Tribunal de Justicia de la Unión Europea (17.10.2019)

-CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON, presentadas el 17 de octubre de 2019, en el asunto C‑341/18 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos)] Procedimiento prejudicial — Artículo 11, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/399 — Concepto de «salida» — Control de las fronteras exteriores — Sellado de los documentos de viaje de los marinos — Momento de estampado del sello — Momento de abandono del territorio Schengen.

Nota: La AG propone al Tribunal que conteste la cuestión planteada en el siguiente sentido:
"En circunstancias en las que un marino nacional de un tercer país llega a un Estado miembro por vía aérea y posteriormente se enrola como tripulación a bordo de un buque ya atracado en un puerto que constituye una frontera exterior en el sentido del artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras, el artículo 11, apartado 1, de ese Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el interesado sale del espacio Schengen cuando se enrola como tripulación, aunque no pueda acreditarse el momento en que el buque en cuestión abandona el puerto."

-CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL, SRA. JULIANE KOKOTT, presentadas el 17 de octubre de 2019, en el asunto C‑405/18 (AURES Holdings): [Petición de decisión prejudicial del Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República Checa)] Petición de decisión prejudicial — Libertad de establecimiento — Legislación fiscal — Impuesto sobre sociedades — Traslado de la sede de administración de una sociedad de un Estado miembro a otro — Compensación transfronteriza de pérdidas entre varios ejercicios — No consideración de las pérdidas sufridas en otro Estado miembro, anteriores al traslado de la sede — Pérdidas definitivas en caso de traslado de la sede.

Nota: La AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) El mero traslado de la sede de dirección desde un Estado miembro a otro Estado miembro está comprendido en el ámbito de aplicación de la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 TFUE.
2) La exclusión de la compensación de pérdidas entre períodos en el contexto de un traslado transfronterizo de sede constituye una restricción de la libertad de establecimiento. Sin embargo, está justificada por la salvaguarda del reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros."

DOUE de 17.10.2019

-Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales — Informe del Grupo Código de Conducta (Fiscalidad de las Empresas) en el que se proponen modificaciones de los anexos de las Conclusiones del Consejo de 12 de marzo de 2019, en particular la retirada de la lista de dos países o territorios y el refrendo de una nota orientativa2019/C 351/06.

Nota: Con efectos desde el día de su publicación en el DOUE, los anexos I y II de las Conclusiones del Consejo de 12 de marzo de 2019 sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, modificada el 22 de mayo de 2019 y el 21 de junio de 2019, se sustituyen por los anexos I y II propuestos, que constituye la novena modificación de la Lista.
En el Anexo I, la UE considera países y territorios no cooperadores a efectos fiscales los siguientes: Samoa Americana, Belice, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu. Asimismo, en el Anexo II se contiene una descripción de la situación actual de la cooperación con la UE respecto de los compromisos asumidos de aplicar principios de gobernanza fiscal.
Véanse las entradas de este blog del día 19.12.2017, del día 26.1.2018, del día 16.3.2018, del día 5.6.2018, del día 5.10.2018, del día 9.11.2018, del día 7.12.2018, del día 26.3.2019, del día 25.5.2019. y del día 21.6.2019.

-Solicitud de dictamen consultivo al Tribunal de la AELC presentada por Norges Høyesterett con fecha de 28 de junio de 2019 en el asunto Melissa Colleen Campbell contra el Gobierno de Noruega (Asunto E-4/19).

Cuestiones planteadas por el Norges Høyesterett (Tribunal Supremo de Noruega):
"1. En referencia a la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la cual se ha mantenido el punto de vista de la Gran Sala en su sentencia, de 12 de marzo de 2014, en cuanto a los asuntos C-456/12 O. y B. relativos al derecho de residencia derivado, y sobre la base del principio de homogeneidad, ¿el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, leído en relación con el artículo 7, apartado 2, es aplicable por analogía a una situación en la que un ciudadano del EEE regresa a su país de origen junto con un miembro de su familia?
2. ¿Qué implicaciones tiene el requisito de residencia «continuada» en virtud de la Directiva, tal como se expresa en el apartado 80 de la sentencia del Tribunal de la AELC, de 26 de julio de 2016, en el asunto E-28/15, Jabbi? Sería particularmente útil que el Tribunal de la AELC se pronunciase sobre:
a) si puede haber interrupciones de la residencia y, en tal caso, en qué medida;
b) si la causa de una posible interrupción, por ejemplo por motivos laborales, puede ser importante para evaluar si la residencia es continuada en el sentido de la Directiva.
3. ¿A qué se refiere el requisito de que la residencia del ciudadano de un Estado miembro del EEE en el Estado de acogida debe haber sido «efectiva para permitir la convivencia familiar en dicho Estado», tal como se expresa, entre otros, en el apartado 80 de la sentencia del Tribunal de la AELC, de 26 de julio de 2016, en el asunto E-28/15, Jabbi; el apartado 51 de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de marzo de 2014, en el asunto C-456/12 O. y B., leído en relación con los apartados 56 y 57 de la misma sentencia; y los apartados 24 y 26 de la posterior sentencia del Tribunal de Justicia, de 5 de junio de 2018, en el asunto C-673/16, Coman, y leídos también a la luz de la norma sobre el abuso de derecho en el artículo 35 de la Directiva?"

[DOUE C351, de 17.10.2019]

Jurisprudencia - Condenados los responsables de las empresas que falsificaban contratos de trabajo para que los extranjeros obtuviesen el permiso de residencia

Juzgado de lo Penal N°. 2 de Alicante/Alacant, Sentencia 316/2019 de 27 Jun. 2019, Proc. 294/2018: Falsedad en documento oficial. Los acusados, de común acuerdo, utilizaron múltiples sociedades para efectuar contratos de trabajo y dar de alta en la Seguridad Social a personas extranjeras, con la única finalidad de presentar esa documentación ante la Administración y obtener así permiso de residencia y trabajo, sin que esas sociedades tuvieran actividad económica real. Los contratos son considerados documento oficial pues su finalidad es ser incorporados al expediente administrativo exigido para la obtención de los permisos. También efectuaron contratos a personas internas en el Centro Penitenciario con la única finalidad de acceder dentro del tercer grado a un régimen menos restrictivo.

Ponente: Herrero Yuste, Miguel.
Nº de Sentencia: 316/2019
Nº de Recurso: 294/2018
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 9500, Sección Jurisprudencia, 17 de Octubre de 2019

DOUE de 16.10.2019

Defensor del Pueblo Europeo. Informe Anual del año 2018.

Nota: El 14 de mayo de 2019, la Defensora del Pueblo Europeo presentó el Informe Anual de 2018 al Presidente del Parlamento Europeo.
De la Introducción al Informe:
Durante mi mandato, se ha observado un acusado incremento de las reclamaciones interpuestas por la ciudadanía, la sociedad civil, las empresas y los medios de comunicación. No lo atribuyo a un empeoramiento de la calidad de la administración de la UE, sino a un mayor grado de concienciación en relación con la labor que desarrolla mi oficina y los resultados positivos que podemos obtener.
Este año también se ha destacado por el uso de una de las competencias menos utilizadas del Defensor del Pueblo Europeo: el envío de un Informe especial al Parlamento Europeo, que redacté en relación con la obligación de rendir cuentas del Consejo de la Unión Europea.
Dado que el público tiene derecho a conocer cómo contribuyen los Gobiernos a elaborar la legislación de la UE, solicité al Parlamento Europeo que apoyase mi propuesta de mejorar la transparencia legislativa en el Consejo.
En este año, también se convocó formalmente el procedimiento acelerado, «Fast-Track», para el acceso a las solicitudes de documentos. Este procedimiento, en virtud del cual nuestra oficina aspira a llegar a una conclusión sobre una reclamación en un plazo de cuarenta días, ha dado buenos resultados para los reclamantes.
Parte del trabajo de un defensor del pueblo consiste en supervisar de manera proactiva la aplicación de las normas sobre ética y rendición de cuentas. En 2018, completé un ejercicio de inventario sobre el modo en que quince instituciones han gestionado las reglas relacionadas con el movimiento del personal directivo al sector privado.
En la estela del movimiento #MeToo, que continúa incidiendo en el acoso, en especial contra las mujeres, decidí comprobar qué políticas anti-acoso aplica la administración de la UE. Escribí a veintiséis instituciones y agencias de la Unión solicitándoles información pormenorizada sobre sus políticas, el modo en que se aplican, si han recibido reclamaciones por acoso y de qué modo las han gestionado.
Mi oficina ha tramitado con frecuencia reclamaciones relativas al uso de las lenguas oficiales de la UE por parte de las instituciones. Para iniciar el debate, solicitamos el punto de vista de los ciudadanos sobre diversos asuntos, por ejemplo, las políticas lingüísticas de los sitios web de la UE o hasta qué punto es posible utilizar la tecnología para ofrecer traducciones.
En marzo, celebramos nuestra conferencia anual de la Red Europea de Defensores del Pueblo en Bruselas. El eje principal de la conferencia se centró en la cuestión de cómo pueden contribuir los defensores del pueblo a construir sociedades más inclusivas.
En octubre, tuve el placer de anunciar la apertura del Premio a la buena administración en 2019.
En resumen, 2018 ha sido un año repleto de actividades y de éxitos. A medida que nos adentramos en 2019, con las importantes elecciones europeas y los debates en curso sobre el futuro de la democracia en la era digital, cobra más relevancia que en ningún otro momento la obligación que tienen las instituciones de la UE de atenerse en la medida de lo posible a las normas más estrictas en materia de ética y rendición de cuentas.

Informe completo [aquí] [versión PDF]

[DOUE C350, de 16.10.2019]

BOE de 16.10.2019

Resolución de 1 de octubre de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 2019.

[BOE n. 249, de 16.10.2019]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (15.10.2019)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 15 de octubre de 2019, en el asunto C‑128/18 (Dorobantu): Procedimiento prejudicial — Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea — Motivos de denegación de la ejecución — Artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Prohibición de los tratos inhumanos o degradantes — Condiciones de reclusión en el Estado miembro emisor — Apreciación por parte de la autoridad judicial de ejecución — Criterios.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, puesto en relación con el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la autoridad judicial de ejecución disponga de datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados que acrediten la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas en las condiciones de reclusión en los establecimientos penitenciarios del Estado miembro emisor, a fin de apreciar si existen razones serias y fundadas para creer que la persona que es objeto de una orden de detención europea, tras su entrega a ese Estado miembro, correrá un riesgo real de ser sometida a un trato inhumano o degradante, en el sentido del mencionado artículo 4, dicha autoridad judicial debe tener en cuenta el conjunto de aspectos materiales pertinentes de las condiciones de reclusión en el establecimiento penitenciario en el que se prevea en concreto encarcelar a esa persona, tales como el espacio personal de que dispone cada recluso en una celda de ese establecimiento, las condiciones sanitarias y la amplitud de la libertad de movimientos del recluso en el interior de dicho establecimiento. Esta apreciación no se limita al control de las deficiencias manifiestas. A efectos de dicha apreciación, la autoridad judicial de ejecución debe solicitar a la autoridad judicial emisora la información que considere necesaria y debe confiar, en principio, en las garantías ofrecidas por esta última autoridad, mientras no existan datos precisos que permitan considerar que las condiciones de reclusión contravienen el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales.
Por lo que se refiere, en particular, al espacio personal de que dispone cada recluso, al no existir actualmente normas mínimas al respecto en el Derecho de la Unión, la autoridad judicial de ejecución debe tomar en consideración las exigencias mínimas que se derivan del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, tal como lo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si bien para calcular el espacio disponible no es preciso tener en cuenta el espacio que ocupen las instalaciones sanitarias, sí debe incluirse en el cálculo el espacio ocupado por los muebles. No obstante, los reclusos deben conservar la posibilidad de moverse con normalidad por la celda.
La autoridad judicial de ejecución no puede descartar la existencia de un riesgo real de trato inhumano o degradante por el mero hecho de que la persona de que se trate disponga en el Estado miembro emisor de una vía de recurso que le permita impugnar las condiciones de su reclusión o de que en dicho Estado existan medidas legislativas o estructurales destinadas a reforzar el control de las condiciones de reclusión.
A efectos de decidir sobre la entrega de la persona de que se trate, las consideraciones relativas a la eficacia de la cooperación judicial en materia penal y a los principios de confianza recíproca y de reconocimiento mutuos no pueden servir de contrapeso a la constatación por parte de la autoridad judicial de ejecución de que existen razones serias y fundadas para creer que, tras ser entregada al Estado miembro emisor, dicha persona correrá el mencionado riesgo, debido a las condiciones de reclusión imperantes en el establecimiento penitenciario en el que se prevea en concreto encarcelarla."

Consulta vinculante - Obligados a presentar ante la AEAT declaración informativa de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos

Consulta Vinculante V1651-19, de 3 de julio de 2019 de la Subdireccion General de Tributos: Gestión tributaria. Comunicación de datos. Obligación de información específica para las personas o entidades que intermedien en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos. La obligación de informar únicamente reside en los intermediarios, es decir, en aquellas personas o entidades que presten el servicio de intermediación entre cedente y cesionario del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español, ya sea a título oneroso o gratuito. Noción de intermediario. En remisión a la jurisprudencia de materia civil, solo cabe ser considerado como "intermediario" quien percibe su retribución en función de la celebración del contrato en el cual se media. Las plataformas colaborativas están obligadas a presentar la declaración informativa con el contenido previsto en el apartado 4 del artículo 54 ter del RGAT, en particular, con la identificación del propietario de la vivienda cedida con fines turísticos así como del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos, si fueren distintos. Dicha identificación se realizará mediante nombre y apellidos o razón social o denominación completa, y número de identificación fiscal en los términos de la Orden HFP/544/2018 por la que se ha aprobado el modelo de declaración correspondiente.

Diario La Ley, Nº 9498, 15 de Octubre de 2019
[Texto de la consulta]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-507/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 3 de julio de 2019 — Bundesrepublik Deutschland/XT.

Cuestiones planteadas:
"1. Para evaluar si la protección o asistencia del [Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente] OOPS a un palestino apátrida ha cesado en el sentido del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95/UE, ¿debe atenderse, en el aspecto territorial, únicamente a la zona de operaciones (Franja de Gaza, Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania), en la que el apátrida tenía su residencia efectiva cuando salió del territorio bajo mandato del OOPS (en este caso, Siria) o deben tenerse también en cuenta otras zonas de operaciones del territorio bajo mandato del OOPS?
2. Si no debe atenderse únicamente a la zona de operaciones en el momento de la salida, ¿deben tenerse en cuenta siempre, y con independencia de otras condiciones, todas las zonas de operaciones del territorio bajo mandato del OOPS? En caso de respuesta negativa, ¿deben tomarse en consideración otras zonas de operaciones únicamente si el apátrida tiene un vínculo (territorial) sustancial con esas zonas de operaciones? ¿Es necesaria la residencia habitual, en el momento de la salida o anterior, para que exista un vínculo de este tipo? ¿Deben tenerse en cuenta otras circunstancias al determinar si existe un vínculo (territorial) sustancial? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué circunstancias? ¿Es relevante que al apátrida, en el momento de la salida del territorio bajo mandato del OOPS, le sea posible y razonable entrar en la zona de operaciones pertinente?
3. Un apátrida que sale del territorio bajo mandato del OOPS debido a que en la zona de operaciones en la que tiene su residencia efectiva se halla en una situación de grave inseguridad personal y al OOPS le resulta imposible otorgarle en dicho territorio protección o asistencia, ¿tiene derecho ipso facto a la protección de la Directiva 2011/95 en el sentido del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de esta, si previamente se había trasladado a dicha zona de operaciones sin encontrarse en una situación de grave inseguridad personal en la zona de operaciones de su residencia anterior y sin que, en las circunstancias del momento del traslado, pudiera contar con que, en la zona de operaciones a la que se traslada, recibiría protección o asistencia del OOPS y podría retornar en un futuro cercano a la zona de operaciones en la que residía anteriormente?
4. Para evaluar si no se debe conceder ipso facto a un apátrida el estatuto de refugiado por haber dejado de cumplir los requisitos del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95, tras abandonar el territorio bajo mandato del OOPS, ¿debe atenderse únicamente a la zona de operaciones de la última residencia habitual? En caso de respuesta negativa, ¿deben tenerse además en cuenta, por analogía, los territorios que han de tomarse en consideración en el momento de la salida, conforme al apartado 2? En caso de respuesta negativa, ¿cuáles son los criterios para determinar qué territorios deben tenerse en cuenta a la hora de resolver sobre la solicitud? El hecho de que dejen de cumplirse los requisitos del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95 ¿presupone la voluntad de los organismos (estatales o paraestatales) en la zona de operaciones en cuestión a (re)admitir al apátrida?
5. En caso de que, para apreciar si concurren o han dejado de cumplirse los requisitos del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95, sea relevante la zona de operaciones en la que estaba situado el (último) lugar de residencia habitual del interesado, ¿qué criterios son pertinentes para determinar la residencia habitual? ¿Es necesaria una residencia legal, autorizada por el Estado de residencia? En caso de respuesta negativa, ¿es necesario, al menos, que las autoridades responsables de la zona de operaciones toleren conscientemente la residencia del apátrida? En caso afirmativo, ¿deben las autoridades responsables conocer en concreto la presencia del apátrida o basta que toleren conscientemente la residencia como miembro de un grupo más amplio de personas? En caso de respuesta negativa, ¿es suficiente por sí sola una residencia efectiva prolongada?"

-Asunto C-540/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 16 de julio de 2019 — WV/Landkreis Harburg.

Cuestión planteada: "¿Un organismo público que, en virtud de disposiciones de Derecho público, ha concedido prestaciones de asistencia social a un acreedor de alimentos puede invocar como foro judicial el lugar de la residencia habitual del acreedor de alimentos, con arreglo al artículo 3, letra b), del Reglamento de obligaciones de alimentos, si reclama frente al deudor de alimentos, mediante una acción de repetición, el crédito alimentario del acreedor, de naturaleza jurídica civil, que, a causa de la concesión de prestaciones de asistencia social, le ha sido transmitido en virtud de una subrogación legal?"

-Asunto C-546/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 16 de julio de 2019 — BZ/Westerwaldkreis.

Cuestiones planteadas:
"1) a) ¿Una prohibición de entrada impuesta a un nacional de un tercer país con fines que «no atañen a la migración» está comprendida, en cualquier caso, en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, si el Estado miembro no ha hecho uso de la posibilidad prevista en el artículo 2, apartado 2, letra b), de esta Directiva?
b) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, letra a): ¿queda dicha prohibición de entrada excluida también de la Directiva 2008/115 si el nacional de un tercer país se encuentra en situación irregular y, por lo tanto, está sujeto al ámbito de aplicación de la Directiva por razón de la materia, con independencia de una orden de expulsión dictada contra él a la que va unida la prohibición de entrada?
c) ¿Cabe considerar como prohibición de entrada para fines «que no atañen a la migración» aquella que se impone en relación con una orden de expulsión por razones de seguridad y de orden público (en este caso: solo por razones de prevención general con el fin de combatir el terrorismo)?
2) En la medida en que se responda a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que la prohibición en cuestión está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/115:
a) ¿La anulación administrativa de la decisión de retorno (en este caso, la notificación de la expulsión) tiene como consecuencia que una prohibición de entrada dictada junto con dicha decisión devenga ilegal, con arreglo al artículo 3, punto 6, de la Directiva 2008/115?
b) ¿Esta consecuencia jurídica también se produce si la orden de expulsión administrativa anterior a la decisión de retorno es (ha devenido) firme?"

-Asunto C-603/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Špecializovaný trestný súd (Eslovaquia) el 9 de agosto de 2019 — Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky/TG, UF.

Cuestiones planteadas:
"1) Cuando las disposiciones de Derecho nacional reconocen a una persona jurídica, al Estado o a un organismo administrativo la condición de perjudicado en un proceso penal, ¿se aplica también a dichos entes la Directiva 2012/29/UE del Parlamento y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, en lo que respecta a los derechos (sobre todo el de participar activamente en el proceso penal y el de ser indemnizado por los daños sufridos en el marco del proceso penal), que, por su naturaleza, no solo corresponden a las personas físicas en su condición de seres sensibles?
2) ¿Son conformes con los artículos 17 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el artículo 38, apartado 1, letra h), del Reglamento (CE) n.o1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, en relación con el Reglamento (CE) 1681/94 de la Comisión, de 11 de julio de 1994, una normativa y una jurisprudencia en virtud de las cuales el Estado no puede intervenir en un proceso penal para exigir que se le indemnicen los daños que ha sufrido a consecuencia de una conducta fraudulenta del encausado, lo cual da lugar a una apropiación indebida de fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea, ni puede impugnar, de conformidad con el artículo 256, apartado 3, de la Ley de enjuiciamiento criminal, la resolución mediante la cual el juez decide no aceptar su intervención, o la del órgano administrativo que lo representa, en la vista oral para solicitar en calidad de perjudicado que se le indemnicen los perjuicios sufridos, ni tampoco dispone de otro procedimiento en el que pueda hacer valer sus derechos frente al encausado, de modo que ni siquiera es posible garantizar su derecho a la indemnización de los daños sufridos dirigiéndose contra el patrimonio y los derechos patrimoniales del encausado en el sentido del artículo 50 de la Ley de enjuiciamiento criminal, de modo que ese derecho termina por no poder ejercerse de facto?
3) ¿Debe interpretarse el concepto de «una misma empresa» recogido en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, en relación con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, exclusivamente desde una perspectiva formal, en el sentido de que es necesario y suficiente demostrar que las sociedades interesadas tienen personalidad jurídica independiente conforme al ordenamiento jurídico nacional, de modo que es posible otorgar a cada una de ellas una ayuda de Estado por un importe de hasta 100 000 euros, o bien en el sentido de que lo determinante es la modalidad fáctica de funcionamiento y dirección de dichas sociedades, propiedad de las mismas personas e interconectadas a través de estas, como si se tratase de un sistema de filiales gestionadas por una matriz, aunque cada una de ellas esté dotada de su propia personalidad jurídica de conformidad con el Derecho nacional, de modo que debe considerarse que conforman «una misma empresa» y, al constituir un mismo todo, solo pueden recibir una vez una ayuda de Estado por un importe de hasta 100 000 euros?
4) A efectos del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas de 26 de julio de 1995, ¿el término «perjuicio» [que debe indemnizarse] engloba únicamente la parte de los fondos indebidamente obtenidos, directamente vinculada a la conducta fraudulenta, o se refiere también a los costes efectivamente soportados y fielmente documentados y al uso del subsidio, cuando las pruebas pongan de manifiesto que fue necesario soportarlos para ocultar la conducta fraudulenta, retrasar el descubrimiento del fraude y conseguir la totalidad del importe de la ayuda de Estado concedida?"

[DOUE C348, de 14.10.2019]

Jurisprudencia - Primacía del derecho comunitario sobre el español respecto a lo que debe considerarse como “hecho de la circulación” cubierto por el seguro del automóvil

Audiencia Provincial de Valladolid, Sección 1ª, Sentencia 290/2018 de 6 Sep. 2018, Rec. 108/2018: Responsabilidad extracontractual. Colisión entre vehículos agrícolas. La colisión entre una cosechadora y un tractor durante la realización de labores agrícolas no es un hecho de la circulación conforme al derecho español (art. 2.2 b del Reglamento del seguro obligatorio del automóvil). No obstante, es de aplicación el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, y conforme a este, según la interpretación que del mismo ha hecho el TJUE en su sentencia de 4-9-2014, el siniestro ocurrido sí debe calificarse como un hecho de la circulación (art. 3.1 de la Directiva 72/166/CEE, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados sobre el seguro de responsabilidad civil de automóviles). Costas procesales. No procede su imposición atendiendo a la complejidad jurídica de la cuestión.

Ponente: Martín Verona, Ignacio.
Nº de Sentencia: 290/2018
Nº de Recurso: 108/2018
Jurisdicción: CIVIL
Diario La Ley, Nº 9497, Sección La Sentencia del día, 14 de Octubre de 2019
ECLI: ES:APVA:2018:1071
[Texto de la resolución]

Jurisprudencia - La negativa a desplazarse a otro país, pese a haberlo firmado en el contrato, no debe acarrear el despido

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sentencia 1171/2019 de 6 Mar. 2019, Rec. 70/2019: Desobediencia laboral. Programador que, habiendo firmado en su contrato una cláusula de movilidad geográfica mundial, se niega a trasladarse durante unos meses para realizar un proyecto alegando necesidades familiares y médicas. Se revoca la sentencia del juzgado que consideró nula dicha disposición contractual. Es lícita dado el marcado carácter internacional de la compañía, ahora bien, la desobediencia no es grave, sino leve, y por ello la empresa podrá imponerle otra sanción pero no el despido.

Ponente: Sanz Marcos, Francisco Javier.
Nº de Sentencia: 1171/2019
Nº de Recurso: 70/2019
Jurisdicción: SOCIAL
Diario La Ley, Nº 9497, Sección Jurisprudencia, 14 de Octubre de 2019
ECLI: ES:TSJCAT:2019:1850

V Seminario de investigación Empresas y derechos humanos (Tarragona, 7-8 noviembre 2019)

V Seminario de investigación Empresas y derechos humanos

Sala de Juntas – Campus Catalunya URV

Tarragona, 7-8 noviembre 2019

Jueves 7 de Noviembre

• 16:30h. Presentación del Seminario
• 16:40h. Mª Chiara Marullo (UJI) - Francisco J. Zamora Cabot (UJI), "La Crisis Rohingya y sus proyecciones jurídicas, económicas y geopolíticas".
• 17:05h. Lorena Sales Pallarés (UCLM), “Vulneración de Derechos Humanos a través de nuevas fórmulas: las Special Economic Zones”
• 17:30h. José Elías Esteve Moltó (UV), “Industrias extractivas y pueblos adivasis: del caso Vedanta de los Dongria Kondh a la desobediencia”.
• 17:55. Debate
• 18:15. Pausa café
• 18:45. Antoni Pigrau (URV): ““Esquemas nacionales de protección de los defensores ambientales en América Latina”
• 19:10. Daniel Iglesias Márquez (US), "Las instituciones nacionales de derechos humanos en la agenda de empresas y derechos humanos: Especial referencia al caso de México."

Viernes 8 de noviembre

• 9:30h. Agustín Viguri Perea (UJI), "Responsabilidad civil por daños al medioambiente. Derechos de la persona. Análisis del caso Dieselgate".
• 9:55h. Victoria Camarero (UJI) - Nuria Reguart Segarra (UJI), "La espiritualidad indígena y los lugares sagrados en los tribunales canadienses: análisis de casos seleccionados".
• 10:20h. Patricia Sangama Suazo (URV), "Petróleo y consulta previa en el Perú: el caso del Lote 192".
• 10:45. Debate
• 11:00. Pausa café
• 11:30h. Marcos De Armenteras Cabot (URV), "La justicia predistributiva como fundamento del litigio climático"
• 11:55. Sara Ortiz-Arce Vizcarro (UV), "Climate change litigation and human rights: new trends and challenges".
• 12:20h. Debate
• 12.45h. Clausura del seminario

URV - Grupo de investigación “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” (2014 SGR 294)

UJI - Grupo de Estudio sobre el Derecho Internacional Privado y los Derechos Humanos

Institut Català Internacional per a la Pau

Revista de revistas (29 septiembre a 13 octubre)

-Cuadernos de Derecho y Comercio: núm. 71 (2019).

-European Law Journal: 2019, núm. 3.

-Les Cahiers de Droit: 2019, núm. 2; 2019, núm. 3.

-Maastricht Journal of European and Comparative Law: 2019, núm. 4.

-Revista de Derecho Civil: 2019, núm. 3.

-Revista de Derecho Migratorio y Extranjería: núm. 51 (2019).

-Revista Española de Seguros: núm. 178 (2019).

-Revista General de Derecho de los Sectores Regulados: 2018, núm. 1.

-Revue de Droit International et de Droit Comparé: 2019, núm. 1; 2019, núm. 3.

-Revue de l'Arbitrage: 2019, núm. 1.

BOE de 12.10.2019

Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.

Nota: El 23 de septiembre de 2019, el grupo empresarial británico Thomas Cook (TC) presentó ante un tribunal británico la solicitud para iniciar un procedimiento de insolvencia, cesando en sus operaciones con efecto inmediato, cancelando todas sus reservas y dejando de cotizar sus acciones en la bolsa de Londres. TC empleaba a cerca de 22.000 trabajadores y organizaba cada año, a través de su agencia de viajes mayorista y de sus aerolíneas, millones de viajes de turistas hacia los hoteles de las comunidades autónomas de Canarias e Islas Baleares y de otras partes de España, que vendían cada año parte de su capacidad de alojamiento a dicho grupo. Esta fuerte dependencia del grupo empresarial británico ha producido unos efectos nocivos muy relevantes en las empresas turísticas y en los trabajadores afectados directa o indirectamente por la onda expansiva que desencadenan estas situaciones de insolvencia.
El grupo empresarial TC tiene filiales en España, que gestionan servicios de intermediación turística, hoteleros y aéreos. Una de estas filiales ha sido ya declarada en concurso voluntario por un juzgado mercantil de Palma de Mallorca, que ha disuelto el consejo de administración y ha designado en su lugar un administrador concursal, procedimiento que puede afectar directamente a los puestos de trabajo de cientos de personas e indirectamente a otros miles de trabajadores de empresas relacionadas en otras partes de España. También se encuentran en tramitación otros procedimientos judiciales que en muy corto plazo pueden desembocar en nuevos concursos de acreedores, con importante impacto en la economía de un sector, como el turístico, que supone una de las principales fuentes de ingresos en muchas comunidades autónomas. La previsible apertura de nuevos procedimientos de insolvencia secundarios, tanto en España como en otros Estados miembros de la Unión Europea, derivada de la liquidación obligatoria de la matriz del grupo que se está tramitando en los tribunales del Reino Unido, tiene un impacto extraordinario en la economía de una potencia turística como España en la que el turismo es un sector clave de su economía.

En el capítulo I, artículo 1, se establece su objeto y finalidad, que consiste en el establecimiento de medidas urgentes dirigidas al fortalecimiento y mejora de la competitividad del sector turístico español para paliar los efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
En el capítulo II, el artículo 2, recoge la ampliación de las bonificaciones en las cuotas de las cotizaciones a la SS de los trabajadores en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. También se establece una ampliación de la bonificación del artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2019, que se aplicará, además de en los meses previstos en dicho artículo, de forma excepcional durante los meses de octubre y diciembre de 2019 y febrero y marzo de 2020. Igualmente se prevé el aplazamiento de cuotas de cotizaciones de la SS conforme a la regulación prevista en el capítulo VII del título I del RGRSS. En el artículo 3 se contempla la coordinación específica del Servicio Público de Empleo Estatal con las comunidades autónomas.
En el capítulo III se disponen medidas de apoyo financiero al sector turístico. Así, en el artículo 4 se aprueba una línea de financiación de hasta 200 millones de euros para atender las necesidades financieras de los afectados por la insolvencia de TC. Por otro lado, en el artículo 5 se establece la concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Islas Baleares, que tienen un carácter extraordinario y excepcional.
En el capítulo IV, artículo 6 se regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), cuyo objeto es apoyar financieramente los proyectos que desarrollen las empresas turísticas orientados a la mejora de la competitividad del sector, en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización de los destinos turísticos, y de innovación y modernización de los servicios, para adaptarse inmediatamente ante la pérdida de demanda ocasionada por la quiebra de TC.
La DA 1ª prevé el establecimiento de medidas generales de información a las empresas del sector turístico que afronten la recuperación de deudas en el marco de procedimientos de insolvencia. Por su parte, la DA 2ª contempla el reforzamiento de la iniciativa de destinos turísticos inteligentes a afectados por la insolvencia de TC.
La DT única recoge una previsión normativa para aquellos proyectos que hubieran sido financiados con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), que se regirán por el Real Decreto 937/2010, que regula el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas y en el resto de normas aplicables vigentes al momento de aprobarse el real decreto-ley.
Finalmente, las DDFF recogen los títulos competenciales en que se fundamenta la norma, la habilitación al Gobierno para el desarrollo y ejecución, así como la entrada en vigor de la norma, hoy mismo.

[BOE n. 246, de 12.10.2019]

Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones - European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin (11 octubre 2019)

Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones / European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin, nº 365, de 11 de octubre de 2019.

"Licence ultimatum for British drivers", Costa Blanca News, 10 | 10 | 2019 - Noticia
The national traffic authority (DGT) has issued a special alert for British residents who hold UK driving licences. Their website explains that they have launched a scheme to allow the Britons to exchange their licence for a Spanish equivalent ‘as long as the request is presented before November 1’.

"Mijas instala carpas informativas sobre el Brexit en colaboración con el Consulado británico", Málaga Hoy (Europa Press), 09 | 10 | 2019 - Noticia
Las inquietudes principales se centran en la cobertura sanitaria, la homologación del carné de conducir y las solicitudes de residencia

"Británicos en España: nerviosos, confundidos y con menos dinero por el Brexit", COPE, 08 | 10 | 2019 - Noticia
...Susan Wilson, jubilada y ... muchos otros británicos que viven en España- depende de su pensión, procedente del Reino Unido y que se ha visto reducida en un 18 por ciento desde el referéndum del Brexit, por la caída de la libra. Cree que los más vulnerables son los que reciben una pensión del Estado británico, y conoce “personas que se ven obligadas a tomar decisiones financieras difíciles...”. ... En esta situación de incertidumbre las más vulnerables son “las personas con enfermedades crónicas, con tratamientos de largo plazo muy costosos, y los británicos sin patrimonio en el Reino Unido”, a juicio de Neil Hesketh ... dirige la web Support in Spain...

"UK NHS Issue Letter To Ex Pats Across Costa Blanca & Costa Del Sol", Euro Weekly News, 07 | 10 | 2019 - Noticia
Expats in Spain who have their healthcare paid for by Britain under the ‘S1’ scheme are being sent the correspondence; which also outlines arrangements for state pensions after Brexit – and warns the EHIC card may not cover health cover when travelling to other EU countries. The letter is signed off by Michael Brodie who is the chief executive of the NHS Business Services Authority, and “provides important information about your access to healthcare”...

"'It's like a death sentence': retired Britons in EU face loss of healthcare", The Guardian, 07 | 10 | 2019 - Reportaje (Jon Henley)
...said Kalba Meadows of the campaign group British in Europe. “A lot of them are pretty vulnerable...” The government was urging pensioners to sign up for their local health system but this was often not possible or too expensive on a basic UK pension, which is worth 20% less in euros because of the collapse of the pound since the EU referendum in 2016, Meadows said. Private health insurance was also beyond the means of many retired people, who are likely to have pre-existing conditions. ... As EU citizens, the couple cannot currently pay into the Italian healthcare system, and because of her husband’s condition they have been quoted a premium of €13,000 a year for private health cover. After Britain leaves the EU, Italian social security contributions could be €3,500 a year. ... “...All the Brexit discussion is about the Irish border, trade, the economy – but what about us? ... Brexiters say we must get it done, do or die – I say, who is most likely to die?”.

"El 'Brexit' perjudica a todos", Málaga Hoy, 07 | 10 | 2019 - Editorial
La marcha de ciudadanos británicos residentes en Andalucía por el 'Brexit' supondrá un perjuicio para los dos países

"Encuentro de Víctor Navas con la Asociación Age Concern", Andalucía Información, 07 | 10 | 2019 - Noticia
El alcalde y concejal de Residentes Extranjeros ... ha visitado ... el centro de participación activa Anica Torres para mantener un encuentro con representantes de la Asociación Age Concern. ... es una asociación británica sin ánimo de lucro, muy conocida entre los residentes extranjeros de la Costa del Sol. ... Los voluntarios ayudan a personas que están solas, tienen problemas económicos o sociales. Realizan visitas a domicilio, hacen la compra, acompañan al médico… “Uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual es la soledad de nuestros mayores, y por eso la labor de Age Concern es tan importante...”, ha alabado el alcalde.

"Entre el ‘Brexit’ y la pared", Diario de Sevilla, 06 | 10 | 2019 - Reportaje (Encarna Maldonado)
Más de 75.000 británicos residentes legales en Andalucía, a los que se suma otra cifra similar que no figura en el padrón, asisten al proceso de salida atenazados por su futuro en España. ... Moreno viaja hoy a Bruselas, pocos días antes de que se concrete la salida del Reino Unido de la Unión Europea, para abordar el asunto.

"La burbuja inmobiliaria tras el "milagro" portugués", El Periódico, 05 | 10 | 2019 - Noticia
Desde la Asociación Morar em Liboa ... que agrupa a 15 plataformas ciudadanas, denuncian que Portugal se haya transformado en un "paraíso fiscal" para los extranjeros, gracias a las llamadas visas oro ... –que han dejado 3.400 millones a las arcas del estado desde el 2012- y a las desgravaciones para profesionales y jubilados que se instalen en el país, una medida que ha atraído a un gran número de franceses, chinos y brasileños.

Nota: Este Boletín de Prensa realiza un seguimiento periodístico de los aspectos más destacados del fenómeno de la movilidad transfronteriza de personas mayores estudiado en el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Mi agradecimiento a la Coordinadora del Observatorio, la Prof. Mayte Echezarreta Ferrer (Universidad de Málaga), así como a sus miembros, investigadores y colaboradores, por su labor y por permitir su difusión en Conflictus Legum.