Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12.11.2026)

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 12 de noviembre de 2026, en los asuntos acumulados C‑7/25 [Ramodi] (i) y C‑8/25 [Karkik]: Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de asilo — Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Artículo 4 — Valoración de los elementos pertinentes de una solicitud de protección internacional — Obligación del solicitante de fundamentar los elementos de la solicitud mediante documentos auténticos u otras pruebas objetivamente verificables — Alcance — Cooperación del Estado miembro con el solicitante para valorar los elementos pertinentes de su solicitud — Alcance — Procedimientos para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Examen completo y ex nunc — Alcance de las facultades del órgano judicial de primera instancia — Examen por el juez de las necesidades de protección internacional y del respeto del principio de no devolución.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida,
debe interpretarse en el sentido de que,
por una parte, la autoridad encargada de examinar una solicitud de protección internacional debe cooperar con el solicitante y tener en cuenta, al evaluar la necesidad de protección, todos los datos y medios de prueba presentados en apoyo de la solicitud y, por otra parte, cuando el solicitante fundamente suficientemente sus declaraciones con pruebas o cumpla los requisitos establecidos en dicha disposición, sus declaraciones no requerirán ninguna confirmación adicional y se considerarán creíbles.
2) El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y los artículos 4 y 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales
deben interpretarse en el sentido de que,
por una parte, un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia que conoce de un recurso contra una decisión denegatoria de una solicitud de protección internacional está obligado a llevar a cabo un examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido un examen de las necesidades de protección internacional en virtud de la Directiva 2011/95, sobre la base de los elementos del expediente que se hayan puesto en su conocimiento, completados o aclarados al término de un procedimiento contradictorio, así como a señalar, sobre la base de todos estos datos, los elementos de hecho o de Derecho necesarios para su apreciación y, por otra parte, cuando tal decisión denegatoria vaya acompañada de una decisión que imponga una obligación de retorno, tal órgano jurisdiccional está obligado a comprobar de oficio, sobre la base de los elementos del expediente puestos en su conocimiento, completados o aclarados al término de un procedimiento contradictorio, que el principio de no devolución no se opone al retorno del solicitante de protección internacional."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 12 de noviembre de 2026, en el asunto C‑254/25 (Wojewoda Śląski): Procedimiento prejudicial — Política de inmigración — Directiva (UE) 2016/801 — Requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de estudios — Artículo 34 — Garantías procedimentales — Suspensión de los plazos de tramitación de las solicitudes de autorización de residencia presentadas por nacionales de países terceros — Imposibilidad de recurrir contra las autoridades competentes para tramitar dichas solicitudes — Derecho fundamental a la tutela judicial efectiva — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Fuerza mayor.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 34, apartados 1 y 3, de la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que, sin existir fuerza mayor, pospone el inicio del cómputo del plazo de tramitación de las solicitudes de autorización de residencia al que se refiere el citado artículo 34, apartado 1, o lo suspende, excluyendo así la posibilidad, prevista por el Derecho interno, de que un nacional de un país tercero base un recurso judicial en la inactividad o el retraso de la autoridad administrativa competente para tramitar esas solicitudes, de modo que esta no puede ser condenada, en virtud del Derecho nacional que transpone la mencionada Directiva, a una sanción o al pago de una indemnización por esa inactividad o ese retraso."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 12 de noviembre de 2026, en el asunto C‑476/25 [Seruel]: Procedimiento prejudicial — Administradores de créditos y compradores de créditos — Directiva (UE) 2021/2167 — Relaciones con el prestatario, comunicación de la cesión y comunicaciones posteriores — Artículo 10, apartado 1 — Empresa que ha adquirido un préstamo vencido — Procedimiento monitorio contra el prestatario consumidor — Prescripción de un crédito — Examen de oficio por el juez nacional — Protección de los consumidores — Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores — Directiva 2005/29/CE.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 10, apartado 1, de la Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2021, sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE,
debe interpretarse en el sentido de que
no regula la cuestión de si el juez nacional que conoce de una reclamación de deuda presentada por un comprador de créditos frente a un consumidor puede examinar de oficio la prescripción de dicho crédito."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 12 de noviembre de 2026, en el asunto C‑579/24 (Austro-Mechana y AKM): Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 2 — Derecho de reproducción — Artículo 3, apartados 1 y 2 — Derecho de comunicación y de puesta a disposición del público — Directiva (UE) 2019/790 — Artículo 17 — Servicios para compartir contenidos en línea — Realización de copias digitales de contenidos protegidos en los servidores de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea con vistas a su comunicación al público en las plataformas en línea de dichos prestadores — Alcance de la responsabilidad de los referidos prestadores — Obligación de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea de obtener la autorización de los titulares de derechos para comunicar al público o poner a su disposición las obras y otras prestaciones protegidas.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 17, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE,
debe interpretarse en el sentido de que
el almacenamiento, por un prestador de servicios para compartir contenidos en línea en el sentido del artículo 2, punto 6, de la Directiva 2019/790, de obras y otras prestaciones protegidas cargadas por los usuarios, que es técnicamente necesario para permitir su comunicación al público o su puesta a disposición del público, constituye un acto de reproducción a los efectos del artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, realizado por el propio prestador o imputable al propio prestador, para el que no precisa de una autorización distinta de la que debe obtener de los titulares de derechos a que se refiere el artículo 3, apartados 1 y 2, de esta última Directiva.
2) El artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2019/790
debe interpretarse en el sentido de que
la carga, por parte de los usuarios de servicios para compartir contenidos en línea, de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor en los servidores de un prestador de tales servicios, en el sentido del artículo 2, punto 6, de la citada Directiva, con vistas a su almacenamiento en esos servidores, que resulta técnicamente necesario para permitir la comunicación al público o la puesta a disposición del público de dichas obras o prestaciones, constituye un acto de reproducción a los efectos del artículo 2 de la Directiva 2001/29, para el que los usuarios no precisan de una autorización de los titulares de derechos mencionados en dicha disposición, ya que este acto debe considerarse cubierto por la autorización que los prestadores deben obtener, con arreglo al artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2019/790, de los titulares de derechos a que se refiere el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/29."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. RIMVYDAS NORKUS, presentadas el 12 de noviembre de 2026, en el asunto C‑626/25 (Landsbanki Luxembourg): [Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia)] Procedimiento prejudicial — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Préstamos hipotecarios — Procedimiento de insolvencia — Reconvención — Artículo 24 — Prórroga de la competencia judicial — Demandado que invoca su condición de consumidor y la competencia del tribunal de su domicilio — Excepción de litispendencia — Artículo 35 — Límites del control ejercido por el tribunal del Estado miembro requerido — Apreciación de los hechos en los que el tribunal del Estado miembro de origen ha basado su competencia — Falta de apreciación de los hechos que permiten determinar si concurrían los requisitos para la aplicación del artículo 15 de dicho Reglamento — Comprobación de la competencia por el tribunal del Estado miembro requerido.

Nota: El AG propone al Tribunal que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia):
"1) El artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una parte domiciliada en un Estado miembro declare su crédito en un procedimiento de insolvencia iniciado en otro Estado miembro no conlleva, por sí solo, la prórroga de la competencia del tribunal que conoce de dicho procedimiento por lo que respecta a una reconvención presentada contra esa parte. No obstante, tal prórroga puede resultar de la comparecencia de la referida parte en el procedimiento relativo a la reconvención, siempre que no haya impugnado a su debido tiempo la competencia del tribunal ante el que se presentó la demanda.
2) El artículo 24 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una excepción de litispendencia, mediante la cual una parte que alega su condición de consumidor invoca la competencia de los tribunales de su domicilio conforme a los foros de protección de la sección 4 del capítulo II de dicho Reglamento, puede constituir una impugnación de la competencia en el sentido de la referida disposición cuando de su contenido y del contexto procesal en el que se propone se desprenda claramente que la parte de que se trate pretende oponerse a la competencia del tribunal ante el que se presentó la demanda. No obstante, tal impugnación debe formularse a su debido tiempo.
3) El artículo 35, apartado 2, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el tribunal del Estado miembro de origen no haya realizado las apreciaciones que permitan determinar si las normas sobre competencia judicial que protegen al consumidor establecidas en la sección 4 del capítulo II de dicho Reglamento eran aplicables y la competencia de dicho tribunal no resulte del artículo 24 del mismo Reglamento, la citada disposición no priva al tribunal del Estado miembro requerido de la posibilidad de proceder a una comprobación limitada del respeto de tales normas, siempre que ese control no conduzca ni a una revisión en cuanto al fondo de la resolución extranjera ni a que se cuestionen las apreciaciones de hecho efectivamente realizadas por el tribunal de origen."

Bibliografía - Nacionalidad sin voto

 

- Nacionalidad sin voto. La cautelar del Supremo sobre la «ley de nietos»
Silvia Durán Alonso, Profesora Contratada Doctora (UCAM Universidad Católica de Murcia)
Diario LA LEY, Nº 11044, Sección Tribuna, 12 de Noviembre de 2026

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de aquellos inscritos en el denominado «Censo Electoral de Residentes Ausentes» que adquirieron la nacionalidad a través de la conocida como «ley de nietos», utilizando la presunción de exilio que fijó la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 25 de octubre de 2022. El trabajo analiza el objeto del pleito, los presupuestos de dicha medida, su difícil ejecución y las vías para resolver una paradoja: españoles que son legalmente de origen, pero que no pueden votar.

 

DOUE de 12.11.2026

- Comunicación de la Comisión — Directrices sobre la aplicación de las obligaciones de transparencia para determinados sistemas de IA en virtud del artículo 50 del Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de Inteligencia Artificial)
[DO C, C/2026/6005, 12.11.2026]

Nota: El Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican determinados Reglamentos, entró en vigor el 1 de agosto de 2024. En él se establecen normas armonizadas para la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de inteligencia artificial (IA) en la Unión. Su objetivo es promover la innovación y la adopción de la IA, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales en la Unión, incluidos la democracia y el Estado de Derecho.
El Reglamento de Inteligencia Artificial sigue un enfoque basado en el riesgo, que clasifica los sistemas de IA en cuatro categorías de riesgo diferentes, una de las cuales es la de los sistemas de IA que plantean riesgos de transparencia que están sujetos a las obligaciones establecidas en el artículo 50 del Reglamento. Estas obligaciones de transparencia se aplican dos años después de la entrada en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial, es decir, a partir del 2 de agosto de 2026.
Las presentes Directrices de la Comisión se publican con el objetivo de servir de orientación práctica para ayudar a las autoridades competentes, así como a los proveedores e responsables del despliegue de sistemas de IA, a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en virtud del artículo 50 del Reglamento de Inteligencia Artificial de manera coherente, efectiva, proporcionada y uniforme.
Estas Directrices no son vinculantes. Solo el TJUE puede ofrecer en última instancia una interpretación autorizada del Reglamento de Inteligencia Artificial.

Bibliografía - Novedad editorial

 La editorial Dykinson acaba de publicar la obra "Greenwashing internacional. De la gobernanza ecológica internacional a la responsabilidad civil transfronteriza por actos ilícitos de ecoimpostura" de Miguel Ángel Michinel Álvarez.

Las alegaciones ambientales se han convertido en un activo central de la competencia en los mercados globales. Cuando no se corresponden con el desempeño real de la empresa, el greenwashing desvía decisiones de consumo e inversión y compromete la eficacia de la transición ecológica.
Esta obra analiza la responsabilidad civil por greenwashing en su dimensión transfronteriza desde el Derecho Internacional Privado europeo. Sostiene que la pretendida neutralidad técnica de la disciplina no puede mantenerse ante conductas que erosionan los objetivos ambientales de la Unión. Sobre esa base, construye el artículo 11 TFUE como cláusula funcional-integradora que orienta la interpretación de los Reglamentos Bruselas I bis y Roma II.
De ahí se derivan propuestas concretas en materia de competencia judicial internacional y ley aplicable. El libro las contrasta con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con la litigación climática y estratégica en Europa y con el marco normativo reciente: la Directiva 2024/825, la CSDDD tras la Directiva Ómnibus y la Taxonomía.

Extracto del índice de la obra:

PARTE I. EL PROBLEMA
Capítulo I. La consolidación de la gobernanza ecológica internacional
1. Breve genealogía del Derecho internacional ambiental y climático
2. La gobernanza multinivel de la transición ecológica
3. El papel de los actores privados en la protección del medio ambiente
4. Responsabilidad social corporativa (RSC) y criterios ESG
5. Soft law internacional y estándares de sostenibilidad empresarial
6. La transformación estructural de los mercados en el marco de la financiación sostenible
7. La progresiva juridificación de la sostenibilidad empresarial

Capítulo II. La distorsión de la gobernanza ecológica internacional a través del
greenwashing
1. Concepto y tipologías de greenwashing
2. Alegaciones ambientales y funcionamiento de los mercados sostenibles
3. Impacto del greenwashing sobre la asignación de capital y la financiación verde
4. Las afectaciones del greenwashing
5. Efectos sobre la protección del medio ambiente y la transición ecológica
6. Greenwashing y crisis de legitimidad de la gobernanza climática y ambiental

PARTE II. EL INSTRUMENTO
Capítulo III. Los ilícitos por actos de greenwashing y su dimensión transfronteriza
1. La causalidad en los ilícitos por actos de greenwashing
2. Daños indemnizables
3. Responsabilidad de empresas multinacionales y grupos societarios
4. Relación entre compromisos voluntarios y responsabilidad jurídica
5. Tendencias en la litigación sobre greenwashing y alegaciones climáticas

Capítulo IV. El Derecho internacional privado como instrumento de efectividad de la gobernanza ecológica
1. Globalización económica y límites territoriales del Derecho material ambiental
2. El Derecho internacional privado ante el comportamiento empresarial global
3. De la autorregulación ESG a la accountability jurídica
4. El Derecho internacional privado como mecanismo de justicia ambiental
5. Litigación estratégica en materia de sostenibilidad empresarial
6. La legitimidad de la transición ecológica con base en el control jurisdiccional del greenwashing y sus límites

Capítulo V. La herramienta dogmática: el artículo 11 TFUE como mandato de integración ambiental
1. Planteamiento: del instrumento a la herramienta dogmática
2. La Generalklausel como técnica jurídica: delimitación y condiciones de extensión
3. El artículo 11 TFUE como Generalklausel de integración ambiental
4. El art. 31.3.c) CVDT y las obligaciones climáticas internacionales
5. Proyección sobre el Derecho internacional privado europeo
6. Antecedentes análogos en el DIPr europeo: el orden público armonizado y la proyección constitucional
7. Objeciones previsibles y respuestas anticipadas
8. Recapitulación

PARTE III. LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO
Capítulo VI. Competencia judicial internacional en litigios por greenwashing climático
1. El greenwashing en el Reglamento Bruselas I bis
2. El foro general del domicilio del demandado
3. El foro del lugar del hecho dañoso
4. Acciones colectivas y pluralidad de perjudicados
5. Litigios estratégicos sobre alegaciones ambientales y financiación sostenible
6. Riesgos de forum shopping y de fragmentación jurisdiccional

Capítulo VII. Ley aplicable y efectividad de la responsabilidad civil
1. El greenwashing en el marco del Reglamento Roma II    249
2. La regla de preferencia del artículo 7 sobre el 6.1 del Reglamento Roma II
3. El artículo 6.1 Roma II: régimen ordinario para el greenwashing sin
4. Determinación del mercado afectado en campañas multinacionales    263
5. El artículo 7 Roma II como régimen preferente para el greenwashing climático
6. Aplicación concurrente de múltiples leyes y operatividad de la regla de preferencia    277
7. Relación con el Reglamento Roma I en supuestos contractuales    281
8. Los mecanismos correctores del sistema y la Generalklausel del art. 11 TFUE

Conclusiones
I. La construcción dogmática en cuatro proposiciones
1. El artículo 11 TFUE como Generalklausel funcional-integradora
2. Proyección sobre Bruselas I bis: tres orientaciones interpretativas
3. La regla de preferencia del artículo 7 sobre el artículo 6.1 Roma II
4. Subsunción bajo el segundo inciso del artículo 7 y articulación del nexo causal
II. Problemas abiertos y líneas de desarrollo futuro
1. La verificación jurisprudencial por el Tribunal de Justicia
2. La evolución de la CSDDD tras la Directiva Ómnibus
3. La proyección a supuestos adyacentes: socialwashing, biodiversitywashing, AIwashing
4. La litigación estratégica y el papel emergente de los actores no estatales
III. Cierre

Ficha:

M.A. Michinel Álvarez
"Greenwashing internacional. De la gobernanza ecológica internacional a la responsabilidad civil transfronteriza por actos ilícitos de ecoimpostura"
Editorial Dykinson, 2026
ISBN: 979-13-7047-702-8
DOI: https://doi.org/10.14679/5310
Descarga gratuíta en eBook o PDF [aquí]

 

Bibliografía - Los derechos de las personas beneficiarias de protección internacional en el anteproyecto de la nueva Ley de asilo española

 

- Los derechos de las personas beneficiarias de protección internacional en el anteproyecto de la nueva Ley de Asilo Española: análisis crítico y propuestas de reforma
Gabriel de la Mora González, Abogado
Diario LA LEY, Nº 11043, Sección Tribuna, 11 de Noviembre de 2026

El presente artículo analiza el régimen jurídico según la redacción propuesta para los derechos de las personas beneficiarias de protección internacional en el Anteproyecto de la nueva Ley de Asilo, elaborado en el contexto de la entrada en aplicación, el 12 de junio de 2026, del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Mediante una metodología dogmático-jurídica, comparada y de lege ferenda, se examinan críticamente las disposiciones generales del estatuto, el derecho a la documentación de identidad y de viaje, la tarjeta de residencia, el derecho de auxilio administrativo, las medidas de acogida orientadas a la inclusión y la propuesta sobre obligatoriedad de medidas de integración posibilitando el condicionamiento del acceso al sistema público social. El análisis evidencia que el anteproyecto, pese a incorporar ciertos avances relevantes derivados del Reglamento (UE) 2024/1347, mantiene lagunas y, en algunos extremos, graves retrocesos respecto de la Convención de Ginebra de 1951 y de la vigente Ley 12/2009. Se dejarán fuera de este estudio derechos como el mantenimiento de la unidad familiar, el acceso a asistencia sanitaria, psicológica o la sobre la homologación de estudios. El trabajo concluye con un conjunto de propuestas normativas dirigidas a reforzar la seguridad jurídica y la efectividad de los derechos de este colectivo especialmente vulnerable. Se dejarán fuera de este estudio derechos como el mantenimiento de la unidad familiar, el acceso a asistencia sanitaria, psicológica o la sobre la homologación de estudios.

 

DOUE de 11.11.2026

- Reglamento de Ejecución (UE) 2026/2487 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2026, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al establecimiento, el desarrollo, la puesta en práctica, el funcionamiento y la supervisión de los espacios controlados de pruebas para la IA
[DO L, 2026/2487, 11.11.2026]

Nota: De acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/1689 (véase la entrada de este blog del día 12.7.2024), los espacios controlados de pruebas para la IA tienen por objeto proporcionar un marco controlado establecido por las autoridades competentes para permitir el desarrollo, el entrenamiento, la validación y la prueba, también en condiciones reales, de sistemas de IA innovadores con arreglo a un plan del espacio controlado de pruebas bajo supervisión regulatoria durante un período limitado antes de su introducción en el mercado.
Así pues, este Reglamento de Ejecución establece normas comunes y disposiciones detalladas para el establecimiento, el desarrollo, la puesta en práctica, el funcionamiento y la supervisión de todos los espacios controlados de pruebas para la IA establecidos de conformidad con el artículo 57 del Reglamento (UE) 2024/1689 (art. 1).
Este Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE (art. 10).

- Informe especial 30/2026 del Tribunal de Cuentas Europeo: Sanciones comerciales de la UE contra la Federación de Rusia — Pese a los considerables esfuerzos de coordinación, la persistencia de disparidades en su aplicación limita su impacto general
[DO C, C/2026/6009, 11.11.2026]

Nota: Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, hasta agosto de 2026, la UE adoptó 21 paquetes de sanciones para debilitar el esfuerzo bélico de Rusia restringiendo el comercio de bienes estratégicos. La auditoría del Tribunal de Cuentas evaluó si la Comisión apoyó y supervisó eficazmente la aplicación de estas sanciones comerciales. Se constató que la Comisión estableció amplios mecanismos de coordinación, orientación y seguimiento, y que las sanciones redujeron significativamente el comercio entre la UE y Rusia y restringieron las exportaciones directas de bienes críticos relacionados con el ámbito militar. Sin embargo, las ambigüedades jurídicas, las divergencias en las prácticas nacionales de aplicación, el uso desigual de los sistemas de intercambio de información y las deficiencias en el seguimiento limitan la eficacia general de las sanciones y crean riesgos de elusión. El Tribunal de Cuentas recomienda mejorar la claridad jurídica, analizar y abordar las diferencias en la aplicación nacional, promover el pleno uso de las herramientas de intercambio de información y reforzar el seguimiento mediante la recogida integrada de datos y criterios de eficacia claros.

Véase la versión íntegra del Informe [aquí] y la respuestas de la Comisión [aquí]

BOE de 11.11.2026

- Real Decreto-ley 35/2026, de 10 de noviembre, de medidas urgentes para el reconocimiento y protección a las familias monoparentales y otras medidas de apoyo a familias.

Nota: La disposición final primera, número tres, modifica el artículo 5 de Ley 40/2003 de protección a las familias numerosas. Su apartado segundo establece la competencia de la comunidad o ciudad autónoma de residencia de la persona solicitante para el reconocimiento de la condición de familia numerosa, así como para la expedición y renovación del título que acredita dicha condición y categoría, incluyendo la certificación en formato digital con idéntica validez que el formato físico. El párrafo último de este apartado 2 determina que, "para los casos de los nacionales de Estados miembro de la Unión Europea o de los restantes que sean parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que no tengan su residencia en territorio español, será competente la comunidad autónoma en la que el solicitante ejerza su actividad por cuenta ajena o por cuenta propia".

Por su parte, la disposición final cuarta, número 2, modifica el artículo 4.1 del Real Decreto 1618/2007 sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que pasa a tener la siguiente redacción: 

"Serán beneficiarios de los anticipos del Fondo los españoles menores de edad o mayores con discapacidad o en situación de dependencia, así como los menores nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en España, titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado que formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen los límites que se establecen en el artículo 6 de este real decreto."

- Real Decreto 956/2026, de 4 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento del Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia.

Nota: Esta norma tiene por objeto regular la estructura y funcionamiento del Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD) (art. 1).
Por lo que se refiere a su ámbito de aplicación, el artículo 2.1 establece que al CIDEAD le corresponde la atención educativa a distancia en todo el territorio nacional, la atención educativa a distancia a los ciudadanos de nacionalidad española que residen en el exterior y a los ciudadanos de nacionalidad no española residentes en el exterior que hayan cursado previamente estudios reglados del sistema educativo español. Se excepciona la actividad desarrollada, dentro del ámbito del deporte de alto nivel y la regulación del deporte federado estatal, por los centros de titularidad estatal que impartan las enseñanzas deportivas de grado superior a distancia en todo el territorio nacional.

[BOE n. 281, de 11.11.2026]

 

Bibliografía - Las ventajas del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales Notarial (OCP) en la lucha contra la corrupción

 

- Las ventajas del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales Notarial (OCP) en la lucha contra la corrupción
Vicente Magro Servet, Magistrado del Tribunal Supremo, Doctor en derecho
Diario LA LEY, Nº 11042, Sección Doctrina, 10 de Noviembre de 2026

Se analizan las ventajas del órgano de prevención del blanqueo de capitales del Consejo general del notariado en la lucha contra la corrupción frente al Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que proponía modificar el régimen de transmisión de participaciones de las sociedades de responsabilidad limitada, permitiendo que se formalizaran mediante documento privado electrónico en lugar de escritura pública notarial, evaluando en qué medida este texto, que no se tramitará por la disolución de las Cámaras, hubiera supuesto un freno en la lucha contra la corrupción.

 

BOE de 10.11.2026

- Corrección de errores de la Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia.

Nota: Véase la Ley 2/2024 de la Comunidad Autónoma del País Vasco de infancia y adolescencia, así como la entrada de este blog del día 12.3.2024.

[BOE n. 280, de 10.11.2026]

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

SENTENCIAS

-Asunto C-438/24, Erakond Eestimaa Rohelised: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de septiembre de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus – Estonia) – Erakond Eestimaa Rohelised (Procedimiento prejudicial – Artículos 17, apartado 1, 39 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – Principio de democracia – Derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo – Limitaciones al ejercicio de dicho derecho – Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo – Condiciones para presentarse a las elecciones – Obligación de depositar una fianza electoral – Presentación de candidaturas poco serias o frívolas – Objetivo disuasorio – Representatividad del electorado – Proporcionalidad del importe de dicha fianza a la vista de los objetivos perseguidos) [DO C, C/2026/5594, 9.11.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.9.2026.

- Asunto C-876/24, Vueling Airlines – Órgano jurisdiccional competente en caso de contrato de transporte aéreo nacional celebrado en línea: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de septiembre de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n.o 1 de Fuenlabrada – España) – I.G.V./Vueling Airlines, S. A. [Procedimiento prejudicial – Transporte aéreo de pasajeros y su equipaje – Reglamento (CE) n.o 2027/97 – Artículo 1 – Artículo 3, apartado 1 – Transporte aéreo en el interior de un Estado miembro – Convenio de Montreal – Artículo 33, apartado 1 – Órgano jurisdiccional competente – Lugar en que el transportista tiene una oficina por cuyo conducto se ha celebrado el contrato – Contrato de transporte celebrado en línea – Pérdida del equipaje] [DO C, C/2026/5598, 9.11.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.9.2026.

- Asunto C-139/25, Ishares Europe: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de septiembre de 2026 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) – Administración General del Estado / Ishares Europe ETF (Procedimiento prejudicial – Artículo 63 TFUE – Libre circulación de capitales – Imposición de los dividendos obtenidos por un fondo de inversión – Tipo impositivo – Diferencia de trato entre los fondos de inversión residentes y los fondos de inversión no residentes – Convenio fiscal bilateral para evitar la doble imposición – Neutralización de una posible restricción a la libre circulación de capitales mediante el convenio) [DO C, C/2026/5599, 9.11.2026]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.9.2026.

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-731/26, Landkreis Fulda: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Alemania) el 3 de julio de 2026 – Landkreis Fulda / H. y O. [DO C, C/2026/5611, 9.11.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1. ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartados 1, letra a), y 2 de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie la protección temporal [en lo sucesivo, «Decisión de Ejecución (UE) 2022/382»], en relación con el artículo 2, letras c) y d), de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (en lo sucesivo, «Directiva 2001/55/CE»), en el sentido de que los nacionales ucranianos que antes del 24 de febrero de 2022 tuviesen su residencia en Ucrania dejan de estar comprendidos en el ámbito de aplicación personal de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382:
   — si antes de su entrada en la Unión Europea permanecieron legalmente en un tercer país (en el presente asunto, Georgia) durante un período superior a dos años (en el presente asunto, del 9 de abril de 2022 al 21 de abril de 2024), pero sin un permiso de residencia, y
   — durante dicho período sufragaron su sustento con los ingresos obtenidos del ejercicio de actividades por cuenta propia y por cuenta ajena, respectivamente, y con ayudas de una comunidad religiosa?
   ¿Se aplica la restricción del ámbito de aplicación personal únicamente cuando el nacional ucraniano que antes de solicitar protección en la Unión Europea permaneció en un tercer país tiene la posibilidad de retornar a este tercer país, y es necesario a tal efecto una valoración sobre el regreso, el estatuto de residencia y los medios de subsistencia en el tercer país?
2. ¿Se oponen la Directiva 2001/55/CE y la Decisión de Ejecución (EU) 2022/382, por la que se concreta dicha Directiva, a que se dicte una decisión de retorno a Ucrania con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (en lo sucesivo, «Directiva 2008/115/CE»)?"

- Asunto C-835/26, Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (Bélgica) el 29 de julio de 2026 – Ligue des droits humains ASBL y otros / Conseil des ministres. Otra parte en el procedimiento: Médecins sans Frontières ASBL [DO C, C/2026/5614, 9.11.2026]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 8 de la Directiva 2008/115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, en su caso en relación con los artículos 1, 3, 4, 7 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se opone a medidas nacionales como la prevista en el artículo 74/23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Ley de 15 de diciembre de 1980 sobre la entrada en el territorio, la residencia, el establecimiento y la expulsión de los extranjeros), insertado por la loi du 12 mai 2024 «modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers sur la politique de retour proactive» (Ley de 12 de mayo de 2024 por la que se modifican la Ley de 15 de diciembre de 1980 sobre la entrada en el territorio, la residencia, el establecimiento y la expulsión de los extranjeros y la Ley de 12 de enero de 2007 relativa a la acogida de los solicitantes de asilo y de otras categorías de extranjeros en el marco de la política de retorno proactiva), que prevé la posibilidad de someter a los extranjeros, recurriendo, en su caso, a medidas coercitivas, a un reconocimiento médico obligatorio con vistas a la ejecución de una medida de retorno, siempre que dicho reconocimiento sea exigido como requisito de entrada o de tránsito por el país de destino o de tránsito o como requisito del viaje por el transportista responsable del traslado del extranjero, en el marco de una emergencia de salud pública de alcance internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud?
2) ¿Deben interpretarse los artículos 1, 3, 4, 7 y 35 de la Carta en el sentido de que se oponen a medidas nacionales como la prevista en el artículo 74/23 de la Ley de 15 de diciembre de 1980, antes citada, insertado mediante la Ley de 12 de mayo de 2024, antes citada, que prevé la posibilidad de someter a los extranjeros, recurriendo, en su caso, a medidas coercitivas, a un reconocimiento médico obligatorio con vistas a la ejecución de una medida de retorno, siempre que dicho reconocimiento sea exigido como requisito de entrada o de tránsito por el país de destino o de tránsito o como requisito del viaje por el transportista responsable del traslado del extranjero, en el marco de una emergencia de salud pública de alcance internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud?"

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BOE de 9.11.2026

- Real Decreto 954/2026, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.

Nota: La Ley 40/2006, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, prevé el posterior desarrollo reglamentario de su contenido de forma explícita en varios de sus preceptos. Desde su aprobación hasta el momento actual, el marco jurídico básico establecido por la Ley 40/2006 ha sido desarrollado en una serie de normas de diverso rango.
Este entramado normativo, de tan dispar antigüedad y contenido, es el que el presente real decreto se propone, al menos parcialmente, actualizar, modificar o derogar, a fin de dotar a la Ley 40/2006 de un desarrollo reglamentario acorde con la realidad social, económica, demográfica, laboral y sanitaria del momento actual y adaptado a lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, atendiendo, especialmente, a la adopción de medidas dirigidas a la protección de las mujeres frente a todo tipo de violencia, así como a la protección de las personas que se encuentren en situación de exclusión social. 

El reglamento que aprueba este real decreto consta de ciento cinco artículos, estructurados en cinco títulos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
El título preliminar reglamento desarrolla a su vez el título preliminar de la Ley 40/2006. En este título se define el objeto de la norma y el ámbito subjetivo, con una especial mención a la igualdad de género y a la protección a las víctimas españolas de violencia contra las mujeres residentes en el exterior. Por otra parte, en este título se determinan los conceptos de retorno y de persona española retornada, así como su forma de acreditación, incorporando, como novedad, un nuevo certificado de persona española retornada que permitirá acceder a la ayuda para el retorno de los nacionales españoles de origen en situación de vulnerabilidad económica, a que se refiere la disposición final primera, así como al resto de políticas de retorno contempladas en el reglamento.
El título I regula los derechos de participación de los nacionales españoles en el exterior y retornadas, desarrollando los artículos 9 a 14 de la Ley 40/2006. Concretamente, los órganos de participación son el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, regulado por el Real Decreto 230/2008 y, por otra parte, los Consejos de Residentes Españoles, cuyo funcionamiento es objeto del Real Decreto 1960/2009.
El título II desarrolla el capítulo II de la Ley 40/2006, relativo a derechos sociales y prestaciones. Además, incorpora diversas normas dispersas que regulan diversas prestaciones, en un esfuerzo de sistemática jurídica. Concretamente son las prestaciones por razón de necesidad, realizándose un cambio de denominación en la actual "prestación económica por ancianidad para residentes en el exterior", que pasa a denominarse "prestación económica para personas españolas residentes en el exterior mayores de 65 años" y la asistencia sanitaria.
Por otra parte, se enumeran las posibles líneas prioritarias de subvenciones para la ciudadanía española residente en el exterior y retornada, las cuales podrán ser objeto de futuras órdenes de bases. Además, se detallan el derecho a la información, los derechos sociales y los derechos relativos a la educación y a la cultura de los nacionales españoles residentes en el exterior. Finalmente, en este título se recogen también los elementos esenciales de las ayudas consulares para nacionales españoles residentes en el exterior o que se encuentren en el extranjero, así como los programas de subvenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el ámbito de la protección de la ciudadanía española en el exterior.
El título III atiende por primera vez la política integral de retorno, prevista en el título II de la Ley 40/2006, que no ha sido nunca objeto de desarrollo general por un real decreto. Anteriormente sólo se han recogido, de manera específica, el desarrollo de la pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados del artículo 25 del Real Decreto 8/2008 y las ayudas reguladas en el Real Decreto 1493/2007. En este sentido, la política de retorno encuentra fundamento expreso en el artículo 42 de la Constitución Española y adquiere una renovada centralidad a la vista de los procesos de salida de nacionales españoles producidos, singularmente, a partir de la crisis económica de 2008.
El título IV se dedica a la coordinación de las Administraciones públicas y al impulso de la administración electrónica. Este título, en lo que se refiere a la coordinación de las Administraciones públicas, viene a desarrollar a su vez el título III de la Ley 40/2006, dedicado a las relaciones entre Administraciones públicas. En el momento actual, las comunidades autónomas cuentan con sus propias políticas de ciudadanía exterior y retorno. Por tanto, la necesidad de colaboración y coordinación es mayor y afecta ya a muchos de los ámbitos de la gestión cotidiana, especialmente en el ámbito prestacional y de las subvenciones. El artículo 105 acoge la necesidad de que las Administraciones públicas impulsen de forma específica la administración electrónica para los trámites que deban realizar los españoles residentes en el exterior, al ser los medios electrónicos especialmente importantes para ellas debido a las mayores distancias existentes para poder recibir una atención presencial en las oficinas de las Administraciones públicas en el exterior. 

El presente real decreto y el reglamento entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE (DF 3ª del Real Decreto).

[BOE n. 279, de 9.11.2026]

 

Bibliografía - Novedad editorial

 En la editorial Atelier acaba de publicarse la obra colectiva "Cuestiones actuales de Derecho Civil y Derecho Internacional Privado de especial relevancia para el notariado español", coordinada por Carmen Rodríguez Pérez, María Ángeles Sánchez Jiménez y Juan Antonio Fernández Campos.

La obra recoge, sustancialmente, las ponencias de los diversos seminarios organizados por la Cátedra de Derecho Notarial de Murcia, resultado del convenio suscrito entre el Colegio Notarial de Murcia y la Universidad de Murcia en marzo de 2023, durante sus tres años de existencia.
Los seminarios de la Cátedra de Derecho Notarial de Murcia han tratado las cuestiones vinculadas al Derecho Civil y al Derecho Internacional Privado que preocupan en el ejercicio diario de la función notarial, abordando los temas con la doble perspectiva del conocimiento teórico aportado por los académicos, y el conocimiento práctico vertido por los notarios.
Estos seminarios se han convertido en un foro de fructífero debate e intercambio de conocimientos. Los temas tratados en la presente obra analizan la figura del contador partidor dativo, la ley aplicable a la sucesión mortis causa en el Reglamento europeo 650/2012, la función y fundamento de la legítima, la responsabilidad de los bienes gananciales, la competencia judicial internacional y la ley aplicable al divorcio transnacional, el reconocimiento de la escritura de divorcio del notario español en el ámbito europeo, el Reglamento eIDAS 2.0, la posibilidad de que el notario plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE, los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) y la actividad notarial, la creación intelectual ante la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial en el ejercicio profesional del notario; con un enfoque que interesa tanto a los profesionales del Derecho como a los investigadores jurídicos.

Extracto del índice de la obra:

BLOQUE I. DERECHO DE SUCESIONES
- Carmen Leonor García Pérez, El contador partidor dativo. Análisis de los presupuestos exigidos en el artículo 1057.2 CC e hipótesis para fomentar esta vía de salida de la indivisión.
- Andrés Rodríguez Benot, La ley aplicable a la sucesión mortis causa en el Reglamento UE 650/2012: especial referencia a la legítima.
- Rafael Verdera Server, Función y fundamento de la legítima sucesoria.

BLOQUE II. DERECHO DE FAMILIA
- Antonio Botía Valverde, La responsabilidad de los gananciales y el principio de igualdad entre cónyuges.
- María Ángeles Sánchez Jiménez, Divorcio transnacional ante autoridad notarial española. Competencia judicial y determinación de la ley aplicable.
- María Ángeles Rodríguez Vázquez, El reconocimiento de la escritura de divorcio de la autoridad notarial española en el espacio europeo.

BLOQUE III. DERECHO EUROPEO
- Pilar Blanco-Morales Limones, El reglamento eIDAS 2.0: Identidad digital, declaraciones electrónicas de atributos y seguridad jurídica en el mercado interior.
- Pilar Jiménez Blanco, ¿Puede un notario plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

BLOQUE IV. LOS MASC
- Gemma García-Rostán Calvín, MASC, Escritura pública y ejecución forzosa.
- Manuel Antonio Seda Hermosín, El notario ante los nuevos MASC

BLOQUE V. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
- Carlos Marín Calero, La profesión de Notario, la atención al usuario y la inteligencia artificial.
- Margarita Orozco González, Entre autores y algoritmos: El futuro de la protección jurídica de la creación intelectual.

Ficha:

C. Rodríguez Pérez, M.Á. Sánchez Jiménez, J.A. Fernández Campos (coords.), 
"Cuestiones actuales de Derecho Civil y Derecho Internacional Privado de especial relevancia para el notariado español"
Editorial Atelier, Barcelona 2026. 
324 págs.
ISBN: 979-13-88510-35-9
Descarga de la obra en Open Access [aquí]

 

Bibliografía - El asilo español después del Pacto o cuando una instrucción administrativa reescribe la Ley

 

- El asilo español después del pacto o cuando una instrucción administrativa reescribe la Ley
José Mª Pey González, Abogado del Iltre. Colegio de Vizcaya y del Servicio de Inmigración del Iltre. Ayuntamiento de Baracaldo, Vocal de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE por el Consejo Vasco de la Abogacía, Profesor del MUAAP de la Universidad de Deusto y de la EPJ Pedro Ibarreche
Diario LA LEY, Nº 11040, Sección Tribuna, 6 de Noviembre de 2026

La plena aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo ha comenzado a proyectar efectos inmediatos sobre el sistema español de protección internacional. Las Instrucciones dictadas por la Subsecretaría del Interior el 11 de junio constituyen probablemente la primera manifestación práctica de esta transformación. Bajo la premisa de la primacía y aplicabilidad directa de los Reglamentos (UE) 2024/1348 y 2024/1351, la Administración redefine la tramitación de las solicitudes de asilo, amplía el alcance del procedimiento fronterizo, reordena las competencias internas y llega incluso a declarar incompatible el recurso administrativo de reposición con el nuevo modelo europeo. El presente trabajo analiza el alcance jurídico de estas instrucciones, sus fundamentos normativos y las importantes dudas que suscitan desde la perspectiva de la seguridad jurídica, la reserva de ley y la tutela judicial efectiva.

 

DOUE de 6.11.2026

- Posición (UE) n.° 13/2026 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican el Reglamento (UE) 2023/1114 y la Directiva 98/26/CE y se derogan las Directivas 2009/110/CE y (UE) 2015/2366 (Texto pertinente a efectos del EEE)
[DO C, C/2026/5934, 6.11.2026]

Nota: Desde la adopción de la Directiva (UE) 2015/2366, el mercado de servicios de pagos minoristas ha experimentado cambios significativos relacionados en gran medida con la creciente utilización de tarjetas y otros medios de pago digitales, la disminución del uso de efectivo y la presencia cada vez mayor de nuevos agentes y servicios, como las carteras digitales y los pagos sin contacto. La pandemia de COVID-19 y los cambios que ha producido en las prácticas de consumo y pago han aumentado la importancia de contar con pagos digitales seguros y eficientes.
La Directiva (UE) 2015/2366 tenía por objeto eliminar los obstáculos a los nuevos tipos de servicios de pago y mejorar el nivel de protección y seguridad de los consumidores. La evaluación de los efectos y la aplicación de la Directiva (UE) 2015/2366 realizada por la Comisión puso de manifiesto que dicha Directiva ha alcanzado en buena medida muchos de sus objetivos, pero también detectó algunos ámbitos en los que estos no se han cumplido. En particular, dicha evaluación detectó problemas relacionados con la aplicación y el cumplimiento divergentes de dicha Directiva, que han afectado directamente a la competencia entre los proveedores de servicios de pago, al da lugar a condiciones normativas en efecto diferentes en los distintos Estados miembros debido a interpretaciones diferentes de las normas, lo que ha fomentado el arbitraje regulador.
No debe haber margen para la búsqueda de un foro de conveniencia, por la cual un proveedor de servicios de pago elegiría como país de origen un Estado miembro en el que la aplicación de las normas de la Unión sobre servicios de pago le resulte más ventajosa y al mismo tiempo prestaría servicios transfronterizos en Estados miembros que interpreten de forma más estricta dichas normas o apliquen políticas más activas de garantía del cumplimiento con respecto a los proveedores de servicios de pago establecidos en ellos. Dicha práctica falsea la competencia. Por consiguiente, deben armonizarse en mayor medida las normas de la Unión sobre servicios de pago las normas que regulan la prestación de servicios de pago y separándolas de las normas sobre autorización y supervisión de las entidades de pago, que deben regirse por la presente Directiva.

Véase la siguiente referencia de esta entrada. 

- Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 13/2026 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios de pago y los servicios de dinero electrónico en el mercado interior y por la que se modifica la Directiva 98/26/CE y se derogan las Directivas (UE) 2015/2366 y 2009/110/CE
[DO C, C/2026/5935, 6.11.2026]

 

BOE de 6.11.2026

- Acuerdo entre el Principado de Andorra y el Reino de España en materia de acceso a la educación secundaria postobligatoria y a la educación superior no universitaria, hecho en Madrid y Andorra la Vella el 23 de julio de 2026.

Nota: Este acuerdo tiene por objeto facilitar el mutuo reconocimiento de los títulos, diplomas y certificados que constituyen los requisitos de acceso a la educación secundaria postobligatoria y a la educación superior no universitaria en el sistema educativo de cada una de las Partes (art. 1).

El acuerdo entró en vigor el 23 de septiembre de 2026, es decir, hace un mes y medio (!!).

- Ley del Principado de Asturias 8/2026, de 15 de octubre, de Infancia y Adolescencia.

Nota: Esta ley se aplica a todas los menores de dieciocho años, a los que se refiere esta ley como niños y adolescentes, que residan o se encuentren transitoriamente en el territorio de la Comunidad Autónoma, con independencia de cuál sea su situación administrativa (art. 2.1).
El artículo 24.3 prevé que los menores de edad extranjeros tendrán derecho, con independencia de su situación administrativa, a los servicios y recursos públicos que faciliten su atención e integración familiar, social, lingüística y cultural.
El artículo 104 se ocupa de los niños y adolescentes extranjeros no acompañados. La intervención con estos menores de edad perseguirá siempre de forma preferente, una vez evaluado su interés superior, su retorno a la familia de origen. Cuando ello no sea posible o conveniente, se optará por acordar una medida de protección y ejercerla en acogimiento familiar o residencial, según proceda, sin perjuicio de que la posibilidad de retorno a la familia de origen en un momento posterior se pueda materializar.

[BOE n. 277, de 6.11.2026]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (5.11.2026)

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 5 de noviembre de 2026, en el asunto C‑344/25 (Eurovo): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales — Reglamento (CE) n.º 864/2007 — Artículo 5, apartado 1 — Responsabilidad por productos — Determinación del lugar de comercialización del producto — Lugar de adquisición del producto de un distribuidor o de entrega al cliente final por un transportista — Concepto de “producto” — Parte integrante de un producto acabado.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»),
debe interpretarse en el sentido de que
el lugar de comercialización de un producto, a efectos de dicha disposición, no es solo aquel en el que el producto sale de la fábrica del fabricante, sino también aquel en el que la persona perjudicada adquiere el producto de un distribuidor o aquel en el que un transportista le entrega el producto.
2) El artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.º 864/2007
debe interpretarse en el sentido de que
el concepto de «producto comercializado», a efectos de dicha disposición, también comprende un producto que constituye una parte integrante de una instalación técnica."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 5 de noviembre de 2026, en el asunto C‑716/24 [Ponner]: Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.º 655/2014 — Procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas — Artículo 2, apartado 2, letra c) — Ámbito de aplicación — Apertura de un procedimiento de insolvencia en un tercer país — Artículo 14, apartados 1, párrafo primero, y 3 — Obligación de fundamentar la petición a efectos de obtención de información sobre cuentas bancarias — Elementos pertinentes — Circunstancias que permiten concluir, de manera general, que existen vínculos económicos sólidos entre el deudor y el Estado miembro de que se trate.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil, a la luz de su considerando 8,
debe interpretarse en el sentido de que
no excluye del ámbito de aplicación de dicho Reglamento los créditos frente a un deudor respecto del cual se ha iniciado un procedimiento de insolvencia en un tercer país, de modo que no excluye la emisión de una orden de retención con arreglo al artículo 7, apartado 1, de ese Reglamento ni la transmisión de una petición de información sobre cuentas bancarias con arreglo al artículo 14, apartado 3, del mismo Reglamento, en el supuesto de que el Derecho nacional del Estado miembro competente para dictar esa orden reconozca ese procedimiento de insolvencia.
2) El artículo 14, apartados 1, párrafo primero, y 3, del Reglamento n.º 655/2014
debe interpretarse en el sentido de que,
para determinar si el acreedor «[tiene] motivos fundados para creer que el deudor mantiene una o varias cuentas en un banco en un Estado miembro determinado» y si la petición, presentada por el acreedor, a efectos de obtener información sobre las cuentas de que se trata está «bien fundada», han de tenerse en cuenta circunstancias que, sin indicar concretamente la existencia de una cuenta bancaria en el Estado miembro de que se trate, permiten, no obstante, demostrar la existencia de vínculos económicos acreditados entre el deudor y dicho Estado miembro."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. RIMVYDAS NORKUS, presentadas el 5 de noviembre de 2026, en el asunto C‑298/25 (Ofsets): [Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia)] Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Convenio de Roma — Conflicto de leyes — Ley aplicable a las obligaciones contractuales — Reglamento (CE) n.º 864/2007 — Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales — Ámbito de aplicación ratione materiae — Calificación de la acción de indemnización por ruptura repentina de relaciones comerciales establecidas.

Nota: El AG propone al Tribunal que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada:
"El artículo 1, apartado 1, del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, y el artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II),
deben interpretarse en el sentido de que
la ley aplicable a la acción de indemnización por ruptura repentina de las relaciones comerciales establecidas se determina con arreglo a dicho Convenio."

- CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL SRA. LAULHÉ SHAELOU, presentadas el 5 de noviembre de 2026, en el asunto C‑533/25 (F Corporation): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo de lo Tributario, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Artículos 49 TFUE y 65 TFUE — Convenio entre la República Federal de Alemania y Japón para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y otros impuestos — Retención del impuesto sobre los rendimientos del capital — Restricción — Justificación — Razones imperiosas de interés general — Devolución — Carga de la prueba.

Nota: La AG propone al Tribunal que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas del siguiente modo:
"1) Una normativa nacional en virtud de la cual los dividendos pagados por una sociedad residente en un Estado miembro a su sociedad matriz establecida en un tercer país están sujetos a una retención en origen definitiva debe apreciarse a la luz de la libre circulación de capitales, garantizada por el artículo 63 TFUE, cuando dicha normativa se aplica con independencia de la magnitud o del alcance jurídico de la participación que la sociedad matriz posea.
2) Una normativa nacional que establece una retención en origen que tiene un efecto liberatorio sobre los dividendos abonados por sociedades residentes a sociedades establecidas en un tercer país, que no se aplica a los dividendos abonados por sociedades residentes a otras sociedades residentes, constituye una restricción a la libre circulación de capitales en el sentido del artículo 63 TFUE, apartado 1. No obstante, tal restricción es compatible con el Derecho de la Unión en virtud del artículo 64 TFUE, apartado 1, siempre que haya existido ininterrumpidamente desde el 31 de diciembre de 1993 y afecte a los movimientos de capitales que supongan inversiones directas.
3) Una normativa nacional que establece una retención en origen definitiva sobre los dividendos pagados por una sociedad establecida en ese Estado miembro a sociedades constituidas en un tercer país no puede justificarse por razones imperiosas de interés general, como la preservación de un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros y los países terceros, o la necesidad de evitar una doble ventaja fiscal, debido a la falta de reciprocidad, de una carga fiscal comparable o de un marco fiscal similar en el tercer país.
4) El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, permite a las autoridades tributarias exigir a una sociedad establecida en un tercer país que pruebe el importe preciso del impuesto sobre sociedades recaudado en ese Estado miembro que no puede imputarse al impuesto sobre sociedades adeudado en su país de establecimiento."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. RIMVYDAS NORKUS, presentadas el 5 de noviembre de 2026, en el asunto C‑544/25 (ACC Business Development: [Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Timişoara (Tribunal Superior de Timișoara, Rumanía)] Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2008/104/CE — Trabajo a través de empresas de trabajo temporal — Normativa nacional que exige un permiso de trabajo para los nacionales de terceros países — Solicitud de permiso de trabajo presentada por el empleador — Obligación de dicho empleador de ejercer la actividad para la que se solicita el permiso — Normativa que tiene por efecto impedir a las empresas de trabajo temporal contratar a nacionales de terceros países como trabajadores cedidos por tales empresas.

Nota: El AG propone al Tribunal que responda a la cuestión prejudicial planteada del siguiente modo:
"La Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que tiene por efecto impedir que una empresa de trabajo temporal contrate a nacionales de terceros países como trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal al exigir que dichos nacionales de terceros países dispongan de un permiso de trabajo cuya expedición está supeditada a una solicitud presentada por un empleador que ejerza él mismo la actividad para la que se solicita dicho permiso de trabajo."

Bibliografía - España vs. Italia (espacio Schengen)

 

- España vs. Italia (espacio Schengen). Estado actual de la cuestión
Isaac Ibáñez García, Abogado
Diario LA LEY, Nº 11039, Sección Tribuna, 5 de Noviembre de 2026

Cada vez son más las voces que denuncian la indebida politización del ejercicio por la Comisión Europea de su función de guardiana de los Tratados. Buena muestra de ello es la reciente denuncia suscrita por más de un centenar de académicos y cinco antiguos dirigentes de la UE, que cuestiona la actuación de la Comisión en el desempeño de su responsabilidad de velar por el cumplimiento del Derecho de la Unión, a raíz del restablecimiento de los controles fronterizos entre Italia y España tras la invasión de Ceuta. La denuncia sostiene que ha llegado el momento de poner límites al amplísimo margen de discrecionalidad del que dispone la Comisión a la hora de decidir cómo y cuándo hacer cumplir el Derecho de la Unión. Esta exigencia resulta especialmente apremiante en aquellos supuestos en los que las personas afectadas carecen de vías efectivas y realistas para exigir responsabilidades a los Estados miembros que vulneran las normas comunitarias.

 

BOE de 5.11.2026

- Resolución de 22 de octubre de 2026, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de enero de 2022, para la elaboración de las estadísticas de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea (Intrastat).

Nota: El Reglamento (UE) n. 2019/2152 relativo a las estadísticas empresariales europeas estableció las normas aplicables a diversas estadísticas europeas, entre las que se incluyen las relativas al comercio internacional de bienes dentro de la Unión, que a su vez forman parte de las estadísticas empresariales europeas.
El suministro de la información por parte de los operadores del comercio internacional de bienes dentro de la Unión requiere la modernización de la infraestructura tecnológica actual, mediante la sustitución de un modelo de comunicaciones basado en el estándar EDIFACT, por un modelo de integración basado en servicios web. Esta medida posibilitará la implantación de un modelo de comunicaciones fundamentado en estándares abiertos y ampliamente extendidos que facilitará la interoperabilidad entre sistemas heterogéneos y simplificará los procesos de integración informática.
Se procede ahora a modificar las instrucciones para la formalización de la declaración Intrastat, aprobadas por la Resolución de 24 de enero de 2022 (véase la entrada de este blog del día 28.1.2022).

[BOE n. 276, de 5.11.2026]