viernes, 24 de mayo de 2024

Jurisprudencia - Las Universidades no pueden impartir el Máster de acceso a la Abogacía sin haber finalizado el Grado en Derecho

 

- Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 685/2024 de 23 Abr. 2024, Rec. 348/2023: Abogados. Impugnación del RD 64/2023, 8 Feb., que aprueba el Reglamento de la Ley de Acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura. Nulidad de la previsión que permite simultanear los estudios de Grado en Derecho y el Máster de acceso a la Abogacía en las Universidades. Esta posibilidad está excluida en la Ley 34/2006, conforme a la interpretación realizada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que exige estar en posesión del título de grado antes de inscribirse y realizar el máster. La posesión del título universitario oficial de Licenciatura o Grado en Derecho es requisito previo para acceder al curso de formación especializada. 

Ponente: Espín Templado, Eduardo.
Nº de Sentencia: 685/2024
Nº de Recurso: 348/2023
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
ECLI: ES:TS:2024:2208
[Texto de la sentencia]


BOE de 24.5.2024


- Resolución de 14 de mayo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Alcaraz, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 14 de mayo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Almadén, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 14 de mayo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Orgaz, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 14 de mayo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Puertollano, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 14 de mayo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Torrijos, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Nota: Mediante las presentes resoluciones se aprueban la entrada en servicio efectivo de la aplicación informática denominada DICIREG, del Ministerio de Justicia, que permite el funcionamiento del Registro Civil conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 en las oficinas del Registro Civil de los siguientes partidos judiciales y en las fechas indicadas:
- Alcaraz, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Alcaraz y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Bienservida, Bogarra, Casas de Lázaro, Cotillas, El Ballestero, Masegoso, Paterna del Madera, Peñascosa, Povedilla, Riópar, Robledo, Salobre, Vianos, Villapalacios, Villaverde de Guadalimar y Viveros, a las 00:00 horas del 3 de junio de 2024.
- Almadén, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Almadén y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Agudo, Alamillo, Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Puebla de Don Rodrigo, Saceruela y Valdemanco del Esteras, de la aplicación informática denominada DICIREG, del Ministerio de Justicia, a las 00:00 horas del 10 de junio de 2024.
- Orgaz, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Orgaz y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Ajofrín, Almonacid de Toledo, Camuñas, Chueca, Consuegra, Los Yébenes, Madridejos, Manzaneque, Marjaliza, Mascaraque, Mazarambroz, Mora, Sonseca, Turleque, Urda, Villafranca de los Caballeros, Villaminaya y Villanueva de Bogas, a las 00:00 horas del 1 de julio de 2024.
- Puertollano, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Puertollano y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Abenójar, Aldea del Rey, Almodóvar del Campo, Argamasilla de Calatrava, Brazatortas, Cabezarados, Cabezarrubias del Puerto, Caracuel de Calatrava, Corral de Calatrava, Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava, Los Pozuelos de Calatrava, Mestanza, San Lorenzo de Calatrava, Solana del Pino, Villamayor de Calatrava y Villanueva de San Carlos, a las 00:00 horas del 1 de julio de 2024.
- Torrijos, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Torrijos y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Albarreal de Tajo, Alcabón, Aldea en Cabo, Almorox, Arcicóllar, Barcience, Burujón, Camarena, Camarenilla, Carmena, Carriches, Domingo Pérez, El Carpio de Tajo, El Casar de Escalona, Erustes, Escalona, Escalonilla, Fuensalida, Garciotum, Gerindote, Hormigos, Huecas, La Mata, La Puebla de Montalbán, La Torre de Esteban Hambrán, Maqueda, Méntrida, Mesegar de Tajo, Nombela, Novés, Nuño Gómez, Otero, Paredes de Escalona, Pelahustán, Portillo de Toledo, Quismondo, Rielves, Santa Cruz del Retamar, Santa Olalla, Santo Domingo-Caudilla y Villamiel de Toledo, a las 00:00 horas del 10 de junio de 2024.

Mientras no entre en vigor el nuevo Reglamento de Registro Civil será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerdan las pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática DICIREG, conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 23.9.2021), modificada por la Instrucción de 3 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y las demás Instrucciones, Circulares y Resoluciones que han sido dictadas hasta el momento, en relación con la aplicación de la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 9.6.2022).

[BOE n. 126, de 24.5.2024]


miércoles, 22 de mayo de 2024

DOUE de 22.5.2024


- Reglamento (UE) 2024/1347 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas que pueden acogerse a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, y por el que se modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo y se deroga la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
[DO L, 2024/1347, 22.5.2024]

Nota: Se han introducido una serie de modificaciones sustanciales en la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Procede derogar dicha Directiva y sustituirla por un Reglamento para garantizar la armonización y mayor convergencia en las decisiones en materia de asilo y en cuanto al contenido de la protección internacional, con el fin de reducir los incentivos para los movimientos dentro de la Unión, animar a los beneficiarios de protección internacional a que permanezcan en el Estado miembro que les concedió la protección y garantizar la igualdad de trato de los beneficiarios de protección internacional.
Este Reglamento contiene normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas que pueden acogerse a protección subsidiaria, así como el contenido de la protección internacional concedida (art. 1).

Queda derogada la Directiva 2011/95/UE con efecto a partir del 12 de junio de 2026.  En la medida en que seguía siendo vinculante para los Estados miembros no vinculados por la Directiva 2011/95/UE, la Directiva 2004/83/CE del Consejo queda derogada con efectos a partir de la fecha en que dichos Estados miembros queden vinculados por el presente Reglamento (art. 41).
Este Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y será aplicable a partir del 1 de julio de 2026 (art. 42).

- Reglamento (UE) 2024/1348 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE
[DO L, 2024/1348, 22.5.2024]

Nota: El objetivo del presente Reglamento es racionalizar, simplificar y armonizar las disposiciones procedimentales de los Estados miembros mediante el establecimiento de un procedimiento en materia de protección internacional común en la Unión. Para cumplir este objetivo, se realizan una serie de cambios sustanciales de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y dicha Directiva debe ser derogada y sustituida por un reglamento. Toda referencia a la Directiva derogada debe entenderse hecha al presente Reglamento.
Este Reglamento establece un procedimiento común para la concesión y retirada de la protección internacional con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1347 [véase la referencia anterior de esta entrada] (art. 1).
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y será aplicable a partir del 12 de junio de 2026 (art. 79). A partir de esta fecha quedará derogada la Directiva 2013/32/UE (art. 78).

- Reglamento (UE) 2024/1349 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por el que se establece un procedimiento fronterizo de retorno y se modifica el Reglamento (UE) 2021/1148
[DO L, 2024/1349, 22.5.2024]

Nota: El objetivo del presente Reglamento es racionalizar, simplificar y armonizar las disposiciones procedimentales de los Estados miembros mediante el establecimiento de un procedimiento fronterizo de retorno. Dicho procedimiento debe aplicarse a los nacionales de terceros países y los apátridas cuya solicitud haya sido denegada en el contexto del procedimiento fronterizo de asilo establecido en el Reglamento (UE) 2024/1348 («procedimiento fronterizo de asilo»). En el caso de los Estados miembros no vinculados por el Reglamento (UE) 2024/1348, las referencias del presente Reglamento a las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1348 deben entenderse como referencias a disposiciones análogas que hayan podido introducir en su Derecho nacional.
De acuerdo con su artículo 1, este Reglamento establece un procedimiento fronterizo de retorno. Se aplicará a los nacionales de terceros países y los apátridas cuya solicitud haya sido denegada en el contexto del procedimiento fronterizo de asilo previsto en los artículos 43 a 54 del Reglamento (UE) 2024/1348. Asimismo, establece normas temporales específicas sobre el procedimiento fronterizo de retorno en situaciones de crisis según se definen en el artículo 1, apartado 4, del Reglamento (UE) 2024/1359. El presente Reglamento también modifica el Reglamento (UE) 2021/1148, al objeto de permitir la financiación de la ayuda en virtud de dicho Reglamento para acciones de solidaridad en el contexto del Reglamento (UE) 2024/1351.

Este Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y será aplicable a partir del 12 de junio de 2026 (art. 14).

- Reglamento (UE) 2024/1350 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por el que se establece el Marco de Reasentamiento y Admisión Humanitaria de la Unión y se modifica el Reglamento (UE) 2021/1147
[DO L, 2024/1350, 22.5.2024]

Nota: El presente Reglamento se basa en la plena y total aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, de 28 de julio de 1951, en su versión complementada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 («Convención de Ginebra»). Debe establecerse un Marco de Reasentamiento y Admisión Humanitaria de la Unión («Marco de la Unión») para complementar otras vías legales. El Marco de la Unión debe ofrecer acceso a una solución duradera a los nacionales de terceros países o apátridas más vulnerables que necesiten protección internacional de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional.
Este Reglamento establece el Marco de Reasentamiento y Admisión Humanitaria de la Unión («Marco de la Unión») para la admisión de nacionales de terceros países o apátridas en el territorio de los Estados miembros con el fin de concederles protección internacional o un estatuto humanitario, estableciendo también normas sobre la admisión, mediante reasentamiento o admisión humanitaria, de nacionales de terceros países o apátridas al territorio de los Estados miembros (art. 1).

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y se aplicará a partir del 12 de junio de 2026 (art. 16).

- Reglamento (UE) 2024/1352 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2019/816 y (UE) 2019/818 a efectos de la introducción del triaje de los nacionales de terceros países en las fronteras exteriores
[DO L, 2024/1352, 22.5.2024]

Nota: El Reglamento (UE) 2024/1356 [véase la siguiente referencia de esta entrada] prevé la identificación o la verificación de la identidad, inspecciones de seguridad, reconocimientos médicos preliminares y exámenes preliminares de la vulnerabilidad de los nacionales de terceros países en las fronteras exteriores o en el territorio de los Estados miembros, que no hayan sido objeto de inspecciones fronterizas en las fronteras exteriores de los Estados miembros, así como de aquellos nacionales de terceros países que hayan formulado una solicitud de protección internacional en los pasos fronterizos o en las zonas de tránsito, sin cumplir las condiciones de entrada establecidas en el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo. El Reglamento (UE) 2024/1356 establece normas uniformes que permiten una rápida identificación o verificación de la identidad de los nacionales de terceros países y su remisión a los procedimientos aplicables. Su objetivo es reforzar el control de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores y prever la consulta de los sistemas de información y bases de datos pertinentes de la UE a fin de verificar si los nacionales de terceros países sometidos al triaje pueden suponer una amenaza para la seguridad interior.

Este Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y será aplicable a partir del 12 de junio de 2026 (art. 3).

- Reglamento (UE) 2024/1356 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por el que se introduce el triaje de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores y se modifican los Reglamentos (CE) n.° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/817
[DO L, 2024/1356, 22.5.2024]

Nota: Las normas que rigen el control fronterizo de personas que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión se establecen en el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo. A pesar de las medidas de vigilancia fronteriza que se aplican, los Estados miembros podrían enfrentarse al cruce no autorizado de la frontera por parte de los nacionales de terceros países que eviten las inspecciones fronterizas. A fin de seguir desarrollando la política de la Unión contemplada en el artículo 77.1 del TFUE que tiene por objetivo garantizar los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores, se deben adoptar medidas adicionales que aborden situaciones en las que nacionales de terceros países sean aprehendidos en relación con un cruce no autorizado de las fronteras exteriores, en las que hayan sido desembarcados tras una operación de búsqueda y salvamento, y en las que formulen una solicitud de protección internacional en un paso fronterizo sin cumplir las condiciones de entrada. El presente Reglamento complementa el Reglamento (UE) 2016/399 por lo que respecta a dichas situaciones. Resulta esencial garantizar que en esas situaciones los nacionales de terceros países sean sometidos a un triaje con el fin de facilitar una identificación adecuada y permitir que sean derivados de forma eficaz a los procedimientos adecuados que, dependiendo de las circunstancias, podrían ser el procedimiento de protección internacional o procedimientos conformes a la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. El triaje de dichos nacionales de terceros países debe complementar sin fisuras las inspecciones realizadas en la frontera exterior o compensar el hecho de que estas no se hayan realizado al cruzar la frontera exterior.
De acuerdo con su artículo 1, este Reglamento establece el triaje en las fronteras exteriores de los Estados miembros de los nacionales de terceros países que, sin cumplir las condiciones de entrada establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/399, hayan cruzado la frontera exterior de forma no autorizada, hayan solicitado protección internacional durante las inspecciones fronterizas o hayan sido desembarcados tras una operación de búsqueda y salvamento, antes de ser derivados al procedimiento adecuado. Asimismo, establece el triaje de los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en el territorio de los Estados miembros cuando no haya indicios de que dichos nacionales de terceros países hayan sido sometidos a controles en las fronteras exteriores, antes de ser derivados al procedimiento adecuado.
El objetivo del triaje es reforzar el control de los nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores, identificar a todos los nacionales de terceros países sometidos al triaje y comprobar en las bases de datos pertinentes si las personas sometidas al triaje podrían constituir una amenaza para la seguridad interior. El triaje también incluirá reconocimientos médicos y exámenes de vulnerabilidad preliminares para detectar a las personas que necesitan atención sanitaria y a las personas que podrían constituir una amenaza para la salud pública, y para detectar a las personas vulnerables. Estas comprobaciones ayudarán a derivar a estas personas al procedimiento adecuado.
Finalmente, el Reglamento también establece un mecanismo de seguimiento independiente en cada Estado miembro para hacer un seguimiento del cumplimiento del Derecho de la Unión e internacional, incluida la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, durante el triaje.

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y se aplicará a partir del 12 de junio de 2026 (art. 25).

- Reglamento (UE) 2024/1351 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la gestión del asilo y la migración, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2021/1147 y (UE) 2021/1060 y se deroga el Reglamento (UE) n.° 604/2013
[DO L, 2024/1351, 22.5.2024]

Nota: A fin de fortalecer la confianza mutua entre los Estados miembros, es necesario contar con un enfoque integral de la gestión del asilo y la migración que aúne componentes internos y externos. La efectividad de dicho enfoque depende de que se aborden conjuntamente y se apliquen de forma coherente e integrada.
El presente Reglamento debe contribuir a dicho enfoque integral mediante el establecimiento de un marco común para las acciones de la Unión y de los Estados miembros, cada uno dentro de sus respectivas competencias, en el ámbito de las políticas de gestión del asilo y la migración pertinentes y preservando y profundizando en el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad, incluidas las implicaciones financieras de dicho principio entre los Estados miembros, que gobierna las políticas en los ámbitos de la gestión del asilo y la migración de conformidad con el artículo 80 del TFUE. El principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad debe ser la premisa en la que se basen los Estados miembros al compartir colectivamente la responsabilidad de gestionar la migración, en particular en el ámbito regulado por el Sistema Europeo Común de Asilo.
El presente Reglamento establece un marco común para la gestión del asilo y la migración en la Unión y para el funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo; establece un mecanismo de solidaridad; establece los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional. Todo ello de conformidad con el principio de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades (art. 1).

Con efectos a partir del 1 de julio de 2026, se deroga el Reglamento (UE) n.o 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida. Asimismo, el Reglamento (CE) n.o 1560/2003 seguirá en vigor hasta que sea modificado por actos de ejecución adoptados en virtud del presente Reglamento (art. 83).
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y se aplicará con carácter general a partir del 1 de julio de 2026 (véase el art. 85).

- Reglamento (UE) 2024/1358 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de datos biométricos a efectos de la aplicación efectiva de los Reglamentos (UE) 2024/1351 y (UE) 2024/1350 del Parlamento Europeo y del Consejo y de la Directiva 2001/55/CE del Consejo y de la identificación de nacionales de terceros países y apátridas en situación irregular, y sobre las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.° 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
[DO L, 2024/1358, 22.5.2024]

Nota: De acuerdo con su artículo 1, el presente Reglamento crea un sistema denominado «Eurodac» con la finalidad de:
- apoyar el sistema de asilo;
- prestar asistencia en la aplicación del Reglamento (UE) 2024/1350;
- prestar asistencia en relación con el control de la inmigración irregular a la Unión, con la detección de los movimientos secundarios dentro de su territorio y con la identificación de los nacionales de terceros países y apátridas en situación irregular a efectos de determinar las medidas apropiadas que han de adoptar los Estados miembros;
- prestar asistencia en la protección de los menores;
- establecer las condiciones en las que las autoridades designadas de los Estados miembros y la autoridad designada de Europol podrán solicitar la comparación de datos biométricos o alfanuméricos con los conservados en Eurodac a efectos de aplicación de la ley para la prevención, detección o investigación de los delitos de terrorismo u otros delitos graves;
- ayudar a identificar correctamente a las personas registradas en Eurodac;
- apoyar los objetivos del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV);
- apoyar los objetivos del Sistema de Información de Visados (VIS);
- apoyar la elaboración de políticas basadas en datos contrastados mediante la elaboración de estadísticas;
- prestar asistencia en la aplicación de la Directiva 2001/55/CE.

Queda derogado el Reglamento (UE) n.o 603/2013 con efectos a partir del 12 de junio de 2026 (art. 62).
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y será aplicable con carácter general a partir del 12 de junio de 2026 (art. 63).

- Reglamento (UE) 2024/1359 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por el que se abordan las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/1147
[DO L, 2024/1359, 22.5.2024]

Nota: La Unión y sus Estados miembros podrían enfrentarse a retos migratorios que pueden variar considerablemente, entre otras cosas, en función de la magnitud y la composición de las llegadas. Por lo tanto, es esencial que la Unión disponga de herramientas diversas para responder a todo tipo de situaciones. El enfoque integral descrito en el Reglamento (UE) 2024/1351 [véase la referencia arriba, en esta entrada], también por medio de la cooperación con los terceros países interesados, debe velar por que la Unión disponga de normas específicas para gestionar eficazmente la migración, en particular en lo que respecta a la activación de un mecanismo de solidaridad obligatorio, y por que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan crisis. El presente Reglamento establece normas que son complementarias de dicho enfoque y de las normas establecidas en la Directiva 2001/55/CE del Consejo, que pueden aplicarse de manera simultánea. El presente Reglamento tiene por objeto mejorar la preparación y la resiliencia de la Unión para gestionar situaciones de crisis y facilitar la coordinación operativa, el apoyo a las capacidades y la disponibilidad de financiación en situaciones de crisis.
El presente Reglamento aborda, a través de medidas temporales, situaciones excepcionales de crisis, incluida la instrumentalización, y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo en la Unión. Establece medidas reforzadas de solidaridad y apoyo basadas en el Reglamento (UE) 2024/1351, al mismo tiempo que asegura un reparto equitativo de la responsabilidad, así como normas concretas temporales de excepción a las establecidas en los Reglamentos (UE) 2024/1351 y (UE) 2024/1348 (art. 1).

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y se aplicará a partir del 1 de julio de 2026 (art. 20).

- Directiva (UE) 2024/1346 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por la que se establecen normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional
[DO L, 2024/1346, 22.5.2024]

Nota: Debe introducirse una serie de modificaciones en la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. En aras de una mayor claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva.
Mediante la presente Directiva se establecen normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional en los Estados miembros (art. 1).

Se deroga la Directiva 2013/33/UE, para los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, con efecto a partir del 12 de junio de 2026 (art. 36)
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE (art. 37), y los Estados miembros deberán transponer sus disposiciones a más tardar el 12 de junio de 2026 (art. 35).

- Reglamento Delegado (UE) 2024/1415 de la Comisión, de 14 de marzo de 2024, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 810/2009 en lo que respecta al importe de las tasas de visado
[DO L, 2024/1415, 22.5.2024]

Nota: De conformidad con el artículo 16, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 810/2009, la Comisión ha revisado los importes de las tasas de visado establecidos en dicho Reglamento, teniendo en cuenta criterios objetivos. Ha llegado a la conclusión de que es necesario aumentar el importe de las tasas de visado en un 12,5 por 100.

Este Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE (art. 2).


BOE de 22.5.2024


- Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

Nota: El artículo segundo, número dos, modifica el artículo 271 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Las letras f) y g) del artículo 271.1 regula la suspensión del derecho a prestación por desempleo en caso de traslado de residencia o de estancia en el extranjero del beneficiario. La reforma aborda la ampliación del plazo de salida ocasional al extranjero, pasando a ser de treinta días en lugar de los quince días establecidos en la actualidad:

"f) En los supuestos de traslado de residencia al extranjero en los que el beneficiario declare que es para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, por un período continuado inferior a doce meses, siempre que la salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto sobre la exportación de las prestaciones en las normas de la Unión Europea.
g) En los supuestos de estancia en el extranjero por un período, continuado o no, de hasta noventa días naturales como máximo durante cada año natural, siempre que la salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora.
No tendrá consideración de estancia ni de traslado de residencia la salida al extranjero por tiempo no superior a treinta días naturales por una sola vez cada año, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 299."

El número veintiuno del artículo segundo añade al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social una disposición adicional quincuagésima séptima, en la que se regula el acceso al subsidio por desempleo de emigrantes retornados.

[BOE n. 124, de 22.5.2024]


martes, 21 de mayo de 2024

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

- Asunto C-61/22, Landeshauptstadt Wiesbaden: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de marzo de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Wiesbaden — Alemania) — RL / Landeshauptstadt Wiesbaden [DO C, C/2024/3129, 21.5.2024]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.3.2024.

- Asunto C-90/22, Gjensidige: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de marzo de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Gjensidige ADB [DO C, C/2024/3130, 21.5.2024]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.3.2024.

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-91/24, Aucroix: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Bélgica) el 6 de febrero de 2024 — Proceso penal seguido contra HL [DO C, C/2024/3151, 21.5.2024]

Cuestión prejudicial:
"Cuando los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución de una orden de detención europea hayan constatado que, en caso de entrega de la persona buscada al Estado miembro de emisión, existe un riesgo de que se vulneren los derechos fundamentales de dicha persona, vinculado a la ejecución de la pena extranjera, de modo que procede denegar la ejecución de tal orden, ¿debe interpretarse el artículo 4, apartado 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, (2) en el sentido de que obliga a esos mismos órganos jurisdiccionales del Estado de ejecución a examinar, con el fin de evitar la impunidad de la persona buscada que tenga la nacionalidad de dicho Estado o que resida en él, si procede, de conformidad con la disposición que transpone al ordenamiento jurídico nacional el artículo 4, apartado 6, antes citado, ordenar la ejecución, en el Estado miembro de ejecución, de la pena de prisión impuesta a la persona contra la que se dirige esta orden en el Estado miembro de emisión de la orden de detención europea, pena que es objeto de dicho acto?"

- Asunto C-106/24, WEAREONE.WORLD: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie (Bélgica) el 8 de febrero de 2024 — OV / WEAREONE.WORLD BV [DO C, C/2024/3154, 21.5.2024]

Cuestión prejudicial:
"¿Deben interpretarse el artículo 1, apartado 1, del Convenio de Roma y el artículo 1, apartado 1, del Reglamento Roma I en el sentido de que queda comprendida en el concepto de «obligación contractual» la cuestión de la titularidad de los derechos de autor sobre una obra que ha sido creada en ejecución de una obligación derivada de un contrato de trabajo o de un contrato de obra por encargo, esto es, la cuestión de quién es el titular originario y la de si y en qué medida este derecho es transmisible a un titular posterior?"

- Asunto C-130/24, Stadt Wuppertal: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Düsseldorf (Alemania) el 16 de febrero de 2024 — YC / Stadt Wuppertal [DO C, C/2024/3157, 21.5.2024]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Depende el derecho de residencia basado en el artículo 20 TFUE de que un procedimiento de visado, exigido por la ley para la concesión de una autorización nacional de residencia, pueda razonablemente tramitarse a posteriori en un período breve que pueda acotarse de forma fiable?
2) ¿Nace el derecho de residencia basado en el artículo 20 TFUE en virtud del Derecho de la Unión, de modo que las autoridades nacionales solo deben certificar su existencia, o han de conceder las autoridades nacionales tal derecho de residencia con carácter constitutivo?
3) En caso de que el derecho de residencia nazca automáticamente en virtud del Derecho de la Unión, ¿en qué momento nace tal derecho?
4) En caso de que el derecho de residencia deba ser concedido por las autoridades nacionales, ¿en qué momento debe concederse retroactivamente tal derecho?"

- Asunto C-151/24, Luevi: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte costituzionale (Italia) el 27 de febrero de 2024 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / V. M. [DO C, C/2024/3159, 21.5.2024]

Cuestión prejudicial:
"¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, letra e) de la Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, como expresión concreta de la protección del derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social reconocida en el artículo 34, apartados 1 y 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que su ámbito de aplicación comprende una prestación como el subsidio social establecido en el artículo 3, apartado 6, de la legge 8 agosto 1995, n.o 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) (Ley n.o 335, de 8 de agosto de 1995, relativa a la reforma del régimen de pensión obligatoria y complementaria), y, por consiguiente, el Derecho de la Unión Europea se opone a una normativa nacional que no extiende a los extranjeros titulares del permiso único contemplado en la misma Directiva la prestación antes citada, que se reconoce a los extranjeros a condición de que sean titulares del permiso de residencia de residente de larga duración-UE?"


BOE de 21.5.2024


- Resolución de 8 de mayo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Vilagarcía de Arousa, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 8 de mayo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Bande, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 8 de mayo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Becerreá, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 8 de mayo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Cangas, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Nota: Mediante las presentes resoluciones se aprueban la entrada en servicio efectivo de la aplicación informática denominada DICIREG, del Ministerio de Justicia, que permite el funcionamiento del Registro Civil conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 en las oficinas del Registro Civil de los siguientes partidos judiciales y en las fechas indicadas:
- Vilagarcía de Arousa, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Vilagarcía de Arousa y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de A Illa de Arousa, Catoira y Vilanova de Arousa, a las 00:00 horas del 10 de junio de 2024.
- Bande, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Bande y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios, Muíños, Padrenda y Verea, a las 00:00 horas del 24 de junio de 2024.
- Becerreá, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Becerreá y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de As Nogais, Baralla, Cervantes, Pedrafita do Cebreiro y Triacastela, a las 00:00 horas del 17 de junio de 2024.
- Cangas, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Cangas y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Moaña y Vilaboa, a las 00:00 horas del 3 de junio de 2024.

Mientras no entre en vigor el nuevo Reglamento de Registro Civil será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerdan las pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática DICIREG, conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 23.9.2021), modificada por la Instrucción de 3 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y las demás Instrucciones, Circulares y Resoluciones que han sido dictadas hasta el momento, en relación con la aplicación de la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 9.6.2022).

[BOE n. 123, de 21.5.2024]


lunes, 20 de mayo de 2024

Consulta Vinculante - Devolución del IVA a exportadores en régimen de viajeros y servicios funerarios varios de preparación y traslado de un cadáver a Canarias

 

- Consulta Vinculante V0270-24, de 29 de febrero de 2024 de la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo: Impuesto sobre el valor añadido. Exenciones. Derecho a la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido por las devoluciones a exportadores en régimen de viajeros. Inaplicabilidad a los servicios funerarios varios de preparación y traslado de un cadáver a Canarias. El servicio funerario prestado estará sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido cuando el prestador tenga la sede de su actividad económica o establecimiento permanente desde el que los presta en el territorio de aplicación del impuesto.

Diario LA LEY, Nº 10508, Sección Doctrina administrativa, 20 de Mayo de 2024
[Texto de la Consulta]


domingo, 19 de mayo de 2024

Revista de revistas (28 abril a 19 mayo)

 

- Actualidad Civil: 2024, núm. 4.
- Cuadernos Europeos de Deusto: núm. 70, 2024.
- European Law Journal: 2023, núms. 3-6.
- Práctica Derecho Daños: núm. 157 (2023); núm. 158 (2024).
- Revista de Derecho Migratorio y Extranjería: núm. 65 (2024).
- Revista Española de Derecho del Trabajo: núm. 272 (2024); núm. 273 (2024).
- Revista Jurídica de Catalunya: 2024, núm. 1.
- Revista Jurídica de les Illes Balears - RJIB: núm. 24 (2023), núm. 25 (2024).
- Revue Internationale de Droit Économique: 2023, núm. 2.
- Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni: 2023, núm. 4.


viernes, 17 de mayo de 2024

Congreso de los Diputados - Proyecto de ley


- Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 20-1, de 17.5.2024).

Nota: En este proyecto cabe destacar su artículo primero, número seis, en el que se modifica el capítulo XI (tráfico aéreo) de la Ley 48/1960 sobre Navegación Aérea. En sus artículos 68, 69 y 70 se regula el tráfico aéreo internacional.

Por su parte, en la disposición transitoria cuarta se contienen las normas transitorias en materia de acreditación del principio de reciprocidad en el transporte aéreo internacional.


Bibliografía - Tribunal Constitucional español y Convenio de gestación por sustitución


- Tribunal Constitucional español y Convenio de gestación por sustitución. A propósito de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 28/2024, de 27 de febrero
Antonio J. Vela Sánchez, Profesor Titular de Derecho Civil, Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
Diario LA LEY, Nº 10507, Sección Doctrina, 17 de Mayo de 2024

Nuestro Tribunal Constitucional —acogiendo la doctrina defendida por el TEDH, conforme al fundamental artículo 8 CEDH—, avala la validez y eficacia jurídica de los convenios de gestación por sustitución celebrados por españoles en país extranjero que los recoja y regule —aunque sean declarados nulos por nuestro Derecho exart. 10.1º LTRHA—, de manera que puede determinarse la filiación jurídica respecto del padre biológico e inscribirse en el Registro Civil español (exart. 10.3º LTRHA). En cuanto a la madre de intención, el interés superior del menor y su derecho a construir su propia identidad, impone que se facilite la adopción, pues la negativa crea una injustificada inseguridad jurídica respecto de los lazos materno-filiales ya existentes.


BOE de 17.5.2024


- Resolución de 8 de mayo de 2024, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 8 de abril de 2021, por la que se aprueban los modelos de comunicaciones entre los intervinientes y partícipes en los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal objeto de declaración.

Nota: Para dar cumplimiento a las obligaciones de comunicación entre particulares reguladas en la disposición adicional vigésima cuarta de la LGT, se dictó la Resolución de 8 de abril de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban los modelos de comunicaciones entre los intervinientes y partícipes en los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal objeto de declaración.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en el asunto C-694/20 el 8 de diciembre de 2022, eliminando la obligación impuesta a los intermediarios amparados por el secreto profesional de notificar el ejercicio de dicho secreto al resto de intermediarios que no son sus clientes. La obligación de un intermediario de comunicar la dispensa en la obligación de información sobre determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal mediante escrito motivado solo puede realizarse respecto de sus clientes, ya sean otros intermediarios o el propio obligado tributario interesado. De lo contrario, se estaría vulnerando el propio secreto profesional, pues dicha comunicación implica necesariamente que sus receptores adquieran conocimiento de la identidad del intermediario que lleva a cabo la notificación, de la apreciación de que el mecanismo en cuestión está sujeto a comunicación de información, y de que ha sido consultado a este respecto. En consecuencia, la Ley 13/2023, de 24 de mayo, modificó la disposición adicional vigésimo cuarta de la LGT para adaptar su redacción a la nueva jurisprudencia europea. Asimismo, y para adaptarlo al la jurisprudencia del TJUE, el Real Decreto 117/2024 ha modificado el apartado 4 del artículo 45 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (RGAT), que regula los obligados a informar en concepto de intermediarios sobre determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Se establece que el intermediario eximido de la obligación por el deber de secreto profesional solo deberá comunicar la exención a su cliente, ya sea otro intermediario o el obligado tributario interesado en el mecanismo.

Ahora, mediante la presente disposición se procede a modificar la Resolución de 8 de abril de 2021. Véase la entrada de este blog del día 13.4.2021.

[BOE n. 120, de 17.5.2024]


jueves, 16 de mayo de 2024

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (16.5.2024)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 16 de mayo de 2024, en el asunto C‑222/23 (Toplofikatsia Sofia): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Proceso monitorio — Concepto de “domicilio” — Nacional de un Estado miembro cuya dirección permanente se halla en dicho Estado miembro y cuya dirección actual se halla en otro Estado miembro — Imposibilidad de modificar esa dirección permanente o de renunciar a ella.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 62, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional en virtud de la cual se presume que los nacionales de un Estado miembro que residen en otro Estado miembro están domiciliados en una dirección que sigue estando registrada en el primer Estado miembro.
2) Los artículos 4, apartado 1, y 5, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012
deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a que una normativa nacional, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia nacional, confiera a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, en situaciones distintas de las contempladas en las secciones 2 a 7 del capítulo II de dicho Reglamento, la competencia para expedir un requerimiento de pago contra un deudor respecto del cual existen indicios racionales de que, en la fecha de presentación de la petición de requerimiento de pago, estaba domiciliado en el territorio de otro Estado miembro.
3) El artículo 7 del Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos»),
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, competente para expedir un requerimiento de pago contra un deudor respecto del cual existen indicios racionales de que está domiciliado en el territorio de otro Estado miembro, se dirija a las autoridades competentes y utilice los medios puestos a disposición por ese otro Estado miembro para averiguar la dirección del deudor a efectos de la notificación o el traslado de dicho requerimiento de pago."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR, presentadas el 16 de mayo de 2024, en el asunto C‑156/23 [Ararat]: [Petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Roermond, Países Bajos)] Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Retorno de nacionales de terceros países en situación irregular — Directiva 2008/115/CE — Artículo 5 — Principio de no devolución — Acto por el que la autoridad nacional competente deniega una solicitud de permiso de residencia basada en el Derecho nacional y se remite a una decisión de retorno anterior que ha adquirido firmeza — Legalidad de la ejecución de la decisión de retorno — Obligación de realizar una evaluación actualizada de los riesgos que corre la persona afectada en caso de expulsión — Artículo 13 — Vías de recurso — Obligación que pesa sobre la autoridad judicial de poner de manifiesto de oficio la violación del principio de no devolución — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 19, apartado 2 — Protección en caso de expulsión — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva.

Nota: El AG propone al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas de la siguiente manera:
"1) El artículo 5 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, en relación con el artículo 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que:
en una situación en la que una autoridad nacional competente declara el carácter irregular de la estancia de un nacional de un tercer país que ha sido objeto de una decisión de retorno anterior que ha adquirido firmeza, dicha autoridad tiene la obligación, antes de reanudar el procedimiento de retorno, de determinar si, habida cuenta del largo período de tiempo durante el cual ha sido suspendido dicho procedimiento, la situación de ese nacional de un tercer país no ha cambiado de modo tal que existan motivos fundados para creer que, de ejecutarse dicha decisión, este correría el riesgo de ser sometido a tortura o a penas o tratos inhumanos o degradantes en el país de destino previsto.
2) El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2008/115, en relación con el artículo 5 de dicha Directiva y con los artículos 4, 19, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales,
debe interpretarse en el sentido de que:
en una situación en la que un órgano jurisdiccional lleva a cabo el control de legalidad de un acto por el que la autoridad nacional competente reanuda el curso de un procedimiento de retorno suspendido durante un largo período de tiempo sin haber efectuado, no obstante, una evaluación actualizada de los riesgos que corre el nacional de un tercer país en caso de ser expulsado, el juez nacional está obligado a apreciar de oficio, en el contexto de ese control de legalidad sobre la base de los elementos de los autos que se hayan puesto en su conocimiento, completados o esclarecidos durante el procedimiento contradictorio sustanciado ante él, la violación del principio de no devolución que no ha sido invocada por dicho nacional.
El papel que desempeña la autoridad judicial al pronunciarse sobre la legalidad de una decisión de retorno adoptada respecto de un nacional de un tercer país y el alcance de la obligación que incumbe a dicha autoridad de apreciar de oficio la violación del principio de no devolución no pueden variar en función de que esa decisión haya sido adoptada como consecuencia de la denegación de una solicitud de protección internacional o de la denegación de una solicitud de permiso de residencia basada en el Derecho nacional."


Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado (CDNIC) - SEMINARIO: "La autonomía de la voluntad en el ámbito matrimonial y de las uniones de hecho: perspectivas interna, internacional y comparada"

 

SEMINARIO: "La autonomía de la voluntad en el ámbito matrimonial y de las uniones de hecho: perspectivas interna, internacional y comparada"

Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado (CDNIC)

Jueves 20 de junio de 2024

 

Organiza: Proyecto de I+D+i “Retos de la regulación jurídico-patrimonial del matrimonio y de otras realidades (uniones de hecho) en los planos supraestatal y estatal (REJURPAT)” PID2019-106496RB-I00 y Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado (Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla).
Colabora: Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.
Lugar de celebración: Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, C/ Chapineros nº 6, 41004-Sevilla.
Dirección: Prof. Dr. Andrés Rodríguez Benot (Universidad Pablo de Olavide); Carmen Vela Fernández (Notaria de Sevilla) y Prof. Dr. César Hornero Méndez (Universidad Pablo de Olavide).
Coordinación: Prof.ª Dr.ª Laura I. García Álvarez (Universidad Pablo de Olavide).
Comité científico: Dr. Isidoro Calvo Vidal (Notario de La Coruña); Prof. Dr. Francisco Capilla Roncero (Universidad de Sevilla); Prof.ª Dr.ª Carmen Otero García-Castrillón (Universidad Complutense de Madrid); Prof.ª Dr.ª María Serrano Fernández (Universidad Pablo de Olavide); Prof. Dr. Alfonso Ybarra Bores (Universidad Pablo de Olavide).

PROGRAMA

• 10:00 horas. Inauguración.

• 10:15 horas. Primera mesa: perspectivas internacional y comparada:

- Prof.ª Dr.ª. Cristina González Beilfuss, Universidad de Barcelona.
- Clarissa Fonda, Notaria de Roma (Italia).

• 11:30 horas. Pausa café.

• 12:00 horas. Comunicaciones.

• 13:30 horas. Pausa almuerzo (libre).

• 16:30 horas. Segunda mesa: perspectiva interna:

- Prof.ª Dr.ª. Cristina de Amunátegui Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid.
- Ignacio Paz-Ares Rodríguez, Notario de Madrid.

• 17:45 horas. Pausa café.

• 18:15 horas. Comunicaciones.

• 19:15 horas. Clausura.


El Seminario se desarrollará de modo bimodal (presencial y virtual).
La inscripción es gratuita y preceptiva. Ha de realizarse en el correo 'cdnic(at) upo.es' hasta las 14:00 horas del 19 de junio, indicando nombre y apellidos, ocupación y si se desea asistir presencial o virtualmente.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Envío y aceptación de propuestas de comunicación:

- Se admitirán un máximo de quince comunicaciones
- El plazo para el envío de las propuestas de comunicación finaliza el 30 de mayo de 2024. Las propuestas deberán enviarse a 'cdnic (at)upo.es' con los siguientes datos:
a) Nombre, profesión, institución a la que pertenece e información de contacto.
b) Título de la comunicación.
c) Resumen de 500 palabras del contenido de la comunicación en español, en el que se incida en su conexión con el tema objeto del Seminario.
- Las propuestas serán revisadas por el Comité científico, que comunicará su aceptación antes del 4 de junio de 2024. 

Exposición de comunicaciones y remisión del texto definitivo de los trabajos:

- Las comunicaciones seleccionadas por el Comité científico serán objeto de una breve exposición pública en las mesas de comunicaciones previstas en el programa del Seminario
- El texto definitivo de las comunicaciones deberá remitirse a 'cdnic(at) upo.es' antes del día 1 de octubre de 2024. La extensión máxima será de 120.000 caracteres con espacios (incluyendo bibliografía y abstract), en Times New Roman 12 (notas a pie 10), interlineado sencillo, 3 cms. de margen.

Todas las comunicaciones aceptadas y entregadas en plazo serán publicadas, junto con las ponencias, en una obra colectiva con ISBN en una editorial de prestigio.


DOUE de 16.5.2024


- Decisión (UE) 2024/1357 del Consejo, de 29 de abril de 2024, relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de Liechtenstein sobre normas suplementarias en relación con el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, para el período de 2021 a 2027.
[DO L, 2024/1357, 16.5.2024]

Nota: Mediante el presente acto se aprueba el Acuerdo entre la UE y Liechtenstein sobre normas suplementarias en relación con el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados para el período de 2021 a 2027.

Véase el Acuerdo UE-Liechtenstein, así como la entrada de este blog del día 4.1.2024.

- Petición de dictamen consultivo al Tribunal de la AELC presentada por el Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein, el 20 de diciembre de 2023, en el asunto TC (Asunto E-1/24)
[DO C, C/2024/3213, 16.5.2024]

Cuestión planteada:
"¿Debe entenderse que la Directiva (UE) 2015/849, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/843, impide que exista una disposición nacional por la que se exija que las solicitudes que presenten las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, para la divulgación de los datos inscritos sobre personas jurídicas en el registro de titularidad real deben indicar la razón/denominación social o el nombre de la persona jurídica cuyos datos deben divulgarse?"



BOE de 16.5.2024


- Resolución de 29 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Marbella n.º 1 a inscribir una herencia internacional autorizada por notaria.

Nota: El recurso gira en torno a una sucesión internacional en la que el testador, de nacionalidad británica y «domicile» y residencia en Inglaterra, otorga un testamento en 2003 en Londres ante un notario local. Fallece en el año 2022. Se autoriza en España, basándose en el testamento indicado, la escritura de adjudicación de los bienes que el causante tiene en nuestro país, únicos a los que se refería la disposición testamentaria. Afirma el recurrente que en el testamento ante notario de Londres indicado quedó establecida «professio iuris» tácita retroactiva dado el tenor de sus cláusulas redactadas a doble columna en lengua inglesa y española y la concurrencia de testigos. Considera que es equivalente el testamento otorgado ante el notario de Londres al que pudiera otorgarse ante el notario español, a los efectos de establecer una valida inclusión de «professio iuris» tácita retroactiva de su Ley nacional.

"3. Frente a esta afirmación, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de octubre de 2023, en el asunto C-21/22, establece que el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que un nacional de un tercer Estado que reside en un Estado miembro puede designar como Ley aplicable al conjunto de su sucesión la Ley de ese tercer Estado.
No contempla el Tribunal de Justicia, en sus términos, la posibilidad de hacer valer en un Estado miembro una «professio» realizada en un tercer Estado por un nacional de un tercer Estado donde no es admisible la «professio» y, desde luego, tras la entrada en vigor del Reglamento, como ha indicado esta Dirección General en diversas ocasiones, no es posible que se limite la disposición «mortis causa» a los bienes en España como establece el testamento discutido (artículos 4 y 21.1).

4. Estas consideraciones ya harían innecesaria una mayor argumentación.
Pero recuérdese, además, que a los efectos del artículo 22.2 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 la «professio iuris» debe ser expresa o indubitada en su términos, y realizada precisamente en una disposición «mortis causa», certeza que debe observar, aun con más rotundidad, la aplicación del artículo 83 del Reglamento para la «professio iuris» tácita retroactiva, la cual según transcurre el tiempo desde la aplicación del Reglamento (17 de agosto de 2015) cada vez tiene menor interés en cuanto se avanza en un conocimiento generalizado del instrumento europeo, que permite a los ciudadanos europeos organizar expresamente su sucesión (considerando 80).
Adicionalmente, de la lectura del testamento no resulta evidente contra lo que sostiene el recurrente la existencia de tal «professio». Por el contrario, existe una confusión entre lo que determina la ley española y la libertad testamentaria británica referida exclusivamente además a bienes situados en España. Así, la mención en la cláusula primera a herederos forzosos; la revocación parcial de testamentos anteriores para circunscribir el presente a los bienes situados en España extremo en el que se insiste y, finalmente, la falta de designación de ejecutor.
Por lo que la «professio» alegada no es evidente ni justificable la retroactividad tácita expresada por el recurrente.

5. Tras esta consideración inicial se plantea si debe exigirse en una sucesión sujeta a Derecho británico (Inglaterra y Gales) –por razón de residencia del causante, no de «professio»– el acompañamiento de la resolución, expedida por el Probate Service no contenciosa y más próxima, en el Derecho español, con las consiguientes adaptaciones, a un acto de jurisdicción voluntaria –como ha indicado reiteradamente este Centro Directivo– conocida como «probate» (Grant of Representation).
Esta Dirección General ha admitido la innecesariedad de «probate» cuando el testador ante notario español, y en referencia a la totalidad de sus bienes ordena «professio iuris» de la ley de su nacionalidad británica tanto tras la entrada en aplicación del Reglamento como con anterioridad a éste, siendo indubitada la «professio iuris» tácita retroactiva a la Ley nacional del testador, y concretamente a su «domicile» y siempre respecto de testamentos otorgados en España y no en Reino Unido (cfr. Resoluciones de este Centro Directivo de 2 de marzo de 2018, 14 de febrero de 2019, 1 de octubre de 2020 y 15 de junio de 2021).
Nada que ver en el presente caso en el que se utiliza la ficción de una eventual equivalencia en cuanto a la intervención de un notario público londinense implica por definición que se dirige en sus efectos a países distintos de Reino Unido, no produciendo en el Estado en el que se autoriza, en el caso de las disposiciones testamentarias, el mismo efecto que pretende obtener en España.

6. La admisibilidad y validez de la disposición «mortis causa», así como su validez formal, con preferencia a otra normativa subsidiaria, –como sería la adecuación prevista en el artículo 56 de la Ley de cooperación jurídica internacional–, se rige por la norma europea (artículos 24, 26 y 27 del Reglamento).
Podría plantearse la incidencia del Convenio de La Haya de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias.
Conforme al artículo 75 del Reglamento este no afectará a la aplicación de los convenios internacionales de los que sea parte uno o más Estados miembros en el momento de la adopción del presente Reglamento y que se refieran a materias reguladas por él.
En particular, los Estados miembros que son partes contratantes en el Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, seguirán aplicando lo dispuesto en ese convenio, en lugar del artículo 27 del presente Reglamento, en lo que atañe a la validez en materia de forma de los testamentos y testamentos mancomunados.
La Sentencia citada del Tribunal de Justicia, de 12 de octubre de 2023, en relación con un convenio internacional bilateral con un tercer país previo, que considera no es incompatible con el Reglamento obedece a razones específicas como se deduce de sus fundamentos.
En el caso de la Sentencia, un Estado miembro (Polonia) es parte en un convenio bilateral que celebró con un tercer Estado (Ucrania) antes de la entrada en vigor del Reglamento n.º 650/2012 y ese convenio bilateral contiene disposiciones en las que se establecen reglas aplicables en materia de sucesiones, por lo que serán estas últimas, y no las recogidas en el Reglamento n.º 650/2012 en la materia las que, en principio, procede aplicar.

7. Sin embargo, el Convenio de La Haya de 1961, Formas Testamentarias, no se refiere a la «professio iuris», la cual no es conocida en Reino Unido, lugar de la residencia y nacionalidad del causante, ni lo era en España antes de la aplicación del Reglamento, lugar de situación de los inmuebles concernidos en base a la posibilidad entonces, 2003, en las sucesiones británicas de reenvío a la Ley de situación de los bienes inmuebles, posibilidad muy limitada por el Reglamento, artículo 34, y no contemplada en la propuesta, no siendo posible precisamente y entre otros en el caso de elección de ley tácita y prevaleciendo en todo caso la unidad de la sucesión.
Cabe concluir, por tanto, que el convenio no prevé la «professio iuris» y no puede ser aplicable preferentemente frente a las normas del Reglamento, en este extremo, entre un Estado miembro y un tercer Estado, como es a día de hoy Reino Unido, que no ha participado nunca en el instrumento europeo.

8. Para la «professio iuris» (artículo 22) y para la admisión, validez y forma de los testamentos en el periodo transitorio, es de aplicación el capítulo III del Reglamento, al cual se remite su artículo 83.
Esta remisión al Capitulo III del Reglamento en el artículo 83, en relación con la admisión y validez material del testamento, junto con las normas de Derecho internacional privado del Estado en que se realizó el testamento (Convenio de 1961) sobre las condiciones de validez del mismo, suponen (siendo norma preferente al artículo 11 de nuestro Código Civil) que ni material ni formalmente equivale un documento como el presentado como título de la sucesión al testamento otorgado por un notario español –disposición «mortis causa» en la que cabe realizar «professio iuris» conforme al Reglamento– ni cumpliría igual función y efectos, incluso para sucesiones exclusivas en Reino Unido, por lo que el «probate» –si es posible obtenerlo, pues no va dirigido a una sucesión británica– debe ser presentado y valorado por el notario y registrador, en cuanto no prueba una sucesión universal.
En su defecto serán título sucesorio, en principio, otras disposiciones que el testador hubiera realizado (según la cláusula parcial de revocación) acompañadas por «probate».

9. El segundo defecto observado por el registrador asimismo debe ser confirmado, pues la escritura calificada en absoluto menciona el carácter internacional de la herencia valorando los elementos concurrentes, ni establece juicio alguno de Ley sobre la legislación aplicable como es primordialmente la residencia habitual (artículo 21); ni sobre el régimen transitorio del Reglamento respecto de un tercer Estado, ni sobre la validez y admisibilidad de la disposición «mortis causa», limitándose sin prueba ni reflexión alguna al respecto, «simpliciter», a considerar equivalente a los efectos de una eventual «professio» la establecida en el testamento local londinense, lo cual como resulta de los anteriores fundamentos de Derecho, no es posible, debiendo añadirse que el Reglamento (EU) n.º 650/2012 solo es de aplicación universal en materia de Ley aplicable (artículo 20), no en sus restantes elementos y con las singularidades de la sucesión universal (artículos 4 y 21); limitación de procedimientos (artículo 12); reenvío limitado (artículo 34), o relaciones con convenios intencionales."

Por todo ello, la DGSJyFP desestima el recurso y confirma íntegramente la nota de calificación del registrador.

- Resolución de 30 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de bienes muebles II de Madrid, por la que se suspende una inscripción de cancelación de arrendamiento de aeronave.

Nota: Por documento de 13 de enero de 2024, don J.B.S., actuando en representación de la sociedad «Bigas Grup Helicopters, SLU» declaraba que dicha sociedad y la mercantil «Vervoer Van Roey NV» celebraron un contrato de arrendamiento de helicóptero (que se identificaba) el día 31 de julio de 2013, siendo prorrogado el día 31 de julio de 2018, y que la sociedad «Bigas Grup Helicopters, SLU» se sujetaba a la cláusula segunda establecida en la prórroga del contrato de fecha 31 de julio de 2018 para llevar a cabo la terminación del contrato y comunicaba a «Vervoer Van Roey NV» que rescindía el contrato de arrendamiento de fecha 31 de julio de 2018 con la fecha señalada. Constaba legitimada notarialmente la firma, así como aseveración notarial del cargo de administrador del firmante.
Junto al documento señalado, se acompañaba certificado de notificación certificada postal emitida por la compañía «Logalty Prueba por Interposición, SL», que actuaba como prestador de servicios de confianza. Del mismo resultaba como remitente y como destinatario los ya señalados como arrendatario y arrendador. En el apartado estado se leía: «Entregado debidamente. Fecha del último estado: miércoles, 31 de enero de 2024 10:45:20». Del apartado verificación notarial, resultaba: «Ref. de depósito notarial:» con un número y, a continuación, un código alfanumérico bajo el epígrafe «integridad de contenido de los documentos depositados». Del apartado «verificación electrónica», resultaba igualmente un código alfanumérico bajo el epígrafe control de integridad basado en la función resumen del documento tramitado. Junto al anterior, constaba certificación emitida por un representante de la compañía «Seur, SA» relativa a la entrega del anterior documento, del que resultaba que fue entregada debidamente en la fecha de 31 de enero de 2024.
En resumen, inscrito en el Registro de Bienes Muebles un contrato de arrendamiento de aeronave en el que consta una cláusula de resolución unilateral, el arrendatario, de conformidad con el contenido de dicha cláusula, notifica de resolución al arrendador y solicita del registrador la práctica del asiento correspondiente. El registrador calificó negativamente porque la notificación carecía de fehaciencia a efectos de practicar la cancelación en el Registro.

"3. Procede la confirmación de la nota de calificación del registrador de Bienes Muebles que, por aplicar la reiterada doctrina de esta Dirección General en la materia que constituye el objeto de esta resolución, no procede sino reiterar.
Dicha doctrina se refiere al valor que dentro del procedimiento registral tiene una notificación llevada a cabo por determinado prestador de servicios de confianza y si la misma puede servir de base, por si sola o como documento complementario, para la práctica de asientos en el Registro de la Propiedad, Mercantil o de Bienes Muebles.
[...]
En el caso examinado, vistos los datos fácticos que conforman el recurso, se trata de una actuación en un ámbito incardinable en el derecho privado; y en el seno del procedimiento registral, que tiene unas singularidades legalmente reconocidas, pues tanto él, como la actuación notarial, han de desenvolverse con parámetros distintos a los de los tribunales a la hora de la apreciación y valoración de los elementos probatorios que en su caso puedan aportase en el seno de un proceso con contradicción. Y es que notarios y registradores carecen del “imperium” (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) que es inherente a la jurisdicción, lo que sin duda incide muy especialmente a la hora de valorar la prueba de la actuación de un operador postal distinto del universal; valoración que, al margen del proceso, quedará sujeta a las normas del derecho privado en cuanto a la eficacia y validez probatoria de la documentación generada una vez cursada la pretendida notificación, y que en los campos notarial y registral necesita sin duda el plus que proporciona la fehaciencia (en este caso legalmente reconocida).
[...]

4. A la luz de la doctrina expuesta sólo resta su reiteración y la confirmación de la nota del registrador que acertadamente rechaza la cancelación de un derecho inscrito sin que resulte el consentimiento de su titular registral ni se acredite por medio de documentación que goce de presunción de veracidad y fehaciencia el hecho que determine su extinción de conformidad con el contenido del derecho inscrito (artículo 82 de la Ley Hipotecaria).
[...]
No puede afirmarse que la compañía que tiene atribuido el servicio postal universal carezca de competencia para realizar una notificación internacional certificada ni que las restantes compañías de prestación de servicios gocen de las mismas presunciones que aquella.
Respecto de lo primero, basta entrar en la página web del prestador «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA» para verificar la posibilidad de remitir desde la misma contenidos certificados con acuse de recibo con carácter internacional, así como de que Bélgica se encuentra entre los Estados en los que se presta dicho servicio.

Por todo lo anterior, la DGSJyFP desestima el recurso y confirma la nota de calificación del registrador.

[BOE n. 119, de 16.5.2024]