Tribunal de Justicia de la Unión Europea

SENTENCIAS

-Asunto C-438/24, Erakond Eestimaa Rohelised: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de septiembre de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus – Estonia) – Erakond Eestimaa Rohelised (Procedimiento prejudicial – Artículos 17, apartado 1, 39 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – Principio de democracia – Derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo – Limitaciones al ejercicio de dicho derecho – Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo – Condiciones para presentarse a las elecciones – Obligación de depositar una fianza electoral – Presentación de candidaturas poco serias o frívolas – Objetivo disuasorio – Representatividad del electorado – Proporcionalidad del importe de dicha fianza a la vista de los objetivos perseguidos) [DO C, C/2026/5594, 9.11.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.9.2026.

- Asunto C-876/24, Vueling Airlines – Órgano jurisdiccional competente en caso de contrato de transporte aéreo nacional celebrado en línea: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de septiembre de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n.o 1 de Fuenlabrada – España) – I.G.V./Vueling Airlines, S. A. [Procedimiento prejudicial – Transporte aéreo de pasajeros y su equipaje – Reglamento (CE) n.o 2027/97 – Artículo 1 – Artículo 3, apartado 1 – Transporte aéreo en el interior de un Estado miembro – Convenio de Montreal – Artículo 33, apartado 1 – Órgano jurisdiccional competente – Lugar en que el transportista tiene una oficina por cuyo conducto se ha celebrado el contrato – Contrato de transporte celebrado en línea – Pérdida del equipaje] [DO C, C/2026/5598, 9.11.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.9.2026.

- Asunto C-139/25, Ishares Europe: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de septiembre de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) – Administración General del Estado / Ishares Europe ETF (Procedimiento prejudicial – Artículo 63 TFUE – Libre circulación de capitales – Imposición de los dividendos obtenidos por un fondo de inversión – Tipo impositivo – Diferencia de trato entre los fondos de inversión residentes y los fondos de inversión no residentes – Convenio fiscal bilateral para evitar la doble imposición – Neutralización de una posible restricción a la libre circulación de capitales mediante el convenio) [DO C, C/2026/5599, 9.11.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.9.2026.

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-731/26, Landkreis Fulda: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Alemania) el 3 de julio de 2026 – Landkreis Fulda / H. y O. [DO C, C/2026/5611, 9.11.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1. ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartados 1, letra a), y 2 de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie la protección temporal [en lo sucesivo, «Decisión de Ejecución (UE) 2022/382»], en relación con el artículo 2, letras c) y d), de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (en lo sucesivo, «Directiva 2001/55/CE»), en el sentido de que los nacionales ucranianos que antes del 24 de febrero de 2022 tuviesen su residencia en Ucrania dejan de estar comprendidos en el ámbito de aplicación personal de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382:
   — si antes de su entrada en la Unión Europea permanecieron legalmente en un tercer país (en el presente asunto, Georgia) durante un período superior a dos años (en el presente asunto, del 9 de abril de 2022 al 21 de abril de 2024), pero sin un permiso de residencia, y
   — durante dicho período sufragaron su sustento con los ingresos obtenidos del ejercicio de actividades por cuenta propia y por cuenta ajena, respectivamente, y con ayudas de una comunidad religiosa?
   ¿Se aplica la restricción del ámbito de aplicación personal únicamente cuando el nacional ucraniano que antes de solicitar protección en la Unión Europea permaneció en un tercer país tiene la posibilidad de retornar a este tercer país, y es necesario a tal efecto una valoración sobre el regreso, el estatuto de residencia y los medios de subsistencia en el tercer país?
2. ¿Se oponen la Directiva 2001/55/CE y la Decisión de Ejecución (EU) 2022/382, por la que se concreta dicha Directiva, a que se dicte una decisión de retorno a Ucrania con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (en lo sucesivo, «Directiva 2008/115/CE»)?"

- Asunto C-835/26, Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (Bélgica) el 29 de julio de 2026 – Ligue des droits humains ASBL y otros / Conseil des ministres. Otra parte en el procedimiento: Médecins sans Frontières ASBL [DO C, C/2026/5614, 9.11.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 8 de la Directiva 2008/115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, en su caso en relación con los artículos 1, 3, 4, 7 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se opone a medidas nacionales como la prevista en el artículo 74/23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Ley de 15 de diciembre de 1980 sobre la entrada en el territorio, la residencia, el establecimiento y la expulsión de los extranjeros), insertado por la loi du 12 mai 2024 «modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers sur la politique de retour proactive» (Ley de 12 de mayo de 2024 por la que se modifican la Ley de 15 de diciembre de 1980 sobre la entrada en el territorio, la residencia, el establecimiento y la expulsión de los extranjeros y la Ley de 12 de enero de 2007 relativa a la acogida de los solicitantes de asilo y de otras categorías de extranjeros en el marco de la política de retorno proactiva), que prevé la posibilidad de someter a los extranjeros, recurriendo, en su caso, a medidas coercitivas, a un reconocimiento médico obligatorio con vistas a la ejecución de una medida de retorno, siempre que dicho reconocimiento sea exigido como requisito de entrada o de tránsito por el país de destino o de tránsito o como requisito del viaje por el transportista responsable del traslado del extranjero, en el marco de una emergencia de salud pública de alcance internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud?
2) ¿Deben interpretarse los artículos 1, 3, 4, 7 y 35 de la Carta en el sentido de que se oponen a medidas nacionales como la prevista en el artículo 74/23 de la Ley de 15 de diciembre de 1980, antes citada, insertado mediante la Ley de 12 de mayo de 2024, antes citada, que prevé la posibilidad de someter a los extranjeros, recurriendo, en su caso, a medidas coercitivas, a un reconocimiento médico obligatorio con vistas a la ejecución de una medida de retorno, siempre que dicho reconocimiento sea exigido como requisito de entrada o de tránsito por el país de destino o de tránsito o como requisito del viaje por el transportista responsable del traslado del extranjero, en el marco de una emergencia de salud pública de alcance internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud?"

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BOE de 9.11.2026

- Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.

Nota: La Ley 40/2006, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, prevé el posterior desarrollo reglamentario de su contenido de forma explícita en varios de sus preceptos. Desde su aprobación hasta el momento actual, el marco jurídico básico establecido por la Ley 40/2006 ha sido desarrollado en una serie de normas de diverso rango.
Este entramado normativo, de tan dispar antigüedad y contenido, es el que el presente real decreto se propone, al menos parcialmente, actualizar, modificar o derogar, a fin de dotar a la Ley 40/2006 de un desarrollo reglamentario acorde con la realidad social, económica, demográfica, laboral y sanitaria del momento actual y adaptado a lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, atendiendo, especialmente, a la adopción de medidas dirigidas a la protección de las mujeres frente a todo tipo de violencia, así como a la protección de las personas que se encuentren en situación de exclusión social. 

El reglamento que aprueba este real decreto consta de ciento cinco artículos, estructurados en cinco títulos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
El título preliminar reglamento desarrolla a su vez el título preliminar de la Ley 40/2006. En este título se define el objeto de la norma y el ámbito subjetivo, con una especial mención a la igualdad de género y a la protección a las víctimas españolas de violencia contra las mujeres residentes en el exterior. Por otra parte, en este título se determinan los conceptos de retorno y de persona española retornada, así como su forma de acreditación, incorporando, como novedad, un nuevo certificado de persona española retornada que permitirá acceder a la ayuda para el retorno de los nacionales españoles de origen en situación de vulnerabilidad económica, a que se refiere la disposición final primera, así como al resto de políticas de retorno contempladas en el reglamento.
El título I regula los derechos de participación de los nacionales españoles en el exterior y retornadas, desarrollando los artículos 9 a 14 de la Ley 40/2006. Concretamente, los órganos de participación son el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, regulado por el Real Decreto 230/2008 y, por otra parte, los Consejos de Residentes Españoles, cuyo funcionamiento es objeto del Real Decreto 1960/2009.
El título II desarrolla el capítulo II de la Ley 40/2006, relativo a derechos sociales y prestaciones. Además, incorpora diversas normas dispersas que regulan diversas prestaciones, en un esfuerzo de sistemática jurídica. Concretamente son las prestaciones por razón de necesidad, realizándose un cambio de denominación en la actual "prestación económica por ancianidad para residentes en el exterior", que pasa a denominarse "prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años" y la asistencia sanitaria.
Por otra parte, se enumeran las posibles líneas prioritarias de subvenciones para la ciudadanía española residente en el exterior y retornada, las cuales podrán ser objeto de futuras órdenes de bases. Además, se detallan el derecho a la información, los derechos sociales y los derechos relativos a la educación y a la cultura de los nacionales españoles residentes en el exterior. Finalmente, en este título se recogen también los elementos esenciales de las ayudas consulares para nacionales españoles residentes en el exterior o que se encuentren en el extranjero, así como los programas de subvenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el ámbito de la protección de la ciudadanía española en el exterior.
El título III atiende por primera vez la política integral de retorno, prevista en el título II de la Ley 40/2006, que no ha sido nunca objeto de desarrollo general por un real decreto. Anteriormente sólo se han recogido, de manera específica, el desarrollo de la pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados del artículo 25 del Real Decreto 8/2008 y las ayudas reguladas en el Real Decreto 1493/2007. En este sentido, la política de retorno encuentra fundamento expreso en el artículo 42 de la Constitución Española y adquiere una renovada centralidad a la vista de los procesos de salida de nacionales españoles producidos, singularmente, a partir de la crisis económica de 2008.
El título IV se dedica a la coordinación de las Administraciones públicas y al impulso de la administración electrónica. Este título, en lo que se refiere a la coordinación de las Administraciones públicas, viene a desarrollar a su vez el título III de la Ley 40/2006, dedicado a las relaciones entre Administraciones públicas. En el momento actual, las comunidades autónomas cuentan con sus propias políticas de ciudadanía exterior y retorno. Por tanto, la necesidad de colaboración y coordinación es mayor y afecta ya a muchos de los ámbitos de la gestión cotidiana, especialmente en el ámbito prestacional y de las subvenciones. El artículo 105 acoge la necesidad de que las Administraciones públicas impulsen de forma específica la administración electrónica para los trámites que deban realizar los españoles residentes en el exterior, al ser los medios electrónicos especialmente importantes para ellas debido a las mayores distancias existentes para poder recibir una atención presencial en las oficinas de las Administraciones públicas en el exterior. 

El presente real decreto y el reglamento entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE (DF 3ª del Real Decreto).

[BOE n. 279, de 9.11.2026]

 

Bibliografía - Novedad editorial

 En la editorial Atelier acaba de publicarse la obra colectiva "Cuestiones actuales de Derecho Civil y Derecho Internacional Privado de especial relevancia para el notariado español", coordinada por Carmen Rodríguez Pérez, María Ángeles Sánchez Jiménez y Juan Antonio Fernández Campos.

La obra recoge, sustancialmente, las ponencias de los diversos seminarios organizados por la Cátedra de Derecho Notarial de Murcia, resultado del convenio suscrito entre el Colegio Notarial de Murcia y la Universidad de Murcia en marzo de 2023, durante sus tres años de existencia.
Los seminarios de la Cátedra de Derecho Notarial de Murcia han tratado las cuestiones vinculadas al Derecho Civil y al Derecho Internacional Privado que preocupan en el ejercicio diario de la función notarial, abordando los temas con la doble perspectiva del conocimiento teórico aportado por los académicos, y el conocimiento práctico vertido por los notarios.
Estos seminarios se han convertido en un foro de fructífero debate e intercambio de conocimientos. Los temas tratados en la presente obra analizan la figura del contador partidor dativo, la ley aplicable a la sucesión mortis causa en el Reglamento europeo 650/2012, la función y fundamento de la legítima, la responsabilidad de los bienes gananciales, la competencia judicial internacional y la ley aplicable al divorcio transnacional, el reconocimiento de la escritura de divorcio del notario español en el ámbito europeo, el Reglamento eIDAS 2.0, la posibilidad de que el notario plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE, los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) y la actividad notarial, la creación intelectual ante la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial en el ejercicio profesional del notario; con un enfoque que interesa tanto a los profesionales del Derecho como a los investigadores jurídicos.

Extracto del índice de la obra:

BLOQUE I. DERECHO DE SUCESIONES
- Carmen Leonor García Pérez, El contador partidor dativo. Análisis de los presupuestos exigidos en el artículo 1057.2 CC e hipótesis para fomentar esta vía de salida de la indivisión.
- Andrés Rodríguez Benot, La ley aplicable a la sucesión mortis causa en el Reglamento UE 650/2012: especial referencia a la legítima.
- Rafael Verdera Server, Función y fundamento de la legítima sucesoria.

BLOQUE II. DERECHO DE FAMILIA
- Antonio Botía Valverde, La responsabilidad de los gananciales y el principio de igualdad entre cónyuges.
- María Ángeles Sánchez Jiménez, Divorcio transnacional ante autoridad notarial española. Competencia judicial y determinación de la ley aplicable.
- María Ángeles Rodríguez Vázquez, El reconocimiento de la escritura de divorcio de la autoridad notarial española en el espacio europeo.

BLOQUE III. DERECHO EUROPEO
- Pilar Blanco-Morales Limones, El reglamento eIDAS 2.0: Identidad digital, declaraciones electrónicas de atributos y seguridad jurídica en el mercado interior.
- Pilar Jiménez Blanco, ¿Puede un notario plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

BLOQUE IV. LOS MASC
- Gemma García-Rostán Calvín, MASC, Escritura pública y ejecución forzosa.
- Manuel Antonio Seda Hermosín, El notario ante los nuevos MASC

BLOQUE V. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
- Carlos Marín Calero, La profesión de Notario, la atención al usuario y la inteligencia artificial.
- Margarita Orozco González, Entre autores y algoritmos: El futuro de la protección jurídica de la creación intelectual.

Ficha:

C. Rodríguez Pérez, M.Á. Sánchez Jiménez, J.A. Fernández Campos (coords.), 
"Cuestiones actuales de Derecho Civil y Derecho Internacional Privado de especial relevancia para el notariado español"
Editorial Atelier, Barcelona 2026. 
324 págs.
ISBN: 979-13-88510-35-9
Descarga de la obra en Open Access [aquí]

 

Bibliografía - El asilo español después del Pacto o cuando una instrucción administrativa reescribe la Ley

 

- El asilo español después del pacto o cuando una instrucción administrativa reescribe la Ley
José Mª Pey González, Abogado del Iltre. Colegio de Vizcaya y del Servicio de Inmigración del Iltre. Ayuntamiento de Baracaldo, Vocal de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE por el Consejo Vasco de la Abogacía, Profesor del MUAAP de la Universidad de Deusto y de la EPJ Pedro Ibarreche
Diario LA LEY, Nº 11040, Sección Tribuna, 6 de Noviembre de 2026

La plena aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo ha comenzado a proyectar efectos inmediatos sobre el sistema español de protección internacional. Las Instrucciones dictadas por la Subsecretaría del Interior el 11 de junio constituyen probablemente la primera manifestación práctica de esta transformación. Bajo la premisa de la primacía y aplicabilidad directa de los Reglamentos (UE) 2024/1348 y 2024/1351, la Administración redefine la tramitación de las solicitudes de asilo, amplía el alcance del procedimiento fronterizo, reordena las competencias internas y llega incluso a declarar incompatible el recurso administrativo de reposición con el nuevo modelo europeo. El presente trabajo analiza el alcance jurídico de estas instrucciones, sus fundamentos normativos y las importantes dudas que suscitan desde la perspectiva de la seguridad jurídica, la reserva de ley y la tutela judicial efectiva.

 

DOUE de 6.11.2026

- Posición (UE) n.° 13/2026 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican el Reglamento (UE) 2023/1114 y la Directiva 98/26/CE y se derogan las Directivas 2009/110/CE y (UE) 2015/2366 (Texto pertinente a efectos del EEE)
[DO C, C/2026/5934, 6.11.2026]

Nota: Desde la adopción de la Directiva (UE) 2015/2366, el mercado de servicios de pagos minoristas ha experimentado cambios significativos relacionados en gran medida con la creciente utilización de tarjetas y otros medios de pago digitales, la disminución del uso de efectivo y la presencia cada vez mayor de nuevos agentes y servicios, como las carteras digitales y los pagos sin contacto. La pandemia de COVID-19 y los cambios que ha producido en las prácticas de consumo y pago han aumentado la importancia de contar con pagos digitales seguros y eficientes.
La Directiva (UE) 2015/2366 tenía por objeto eliminar los obstáculos a los nuevos tipos de servicios de pago y mejorar el nivel de protección y seguridad de los consumidores. La evaluación de los efectos y la aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 realizada por la Comisión puso de manifiesto que dicha Directiva ha alcanzado en buena medida muchos de sus objetivos, pero también detectó algunos ámbitos en los que estos no se han cumplido. En particular, dicha evaluación detectó problemas relacionados con la aplicación y el cumplimiento divergentes de dicha Directiva, que han afectado directamente a la competencia entre los proveedores de servicios de pago, al da lugar a condiciones normativas en efecto diferentes en los distintos Estados miembros debido a interpretaciones diferentes de las normas, lo que ha fomentado el arbitraje regulador.
No debe haber margen para la búsqueda de un foro de conveniencia, por la cual un proveedor de servicios de pago elegiría como país de origen un Estado miembro en el que la aplicación de las normas de la Unión sobre servicios de pago le resulte más ventajosa y al mismo tiempo prestaría servicios transfronterizos en Estados miembros que interpreten de forma más estricta dichas normas o apliquen políticas más activas de garantía del cumplimiento con respecto a los proveedores de servicios de pago establecidos en ellos. Dicha práctica falsea la competencia. Por consiguiente, deben armonizarse en mayor medida las normas de la Unión sobre servicios de pago las normas que regulan la prestación de servicios de pago y separándolas de las normas sobre autorización y supervisión de las entidades de pago, que deben regirse por la presente Directiva.

Véase la siguiente referencia de esta entrada. 

- Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 13/2026 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios de pago y los servicios de dinero electrónico en el mercado interior y por la que se modifica la Directiva 98/26/CE y se derogan las Directivas (UE) 2015/2366 y 2009/110/CE
[DO C, C/2026/5935, 6.11.2026]

 

BOE de 6.11.2026

- Acuerdo entre el Principado de Andorra y el Reino de España en materia de acceso a la educación secundaria postobligatoria y a la educación superior no universitaria, hecho en Madrid y Andorra la Vella el 23 de julio de 2026.

Nota: Este acuerdo tiene por objeto facilitar el mutuo reconocimiento de los títulos, diplomas y certificados que constituyen los requisitos de acceso a la educación secundaria postobligatoria y a la educación superior no universitaria en el sistema educativo de cada una de las Partes (art. 1).

El acuerdo entró en vigor el 23 de septiembre de 2026, es decir, hace un mes y medio (!!).

- Ley del Principado de Asturias 8/2026, de 15 de octubre, de Infancia y Adolescencia.

Nota: Esta ley se aplica a todas los menores de dieciocho años, a los que se refiere esta ley como niños y adolescentes, que residan o se encuentren transitoriamente en el territorio de la Comunidad Autónoma, con independencia de cuál sea su situación administrativa (art. 2.1).
El artículo 24.3 prevé que los menores de edad extranjeros tendrán derecho, con independencia de su situación administrativa, a los servicios y recursos públicos que faciliten su atención e integración familiar, social, lingüística y cultural.
El artículo 104 se ocupa de los niños y adolescentes extranjeros no acompañados. La intervención con estos menores de edad perseguirá siempre de forma preferente, una vez evaluado su interés superior, su retorno a la familia de origen. Cuando ello no sea posible o conveniente, se optará por acordar una medida de protección y ejercerla en acogimiento familiar o residencial, según proceda, sin perjuicio de que la posibilidad de retorno a la familia de origen en un momento posterior se pueda materializar.

[BOE n. 277, de 6.11.2026]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (5.11.2026)

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 5 de noviembre de 2026, en el asunto C‑344/25 (Eurovo): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales — Reglamento (CE) n.º 864/2007 — Artículo 5, apartado 1 — Responsabilidad por productos — Determinación del lugar de comercialización del producto — Lugar de adquisición del producto de un distribuidor o de entrega al cliente final por un transportista — Concepto de “producto” — Parte integrante de un producto acabado.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»),
debe interpretarse en el sentido de que
el lugar de comercialización de un producto, a efectos de dicha disposición, no es solo aquel en el que el producto sale de la fábrica del fabricante, sino también aquel en el que la persona perjudicada adquiere el producto de un distribuidor o aquel en el que un transportista le entrega el producto.
2) El artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.º 864/2007
debe interpretarse en el sentido de que
el concepto de «producto comercializado», a efectos de dicha disposición, también comprende un producto que constituye una parte integrante de una instalación técnica."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 5 de noviembre de 2026, en el asunto C‑716/24 [Ponner]: Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.º 655/2014 — Procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas — Artículo 2, apartado 2, letra c) — Ámbito de aplicación — Apertura de un procedimiento de insolvencia en un tercer país — Artículo 14, apartados 1, párrafo primero, y 3 — Obligación de fundamentar la petición a efectos de obtención de información sobre cuentas bancarias — Elementos pertinentes — Circunstancias que permiten concluir, de manera general, que existen vínculos económicos sólidos entre el deudor y el Estado miembro de que se trate.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil, a la luz de su considerando 8,
debe interpretarse en el sentido de que
no excluye del ámbito de aplicación de dicho Reglamento los créditos frente a un deudor respecto del cual se ha iniciado un procedimiento de insolvencia en un tercer país, de modo que no excluye la emisión de una orden de retención con arreglo al artículo 7, apartado 1, de ese Reglamento ni la transmisión de una petición de información sobre cuentas bancarias con arreglo al artículo 14, apartado 3, del mismo Reglamento, en el supuesto de que el Derecho nacional del Estado miembro competente para dictar esa orden reconozca ese procedimiento de insolvencia.
2) El artículo 14, apartados 1, párrafo primero, y 3, del Reglamento n.º 655/2014
debe interpretarse en el sentido de que,
para determinar si el acreedor «[tiene] motivos fundados para creer que el deudor mantiene una o varias cuentas en un banco en un Estado miembro determinado» y si la petición, presentada por el acreedor, a efectos de obtener información sobre las cuentas de que se trata está «bien fundada», han de tenerse en cuenta circunstancias que, sin indicar concretamente la existencia de una cuenta bancaria en el Estado miembro de que se trate, permiten, no obstante, demostrar la existencia de vínculos económicos acreditados entre el deudor y dicho Estado miembro."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. RIMVYDAS NORKUS, presentadas el 5 de noviembre de 2026, en el asunto C‑298/25 (Ofsets): [Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia)] Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Convenio de Roma — Conflicto de leyes — Ley aplicable a las obligaciones contractuales — Reglamento (CE) n.º 864/2007 — Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales — Ámbito de aplicación ratione materiae — Calificación de la acción de indemnización por ruptura repentina de relaciones comerciales establecidas.

Nota: El AG propone al Tribunal que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada:
"El artículo 1, apartado 1, del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, y el artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II),
deben interpretarse en el sentido de que
la ley aplicable a la acción de indemnización por ruptura repentina de las relaciones comerciales establecidas se determina con arreglo a dicho Convenio."

- CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL SRA. LAULHÉ SHAELOU, presentadas el 5 de noviembre de 2026, en el asunto C‑533/25 (F Corporation): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo de lo Tributario, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Artículos 49 TFUE y 65 TFUE — Convenio entre la República Federal de Alemania y Japón para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y otros impuestos — Retención del impuesto sobre los rendimientos del capital — Restricción — Justificación — Razones imperiosas de interés general — Devolución — Carga de la prueba.

Nota: La AG propone al Tribunal que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas del siguiente modo:
"1) Una normativa nacional en virtud de la cual los dividendos pagados por una sociedad residente en un Estado miembro a su sociedad matriz establecida en un tercer país están sujetos a una retención en origen definitiva debe apreciarse a la luz de la libre circulación de capitales, garantizada por el artículo 63 TFUE, cuando dicha normativa se aplica con independencia de la magnitud o del alcance jurídico de la participación que la sociedad matriz posea.
2) Una normativa nacional que establece una retención en origen que tiene un efecto liberatorio sobre los dividendos abonados por sociedades residentes a sociedades establecidas en un tercer país, que no se aplica a los dividendos abonados por sociedades residentes a otras sociedades residentes, constituye una restricción a la libre circulación de capitales en el sentido del artículo 63 TFUE, apartado 1. No obstante, tal restricción es compatible con el Derecho de la Unión en virtud del artículo 64 TFUE, apartado 1, siempre que haya existido ininterrumpidamente desde el 31 de diciembre de 1993 y afecte a los movimientos de capitales que supongan inversiones directas.
3) Una normativa nacional que establece una retención en origen definitiva sobre los dividendos pagados por una sociedad establecida en ese Estado miembro a sociedades constituidas en un tercer país no puede justificarse por razones imperiosas de interés general, como la preservación de un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros y los países terceros, o la necesidad de evitar una doble ventaja fiscal, debido a la falta de reciprocidad, de una carga fiscal comparable o de un marco fiscal similar en el tercer país.
4) El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, permite a las autoridades tributarias exigir a una sociedad establecida en un tercer país que pruebe el importe preciso del impuesto sobre sociedades recaudado en ese Estado miembro que no puede imputarse al impuesto sobre sociedades adeudado en su país de establecimiento."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. RIMVYDAS NORKUS, presentadas el 5 de noviembre de 2026, en el asunto C‑544/25 (ACC Business Development: [Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Timişoara (Tribunal Superior de Timișoara, Rumanía)] Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2008/104/CE — Trabajo a través de empresas de trabajo temporal — Normativa nacional que exige un permiso de trabajo para los nacionales de terceros países — Solicitud de permiso de trabajo presentada por el empleador — Obligación de dicho empleador de ejercer la actividad para la que se solicita el permiso — Normativa que tiene por efecto impedir a las empresas de trabajo temporal contratar a nacionales de terceros países como trabajadores cedidos por tales empresas.

Nota: El AG propone al Tribunal que responda a la cuestión prejudicial planteada del siguiente modo:
"La Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que tiene por efecto impedir que una empresa de trabajo temporal contrate a nacionales de terceros países como trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal al exigir que dichos nacionales de terceros países dispongan de un permiso de trabajo cuya expedición está supeditada a una solicitud presentada por un empleador que ejerza él mismo la actividad para la que se solicita dicho permiso de trabajo."

Bibliografía - España vs. Italia (espacio Schengen)

 

- España vs. Italia (espacio Schengen). Estado actual de la cuestión
Isaac Ibáñez García, Abogado
Diario LA LEY, Nº 11039, Sección Tribuna, 5 de Noviembre de 2026

Cada vez son más las voces que denuncian la indebida politización del ejercicio por la Comisión Europea de su función de guardiana de los Tratados. Buena muestra de ello es la reciente denuncia suscrita por más de un centenar de académicos y cinco antiguos dirigentes de la UE, que cuestiona la actuación de la Comisión en el desempeño de su responsabilidad de velar por el cumplimiento del Derecho de la Unión, a raíz del restablecimiento de los controles fronterizos entre Italia y España tras la invasión de Ceuta. La denuncia sostiene que ha llegado el momento de poner límites al amplísimo margen de discrecionalidad del que dispone la Comisión a la hora de decidir cómo y cuándo hacer cumplir el Derecho de la Unión. Esta exigencia resulta especialmente apremiante en aquellos supuestos en los que las personas afectadas carecen de vías efectivas y realistas para exigir responsabilidades a los Estados miembros que vulneran las normas comunitarias.

 

BOE de 5.11.2026

- Resolución de 22 de octubre de 2026, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de enero de 2022, para la elaboración de las estadísticas de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea (Intrastat).

Nota: El Reglamento (UE) n. 2019/2152 relativo a las estadísticas empresariales europeas estableció las normas aplicables a diversas estadísticas europeas, entre las que se incluyen las relativas al comercio internacional de bienes dentro de la Unión, que a su vez forman parte de las estadísticas empresariales europeas.
El suministro de la información por parte de los operadores del comercio internacional de bienes dentro de la Unión requiere la modernización de la infraestructura tecnológica actual, mediante la sustitución de un modelo de comunicaciones basado en el estándar EDIFACT, por un modelo de integración basado en servicios web. Esta medida posibilitará la implantación de un modelo de comunicaciones fundamentado en estándares abiertos y ampliamente extendidos que facilitará la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos y simplificará los procesos de integración informática.
Se procede ahora a modificar las instrucciones para la formalización de la declaración Intrastat, aprobadas por la Resolución de 24 de enero de 2022 (véase la entrada de este blog del día 28.1.2022).

[BOE n. 276, de 5.11.2026]

 

Bibliografía - La responsabilidad del proveedor de servicios de pago por operaciones no autorizadas tras la STJUE en el asunto C-70/25

 

- La responsabilidad del proveedor de servicios de pago por operaciones no autorizadas tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de octubre de 2026 (asunto C-70/25, Tukowiecka): negligencia grave del usuario y reembolso inmediato
Francisco Javier Sospedra Beltrán, Juez
Diario LA LEY, Nº 11038, Sección Tribuna, 4 de Noviembre de 2026
[Texto del trabajo]

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de octubre de 2026 (asunto C-70/25, Tukowiecka) interpreta los artículos 73 y 74 de la Directiva (UE) 2015/2366 en el sentido de que el proveedor de servicios de pago no puede negarse al reembolso inmediato de las cantidades dispuestas mediante una operación no autorizada alegando la negligencia grave del usuario. El pronunciamiento determina que la única excepción que puede oponer el banco para no reembolsar de forma inmediata al titular de una cuenta bancaria que ha sufrido un phishing, vishing, smishing, spoofing o cualquier otra operación análoga es la existencia de motivos razonables para sospechar fraude, comunicados por escrito a la autoridad competente. Ello no implica que la entidad deba soportar en todo caso la pérdida, pues conserva la posibilidad de reclamar frente al usuario con posterioridad al reembolso. El artículo analiza la resolución del Tribunal de Luxemburgo, su proyección sobre los artículos 45 y 46 del Real Decreto-ley 19/2018 y la jurisprudencia interna que hasta ahora venía admitiendo la negligencia grave como causa liberadora de la obligación de reembolso, así como sus previsibles efectos sobre los procesos civiles, tanto en los procedimientos en curso como en los futuros, en los que será el operador bancario quien, previo reembolso y MASC, deba dirigirse frente al usuario asumiendo la carga de probar su negligencia grave.

 

DOUE de 4.11.2026

- Decisión (UE) 2026/2484 del Consejo, de 29 de octubre de 2026, por la que se autoriza la apertura de negociaciones con miras a acuerdos entre la Unión Europea y Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Panamá y Perú sobre la cooperación entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y las autoridades competentes en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal de dichos terceros Estados
[DO L, 2026/2484, 4.11.2026]

Nota: En virtud del artículo 52 del Reglamento (UE) 2018/1727, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) podrá entablar y mantener relaciones de cooperación con autoridades de terceros países y organizaciones internacionales.
Mediante el presente acto se autoriza la apertura de negociaciones con miras a acuerdos entre la Unión Europea y Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Panamá y Perú sobre la cooperación entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y las autoridades competentes en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal de estos terceros Estados.
Dichos países han sido seleccionados sobre la base de una evaluación de las necesidades operativas determinadas en la Estrategia de Eurojust para el período 2024-2027, la necesidad de garantizar la coherencia en las relaciones de las agencias y organismos de justicia y asuntos de interior de la Unión con dichos países y los intereses estratégicos relacionados con la seguridad de la Unión, en particular en los ámbitos de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

- Corrección de errores del Reglamento (UE) 2026/715 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2026, sobre los diseños de la Unión Europea (DO L, 2026/715, 30.3.2026)
[DO L, 2026/90944, 4.11.2026]

Nota: Véase el Reglamento (UE) 2026/715 sobre los diseños de la Unión Europea, así como la entrada de este blog del día 30.3.2026.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (3.11.2026)

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), de 3 de noviembre de 2026, en el asunto C‑583/24 [Tagu]: Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 1, apartado 3 — Obligación de respetar los derechos fundamentales — Artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Principio de proporcionalidad de los delitos y las penas — Proporcionalidad de la pena privativa de libertad con respecto al delito objeto de la orden de detención europea — Posibilidad de denegar la ejecución de la orden de detención europea por una violación de ese principio — Violación manifiesta y grave — Inexistencia.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 1, apartados 2 y 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, interpretada a la luz del artículo 49, apartados 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a que la autoridad judicial de ejecución deniegue la ejecución de una orden de detención europea dictada con el fin de ejecutar una pena privativa de libertad por considerar que esa pena es desproporcionada habida cuenta de las circunstancias específicas que caracterizan el delito que dio lugar a dicha pena, cuando tal autoridad no disponga de elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados que pongan de manifiesto un riesgo real de violación, en el Estado miembro emisor, del principio de proporcionalidad de los delitos y las penas consagrado en la referida disposición de la Carta de los Derechos Fundamentales, debido a la existencia, bien de deficiencias sistémicas o generalizadas, bien de deficiencias que afecten más específicamente a un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el interesado. Tales deficiencias solo pueden constatarse cuando la normativa o la práctica jurisprudencial del Estado miembro emisor sobre cuya base se haya dictado la pena privativa de libertad de que se trate viole ese principio de manera manifiesta y grave —en particular, porque no permiten al órgano jurisdiccional competente de dicho Estado miembro emisor tener en cuenta las circunstancias individuales del caso concreto relacionadas con la gravedad del delito cometido a efectos de la modulación de la pena impuesta, en su caso, dentro de la horquilla establecida por la mencionada normativa o de las posibilidades de reducción de la pena previstas en ella o mediante una recalificación de la infracción— y no exista, en el referido Estado miembro, un recurso judicial efectivo que permita subsanar tal violación."

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Tribunal de Justicia de la Unión Europea

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-816/26, Picuso: Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte costituzionale (Italia) el 23 de julio de 2026 – M.C. S. y C.D.L., en calidad de personas que ejercen la responsabilidad parental sobre el menor A.V.D.L., y otros / Presidente del Consiglio dei Ministri [DO C, C/2026/5482, 3.11.2026]

Cuestión prejudicial:
"¿Se oponen el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a la adopción de una normativa, como la prevista en el artículo 3 bis de la legge 5 febbraio 1992, n.o 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) (Ley de 5 de febrero de 1992, n.o 91, Nuevas Normas sobre la Nacionalidad), introducido por el artículo 1, apartado 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n.o 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) (Decreto-ley de 28 de marzo de 2025, n.o 36, Disposiciones Urgentes en Materia de Nacionalidad), convalidado, con modificaciones, por la legge 23 maggio 2025, n.o 74 (Ley de 23 de mayo de 2025, n.o 74), en la medida en que establece una prohibición inicial de adquisición de la nacionalidad italiana a una persona nacida en el extranjero, incluso antes de la fecha de entrada en vigor de dicho artículo, y que tenga otra nacionalidad, a menos que concurra alguno de los requisitos establecidos a continuación de dicha disposición?"

DOUE de 3.11.2026

- Directiva (UE) 2026/2383 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2026, por la que se modifican las Directivas 2009/43/CE y 2009/81/CE en lo que respecta a la simplificación de las transferencias intra-UE de productos relacionados con la defensa y a la simplificación de la contratación en materia de seguridad y defensa
[DO L, 2026/2383, 3.11.2026]

Nota: Para alcanzar los objetivos de aumentar la preparación en materia de defensa de los Estados miembros y de la Unión y de mejorar el funcionamiento del mercado interior, es esencial simplificar y armonizar la normativa, fomentando la autonomía estratégica, la transparencia y la rendición de cuentas de la Unión. Al racionalizar y armonizar los marcos reglamentarios, la Unión puede crear un entorno más propicio para que las industrias de defensa, incluidas las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas de mediana capitalización, operen, crezcan, innoven y generen las capacidades necesarias para garantizar la seguridad y la preparación en materia de defensa europeas. El Libro Blanco conjunto esbozó los objetivos de esta simplificación de la legislación que afecta a la preparación en materia de defensa.
Un sistema de transferencia para productos relacionados con la defensa que funcione correctamente en todos los Estados miembros es un requisito previo para un mercado de este tipo de productos a escala de la Unión. Este fomentará la cooperación intra-UE entre entidades económicas, organizaciones de investigación e innovadores que operen en el ámbito de la defensa, mejorando la transferencia de conocimientos entre entidades de toda la Unión, fomentando la innovación y reforzando el mercado interior. La eliminación de obstáculos y barreras innecesarios impulsará el desarrollo de tecnologías disruptivas y procesos industriales innovadores. De este modo, abordará las lagunas críticas en materia de preparación, fomentando un sector europeo de la defensa más dinámico, competitivo y ágil.
Las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Unión requieren una autorización previa mediante licencias de transferencia generales, globales o individuales concedidas o publicadas por el Estado miembro desde cuyo territorio el proveedor desea transferir los productos relacionados con la defensa. Los Estados miembros pueden eximir a las transferencias de productos relacionados con la defensa de la obligación de autorización previa en los casos específicos indicados en la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Para garantizar que un mayor gasto también derive en mayores capacidades, procede simplificar determinadas disposiciones de la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que regula la contratación de obras, bienes y servicios de defensa y de seguridad sensibles, manteniendo al mismo tiempo un mercado de defensa a escala de la Unión que funcione correctamente.

Véase la última referencia de esta entrada. 

- Reglamento Delegado (UE) 2026/1741 de la Comisión, de 15 de julio de 2026, por el que se modifica el anexo del Reglamento (UE) 2019/287 del Parlamento Europeo y del Consejo
[DO L, 2026/1741, 3.11.2026]

Nota: El Reglamento (UE) 2019/287 establece disposiciones para la aplicación de cláusulas bilaterales de salvaguardia y otros mecanismos que permiten la retirada temporal de preferencias, contenidos en determinados acuerdos comerciales celebrados entre la Unión Europea y uno o varios terceros países. Las disposiciones del Reglamento (UE) 2019/287 se aplican sin perjuicio de cualesquiera disposiciones específicas, contenidas en esos acuerdos comerciales, que no se ajusten a lo dispuesto en dicho Reglamento. Estas disposiciones específicas contenidas en determinados acuerdos comerciales se enumeran en el anexo del Reglamento (UE) 2019/287.
La Unión Europea y el MERCOSUR han celebrado un Acuerdo de Libre Comercio, que contiene determinadas disposiciones sobre salvaguardias bilaterales que no se ajustan al Reglamento (UE) 2019/287 (véase la entrada de este blog del día 27.2.2026). En lo que respecta a los productos agrícolas, el Consejo adoptó, el 11 de marzo de 2026, el Reglamento (UE) 2026/687, que entró en vigor el 8 de abril de 2026. En cuanto a los productos no agrícolas, el Acuerdo UE-MERCOSUR contiene disposiciones específicas sobre salvaguardias bilaterales y otros mecanismos. 
En vista de todos los cambios y con el objetivo de garantizar la transparencia y la legibilidad, estas disposiciones deben añadirse al anexo del Reglamento (UE) 2019/287.

- Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la simplificación de las transferencias intra-UE de productos relacionados con la defensa y la simplificación de la contratación en materia de seguridad y defensa
[DO C, C/2026/5559, 3.11.2026]

Nota: Véase la primera referencia de esta entrada.

BOE de 2.11.2026

- Resolución de 7 de octubre de 2026, de la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, por la que se procede al cierre de la tramitación de expedientes de adopción internacional con la República de Lituania.

Nota: En cumplimiento de lo determinado en el artículo 6 del Real Decreto 573/2023, por el que se aprueba el Reglamento de adopción internacional, la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia solicitó informe sobre la situación de la adopción internacional en Lituania al Ministerio de Asuntos Exteriores, recibiéndose informe procedente de la Embajada de España en Vilnius el 29 de abril de 2026. En el citado informe se concluye que no existe la posibilidad de que las familias españolas, residentes en España, puedan solicitar la adopción de menores lituanos en dicho país debido a que en España no existe organismo acreditado para intermediar en los procesos de adopción en la República de Lituania. Además, se informa de que, en la actualidad, continúan operando cuatro organismos de distintos países (Canadá, Estados Unidos, Italia y Nueva Zelanda), y que es muy probable el cierre de alguno de ellos debido a la disminución de los casos de adopción. Así pues, se procede al cierre de la tramitación de expedientes de adopción internacional Lituania.

- Resolución de 7 de octubre de 2026, de la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, por la que se procede al cierre de la tramitación de expedientes de adopción internacional con la República de Moldavia.

Nota: De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 573/2023, por el que se aprueba el Reglamento de Adopción internacional, la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia solicitó informe sobre la situación de la adopción internacional en Moldavia al Ministerio de Asuntos Exteriores, recibiéndose informe de la Embajada de España en Bucarest el 14 de mayo de 2026. En dicho informe se expone el marco legislativo del país, las necesidades de adopción internacional, el perfil de las personas menores de edad susceptibles de ser adoptadas internacionalmente, las vías de tramitación de expedientes y las circunstancias que pudieran impedir o condicionar las adopciones internacionales. Moldavia únicamente acepta la tramitación de adopciones internacionales, por parte de extranjeros, a través de organismos acreditados. En España, desde que hace años desapareció la entidad que intermediaba en el país, no hay ningún organismo acreditado para la tramitación de ofrecimientos de adopción internacional, ni familias que se hayan interesado por el país dados los perfiles de los niños moldavos susceptibles de adopción. Por todo ello, se procede al cierre de la tramitación de expedientes de adopción internacional con la República de Moldavia.

[BOE n. 272, de 2.11.2026]