Tribunal de Justicia de la Unión Europea (25.4.2013)

-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 25 de abril de 2013, en el Asunto C‑64/11 (Comisión/España): Incumplimiento de Estado – Libertad de establecimiento – Artículo 49 TFUE – Restricciones – Legislación tributaria – Tributación inmediata de las plusvalías latentes – Traslado de la residencia de una sociedad, cese de actividad de un establecimiento permanente o transferencia de activos de tal establecimiento.

Fallo del Tribunal: "Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE al adoptar el artículo 17, apartado 1, letras a) y c), del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, establecido por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba dicho texto refundido, y en virtud del cual, en los casos de traslado, a otro Estado miembro, de la residencia de una sociedad establecida en España y de transferencia, a otro Estado miembro, de activos de un establecimiento permanente situados en España, las plusvalías no realizadas se integran en la base imponible del ejercicio fiscal, mientras que tales plusvalías no tienen consecuencias fiscales inmediatas si esas operaciones tienen lugar dentro del territorio español."

-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 25 de abril de 2013, en el Asunto C‑212/11 (Jyske Bank Gibraltar): Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo – Directiva 2005/60/CE – Artículo 22, apartado 2 – Decisión 2000/642/JAI – Obligación de comunicación de las transacciones financieras sospechosas a cargo de las entidades de crédito – Entidad que opera bajo el régimen de la libre prestación de servicios – Determinación de la unidad nacional de información financiera responsable de la obtención de la información – Artículo 56 TFUE – Restricción a la libre prestación de servicios – Razones imperiosas de interés general – Proporcionalidad.

Fallo del Tribunal:

"El artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que impone a las entidades de crédito que ejercen sus actividades en libre prestación de servicios en el territorio de ese Estado miembro la obligación de comunicar directamente a la unidad de información financiera de dicho Estado miembro la información requerida a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, siempre que dicha normativa no comprometa el efecto útil de la citada Directiva y de la Decisión 2000/642/JAI del Consejo, de 17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para el intercambio de información.

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de este tipo si ésta se justifica por una razón imperiosa de interés general, es adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue, no va más allá de lo necesario para alcanzarlo y se aplica de forma no discriminatoria, extremos que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional, habida cuenta de las siguientes consideraciones:

– tal normativa es adecuada para lograr el objetivo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo si permite al Estado miembro afectado controlar y suspender efectivamente las transacciones financieras sospechosas realizadas por las entidades de crédito que prestan sus servicios en el territorio nacional y, en su caso, perseguir y sancionar a los responsables;

-la obligación impuesta por dicha normativa a las entidades de crédito que ejercen sus actividades en libre prestación de servicios puede constituir una medida proporcionada para lograr dicho objetivo si, en el momento de los hechos del litigio principal, no existía un mecanismo eficaz que garantizara una cooperación plena y completa de las unidades de información financiera."

-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. NIILO JÄÄSKINEN, presentadas el 25 de abril de 2013, en el Asunto C‑9/12 (Corman‑Collins): [Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de commerce de Verviers (Bélgica)] Competencia judicial en materia civil y mercantil – Reglamento (CE) nº 44/2001– Artículo 2 – Artículo 5, punto 1, letras a) y b) – Competencia especial en materia contractual – Conceptos de “compraventa de mercaderías” y de “prestación de servicios” – Contrato de concesión de venta de mercaderías – Obligación que sirve de base a la demanda.

Nota: El Abogado General propone contestar las cuestiones planteadas del siguiente modo:

"1) El artículo 2 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con los artículos 3, 4 y 5, punto 1, del citado Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación, frente a un demandado domiciliado en otro Estado miembro, de una regla para determinar la competencia de Derecho nacional como la contenida en el artículo 4, apartado 1, de la Ley de 27 de julio de 1961, relativa a la resolución unilateral de contratos de concesión de venta en exclusiva de duración indefinida, en su versión modificada por la Ley de 13 de abril de 1971, relativa a la resolución unilateral de concesiones de venta, que prevé que los tribunales belgas son competentes cuando un concesionario establecido en territorio belga demanda a un concedente por la resolución de un contrato de concesión de venta que produce sus efectos en la totalidad o parte de dicho territorio, independientemente del lugar en el que se halle establecido el demandado.

2) El segundo guión del artículo 5, punto 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001, relativo a la competencia en materia contractual cuando se trata de una prestación de servicios, se aplica a efectos de determinar el tribunal competente para conocer de una acción judicial en virtud de la cual un demandante establecido en un Estado miembro invoca, frente a un demandado establecido en otro Estado miembro, derechos derivados de un contrato de concesión de venta, que exige que el contrato que vincula a las partes prevea efectivamente obligaciones contractuales específicas relativas a la distribución por el concesionario de mercancías vendidas por el concedente.

3) Con carácter subsidiario, si el artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento nº 44/2001 resulta aplicable en circunstancias como las del litigio principal, en las que un comprador-concesionario demanda a un vendedor-concedente por la resolución de sus relaciones contractuales, la obligación que sirve de base a la demanda en el sentido de la citada disposición es la obligación del vendedor-concedente derivada del contrato de que se trata y cuyo incumplimiento invoca el demandante como fundamento de su acción."