Nota: Cómo debía ser el error, que la corrección consiste en publicar de nuevo el Protocolo íntegro (!!!).
Véase la entrada de este blog del día 3.5.2019.
Fallo del Tribunal: "Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63 TFUE, interpretado en relación con el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al adoptar el artículo 108, apartado 1, de la a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Ley n.º CCXII de 2013, por la que se establecen Disposiciones Transitorias y Otras Disposiciones en relación con la Ley n.º CXXII de 2013 relativa a la Venta de Terrenos Agrícolas y Forestales) y al suprimir con ello, ex lege, los derechos de usufructo de los que son titulares, directa o indirectamente, nacionales de otros Estados miembros sobre terrenos agrícolas y forestales situados en Hungría."
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"Los artículos 15, 30 y 31 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, deben interpretarse en el sentido de que se aplican a una decisión de expulsión de un nacional de un tercer país que ha sido adoptada porque este ha dejado de tener un derecho de residencia en virtud de dicha Directiva si dicho nacional contrajo matrimonio con un ciudadano de la Unión en un momento en el que tal ciudadano estaba ejercitando su libertad de circulación al trasladarse y residir en un Estado miembro distinto de aquel del que tiene la nacionalidad en virtud del artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva y el mencionado ciudadano posteriormente regresa al Estado miembro del que tiene la nacionalidad."
Nota: Véase el Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, así como la entrada de este blog del día 28.11.2018.
Resolución del Tribunal:
"1) El artículo 267 TFUE y el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, tal como la interpreta la jurisprudencia, que tiene por efecto obligar al órgano jurisdiccional nacional a pronunciarse sobre la legalidad de una resolución relativa a la prisión preventiva sin tener la posibilidad de presentar una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia o de esperar a la respuesta de este.
2) Los artículos 4 y 6 de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, en relación con el considerando 16 de esta, deben interpretarse en el sentido de que los requisitos derivados de la presunción de inocencia no se oponen a que, cuando el órgano jurisdiccional competente examine los indicios racionales que permitan suponer que la persona sospechosa o encausada ha cometido la infracción que se le imputa con el fin de pronunciarse sobre la legalidad de una resolución relativa a la prisión preventiva, dicho órgano jurisdiccional sopese las pruebas de cargo y de descargo que se le presenten y motive su resolución no solo indicando las pruebas en que se ha basado, sino también pronunciándose sobre las objeciones de la defensa de la persona de que se trate, siempre que la resolución que se adopte al respecto no se refiera a la persona privada de libertad como culpable."
Se analizan los pasos a seguir, en cuanto a la solicitud, alcance, contenido y gastos, respectivamente, en la emisión y en la ejecución de la Orden Europea de Investigación por parte de los jueces españoles.
Nota: Véase la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, así como la entrada de este blog del día 1.5.2014. Véase igualmente la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, así como las entradas de este blog del día 21.11.2014 y del día 12.6.2018 y del día 31.3.2015.
Presidencia a cargo del Dr. D. Federico Garau Sobrino. Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universidad de las Islas Baleares.18’00 hrs. Pausa
PANEL Y DEBATE (1) “Simbiosis de foros al hilo del asunto ZX vs. Ryanair Dac: de la sumisión tácita a la explotación de sucursal”
Dr. D. David Carrizo Aguado. Profesor Contratado Doctor (Acr) de Derecho Internacional Privado. Universidad de León.
PANEL Y DEBATE (2) “La “insostenibilidad” de las empresas certificadas”
Dr. Dña. Lorena Sales Profesora Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de Castilla- La Mancha y Mª Chiara Marullo Profesora Contratada Doctora (Acr) Universidad Jaime I.
PANEL Y DEBATE (3) “Derecho Internacional Privado y contratación inmobiliaria: especial atención a las normas imperativas y a su incidencia en los contratos de arrendamiento en casos internacionales”
D. Omar Rodrigo Rojas Escobar. Abogado Despacho ABgestin Advocats Barcelona
Presidencia a cargo de la Dra. Pilar Diago Diago Coordinadora de Millennium DIPr. Catedrática de Derecho Internacional Privado. Universidad de Zaragoza.Tercera sesión:
PANEL Y DEBATE (4) "Cuestiones relevantes sobre la protección de los consumidores en Europa: armonización mínima o máxima, integración europea y los nuevos retos de la economía colaborativa”
Dra. Dña. Cayetana Santaolalla. Profesora de Derecho Internacional Privado. Universidad Internacional de La Rioja
PANEL Y DEBATE (5) “Las Dao como nuevo modelo de contrato societario: retos jurídico-internacionales”
D. Svetoslav Tihomirov Kostov. Universidad de Castilla La Mancha
Presidencia a cargo de D. Antonio Ripoll Soler. Notario de Alicante.20’00 hrs. CLAUSURA
PANEL Y DEBATE (6) “La maternidad subrogada en el marco de la Constitución española: ¿compatible con los derechos fundamentales?”
Dra. Dña Nieves Alonso García. Profesora Ayudante Doctora de Derecho Constitucional. Universidad Isabel I.
PANEL Y DEBATE (7) “¿En el camino hacia la protección estable de los menores concebidos mediante maternidad subrogada?”
Dña. María Riánsares Díaz Navarro. Universidad de Castilla-La Mancha
- La inscripción para asistir a la reunión científica es imprescindible.
- La inscripción se realizará a través del formulario que aparece en este enlace.
- Inscripción gratuita hasta cubrir aforo.
- Los asistentes recibirán certificado de asistencia.
Nota: En esta disposición se establecen los procedimientos y las condiciones que se requieren para tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre las cuestiones que los ciudadanos de la Unión estimen que requieren un acto jurídico de la Unión a efectos de la aplicación de los Tratados.
Este Reglamento será aplicable a partir del 1 de enero de 2020 (art. 28).
Queda derogado, con efectos 1 de enero de 2020, el Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana (véase la entrada de este blog del día 11.3.2011) (art. 26). Ahora bien, los arts. 5 a 9 del Reglamento (UE) nº 211/2011 seguirán siendo aplicables después del 1 de enero de 2020 a las iniciativas ciudadanas europeas registradas antes del 1 de enero de 2020 (art. 27).
Nota: El objeto de esta norma, según su art. 1, es establecer normas destinadas a mejorar el acceso transfronterizo a un mayor número de programas de radio y televisión, facilitando la obtención de derechos para la prestación de servicios en línea que son accesorios a la emisión de determinados tipos de programas de radio y televisión, así como para la retransmisión de programas de radio y televisión. También establecer normas para la transmisión de programas de radio y televisión a través del proceso de inyección directa.
Los Estados miembros deberán transponer lo dispuesto en esta Directiva a más tardar el 7 de junio de 2021 (art. 12).
Nota: Esta Directiva pretende establecer normas destinadas a armonizar el Derecho de la Unión aplicable a los derechos de autor y derechos afines en el marco del mercado interior, teniendo especialmente en cuenta los usos digitales y transfronterizos de los contenidos protegidos. Establece asimismo normas sobre excepciones y limitaciones a los derechos de autor y derechos afines, sobre facilitación de licencias, así como normas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento del mercado de explotación de obras y otras prestaciones. Salvo en los casos mencionados en su art. 24 (modificación de las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE), esta disposición deja intactas y no afecta en modo alguno a las disposiciones vigentes establecidas en las Directivas actualmente en vigor en la materia, en particular las Directivas 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE y 2014/26/UE (véase el art. 1).
Los Estados miembros garantizarán que las licencias concedidas de conformidad con el art. 8 (uso sobre obras y otras prestaciones fuera del circuito comercial por parte de las instituciones responsables del patrimonio cultural) puedan autorizar el uso de obras u otras prestaciones que están fuera del circuito comercial por una institución responsable del patrimonio cultural en cualquier Estado miembro (art. 9).
El art. 21 prevé que los Estados miembros dispongan que los litigios relativos a la obligación de transparencia prevista en el art. 19 y el mecanismo de adaptación de contratos establecido en el art. 20 puedan someterse a un procedimiento alternativo de resolución de litigios de carácter voluntario. Asimismo, garanticen que los organismos que representan a los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes puedan iniciar tales procedimientos a petición expresa de uno o varios autores o artistas intérpretes o ejecutantes.
De acuerdo con el art. 26, la Directiva se aplica con respecto a todas las obras y otras prestaciones que estén protegidas por el Derecho nacional en materia de derechos de autor a 7 de junio de 2021 o con posterioridad. La Directiva se aplicará sin perjuicio de los actos celebrados y de los derechos adquiridos antes del 7 de junio de 2021.
Los acuerdos de licencia o cesión de derechos de autores y artistas intérpretes o ejecutantes estarán sujetos a la obligación de transparencia establecida en el art. 19 a partir del 7 de junio de 2022 (art. 27).
El tratamiento de datos personales efectuado en el marco de la Directiva se llevará a cabo de conformidad con la Directiva 2002/58/CE y el Reglamento (UE) 2016/679 (art. 28).
Según el art. 29, los Estados miembros deben dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva a más tardar el 7 de junio de 2021 (art. 29).
Véase la corrección de errores de esta Directiva.
Nota: Esta norma se aplica a los ciberataques con un efecto significativo, incluidas las tentativas de ciberataque con un efecto significativo potencial, que constituyan una amenaza externa para la Unión o para sus Estados miembros (art. 1.1). El art. 2 recoge los factores que determinen si un ciberataque tiene un efecto significativo; basta que se den algunos de los elementos mencionados en el propio precepto: el alcance, la escala, la repercusión o la gravedad de la perturbación ocasionada; el número de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos afectados; el número de Estados miembros afectados; el importe de las pérdidas económicas ocasionadas; los beneficios económicos obtenidos por el infractor, para sí o para otros; la cantidad o la naturaleza de los datos sustraídos o la magnitud de las violaciones de datos; la naturaleza de los datos comercialmente sensibles a los que se haya tenido acceso.
El art. 1.3 considera ciberataque las acciones (no autorizadas por el propietario o por otro titular de derechos del sistema o de los datos, o de parte de los mismos, o no permitidas por el Derecho de la Unión o de un Estado miembro) que implican cualesquiera de los siguientes elementos: acceso a sistemas de información; intromisión en sistemas de información; intromisión en datos; interceptación de datos. Por su parte, el art. 1.2 recoge una lista de ciberataques que constituyen una amenaza externa.
El anexo I incluye, tal y como estén definidas por el Consejo de conformidad con el artículo 5, apartado 1, de la Decisión (PESC) 2019/797 (véase la siguiente referencia de esta entrada), a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que sean responsables de los ciberataques o intentos de ciberataques; las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que presten ayuda financiera, técnica o material o que estén implicadas de alguna otra forma en ciberataques o tentativas de ciberataque, en particular mediante la planificación, preparación, dirección o fomento de dichos ataques, así como la participación en ellos o la ayuda a su comisión, o la facilitación de su comisión por acción u omisión; las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados con las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos anteriores (véase el art. 3.3).
El Reglamento prevé, con carácter general, que se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que pertenezcan a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo que figure en el anexo I, al igual que todos los fondos y recursos económicos que esas personas físicas o jurídicas, entidades u organismos posean, detengan o controlen. Asimismo, no se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que figuren en el anexo I ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de fondos o recursos económicos (véase el art. 3, núms. 1 y 2).
En relación con su ámbito de aplicación, el Reglamento se aplicará en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo; a bordo de toda aeronave o buque que esté bajo la jurisdicción de un Estado miembro; a toda persona física, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro; a toda persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, registrado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro; a toda persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier actividad comercial efectuada, en su totalidad o en parte, en la Unión (art. 18).
De conformidad con su art. 19, el Reglamento entrará en vigor mañana.
Nota: Esta Decisión se aplica a los ciberataques con un efecto significativo, incluidas las tentativas de ciberataque con un efecto significativo potencial, que constituyan una amenaza externa para la Unión o para sus Estados miembros (art. 1.1). Será aplicable hasta el 18 de mayo de 2020 y estará sujeta a revisión continua. Se prorrogará o modificará, según proceda, si el Consejo estima que no se han cumplido sus objetivos (art. 10).
El plazo temporal ha sido prorrogado, por la Decisión (PESC) 2020/651 del Consejo de 14 de mayo de 2020, hasta el 18 de mayo de 2021; hasta el 18 de mayo de 2022 por la Decisión (PESC) 2021/796 del Consejo; hasta el 18 de mayo de 2023 por la Decisión (PESC) 2022/754 del Consejo; y hasta el 18 de mayo de 2024 por la Decisión (PESC) 2023/964 del Consejo.
Nota: Este Acuerdo entró en vigor, con carácter general y para España, hace dos días, es decir, el 16 de mayo de 2019.
Véase en esta entrada el Protocolo por el que se modifica el Acuerdo con motivo de la adhesión de Croacia a la UE.
Véase la entrada de este blog del día 4.7.2019.
Nota: Esta enmienda entró en vigor el 28 de febrero de 2019, esto es, hace más de dos meses y medio.
Véase el Convenio de Seguridad Social entre España y Perú de 16 de junio de 2003.
Nota: Este Protocolo entró en vigor, con carácter general y para España, el 16 de mayo de 2019.
Véase en este entrada el Acuerdo de transporte aéreo entre Canadá y la CE y sus Estados Miembros de 2009.
Véase la entrada de este blog del día 4.7.2019.
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza
Sr. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza
Dra. Dª. Pilar Diago Diago. Coordinadora de Millennium DIPr.
1. “El Reglamento 1/2018 sobre auxilio judicial internacional y el Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial” D. Francisco Javier Forcada Miranda, Letrado del Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial
2. “Medidas Cautelares: el caso “Aguinda Salazar” en los tribunales argentinos” D. Eduardo Bernabé Toledo, Senior Legal Officer - International Nuremberg Principles Academy
3. “Competência internacional, reconhecimento, execução e executoriedade das decisões em matéria de regimes matrimoniais” Dña. Ana Sofía Gomes, Investigadora do CEJEA (Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais da Universidade Lusíada de Lisboa)
1. “Reconocimiento y ejecución de medidas cautelares: Caso Johnnie Walker D. Jorge Lahoz Cancer y D. Álvaro Gonzalo Nadal Morte.
2. “Kafala y adopción en las relaciones internacionales” Dña. Cristina de Juan Serrano y Dña. Laura López Belmonte
3. “Explotación de sucursales de aerolíneas y prórroga tácita de competencia: análisis de la Sentencia de 11 de abril de 2019, Ryanair, C-464/18”. Dña. Andrea Estruga González
4. “Un viaje combinado a Egipto: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 14 de noviembre de 2013”. Dña. Sheila Muñoz Miñarro y Dña. Farah Ripalta Mehdi
5. “Vulneración de los derechos de la personalidad de una persona jurídica a través de Internet” Dña. Ana Maria Enescu
- Alexandra Minac
- Ana Maria Enescu
- Bruna M. Da Silva Alves
- Carmen Martínez Zorrilla y Cristina Artieda Martín
- Claudia Aliende Riglos
- Coral Castillo Gasco
- Deva Martín Rico y Álvaro Morlanes Gálvez
- Eduardo Ágreda Guarch y Miguel Gracia Ruiz
- Eila Salamero y Cristina Mantecón
- Elena Langa Nogués y Sara Moreno Quilis
- Elena Poyo Casado e Irene Revillo Rey
- Elisa Barreiro Arrieta
- Ignacio Villalba
- Ioan Adrian Buta y María Valtueña Ortín
- Jara Francés Arellano y Lucía Monge Calvo
- Javier Montes Adiego
- Jesús Yus del Río y Sergio Martínez Seguín
- Jorge Lahoz Cancer y Álvaro Gonzalo Nadal Morte
- Jorge Sánchez Edo y Ángel Santiago Tomás Pla
- Julián Diaz Borderías y Pablo Jarque Casabón
- Lara Marco Márquez y Andrea Laborda Larriba
- Laura Abadías Velilla y Patricia Sanz Sanz
- Laura Ibáñez de Álava
- María Gil Salvador y María Gil Díaz
- Mercedes García Gutiérrez y Marcos Bonis Sarasa
- Pablo de Jesus Flores Saucedo y Andrea Fortunato
- Paula Murillo Rincón y Andrea Lorente Beltrán
- Sofía Justo Alcalá y Raquel Gracia Ballano
1. “La excepción a Roma II en la SAP de Madrid num. 12/2019 de 17 de enero” D. Deva Martín Rico y D. Álvaro Morlanes Gálvez.
2. “Caso Maximilian Schrems vs. Facebook Ireland Limited” Dña. Bruna M. Da Silva Alves.
3. “Poligamia y orden público” Dña. Carmen Martínez Zorrilla y Dña. Cristina Artieda Martín.
4. “El alcance de las cláusulas atributivas de competencia: STJUE C-595/17” D. Jorge Campillo Gracia.
1. “Excepción de orden público internacional: Determinación mínima y uniforme de su contenido mediante el control de convencionalidad” Dña. Nathalia Ulloa Castillo, Universidad de Costa Rica.
2. “Alerta en Kiev: Maternidad subrogada o el eufemismo de los vientres de alquiler” Dña. Ascensión Lucea Sáenz, Abogada en el REiCAZ
3. “El interés superior del menor y la pérdida de estatuto de ciudadano UE: A propósito de la Sentencia del TJUE (GS) de 12 de marzo de 2019, C-221/17” Dña. María Beatriz Román Luján, Titular del despacho ROMAN & MONTERO ABOGADOS
4. “Big data: Tráfico de datos genéticos y su protección internacional” Dña. Lara Mª Martínez Mahamud, Universidad de Zaragoza
Dr. D. Federico Garau Sobrino. Catedrático de DIPr. Universidad de las Islas Baleares
D. Antonio Ripoll Soler. Notario de Alicante
Dra. Dña Ana Carolina Machado. Prfª de UFN Brasil
D. Roberto Ferrer Serrano. Abogado. ARALEGIS
D. Alfredo Herranz Asin. Abogado. Espacio Pangea Abogados
Dra. Dña. Pilar Diago Diago. Catedrática de DIPr. Universidad de Zaragoza
- La inscripción para asistir al Certamen es imprescindible.
- Debe cumplimentarse de manera online el formulario que se encuentra en la siguiente página web: https://forms.gle/yATCaAmv3wFeYCa17
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Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
1) El artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que la garantía de que la persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea a efectos de enjuiciamiento penal va a ser devuelta al Estado miembro de ejecución tras ser oída para cumplir en él la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que pudiere pronunciarse en su contra en el Estado miembro emisor, significa que esa devolución puede aplazarse hasta que se resuelva definitivamente sobre una pena o sobre una medida accesoria, como una resolución de decomiso, siempre que esta sea adoptada en el marco de un procedimiento penal y que la correspondiente fase procesal tenga por objeto el mismo delito que dio origen a la orden de detención europea. A la luz del objetivo que persigue esa disposición, a saber, facilitar la reinserción social de las personas condenadas, las autoridades competentes del Estado miembro emisor deben hacer, no obstante, cuanto sea de su competencia para que esa devolución se lleve a cabo en el plazo más breve posible.
2) El artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que, una vez que ha entregado a la persona buscada con sujeción a la garantía de su devolución y en el momento en el que debe ejecutar la condena de esa persona a una pena o a una medida privativas de libertad, el Estado miembro de ejecución no puede adaptar esa pena para que coincida con la que se habría impuesto en dicho Estado miembro por el mismo delito. Únicamente podría adaptarse en el Estado miembro de ejecución, en su caso, la condena impuesta en el Estado miembro emisor respetando los estrictos requisitos establecidos en el artículo 8 de la Decisión Marco 2008/909 y, en particular, a la luz de las circunstancias del litigio principal, en el apartado 2 de dicho artículo."
Ponente: Pose Vidal, Sara María.
Nº de Sentencia: 412/2019
Nº de Recurso: 5336/2018
Jurisdicción: SOCIAL
Diario La Ley, Nº 9416, Sección Jurisprudencia, 16 de Mayo de 2019
ECLI: ES:TSJCAT:2019:664
La institución de las parejas de hecho está reconocida en la actualidad como un auténtico modelo de familia, tanto en el ordenamiento jurídico español como en otros ordenamientos del ámbito europeo. Una especial similitud presentan la institución del concubinage francés y la institución de las parejas de hecho españolas y, es por ello, que en el presente trabajo se va a llevar a cabo un análisis comparado de ambas instituciones, con el objetivo de determinar si, efectivamente, la influencia del Código napoleónico en España se ha visto también reflejada en la regulación de este modelo de familia.
Si se hace una comparación entre la institución del concubinage francés y la institución de las parejas de hecho españolas se llega a la conclusión de que nos encontramos ante dos modelos de familia que guardan similitud, tanto en cuanto a su regulación, como en cuanto a su evolución histórica. Y ello no debiera de extrañarnos, ya que ambos sistemas jurídicos pertenecen a la familia de derecho romano-germánica y ambos toman como referencia los ideales del Código napoleónico para regir las relaciones entre particulares.
Tanto en materia de seguridad social, como en aquellas otras cuestiones que giran en torno a la constitución de la pareja de hecho, o a las características que han de cumplir para entender que nos encontramos ante este modelo familiar, nos topamos con una casi absoluta identidad de regulación entre el ordenamiento francés y el español, aunque no siempre fue así. Ahora bien, ¿realmente es necesario que se regule una situación jurídica calificada con el término «de hecho»? Nos encontramos ante una antinomia conceptual, pues las denominadas «parejas de hecho» huyen de la aplicación de todo régimen legal preestablecido para regir sus relaciones; huyen del matrimonio y de sus efectos jurídicos. Pero, ¿qué sucede cuando se disuelve la pareja o cuando uno de ellos fallece? Lo que sucede es que estas parejas de hecho que antes huían de las normas previstas para el matrimonio, ahora quieren acogerse a ellas. Con ello no pretendemos negar que las parejas de hecho necesiten de una regulación homogénea, pues son una realidad que ha venido para quedarse y de la que ya no podemos huir. Es más, entendemos que lo más acertado sería que el Estado regulase la materia para dotar de seguridad jurídica a este modelo de familia reconocido jurídicamente por ambos ordenamientos jurídicos.
Fallo del Tribunal: "El examen del artículo 14, apartados 4 a 6, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez de estas disposiciones a la luz del artículo 78 TFUE, apartado 1, y del artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea."
Nota: Esta norma establece medidas adicionales, incluidas medidas mínimas, que las entidades financieras y de crédito deben adoptar para hacer frente eficazmente al riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en aquellos casos en que el Derecho de un tercer país no permita la aplicación de las políticas y procedimientos a nivel de grupo a que se refiere el artículo 45, apartados 1 y 3, de la Directiva (UE) 2015/849 a nivel de las sucursales o filiales con participación mayoritaria que formen parte del grupo y se hallen establecidas en el tercer país (véase el art. 1).
Este Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y será aplicable a partir del 3 de septiembre de 2019 (art. 9)
Véase la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, así como la entrada de este blog del día 5.6.2015.
Cuestión planteada: "¿Debe interpretarse el artículo 152, apartados 1 y 2, en relación con el artículo 151 de la Directiva 2009/138 y el considerando 8 del Reglamento n.o 1393/2007 en el sentido de que la representación de una empresa de seguros distintos del seguro de vida por parte de un representante designado incluye la recepción de un escrito de interposición de una indemnización por un accidente de tráfico?"
Cuestiones planteadas:
"1) Las disposiciones de la Directiva 98/34/CE (artículo l, punto 2), en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE, y de la Directiva 2000/31/CE [artículo 2, letra a)], que establecen que será servicio de la sociedad de la información aquel «servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios» ¿deben interpretarse en el sentido de que una actividad del tipo de la ejercida por Star Taxi App SRL (esto es, el servicio consistente en poner en contacto directo, a través de una aplicación electrónica, a clientes [de] taxi con taxistas) debe considerarse un servicio específico de la sociedad de la información y de la economía colaborativa (teniendo en cuenta que Star Taxi App SRL no reúne los criterios para ser considerada transportista, enunciados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el apartado 39 de su sentencia en el asunto Uber, C-434/15)?
2) En el caso de que Star Taxi App SRL sea considerada un servicio de la sociedad de la información ¿es el principio de la libre prestación de servicios aplicable a la actividad de Star Taxi App SRL en virtud del artículo 4 de la Directiva 2000/31/CE, de los artículos 9, 10 y 16 de la Directiva 2006/123/CE, así como del artículo 56 TFUE y, en tal caso, se oponen tales artículos a una normativa como la HCGMB nr. 626/19.12.2017 pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi (Decisión del Pleno del Ayuntamiento del Municipio de Bucarest nº. 626/19.12.2017, por la que se modifica y completa la Decisión del Pleno del Ayuntamiento del Municipio de Bucarest n.o 178/2008, por la que se aprueba el reglamento marco, el pliego de cláusulas y el contrato de concesión administrativa para la organización y prestación del servicio público de transporte local mediante taxi) — artículos I, II, III, IV y V?
3) En el caso de que la Directiva 2000/31/CE sea aplicable al servicio prestado por Star Taxi App SRL ¿constituyen las limitaciones establecidas por un Estado miembro a la libertad de prestar el servicio electrónico mediante la imposición, por lo que respecta al servicio, de la obligación de poseer una autorización o licencia, medidas válidas que establecen excepciones a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2000/31/CE, al amparo del artículo 3, apartado 4, de la misma Directiva?
4) ¿Se opone el artículo 5 de la Directiva 2015/1535 a la adopción, sin comunicación previa a la Comisión Europea, de una normativa como la HCGMB nr. 626/19.12.2017 pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi (Decisión del Pleno del Ayuntamiento del Municipio de Bucarest nº. 626/19.12.2017, por la que se modifica y completa la Decisión del Pleno del Ayuntamiento del Municipio de Bucarest nº. 178/2008, por la que se aprueba el reglamento marco, el pliego de cláusulas y el contrato de concesión administrativa para la organización y prestación del servicio público de transporte local mediante taxi) — artículos I, II, III, IV y V?"
Cuestiones planteadas (idénticas) en ambos asuntos:
"1) Para garantizar la eficacia del Derecho de la Unión Europea y no hacer imposible el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar que, según la recurrente, le confiere el artículo 4 de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, ¿debe interpretarse esta disposición en el sentido de que el hijo del reagrupante puede acogerse al derecho a la reagrupación familiar cuando alcance la mayoría de edad durante el procedimiento judicial contra la resolución por la que se le deniega dicho derecho y que se adoptó cuando aún era menor?
2) ¿Deben interpretarse el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 18 de la Directiva 2003/86/CE en el sentido de que se oponen a que se declare la inadmisibilidad del recurso de anulación interpuesto contra la denegación del derecho a la reagrupación familiar de un hijo menor de edad por haber alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento judicial, ya que se le privaría de la posibilidad de que se resuelva el recurso interpuesto contra dicha resolución y se menoscabaría su derecho a la tutela judicial efectiva?"
Cuestión planteada: "¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, en su caso en relación con el artículo 16, apartado 1, de dicha Directiva, en el sentido de que exige que los nacionales de terceros países, para ser considerados «hijos menores» en el sentido de esa disposición, no solo sean «menores» en el momento de la presentación de la solicitud de concesión de la residencia, sino también en el momento en el que la Administración se pronuncie en última instancia sobre dicha solicitud?"
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Puede apreciarse la independencia de una Fiscalía que emite una orden de detención europea con arreglo al propio Derecho nacional, respecto del Poder Ejecutivo basándose en el papel que dicho órgano desempeña en el propio ordenamiento jurídico nacional? En caso de respuesta negativa, ¿cuáles son los criterios en que debe basarse la apreciación de su independencia frente al Poder Ejecutivo?
2) ¿Puede considerarse que la Fiscalía de Hamburgo, que, conforme al Derecho interno alemán, forma parte del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial, se encuadra desde el punto de vista jerárquico en el Ministerio de Justicia y está obligada a perseguir penalmente a los autores de hechos delictivos, si lo considera oportuno tras apreciar todas las circunstancias del caso concreto, tanto incriminatorias como exculpatorias, es una autoridad suficientemente independiente que participa en la administración de la justicia penal, de modo que pueda entenderse que es una «autoridad judicial» a los efectos del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros?
3) En caso de respuesta afirmativa, ¿debe ser la Fiscalía de Hamburgo asimismo independiente funcionalmente respecto del Poder Ejecutivo, en todos los casos en los que intervenga y cuáles son los criterios en que debe basarse la apreciación de dicha independencia funcional?
4) ¿Constituye una orden de detención europea emitida por la Fiscalía de Hamburgo, que, con arreglo al Derecho alemán, no está directamente sujeta a control judicial sino solo por vía incidental mediante la impugnación de la notificación de la alerta registrada en el Sistema de Información de Schengen (SIS) una vez emitida la correspondiente orden de detención europea, una «resolución judicial a efectos del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco, conforme al principio de reciprocidad en el reconocimiento recogido en el artículo 1, apartado 2, de la Decisión Marco?"
Cuestión planteada: "¿Debe interpretarse el artículo 27 del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Texto refundido), considerado aisladamente o en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que obliga al juez nacional, para garantizar la tutela judicial efectiva, a tener en cuenta, en su caso, las circunstancias posteriores a la decisión de «traslado con arreglo a Dublín»?"
Cuestiones planteadas:
"1) Teniendo en cuenta que la demandada no participó en la adopción de los acuerdos con los otros copropietarios ni consintió en lo acordado, ¿debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 en el sentido de que ha de considerarse como una obligación contractual, la obligación de la demandada establecida por la Ley, pero que, en cuanto a su importe, fecha de vencimiento y otras particularidades, se determina de común acuerdo por los propietarios que representen más de la mitad de las cuotas de participación en la copropiedad del inmueble?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 en el sentido de que el incumplimiento de una obligación establecida por la Ley con respecto a los otros copropietarios del inmueble que pueden reclamar su cumplimiento por vía judicial ha de considerarse como un delito o cuasidelito, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que del incumplimiento de la obligación legal de la demandada puede derivarse un perjuicio adicional (además de la pérdida pecuniaria en concepto de la reserva) tanto para los demás copropietarios como para terceros?
3) Tomando en consideración que, en el presente asunto, la obligación en cuestión se deriva de que la demandada es propietaria de locales comerciales en los que desarrolla actividades, a saber, locales en los que está situada una sucursal, ¿debe interpretarse el artículo 7, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 en el sentido de que se trata de un litigio relativo a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento?"
Ponente: Seijas Quintana, José Antonio.
Nº de Recurso: 566/2018
Jurisdicción: Civil
Iustel - Diario Del Derecho, 13 mayo 2019, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 3527/2018 - ECLI: ES:TS:2018:3527]
