viernes, 21 de enero de 2022

Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado (CDNIC) - El documento notarial electrónico (10.2.2022)

 

SEMINARIO: "El documento notarial electrónico"
Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado (CDNIC)

(Jueves 10 de febrero de 2022)

 

El jueves 10 de febrero de 2022, a las 19:00 horas, José Carmelo Llopis Benlloch (Notario de Ayora) impartirá la ponencia sobre "El documento notarial electrónico".

Organiza: Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado (Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla).
Lugar de celebración: Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, C/ San Miguel nº 1, 41002-Sevilla (en modo no presencial).
Dirección: Prof. Dr. Andrés Rodríguez Benot (Universidad Pablo de Olavide).
Coordinación: Prof. Dr. César Hornero Méndez (Universidad Pablo de Olavide).

 

PRÓXIMA PONENCIA

26 de mayo de 2022, 19:00 horas: "El poder de representación otorgado al amparo de un ordenamiento extranjero", por Marta P. Pascua Ponce (Notaria de Marbella).

 

Ya está abierta la inscripción, que es necesaria para recibir el enlace para acceder a dicha sesión, que se desarrollará de modo no presencial. Los interesados podrán inscribirse hasta el miércoles 9 de febrero, a las 14:00 horas, mediante correo electrónico dirigido a cdnic(at)upo.es. En el deberán indicar nombre y apellidos y profesión.

Sólo se entregará certificado de asistencia a la finalización del programa y a quienes hayan seguido las tres ponencias y lo soliciten. En ningún caso, se acreditará la asistencia por separado a las ponencias.

Más información por correo electrónico: cdnic(at)upo.es o por Twitter: @CDNIC4


BOE de 21.1.2022


- Decreto-ley 26/2021, de 30 de noviembre, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña en relación con la violencia vicaria.

Nota: En el año 2010, teniendo en cuenta la situación de violencia, el libro segundo del Código civil de Cataluña ya estableció la exclusión de toda participación en la guarda del progenitor contra el cual hay sentencia firme o mientras haya indicios fundamentados de violencia familiar o machista (artículo 233-11.3); también dispuso explícitamente la supervisión de las relaciones personales en situaciones de riesgo (artículo 233-13.2) y, asimismo, en las medidas provisionales (artículo 233-1.2), impuso a la autoridad judicial, si bien de manera genérica, que adoptara las medidas necesarias al caso concreto conforme a la legislación específica, en la que se incluye la que se refiere a la violencia machista.
A pesar de esta regulación, el hecho es que ninguna norma relativa a las medidas, ya sean provisionales o definitivas, prohíbe expresamente que se establezca el régimen de estancias y comunicaciones con el progenitor violento. También hay que tener en cuenta que la aplicación que hacen los tribunales de la regulación vigente a menudo prioriza que las relaciones personales entre los progenitores y los hijos no se rompan.
Es necesario que se emprenda una reforma legal urgente que adapte y revise el Código civil de Cataluña con la introducción de un nuevo modelo en el que prevalezca la seguridad del hijo menor y supere las carencias del sistema actual, al amparo del principio del interés superior del menor. Es necesario que la medida de prohibir el régimen de estancias con el padre violento se integre como principio en el régimen de la potestad parental.
Las modificaciones de los preceptos del Código civil de Cataluña que ahora se hacen se dirigen a prohibir la atribución de la guarda, las estancias, las relaciones y las comunicaciones entre los hijos e hijas y el padre en los casos de violencia vicaria machista.
Para ello, se modifican los artículos 233-11, 236-5 y 236-8 del libro segundo del Código civil de Cataluña.

[BOE n. 18, de 21.1.2022]

jueves, 20 de enero de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (20.1.2022)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 20 de enero de 2022, en el asunto C‑432/20 (Landeshauptmann von Wien): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de inmigración — Directiva 2003/109/CE — Artículo 9, apartado 1, letra c) — Pérdida del estatuto de nacional de tercer país residente de larga duración — Ausencia del territorio de la Unión Europea durante un período de 12 meses consecutivos — Interrupción de este período de ausencia — Presencias irregulares y de corta duración en el territorio de la Unión.

Fallo del Tribunal: "El artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, debe interpretarse en el sentido de que cualquier presencia física de un residente de larga duración en el territorio de la Unión Europea dentro de un período de 12 meses consecutivos, aun cuando tal presencia en ese período no dure más que unos cuantos días en total, basta para impedir que pierda su derecho al estatuto de residente de larga duración, conforme a esta disposición."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR, presentadas el 20 de enero de 2022, en el asunto C‑617/20 (T.N. y N.N.): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Bremen, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.º 650/2012 — Aceptación de la herencia, de un legado o de la legítima o renuncia a los mismos — Declaración de renuncia de la herencia, realizada ante el tribunal del Estado miembro de la residencia habitual de la persona declarante — Validez.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"Los artículos 13 y 28 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, deben interpretarse en el sentido de que el requisito, previsto en la ley aplicable a la sucesión, de presentar la declaración relativa a la renuncia de la herencia al tribunal sucesorio, es decir el tribunal de la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento, constituye una condición para la validez formal de la declaración. Por ello, en el supuesto de que la validez en cuanto a la forma de la declaración realizada se evalúe a la luz de la ley señalada en el artículo 28, letra b), de dicho Reglamento, el incumplimiento de ese requisito no conlleva la invalidez de una declaración efectuada ante el tribunal competente en virtud del artículo 13 del Reglamento n.º 650/2012."

- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. GIOVANNI PITRUZZELLA, présentées le 20 janvier 2022, Affaires jointes C‑37/20 (WM) et C‑601/20 (Luxembourg Business Registers): [demandes de décision préjudicielle formées par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg)] Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 30, paragraphes 5 et 9 – Registre des bénéficiaires effectifs – Directive (UE) 2018/843 – Article 1er, paragraphe 15, sous c) et g) – Accès de tout membre du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs – Validité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7 et 8 – Principe de transparence – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 5, paragraphe 1, sous a) à c) et f) – Dérogations à l’accès au registre des bénéficiaires effectifs – Conditions – Notions de “circonstances exceptionnelles”, de “risque” et de “risque disproportionné” – Preuve.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) L’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement et du Conseil, du 30 mai 2018, est invalide dans la mesure où il prévoit que tout membre du grand public est autorisé à avoir accès « au moins » aux données y indiquées, en prévoyant ainsi la possibilité pour tout membre du grand public d’accéder à des données concernant les bénéficiaires effectifs autres que celles indiquées dans le même alinéa.
2) L’article 30, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, est invalide.
3) L’article 30, paragraphe 5 bis, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, lu à la lumière des articles 7, 8 et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il incombe aux États membres de garantir que les organismes ou autorités en charge de la tenue des registres des bénéficiaires effectifs aient connaissance de l’identité des personnes qui accèdent audit registre.
4) L’article 30, paragraphe 9, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, lu à la lumière de la charte des droits fondamentaux, et notamment de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, interprété en ce sens que les États membres ne disposent pas seulement de la faculté, de prévoir des dérogations à l’accès du grand public aux informations concernant les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques contenues dans les registres nationaux des bénéficiaires effectifs, mais sont tenus de les prévoir et de les accorder , lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, cet accès exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné d’atteinte à ses droits fondamentaux, tels que prévus par la charte est valide.
5) L’examen de la première question et de la deuxième question, sous b), posées dans l’affaire C‑601/20, n’a révélé aucun autre élément de nature à affecter la validité de l’article 30, paragraphes 5 et 9, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843.
6) Les dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à un registre partiellement accessible au public, sans obligation de démontrer un intérêt légitime ni aucune limitation quant à la localisation du public. Toutefois, le transfert effectué à partir de ce registre ne peut être effectué, conformément à l’article 49, paragraphe 1, sous g), de ce règlement, que si les conditions de consultation du registre prévues par la loi sont remplies et pour autant que cette consultation n’implique pas l’intégralité du registre.
7) L’article 30, paragraphe 9, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux États membres de définir dans leur droit national les situations qui constituent des « circonstances exceptionnelles » aux termes de cette disposition. Celle-ci ne contenant pas de prescription supplémentaire indiquant sous quelle forme les États membres doivent déterminer cette notion, rien n’empêche un État membre de définir les « circonstances exceptionnelles » uniquement par référence aux hypothèses déjà visées par ladite disposition, pour autant, toutefois, que la transposition de cette directive en droit national permette de protéger les bénéficiaires effectifs contre des atteintes disproportionnées à leurs droits fondamentaux. À cette fin, le juge national peut être amené à devoir déterminer lui‑même concrètement la nature et la portée des circonstances exceptionnelles qui autorisent des dérogations à l’accès du grand public aux informations concernant les bénéficiaires effectifs, uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger pleinement les droits fondamentaux de ces derniers. Cette détermination doit tenir compte du fait, premièrement, que l’évaluation détaillée de la nature « exceptionnelle » des circonstances doit être effectuée au cas par cas, deuxièmement, que, s’agissant des dérogations à une règle générale, la disposition en cause doit, en principe, faire l’objet d’une interprétation stricte et, troisièmement, que les circonstances qui peuvent justifier la dérogation doivent être hors de l’ordinaire et donner lieu à une risque disproportionné d’atteinte aux droits fondamentaux.
8) L’article 30, paragraphe 9, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, doit être interprété en ce sens que l’exigence de la disproportion du risque constitue une condition s’appliquant aux risques spécifiques mentionnés à cette disposition, à savoir le risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation, ainsi que de toute violation des droits fondamentaux du bénéficiaire effectif qui justifie une dérogation à l’accès du public aux informations concernant celui‑ci. L’existence et le caractère disproportionné d’un tel risque peuvent, le cas échéant, être déterminés en tenant compte des liens que le bénéficiaire effectif en cause entretient avec des sociétés, et autres entités juridiques, ainsi que des fiducies/trusts et des constructions juridiques présentant une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts, en qualité de bénéficiaire effectif de ces entités, autres que celle pour laquelle il est demandé de déroger à l’accès du public aux informations le concernant. Il incombe toutefois au bénéficiaire ou à l’entité qui demande le bénéfice d’une dérogation à l’accès du public aux informations de prouver que ces liens constituent un élément pertinent qui justifie ou étaye l’existence d’un risque disproportionné d’atteinte aux droits fondamentaux du bénéficiaire effectif en cause. Ledit article 30, paragraphe 9, exclut la possibilité qu’une dérogation à l’accès du public aux informations concernant un bénéficiaire effectif soit octroyée lorsque ces informations sont aisément accessibles aux tiers par d’autres voies d’information.
9) Il revient au bénéficiaire effectif intéressé d’apporter la preuve du risque disproportionné et des circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier une dérogation aux termes de l’article 30, paragraphe 9, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843. À cette fin, le bénéficiaire effectif doit établir l’existence du risque disproportionné d’atteinte à ses droits fondamentaux et de l’existence de circonstances exceptionnelles avec un degré suffisant de probabilité et doit apporter des indications concrètes, précises et substantielles quant aux menaces d’atteinte à ses droits fondamentaux et aux circonstances exceptionnelles.
10) Dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque disproportionné pour le bénéficiaire effectif qui, en vertu de l’article 30, paragraphe 9, de la directive 2015/849, telle que modifiée par la directive 2018/843, justifie une dérogation à l’accès du public aux informations concernant celui‑ci, il convient de prendre en compte, d’une part, les risques spécifiques mentionnés à cette disposition, ainsi que les droits fondamentaux de la personne concernée, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, protégés, respectivement, par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux, et, d’autre part, l’intérêt du public et de la société dans son ensemble à connaître l’identité des bénéficiaires effectifs en vue de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. ANTHONY MICHAEL COLLINS, presentadas el 20 de enero de 2022, en el asunto C‑572/20 (ACC Silicones): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln (Tribunal de lo Tributario de Colonia, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Artículos 63 TFUE y 65 TFUE — Libre circulación de capitales — Reparto de dividendos por participaciones en “capital disperso” — Devolución a una sociedad no residente del impuesto sobre los rendimientos del capital recaudado mediante retenciones en origen — Requisito relativo a la situación de los socios con una participación directa o indirecta en el capital de la sociedad que percibe los dividendos — Necesidad de aportar un certificado de las autoridades tributarias del Estado de residencia — Proporcionalidad.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"El artículo 63 TFUE se opone a una normativa fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal, que, para la devolución del impuesto sobre los rendimientos del capital, exige a una sociedad no residente que percibe dividendos de participaciones que no alcanzan la participación mínima prevista en el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, en su versión modificada por la Directiva 2003/123/CE, probar, mediante un certificado de la Administración tributaria extranjera, que el impuesto no puede ser imputado por los socios directos o indirectos de dicha sociedad ni puede ser deducido por ella ni por sus socios directos o indirectos como coste de explotación o como gasto necesario en el Estado de residencia, mientras que a una sociedad establecida en territorio nacional, con una participación de igual cuantía, no se le exige dicha prueba para la devolución del impuesto sobre los rendimientos del capital. Para ser compatible con el artículo 63 TFUE, tal disposición nacional ha de prever la devolución del impuesto sobre los rendimientos del capital a la sociedad no residente que perciba los rendimientos en la medida en que el impuesto no pueda imputarse en el Estado de residencia con arreglo al convenio aplicable para evitar la doble imposición. Cuando solo sea posible la imputación parcial en el Estado de residencia, el Estado de origen debe devolver la diferencia."


Jurisprudencia - El requisito de integración para obtener la nacionalidad española debe adecuarse en el caso de mujeres migrantes vulnerables con escasa formación


- Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 1521/2021 de 17 Dic. 2021, Rec. 3112/2020: Interés casacional. Nacionalidad. Adquisición por residencia. El requisito de integración en la sociedad española debe atemperarse y adecuarse en el caso de mujeres migrantes con escasa instrucción y formación cultural determinantes de especial vulnerabilidad. Aunque la necesidad de acreditar un grado de integración suficiente no comporta discriminación por razón de sexo, la normativa en materia de igualdad obliga a tener en cuenta la procedencia de ambientes socioculturales discriminatorios para acomodar la exigencia legal a esas circunstancias. Valoración del requisito atendiendo a las circunstancias personales del solicitante, sin perjuicio de exigir la integración en relación con los valores sociales, culturales y políticos españoles. Exigencia de una especial motivación en la resolución administrativa, sometida al control de los Tribunales.

Ponente: Olea Godoy, Wenceslao Francisco.
Nº de Sentencia: 1521/2021
Nº de Recurso: 3112/2020
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9993, 20 de Enero de 2022
[Texto de la sentencia]

Consulta Vinculante - Tratamiento del "staking", servicio relacionado con las criptomonedas, en el IVA

 

- Consulta Vinculante V2679-21, de 5 de noviembre de 2021 de la Subdireccion General de Impuestos sobre el Consumo: Impuesto sobre el Valor Añadido. Exenciones. Operaciones financieras. Los Bitcoins, criptomonedas y demás monedas digitales son divisas por lo que los servicios financieros vinculados con las mismas están exentos del Impuesto. Servicios de custodia de criptomonedas a través de una plataforma no conectada a Internet. La similitud del servicio de con el alquiler de cajas de seguridad, y no con las operaciones financieras supone su sujeción al tributo. Servicio de "staking. Análisis del citado servicio alternativo a la minería para la generación y validación de bloques. Modalidad de inversión, con la que los titulares de criptomonedas utilizan sus propias monedas digitales para actualizar la cadena de bloques y a cambio, reciben una retribución. El inversor utiliza sus criptomonedas para colocarlos a disposición del sistema y contribuir al funcionamiento de una red blockchain. Exención. La rentabilidad obtenida por el staking por los titulares de las criptomonedas que tengan la condición de empresarios o profesionales constituye una operación sujeta pero exenta dado que dicha rentabilidad es el resultado de la propia cesión de las criptomonedas. No lo será por el contrario, los servicios prestados a clientes por los proveedores de staking, que no participan de esa naturaleza financiera, dado que estas plataformas posibilitan a los titulares de las criptomonedas utilizar sus activos digitales para obtener recompensas del proceso de staking. 

Diario La Ley, Nº 9993, 20 de Enero de 2022
[Texto de la consulta]

 

Jurisprudencia - La suplantación fraudulenta de identidad por un tercero en una contratación online no excluye la infracción por falta del necesario consentimiento inequívoco

 

- Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 1456/2021 de 13 Dic. 2021, Rec. 6109/2020: Interés casacional. Protección de datos. Conformidad a Derecho de la sanción impuesta a entidad financiera por infracción del principio de consentimiento. Se comparte el parecer de la Audiencia Nacional acerca de la insuficiencia de las medidas aplicadas por la recurrente en el procedimiento de contratación. La entidad incorporó a sus sistemas informáticos datos personales del denunciante en relación con un micro préstamo que no había solicitado, no habiendo aportado pruebas de que realizara la contratación. La intervención fraudulenta de un tercero, que suplanta la identidad de otra persona en una contratación on line, no excluye que la empresa contratante, que lleva a cabo el tratamiento de los datos personales, haya podido incurrir en infracción por falta del necesario consentimiento inequívoco que exige el art. 6 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, pues aquella intervención fraudulenta de un tercero no implica por sí misma que la empresa contratante haya actuado con diligencia suficiente. Sanción por inclusión indebida del mismo en os ficheros de morosidad en relación con la deuda resultante. Infracciones graves. Proporcionalidad de las sanciones.

Ponente: Calvo Rojas, Eduardo.
Nº de Sentencia: 1456/2021
Nº de Recurso: 6109/2020
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9993, Sección La Sentencia del día, 20 de Enero de 2022
ECLI: ES:TS:2021:4660
[Texto de la sentencia]

BOE de 20.1.2022


- Resolución de 13 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, sobre la aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

Nota: En esta Resolución se recogen las comunicaciones sobre tratados recibidas en el MAE hasta el 5.1.2022. Para los convenios en materia de Derecho Internacional Privado véanse las págs. 5615 a 5620 (págs. 27 a 32 del documento). Para los de Derecho Penal y Procesal, véanse las págs. 5620 a 5636 (págs. 32 a 48 del documento).

[BOE n. 17, de 20.1.2022]

miércoles, 19 de enero de 2022

Instrucción DGSJyFP sobre declaraciones derivadas de las concesiones de nacionalidad por residencia

- Instrucción de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe Pública, por la que se establecen criterios para la aplicación en las notarías, de las previsiones contenidas en el artículo 68.3 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, en relación con las declaraciones derivadas de las concesiones de nacionalidad por residencia.

La reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil (LRC) operada por Ley 6/2021 introdujo un apartado 3 en el artículo 68 que establece la posibilidad de que las declaraciones de voluntad relativas a la adquisición de la nacionalidad española por residencia, entre otras, se realicen ante el Encargado del Registro Civil y también ante el Notario y funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil, en los términos previstos en el artículo 23 del Código Civil.
Conviene, por tanto, precisar que son dos los preceptos legales que regulan tanto la declaración de voluntad en los supuestos de adquisición de nacionalidad por residencia, como la propia inscripción de dicha declaración en el Registro Civil español. Mientras que la primera parte del proceso se encuentra regulada en el artículo 68.3 LRC, la inscripción de dicha manifestación lo está en el artículo 68.1 LRC y en el artículo 13.1 del Real Decreto 1004/2015 por el que se aprueba el Reglamento que regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Este último precepto establece qué Oficina de Registro Civil es la competente para la inscripción de la adquisición de la nacionalidad española por residencia (la Oficina de Registro Civil del domicilio del interesado en España), fijando también un plazo perentorio de cinco días para el acceso de dicha inscripción al Registro Civil.
Esta Instrucción fija la interpretación de las previsiones contenidas en el artículo 68.3 LRC en relación con las declaraciones derivadas de las concesiones de nacionalidad por residencia ante Notarios.

Fuente: Boletín Digital Otrosi.net Administrativo del ICAM.


BOE de 19.1.2022

 


- Corrección de errores del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

Nota: Véase el Real Decreto-ley 32/2021, así como la entrada de este blog del día 30.12.2021.

- Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

Nota: En esta disposición cabe destacar los siguientes preceptos:
- Artículo 6.1.b): en relación con los requisitos que han de reunir las personas beneficiarias de las ayudas del Bono Alquiler Joven, se exige "poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, Suiza, o el parentesco determinado por la normativa que sea de aplicación. En el caso de las personas extranjeras no comunitarios deberán hallarse en situación de estancia o residencia regular en España".
- Artículo 23.2.a): por lo que se refiere a los beneficiarios de Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, se establece como regla general que, "cuando las beneficiarias sean personas físicas deberán poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, Suiza, o el parentesco determinado por la normativa que sea de aplicación. En el caso de los extranjeros no comunitarios deberán contar con autorización de estancia o residencia en España. Cuando sean personas jurídicas deberán acreditar o declarar expresamente en su solicitud que se encuentran debidamente constituidas, según la normativa que les resulte de aplicación. En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia deberán hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos".

[BOE n. 16, de 19.1.2022]

martes, 18 de enero de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (18.1.2022)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 18 de enero de 2022, en el asunto C‑118/20 (Wiener Landesregierung): Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículos 20 TFUE y 21 TFUE — Ámbito de aplicación — Renuncia a la nacionalidad de un Estado miembro para obtener la nacionalidad de otro Estado miembro conforme a la seguridad dada por este último de que se naturalizaría al interesado — Decisión de dejar sin efecto dicha seguridad por razones de orden público o de seguridad pública — Principio de proporcionalidad — Situación de apatridia.

Fallo del Tribunal:
"1) La situación de una persona que, teniendo la nacionalidad de un único Estado miembro, renuncia a ella y pierde, por este motivo, el estatuto de ciudadano de la Unión, con el fin de obtener la nacionalidad de otro Estado miembro, después de que las autoridades de ese último Estado le dieran la seguridad de que se le concedería esa nacionalidad, está comprendida, por su naturaleza y sus consecuencias, en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión cuando se decide dejar sin efecto dicha seguridad y, por esta razón, esa persona no puede recuperar el estatuto de ciudadano de la Unión.
2) El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que las autoridades nacionales competentes y, en su caso, los órganos jurisdiccionales nacionales del Estado miembro de acogida están obligados a comprobar si la decisión de dejar sin efecto la seguridad relativa a la concesión de la nacionalidad de ese Estado miembro, que tiene como consecuencia que la pérdida del estatuto de ciudadano de la Unión por la persona afectada adquiera carácter definitivo, es compatible con el principio de proporcionalidad habida cuenta de las consecuencias que tal decisión tiene para la situación de esa persona. No se cumple esta exigencia de compatibilidad con el principio de proporcionalidad cuando tal decisión está motivada por infracciones administrativas del Código de la circulación que, según el Derecho nacional aplicable, conllevan una mera sanción pecuniaria."


DOUE de 18.1.2022


- Recomendación (UE) 2022/66 del Consejo, de 17 de enero de 2022, por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción.

Nota: Mediante el presente acto se modifica  la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción, modificada previamente por la Recomendación (UE) 2020/1052, por la Recomendación (UE) 2020/1144, por la Recomendación (UE) 2020/1186, por la Recomendación (UE) 2020/1551, por la Recomendación (UE) 2020/2169, por la Recomendación (UE) 2021/89, por la Recomendación (UE) 2021/132, por la  Recomendación (UE) 2021/767 del Consejo, por la Recomendación (UE) 2021/816 del Consejo, por la  Recomendación (UE) 2021/892 del Consejo, por la Recomendación (UE) 2021/992 del Consejo, por la Recomendación (UE) 2021/1085 del Consejo, por la Recomendación (UE) 2021/1170 del Consejo, por la Recomendación (UE) 2021/1346 del Consejo, por la Recomendación (UE) 2021/1459 del Consejo, por la Recomendación (UE) 2021/1712 del Consejo, por la Recomendación (UE) 2021/1782 del Consejo, por la Recomendación (UE) 2021/1896 del Consejo,  por la Recomendación (UE) 2021/1945 del Consejo, por la Recomendación (UE) 2021/2022 del Consejo y por la Recomendación (UE) 2021/2150 del Consejo.

[DOUE L11, de 18.1.2022]

BOE de 18.1.2022


- Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueban los modelos normalizados de solicitud de nacionalidad española por residencia en el ámbito del Ministerio de Justicia y se dictan instrucciones sobre su utilización.

Nota: El artículo 4 del Real Decreto 1004/2015, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia (véase la entrada de este blog del día 7.11.2015), establece que el procedimiento se iniciará por el interesado mediante la presentación de la correspondiente solicitud en modelo normalizado.
Mediante la presente Resolución se aprueban los nuevos impresos normalizados, que sustituyen a los aprobados por la Resolución de 11 de noviembre de 2015, recogen información para la atribución de nombre y apellidos con que el que la persona solicitante será inscrita, con el objetivo de poder realizar la jura e inscripción de la nacionalidad de una forma más ágil. Asimismo, se mejoran en los nuevos modelos las modalidades de notificación y de comprobación de datos de la documentación requerida.
En consecuencia, se deroga la mencionada Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia de 11 de noviembre de 2015.

[BOE n. 15, de 18.1.2022]

lunes, 17 de enero de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


RESOLUCIONES

- Asunto C-821/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de noviembre de 2021 — Comisión Europea / Hungría (Recurso por incumplimiento — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de asilo — Directivas 2013/32/UE y 2013/33/UE — Procedimiento de concesión de protección internacional — Motivos de inadmisibilidad — Conceptos de «tercer país seguro» y «primer país de asilo» — Asistencia prestada a los solicitantes de asilo — Tipificación penal — Prohibición de entrada en la zona fronteriza del Estado miembro de que se trate)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 16.11.2021.

- Asunto C-212/20: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 18 de noviembre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Polonia) — M.P., B.P. / «A.» prowadzący działalność za pośrednictwem «A.» S.A. (Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Contrato de préstamo hipotecario indexado a una divisa extranjera — Cláusula contractual relativa al tipo de cambio de compra y de venta de una divisa extranjera — Exigencia de inteligibilidad y de transparencia — Facultades del juez nacional)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 18.11.2021.
- Asunto C-479/21 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de noviembre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — Ejecución de sendas órdenes de detención europeas dictadas contra SN, SD [Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Artículo 50 TUE — Acuerdo sobre la Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica — Artículo 217 TFUE — Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido — Protocolo (n.o 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Mantenimiento por el Acuerdo de Retirada, con carácter transitorio, del régimen de la orden de detención europea respecto al Reino Unido — Aplicación a una orden de detención europea de las disposiciones relativas al mecanismo de entrega establecido por el Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido — Regímenes vinculantes para Irlanda] 

Nota: Véase la entrada de este blog del día 16.11.2021.

- Asunto C-688/20: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 29 de octubre de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy w Opatowie — Polonia) — HG, TC / Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles — Directiva 2009/103/CE — Artículo 3, párrafo primero — Obligación de suscribir un contrato de seguro — Alcance — Vehículo no apto para circular, no matriculado y retirado legalmente de la circulación)

Fallo del Tribunal: "El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, debe interpretarse en el sentido de que no es obligatorio suscribir un contrato de seguro de la responsabilidad civil relativa a la circulación de un vehículo automóvil durante el período en el que el vehículo de que se trate no sea apto para circular debido a su estado técnico, no esté matriculado y haya sido retirado temporalmente de la circulación de conformidad con el Derecho nacional aplicable."

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-621/21: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 6 de octubre de 2021 — WS / Intervyuirasht organ na Darzhavnata agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet 

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Con arreglo al considerando 17 de la Directiva 2011/95/UE, deben aplicarse los conceptos y las definiciones que contienen la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979, y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, a fin de calificar la violencia contra la mujer por razones de género como motivo de concesión de protección internacional con arreglo a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y con arreglo a la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, o bien la violencia contra la mujer por razones de género, como motivo de concesión de protección internacional con arreglo a la Directiva 2011/95/UE, tiene un significado autónomo, distinto del que resulta de los instrumentos de Derecho internacional mencionados?
2) En el supuesto de que se invoque el ejercicio de violencia contra la mujer por razones de género, y para apreciar la pertenencia a un determinado grupo social como motivo de persecución en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra d), de la Directiva 2011/95/UE, ¿debe atenderse exclusivamente al sexo biológico o social de la persona perseguida (violencia contra una mujer solo porque es una mujer)? ¿Los actos/formas/actuaciones de persecución concretos, como los mencionados en la enumeración no exhaustiva que figura en el considerando 30 [de la Directiva 2011/95/UE], pueden ser determinantes para la «visibilidad del grupo en la sociedad», es decir, su característica distintiva, según las circunstancias del país de origen, o dichos actos solamente pueden referirse a los actos de persecución previstos en el artículo 9, apartado 2, letras a) o f), de la Directiva 2011/95/UE?
3) En caso de que la persona solicitante de protección invoque violencia por razones de género en forma de violencia doméstica, ¿constituye el sexo biológico o social un motivo suficiente para establecer la pertenencia a un grupo social determinado en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra d), de la Directiva 2011/95/UE o debe establecerse una característica distintiva adicional, si el artículo 10, apartado 1, letra d), de la Directiva 2011/95/UE se interpreta de modo literal conforme a su tenor, con arreglo al cual los requisitos deben cumplirse de modo acumulativo y los aspectos relacionados con el sexo de la persona deben cumplirse de modo alternativo?
4) En caso de que la persona solicitante invoque el ejercicio de violencia por razones de género en forma de violencia doméstica por un agente de persecución no estatal con arreglo al artículo 6, letra c), de la Directiva 2011/95/UE, ¿debe interpretarse el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2011/95/UE en el sentido de que, a efectos del nexo causal, es suficiente con que se aprecie una relación entre los motivos de persecución contemplados en el artículo 10 y los actos de persecución en el sentido del apartado 1, o debe necesariamente constatarse la ausencia de protección contra la persecución alegada, o existe la relación en aquellos casos en que los agentes de persecución no estatales no perciben los actos de persecución/violencia específicos como tales como actos por razones de género?
5) ¿La amenaza real de asesinato por honor en caso de regreso al país de origen, si se cumplen los demás requisitos pertinentes, puede justificar la concesión de protección subsidiaria con arreglo al artículo 15, letra a), de la Directiva 2011/95/UE, en relación con el artículo 2 del CEDH (nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente), o dicha amenaza debe calificarse de daño con arreglo al artículo 15, letra b), de la Directiva 2011/95/UE, en relación con el artículo 3 del CEDH, como se interpreta en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, evaluando al mismo tiempo el riesgo de que se produzcan otros actos de violencia por razones de género, o para la concesión de esa protección es suficiente con que la persona solicitante no quiera subjetivamente acogerse a la protección del país de origen?"

- Asunto C-637/21: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 18 de octubre de 2021 — K.R.; Otra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 16, apartado 4, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, en el sentido de que cualquier presencia en el Estado miembro de acogida, por breve que sea, de un ciudadano de la Unión con un derecho de residencia permanente basta para interrumpir un período de ausencia del Estado miembro de acogida de más de dos años consecutivos?
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿qué aspectos deben tenerse en cuenta para determinar si la presencia en el Estado miembro de acogida de tal ciudadano de la Unión interrumpe un período de ausencia del Estado miembro de acogida de más de dos años consecutivos? ¿Puede atribuirse alguna importancia a este respecto a la circunstancia de que el ciudadano de la Unión de que se trata haya trasladado el centro de sus intereses a otro Estado miembro?"

- Asunto C-646/21: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (Países Bajos) el 25 de octubre de 2021 — K, L / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 1, letra d), de la Directiva de reconocimiento en el sentido de que debe considerarse que las normas, valores y comportamientos efectivos occidentales que los nacionales de terceros países asumen mientras permanecen en el territorio del Estado miembro durante una parte considerable de la fase de la vida en la que forjan su identidad y se integran plenamente en la sociedad constituyen unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse o bien son características tan fundamentales de su identidad que no se les puede exigir que renuncien a ellas?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿deben considerarse «miembros de un grupo social determinado» en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra d), de la Directiva de reconocimiento los nacionales de terceros países que —con independencia de los motivos— hayan asumido normas y valores occidentales comparables en virtud de su permanencia efectiva en el Estado miembro durante la fase de la vida en que se forja su identidad? ¿Debe examinarse la cuestión de si se está en presencia de un «grupo social determinado que posee una identidad diferenciada en el país de que se trate» desde la perspectiva del Estado miembro o bien debe interpretarse, en relación con el artículo 10, apartado 2, de la Directiva de reconocimiento, en el sentido de que se atribuye una importancia decisiva al hecho de que el extranjero pueda acreditar que se considera que en su país de origen forma parte de un determinado grupo social, o cuando menos que se le atribuye tal condición? ¿Es compatible con el artículo 10 de la Directiva de reconocimiento, en relación con la prohibición de devolución y el derecho de asilo, la exigencia de que la occidentalización solo puede dar lugar al reconocimiento de la condición de refugiado cuando ello se deba a motivos religiosos o políticos?
3) ¿Es compatible con el Derecho de la Unión y, en particular, con el artículo 24, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en relación con su artículo 51, apartado 1, una práctica jurídica nacional en la que una autoridad decisoria, al examinar una solicitud de protección internacional, pondera el interés superior del niño sin apreciar en concreto dicho interés (ni instar su apreciación) con anterioridad (en un procedimiento cualquiera)? ¿Será distinta la respuesta a esta cuestión si el Estado miembro debe examinar una solicitud de concesión de residencia por motivos ordinarios y debe tenerse en cuenta el interés superior del niño al decidirse sobre tal solicitud?
4) ¿De qué modo y en qué fase del examen de una solicitud de protección internacional debe tenerse en cuenta y ponderarse, a la vista del artículo 24, apartado 2, de la Carta, el interés superior del niño y, en concreto, el daño que ha sufrido un menor por permanecer efectivamente de forma prolongada en un Estado miembro? ¿Tiene alguna relevancia a este respecto el hecho de que esta permanencia efectiva fuera una permanencia legal? ¿Tiene alguna relevancia, a la hora de ponderar el interés superior del niño en el examen antes mencionado, el hecho de que el Estado miembro haya adoptado una decisión sobre la solicitud de protección internacional dentro de los plazos establecidos a tal fin en el Derecho de la Unión, que no se haya dado cumplimiento a una obligación de retorno impuesta con anterioridad y que el Estado miembro no haya procedido a la expulsión una vez adoptada una decisión de retorno, en virtud de lo cual haya podido prolongarse la permanencia efectiva del menor de edad en el Estado miembro?
5) ¿Es compatible con el Derecho de la Unión, a la vista del artículo 7 de la Carta, en relación con el artículo 24, apartado 2, de la misma, una práctica jurídica nacional en la que se establece una distinción entre la solicitud inicial de protección internacional y las posteriores, en el sentido de que no se tienen en cuenta en las solicitudes posteriores de protección internacional los motivos ordinarios de concesión?"

[DOUE C24, de 17.1.2022]

Bibliografía - Competencia de la jurisdicción española en casos de 'acta iure gestionis'

 

- Competencia de la jurisdicción española cuando tiene lugar «acta iure gestionis»
María Luisa Gil Meana, Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Diario La Ley, Nº 9990, Sección Tribuna, 17 de Enero de 2022
[Texto del trabajo]

El art. 10.1 de la Ley Orgánica 16/2015 de 27 de octubre, establece como regla general que un Estado extranjero no podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante los órganos jurisdiccionales españoles en los procesos relativos a los contratos de trabajo cuando el trabajo haya sido ejecutado o haya de ejecutarse total o parcialmente en España. El presente artículo analiza las excepciones a esta regla contempladas en su apartado 2, en concreto las referidas a los supuestos de procesos que tenga por objeto el despido del trabajador.

DOUE de 17.1.2022


- Decisión de Ejecución (UE) 2022/60 del Consejo, de 12 de enero de 2022, sobre el Mecanismo de Coordinación Operativa para la Dimensión Exterior de la Migración.

Nota: Mediante el presente acto se crea un mecanismo de coordinación operativa para la dimensión exterior de la migración. Este mecanismo permitirá a la Unión coordinar y reaccionar oportunamente ante las cuestiones relacionadas con la dimensión exterior de la migración; esto es, en las relaciones de la Unión con un tercer país. El mecanismo no sustituye ni duplica los mecanismos o disposiciones de la Unión en vigor.

[DOUE L10, de 17.1.2022]

BOE de 17.1.2022


- Circular 1/2022, de 10 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión.

Nota: El artículo 240 bis de la Ley del Mercado de Valores otorga a la CNMV competencias con el fin de sujetar a control administrativo la publicidad de criptoactivos y otros activos e instrumentos que no se regulan en la LMV y que se ofrecen como propuesta de inversión. A su vez se habilita a la CNMV a desarrollar mediante Circular el ámbito objetivo y subjetivo, así como los mecanismos y procedimientos de control que se aplicarán a dichas actividades publicitarias. 

Así, esta Circular desarrolla las normas, principios y criterios a los que debe sujetarse la actividad publicitaria sobre criptoactivos, y en particular delimita el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación, así como las facultades de la CNMV en materia de supervisión y control de la publicidad de criptoactivos (norma 1).
La norma 3 establece el ámbito objetivo de la Circular: la actividad publicitaria sobre criptoactivos que sean objeto de inversión. Tendrá la consideración de actividad publicitaria toda publicidad dirigida a inversores o potenciales inversores en España en la que se ofrezcan o se llame la atención, de forma implícita o explícita, sobre criptoactivos como objeto de inversión. Se presume que una actividad publicitaria va dirigida a inversores en España cuando se realice mediante medios físicos en España, a través de medios de comunicación –incluido páginas web/dominios- españoles y todas aquellas que se realicen en español o lenguas oficiales salvo que contengan medidas que atestigüen que los servicios o productos promocionados no están dirigidos o no son accesibles a inversores en España. Por otro lado, no se considera actividad publicitaria, y por tanto quedará excluida del ámbito de la Circular, entre otras algunas actividades profesionales («white papers», publicaciones que sobre criptoactivos que emitan los analistas o comentaristas independientes y que no estén patrocinadas o promocionadas), o determinados activos únicos no fungibles o aquellos que por sus características no sean susceptibles de ser objeto de inversión.
En relación con su ámbito de aplicación subjetivo, además de incluir a los proveedores de servicios sobre criptoactivos cuando realicen actividades publicitarias, quedan sometidos a la Circular los proveedores de servicios publicitarios, así como cualquier otra persona física o jurídica que, ya sea por iniciativa propia o a través de terceros, realice una actividad publicitaria sobre criptoactivos (norma 4).
En los Anexos se contienen los principios y criterios generales a los que debe ajustarse la publicidad, así como el contenido mínimo de la información sobre naturaleza y riesgos que debe proporcionarse a los potenciales inversores en criptoactivos.

Esta Circular entrará en vigor al mes de su publicación en el BOE (DF 2ª).

[BOE n. 14, de 17.1.2022]

domingo, 16 de enero de 2022

Bibliografía - Los negocios jurídicos de inversión en el comercio internacional y su reflejo en la estela jurisprudencial europea

 

- Los negocios jurídicos de inversión en el comercio internacional y su reflejo en la estela jurisprudencial europea - The legal treatment business in international marketplace and its reflection in the European jurisprudential wake
David Carrizo Aguado, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional (Universidad de León)
Revista Jurídica de la Universidad de León, núm. 9 (2021), pp. 47-77
[Texto del trabajo]

En términos generales existe una amplia gama de productos de inversión revestidos de compleja naturaleza, cuyas principales características residen, por un lado, en que en el momento de su adquisición no se conocen sus posibles rendimientos futuros, y de otro, suelen tener asociada una calificación de riesgo que, en ocasiones, sirve de guía para los inversores. Sobre este particular, el juez de Luxemburgo, con su ejemplar asunto Jana Petruchová refuerza la  perspectiva proteccionista en tanto que, la sumisión a favor de los tribunales de la compañía inversora será nula, como consecuencia de la formidable  interpretación teleológica del inversionista al ser considerado consumidor. No obstante, la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los clientes minoristas, esencialmente, por la imposición de cláusulas no negociadas a cargo de las compañías financieras, ha sido uno de los principales detonantes en la litigiosidad internacional.

sábado, 15 de enero de 2022

Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones - European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin (14 enero 2022)


Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones / European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin, nº 429, de 14 de enero de 2022.



«Mijas recupera el número de extranjeros que tenía antes del 'Brexit'», Diario Sur, 13 | 01 | 2022 - Reportaje (Iván Gelibter)
Primero fue el 'Brexit' y luego vino la pandemia, pero el crecimiento poblacional de Mijas no se detiene ni siquiera en el capítulo de extranjeros, cuya cifra total vuelve a ser igual a la que existía antes de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. ... los extranjeros ... superan la barrera de los 30.000 ... un tercio del total de habitantes. ... prácticamente iguala los datos de población extranjera que tenía en 2016... La asociación Brexpats in Spain ... detectaba en los últimos días de 2020 un aumento de personas que, ante el interés de permanecer en la Unión Europea, viajaron hasta Málaga para poder iniciar los trámites. ... la portavoz de la asociación, Anne Hernández ... tenía claro que ello se había debido a que las condiciones para permanecer en España eran mejores si los trámites se iniciaban antes de que el 'Brexit' fuera una realidad. ... «Algunos incluso votaron a favor del 'Brexit' y ahora se han dado de bruces con la realidad. Es de locos», se lamentaba la voz más autorizada de la comunidad británica en Andalucía.

«UK 'not interested' in Spain's British expats caught up in illegal homes crisis: 'No help'», Express, 09 | 01 | 2022 - Reportaje (Charlie Smith)
A group of 200 mostly British retirees have spoken of their anguish at living without basic amenities for the last two decades. The expats, who live in the Spanish region of Murcia, wrote to the Town Hall about their situation last year. They claim they are the “victims of planning abuses” after they moved into houses that turned out to have been built without planning permission, and are therefore illegal.

"La pandemia ralentiza el aumento de población en Marbella", Diario Sur, 06 | 01 | 2022 - Noticia
El número de empadronados en Marbella ha vuelto a subir, si bien se observa una significativa ralentización ... Para la concejal de Extranjeros Residentes del Ayuntamiento ... la salida del Reino Unido de Europa fue un factor clave en el aumento de inscripciones de británicos a los que ... el 'Brexit' sacó a la luz; del mismo [sic] que la pandemia y todo lo que ella ha conllevado supone ahora de inconveniente. La imposibilidad de salir de sus países o de viajar a España ha provocado que muchos extranjeros no hayan podido venir a finalizar sus trámites de inscripción o les ha impedido renovarlos por lo que se han dado de baja automáticamente en el censo...

"British expats in Spain hit by over £23,000 visa change – must prove funds in bank account", Express, 04 | 01 | 2022 - Reportaje (Alessandra Scotto di Santolo)
Non-lucrative visas have always been a popular way for non-EU citizens to gain residency in Spain. After Brexit, UK citizens too who want to live on sunny Spanish shores will be able to apply for non-lucrative visas for five years before obtaining permanent residency. ... to get the visa Britons will have to prove they can sustain themselves in Spain without a job for the first year of residence. ... The European Commission has confirmed travellers from the UK will be charged a £5.88 (€7) visa fee from later this year and forced to pre-register their details before being allowed to enter Schengen EU nations. ... Rather than needing a visa, the scheme charges a levy, which permits holders to stay in and travel around, Schengen-signatory EU states for up to 90 days.

"Brexit spurs an increase of British residents registered in Malaga", Sur in English, 03 | 01 | 2022 - Noticia
A growing number of elderly Britons have decided to settle in Malaga in order to avoid complications posed by Brexit, it has been suggested. According to the National Institute of Statistics ... the number of British residents in Malaga has increased by 15 per cent. The age of non-EU Europeans living in Malaga has also increased.

"El Brexit espolea el número de británicos residentes en la provincia", Diario Sur, 02 | 01 | 2022 - Noticia
El porcentaje de europeos procedentes de países ajenos a la UE crece sobre todo entre los mayores de 70 años

«British expats in Spain blast EU's response to living conditions: 'Complete waste of time'», Express, 02 | 01 | 2022 - Reportaje (Charlie Smith)
A group of around 200 retired British nationals living in Spain have issued dramatic warnings after their homes built without planning permission have still not been granted the necessary protections. Many of the expats, like 72-year-old Linda House, were sold land 20 years ago and were advised that pending planning permission would be fine and it was "safe" to build on the land, only to find their new houses were deemed "illegal". ... the group claims they have been waiting 18 to 19 years to get their properties legalised.

"Prueba de vida para cobrar la pensión de jubilación", La Razón, 26 | 12 | 2021 - Noticia
La Seguridad Social italiana pretende evitar fraudes en el cobro de las prestaciones en el extranjero con una videollamada que servirá de documento de autentificación

"Los jubilados italianos en el extranjero tendrán que presentar una "prueba de vida" para cobrar la pensión", Antena3, 24 | 12 | 2021 - Noticia
Podrán demostrar al Gobierno que están vivos por videollamada. La medida entra en vigor el próximo 7 de febrero.

Últimas noticias OEG
Publicado el ComentOEG nº 57, sobre el Decreto 126/2021, por el que se regula la expedición de certificados de personas extremeñas retornadas o en el exterior. Autora: Begoña Fernández Rodríguez, técnica de apoyo del SEJ-267.

Recogida en la sección Documentos la Resolución del Parlamento Europeo de 28 de abril de 2021 sobre el resultado de las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido.

 

Nota: Este Boletín de Prensa realiza un seguimiento periodístico de los aspectos más destacados del fenómeno de la movilidad transfronteriza de personas mayores estudiado en el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Mi agradecimiento a la Coordinadora del observatorio, la Prof. Mayte Echezarreta Ferrer (Universidad de Málaga), así como a sus miembros, investigadores y colaboradores, por su labor y por permitir su difusión en Conflictus Legum.