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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 5 de noviembre de 2026, en el
asunto C‑344/25 (Eurovo): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales — Reglamento (CE) n.º 864/2007 — Artículo 5, apartado 1 — Responsabilidad por productos — Determinación del lugar de comercialización del producto — Lugar de adquisición del producto de un distribuidor o de entrega al cliente final por un transportista — Concepto de “producto” — Parte integrante de un producto acabado.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»),
debe interpretarse en el sentido de que
el lugar de comercialización de un producto, a efectos de dicha disposición, no es solo aquel en el que el producto sale de la fábrica del fabricante, sino también aquel en el que la persona perjudicada adquiere el producto de un distribuidor o aquel en el que un transportista le entrega el producto.
2) El artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.º 864/2007
debe interpretarse en el sentido de que
el concepto de «producto comercializado», a efectos de dicha disposición, también comprende un producto que constituye una parte integrante de una instalación técnica."
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 5 de noviembre de 2026, en el asunto C‑716/24 [Ponner]: Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.º 655/2014 — Procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas — Artículo 2, apartado 2, letra c) — Ámbito de aplicación — Apertura de un procedimiento de insolvencia en un tercer país — Artículo 14, apartados 1, párrafo primero, y 3 — Obligación de fundamentar la petición a efectos de obtención de información sobre cuentas bancarias — Elementos pertinentes — Circunstancias que permiten concluir, de manera general, que existen vínculos económicos sólidos entre el deudor y el Estado miembro de que se trate.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil, a la luz de su considerando 8,
debe interpretarse en el sentido de que
no excluye del ámbito de aplicación de dicho Reglamento los créditos frente a un deudor respecto del cual se ha iniciado un procedimiento de insolvencia en un tercer país, de modo que no excluye la emisión de una orden de retención con arreglo al artículo 7, apartado 1, de ese Reglamento ni la transmisión de una petición de información sobre cuentas bancarias con arreglo al artículo 14, apartado 3, del mismo Reglamento, en el supuesto de que el Derecho nacional del Estado miembro competente para dictar esa orden reconozca ese procedimiento de insolvencia.
2) El artículo 14, apartados 1, párrafo primero, y 3, del Reglamento n.º 655/2014
debe interpretarse en el sentido de que,
para determinar si el acreedor «[tiene] motivos fundados para creer que el deudor mantiene una o varias cuentas en un banco en un Estado miembro determinado» y si la petición, presentada por el acreedor, a efectos de obtener información sobre las cuentas de que se trata está «bien fundada», han de tenerse en cuenta circunstancias que, sin indicar concretamente la existencia de una cuenta bancaria en el Estado miembro de que se trate, permiten, no obstante, demostrar la existencia de vínculos económicos acreditados entre el deudor y dicho Estado miembro."
- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. RIMVYDAS NORKUS, presentadas el 5 de noviembre de 2026, en el asunto C‑298/25 (Ofsets): [Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia)] Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Convenio de Roma — Conflicto de leyes — Ley aplicable a las obligaciones contractuales — Reglamento (CE) n.º 864/2007 — Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales — Ámbito de aplicación ratione materiae — Calificación de la acción de indemnización por ruptura repentina de relaciones comerciales establecidas.
Nota: El AG propone al Tribunal que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada:
"El artículo 1, apartado 1, del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, y el artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II),
deben interpretarse en el sentido de que
la ley aplicable a la acción de indemnización por ruptura repentina de las relaciones comerciales establecidas se determina con arreglo a dicho Convenio."
- CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL SRA. LAULHÉ SHAELOU, presentadas el 5 de noviembre de 2026, en el asunto C‑533/25 (F Corporation): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo de lo Tributario, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Artículos 49 TFUE y 65 TFUE — Convenio entre la República Federal de Alemania y Japón para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y otros impuestos — Retención del impuesto sobre los rendimientos del capital — Restricción — Justificación — Razones imperiosas de interés general — Devolución — Carga de la prueba.
Nota: La AG propone al Tribunal que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas del siguiente modo:
"1) Una normativa nacional en virtud de la cual los dividendos pagados por una sociedad residente en un Estado miembro a su sociedad matriz establecida en un tercer país están sujetos a una retención en origen definitiva debe apreciarse a la luz de la libre circulación de capitales, garantizada por el artículo 63 TFUE, cuando dicha normativa se aplica con independencia de la magnitud o del alcance jurídico de la participación que la sociedad matriz posea.
2) Una normativa nacional que establece una retención en origen que tiene un efecto liberatorio sobre los dividendos abonados por sociedades residentes a sociedades establecidas en un tercer país, que no se aplica a los dividendos abonados por sociedades residentes a otras sociedades residentes, constituye una restricción a la libre circulación de capitales en el sentido del artículo 63 TFUE, apartado 1. No obstante, tal restricción es compatible con el Derecho de la Unión en virtud del artículo 64 TFUE, apartado 1, siempre que haya existido ininterrumpidamente desde el 31 de diciembre de 1993 y afecte a los movimientos de capitales que supongan inversiones directas.
3) Una normativa nacional que establece una retención en origen definitiva sobre los dividendos pagados por una sociedad establecida en ese Estado miembro a sociedades constituidas en un tercer país no puede justificarse por razones imperiosas de interés general, como la preservación de un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros y los países terceros, o la necesidad de evitar una doble ventaja fiscal, debido a la falta de reciprocidad, de una carga fiscal comparable o de un marco fiscal similar en el tercer país.
4) El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, permite a las autoridades tributarias exigir a una sociedad establecida en un tercer país que pruebe el importe preciso del impuesto sobre sociedades recaudado en ese Estado miembro que no puede imputarse al impuesto sobre sociedades adeudado en su país de establecimiento."
- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. RIMVYDAS NORKUS, presentadas el 5 de noviembre de 2026, en el asunto C‑544/25 (ACC Business Development: [Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Timişoara (Tribunal Superior de Timișoara, Rumanía)] Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2008/104/CE — Trabajo a través de empresas de trabajo temporal — Normativa nacional que exige un permiso de trabajo para los nacionales de terceros países — Solicitud de permiso de trabajo presentada por el empleador — Obligación de dicho empleador de ejercer la actividad para la que se solicita el permiso — Normativa que tiene por efecto impedir a las empresas de trabajo temporal contratar a nacionales de terceros países como trabajadores cedidos por tales empresas.
Nota: El AG propone al Tribunal que responda a la cuestión prejudicial planteada del siguiente modo:
"La Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que tiene por efecto impedir que una empresa de trabajo temporal contrate a nacionales de terceros países como trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal al exigir que dichos nacionales de terceros países dispongan de un permiso de trabajo cuya expedición está supeditada a una solicitud presentada por un empleador que ejerza él mismo la actividad para la que se solicita dicho permiso de trabajo."
