la orden de detención europea.

Nota: El AG propone al Tribunal que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales primera a tercera planteadas:
"Los artículos 4, punto 6, y 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en relación con los artículos 4, apartados 2 y 5, 8, apartado 1, 22, apartado 1, y 25 de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que
una autoridad judicial no puede denegar, sobre la base del motivo de no ejecución facultativa mencionado en la primera de dichas disposiciones, la ejecución de una orden de detención europea emitida a efectos de ejecutar una pena privativa de libertad cuando el reconocimiento y la ejecución de la sentencia condenatoria se efectúan sin respetar el procedimiento y los requisitos que se establecen en la Decisión Marco 2008/909. En tal situación, el Estado miembro de emisión conserva el derecho a ejecutar dicha pena, de modo que incumbe a la autoridad judicial de ejecución ejecutar la orden de detención europea y entregar a la persona buscada a ese Estado miembro."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PRIIT PIKAMÄE, presentadas el 13 de junio de 2024, en el asunto C‑134/23 (Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges ): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado, Grecia)] Procedimiento prejudicial — Concesión y retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 38 — Concepto de “tercer país seguro” — Calificación de Turquía como “tercer país seguro” — Acuerdo UE-Turquía sobre Readmisión de Residentes Ilegales — Suspensión de facto de la readmisión de solicitantes de protección internacional.

Nota: El AG propone al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a las cuestiones prejudiciales planteadas:
"El artículo 38 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional,
debe interpretarse en el sentido de que
– no se opone a una normativa nacional que designa a un país tercero como generalmente seguro con respecto a determinadas categorías de solicitantes de protección internacional cuando, a pesar de la obligación legal asumida, dicho país ha suspendido, de manera general y sin perspectiva previsible de que cambie de postura, la admisión o readmisión de dichos solicitantes;
– se opone a una normativa nacional que establece la adopción de una resolución que, en aplicación del concepto de “tercer país seguro”, considera inadmisible una solicitud de protección internacional pese a que, desde el momento en que se examina la solicitud, el Estado miembro tiene la certeza de que el tercer país de que se trate no permitirá al solicitante entrar en su territorio."


Bibliografía - Configuración de las reseñas policiales en los procedimientos sancionadores de expulsión instruidos contra ciudadanos extranjer

 

- Configuración de las reseñas policiales en los procedimientos sancionadores de expulsión instruidos contra ciudadanos extranjeros
Guillermo Ramírez Fernández, Teniente Auditor del Cuerpo Jurídico Militar
Diario LA LEY, Nº 10525, Sección Tribuna, 13 de Junio de 2024 

La constancia de antecedentes policiales plantea importantes encrucijadas prácticas a efectos de considerar la pertinencia de la expulsión del territorio nacional de ciudadanos extranjeros en situación irregular: ¿resulta suficiente su existencia para proceder a la expulsión, o ha de indagarse en todo caso el curso de tales reseñas policiales? ¿se conculca la presunción constitucional de inocencia por sustentar la decisión de expulsión en antecedentes policiales sin resolver? La reciente jurisprudencia dictada por nuestro Alto Tribunal arroja respuestas al respecto.


Bibliografía - Letrados de la Administración de Justicia y DICIREG

 

- Letrados de la Administración de Justicia y DICIREG: propuestas actuales de implementación
José Francisco Escudero Moratalla (Secretario Coordinador Provincial de Girona), Silvia Mateu Angulo (Letrada de la Administración de Justicia Encargada de la Oficina General del Registro Civil de Girona)
Diario LA LEY, Nº 10525, Sección Tribuna, 13 de Junio de 2024
[Texto del trabajo]

La aplicación informática DICIREG acorde a la nueva Ley de Registro Civil, está suponiendo un avance significativo en la modernización y digitalización de una institución registral arcaica y anclada en el siglo pasado, convirtiéndose en un instrumento útil, moderno y acorde a su tiempo. Un tiempo en el que las nuevas tecnologías abren brecha hacia una administración más eficaz y cercana. Sin embargo, es necesario para su plena eficiencia, dotar este despliegue tecnológico de una estructura organizativa sólida y reforzada al objeto de garantizar un servicio adecuado y dirigido al ciudadano, pues no se debe olvidar, que el Registro Civil es para el ciudadano el Registro de su «vida» y sus «circunstancias». El nuevo sistema configura al Letrado de la Administración de Justicia como «Encargado» y responsable único del Registro Civil. A sus tareas gestoras, ahora añade tareas sustantivas y resolutivas de expedientes, así como la totalidad de la gestión, tanto de su propia Oficina como de las Oficinas colaboradoras.


DOUE de 13.6.2024


- Decisión (UE) 2024/1677 del Consejo, de 30 de mayo de 2024, relativa a la aprobación de la retirada de la Comunidad Europea de la Energía Atómica del Tratado sobre la Carta de la Energía
[DO L, 2024/1677, 13.6.2024]

Nota: El Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) fue concluido por la Comunidad Europea de la Energía Atómica mediante la Decisión 98/181/CE, CECA, Euratom del Consejo y de la Comisión, y entró en vigor el 16 de abril de 1998. En 2019, las Partes Contratantes en el TCE inciaron las negociaciones dirigidas a modernizarlo con el fin de adaptarlo a los principios del Acuerdo de París, a los requisitos del desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático, así como a las normas actuales de protección de las inversiones. Durante una conferencia ad hoc celebrada el 24 de junio de 2022, las Partes Contratantes alcanzaron un acuerdo de principio sobre el texto modernizado. Antes de la celebración de la reunión de la Conferencia, la Comunidad no ha adoptado una posición sobre la modernización del TCE. Debido a la ausencia de una posición de la Comunidad, esta se ve imposibilitada para votar la adopción del TCE modernizado en la Conferencia. Por ello, la Comunidad debe retirarse del TCE.

Ahora, mediante el presente acto se aprueba la retirada de la Comunidad Europea de la Energía Atómica del Tratado de la Carta de la Energía.

- Comunicación de la Comisión — Aprobación del texto del proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1408/2013 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola
[DO C, C/2024/3813, 13.6.2024]

Nota: El pasado 7 de junio, la Comisión aprobó el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1408/2013 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola.


BOE de 13.6.2024


- Corrección de errores del Convenio entre el Reino de España y la República de Honduras en materia de regulación de las condiciones de entrada y permanencia de cooperantes, voluntarios/as y becarios/as de nacionalidad no hondureña vinculados/as a la cooperación española y sus familiares, hecho "ad referendum" en Madrid el 22 de febrero de 2023.

Nota: Véase el convenio hispano-hondureño, así como la entrada de este blog del día 4.6.2024.

[BOE n. 143, de 13.6.2024]