DOUE de 2.12.2022

- Decisión (UE) 2022/2349 del Consejo de 21 de noviembre de 2022 por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea con vistas a un convenio del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho.

Nota: Mediante el presente acto, se autoriza a la Comisión a entablar negociaciones, en lo que respecta a los ámbitos que sean competencia exclusiva de la Unión, para un convenio del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho.

Véase el dictamen del SEPD, así como la entrada de este blog del día 1.12.2022.

[DOUE L311, de 2.12.2022]

BOE de 2.12.2022

- Ley 25/2022, de 1 de diciembre, sobre precursores de explosivos.

Nota: La ley regula el sistema de licencias que permite la puesta a disposición, introducción, posesión y utilización de precursores de explosivos restringidos por los particulares en España, así como garantizar la adecuada comunicación de las sustracciones, desapariciones y transacciones sospechosas de precursores de explosivos regulados.
Igualmente, incluye el procedimiento sancionador que habrá de aplicarse ante los incumplimientos a las disposiciones contempladas en la misma.
Cabe destacar en el régimen sancionado el artículo 16 (infracciones muy graves), número 3 (infracciones muy graves de los mercados en línea), letra d), en el que se considera infracción muy grave:

"d) No facilitar o no poner a disposición de las autoridades de inspección competentes a su requerimiento los datos solicitados sobre las transacciones comerciales con precursores de explosivos regulados, realizadas con los operadores económicos, los usuarios profesionales y los particulares.
La localización en el extranjero del domicilio social de los prestadores de servicios en línea, no podrá ser excusa para que las delegaciones establecidas en España cumplan con el deber de comunicación establecido en el párrafo anterior."

- Acuerdo suscrito entre el Ministerio del Interior del Reino de España y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) relativo a la realización de proyectos en las áreas temáticas de Retorno voluntario asistido y Reintegración y Gestión fronteriza integrada, hecho en Madrid el 23 de noviembre de 2022.

Nota: Este Acuerdo internacional administrativo entró en vigor el 23 de noviembre de 2022.

- Resolución de 25 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del partido judicial de Molina de Segura, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Nota: Mediante la presente resolución se aprueba la entrada en servicio efectivo, en las oficinas del Registro Civil del partido judicial de Molina de Segura, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Molina de Segura y las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Alguazas, Archena, Ceutí, Las Torres de Cotillas y Lorquí, de la aplicación informática denominada DICIREG, del Ministerio de Justicia, que permite el funcionamiento del Registro Civil conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 a las 00:00 horas del 12 de diciembre de 2022.
Mientras no entre en vigor el nuevo Reglamento de Registro Civil será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerdan las pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática DICIREG, conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 23.9.2021), modificada por la Instrucción de 3 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y las demás Instrucciones, Circulares y Resoluciones que han sido dictadas hasta el momento, en relación con la aplicación de la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 9.6.2022).

[BOE n. 289, de 2.12.2022]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (1.12.2022)

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima) de 1 de diciembre de 2022, en el asunto C‑564/21 (Bundesrepublik Deutschland): Procedimiento prejudicial — Derechos fundamentales — Derecho a la tutela judicial efectiva — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Política de asilo — Directiva 2013/32/UE — Artículos 11, apartado 1, 23, apartado 1, y 46, apartados 1 y 3 — Acceso a la información que obre en el expediente del solicitante — Totalidad del expediente — Metadatos — Transmisión de dicho expediente en forma de archivos electrónicos individuales no estructurados — Información por escrito — Copia digitalizada de la resolución en la que figura una firma manuscrita — Conservación del expediente electrónico sin archivo de un expediente en papel.

Fallo del Tribunal:
"1) Los artículos 23, apartado 1, y 46, apartados 1 y 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que:
no se oponen a una práctica administrativa nacional en virtud de la cual la autoridad administrativa que haya resuelto una solicitud de protección internacional transmita al representante del solicitante una copia del expediente electrónico correspondiente a esa solicitud en forma de una serie de archivos distintos en formato PDF (Portable Document Format), sin paginar, y cuya estructura pueda visualizarse mediante un software gratuito y de acceso libre en Internet siempre que, por un lado, ese modo de transmisión garantice el acceso a toda la información que contenga el expediente si es pertinente para la defensa del solicitante y si ha servido de base para la resolución de esa solicitud y, por otro lado, que dicho modo de transmisión ofrezca una representación tan fiel como sea posible de la estructura y de la cronología de dicho expediente, sin perjuicio de los casos en que existan objetivos de interés general que se opongan a la comunicación de ciertos datos al representante del solicitante.
2) El artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2013/32
debe interpretarse en el sentido de que:
no es necesario que en una resolución sobre una solicitud de protección internacional figure la firma del agente de la autoridad competente autor dicha resolución para que pueda considerarse que esta última se ha dictado por escrito en el sentido de la citada disposición."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, presentadas el 1 de diciembre de 2022, en el asunto C‑699/21 (E.D.L.): [Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional, Italia)] Cuestión prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Decisión marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea — Entrega de personas condenadas o sospechosas a las autoridades judiciales de emisión — Enfermedad grave, crónica y potencialmente irreversible — Riesgo grave para la salud de la persona reclamada.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste la cuestión planteada en el siguiente sentido:
"Los artículos 1, apartado 3, y 23, apartado 4, de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, examinados a la luz de los artículos 3, 4 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que:
Si la autoridad judicial de ejecución considera que la entrega de una persona reclamada que sufre graves patologías de carácter crónico y potencialmente irreversibles puede exponerla al riesgo de sufrir un grave perjuicio para su salud, debe solicitar a la autoridad judicial emisora información que permita descartar tal riesgo y, en su caso, suspender, de manera excepcional y con carácter provisional, la entrega de esa persona en tanto se mantenga dicho riesgo grave."

DOUE de 1.12.2022

- Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/1134 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 767/2008, (CE) n.o 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 y (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo, a fin de reformar el Sistema de Información de Visados.

Nota: Véase el Reglamento (UE) 2021/1134 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, así como la entrada de este blog del día 13.7.2021.

[DOUE L310, de 1.12.2022]

- Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea con vistas a un Convenio del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho.

Nota: El 18 de agosto de 2022, la Comisión Europea publicó una Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea con vistas a un Convenio del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial (IA), derechos humanos, democracia y Estado de Derecho (el «Convenio»), de conformidad con el artículo 218 del TFUE.
El SEPD formula cuatro recomendaciones principales sobre las directrices de negociación:
— los objetivos generales de la negociación del Convenio deberán atribuir más importancia a las garantías y los derechos que han de ofrecerse a las personas —y a los grupos de personas— sujetas a los sistemas de IA, en consonancia con el enfoque principal y los objetivos del Consejo de Europa;
— deberá mencionarse explícitamente, en una directriz específica, que el Convenio es conforme con el marco jurídico vigente de la UE en materia de protección de datos;
— en consonancia con el enfoque basado en el riesgo, deberá incluirse el objetivo de prohibir los sistemas de IA que planteen riesgos inaceptables;
— el Convenio deberá promover la adopción de un enfoque de protección de datos desde el diseño y por defecto en cada fase del ciclo de vida de los sistemas de IA.
Además, el Dictamen ofrece recomendaciones adicionales sobre la inclusión en el Convenio de unas garantías procedimentales mínimas, así como de unos requisitos mínimos en materia de transparencia, explicabilidad y auditabilidad, cumplimiento y mecanismos de control, en el marco de la cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes designadas por las partes del Convenio para la supervisión de las garantías y derechos que deben establecerse de conformidad con el Convenio.

Véase el texto completo del informe [aquí]

[DOUE C458, de 1.12.2022]

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional

- Sala Primera. Sentencia 130/2022, de 24 de octubre de 2022. Recurso de amparo 2744-2019. Promovido por don Mourad Maha respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de primera instancia de Barcelona en procedimiento de oposición a medidas de protección de menores. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): resoluciones judiciales que impiden la efectiva impugnación del decreto de la fiscalía de menores sobre determinación de la edad.
ECLI:ES:TC:2022:130

Nota: Don Mourad Maha compareció voluntariamente ante los Mossos d’Esquadra el 6 de junio de 2017 manifestando ser menor de edad, haber nacido en Marruecos y no tener ningún referente en España que pudiera hacerse cargo de él. Se encontraba indocumentado. Tras realizarse pruebas médicas para la determinación de su edad, se obtuvo como resultado que la edad mínima más probable eran diecisiete años. Por decreto de la Fiscalía de menores de Barcelona de 13 de junio de 2017 se acordó que don Mourad Maha debía ser considerado menor de edad, y, en atención al resultado de las pruebas médicas, se determinó que su fecha de nacimiento era el 13 de junio de 2000.
El objeto del recurso de amparo es el auto de 25 de julio de 2018 del Juzgado de Primera Instancia núm. 45 de Barcelona, que acuerda la inadmisión de la «demanda» en un procedimiento de oposición a la resolución administrativa en materia de protección de menores regulado en el art. 780 LEC, y el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoctava) de 7 de marzo de 2019, que desestima el recurso de apelación presentado frente a la resolución anterior; ambas por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción.

Es importante destacar que, al hilo del razonamiento efectuado en relación con la falta de agotamiento de la vía judicial como óbice procesal, ya pusimos de relieve la importancia de este decreto a la hora de fijar la identidad del menor y su estado civil, al estar vinculadas tales circunstancias a la fecha de nacimiento y ser consideradas como un derecho básico de los niños a la luz del art. 8 de la Convención sobre derechos del niño, vinculante para España conforme a lo dispuesto en los arts. 96 y 10.2 CE.
De forma expresa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos incluye la edad entre esos aspectos que determinan la identidad de una persona, afirmando taxativamente que «la edad de una persona es un medio de identificación personal y que el procedimiento para evaluar la edad de un individuo que alega ser menor, incluidas sus garantías procesales, es esencial para garantizarle todos los derechos derivados de su condición de menor».

En aquellos casos en que los derechos fundamentales van referidos a una persona menor de edad, o que pudiera serlo, tal circunstancia ha de ser tenida en cuenta por el Tribunal, en atención al principio constitucional de protección del interés superior del menor reconocido en el art. 39 CE; y justifica una modulación del contenido y alcance de aquellos, precisamente para tutelar este interés superior constitucionalmente reconocido, llegando incluso a atemperar la rigidez de algunas normas procesales o sacrificar los legítimos intereses y perspectivas de terceros e incluso derechos y principios constitucionales (SSTC187/1996, de 25 de noviembre, FJ 2; 141/2000, FJ 5; 77/2018, de 5 de julio, FJ 2, y 178/2020, de 14 de diciembre, FJ 3, entre otras).
Por lo que se refiere a la especial vulnerabilidad de los menores extranjeros no acompañados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones poniendo el acento en la importancia de la protección de sus derechos.

En atención a la jurisprudencia constitucional expuesta en relación con el derecho de acceso a la jurisdicción —como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)— y los pronunciamientos específicos que hemos realizado a propósito de la impugnación del decreto de la Fiscalía de determinación de la edad; y teniendo en cuenta, además, la necesaria protección del interés superior de las personas menores de edad, o que pudieran serlo, así como, en particular, de aquellas que fueran extranjeras no acompañadas, procede examinar la cuestión constitucional a resolver en el presente recurso; esto es, si los órganos judiciales han vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del recurrente, en su dimensión de acceso a la jurisdicción:

a) En relación con la decisión de inadmisión del juzgado de primera instancia.
La decisión del juzgado de inadmitir el escrito presentado vedó, de este modo, el acceso a la jurisdicción del recurrente en amparo impidiendo una decisión sobre el fondo.
Es cierto que no toda decisión de inadmisión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la justicia. Para que tal vulneración se produzca, es preciso que la resolución sea arbitraria, manifiestamente irrazonable o fruto de un error patente, o que esté basada en criterios que, por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón, revelen una clara desproporción entre los fines perseguidos y los intereses que se sacrifican. Y aquí el control constitucional ha de ser particularmente intenso, dada la vigencia del principio pro actione.
Todas estas circunstancias nos llevan a concluir que la decisión judicial que niega el acceso al proceso por el incumplimiento de los requisitos del art. 780.2 LEC, además de carecer de apoyo legal, resulta desproporcionada atendiendo a los fines perseguidos y los intereses que se sacrifican.

b) En relación con la decisión desestimatoria del recurso de apelación de la Audiencia Provincial.
La decisión de la audiencia provincial, que alcanza a cuestiones de fondo, no ha respetado el derecho de defensa ni las garantías procesales ni, de forma especial, los principios de contradicción e igualdad de armas, del recurrente. Tampoco su derecho a ser oído, al no haberse cumplido con el trámite previsto en el art. 780.3 LEC —consistente en reclamar a la entidad administrativa un testimonio completo del expediente— ni haberse concedido el plazo del art. 780.4 LEC para presentar la demanda, omitiendo, por lo demás, los trámites subsiguientes. No es posible, por tanto, que el órgano judicial confirme la inadmisión basándose en razones de fondo sin conculcar las garantías procesales antes mencionadas.
Por otra parte, los argumentos en que basa su decisión la Audiencia Provincial de Barcelona no tienen en cuenta que precisamente lo que el recurrente quería impugnar era el decreto de determinación de la edad, que, como ya reconocimos en el ATC 151/2013, tiene su importancia a la hora de fijar la identidad del menor y su estado civil, vinculados a la fecha de nacimiento; y aunque carece en la legislación de un recurso directo, se puede impugnar indirectamente mediante el procedimiento de oposición a la resolución administrativa en cuyo origen se encuentre el referido decreto.
En consecuencia, una decisión en los términos realizados por la audiencia provincial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción.

Por todo lo expuesto, se concede el amparo solicitado y, de conformidad con el art. 55 LOTC, procede restablecer el derecho mediante la anulación de las resoluciones impugnadas y la retroacción de las actuaciones al momento anterior al dictado del auto de 25 de julio de 2018 del Juzgado de Primera Instancia núm. 45 de Barcelona.

[BOE n. 288, de 1.12.2022]

Bibliografía (Revista de revistas) - Diario La Ley Unión Europea n. 108 (noviembre 2022)

- Trabajos publicados en el Diario La Ley Unión Europea, núm.  108, de día 30 de noviembre de 2022:

ESTUDIOS:
- José Carlos Fernández Rozas, El mercado emergente sobre la financiación privada de litigios responsable en la Unión Europea: un cauce para facilitar el acceso a la justicia a los ciudadanos y las empresas privadas.

El mercado de la financiación de litigios sigue en gran medida sin estar regulado en el marco de la UE. Por eso una armonización de sus normas rectoras en todos los Estados miembros favorecerá la existencia de un sistema menos fragmentado en este sector donde los ciudadanos y las empresas de la Unión tengan la misma capacidad para obtener financiación para sus demandas tanto ante la jurisdicción como en el arbitraje. La iniciativa normativa puesta en marcha por la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2022, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la financiación privada de litigios responsable y la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que acompaña ofrecen una enorme importancia. En caso de llegar a buen término posibilitarán la disminución del particularismo para el acceso al mismo nivel de justicia dentro de la UE, simplificando en buena medida los litigios transfronterizos y evitando distorsiones y costes adicionales. La cuestión es encontrar un enfoque equilibrado entre la necesidad de mejorar el acceso a la justicia y la necesidad de evitar grandes riesgos y costes para las empresas y un potencial significativo de conflictos de intereses. Si después del largo proceso legislativo que se avecina se llega a una regulación adecuada, sus resultados podrán utilizarse convenientemente como herramienta para apoyar el acceso a la justicia a los ciudadanos y a las empresas privadas, especialmente en los países en los que los costes legales son muy elevados.

- Pedro Alberto de Miguel Asensio, El Reglamento (UE) de Mercados Digitales: Fundamentos, obligaciones de las plataformas y ejecución.

Para complementar los mecanismos previos de la política de competencia de la Unión y regular de manera más exigente y eficaz la actividad de los grandes prestadores de servicios digitales, el nuevo Reglamento de Mercados Digitales impone un régimen específico de obligaciones y de supervisión respecto de esos operadores. Aspectos esenciales de su contenido son la delimitación de los «servicios básicos de plataforma» sobre los que se proyecta, la designación como «guardián de acceso» en tanto que categoría determinante del sometimiento a este nuevo régimen, así como, especialmente, las obligaciones y prohibiciones que se les imponen. Se aborda, además, la concreción de su ámbito de aplicación territorial, la interacción del Reglamento con los instrumentos de la Unión preexistentes, el marco para su desarrollo, así como el régimen de supervisión y ejecución.

SENTENCIAS SELECCIONADAS:
- Luis Gómez Amigo, Aplicación al proceso monitorio europeo de normativa nacional que interrumpió los plazos procesales en materia civil debido a la pandemia del Covid–19.

La presente cuestión prejudicial plantea la compatibilidad de una normativa nacional que interrumpió los plazos procesales en materia civil debido a la pandemia del Covid-19 con la regulación del proceso monitorio europeo, establecida por un Reglamento de la Unión. A ello responde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirmativamente, con base en la cláusula de supletoriedad del Derecho nacional, contenida en el Reglamento del proceso monitorio europeo; y recurriendo al principio de autonomía procesal, después de comprobar el cumplimiento de sus requisitos: el respeto de los principios de equivalencia y de efectividad.

- José Luis Monereo Pérez, Alejandro Muros Polo, Derecho a vacaciones anuales retribuidas e incapacidad temporal en la última doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El presente trabajo de investigación pretende analizar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha incidido, de nuevo, en la relación que la incapacidad temporal tiene sobre el disfrute del derecho a las vacaciones anuales retribuidas. En esta ocasión, el Tribunal de Justicia, previo repaso de su principal jurisprudencia en la materia, de la que se dará cuenta en este estudio, precisa qué ocurre con las vacaciones devengadas durante un período de referencia en el que sobrevino una situación de incapacidad laboral, la cual se prolonga más allá de un período de aplazamiento de 15 meses previsto en la legislación alemana para el consumo de las vacaciones, a pesar de que el empresario no haya desplegado sus deberes de incentivación y de información para que el trabajador haya podido disfrutar efectivamente de su derecho antes de la suspensión del contrato. El Tribunal de Luxemburgo acaba por declarar como incompatible con el Derecho de la Unión una norma que permite la extinción del derecho a las vacaciones de forma automática, sin comprobar si el trabajador pudo disfrutar de su derecho y, por tanto, si el empresario cumplió con sus citados deberes. A la luz de lo anterior, en este artículo de investigación nos preguntamos si la normativa española, en concreto el art. 38.3º párrafo tercero del Estatuto de los Trabajadores, es compatible con la jurisprudencia comunitaria, teniendo en cuenta, a su vez, el efecto directo horizontal que se le atribuye al art. 31.2º de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

- Pedro Manuel Quesada López, La delicada compatibilidad con el Derecho europeo de la condena en costas en supuestos de satisfacción extraprocesal en materia de consumidores.

En el presente trabajo se estudia la compatibilidad entre la condena en costas por mala fe de la parte demandada de la satisfacción extraprocesal regulada en el art. 22.2º LEC y el principio de efectividad de Derecho europeo de consumo. Para ello se procederá a un análisis de las interpretaciones jurisprudenciales dadas por los Jueces y Tribunales españoles sobre la condena en costas en caso de satisfacción extraprocesal para proyectarlas a la luz del principio de efectividad y de interpretación conforme.

- Alberto J. Tapia Hermida, Distribución de los seguros colectivos e identificación del tomador impropio como intermediario o distribuidor de seguros.

La Sentencia de la Sala Primera del TJUE de 29 de septiembre de 2022 (Asunto C-633/20) tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania que interpreta la noción de mediación de seguros en la Directiva 2002/92 y la noción de distribución de seguros en la Directiva 2016/97 en un caso de distribución de los seguros colectivos o de grupo y llega a la conclusión de que la empresa intermediaria debe ser identificada como intermediario o distribuidor de seguros, con las consecuencias regulatorias específicamente pertinentes.

BOE de 30.11.2022

- Real Decreto 993/2022, de 29 de noviembre, por el que se adoptan medidas de control para la importación de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores procedentes de terceros países.

Nota: Esta disposición establece los procedimientos para el control e inspección de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), y de pilas y acumuladores, procedentes de terceros países previos al despacho a libre práctica en la Unión Europea.

- Real Decreto 984/2022, de 22 de noviembre, por el que se establecen las Oficinas de Transferencia de Conocimiento y se crea su Registro.

Nota: Este RD establece las condiciones de inscripción de las OTC en un Registro público, así como la actualización de sus datos e información que consten en el mismo. Las entidades válidamente inscritas en dicho registro público podrán concurrir a las convocatorias de ayudas para favorecer la transferencia de conocimiento que sean promovidas por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
De acuerdo con su artículo 3.1, se consideran OTC:

"a) Aquellas estructuras organizativas, sin personalidad jurídica propia, que desempeñen funciones de transferencia de conocimiento, y que dispongan de personal con carácter permanente. Estas estructuras podrán estar integradas en una Universidad o en un Organismo Público de Investigación; asimismo podrán estar integradas en otras entidades generadoras de conocimiento sin ánimo de lucro. A estos efectos, se entenderán como entidades generadoras de conocimiento aquellas entidades de naturaleza pública o privada que, como consecuencia de sus actividades de investigación, desarrollo e innovación, generen resultados de los que sean titulares.
b) Aquellas personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, que desempeñen funciones de transferencia de conocimiento, que no sean generadoras de conocimiento ni titulares de los resultados de investigación que gestionan, y que dispongan de personal con carácter permanente. Estas entidades, previa celebración del convenio, contrato o suscripción del instrumento jurídico correspondiente, gestionarán los resultados de investigación de una o más entidades, con personalidad jurídica independiente, generadoras de conocimiento y titulares de resultados de investigación.
Podrán inscribirse bajo esta modalidad las OTC que asuman la gestión de transferencia de conocimiento de una o más entidades generadoras de conocimiento, que por su menor tamaño no puedan contar con una plantilla suficientemente especializada o no dispongan de medios suficientes para realizar la función de transferencia de conocimiento por sí mismas."

- Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica la Adenda de modificación del Acuerdo de encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia del periodo 2016-2019.

Nota: Mediante esta adenda se prorroga por un año del plazo de ejecución de la encomienda suscrita el 25 de abril de 2019 (véase la entrada de este blog del día 4.6.2019) en las condiciones establecidas en la adenda de 29 de octubre de 2021 (véase la entrada de este blog del día 1.12.2021).

[BOE n. 287, de 30.11.2022]

Bibliografía - INCOTERMS y competencia judicial internacional en una compraventa internacional de mercancías en condiciones FCA

 

- El valor jurídico de los INCOTERMS y la competencia judicial internacional, en una compraventa internacional de mercancías en condiciones FCA
Alfonso Ortega Giménez, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado (Universidad Miguel Hernández de Elche)
Diario La Ley, Nº 10180, Sección Tribuna, 29 de Noviembre de 2022

El Auto de la Audiencia Provincial de Murcia, de 6 de julio de 2021, confirma la decisión de instancia que estimó una declinatoria internacional formulada por IMS Industrial & Marine Services GmbH&Co KG, y decreta el sobreseimiento del proceso por la declinatoria presentada por la otra parte, por falta de jurisdicción competente, teniendo en cuenta que la venta objeto de controversia se realizó en condiciones INCOTERM FCA-Dinslaken, lo que significa que el vendedor pondrá la mercancía en el lugar estipulado a disposición del comprador y éste asumirá los gastos y riesgos del transporte, transmitiéndose el riesgo en la entrega de la mercancía, en el lugar señalado por el comprador, siendo este Dinslaken-Alemania, por lo que el Tribunal carece de jurisdicción para conocer de la demanda.

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

SENTENCIAS

- Asunto C-241/21: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de octubre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus — Estonia) — I. L./Politsei- ja Piirivalveamet (Procedimiento prejudicial — Directiva 2008/115/CE — Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular — Artículo 15, apartado 1 — Internamiento — Motivos de internamiento — Criterio general del riesgo de que la ejecución efectiva de la expulsión se vea comprometida — Riesgo de comisión de un delito — Consecuencias de la investigación del delito y de la imposición de una sanción — Complicación del proceso de expulsión — Artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Limitación del derecho fundamental a la libertad — Exigencia de una base legal — Exigencias de claridad, previsibilidad y accesibilidad — Protección contra las arbitrariedades)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 6.10.2022.

- Asuntos acumulados C-433/21 y C-434/21: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 6 de octubre de 2022 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Corte suprema di cassazione — Italia) — Agenzia delle Entrate / Contship Italia SpA (Procedimiento prejudicial — Fiscalidad directa — Libertad de establecimiento — Impuesto sobre Sociedades — Régimen fiscal antielusión de las sociedades instrumentales — Determinación de la renta imponible sobre la base de unos ingresos mínimos presuntos — Exclusión del ámbito de aplicación de dicho régimen fiscal de las sociedades y entidades que cotizan en los mercados regulados nacionales)

Nota: Véase la entrada de este blog del día 6.10.2022.

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-420/22: Petición de decisión prejudicial planteada por el Szegedi Törvényszék (Hungría) el 24 de junio de 2022 — NW/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság y Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») —así como, en el caso concreto, con los artículos 7 y 24 de la Carta—, en el sentido de que exige a la autoridad de un Estado miembro que haya adoptado una resolución mediante la que, por un motivo relativo a razones de seguridad nacional y/o de orden público o de seguridad pública, se ordena la retirada de un permiso de residencia de larga duración expedido previamente, así como a la autoridad especializada que haya determinado el carácter confidencial, que velen por que se garantice en todo caso al interesado, nacional de un tercer país, y a su representante legal el derecho a conocer al menos la esencia de la información y datos confidenciales o clasificados en que se sustenta la resolución basada en dicho motivo y a hacer uso de esa información o datos en el procedimiento relativo a la resolución, en el supuesto de que la autoridad responsable considere que tal comunicación sería contraria a las razones de seguridad nacional?
2) En caso de respuesta afirmativa, ¿qué debe entenderse exactamente por «la esencia» de los motivos confidenciales en que se basa tal resolución, a la vista de los artículos 41 y 47 de la Carta?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2003/109, a la luz del artículo 47 de la Carta, en el sentido que el tribunal de un Estado miembro que se pronuncie sobre la legalidad del dictamen de la autoridad especializada basado en un motivo relativo a información confidencial o clasificada y de la resolución de fondo en materia de extranjería sustentada en dicho dictamen debe tener competencia para examinar la legalidad de la confidencialidad (su necesidad y proporcionalidad), así como para ordenar por decisión propia, en caso de que considere que la confidencialidad es contraria a la ley, que el interesado y su representante legal puedan conocer y utilizar la totalidad de la información en que se basan el dictamen y la resolución de las autoridades administrativas, o bien, en caso de que considere que la confidencialidad es conforme con la ley, que el interesado pueda conocer y utilizar al menos la esencia de la información confidencial en el procedimiento de extranjería que le concierne?
4) ¿Deben interpretarse los artículos 9, apartado 3, y 10, apartado 1, de la Directiva 2003/109, en relación con los artículos 7, 24, 51, apartado 1, y 52, apartado 1, de la Carta, en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual una resolución en materia de extranjería mediante la que se ordena la retirada de un permiso de residencia de larga duración expedido previamente consiste en una resolución no motivada que
i) se basa exclusivamente en una remisión automática a un dictamen vinculante e imperativo de la autoridad especializada, asimismo no motivado, que determina que existe un peligro o una vulneración relativos a la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público, y
ii) ha sido adoptada, por tanto, sin efectuar un examen en profundidad acerca de la existencia de las razones de seguridad nacional, seguridad pública u orden público en el caso concreto y sin tomar en consideración las circunstancias individuales ni los requisitos de necesidad y proporcionalidad?"

- Asunto C-429/22: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgerichts Wien (Austria) el 28 de junio de 2022 — VK / N1 Interactive Ltd 

Cuestión prejudicial: "¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (en lo sucesivo, «Reglamento Roma I») en el sentido de que la ley del país en el que el consumidor tiene su residencia habitual no se aplica cuando la ley aplicable en virtud del artículo 4 del Reglamento Roma I, cuya aplicación solicita el recurrente, y que sería aplicable si este no tuviera la condición de consumidor, resultara más favorable para el recurrente?"

- Asunto C-528/22: Petición de decisión prejudicial planteada por el Szegedi Törvényszék (Hungría) el 8 de agosto de 2022 — PQ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság y Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 

Cuestiones prejudiciales:
"1)  a) ¿Debe interpretarse el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE»), en relación con los artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en el sentido de que se opone a la práctica de un Estado miembro consistente en adoptar una resolución mediante la que se ordena la retirada de un permiso de residencia expedido previamente a favor de un nacional de un tercer país —o bien se deniega su solicitud de prórroga del derecho de residencia (en el presente asunto, su solicitud de un permiso de residencia permanente nacional)— cuyo hijo menor de edad y cuya pareja de hecho son nacionales de un Estado miembro de la Unión y habitan en este, sin examinar previamente si el miembro de la familia afectado, nacional de un tercer país, puede acogerse a un derecho de residencia derivado en virtud del artículo 20 TFUE?
  b) ¿Debe interpretarse el artículo 20 TFUE, en relación con los artículos 7, 24, 51, apartado 1, y 52, apartado 1, de la Carta, en el sentido de que, en la medida en que resulte aplicable un derecho de residencia derivado en virtud del artículo 20 TFUE, el Derecho de la Unión tiene por efecto que las autoridades administrativas y judiciales nacionales han de aplicar asimismo el Derecho de la Unión cuando adopten una resolución en materia de extranjería relativa a una solicitud de prórroga del derecho de residencia (en el presente asunto, una solicitud de permiso de residencia permanente nacional) y cuando apliquen las excepciones de seguridad nacional, orden público o seguridad pública que fundamentan dicha resolución, así como, en caso de que se demuestre que concurren tales razones, cuando procedan al examen de la necesidad y proporcionalidad que justifican la limitación del derecho de residencia?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 20 TFUE, en relación con el artículo 47 de la Carta —así como, en el caso concreto, con los artículos 7 y 24 de la Carta—, en el sentido de que exige a la autoridad de un Estado miembro que haya adoptado una resolución mediante la que, por un motivo relativo a razones de seguridad nacional y/o de orden público o de seguridad pública, se ordena la retirada de un permiso de residencia de larga duración expedido previamente o se decide acerca de una solicitud de prórroga del derecho de residencia, así como a la autoridad especializada que haya determinado el carácter confidencial, que velen por que se garantice en todo caso al interesado, nacional de un tercer país, y a su representante legal el derecho a conocer al menos la esencia de la información y datos confidenciales o clasificados en que se sustenta la resolución basada en dicho motivo y a hacer uso de esa información o datos en el procedimiento relativo a la resolución, en el supuesto de que la autoridad competente considere que tal comunicación sería contraria a las razones de seguridad nacional?
3) En caso de respuesta afirmativa, ¿qué debe entenderse exactamente por «la esencia» de los motivos confidenciales en que se basa tal resolución, a la vista de los artículos 41 y 47 de la Carta?
4) ¿Debe interpretarse el artículo 20 TFUE, a la luz del artículo 47 de la Carta, en el sentido de que el tribunal de un Estado miembro que se pronuncie sobre la legalidad del dictamen de la autoridad especializada basado en un motivo relativo a información confidencial o clasificada y de la resolución de fondo en materia de extranjería sustentada en dicho dictamen debe tener competencia para examinar la legalidad de la confidencialidad (su necesidad y proporcionalidad), así como para ordenar por decisión propia, en caso de que considere que la confidencialidad es contraria a la ley, que el interesado y su representante legal puedan conocer y utilizar la totalidad de la información en que se basan el dictamen y la resolución de las autoridades administrativas, o bien, en caso de que considere que la confidencialidad es conforme con la ley, que el interesado pueda conocer y utilizar al menos la esencia de la información confidencial en el procedimiento de extranjería que le concierne?
5) ¿Debe interpretarse el artículo 20 TFUE, en relación con los artículos 7, 24, 51, apartado 1, y 52, apartado 1, de la Carta, en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual una resolución en materia de extranjería mediante la que se ordena la retirada de un permiso de residencia de larga duración expedido previamente o se decide acerca de una solicitud de prórroga del derecho de residencia consiste en una resolución no motivada que
  i) se basa exclusivamente en una remisión automática a un dictamen vinculante e imperativo de la autoridad especializada, asimismo no motivado, que determina que existe un peligro o una vulneración relativos a la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público, y
  ii) ha sido adoptada, por tanto, sin efectuar un examen en profundidad acerca de la existencia de las razones de seguridad nacional, seguridad pública u orden público en el caso concreto y sin tomar en consideración las circunstancias individuales ni los requisitos de necesidad y proporcionalidad?"

- Asunto C-563/22: Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 22 de agosto de 2022 — SN y LN representado por SN 

Cuestiones prejudiciales:
"1. ¿Puede entenderse que, a tenor del artículo 40, apartado 1, de la Directiva 2013/32/UE, interpretado en relación con el artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95, en caso de admisión a trámite de una solicitud posterior de protección internacional presentada por un apátrida de origen palestino basada en su registro en el OOPS, la obligación que impone dicha disposición a las autoridades competentes de tener en cuenta y examinar todos los elementos en que se fundamenten las alegaciones de la solicitud posterior, en las circunstancias del presente litigio, comprende también la obligación de examinar los motivos por los que el solicitante ha abandonado el área de operaciones del OOPS, junto a los nuevos elementos y circunstancias objeto de la solicitud posterior? ¿Depende el cumplimiento de la mencionada obligación del hecho de que los motivos por los que el solicitante abandonó el área de operaciones del OOPS hayan sido ya examinados en el procedimiento relativo a la primera solicitud de protección [internacional], que culminó con una decisión desestimatoria firme, pero en el cual el solicitante no había alegado ni acreditado estar registrado en el OOPS?
2. ¿Puede entenderse que, a tenor del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95, la expresión «cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo» utilizada en dicha disposición es aplicable a un apátrida de origen palestino que estaba registrado en el OOPS, organismo que le prestaba, en la ciudad de Gaza, ayuda en forma de alimentos, atención sanitaria y escolarización, pese a lo cual, y sin que existan motivos para entender que dicha persona estuviese personalmente amenazada, esta abandonó voluntaria y legalmente la ciudad de Gaza, a la vista de la siguiente información:
  — según una evaluación de la situación general en el momento del abandono de la ciudad, se trata de una crisis humanitaria nunca conocida en el lugar, unida a una escasez de alimentos, agua potable, atención sanitaria y medicamentos y a problemas con el abastecimiento de agua y electricidad, destrucción de edificios e infraestructuras y desempleo,
  — hay dificultades para que el OOPS pueda garantizar el mantenimiento del apoyo y los servicios en Gaza, incluidas la provisión de alimentos y la atención sanitaria, a causa de un grave déficit en el presupuesto del OOPS y al constante aumento de personas necesitadas de su ayuda, [y se da la circunstancia de que] la situación general en Gaza dificulta la actividad del OOPS?
  ¿Conlleva una respuesta diferente a esta cuestión el mero hecho de que el solicitante sea una persona vulnerable en el sentido del artículo 20, apartado 3, de la citada Directiva, concretamente un menor de edad?
3. ¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95 en el sentido de que un solicitante de protección internacional que es un refugiado palestino registrado en el OOPS puede regresar al área de operaciones del OOPS que había abandonado, concretamente la ciudad de Gaza, si en el momento de la vista celebrada en el marco del procedimiento judicial relativo a su recurso contra una decisión desestimatoria:
  — no se dispone de información confirmada acerca de la posibilidad de que dicha persona reciba el apoyo del OOPS en forma de alimentos, atención sanitaria, medicamentos y educación;
  — la información sobre la situación general en la ciudad de Gaza y sobre el OOPS fue calificada en la posición del ACNUR sobre el retorno a la Franja de Gaza, de marzo de 2022, como motivo para abandonar el área de operaciones del OOPS y para no regresar a ella,
  así como el hecho de que, en caso de retorno, el solicitante podrá residir allí en condiciones de vida dignas?
  ¿Es aplicable la interpretación que se hace en el último párrafo de la parte dispositiva de la sentencia de 19 de marzo de 2019, Jawo (C-163/17, EU:C:2019:218), en relación con la privación material extrema a los efectos del artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la situación personal de un solicitante de protección internacional, habida cuenta de la situación reinante en la Franja de Gaza en el mencionado momento, cuando dicha persona depende del apoyo del OOPS en forma de alimentos, atención sanitaria y medicamentos, considerando la aplicación y observancia del principio de no devolución establecido en el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2011/95 en relación con el artículo 19 de la Carta respecto a dicho solicitante?
¿Conlleva una respuesta diferente la cuestión del retorno a la ciudad de Gaza, atendiendo a la información sobre la situación general en dicha ciudad y sobre el OOPS, el mero hecho de que el solicitante de protección sea un menor de edad, habida cuenta del interés superior del menor y de la necesidad de garantizar su bienestar y su desarrollo social, su protección y su seguridad?
4. En función de la respuesta a la tercera cuestión:
  ¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95 y, en particular, la expresión «tendrán, ipso facto, derecho a los beneficios del régimen de la presente Directiva», en el presente asunto, en el sentido de que:
  A) en caso de un solicitante de protección que está registrado en el OOPS como apátrida palestino es aplicable el principio de no devolución establecido en el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2011/95 en relación con el artículo 19, apartado 1, de la Carta, ya que, en caso de retorno a la ciudad de Gaza, dicha persona corre el riesgo de ser objeto de un trato inhumano y degradante, al poder encontrarse en una situación de privación material extrema, y se halla comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 15 [letra b)] de la Directiva 2011/95 respecto a la concesión de la prestación subsidiaria,
  o
  B) en caso de un solicitante de protección que está registrado en el OOPS como apátrida palestino, dicha disposición requiere el reconocimiento por el mismo Estado miembro del estatuto de refugiado en el sentido del artículo 2, letra c), de dicha Directiva y la concesión de pleno derecho de la condición de refugiado a esa persona, siempre que esta no se halle comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 12, apartados 1, letra b), 2 o 3, de dicha Directiva, de conformidad con el punto 2 de la parte dispositiva de la sentencia de 19 de diciembre de 2012, El Kott y otros (C-364/11, EU:C:2012:826), sin que se tengan en cuenta las circunstancias de esa persona con relevancia para la concesión de protección subsidiaria con arreglo al artículo 15 [letra b)] de la Directiva 2011/95?"

[DOUE C451, de 28.11.2022]

DOUE de 28.11.2022

- Defensor del Pueblo Europeo - Informe Anual del año 2021.

Nota: El año 2021 fue otro año ensombrecido por la pandemia de la Covid-19. En la Unión Europea tuvimos la fortuna de contar con una gran distribución de vacunas contra la COVID-19, pero el debate público sobre la aceptación de las vacunas y las maneras de contener el virus ha vuelto a poner claramente de manifiesto el problema de la confianza depositada en las Administraciones públicas.
La Oficina ha continuado con la aplicación de nuestra Estrategia «De cara a 2024» a través de una gestión eficiente de las reclamaciones y de la apertura de investigaciones estratégicas sobre cuestiones de interés público general, en particular los efectos de la pandemia en la labor de las instituciones.
Este año, se ha vuelto a poner el foco en cómo gestionan las instituciones de la UE el tránsito de miembros del personal de la Administración pública de la UE hacia el sector privado: el fenómeno conocido como «puertas giratorias».
Se han realizado sugerencias a Frontex sobre cómo mejorar la rendición de cuentas respecto al trabajo que desempeña, y remití un escrito al BEI con propuestas para hacer pública información adicional acerca de las repercusiones ambientales de los proyectos que financia.
Como parte del seguimiento general de la manera en que las instituciones abordan cuestiones importantes, la Defensora se dirigió a la Comisión y al Supervisor Europeo de Protección de Datos para preguntar cómo funcionarán en la práctica las normas relativas a la inteligencia artificial.
Con ocasión del vigésimo aniversario de la «Ley de transparencia» de la UE (Reglamento 1049/2001 relativo al acceso del público a documentos), se organizó una conferencia pública para debatir la necesidad de actualizar esta legislación.
Se organizó igualmente la tercera edición del Premio a la Buena Administración, concedido ex aequo al personal de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior por el trabajo realizado para repatriar a ciudadanos bloqueados en el extranjero por culpa de la pandemia. 

Véase el texto completo del informe aquí.

[DOUE C450, de 28.11.2022]

Bibliografía - La responsabilidad de las empresas multinacionales a través de la litigación transnacional

 

- La responsabilidad de las empresas multinacionales a través de la litigación transnacional: estudio comparado de casos de relieve - The liability of multinational companies through transnational litigation: comparative study of highlighted cases
Maria Chiara Marullo, José Elías Esteve-Moltó, Francisco Javier Zamora-Cabot
Iberoamerican Journal of Development Studies, vol. 11, 2022, n. 2, pp. 170-194.
[Texto del trabajo]

Los litigios transnacionales sobre empresas y derechos humanos han crecido de forma exponencial en los últimos años y están desempeñando un papel central en la lucha contra la impunidad a causa de graves violaciones de derechos humanos y daños medioambientales. Asistimos a un cambio de paradigma en la lucha contra la impunidad corporativa en el que se prioriza el acceso a la justicia para las víctimas; también en los supuestos en los que no se encuentre garantizado ante las sedes judiciales del lugar donde se perpetraron las citadas violaciones. En nuestro estudio, se pretende desarrollar un análisis crítico y de derecho comparado de los más recientes e importantes desarrollos jurisprudenciales y, en particular, pero no exclusivamente, desde los casos Nevsun, Nestlé, Shell y Vedanta, hasta el que atañe a los derechos de la comunidad indígena huaorani.
Transnational litigation on business and human rights has grown exponentially in recent years and is playing a central role in the fight against impunity for serious human rights violations and environmental damage. We are witnessing a paradigm shift in the fight against corporate impunity, in which access to justice for victims is prioritized; also, in cases where it is not guaranteed before the judicial headquarters of the place where the mentioned violations were perpetrated. In our study, it is aimed to develop a critical and comparative legal analysis of the most recent and important jurisprudential developments and, particularly, but not in exclusive, from the Nevsun, Nestlé, Shell, and Vedanta cases, even the one that concerns the rights of the Waorani indigenous community.

SUMARIO: 1. Introducción: el cambio de paradigma en la lucha contra la impunidad empresarial. 2. Litigios transnacionales relativos a las graves violaciones de los derechos humanos: 2.1. Doe v. Nestlé; 2.2. Nevsun Resources Ltd. v. Araya (2020). 3. Casos relativos a graves impactos medioambientales: 3.1. Vedanta Resources Plc. & another v. Lungowe (2019); 3.2. Casos Okpabi y Milieudefensie. 4. Pueblos indígenas y actividades extractivas en América Latina: la protección del sistema interamericano de derechos humanos. 5. Conclusiones. 6. Agradecimientos. 7. Bibliografía.

Revista de revistas (6 a 27 de noviembre)

 

- Revista Jurídica de Catalunya: 2022, núm. 2; 2022, núm. 3.
- Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni: 2022, núm. 3.
- World Tax Journal: 2022, núm. 2; 2022, núm. 3.

El Derecho Internacional Privado en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina (V Workshop Jean Monnet Network - BRIDGE) - Call for Papers

 

V Workshop Jean Monnet Network - BRIDGE
"El Derecho Internacional Privado en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina"

Universidad de Sevilla, España

CALL FOR PAPERS

 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

1. CONVOCATORIA
1.1. El proyecto de la Red Jean Monnet “Building RIghts and Developing KnowledGE between the European Union and Latin-America – BRIDGE Project”, cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea, y el Centro Latinoamericano de Estudios Europeos invitan a toda la comunidad académica a presentar artículos científicos al Workshop del V Seminario Jean Monnet Network – BRIDGE "El Derecho Internacional privado en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina", que tendrá lugar en modalidad híbrida en la Universidad de Sevilla el 19 de abril de 2023, a las 14:00, hora de España (GMT+2).

1.2. Los interesados deben enviar el artículo completo antes del 24 de marzo de 2023, a las 23:59, hora de España, al e-mail: network@eurolatinstudies.com.

1.3. El tema de los trabajos debe estar relacionado con “El Derecho Internacional privado en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina”.
1.3.1. Sugerencias de líneas temáticas para la elaboración de los trabajos:

- El papel de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado frente a la regionalización de las soluciones de Derecho internacional privado;
- El derecho de familia y sucesiones en un contexto de creciente migración entre la Unión Europea y América Latina;
- El marco jurídico de la contratación internacional en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina;
- La solución de controversias (competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de sentencias y asistencia judicial internacional) entre países de la Unión Europea y América Latina;
- Los tratados universales/regionales en materia de derechos humanos y su incidencia en las soluciones de Derecho internacional privado. 

1.4. Se aceptarán artículos escritos en inglés, español y portugués, presentados individualmente o en coautoría (máximo tres autores) por profesores e investigadores con cualquier grado académico. También se aceptarán trabajos escritos por estudiantes regularmente matriculados en instituciones de educación superior.

1.5. El artículo debe tener una extensión entre 15 y 20 páginas, incluidas las referencias bibliográficas, y debe seguir las directrices para autores.

1.6. Para la elaboración y elección del tema de trabajo se recomienda revisar las Ediciones anteriores del Latin American Journal of European Studies, el Newsletter del Observatory on European Studies y los anales de los Workshops del proyecto, para conocer los temas han sido previamente tratados en artículos ya publicados y cuáles de ellos pueden entrar en diálogo con su contribución.

1.7. El artículo debe enviarse por correo electrónico, en formato ".doc" o ".docx". El cuerpo del mensaje debe contener la siguiente información: a) Nombre de los autores; b) Breve Curriculum Vitae de los autores - hasta 50 palabras por autor., c) Correo electrónico de los autores; d) Número ORCID de los autores; d) Título del artículo.

1.8. El Comité Organizador comunicará a los interesados, por correo electrónico, el resultado de los artículos aceptados para su presentación antes del 5 de abril de 2023. 

1.9. Se aceptarán los mejores artículos, de los cuales:

- Todos los autores cuyas artículos hayan sido seleccionadas deberán presentar su trabajo en el Workshop (presencialmente en la Universidad de Sevilla o de forma virtual).
- A criterio del Comité Organizador se podrán seleccionar artículos para su publicación en el Dossier Temático de la 5ª Edición del Latin American Journal of European Studies (ISSN 2763-8685) o en las Actas del Workshop que serán publicadas por la editorial de la Universidad de Sevilla u otra de las editoriales vinculadas al Proyecto BRIDGE.
- Los dos (2) mejores artículos recibirán un premio equivalente a EUR 250 cada uno.

1.10. Los autores tendrán un máximo de 10 (diez) minutos para presentar su artículo en el Workshop.

1.11. Las presentación en el Workshop se puede realizar en el mismo idioma en el que se envió el artículo.

1.12. Superado el tiempo máximo de 10 (diez) minutos, el presidente de la sesión podrá dar por terminada la presentación para asegurar el fiel cumplimiento del cronograma del evento. Al final de las presentaciones habrá um tempo de 20 (veinte) minutos para preguntas y respuestas. 

1.13. El programa definitivo del Workshop se publicará en la página web: www.eurolatinstudies.com.br.

1.14. Formato de los trabajos: Todos los trabajos deben cumplir con las reglas de formato disponibles en las Directrices para Autores. No se aceptarán artículos que no estén de acuerdo con las Directrices.

1.15. Cesión de derechos de autor: el autor cede a BRIDGE Project por un período indefinido todos los derechos de autor para la publicación y reproducción relacionados con las obras, teniendo conocimiento que la cesión se realiza de forma irrevocable e irreversible, a título gratuito (sin ningún tipo de remuneración) a BRIDGE Project, no pudiendo reclamar ningún derecho de autor de carácter patrimonial. El autor autoriza que el trabajo pueda ser accedido gratuitamente por cualquier interesado y pueda ser reproducido y / o publicado siempre que se haga la referencia adecuada con el fin de difundir la producción científica académica, de acuerdo con la Licencia Internacional Creative Commons Attribution 4.0 (modalidad CC BY).

1.16. Consultas: Cualquier consulta relacionada com la presente convocatoria debe dirigirse a network(at)eurolatinstudies.com.

 

Comité Organizador: Beatriz Campuzano Diaz (Universidad de Sevilla, España), Mª Ángeles Rodríguez Vázquez (Universidad de Sevilla, España), Aline Beltrame de Moura (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil)

Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones - European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin (25 noviembre 2022)

Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones / European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin, nº 447, de 25 de noviembre de 2022.

 

"Los extranjeros compran 3 de cada 10 casas que se venden en Baleares y el Govern insiste en limitar", Mallorcadiario.com, 23 | 11 | 2022 - Noticia
En Baleares, los no residentes -más del 97 por ciento extranjeros y solo un 2,4 por cien de españoles- compraron en el segundo trimestre de este año el 27,91 por ciento de las viviendas que se vendieron, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. ... la presidenta del Govern balear ... ha asegurado ... que el Ejecutivo ya está ... "trabajando" en la posibilidad de limitar la compra de viviendas a lo no residentes para garantizar su adquisición por parte de los ciudadanos del archipiélago. ... confía en que la próxima presidencia de la Unión Europea ... por parte de España abra el camino para analizar la singularidad propia de Baleares como archipiélago y que haga posible esta iniciativa.

"British residents get ready to vote in Spanish elections", Majorca Daily Bulletin, 23 | 11 | 2022 - Artículo (Humphrey Carter, editor adjunto)
The British Embassy in Madrid has issued a statement explaining what residents have to do to be entitled to vote.

"¿Es posible limitar la venta de viviendas a extranjeros en Canarias?", El Día, 22 | 11 | 2022 - Noticia (Selena Quesada)
Un tercio de las casa traspasadas de junio a agosto en las Islas fueron adquiridas por población de fuera del Archipiélago.

"L'Alfàs del Pi acerca el urbanismo a los residentes extranjeros", Información, 21 | 11 | 2022 - Noticia (A. Vicente)
El director general de Urbanismo explica a los ciudadanos de otros países las medidas para normalizar viviendas irregulares. Se crea la figura del comisionado.

"El impuesto a las grandes fortunas también gravará la vivienda de extranjeros no residentes", Idealista, 21 | 11 | 2022 - Reportaje (Paloma Martínez-Almeida)
El borrador del impuesto a las grandes fortunas esconde una ... sorpresa para los extranjeros no residentes que tengan un patrimonio inmobiliario por encima de los 3 millones de euros: ... deberán pagar este tributo. ... son uno de los principales compradores de este tipo de propiedades. Aunque nace inicialmente para ser temporal ... es complementario al Impuesto sobre el Patrimonio. ... Es decir, en el caso de extranjeros no residentes fiscales en España, tener que tributar por este nuevo tributo puede disuadirles de invertir en nuestro país y preferir otros países con una fiscalidad más ventajosa. ... Qué impuestos tiene que pagar el extranjero no residente que compre una vivienda de lujo en España.

"International Residents and the right to vote", The Leader Newspaper, 20 | 11 | 2022 - Noticia (Staff Reporter)
Six months prior to the next municipal elections the campaign to encourage residents to vote is intensifying in Orihuela, especially on the Coast, with special focus on international residents.

"Spain wants to end 90-day rule for British tourists", The Leader Newspaper, 20 | 11 | 2022 - Noticia
After Brexit, there were several new travel regulations imposed on British tourists, one of which was the 90-day rule, whereby non-EU visitors are only allowed to visit Schengen area countries for 90 days in every 180-day period. ... According to a report by the travel and leisure website Publituris, The Secretary for Tourism in Spain ... said that this restriction “goes against the interests of Spain”, adding that “it is a rule that, unfortunately, was not introduced by Spain but we are trying to get rid of it”. ... Currently, if you want to stay in Spain for longer than 90 days during a 180-day period, you need to look into other migration pathways.

"What you need to do in post-Brexit era to vote in May’s municipal elections in Spain", The Olive Press, 19 | 11 | 2022 - Noticia (Alex Trelinski)
IT’S a busy election year in Spain next year with the general election, a large number of regional elections, and May’s local council votes. Non-Spanish citizens cannot vote in general or regional elections, but can cast a ballot in the municipal elections if they are an EU citizen or are part of a reciprocal deal between Spain and individual countries, which includes the UK. A change from the pre-Brexit era is that UK nationals eligible to vote will now have go through an electoral roll process every four years.

"British expats reveal surprising things they hate most about living in the UK", Euro Weekly News, 18 | 11 | 2022 - Noticia (Vickie Scullard)
Perhaps the most surprising outcome of the InterNations Expat Insider survey is that the UK’s famous lousy weather is not always the biggest bugbear. ... The UK ranked particularly badly when it came to housing... A surprising issue that Brits had with the UK is its National Healthcare Service. ... Additionally, they reported that they thought the quality of care in the UK was low. Elsewhere, almost 20 per cent of expats said that they felt the UK population was unfriendly... despite the positives, around one in four expats were unhappy with their financial situation in the UK.

Últimas noticias OEG
Publicada la obra colectiva del OEG Inmigración y retiro en tiempos de Brexit: Vulnerabilidades y nuevas realidades de la gerontoinmigración (Tirant lo Blanch, Valencia, 2022).

Recogida en la sección Documentos la Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero.

Nota: Este Boletín de Prensa realiza un seguimiento periodístico de los aspectos más destacados del fenómeno de la movilidad transfronteriza de personas mayores estudiado en el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Mi agradecimiento a la Coordinadora del observatorio, la Prof. Mayte Echezarreta Ferrer (Universidad de Málaga), así como a sus miembros, investigadores y colaboradores, por su labor y por permitir su difusión en Conflictus Legum. 

 

BOE de 26.11.2022

- Ley 4/2022 de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias.

Nota: En relación con su ámbito territorial de aplicación, el artículo 1 determina que "el objeto de la presente ley es regular y fomentar las sociedades cooperativas con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Canarias que desarrollen total o principalmente su actividad cooperativizada dentro de su ámbito territorial. Todo ello sin perjuicio de que, para completar y mejorar sus fines, puedan realizar actividades instrumentales y tener relaciones con terceras personas no socias fuera de dicho ámbito territorial".
El artículo 37.3, en relación con la convocatoria de la asamblea general, establece que "se hará siempre mediante anuncio expuesto públicamente de forma destacada en el domicilio social y en el de cada uno de los demás centros en que la cooperativa desarrolle su actividad, sin perjuicio de que los estatutos puedan indicar además cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todas las personas socias en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el libro de registro de personas socias. No obstante, para las personas que residan en el extranjero los estatutos podrán prever que solo serán convocadas individualmente si hubieran designado para las notificaciones un lugar en el territorio nacional."
Finalmente, el artículo 103.3, en relación con las cooperativas de trabajo asociado, establece que "podrán ser personas socias trabajadoras quienes legalmente tengan capacidad para contratar la prestación de su trabajo. Las personas extranjeras podrán ser personas socias trabajadoras de acuerdo con lo previsto en la legislación específica sobre la prestación de su trabajo en España".

- Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el modelo normalizado de solicitud de dispensa de las pruebas del Instituto Cervantes.

Nota: El artículo 10.5 de la Orden JUS/1625/2016, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia, en la redacción dada por la Orden JUS/1018/2022, establece que la solicitud de dispensa de las pruebas del Instituto Cervantes deberá realizarse en modelo normalizado. Véanse las entradas de este blog del día 11.10.2016 y del día 28.10.2022.
El modelo normalizado aprobado establece los distintos supuestos de dispensa de las pruebas del Instituto Cervantes recogidos en el artículo 10.5 de la Orden JUS/1625/2016, así como información relevante sobre las notificaciones a los interesados.

[BOE n. 284, de 26.11.2022]