lunes, 4 de julio de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

- Asunto C-505/20: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 12 de mayo de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimiento incoado por RR y JG (Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea — Directiva 2014/42/UE — Artículo 4 — Decomiso — Artículo 7 — Embargo — Artículo 8 — Garantías procesales — Embargo y decomiso de un bien perteneciente a una persona ajena al procedimiento penal — Normativa nacional que no prevé la posibilidad de que los terceros recurran durante el procedimiento judicial y que no admite la eventual restitución de dicho bien antes de la conclusión del procedimiento penal)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 12.5.2022.

- Asunto C-644/20: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de mayo de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — W. J. / L. J. y J. J., legalmente representados por A. P. (Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de obligaciones alimenticias — Determinación de la ley aplicable — Protocolo de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias — Artículo 3 — Residencia habitual del acreedor — Momento en el que se determina la residencia habitual — Retención ilícita de un menor)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 12.5.2022.

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-208/22: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Países Bajos) el 18 de marzo de 2022 — F / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse y aplicarse el Reglamento de Dublín, a la vista de sus considerandos 3, 32 y 39, en relación con los artículos 1, 4, 18, 19 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que el principio de confianza entre Estados no es divisible, de modo que las violaciones graves y sistemáticas del Derecho de la Unión cometidas por el Estado miembro posiblemente responsable antes del traslado en relación con nacionales de terceros países que (aún) no son objeto de una decisión de retorno a efectos del Reglamento de Dublín impiden absolutamente el traslado a este Estado miembro?
2) En caso de respuesta negativa a la anterior cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, del Reglamento de Dublín, en relación con los artículos 1, 4, 18, 19 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que si el Estado miembro responsable vulnera de forma grave y estructural el Derecho de la Unión, el Estado miembro que procede al traslado en el marco de dicho Reglamento no puede partir sin más del principio de confianza entre Estados, sino que debe disipar cualquier duda o demostrar que, tras el traslado, el solicitante no se verá en una situación contraria al artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?
3) ¿En qué medios de prueba puede fundamentar el solicitante su alegación de que el artículo 3, apartado 2, del Reglamento de Dublín se opone a su traslado, y qué nivel de prueba deberá exigirse a tal respecto? A la vista de las referencias al acervo de la Unión en los considerandos del Reglamento de Dublín, ¿tiene el Estado miembro que procede al traslado una obligación de cooperación o de comprobación, o bien, de existir vulneraciones graves y estructurales de los derechos fundamentales en relación con nacionales de terceros países, deberán obtenerse garantías individuales del Estado miembro responsable de que, tras el traslado, (sí) se respetarán los derechos fundamentales del solicitante? ¿Será distinta la respuesta a esta pregunta cuando el solicitante tiene dificultades para aportar la prueba, al no poder respaldar con documentos sus declaraciones coherentes y detalladas, pese a que, a la vista de la naturaleza de su declaración, no quepa esperar tal cosa?
4) ¿Será distinta la respuesta que se dé a las cuestiones anteriores recogidas en el punto III si el solicitante demuestra que no será posible y/o no será efectivo presentar denuncias ante las autoridades y/o interponer recursos en el Estado miembro responsable?"

- Asunto C-242/22: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação de Évora (Portugal) el 6 de abril de 2022 — TL

Cuestión prejudicial: "¿Pueden interpretarse los artículos 1 a 3 de la Directiva 2010/64/UE y 3 de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, solos o en relación con el artículo 6 del CEDH, en el sentido de que no se oponen a una disposición de Derecho nacional que sanciona con la nulidad relativa, que debe ser invocada, la falta de designación de intérprete y de traducción de actos procesales esenciales a un encausado que no entienda la lengua del proceso, y que permite la subsanación de este tipo de nulidad por el transcurso del tiempo?"

[DOUE C257, de 4.7.2022]


domingo, 3 de julio de 2022

Bibliografía - Novedad Editorial


La editorial Aranzadi - Thomson Reuters ha publicado la monografía "La transmisión de la empresa familiar. Cuestiones de Derecho Europeo e Internacional", de la que es autor Unai Belintxon Martín.

Esta publicación tiene por objeto el estudio y análisis de las cláusulas contractuales típicas con incidencia en el Derecho europeo e internacional a recoger en un contrato de compraventa de participaciones sociales. Un trabajo que sirve como guía jurídico-práctica y en el que se analizarán cuestiones concretas o singulares sobre el marco jurídico internacional, europeo y nacional de aplicación a las cuestiones litigiosas que pudieran surgir de la venta o transmisión de la empresa familiar según los contornos del estudio y el sector esgrimido.

Extracto el índice de la obra:

LA EMPRESA FAMILIAR

EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CLAUSULADO CONTRACTUAL Y CUESTIONES DE DERECHO EUROPEO Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
I. Consideración inicial
II. El contrato de   compraventa   de   participaciones   sociales: sobre las partes y las manifestaciones. Nociones de Derecho Europeo y Derecho Internacional    33
III. El contrato de compraventa de participaciones sociales: las cláusulas. Nociones de Derecho Europeo y Derecho Internacional
1. Definiciones y reglas de interpretación
1.1. Sobre las definiciones
1.2. Sobre las reglas de interpretación
2. El objeto del contrato
3. El precio y el pago del precio
4. La formalización del contrato en escritura pública
5. Declaraciones y garantías de los vendedores
5.1. Sobre la capacidad y representación de los vendedores
5.2. Sobre las participaciones sociales. La válida titularidad y la ausencia de cargas
5.3. Sobre la sociedad: Capacidad, Capital Social, Inversiones y Obligaciones Societarias. La particularidad de las empresas de transporte, la insolvencia y los
mínimos destinados a capital y reservas
5.4. Sobre los estados financieros. Activos y pasivos de la sociedad
5.5. Sobre los inmuebles. El pabellón, la nave industrial, la cochera y/o las oficinas
5.6. Sobre las existencias
5.7. Sobre la protección de datos
5.8. Sobre los bancos
5.9. Sobre los préstamos y garantías
5.10. Sobre los clientes
5.11. Deudas con entidades de crédito
5.12. Proveedores y cuentas a pagar
5.13. Operaciones con personas vinculadas
5.14. Tributos
5.15. Cuestiones laborales y de Seguridad Social. Un apunte sobre el personal extranjero no comunitario de la empresa
5.16. Sobre urbanismo y medio-ambiente
5.17. Sobre las licencias
5.18. Sobre las subvenciones
5.19. Contratación pública
5.20. Las cláusulas sobre competencia y la competencia en el sector
5.21. Seguros
5.22. Cláusula sobre pleitos y reclamaciones
5.23. Contratos
5.24. Cumplimiento de la legalidad
5.25. Pagos prohibidos
5.26. Ausencia de cambios. Intermediarios
5.27. Inexistencia de incorrecciones. Carácter completo de la información suministrada
6. Declaraciones y garantías de la parte compradora
7. Compromiso e indemnización
8. Procedimiento de reclamación de indemnización por perjuicios
9. Adscripción de los socios partícipes salientes como trabajadores por cuenta ajena de la sociedad adquirida y la particularidad del desplazamiento transfronterizo del personal laboral para la prestación de servicios de transporte por carretera
9.1. La concreción de la cláusula
9.2. Los Reglamentos 1072 y 1073 del año 2009 y su modificación
9.3. La particularidad del desplazamiento transfronterizo del personal laboral para la prestación de servicios de transporte por carretera y la jurisprudencia del TJUE
10. Compromiso de la parte vendedora de no competencia y confidencialidad
11. Derechos de compensación y retención de la parte compradora
12. Confidencialidad
13. Cesión
14. Gastos y tributos
15. General
16. Información sobre el tratamiento de datos personales
17. Derecho Internacional Privado y Transmisión de la Empresa Familiar. La determinación de la ley aplicable a la compraventa de participaciones sociales
17.1. La aplicación del Reglamento Roma I sobre ley aplicable a la compraventa de las participaciones sociales en la transmisión de la empresa familiar
18. Otras cláusulas

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES
I. Legislación
II. Jurisprudencia
III. Doctrina

Ficha:

U. Belintxon Martín
"La transmisión de la empresa familiar. Cuestiones de Derecho Europeo e Internacional"
Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Navarra, abril 2022
42,11 €
ISBN: 978-84-1345-641-6

Revista de revistas (26 junio a 3 julio)

 

- LA LEY Privacidad: núm. 11 (2022).
- LA LEY Probática: núm. 8 (2022).
- Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo: núm. 253 (2022).
- Práctica Derecho de Daños: núm. 150 (2022).
- Revue Internationale de Droit Comparé: 2022, núm. 1.


sábado, 2 de julio de 2022

Bibliografía - Novedad Editorial


La editorial Aranzadi - Thomson Reuters acaba de publicar la obra colectiva "Representación aduanera y comercio internacional en el siglo XXI", dirigida por Juan José Álvarez Rubio, José Luis Iriarte Ángel y Unai Belintxon Martín.

Este trabajo jurídico propiamente internacional y europeo tiene por objeto, desde una aproximación de estudio, reflexión y análisis caleidoscópica o multidisciplinar, ofrecer una respuesta reflexiva y analítica sobre el desarrollo jurídico-normativo y técnico de determinados sectores del Comercio Internacional conforme a las características propias de la Representación Aduanera y el Comercio Internacional del Siglo XXI, condicionada por una más que sugerente especialización por sectores.

Extracto del índice:

DERECHO DEL COMERCIO Y DERECHO CONSTITUCIONAL: UNA PERSPECTIVA PARA EL SIGLO XXI, por PABLO FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE MAYORDOMO
I. Introducción
II. “Constitución económica” y libertad de empresa en España
III. El sector del transporte terrestre como ámbito concreto de estudio
IV. Retos para el transporte en el siglo XXI
V. Conclusiones
VI. Bibliografía

DOMICILIO SUPRANACIONAL Y GARANTÍA DE SU INVIOLABILIDAD EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, por CRISTINA ZOCO ZABALA
I. Contextualización
II. El domicilio en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, legislación y jurisprudencia
III. La garantía de inviolabilidad del domicilio en las constituciones de los Estados miembros de la Unión Europea
IV. Consideraciones finales
V. Bibliografía

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA ADUANERA: ACUERDOS CON PAÍSES NO MIEMBROS Y CONVENIOS INTERNACIONALES, por ALICIA CHICHARRO LÁZARO
I. Introducción
II. Acuerdos bilaterales con países no miembros de la Unión Europea
III. Convenios internacionales sobre cuestiones aduaneras específicas
IV. Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras
V. Consideraciones finales
VI. Bibliografía

BREXIT Y COMERCIO INTERNACIONAL: UNA SELECCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS DESDE LA ÓPTICA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, por JUAN JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO
I. Consideraciones preliminares
II. Cinco cuestiones problemáticas vinculadas al Brexit y las personas jurídicas
III. Sociedades mercantiles y libertad de establecimiento: la trascendencia del pasaporte europeo. Incidencia del Brexit en el sector financiero
IV. El Brexit y su proyección sobre el ámbito del Derecho de sociedades
V. El Brexit y su incidencia sobre las reestructuraciones financieras
VI. Conclusión final
VII. Bibliografía

LAS SANCIONES INTERNACIONALES Y SU INCIDENCIA EN LAS OPERACIONES TRANSNACIONALES DE COMERCIO E INVERSIÓN. ESPECIAL REFERENCIA A LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LA UNIÓN EUROPEA, por JOSÉ LUIS IRIARTE ÁNGEL
I. Introducción y delimitación
II. Concepto, características y modalidades de las sanciones internacionales
III. Las sanciones de la Unión Europea
IV.Conclusiones
V. Bibliografía

EL COMERCIO Y TRÁNSITO DE ARMAS EN LA UE. UNA REFLEXIÓN DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL, por UNAI BELINTXON MARTÍN
I. Consideraciones preliminares
II. Marco normativo competencial sobre comercio de armas, tránsito y puertos de interés general
III. Marco jurídico competencial en materia de comercio exterior, armas e industria armamentística
IV. EL TCA y el comercio de armas, su tránsito, exportación y medidas de transparencia y control
V. Consideraciones finales
VI. Bibliografía

REPENSAR LA GOBERNANZA DE LA GLOBALIZACIÓN: UNA REVISIÓN CRÍTICA DE LA DESLOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO MUNDIALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA, por SERGIO GARCÍA-MAGARIÑO
I. Contextualización
II. Clarificación conceptual
III. Agotamiento del modelo de desarrollo y déficit de gobernanza global
IV. Irrupción de la COVID-19
V. Propuestas
VI. Conclusiones
VII. Bibliografía

LA FIGURA DEL O.E.A. Y LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ESTATUTO COMO FORMA DE AUTOSUFICIENCIA FRENTE A LAS AUTORIDADES ADUANERAS, por ENRIQUE MARTÍNEZ
I. El operador económico autorizado
II. Autorizaciones relativas a almacenamiento bajo vigilancia aduanera, parte I
III. Autorizaciones relativas a almacenamiento bajo vigilancia aduanera, parte II
IV. Consideraciones finales

EL VALOR DE UNA CORRECTA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. ALCANCE, VALÍA Y DIMENSIÓN, por ZURIÑE FERNÁNDEZ LLAMERO
I. Introducción
II. Antecedentes
III. Nociones previas
IV. Análisis del Reglamento 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987 relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común
V. Implicaciones de la clasificación y consecuencias de la incorrecta clasificación
VI. La información arancelaria vinculante
VII. Bibliografía

EL ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL A LA ENTRADA EN EL TERRITORIO ADUANERO DE LA UNIÓN-TAU, por PABLO GUTIÉRREZ GRIJALBA
I. El origen de las mercancías
II. El origen no preferencial de las mercancías
III. El Origen Preferencial
IV. Unión Aduanera

LA EXPORTACIÓN DE DONACIONES EN CAMPAÑAS HUMANITARIAS DE ONG, por JOSUNE URROSOLO, ENRIQUE MARTINEZ, UNAI ANTÓN
I. Introducción
II. Enfoque
III. Ejemplo práctico: Exportación Donación a Paraguay
IV. Exportación de donación de medicamentos y productos sanitarios
V. Consideraciones Finales
VI. Bibliografía

VALORACIÓN DE LAS MERCANCÍAS A LA ENTRADA EN EL TERRITORIO ADUANERO DE LA UNIÓN-TAU, por PABLO GUTIÉRREZ GRIJALBA
I. Valor en aduana de la mercancía
II. Normativa aplicable

CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS DEL BREXIT PARA LOS OPERADORES COMERCIALES ESPAÑOLES, por JAIME ANEIROS PEREIRA
I. Introducción
II. Acuerdos internacionales de libre comercio y aranceles aduaneros
III. Exportaciones: nuevo régimen aduanero y fiscal
IV. El nuevo régimen para las compras realizadas a un operador británico
V. Las mercancías sujetas a impuestos especiales
VI. Conclusiones

LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: OBLIGACIÓN PRINCIPAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS. OBLIGACIONES Y DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS. OBLIGADOS TRIBUTARIOS Y REPRESENTACIÓN, por AITOR ORENA DOMÍNGUEZ
I. Relación jurídico tributaria
II. Las obligaciones tributarias materiales
III. Obligaciones tributarias formales (art. 29 de la LGT)
IV. Obligaciones tributarias en el marco de la asistencia mutua (Art. 29 bis de la LGT)
V. Obligaciones y deberes de la administración tributaria (art. 30 de la LGT)
VI. Derechos y garantías de los obligados tributarios (art. 34 de la LGT)
VII. Obligados tributarios (art. 35 de la LGT)
VIII. Capacidad de obrar en el orden tributario (Art. 44 de la LGT)
IX. Representación ante la administración tributaria

LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA DEL REPRESENTANTE ADUANERO, por MARINA CASTRO BOSQUE
I. Introducción
II. Fiscalidad del comercio exterior
III. El representante aduanero y las modalidades de representación
IV. La responsabilidad tributaria del representante aduanero
V. Reflexiones finales
VI. Bibliografía

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA LEY APLICABLE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS EN EL SIGLO XXI, por DIANA GLUHAIA
I. Introducción
II. Concepto de “mercaderías”
III. Concepto de “compraventa de mercaderías”
IV. Convención de Viena de 1980 sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías
V. Reglamento Roma I
VI. Relaciones entre el Reglamento Roma I con otras normativas internacionales sobre Contratos Internacionales de Compraventa
VII. Conclusiones

LA DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO OBLIGACIONAL A TRAVÉS DE INCOTERMS: UNA APUESTA REAL POR LA CERTIDUMBRE JURÍDICA, por RAFAEL LARA GONZÁLEZ
I. Autonomía privada, contenido del contrato y certidumbre jurídica
II. Las reglas incoterms
III. Arbitraje, incoterms y ODS
IV. Bibliografía
Referencias on line

EL LUGAR DE ENTREGA DE LA MERCANCÍA Y LA DETERMINACIÓN DEL FORO ESPECIAL EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL, por NEREA MAGALLÓN ELÓSEGUI
I. Algunos apuntes introductorios
II. La regla base: el lugar de cumplimiento de la obligación litigiosa
III. El artículo 7.1.b), una regla especial para contratos de compraventa
IV. El apartado c) del artículo 7.1. RBIbis
V. Conclusiones
VI. Bibliografía

TENDENCIAS  ACTUALES  EN  LA  REGULACIÓN   DEL   TRANSPORTE TERRESTRE Y DEL TRANSPORTE MULTIMODAL, por ALBERTO EMPARANZA SOBEJANO
I. Tendencias actuales en la regulación del transporte terrestre
II. Tendencias actuales en la regulación del transporte multimodal
III. Bibliografía

EL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LOS BUQUES QUE OPEREN EN AGUAS POLARES Y SU INCIDENCIA EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO, por IÑAKI ZURUTUZA ARIGITA
I. Introducción: hacia un Código Polar
II. Fundamento de la adopción de un Código Polar obligatorio
III. Implicaciones jurídicas del Código Polar
IV. Consideraciones finales
V. Bibliografía y referencias web

SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA Y LA RESPONSABILIDAD EN EL CONTRATO DE LOGÍSTICA Y EN EL CONTRATO DE HANDLING, por BELÉN GARCÍA ÁLVAREZ
I. Introducción
II. El contrato de logística
III. El contrato de handling
IV. Naturaleza jurídica: diversidad de prestaciones
V. La responsabilidad del operador logístico y del operador de handling
VI. Consideraciones finales
VII. Bibliografía

TRANSPORTE AÉREO Y ESTABILIDAD ECONÓMICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL, por ARÁNZAZU PÉREZ MORIONES
I. Introducción
II. Las deficiencias en origen del Reglamento n.° 261/2004
III. La (des)protección de los pasajeros de vuelos independientes o vuelos de “solo asiento” frente a la insolvencia de la compañía aérea
IV. El transporte aéreo en el contexto de la pandemia de COVID-19
V. La resolución alternativa de litigios en materia de transporte aéreo
VI. Bibliografía
VII. Resoluciones consultadas

LA CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINIO EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL: UNA APROXIMACIÓN DESDE LAS NUEVAS FORMAS DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL, por MARTA CASADO ABARQUERO
I. La cláusula de reserva de dominio sobre maquinaria industrial
II. Contextualización del problema desde una experiencia práctica
III. La cláusula de reserva de dominio en el ordenamiento jurídico español
IV. La reserva de dominio sobre maquinaria industrial y cuestiones de derecho transnacional
V. Conclusión
VI. Bibliografía

CAPACIDAD CAUTELAR DE LOS ÁRBITROS EN ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL. SITUACIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LOS REGLAMENTOS DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES ARBITRALES INTERNACIONALES, por XABIER ORBEGOZO MIGUEL
I. Contextualización
II. Capacidad de los árbitros para adoptar medidas cautelares
III. Reconocimiento y ejecución de las medidas cautelares adoptadas en sede arbitral
IV. Tutela cautelar en los principales reglamentos arbitrales
V. Conclusiones
VI. Bibliografía

LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN Y EL COMERCIO INTERNACIONAL. ALGUNOS ASPECTOS CLAVE, por UNAI BELINTXON MARTÍN, IRATI GIL GARBIZU, EDUARDO CASTILLA BAIGET, MAIDER BELINTXON MARTÍN
I. Antecedentes y estado actual de la cuestión
II. La identificación de problemas y la potencial mejora de la integración laboral como mecanismo para la plena y efectiva integración de las personas migrantes en la sociedad de acogida (mayores y menores de edad –acompañados o no–)
III. La identificación de problemas y la potencial mejora de la integración familiar como mecanismo para la plena y efectiva integración de las personas migrantes en la sociedad de acogida (mayores y menores de edad –acompañados o no–)
IV. La identificación de problemas y la potencial mejora de la integración en salud como mecanismo para la plena y efectiva integración de las personas migrantes en la sociedad de contratada acogida (especial mención a los menores de edad no acompañados)
V. La identificación de problemas y la potencial mejora de la integración social como mecanismo para la plena y efectiva integración de las personas migrantes en la sociedad de acogida (mayores y menores de edad –acompañados o no–)
VI. Bibliografía

ASPECTOS JURÍDICOS DEL JOINT VENTURE EN EL  TRANSPORTE INTERNACIONAL, por FRANCISCO MESA DAVILA
I. Aspectos teóricos del contrato de joint venture

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PIRATERÍA MARÍTIMA EN EL SIGLO XXI: DELIMITACIÓN, REPRESIÓN, ENJUICIAMIENTO Y OTROS RETOS, por DANIEL GRAFULLA CUMBA
I. Contextualización
II.Consideraciones sobre el concepto de piratería en la CONVEMAR
III. Reflexiones sobre el corso marítimo y su aplicación actual al mar de china
IV. El marco jurídico internacional de la represión de la piratería
V. Competencia judicial internacional en el enjuiciamiento de la piratería
VI. Fuerza mayor y responsabilidad en caso de ataque pirata
VII. Bibliografía

LOS CONTRATOS DE SEGUROS INTERNACIONALES Y COMERCIO INTERNACIONAL, por LEYRE MARTÍN RUIZ, EVA FERNÁNDEZ ZURILLA
I. Contextualización
II. Marco jurídico en materia de competencia judicial internacional, en aplicación del reglamento Bruselas I bis
III. La Ley aplicable en los contratos de seguro en el ámbito internacional
IV. Conclusiones
V. Bibliografía

Ficha:

J.J. Álvarez Rubio, J.L. Iriarte Ángel, U. Belintxon Martín (Dirs.)
"Representación aduanera y comercio internacional en el siglo XXI"
Editorial Aranzadi - Thomson Reuters, mayo 2022
795 págs. - 105,26 €
ISBN: 978-84-1391-770-2

Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones - European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin (1 julio 2022)


Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones / European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin, nº 437, de 1 de julio de 2022.


"The lawyers calling for a better visa for British homeowners in Spain", The Local, 27 | 06 | 2022 - Entrevista (María Luisa Castro, the lawyer who’s been leading the campaign)
A group of lawyers is campaigning for a new visa which would allow non-resident British second-homeowners in Spain to freely enjoy their properties post-Brexit without having to show the high level of savings currently required.

"Spain introduces new UK passport rule - Alicante, Tenerife and Malaga airports affected", Daily Express, 28 | 06 | 2022 - Noticia
Spain’s Interior Ministry has ... eased passport control rules to avoid the long queues. British tourists will now be permitted to use the e-gates at some of the busiest airports.

"Canarias lidera el aumento de compras de vivienda por parte de extranjeros residentes", RTVE, 21 | 06 | 2022 - Noticia
Tras las restricciones de la COVID-19, muchos se han lanzado a invertir en el ladrilllo como valor refugio. Son principalmente alemanes e ingleses, pero últimamente han tomado fuerza otras nacionalidades

"Los jubilados extranjeros crecen en una década en Castellón y prefieren la costa", El Periódico Mediterráneo, 20 | 06 | 2022 - Noticia
Los mayores de 65 años de otros países pero con residencia habitual en Castellón aumentan un 52%. Castelló, Peñiscola y Vinaròs lideran el ránking de municipios del litoral; y Sant Jordi y Càlig, de interior

"La compra de viviendas en España por parte de extranjeros se dispara un 28%", La Vanguardia (EFE), 20 | 06 | 2022 - Noticia
La compraventa de viviendas por parte de extranjeros en España se disparó en 2021, con una subida del 28,3 %, hasta llegar a las 60.973 operaciones, confirmando la recuperación del sector, que se sitúa en valores previos a la pandemia y dibuja una tendencia ascendente.

"Los extranjeros ya compran más viviendas en España que antes de la pandemia", Cinco Días (EFE), 19 | 06 | 2022 - Noticia
Los extranjeros compran ya más viviendas en España que antes de la pandemia y, aunque todavía no llegan a representar el 16,9% del total de las compraventas registradas en 2019, sí han superado el peso porcentual que tenían ese año en Baleares, Canarias, Aragón y Asturias. Según un estudio de la tasadora Euroval... Junto a la Comunidad Valencia, Andalucía y Cataluña son las otras dos comunidades que presentan un porcentaje más alto de compras por extranjeros sobre el total nacional y entre las tres concentran el 63%... Por provincias, solo en Alicante los extranjeros compran una de cada cinco viviendas que adquieren en España... En segunda posición se sitúa Málaga ... seguida de Barcelona ... Madrid ... Baleares ... Valencia ... y Murcia...

"Give expats full voting rights in Spain", The Olive Press, 17 | 06 | 2022 - Opinión
...democratic rights exist on a local level and expat residents can vote for their local council and even run for a seat on it. Brits too have retained the right to do so even after Brexit thanks to a bilateral agreement between the UK and Spain that has not been afforded to those living in France, Italy, Austria and Germany. And while campaigners have fought ... successfully to maintain the right to vote in UK elections for life ... it was too late to affect the Brexit vote. However ... it’s more important to have a say in the governance of where we now live than the country we decided to leave behind.

"EU ruling does not affect UK expats right to vote in Spain", Sur in English, 17 | 06 | 2022 - Noticia
Expats in Spain can still go to the polls and stand in local election, despite the effects of Brexit

"What are the rules for expat Brits regarding voting in elections in Spain?", The Olive Press, 14 | 06 | 2022 - Reportaje (Fiona Govan)
A new ruling by the European Court of Justice issued has stirred up emotions among British residents in Europe as it states that an “automatic consequence” of Brexit is a removal of the right to vote or run in municipal elections. However, Brits living in Spain, may remember a bilateral deal was struck between Spain and the United Kingdom over voting rights back in 2019 and therefore wonder whether this ruling also applies to Brits resident in Spain. The Olive Press sought clarification on the matter and here’s what we found out:

"British Embassy clarifies rules for expats voting in local elections in Spain", Murcia Today, 14 | 06 | 2022 - Noticia
I am a UK citizen living in Spain. Can I vote in Spanish elections?

"Scare for expat political leaders", The Leader, 12 | 06 | 2022 - Reportaje (Mark Nolan)
A potential shockwave ripped through the expat political community across Europe this week, when the European Court of Justice (ECJ) ruled that British nationals living in EU countries are no longer allowed to vote or stand in municipal elections as an “automatic consequence” of Brexit. ... in the midst of the potential panic, there was some good news for expats living in Spain, as they are not affected by the ruling of the ECJ. ... UK nationals can vote and stand in local elections in Spain once they have been resident for 3 years. ... UK Nationals living overseas and who have been previously registered or resident in the UK will now be able to vote in the UK Parliamentary Elections, thus doing away with the 15-year rule...

"British expats in Spain fuming over illegal homes battle: ‘Can’t get any answers’", Daily Express, 13 | 06 | 2022 - Reportaje (Charlie Smith)
Some 200 expats in Spain – many of whom are British – are engaged in a major battle to protect their homes in Murcia’s Gea y Truyols area. The group bought their properties in good faith, believing that they had been built in accordance with Spanish law. However, unbeknown to the expats, the developer had not applied for planning permission, meaning the homes are illegal. This has left the homeowners, who are mostly pensioners, without access to proper electricity or a supply of drinkable tap water.

"Expatriados británicos en España furiosos por la batalla de viviendas ilegales: ‘No puedo obtener ninguna respuesta’", TopProfes, 11 | 06 | 2022 - Noticia
Unos 200 expatriados en España, muchos de los cuales son británicos, están involucrados en una gran batalla para proteger sus hogares en el área de Gea y Truyols de Murcia. El grupo compró sus propiedades de buena fe, creyendo que habían sido construidas de acuerdo con la ley española. ... sin que los expatriados lo supieran, el desarrollador no había solicitado el permiso de planificación, lo que significa que las casas son ilegales. ... en su mayoría son jubilados, sin acceso a electricidad adecuada ni suministro de agua potable.

"Pensioners warned hundreds of thousands may face costs for NHS treatment - ‘150 percent’", Daily Express, 11 | 06 | 2022 - Noticia
...now Britons moving abroad are considered expats, there are changes they should bear in mind. The NHS is described as a residency-based system. It means non-UK residents, including UK nationals who move abroad on a permanent basis will lose their entitlement to free NHS healthcare. ... People visiting England for less than six months are therefore encouraged to ensure they are covered for healthcare. This can be done through personal medical insurance during someone’s visit. ... these regulations only apply in England.

"'We are nearly there,' says ambassador, but still with no date for driving licence deal", Sur in English, 10 | 06 | 2022 - Noticia
British Ambassador to Spain Hugh Elliott has sent out a new message this week reminding residents still waiting to swap their UK driving licences for Spanish ones that negotiations with the Spanish government continue to "progress well". ... Meanwhile he advised anyone experiencing difficulties as they live in isolated areas to reach out to their local town halls, charities or community groups who might be able to help with transport.

"La justicia de la UE sentencia que los residentes británicos han perdido la ciudadanía europea con el Brexit", El País,
Entre los derechos que han perdido están la capacidad de votar en las elecciones locales del municipio y la posibilidad de convertirse en concejales y alcaldes, como concretan los jueces comunitarios. ... El fallo, en cambio, no afecta a todos los británicos que residen en países de la Unión Europea ya que hay países en que se han firmado convenios bilaterales en los que se reconocen estos derechos recíprocamente. Uno de ellos es España...

"El TJUE dice que británicos en la UE perdieron con el Brexit el derecho a votar o ser candidatos en municipales", Europa Press, 09 | 06 | 2022 - Noticia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado este jueves que los británicos residentes en un Estado miembro perdieron con el Brexit el derecho a votar o concurrir como candidato en elecciones municipales en su país de residencia porque con la salida de Reino Unido del club comunitario sus nacionales perdieron también la ciudadanía europea.

"Los británicos residentes en la UE no tienen derecho al voto, según el TJUE", EFE, 09 | 06 | 2022 - Noticia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) dictaminó hoy que los nacionales británicos que residen en Estados miembros de la UE ya no disponen del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales debido a la salida del Reino Unido del club comunitario. El dictamen responde a una cuestión prejudicial formulada por un tribunal francés ante el que presentó una demanda una ciudadana británica casada con un nacional francés y residente en Thoux (Francia) desde 1984 y que fue borrada del censo electoral de la localidad.

"British consultant accused of defrauding UK expats in Costa Blanca and Murcia areas over Spanish residency cards", The Olive Press, 07 | 06 | 2022 - Noticia
The deception went beyond TIE cards. It included the exchange of UK driving licences for a Spanish counterpart and private medical insurance applications, which in some cases involved significant sums of money, with clients getting nothing in return.

"No deal reached yet for UK driving licence holders to swap to a Spanish permit", Sur in English, 27 | 05 | 2022 - Noticia
Since 30 April, when a grace period for using UK licences after Brexit ended, expats who were unable to swap to a Spanish licence before Brexit, or who came later and have been living in Spain for more than six months, have had to stop driving. The alternative is to pay and prepare for theory and practical driving tests...

"Spain’s most popular destination for British expats named - 'Wonderful and underestimated'", Daily Express, 13 | 05 | 2022 - Reportaje (Esther Marshall)
While some British expats are attracted to Spain’s buzzing cities such as Madrid and Barcelona, many are looking for a more relaxed lifestyle. New research by property experts, idealista, has found the most searched for small town. The team analysed searches of its website during the final months of 2021 to find the most searched for small towns in Spain. The UK’s most popular small town search was the stunning spot of Formentera del Segura in Alicante province. (...) the pretty town of Viñuela in Malaga was the second most searched for destination by Britons. (...) Although the Alicante town was more popular with Dutch and German searchers, Ciudad Quesada was also highly rated by Britons.

"Spain, Ireland, France and more: Can Brits still move to Europe post-Brexit?", Daily Express, 21 | 04 | 2022 - Reportaje (Aimee Robinson)
The days of living and travelling freely through the European Union (EU) are gone for Britons since Brexit rules come into force in early 2021. However, just because freedom of movement has gone, does not mean that expat dreams of moving to the bloc are diminished. ... Visiting Britons are allowed to stay in one or more EU member states for up to 90-days of any 180-day period. If you want to stay for longer than this or move there, you will require a visa. To secure a visa, you will need to meet the specific requirements set out by your chosen country. ... Britons already living in the EU before Brexit should have had their status as legal residents protected under the Withdrawal Agreement. ... Here are some of the key requirements, in brief, for the most popular EU countries for Britons to move to.

"Málaga está de moda: la provincia gana más de 20.600 habitantes el último año, sobre todo extranjeros", El Español, 21 | 04 | 2022 - Noticia
Reino Unido es el principal país de procedencia de los vecinos foráneos, con 55.778, seguido de Marruecos, con casi 34.000, e Italia, con 15.889.

"British community explodes in Spain", Majorca Daily Bulletin, 18 | 04 | 2022 - Noticia
The number of foreign residents in Spain has broken the six million mark (6,007,553) for the first time after increasing by 3.6% last year, according to official data. ... The number of Britons with a residence permit or new TIE card rose from 65,891 in 2020 to 181,585 in 2021. ... the new ... Britons or family members documented under the Brexit model ... have experienced a growth of 176%.

Últimas noticias OEG

Publicado el ComentOEG nº 60 ("Nacionalidad española por “circunstancias excepcionales” para los gerontorretornados (re)nacionalizados saharauis. Proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española"), de Lucía Serrano Sánchez.

Publicado el ComentOEG nº 61 ("El derecho de sufragio en las elecciones municipales de los nacionales de Reino Unido en su Estado comunitario de residencia tras el Brexit"), de Elena Calero Gozálvez.

 

Nota: Este Boletín de Prensa realiza un seguimiento periodístico de los aspectos más destacados del fenómeno de la movilidad transfronteriza de personas mayores estudiado en el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Mi agradecimiento a la Coordinadora del observatorio, la Prof. Mayte Echezarreta Ferrer (Universidad de Málaga), así como a sus miembros, investigadores y colaboradores, por su labor y por permitir su difusión en Conflictus Legum.

 

BOE de 2.7.2022


- Orden PCM/609/2022, de 30 de junio, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Procura para el año 2022.

Nota: Se convoca la prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de la Procura, dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales, así como, en particular, la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por Universidades o Escuelas de Práctica Jurídica debidamente acreditadas.
La convocatoria no contiene limitación alguna en el número de plazas y será única e idéntica para todo el territorio español. Se publica en el BOE, en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), apartado «Empleo Público y acceso a profesiones-Acceso a la profesión de la Procura», así como en la página web del Consejo General de Procuradores de España.

La solicitud de inscripción deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando Cl@ve como sistema de identificación electrónica por parte de los aspirantes.
El plazo de presentación de solicitudes de inscripción en la evaluación será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el BOE.
La prueba de aptitud se realizará en castellano.

En los días que se determinen, que se anunciarán con la debida antelación en la página web del Ministerio de Justicia, se desarrollará la fase demo, en la que los aspirantes podrán acceder a la plataforma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa publicada en el BOE en la fecha de publicación de la presente convocatoria, aun cuando no hubiese entrado en vigor, y tendrá una duración de tres horas.
La prueba se celebrará de forma on line de manera simultánea con cualquier dispositivo con acceso a internet, a través de la plataforma AVEX de la UNED y se iniciará a las 9:00 hora peninsular en un único llamamiento.

La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70 % de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30 % de la nota obtenida en el Máster o curso de formación especializada, no siendo necesario obtener una nota mínima en la prueba de evaluación para efectuar la media ponderada. Para obtener la calificación de apto será necesario obtener una nota igual o superior al 50 % de la media ponderada de ambas calificaciones en base 10, esto es, 5 puntos.

[BOE n. 158, de 2.7.2022]


viernes, 1 de julio de 2022

Aplicación de los nuevos Reglamentos sobre obtención de pruebas y sobre notificación y traslado de documentos


Hoy empiezan a aplicarse dos importantes instrumentos de la UE sobre cooperación judicial internacional en materia civil. El primero es el Reglamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (obtención de pruebas) (versión refundida) (art. 35.1). A partir de hoy, queda derogado con carácter general el Reglamento (CE) 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (art. 34).

El segundo instrumento que también hoy empieza a aplicarse es el Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») (versión refundida). Con su aplicación queda derogado con carácter general el Reglamento (CE) 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documento judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») (art. 36).

Sobre ambos Reglamentos véase la entrada de este blog del día 2.12.2020.


Congreso de los Diputados - Proyectos de ley


- Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario  (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 111-1, de 1.7.2022)

Nota: Con carácter previo, hay que advertir que la lectura de la exposición de motivos del proyecto puede resultar en algunos momentos indigesta, por su redacción empalagosa, cuando no cursi. Veamos algunos ejemplos. "Esta Ley pretende proporcionar instrumentos y habilitar espacios y dinámicas para que las universidades puedan seguir siendo un espacio de experimentación, innovación y participación. Se trata de lograr universidades al servicio de la sociedad en la que se insertan; universidades en red para vincular comunidades, compartir conocimiento, crear nuevas ideas e instrumentos para una nueva sociedad". "Necesitamos una ciencia abierta, que asuma ese conocimiento como un bien común, accesible y no mercantilizado, una ciencia ciudadana en la que se construya conocimiento de manera compartida, asumiendo la complejidad de la investigación de manera colectiva. Por ello, esta Ley promueve la labor conjunta con la sociedad de creación y difusión del conocimiento, fomentando la Ciencia Abierta y Ciudadana mediante el acceso a publicaciones, datos, códigos y metodologías que garanticen la comunicación de la investigación". "Esta Ley no quiere imponer soluciones ni trazar caminos concretos en que todo ello deba resolverse. Busca abrir posibilidades, facilitar conexiones, desde un compromiso de los poderes públicos de financiar adecuadamente ese nuevo escenario de transformación y cambio". "Esta norma apuesta por una Universidad como espacio de libertad, de debate cultural y de desarrollo personal."

Entrando ya en su estructura y contenido, el proyecto de ley consta de 100 artículos, divididos en un Título Preliminar (artículo 1, dedicado al objeto de la ley) y diez títulos. El Título I se ocupa de las funciones del sistema universitario y la autonomía de las universidades. El Título II regula la creación y reconocimiento de las universidades, así como a la calidad del sistema universitario. El Título III se ocupa de la función docente y la organización de enseñanzas. El Título IV tiene por objeto la investigación, la transferencia e intercambio del conocimiento y la innovación, mientras el Título V se ocupa de la coordinación, cooperación y participación en el sistema universitario. Los Títulos VI y VII, tratan de las relaciones de la Universidad con la sociedad y con la cultura, así como la internacionalización del sistema universitario, respectivamente. El Título VIII regula el estatuto de los estudiantes en el sistema universitario. El Título IX tiene por objeto el régimen de las universidades públicas, estando dividido en cinco capítulos, que se ocupan de su régimen jurídico y estructura, de su gobernanza, de su régimen económico y financiero, de su personal docente e investigador y de su personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Finalmente, el proyecto se ocupa en el Título X del régimen específico de las universidades privadas.
A continuación, la Ley se divide en quince disposiciones adicionales, que se ocupan de de las particularidades en instituciones universitarias con elementos que las singularizan: UNED, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidades de la Iglesia Católica, Centros Universitarios de la Defensa, de la Guardia Civil y de Formación de la Policía Nacional, colegios mayores, etc. Después tiene nueve disposiciones transitorias, con las que se quiere facilitar el tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva regulación tanto a las instituciones universitarias como al personal que en ellas desarrolla su labor. La disposición derogatoria deja expresamente sin vigencia tres normas de rango legal: la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, la Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, salvo sus disposiciones finales segunda y cuarta, así como el Real Decreto-ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Para concluir, el proyecto tiene doce disposiciones finales, que incluyen, entre otras cuestiones, la modificación de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con la finalidad de autorizar la compatibilidad para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial; la Ley 14/1986 General de Sanidad, en lo relativo a la vinculación asistencial del personal docente universitario laboral; la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en lo relativo a la vigencia de las autorizaciones iniciales de estancia por estudios superiores cuya duración se extienda más allá de un curso académico y a las prórrogas de las autorizaciones de otras categorías, así como respecto de los lugares de presentación de las solicitudes y exigencia de comparecencia personal; la Ley 33/2011 General de Salud Pública, para clarificar la regulación relativa a los requisitos para el ejercicio profesional de la psicología en el ámbito sanitario; y la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, para ampliar los períodos de eficacia de las autorizaciones de residencia de los estudiantes para búsqueda de empleo y la autorización de residencia para prácticas.

- Proyecto de Ley de Empleo (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 112-1, de 1.7.2022).

Nota: En este proyecto de ley cabe destacar su disposición final cuarta, número seis, en la que se modifica el artículo 272 de la Ley General de Seguridad Social. Su letra f) establece que el derecho a la percepción de la prestación por desempleo se extinguirá, entre otros supuestos, por el "traslado de residencia o estancia en el extranjero, salvo en los supuestos que sean causa de suspensión recogidos en las letras f) y g) del artículo 271.1".

DOUE de 1.7.2022


- Decisión de Ejecución (UE) 2022/1096 de la Comisión, de 30 de junio de 2022, por la que se establece la equivalencia, a fin de facilitar el derecho a la libre circulación dentro de la Unión, entre los certificados COVID-19 expedidos por la República de Corea y los expedidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Decisión de Ejecución (UE) 2022/1097 de la Comisión, de 30 de junio de 2022, por la que se establece la equivalencia, a fin de facilitar el derecho a la libre circulación dentro de la Unión, entre los certificados COVID-19 expedidos por la República de Madagascar y los expedidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Decisión de Ejecución (UE) 2022/1098 de la Comisión, de 30 de junio de 2022, por la que se establece la equivalencia, a fin de facilitar el derecho a la libre circulación dentro de la Unión, entre los certificados COVID-19 expedidos por Kosovo y los expedidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Decisión de Ejecución (UE) 2022/1099 de la Comisión, de 30 de junio de 2022, por la que se establece la equivalencia, a fin de facilitar el derecho a la libre circulación dentro de la Unión, entre los certificados COVID-19 expedidos por el Reino de Baréin y los certificados expedidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Decisión de Ejecución (UE) 2022/1100 de la Comisión, de 30 de junio de 2022, por la que se establece la equivalencia, a fin de facilitar el derecho a la libre circulación dentro de la Unión, entre los certificados COVID-19 expedidos por la República de Ecuador y los expedidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Nota:  Véase el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, así como la entrada de este blog del día 15.6.2021.

[DOUE L176, de 1.7.2022]


BOE de 1.7.2022


- Orden HFP/604/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.

- Resolución de 29 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de junio de 2022, por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia temporal de las personas menores y la estancia de los monitores y las monitoras, de origen saharaui, en España en el marco del Programa «Vacaciones en Paz 2022».

Nota: Estas instrucciones establecen la forma, requisitos y plazos para autorizar la residencia temporal de las personas menores y la estancia de los monitores de origen saharaui, que se desplacen a España en el marco del Programa "Vacaciones en Paz 2022" durante la época estival.

[BOE n. 157, de 1.7.2022]


jueves, 30 de junio de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (30.6.2022)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava) de 30 de junio de 2022, en el asunto C‑652/20 (Allianz Elementar Versicherungs): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencia en materia de seguros — Artículo 11, apartado 1, letra b) — Acción entablada por el tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario — Posibilidad de demandar al asegurador ante el órgano jurisdiccional del lugar donde tenga su domicilio el demandante — Determinación de la competencia internacional y territorial de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro — Artículo 13, apartado 2 — Acción directa entablada por la persona perjudicada contra el asegurador — Asegurador domiciliado en un Estado miembro, y que posee un establecimiento en otro Estado miembro, demandado ante el órgano jurisdiccional en cuya demarcación se encuentre dicho establecimiento.

Fallo del Tribunal: "El artículo 11, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, cuando dicha disposición sea aplicable, determina tanto la competencia internacional como la competencia territorial del órgano jurisdiccional de un Estado miembro en cuya demarcación se encuentre el domicilio del demandante."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 30 de junio de 2022, en el asunto C‑105/21 (Spetsializirana prokuratura): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 6 y 47 — Derecho de libre circulación y de residencia — Derecho a la tutela judicial efectiva — Principios de equivalencia y de confianza mutua — Decisión Marco 2002/584/JAI — Directiva 2012/13/UE — Derecho a la información en los procesos penales — Declaración sobre los derechos en el momento de la detención — Derecho a ser informado de la acusación formulada en virtud de una orden de detención nacional — Derecho de acceso a los materiales del expediente — Requisitos para emitir una orden de detención europea contra un acusado que se encuentre en el Estado miembro de ejecución — Primacía del Derecho de la Unión.

Fallo el Tribunal:
"1) Los artículos 6 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el derecho de libre circulación y de residencia y los principios de equivalencia y de confianza mutua deben interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial emisora de una orden de detención europea, adoptada en virtud de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, no tiene ninguna obligación de transmitir a la persona contra la que se dirige dicha orden de detención la decisión nacional relativa a la detención de esa persona y la información acerca de las posibilidades de interponer recurso contra esa decisión mientras dicha persona se encuentre en el Estado miembro de ejecución de esa orden de detención y no haya sido entregada a las autoridades competentes del Estado miembro emisor de esta.
2) El principio de primacía del Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que obliga a la autoridad judicial emisora a proceder, en la medida de lo posible, a una interpretación conforme de su Derecho nacional que le permita garantizar un resultado compatible con la finalidad perseguida por la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, la cual se opone a que, en virtud del Derecho nacional, dicha autoridad esté obligada a transmitir a la persona contra la que se dirige una orden de detención europea, antes de su entrega a las autoridades judiciales del Estado miembro emisor, la decisión nacional relativa a su detención y la información acerca de las posibilidades de interponer recurso contra dicha decisión."

- ARRÊT DE LA COUR (première chambre) 30 juin 2022 dans l’affaire C‑72/22 PPU (Valstybės sienos apsaugos tarnyba): Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Politique d’asile et d’immigration – Directive 2011/95/UE – Article 4 – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Articles 6 et 7 – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2013/33/UE – Article 8 – Placement en rétention du demandeur – Motif du placement – Protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public – Placement en rétention du demandeur d’asile en raison de son entrée irrégulière sur le territoire de l’Union.

Fallo del Tribunal:
"1) L’article 6 et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre selon laquelle, en cas de déclaration de l’état de guerre ou de l’état d’urgence ou en cas de proclamation d’une situation d’urgence en raison d’un afflux massif d’étrangers, les ressortissants de pays tiers se trouvant en situation de séjour irrégulier se voient effectivement privés de la possibilité d’avoir accès, sur le territoire de cet État membre, à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale.
2) L’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre selon laquelle, en cas de déclaration de l’état de guerre ou de l’état d’urgence ou en cas de proclamation d’une situation d’urgence en raison d’un afflux massif d’étrangers, un demandeur d’asile peut être placé en rétention au seul motif qu’il se trouve en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR, presentadas el 30 de junio de 2022, en el asunto C‑280/21 (Migracijos departamentas): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania)] Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Requisito de concesión del estatuto de refugiado — Riesgo de persecución — Motivos de persecución — Concepto de “opinión política” — Resistencia frente a un grupo corrupto influyente a nivel estatal.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste la cuestión planteada en el siguiente sentido:
"El artículo 10, apartado 1, letra e), y apartado 2, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que la acción judicial ejercitada contra agentes no estatales por una persona en defensa de sus intereses patrimoniales puede considerarse una “opinión política” si existen motivos fundados para temer que tal acción pueda considerarse como una resistencia y ser percibida por las autoridades estatales como un acto de disidencia política contra el que podrían contemplar la adopción de represalias, extremo que habrá de comprobar el órgano jurisdiccional remitente."


Bibliografía (Revista de revistas) - Diario La Ley Unión Europea n. 104 (junio 2022)


Trabajos publicados en el Diario La Ley Unión Europea, núm.  104, de día 30 de junio de 2022:


TRIBUNA:
- Manuel Hernández Gil Mancha, El Centro Registral Antibloqueo (CRAB) y las sanciones financieras internacionales motivadas por la invasión rusa de Ucrania.

El pasado 27 de abril El Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto Ley 9/2022 de 26 de abril, por el que se adoptaron medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.
- Santiago Álvarez González, Vecindad civil y Reglamento 650/2012, de sucesiones. Una polémica artificial.
En fechas recientes se ha suscitado una controversia doctrinal sobre la compatibilidad de la vecindad civil con el Reglamento europeo de sucesiones. Siendo la vecindad civil la conexión principal en Derecho interregional, la presente tribuna defiende que el problema de fondo es en gran medida artificial. Que la vecindad civil como criterio de selección de la ley aplicable en los conflictos meramente internos es totalmente ajena a la influencia del Reglamento. Y que la vecindad civil como criterio de selección de la concreta ley aplicable en sucesiones internacionales cuando la ley española es la competente es totalmente compatible con las exigencias del Reglamento cuando el causante es español y también cuando es extranjero. En este segundo caso, simplemente, porque serán otros criterios los aplicables.
ESTUDIOS:
- Ignacio Ulloa Rubio, La PRIMACÍA del Derecho de la Unión en materia de ESTADO de DERECHO: Un repaso a la jurisprudencia del TJUE sobre la INDEPENDENCIA JUDICIAL.
El presente artículo analiza la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la independencia judicial, elaborada especialmente a través de los casos relativos a Polonia, Hungría y Rumanía. Esta última jurisprudencia ha potenciado el desarrollo del concepto de Estado de Derecho en la UE, el cual es plenamente vinculante para los estados miembros por imperativo del principio de primacía y efectividad del Derecho europeo. Además, extrae la conclusión de que cualquier reforma nacional en materia de judicatura nunca puede reducir los estándares mínimos de independencia establecidos por la jurisprudencia del TJUE y que jamás debe perjudicar el normal funcionamiento ordinario de los tribunales. Finalmente, analiza el impacto que estos principios sobre el Estado de derecho tiene sobre la obligación que tiene los tribunales de justicia de plantear cuestiones prejudiciales al propio TJUE.
REGULACION:
- Pedro Alberto de Miguel Asensio, La futura Ley de Datos de la Unión Europea.
Esta contribución proporciona un primer análisis de la Propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Ley de Datos), con especial referencia a sus implicaciones en el ámbito contractual. Entre otras cuestiones, la Propuesta establece obligaciones de información precontractual respecto de que categorías de datos estarán accesibles y el modo de acceder a ellos en determinados tipos de contratos, impone obligaciones de puesta a disposición de los datos e introduce normas acerca del carácter abusivo de cláusulas de contratos de intercambio de datos entre empresas. Además incorpora ciertas disposiciones reguladoras de los llamados «contratos inteligentes», confirmando su naturaleza como meros programas informáticos en libros mayores electrónicos que ejecutan y liquidan operaciones sobre la base de condiciones predeterminadas.
- Sandra Silvana Schuller Ramos, Reconocimiento de sanciones pecuniarias en la Unión Europea. La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones penales en la Unión Europea.
El reconocimiento de las sanciones pecuniarias impuestas en España para su ejecución en otros Estados de la Unión Europea ha sido escasamente aplicado hasta el momento, mientras que son más frecuentes las solicitudes de cooperación emitidas en otros Estados. Ello se explica, en primer lugar, porque en España, la LRM solo resulta aplicable a las sanciones pecuniarias impuestas por los jueces y tribunales del orden penal, es decir, no es aplicable a las sanciones administrativas, aunque sean recurribles en el orden contencioso-administrativo; por contra, en un Juzgado Penal sí podrán ejecutarse sanciones administrativas procedentes de otros países de la UE si el importe es superior a 70 euros. En segundo lugar, las condenas al pago de una cantidad que responda a una obligación de naturaleza civil, como puede ser la indemnización por daños y perjuicios, incluso aunque se dicten en el seno de un proceso penal, no se incluyen en el ámbito de aplicación de la LRM. Con estos mimbres, la LRM conlleva una sobrecarga para los Juzgados de lo Penal, a quienes se atribuye, en exclusiva, la competencia objetiva para el reconocimiento y ejecución en España de las sanciones impuestas en otros Estados, siendo las más habituales sanciones impuestas por infracciones de tráfico de escasa cuantía. Por el contrario, son escasas las solicitudes referidas a la ejecución de sanciones impuestas a personas jurídicas por delitos graves. Aunque como compensación por el esfuerzo, la regla general es que el Estado de ejecución hace suyas las cantidades obtenidas, sería deseable analizar el impacto que la aplicación de la LRM está teniendo en nuestros escasos efectivos de primera instancia. Las incongruencias detectables en la LRM evidencian la falta de reflexión con que se ha traspuesto la norma europea a nuestro ordenamiento.
SENTENCIAS SELECCIONADAS:
- Gabriel Alonso Landeta, La sentencia Grossmania o de cómo ha de actuar el Registrador ante una norma incompatible con el Derecho de la Unión.
El Tribunal Justicia declara en este fallo que la autoridad registral está obligada a inaplicar una norma nacional que ha sido declarada incompatible con el Derecho de la Unión en una sentencia prejudicial anterior y por consiguiente debe reinscribir un derecho de usufructo cancelado con arreglo a aquélla, a pesar de que dicha cancelación sea firme y no exista remedio en el sistema nacional para conseguirlo. El Tribunal sin embargo deja a salvo de esta obligación aquellos supuestos en los que existan obstáculos jurídicos que impidan tal reinscripción, como la existencia de terceros protegidos que hubieran inscrito sus derechos después de la cancelación indebida. En este comentario se examina cómo por esta decisión el Tribunal impone al encargado del Registro el deber de velar por el cumplimiento efectivo del Derecho europeo, aun a costa de inaplicar la norma interna incompatible, y en qué medida esta decisión supone por parte de Derecho europeo una intromisión disruptiva en el derecho registral inmobiliario nacional, materia excluida del ámbito competencial europeo, analizando si el cumplimiento del mandato que contiene el fallo puede llegar a afectar al sistema de seguridad jurídica nacional. Para ello analiza el supuesto fáctico a la luz del Derecho registral español.
- José María de Dios Marcer, Acciones de las administraciones concursales contra terceros, en interés de los acreedores.
Mediante esta Sentencia el Tribunal de Justicia incide de nuevo en las relaciones entre el Reglamento 1215/2012 relativo a la competencia judicial el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y el Reglamento 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia. Sentada la aplicabilidad del Reglamento 1215 para la determinación de la competencia judicial en caso de acciones de administradores concursales contra terceros en beneficio de los acreedores (Sentencia del TJUE de 6 de febrero de 2019, C-535/17, NK/BNP Paribas Fortis NV), la cuestión que se plantea en el presente caso es la aplicabilidad del art. 7.2º paro determinar la competencia judicial, y en concreto la determinación del lugar de producción del hecho dañoso, al tratarse de una cuestión sobre acciones por responsabilidad delictual o cuasidelictual. Sobre este punto, el Tribunal se pronuncia en el sentido de que para estas acciones colectivas de indemnización por daños y perjuicios en materia delictual o cuasidelictual que la administración concursal ejercita contra terceros en beneficio de los acreedores, es aplicable la competencia especial del art. 7.2º del Reglamento, y el lugar de producción del hecho dañoso se encuentra en el lugar del establecimiento de la sociedad sujeta al procedimiento de insolvencia. Respecto al Derecho aplicable a estas acciones, también se pronuncia el TJUE en el sentido que la norma de conflicto contenida en el art. 4 del Reglamento 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) también es aplicable a este supuesto, y, en principio, la lex loci damni será la ley del país donde se encuentra establecida la persona jurídica objeto del procedimiento de insolvencia. Con esta Sentencia el Tribunal aborda el tema de los ámbitos de aplicación negativos de los reglamentos mencionados, y enmarca las acciones colectivas de indemnización por daños y perjuicios a los acreedores de un procedimiento de insolvencia ejercitadas desde la administración concursal (acción Peeters /Gatzen) en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.
- José Luis Monereo Pérez, Alejandro Muros Polo, Duración del período de puesta a disposición en empresas de trabajo temporal: abuso en las sucesivas cesiones y límite temporal máximo.
La falta de delimitación del período de puesta a disposición por parte de la Directiva 2008/104/CE, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, viene provocando ciertas disputas en el seno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En efecto, la sentencia aquí analizada, STJUE 17 de marzo de 2022 (asunto C-232/20), en el contexto de la cesión de un trabajador a la misma empresa usuaria y para el mismo puesto de trabajo por un período de 55 meses, el Tribunal parece apuntar a la existencia de abuso en las sucesivas cesiones, eso sí, si se tienen en cuenta una serie de consideraciones, que corresponde valorar al juez nacional. No obstante, el Tribunal de Justicia, si bien rechaza una normativa nacional que fija un período máximo de puesta a disposición que excluye para su cómputo a los períodos anteriores a su entrada en vigor, acaba por no reconocer el derecho al establecimiento de una relación laboral con la empresa usuaria conforme al Derecho de la Unión Europea si la legislación nacional no lo prevé. Para finalizar, el presente trabajo de investigación relaciona esta doctrina jurisprudencial del TJUE, ciertamente amplia, con las garantías en materia de limitación temporal de la puesta a disposición por parte de la ETT en el ordenamiento jurídico español.
- María Dolores Requena de Torre, El restablecimiento de los controles fronterizos como excepción normalizada.
Los intensos flujos migratorios que llegaron a Europa en el año 2015 justificaron que países como Alemania o Austria reactivaran los controles fronterizos en sus fronteras interiores. Desde entonces, otros Estados fueron sumándose a esta tendencia securitaria hasta que, en el año 2016, el Consejo Europeo recomendó el mantenimiento de los controles fronterizos en las principales rutas a fin de frenar los movimientos secundarios. Estos controles, en virtud de la recomendación del Consejo, estuvieron en vigor hasta el 11 de noviembre del 2017, fecha en la que expiraba la duración máxima prevista en el Código de Fronteras Schengen para esta medida excepcional y temporal. Sin embargo, algunos Estados mantuvieron los controles fronterizos más allá del período permitido por el CFS alegando que persistía la misma amenaza grave que había justificado la medida años atrás. ¿Fueron conformes al Derecho de la Unión los controles fronterizos mantenidos por ciertos Estados hasta el año 2021? ¿Cuál es la duración máxima que un Estado puede mantener la medida de restablecimiento de los controles interiores en caso de amenaza? A estas preguntas ha dado respuesta la STJUE 26 de abril del 2022; pero otras muchas cuestiones han quedado sin respuesta a la espera de que sea el legislador quien encuentre el modo de preservar la libertad de circulación y la competencia de los Estados en materia de seguridad interior.
- Alberto J. Tapia Hermida, La estabilidad financiera de la Unión Europea prevalece sobre los derechos de los accionistas de los bancos rescatados.
Este artículo comenta la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la UE de 5 de mayo de 2022 que se ubica en el contexto del proceso de resolución de la crisis del Banco Popular, iniciado por Decisión de la JUR del 7 de junio de 2017, mediante el Mecanismo único de Resolución europeo (MUR). Expone la doctrina sentada por el TJUE sobre las consecuencias en el Derecho privado del principio público de asunción interna (bail-in) de pérdidas en los procedimientos de resolución de las entidades de crédito.


DOUE de 30.6.2022


- Reglamento (UE) 2022/1034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/953 relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19.

Nota: El Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo establece el marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE), a fin de facilitar el ejercicio, por sus titulares, de su derecho a la libre circulación durante la pandemia de COVID-19. También contribuye a facilitar la supresión gradual de las restricciones a la libre circulación establecidas por los Estados miembros, de conformidad con el Derecho de la Unión, a fin de limitar la propagación del SARS-CoV-2, de manera coordinada. Véase la entrada de este blog del día 15.6.2021.
Mediante el presente acto, se procede a modificar diversos aspectos del Reglamento 2021/953. Entre otras cuestiones, el Reglamento 2021/953 expira el 30 de junio de 2022. A la vista de las incertidumbres que persisten con respecto a la evolución de la pandemia de COVID-19, no puede excluirse que los Estados miembros sigan exigiendo a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejercen su derecho a la libre circulación que presenten pruebas de vacunación, de resultado de una prueba diagnóstica o de recuperación de la COVID-19 después del 30 de junio de 2022. Por eso se prorroga su plazo de aplicación hasta el 30 de junio de 2023.

- Reglamento (UE) 2022/1035 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/954, relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) con respecto a los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en los territorios de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19.

Nota: El Reglamento (UE) 2021/954 del Parlamento Europeo y del Consejo amplió el marco del certificado COVID digital de la UE a los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en los territorios de los Estados miembros y que tengan derecho a viajar a otros Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión. Véase la entrada de este blog del día 15.6.2021.
Los Reglamentos (UE) 2021/953 (véase la referencia anterior de esta entrada) y (UE) 2021/954 expiran el 30 de junio de 2022. No obstante, la pandemia de COVID-19 aún está activa y los brotes de las variantes objeto de preocupación pueden seguir afectando negativamente a los viajes dentro de la Unión. Por consiguiente, el período de aplicación de dichos Reglamentos debe prorrogarse de forma que el certificado COVID digital pueda seguir utilizándose. Así, se modifica el artículo 3 del Reglamento 2022/954 para que sea aplicable mientras lo sea el Reglamento 2021/953.

- Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 269/21/COL, de 1 de diciembre de 2021, por la que se introducen las Directrices revisadas sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el período 2022-2027.

Nota: El 19 de abril de 2021, la Comisión Europea adoptó unas Directrices revisadas de la UE sobre las ayudas estatales de finalidad regional (véase la entrada de este blog del día 29.4.2021). Estas Directrices son también de interés para el Espacio Económico Europeo.
De este modo, las normas sustantivas del ámbito de las ayudas estatales se modificarán mediante la introducción de unas Directrices revisadas sobre las ayudas estatales de finalidad regional. Las actuales Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el período 2014-2021 se sustituirán con efecto a partir del 1 de enero de 2022, es decir, hace seis meses (!!!).
- Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 293/21/COL, de 16 de diciembre de 2021, por la que se modifican las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de Directrices revisadas sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo.

Nota: El 6 de diciembre de 2021, la Comisión Europea adoptó una Comunicación sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (véase la entrada de este blog del día 10.12.2021). Estas Directrices también son pertinentes para el Espacio Económico Europeo.
Por eso, se modifican ahora las normas sustantivas en materia de ayudas estatales mediante la introducción de Directrices revisadas sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo, que Directrices sustituyen a las actuales Directrices con efectos a partir del 1 de enero de 2022; esto es, desde hace seis meses (!!!).

[DOUE L173, de 30.6.2022]

- Comunicación de la Comisión — Directrices relativas a las restricciones verticales.

Nota: Estas Directrices establecen los principios para la evaluación de los acuerdos verticales y las prácticas concertadas con arreglo al artículo 101 del TFUE y al Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión. Con su publicación, la Comisión pretende ayudar a las empresas a realizar su propia evaluación de los acuerdos verticales con arreglo a las normas de competencia de la Unión y facilitar la aplicación del artículo 101 TFUE. No obstante, las Directrices no deben aplicarse de forma mecánica, ya que cada acuerdo debe evaluarse a la luz de sus propios hechos. Asimismo, las Directrices se entienden sin perjuicio de la jurisprudencia del Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

- Dictamen del Banco Central Europeo de 27 de abril de 2022 sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo referente a las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (CON/2022/16) 

Nota: El pasado mes de enero de 2022, el Banco Central Europeo recibió del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea solicitudes de dictamen acerca de una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo referente a las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.
En la propuesta cabe destacar dos grupos de cuestiones:
- Las normas comunes para las sucursales de grupos bancarios de terceros países que operen en los Estados miembros sustituirá a los enfoques nacionales heterogéneos y reforzará el mercado único.
- La mayor armonización de las competencias nacionales relativas a la adquisición de participaciones cualificadas, las transferencias de activos o pasivos, las fusiones o escisiones, así como el régimen sancionador, garantizará la coherencia y solidez del marco.

En relación con las primeras, la armonización del marco de las sucursales de terceros países es importante para establecer una visión global de las actividades de los grupos de terceros países en la UE, armonizar las prácticas dentro de la UE y garantizar la igualdad de condiciones para los grupos de terceros países en la UE y las entidades de crédito europeas, evitando las posibilidades de arbitraje regulatorio, sin impedir al mismo tiempo el acceso de los grupos de terceros países al mercado financiero de la UE mediante el establecimiento de sucursales. El BCE considera esencial dotar a las autoridades competentes pertinentes de instrumentos de supervisión eficaces. Acoge con satisfacción las normas mínimas armonizadas para la concesión y revocación de las autorizaciones de sucursales, en el ámbito de la gobernanza interna y los controles de riesgos, así como el refuerzo de los requisitos armonizados de presentación de información. El BCE también celebra la facultad de las autoridades competentes de exigir a las sucursales de terceros países que establezcan una filial en casos de importancia sistémica, que no deben ser objeto de una activación automática, sino más bien de un mecanismo de evaluación supervisora de resultado abierto, una vez que se alcancen determinados umbrales. El BCE apoya la aclaración de que las sucursales de terceros países solo pueden llevar a cabo las actividades para las que han sido autorizadas y únicamente en el territorio del Estado miembro que haya concedido dicha autorización, y que la realización transfronteriza de tales actividades en el territorio de la Unión está expresamente prohibida. Finalmente, el BCE celebra la aclaración incluida en el nuevo artículo 21 quater de la propuesta de que, para prestar servicios bancarios en la Unión, las empresas de terceros países deben establecer una sucursal o crear una filial en cualquiera de los territorios de la Unión, a fin de evitar que las actividades no reguladas y no supervisadas creen riesgos para la estabilidad financiera de la UE.

Por lo que se refiere a las segundas, el BCE se congratula de las modificaciones de la propuesta en lo que respecta a las facultades supervisoras, ya que armonizan aún más tres tipos de competencias, exigiendo a la autoridad competente que evalúe i) las adquisiciones de participaciones en entidades del sector financiero y no financiero; ii) las transferencias importantes de activos y iii) las fusiones y escisiones. La actual divergencia de las competencias nacionales en estos tres aspectos y el hecho de que el BCE ejerza actualmente tales competencias solo cuando estén disponibles en virtud de la legislación nacional da lugar a unas condiciones de competencia desiguales y hace que las medidas de supervisión del BCE sean menos eficientes. Un conjunto común de normas sobre las competencias prudenciales básicas fomentará al mismo tiempo la armonización en el mercado interior y aumentará la calidad general y la eficacia de la supervisión.

[DOUE C248, de 30.6.2022]

PARLAMENTO EUROPEO
(Sesiones del 13 al 16 de diciembre de 2021)

- Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia.

- Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2021, sobre «Me Too» y acoso — Consecuencias para las instituciones de la UE 

- Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2021, sobre la aplicación del sistema de certificación del Proceso de Kimberley (2021/2885(RSP)) 

- Equipos conjuntos de investigación: aproximación con las normas de la UE sobre protección de datos personales
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2021, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo en lo que respecta a su alineamiento con las normas de la UE sobre protección de datos personales (COM(2021)0020 — C9-0005/2021 — 2021/0008(COD)).
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de diciembre de 2021 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2022/… del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo en lo que respecta a su aproximación a las normas de la Unión sobre protección de datos de carácter personal.

- Orden europea de investigación en materia penal: aproximación con las normas de la UE sobre protección de datos personales
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2021, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/41/UE en lo que respecta a su alineamiento con las normas de la UE sobre protección de datos personales (COM(2021)0021 — C9-0006/2021 — 2021/0009(COD)).
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de diciembre de 2021 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2022/… del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/41/UE en lo que respecta a su aproximación a las normas de la Unión sobre protección de datos de carácter personal.

[DOUE C251, de 30.6.2022]