Tribunal de Justicia de la Unión Europea

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-423/21: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 12 de julio de 2021 — Grand Production d.o.o. / GO4YU GmbH y otros.

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el concepto de «comunicación al público» que figura en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE en el sentido de que la realiza el operador directo (en este caso, no establecido en la Unión) de una plataforma de streaming que:
— decide él solo acerca del contenido y del fundido en negro de las emisiones televisivas que distribuye y lo realiza técnicamente;
— posee en exclusiva los derechos como administrador de la plataforma de streaming;
— puede influir en qué programas de televisión puede recibir el usuario final a través del servicio, pero sin poder influir en el contenido de los programas,
— y es el único punto de control a los efectos de determinar qué programas y contenidos se pueden ver en qué momento y en qué territorios,
si, en esa situación,
— se facilita al usuario acceso no solo a contenidos de emisiones cuya utilización en línea ha sido autorizada por los respectivos titulares de derechos, sino también a contenidos protegidos que no han sido objeto de la correspondiente adquisición de derechos, y
— el operador directo de la plataforma de streaming tiene conocimiento de que su servicio también permite al cliente final recibir contenidos protegidos sin el consentimiento de los titulares de derechos mediante el uso de servicios VPN que simulan que la dirección IP y la terminal del cliente final se encuentran en zonas para las que consta el consentimiento del titular de derechos, si bien
— la recepción de contenidos protegidos a través de la plataforma de streaming sin el consentimiento del titular de derechos fue efectivamente posible durante varias semanas, incluso sin un túnel VPN?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial:
¿Debe interpretarse el concepto de «comunicación al público» que figura en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 en el sentido de que también la realizan los terceros (en este caso, establecidos en la Unión) vinculados contractualmente o en virtud del Derecho de sociedades con el operador de una plataforma como el descrito en la primera cuestión prejudicial, que, sin tener ellos mismos influencia en el fundido en negro y en los programas y contenidos de las emisiones disponibles en la plataforma de streaming:
— hacen publicidad de la plataforma de streaming del operador y de sus servicios, o
— celebran con los clientes suscripciones de prueba que expiran automáticamente transcurridos quince días, o
— asisten a los clientes de la plataforma de streaming en calidad de servicio de atención al cliente, u
— ofrecen en su sitio web suscripciones de pago para la plataforma de streaming del operador directo y posteriormente actúan como contraparte contractual de los clientes y como destinatarios de los pagos, siendo diseñadas las suscripciones de pago de tal manera que la indicación expresa de que determinados programas no están disponibles solo se facilita si, en el momento de la contratación, el cliente señala expresamente que desea ver esos programas, pero no se produce esa indicación de antemano cuando los clientes no lo señalan o no preguntan en concreto?
3) ¿Deben interpretarse los artículos 2, letras a) y e), y 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, en relación con el artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, en el sentido de que, en caso de que se invoque una violación de los derechos de autor o derechos afines garantizados por el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se ha ejercitado la pretensión, como el principio de territorialidad se opone a la facultad de cognición de los órganos jurisdiccionales nacionales respecto de los actos de violación cometidos en el extranjero, dicho órgano jurisdiccional solo es competente para resolver acerca del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece, o puede (o debe) ese órgano jurisdiccional pronunciarse también sobre hechos cometidos, según lo alegado del autor cuyos derechos han sido violados, fuera de dicho territorio (a escala mundial)?"

- Asunto C-433/21: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 16 de julio de 2021 — Agenzia delle Entrate / Contship Italia SpA

- Asunto C-434/21: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Italia) el 16 de julio de 2021 — Agenzia delle Entrate / Contship Italia SpA

Cuestión prejudicial: "¿Se oponen los artículos 18 TFUE (anteriormente artículo 12 TCE) y 49 TFUE (anteriormente artículo 43 TCE) a una normativa nacional que, como el artículo 30, apartado 1, punto 5, de la Ley n.o 724, de 23 de diciembre de 1994, en su versión, aplicable ratione temporis, anterior a las modificaciones introducidas por la Ley n.o 296, de 27 de diciembre de 2006, excluya del régimen dirigido a combatir las prácticas de elusión fiscal de las sociedades pantalla —basado en la fijación de estándares mínimos de ingresos y beneficios, en función del valor de determinados activos empresariales, cuyo incumplimiento constituye un indicio sintomático del carácter no operativo de la sociedad y conlleva la determinación de las rentas imponibles por vía de presunción— únicamente a las sociedades y entidades cuyos valores se negocian en mercados regulados italianos y no excluya de dicho régimen a las sociedades y entidades cuyos valores se negocian en mercados regulados extranjeros ni a las sociedades que, aun cuando sea indirectamente, controlan tales sociedades y entidades cotizadas o son controladas por estas?"

- Asunto C-446/21: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria) el 20 de julio de 2021 — Maximilian Schrems / Facebook Ireland Ltd

Cuestiones prejudiciales:
"1. ¿Deben interpretarse las disposiciones del artículo 6, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento General de Protección de Datos (en lo sucesivo, «RGPD») en el sentido de que la licitud de las disposiciones contractuales incluidas en las condiciones generales de uso relativas a contratos de plataformas como el controvertido en el litigio principal (en particular, disposiciones contractuales como: «En lugar de pagar por usar Facebook […], al usar los Productos de Facebook que se incluyen en estas Condiciones, aceptas que podamos mostrarte anuncios […]. Usamos tus datos personales […] para mostrarte aquella publicidad que pueda resultarte más relevante.»), contratos que incluyen el tratamiento de datos personales para la agregación y el análisis de datos con fines de publicidad personalizada, debe evaluarse a la luz de los requisitos del artículo 6, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 7 del RGPD, que no pueden ser sustituidos por la invocación del artículo 6, apartado 1, letra b), del RGPD?
2. ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra c), del RGPD (minimización de datos) en el sentido de que todos los datos personales de que dispone una plataforma como la del litigio principal (en particular, a través del interesado o de terceros en o fuera de la plataforma) pueden ser agregados, analizados y tratados para fines de una publicidad específica sin restricciones de carácter temporal o en función de la naturaleza de los datos?
3. ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 1, del RGPD en el sentido de que se aplica al tratamiento de datos que permite un filtrado específico de categorías especiales de datos personales, como las convicciones políticas o la orientación sexual (por ejemplo, para la publicidad), aun cuando el responsable del tratamiento no establezca distinciones entre dichos datos?
4. ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 9, apartado 2, letra e), del RGPD en el sentido de que una manifestación sobre la propia orientación sexual para los fines de un debate público permite el tratamiento de otros datos relativos a la orientación sexual a efectos de agregación y análisis de datos con fines de publicidad personalizada?"

- Asunto C-488/21: Petición de decisión prejudicial planteada por el Court of Appeal (Irlanda) el 10 de agosto de 2021 — GV / Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs and Social Protection, Ireland, Attorney General

Cuestiones prejudiciales:
"1. ¿Está supeditado el derecho de residencia derivado de un ascendiente directo de un trabajador ciudadano de la Unión a que se refiere el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE a que dicho familiar esté a cargo de manera continuada del trabajador?
2. ¿Se opone la Directiva 2004/38/CE a que un Estado miembro de acogida limite el acceso a una prestación de asistencia social de un miembro de la familia de un trabajador ciudadano de la Unión que disfruta de un derecho de residencia derivado por estar a cargo de dicho trabajador, cuando el acceso a dicha prestación significaría que ya no está a cargo del trabajador?
3. ¿Se opone la Directiva 2004/38/CE a que un Estado miembro de acogida limite el acceso a una prestación de asistencia social de un miembro de la familia de un trabajador ciudadano de la Unión que disfruta de un derecho de residencia derivado por estar a cargo de dicho trabajador, puesto que el pago de dicha prestación tendrá como consecuencia que el miembro de la familia en cuestión se convierta en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida?"

[DOUE C422, de 18.10.2021]

Bibliografía - La Ley Magnistky europea: ¿y la corrupción?

La Ley Magnistky europea: ¿y la corrupción? - The European Magnitsky Act: and the corruption?
Cayetana SANTAOLALLA MONTOYA, Profesora contratada doctor de Derecho Internacional Privado (Universidad Pública de Navarra - UPNA)
Bitácora Millennium DIPr., nº 14 (Prepublicación)
[texto]

SUMARIO: I. Antecedentes de la Ley Magnistky: origen y derecho comparado II. Los mecanismos para proteger los derechos humanos en la Unión Europea 1. La horizontalidad de las sanciones 2. El Reglamento 2020/1998 3. La Decisión 2020/1999 III. La corrupción en la Unión Europea IV. Valoraciones finales.

Este trabajo expone la incidencia que ha tenido la Ley Magnitsky en la Unión Europea, tras su aprobación en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países. Sin embargo, se plantean una serie de retos, como la omisión de la corrupción en el contenido material de la ley europea, la unanimidad para aprobar las sanciones, la falta de mecanismos para concretar las mismas y la ausencia de participación de la sociedad civil.
This paper exposes the impact that the Magnitsky Law has had in the European Union, after its approval by the United States, Canada, the United Kingdom and other countries. However, there are a number of challenges, such as the omission of corruption in the European "Magnistky" law, the unanimity to approve the sanctions, the lack of mechanisms to specify sanctions and the absence of civil society's participation.

Revista de revistas (10 a 17 octubre)

 

- Revista de Derecho Civil: 2021, núm. 2; 2021, núm. 3.
- Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique: 2021, núm. 2.

BOE de 16.10.2021

- Orden INT/1120/2021, de 15 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Nota: A raíz de la aprobación de la Recomendación (UE) 2021/1782 del Consejo, de 8 de octubre de 2021, por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 (véase la entrada de este blog del día 11.10.2021), debe adaptarse la Orden INT/657/2020, de 17 de julio. De este modo, su anexo pasa a tener el siguiente contenido:

"Terceros países, regiones administrativas especiales y demás entidades y autoridades territoriales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la UE a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en esta orden:
I. Estados:
1. Australia.
2. Baréin.
3. Canadá.
4. Chile
5. Jordania.
6. Kuwait.
7. Nueva Zelanda.
8. Qatar.
9. Ruanda.
10. Arabia Saudí.
11. Singapur.
12. Corea del Sur.
13. Ucrania.
14. Emiratos Árabes Unidos.
15. Uruguay.
16. China.
II. Regiones administrativas especiales de la República Popular China:
RAE de Hong Kong.
RAE de Macao.
III. Entidades y autoridades territoriales no reconocidas como Estados por al menos un Estado miembro de la Unión Europea:
Taiwán."

Esta orden surtirá efectos desde el momento de su publicación (DF única).

- Resolución de 13 de octubre de 2021, conjunta de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia y de la Secretaría General de Universidades, por la que se designa la Comisión evaluadora única de la segunda prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para el año 2021.

Nota: Véase la Orden PCM/850/2021, de 3 de agosto, por la que se convoca segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Abogacía para el año 2021, así como la entrada de este blog del día 5.8.2021.

[BOE n. 248, de 16.10.2021]

La OCDE acuerda un tipo mínimo y la tributación efectiva de las sociedades

Acuerdo fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 8 de octubre de 2021.

La OCDE define como "acuerdo histórico" la reforma del sistema fiscal internacional que garantizará la sujeción de las empresas multinacionales a una tasa impositiva mínima del 15% a partir del año 2023. Se estima que este acuerdo, refrendado por 136 países y jurisdicciones, implicará la reasignación de más 125 mil millones de dólares de ganancias de aproximadamente 100 de las empresas multinacionales más grandes y rentables a países de todo el mundo, asegurando su tributación dondequiera que operen y generen beneficios.

El Pilar Uno garantizará una distribución más justa de los beneficios y los derechos fiscales entre los países con respecto a las empresas multinacionales más grandes y rentables, reasignando algunos derechos impositivos sobre las empresas multinacionales de sus países de origen a los mercados donde realizan actividades comerciales y obtienen beneficios, independientemente de si las empresas tienen presencia física allí. Esta norma afectaría a empresas multinacionales con ventas globales superiores a 20.000 millones de euros y una rentabilidad superior al 10 %.

Por su parte, el Pilar Dos introduce una tasa impositiva corporativa mínima global del 15 % que se aplicará a las empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros y se estima que generará alrededor de 150 mil millones de dólares en ingresos fiscales globales adicionales anualmente.

Los países tienen como objetivo firmar una convención multilateral durante el año 2022, con una aplicación efectiva en 2023.

Texto del Acuerdo fiscal de la OCDE de 8 de octubre de 2021 [francés] [inglés] 

Fuente: Diario La Ley, Nº 9933, Sección Actualidad Legislativa Comentada, 15 de Octubre de 2021 [aquí]

Bibliografía - Crónica jurisprudencial en materia de extranjería (enero a julio del 2021)

 

- Crónica jurisprudencial en materia de extranjería (enero a julio del 2021)
Jose M.ª Pey González, Abogado, Vocal de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE, por el Consejo Vasco de la Abogacía. Responsable de la Comisión de Extranjería del ICA de Vizcaya
Diario La Ley, Nº 9933, Sección Dossier, 15 de Octubre de 2021

Recién comenzado el año judicial, a través de los presentes cuadros se trata de resumir esquemáticamente la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en las cuestiones que afectan principalmente al ámbito de la extranjería.

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (14.10.2021)

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. ATHANASIOS RANTOS, presentadas el 14 de octubre de 2021, en los asuntos acumulados C‑428/21 PPU (HM) y C‑429/21 PPU (TZ): [Petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos)] Procedimiento prejudicial — Cooperación policial y judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 27, apartados 3, letra g), y 4 — Solicitud de consentimiento a la ampliación de las infracciones — Artículo 28, apartado 3 — Solicitud de consentimiento a la entrega ulterior — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Tutela judicial efectiva — Derecho de la persona entregada a ser oída — Lugar de ejercicio de este derecho — Modalidades.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) La Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, y, en particular, su artículo 27, apartados 3, letra g), y 4, y su artículo 28, apartado 3, considerados a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que una persona entregada tras la ejecución de una primera orden de entrega europea debe poder ejercer su derecho a ser oída en relación con una solicitud del consentimiento de la autoridad judicial de ejecución a la ampliación de las infracciones o a la entrega ulterior, ante la autoridad judicial de ejecución competente para tramitar esta solicitud, con independencia de que la toma de declaración se desarrolle en el Estado miembro de ejecución o en el Estado miembro emisor.
2) El artículo 27, apartado 4, y el artículo 28, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, considerados a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, deben interpretarse en el sentido de que, cuando la persona entregada ejerce su derecho a ser oída, en relación con una solicitud de consentimiento a la ampliación de las infracciones o a la entrega ulterior, en el Estado miembro de ejecución, la toma de declaración puede desarrollarse conforme a las modalidades convenidas mutuamente por las autoridades competentes de los Estados miembros emisor y de ejecución, sobre la base de las normativas nacionales aplicables, siempre y cuando se garantice el ejercicio efectivo de dicho derecho."

DOUE de 14.10.2021

- Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816.

Nota: Aquí tenemos la segunda (!!!) corrección de errores. Esta vez, de tres páginas, nada menos.
Véase el Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, así como la entrada de este blog del día 22.5.2019.
Véase igualmente la primera corrección de errores.

[DOUE L365, de 14.10.2021]

- Dictamen del Tribunal de la AELC de 18 de junio de 2021 en el asunto E-10/20 — ADCADA Immobilien AG PCC (en concurso)/Autoridad del Mercado Financiero (Finanzmarktaufsicht) (Reglamento (EU) 2017/1129 – Protección del inversor – Noción de «oferta pública de valores» – Divulgación de información – Obligación de publicar un folleto – Exenciones)

Fallo del Tribunal:
"1. La determinación de si se ha presentado información suficiente sobre los términos de la oferta y los valores que se ofertan de modo que permita a un inversor decidir la adquisición o suscripción de dichos valores, de conformidad con el artículo 2, letra d), del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado, debe realizarse caso por caso.
En circunstancias como las que concurren en el litigio principal, sin perjuicio de la correspondiente verificación por parte del órgano remitente, debe entenderse que existe una «oferta pública de valores» en el sentido del artículo 2, letra d), del Reglamento (UE) 2017/1129.
2. Para determinar si existe una «oferta pública de valores» en el sentido del artículo 2, letra d), del Reglamento (UE) 2017/1129, puede ser pertinente que una comunicación indique de forma claramente visible que puede obtenerse más información en otro lugar, y que las condiciones completas de la obligación no se puedan consultar en línea ni estén disponibles de manera general de ninguna otra forma. No obstante, si una comunicación ya presenta información suficiente a efectos del artículo 2, letra d), la inclusión de tales indicaciones o el hecho de que la totalidad de las condiciones de la obligación no se puedan consultar en línea ni estén disponibles de manera general de ninguna otra forma no podrán modificar su calificación de «oferta pública de valores».
3. En principio, es relevante a efectos del artículo 1, apartado 4, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1129, que una oferta de valores se comunique a los posibles compradores solo previa solicitud, garantizando al mismo tiempo que la comunicación se haga únicamente a un máximo de 149 personas físicas o jurídicas por Estado del EEE que no tengan la consideración de inversores cualificados. No obstante, para poder acogerse a la exención prevista en el artículo 1, apartado 4, letra b), la oferta de valores debe dirigirse efectivamente a menos de 150 personas físicas o jurídicas por Estado del EEE que no tengan la consideración de inversores cualificados. El límite establecido en dicha disposición no se puede soslayar mediante la divulgación de la oferta en un Estado del EEE dividiéndola en diferentes medios de comunicación."

- Dictamen del Tribunal de 30 de junio de 2021 en el asunto E-13/20 — O/Gobierno noruego, representado por la Dirección de Trabajo y Bienestar (Arbeids- og velferdsdirektoratet) (Seguridad social – Reglamento (CE) n.o 883/2004 – Artículos 7, 63 y 64 – Prestaciones de desempleo – Obligación de permanecer en el Estado competente del EEE – Desempleado que viaja a otro Estado del EEE)

Fallo del Tribunal:
"1. El requisito de que el desempleado debe permanecer en el Estado competente para tener derecho a una prestación en metálico en caso de desempleo en los supuestos en que no se cumplan las condiciones de los artículos 64, 65 o 65 bis es compatible con el Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, especialmente su artículo 5, letra b).
2. En situaciones distintas a las mencionadas expresamente en los artículos 64, 65 y 65 bis del Reglamento (CE) n.o 883/2004, la condición de permanecer en el Estado competente del EEE para tener derecho a prestaciones de desempleo no debe evaluarse con arreglo a los artículos 31 y 36 del Acuerdo EEE y no es incompatible con la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
3. Los Estados del EEE detentan la facultad de determinar si deben reembolsarse o no los derechos y prestaciones adquiridos indebidamente. No obstante, los Estados del EEE deben ejercer esta facultad de conformidad con la normativa del EEE y sus principios generales, en concreto los principios de equivalencia y efectividad."

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la AELC de 30 de junio de 2021 en el asunto E-15/20 procedimiento penal contra P (Seguridad social — Reglamento (CE) n.o 883/2004 — Artículos 7, 63 y 64 — Prestaciones de desempleo — Obligación de permanecer en el Estado competente del EEE — Desempleado que viaja a otro Estado del EEE)

Fallo del Tribunal:
"1. El requisito de que el desempleado deba permanecer en el Estado competente para tener derecho a una prestación en metálico en caso de desempleo en los supuestos en que no se cumplan las condiciones de los artículos 64, 65 o 65 bis es compatible con el Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.
2. En situaciones distintas a las mencionadas expresamente en los artículos 64, 65 y 65 bis del Reglamento (CE) n.o 883/2004, la condición de permanecer en el Estado competente del EEE para tener derecho a prestaciones de desempleo no debe evaluarse con arreglo a los artículos 28, 29 y 36 del Acuerdo EEE y no es incompatible con la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
3. Los Estados del EEE detentan la facultad de determinar si pueden imponerse sanciones penales por obtener prestaciones de desempleo habiendo facilitado a sabiendas información ilícita. No obstante, los Estados del EEE deben ejercer esta facultad de conformidad con la normativa del EEE y sus principios generales, en concreto los principios de equivalencia y efectividad."

[DOUE C417, de 14.10.2021]

BOE de 14.10.2021

- Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador de la propiedad de Palamós, relativa a una escritura de manifestación de herencia de un ciudadano alemán.

Nota: El recurso tiene por objeto una sucesión mortis causa internacional en la que es aplicable por razón de la fecha del fallecimiento del causante el Reglamento (UE) nº 650/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo. Se solicita la inscripción de la adquisición de dos inmuebles en España, basada en un contrato sucesorio alemán otorgado por los esposos L. ante notario de Alemania. Los esposos L. son residentes en España y de nacionalidad alemana. En 2019 habían confirmado el contenido del pacto otorgado por ellos en 2001, añadiendo la realización de professio iuris a la ley alemana. Conforme al pacto, el supérstite es el heredero de su cónyuge y a su muerte quedan designados herederos sus cinco hijos. En tales términos, ante notario español, en el Estado miembro de su residencia, la viuda procedió a liquidar el régimen legal matrimonial de participación propio del Derecho alemán y se adjudicó los bienes situados en España.
El registrador en una primera calificación solicita le sean presentados los pactos sucesorios en copia autentica y apostillados, así como que se acompañe un certificado sucesorio europeo. Subsanado lo que consideró defecto, no constar apostillados los contratos sucesorios, sigue manteniendo que es preciso aportar el Certificado Sucesorio Europeo o bien –según añade en la segunda calificación– certificado del Registro de testamentos alemán.

En el presente caso, el título de la sucesión es un pacto sucesorio. Este pacto está indubitadamente sujeto a Derecho alemán tanto en su existencia y validez como título sucesorio, como en cuanto a la determinación de la ley aplicable a la liquidación de la herencia, dada la professio iuris que expresamente realizaron los esposos. Es por tanto una disposición de última voluntad válida y que debe ser eficaz en todos los Estados miembros, pues, pese al carácter universal del Reglamento, no quedaría obligado un tercer país a respetar una disposición mortis causa que no conoce sino en los términos de su legislación interna, ya sea por aplicación de un Convenio internacional o en su defecto, de su propia ley nacional. En España el pacto sucesorio alemán, tras la entrada en aplicación del Reglamento –recordemos que el Convenio de la Conferencia de La Haya de 5 de octubre de 1961 se refiere a disposiciones testamentarias exclusivamente– es un título sucesorio incluido en el artículo 14 LH, aún sujeto a la ley alemana. No se entra a analizar, al haber sido subsanada, la exigencia de apostilla a las disposiciones mortis causa (definidas en el artículo 3.1.d) del Reglamento). El artículo 74 del mismo dispone que no se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna para los documentos expedidos en un Estado miembro en el marco del presente Reglamento. Siendo discutido si se extiende o no a los documentos que se consideren complementarios o accesorios. Por lo tanto, el tema se ciñe al análisis de si es necesaria la presentación de un certificado sucesorio europeo o en su defecto la aportación de certificado del Registro de Testamentos Alemán, como añade el registrador en su segunda nota.

La primera exigencia, aportación de un certificado sucesorio europeo, carece de sentido en este supuesto en que la herencia se liquida ante notario español referida a bienes situados en España. El elemento internacional del supuesto nace de la professio iuris a la ley de otro Estado y de la disposición mortis causa otorgada conforme a la ley elegida, pero realizándose en España los procedimientos de adjudicación de la herencia no existe ningún elemento sucesorio a reconocer en Estado miembro distinto de aquel en que se liquidó la sucesión (artículos 62 y 63 del Reglamento). Conforme al artículo 2 del texto europeo, «el presente Reglamento no afectará a las competencias de las autoridades de los Estados miembros en materia de sucesiones». Por lo tanto, en la liquidación de la sucesión por el notario la problemática se ciñe a la prueba del Derecho alemán, que ambos, notario y registrador conocen, según resulta del expediente, en lo suficiente (vid. Resolución de 19 de febrero de 2021).

La única cuestión a discutir, en consecuencia, es si es necesario acreditar que el pacto sucesorio, en que se basa la liquidación de la herencia y respecto del cual se ha presentado certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad español, es el último título sucesorio. Para esa finalidad no cabe utilizar, como ya se ha indicado, el certificado sucesorio europeo. Incluso si cumpliere los requisitos necesarios para su utilización, lo que no sucede en el presente caso, su uso sería voluntario (considerando 69 y artículo 62).
El considerando 69 establece que la utilización del certificado no debe ser obligatoria. Ello supone que las personas con derecho a solicitar un certificado no deben estar obligadas a ello, sino que, por el contrario, deben tener libertad para recurrir a los demás instrumentos que el presente Reglamento pone a su disposición (resoluciones, documentos públicos o transacciones judiciales) para lograr las finalidades del mismo. Conforme al considerando 80, estas finalidades u objetivos son: la libre circulación de las personas, la organización por los ciudadanos europeos de su sucesión en el contexto de la Unión, y la protección de los derechos de los herederos y legatarios y de las personas próximas al causante, así como de los acreedores de la sucesión.

Por último, en cuanto a la necesidad de aportar certificado del Registro de testamentos alemán, como recordara la Resolución de 24 de julio de 2019, ya ha señalado la DGRN, que la aplicación del Reglamento y el tratamiento que este concede a la validez material y formal de los títulos sucesorios en los artículos 26 y siguientes del instrumento europeo, hace –con las debidas cautelas derivadas del caso concreto– innecesaria la exigencia de su búsqueda en el Registro del Estado de su nacionalidad, si existiera, poco relevante por otra parte, habida cuenta del criterio general de la residencia habitual y la relevancia de la lex putativa aplicable a la validez de las disposiciones mortis causa durante toda la vida del causante. (vid. además Resolución de 10 de abril de 2017 y posteriores).
En el presente caso, adicionalmente, el pacto sucesorio por el que se rige la sucesión expresamente reconoce el compromiso contractual de que no podrá ser modificado, alterado ni rescindido conforme a su propia ley reguladora que determina además su admisibilidad, validez material, fuerza vinculante y posibilidad de desistimiento.

Por todo lo anterior, la DGSJyFP estima el recurso y revoca la calificación impugnada.

[BOE n. 246, de 14.10.2021]

DOUE de 13.10.2021

PARLAMENTO EUROPEO
(Sesiones del 11 al 13 de noviembre de 2020)

- Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2020, sobre el impacto de las medidas relacionadas con la COVID-19 en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (2020/2790(RSP))

Nota: Entre otras cuestiones, el PE pide a los Estados miembros (véase el número 4) que:
— se planteen la posibilidad de abandonar el estado de emergencia o, de no ser posible, la opción de limitar su impacto en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales,
— evalúen las normas constitucionales e institucionales en vigor en sus ordenamientos internos habida cuenta de las recomendaciones de la Comisión de Venecia, por ejemplo, pasando de un estado de emergencia de hecho basado en una legislación ordinaria a un estado de emergencia constitucional de Derecho, a fin de ofrecer mejores garantías de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales en caso de emergencia, definan mediante un acto legislativo, donde se mantenga el estado de emergencia de facto, los objetivos, el contenido y el alcance de la delegación de poderes desde el cuerpo legislativo hasta el ejecutivo,
— garanticen que tanto la declaración y posible prolongación del estado de emergencia, por un lado, como la activación y aplicación de los poderes de emergencia, por otro, estén sujetas a un control parlamentario y judicial efectivo, a nivel interno y externo, y que velen por que los Parlamentos estén facultados para suspender el estado de emergencia,
— garanticen que, en caso de que los poderes legislativos se transfieran al ejecutivo, todo acto jurídico promulgado por el ejecutivo sea objeto de una aprobación parlamentaria ulterior y deje de surtir efectos si no obtiene esa aprobación en un plazo determinado; aborden el uso excesivo de la legislación acelerada y de emergencia, una cuestión en la que también hace hincapié la Comisión en su informe de 2020 sobre el Estado de Derecho [COM(2020)0580],
— estudien la manera de elevar las garantías del papel decisivo de los Parlamentos en situaciones de crisis y emergencia, en particular en la supervisión y el control de la situación a escala nacional,
— tengan en cuenta el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la necesidad de que los Parlamentos celebren sus sesiones plenarias y de que no permitan la sustitución temporal de los diputados ni reduzcan su asistencia (aunque se haga conforme a criterios de proporcionalidad),
— estudien las reflexiones de la Comisión de Venecia sobre las elecciones y contemplen la posibilidad de recurrir a métodos de votación a distancia, como el voto por correo, las urnas móviles y el voto por poder, así como la votación anticipada, en particular en caso de pandemia.

[DOUE C415, de 13.10.2021]

- Posición (UE) n.o 35/2021 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto sobre sociedades por parte de determinadas empresas y sucursales — Adoptada por el Consejo el 28 de septiembre de 2021.

Nota: El Parlamento Europeo, en su Resolución de 26 de marzo de 2019 destacó la necesidad de una ambiciosa comunicación pública de información desglosada por países como un instrumento para mejorar la transparencia empresarial y aumentar el escrutinio público. En paralelo a los trabajos emprendidos por el Consejo para combatir la elusión del impuesto sobre sociedades, es necesario aumentar el escrutinio público del impuesto sobre sociedades abonado por empresas multinacionales que desempeñan actividades en la Unión, para seguir fomentando la transparencia y responsabilidad empresariales y contribuir así al bienestar de nuestra sociedad. Facilitar dicho escrutinio también es necesario para promover un debate público mejor informado, en particular, en torno al nivel de cumplimiento de las obligaciones fiscales de determinadas empresas multinacionales que operan en la Unión y las repercusiones del cumplimiento de las obligaciones fiscales en la economía real. El establecimiento de normas comunes sobre transparencia del impuesto sobre sociedades también serviría al interés económico general, al establecer garantías equivalentes en toda la Unión para la protección de los inversores, los acreedores y terceros en general, contribuyendo así a restaurar la confianza de los ciudadanos de la Unión en la equidad de los sistemas tributarios nacionales. Tal escrutinio público puede lograrse mediante un informe relativo al impuesto sobre sociedades, independientemente del lugar donde esté establecida la sociedad matriz última del grupo multinacional.
La publicidad de la información desglosada por países es un instrumento eficiente y adecuado para aumentar la transparencia en relación con las actividades de las empresas multinacionales y permitir que los ciudadanos valoren el impacto que estas tienen en la economía real. También mejora la capacidad de los accionistas para valorar debidamente los riesgos asumidos por las empresas, conduce a estrategias de inversión basadas en información precisa y contribuye a que aquellos que toman decisiones tengan más oportunidades para valorar la eficiencia y los efectos de la legislación nacional. El escrutinio público debe llevarse a cabo sin perjudicar el clima inversor ni la competitividad de las empresas de la Unión, incluidas las pequeñas y medianas empresas (pymes) contempladas en la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Véase la siguiente referencia de esta entrada.

- Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 35/2021 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información relativa al impuesto sobre sociedades por parte de determinadas empresas y sucursales.

Nota: Véase la referencia anterior.

[DOUE C416, de 13.10.2021]

DOUE de 12.10.2021

- Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.

Nota: El Consejo aprueba la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales que figura en el anexo I. En la lista del anexo I figuran los siguientes 9 países o territorios no cooperadores: Samoa Americana, Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu.
Por otro lado, refrenda la situación actual que se expone en el anexo II respecto de los compromisos asumidos por los países y territorios cooperadores a fin de aplicar principios de buena gobernanza fiscal.

Véanse las Conclusiones del Consejo de 5 de diciembre de 2017, las Conclusiones del Consejo de 12 de marzo de 2019 sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, las Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales de febrero de 2020, y las Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales de febrero de 2021, así como las entradas de este blog del día 19.12.2018, del día 26.3.2019, del día 27.2.2020 y del día 26.2.2021.

[DOUE C 413I, de 12.10.2021]

BOE de 12.10.2021

- Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

Nota: En esta disposición cabe destacar los siguientes preceptos:
- Artículo decimoprimero, número seis. Modifica la DF 2ª del Real Decreto-ley 17/2020, que, a su vez, modificaba la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. El número 1 de la DF 2ª modifica el artículo 2 de la Ley 49/2002, cuyas letras f) y g), consideran entidades sin fines lucrativos:

"f) Las entidades no residentes en territorio español que operen en el mismo con establecimiento permanente y sean análogas a algunas de las previstas en las letras anteriores.
Quedarán excluidas aquellas entidades residentes en una jurisdicción no cooperativa, excepto que se trate de un Estado miembro de la Unión Europea y se acredite que su constitución y operativa responden a motivos económicos válidos.
g) Las entidades residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados integrantes del Espacio Económico Europeo con los que exista normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sea de aplicación, sin establecimiento permanente en territorio español, que sean análogas a alguna de las previstas en las letras anteriores.
Quedarán excluidas aquellas entidades residentes en una jurisdicción no cooperativa, excepto que se acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos."

Igualmente, el número 3 de la DF 2ª modifica el artículo 5 de la Ley 49/2002, que pasa a tener el siguiente contenido:

"Artículo 5. Normativa aplicable.
En lo no previsto en este capítulo, serán de aplicación a las entidades sin fines lucrativos las normas del Impuesto sobre Sociedades.
No obstante, en el caso de entidades a que se refieren las letras f) y g) del artículo 2 de esta ley, se aplicará lo dispuesto en este capítulo y en el capítulo siguiente, entendiéndose hechas las referencias del Impuesto sobre Sociedades al Impuesto sobre la Renta de no Residentes. En lo no previsto en este capítulo, serán de aplicación las normas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes."

- Artículo decimoprimero, número diez. Añade a la Ley 49/2002 una disposición final undécima, que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. El apartado siete de la DF 11ª de la Ley 49/2002 modifica el apartado 6 del artículo 195 del TRLPI, que pasa a ser el apartado 7 tras el cambio de numeración. El nuevo apartado 7 del artículo 195 regula el incumplimiento de requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores. Así, el párrafo segundo de su letra b) establece:

"Cuando las infracciones hubieran sido cometidas por prestadores de servicios establecidos en Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo pero cuyos servicios se dirijan específicamente al territorio español, el órgano que hubiera impuesto la correspondiente sanción podrá ordenar a los prestadores de servicios de intermediación que tomen las medidas necesarias para impedir el acceso desde España a los servicios ofrecidos por aquellos por un período máximo de un año."

- Disposición final primera. Modifica la DA 14ª de la Ley 19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que regula los límites a las deducciones por gastos realizados, entre otras, por producciones extranjeras.

[BOE n. 244, de 12.10.2021]