El Consejo de Ministros de 8 de marzo y el Real Decreto-ley electoral de la semana

El viernes electoral de esta semana nos trae la aprobación, en período de descuento y con las Cámaras legislativas disueltas, por el Consejo de Ministros de un Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Según la referencia de la sesión, esta norma tiene por objeto dar cobertura a personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad como es el caso de los parados de larga duración, pensionistas, jóvenes, inmigrantes y determinados colectivos de trabajadores.

Uno de los aspectos que contempla es la recuperación del Fondo de Apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, cuya dotación presupuestaria para el ejercicio 2019 será de 70 millones de euros. Es un instrumento de articulación de la colaboración entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para poder garantizar la integración en la sociedad española de la población inmigrante. Esta dotación presupuestaria se destinará a financiar las actuaciones que permitan el desarrollo conjunto de una estrategia de integración de inmigrantes, solicitantes de asilo y beneficiarios de protección internacional, para garantizar la cohesión social, dar respuesta al desafío de los nuevos flujos migratorios y garantizar el respeto de los derechos y obligaciones internacionalmente reconocidos.

Además del Real Decreto-ley de la semana (el octavo del año en nueve sesiones del Consejo de Ministros) cabe destacar la adopción de los siguientes acuerdos [véase la referencia de la sesión]:

- Acuerdo por el que se autoriza la firma del Convenio entre España y Guinea relativo a la cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia. Este texto convencional regula los aspectos más importantes que interesan en la cooperación en este ámbito, especificando con gran detalle los delitos a los que se extenderá la misma. Son especialmente relevantes las previsiones relativas a la lucha contra el crimen organizado, con referencia específica al terrorismo, así como la colaboración en la actividad operativo-investigadora de las distintas modalidades delictivas.

- Acuerdo por el que se autoriza la operación consistente en la adquisición de títulos de deuda de la Sociedad de Propósito Específico HURUMA SV S. à r. l., para el apoyo a pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario en países en vías de desarrollo, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo y por importe máximo de hasta 20.000.000 de euros.

- Acuerdo por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo de enmienda al Acuerdo entre España y la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) para el establecimiento de una Oficina Satélite del programa A-400M en territorio español.

- Acuerdo por el que se aprueba un Real Decreto que actualiza la normativa relativa a la consignación de buques para mejorar el tráfico comercial marítimo en España. Con esta norma se pretende dotar de mayor transparencia y aclarar las obligaciones de los consignatarios, así como la forma de dar cumplimiento a las mismas. Además, crea un Registro de Agentes Consignatarios, de carácter público y administrativo, que se constituirá como una base de datos informatizada y accesible. Asimismo, se dota de mayor transparencia a las obligaciones de los consignatarios y se aclaran sus funciones y su forma de funcionamiento. La figura del agente marítimo o consignatario de buques se ha consagrado, tanto en España como en los países de nuestro entorno, como una de las piezas fundamentales para el buen funcionamiento del negocio marítimo. Su misión se centra en el desarrollo de las gestiones que requiere un buque en puerto, actuando en nombre del armador o naviero, siendo obligatoria su presencia en el caso de buques extranjeros y para buques españoles en aquéllos casos en que el armador o naviero no disponga de medios en el puerto en cuestión.