De los acuerdos tomados por el Consejo de Ministros de hoy viernes, 3 de agosto, cabe destacar los siguientes (véase la referencia completa el Consejo de Ministros):
-Ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil. Estas modificaciones devuelven a los Ayuntamientos las competencias en esta materia. También fortalecen la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género. Igualmente, se recoge que la acreditación de las situaciones de violencia de género se amplíe más allá de la sentencia o resolución judicial. Con esta iniciativa se da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia de género.
La protección de los menores constituye uno de los ejes más importantes del Pacto de Estado. Por ello, el Real Decreto-ley incluye una modificación en el artículo 156 de Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.
En línea con el artículo 18.3 del Convenio de Estambul del Consejo de Europa que exige no supeditar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio de acciones legales o declaración contra el autor, el Real Decreto-ley modifica la Ley integral para ampliar los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género. En este sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial, diseñarán de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha dicha acreditación.
-Ha aprobado la creación de un mando único operativo que coordinará las actuaciones de diversos ministerios para optimizar los recursos destinados al control de la inmigración irregular en la zona del estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes.
El mando, que será un general de la Guardia Civil, dirigirá un Centro de Coordinación que gestionará las fronteras marítimas en la zona. Centralizará la recepción de información sobre inmigración irregular en los países de origen y coordinará las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las fronteras marítimas (Mar Territorial) de carácter permanente (SIVE), las actividades de la Armada y de Vigilancia Aduanera en las labores de control de embarcaciones de inmigrantes irregulares. También coordinará las actuaciones de los medios de Salvamento Marítimo (SASEMAR) y del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) involucrados en la localización, ayuda y asistencia de las embarcaciones de inmigrantes y, en su caso, el rescate de sus ocupantes. Asimismo, gestionará las relaciones con todas las entidades e instituciones de la Administración General del Estado con competencias en inmigración y con las autoridades autonómicas y locales. También coordinará las actuaciones de la Cruz Roja en relación con tareas de recepción y acogida de los inmigrantes. Entre sus competencias estará la de solicitar en caso necesario el refuerzo de medios y proponer nuevas operaciones o procedimientos conforme lo exijan los cambios en los flujos migratorios.
En el Centro de Coordinación se integrarán representantes de las Fuerzas Armadas, FRONTEX, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Civil, Policía Nacional, Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera, Capitanías Marítimas, SASEMAR y Cruz Roja, debiendo aportar cada uno los recursos humanos y los medios materiales pertinentes.
La actuación del mando único se basará en la legislación nacional e internacional vigente y en los convenios suscritos en materia de seguridad marítima y salvamento en el mar. Una de sus prioridades será proteger la vida de los inmigrantes náufragos y respetar su dignidad y los derechos humanos, con especial atención a los colectivos más vulnerables, como es el caso de los menores no acompañados (MENA).
-También ha aprobado la entrega a Israel de los hermanos Tom, Yaniv y Harel Ben David para su enjuiciamiento por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y extorsión por amenazas. En el caso de Harel Ben David se le reclama además por un presunto delito contra la hacienda pública.
Tras su detención en Madrid el pasado 16 de enero en cumplimiento de una orden de detención emitida por un tribunal israelí, el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional dictó contra ellos un auto de prisión provisional, situación en la que se encuentran en la actualidad. Según las autoridades israelíes, entre enero de 2015 y diciembre de 2017, los hermanos Ben David constituyeron en su país una organización criminal para el blanqueo de capitales mediante la emisión de facturas falsas a través de diversas empresas de distribución creadas para tal fin.
-En el ámbito de la investigación científica, ha autorizado la modificación de los límites y el número de anualidades establecidos en el apartado 5 del artículo 27 de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el presupuesto de la Agencia Estatal de Investigación -organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-, con objeto de posibilitar las convocatorias de ayudas 2018 del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, así como la resolución de concesión de subvenciones convocadas en ejercicios anteriores.
Sobre el mismo tema, ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación a convocar las ayudas 2018 a "proyectos de I+D de Generación de Conocimiento" por importe de 125,5 millones de euros, con objeto de financiar proyectos de investigación básica y otras actividades sin orientación temática -con una duración de tres o cuatro años- cuyo objetivo es obtener resultados que supongan un avance significativo del conocimiento. Esta convocatoria procura fomentar la generación y el avance significativo del conocimiento científico y la investigación de calidad contrastada, evidenciada tanto por la relevancia de sus resultados y su contribución al avance de la ciencia y la tecnología, lo que repercutirá en la mejora de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la sociedad española, como por la publicación de sus resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico o la internacionalización de las actividades. Estas ayudas están destinadas a universidades, centros públicos de I+D y centros privados de I+D sin ánimo de lucro que sean desarrollados por equipos de investigación, bajo la dirección de uno o varios investigadores principales que, con carácter general, deben ser doctores vinculados a la entidad solicitante o a una entidad asociada. Las ayudas estarán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Finalmente, ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación a convocar las ayudas 2018 "proyectos de I+D Retos-Investigación" por importe de 268,2 millones de euros para financiar proyectos de investigación -con una duración de tres o cuatro años- orientados a la búsqueda de soluciones científico-técnicas que permitan resolver los problemas planteados en los retos de la sociedad recogidos en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación. Los destinatarios de las ayudas son las universidades, centros públicos de I+D y centros privados de I+D sin ánimo de lucro. Estas ayudas podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado en las propuestas presentadas y su cuantía se determinará en cada caso en función del coste financiable real de la actuación a tenor de los objetivos, necesidades y duración, y de las disponibilidades presupuestarias. Las ayudas estarán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
-En relación con la educación universitaria, ha acordado establecer el carácter oficial de determinados títulos de Grado, de Máster y de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
-En materia de nombramientos de cargos públicos, ha acordado nombrar presidente de la Sección Quinta, de Derecho Procesal, de la Comisión General de Codificación a D. Juan Luis Gómez Colomer, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Castellón.
También ha acordado nombrar director general de los Registros y del Notariado a D. Pedro José Garrido Chamorro, Notario de Madrid.
-Para concluir, el Consejo de Ministros ha conocido un informe en el que se aborda el marco jurídico actual de los servicios de taxi y VTC y se realizan una serie de propuestas de mejora para la convivencia de ambos sectores. En el informe se reconoce que el papel de los servicios de alquiler de vehículo con conductor (VTC) han cambiado sustancialmente en los últimos años, y hoy en día se han convertido mayoritariamente en una forma de movilidad urbana o periurbana que prestan servicio, en muchos casos, en competencia con el taxi. Por otra parte, en un contexto europeo en el que uno de los grandes retos es alcanzar una movilidad urbana sostenible, las recomendaciones de la Unión Europea van en la línea de promover políticas de movilidad integradas. Sin duda, deben ser políticas de movilidad que integren a todos sus instrumentos, en los que tanto el taxi como la VTC, así como como el resto de formas de movilidad, tienen que tener un papel protagonista. Por ello, el informe propone acometer una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) según la cual las propias Comunidades Autónomas puedan regular en el ámbito de la VTC de ámbito nacional, permitiendo imponer a las mismas aquellas condiciones que consideren adecuadas en el marco de su política de movilidad, siempre que el origen y destino de los servicios discurra en su territorio. Esta modificación de la LOTT también incluirá otras medidas tendentes a corregir el desequilibrio que en los últimos años se ha producido entre el número de autorizaciones de taxi y VTC. Esta modificación legal se instrumentará a lo largo del mes de septiembre de 2018. Ello no implica que las Comunidades Autónomas se tengan que ver obligadas a regular en este ámbito, y si una administración autonómica decidiera no hacerlo, seguiría siendo de aplicación la normativa estatal.
Por otra parte, se destaca que la actividad desarrollada por el taxi se encuentra sujeta a condicionamientos establecidos por las normativas locales y autonómicas (tarifas obligatorias en todo caso, horarios y calendarios determinados, estacionamientos en zonas reservadas, etc.), mientras que la actividad de las VTC ha venido gozando desde el principio de un régimen mucho más flexible, sin perjuicio de la obligatoriedad de la precontratación de servicios. En este sentido, se propone la creación de un Grupo de Trabajo de Propuestas y Buenas Prácticas Relativas a los Sectores del Taxi y las VTC, para analizar e identificar aquellos aspectos que pudieran ser susceptibles de modificación para mejorar la competitividad, la competencia y la prestación del servicio de ambos, así como compartir buenas prácticas y experiencias exitosas en la búsqueda de soluciones que corrijan el desequilibrio actual.
Por último, se destaca la importancia del "Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor" que se encuentra en fase de desarrollo tecnológico en el Ministerio de Fomento como un mecanismo de control esencial para el cumplimiento de la normativa. Se está trabajando con el objetivo de que el mismo pueda empezar a utilizarse a final de este año 2018.
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