DOUE de 16.6.2020

- 3ª Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE.

Nota: Aquí nos llega la tercera (!!!) corrección de errores de la malhadada Directiva. Véase la Directiva (UE) 2015/2366, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior, así como la entrada de este blog del día 23.12.2015.

[DOUE L191, de 16.6.2020]

- Conclusiones del Consejo sobre la configuración del futuro digital de Europa.

Nota: El consejo reconoce la importancia de la economía de datos como factor clave para propiciar que Europa prospere en la era digital y subraya los desafíos que plantea el importante aumento de la cantidad de datos disponibles, en particular como consecuencia de los objetos conectados. Asimismo, anima a la Comisión a garantizar, cuando sea necesario mediante nuevas propuestas, que los servicios en la nube que se presten en Europa cumplan los requisitos esenciales de interoperabilidad, portabilidad y seguridad, entre otras cosas, que no haya dependencia de determinados proveedores y que haya unas condiciones contractuales equilibradas, justas y transparentes para el acceso de todos los agentes del mercado a la infraestructura y los servicios en la nube.
Reconoce que la inteligencia artificial es una tecnología en rápida evolución que puede contribuir a una economía más innovadora, eficiente, sostenible y competitiva, así como a un amplio abanico de beneficios sociales, como la mejora de la seguridad y protección de los ciudadanos, el bienestar público, la educación y la formación, la sanidad o el apoyo a la mitigación y la adaptación al cambio climático. Anima a los Estados miembros a seguir impulsando la labor de investigación y desarrollo, así como el uso de una inteligencia artificial fiable en Europa en el marco del Plan Coordinado sobre la Inteligencia Artificial.
Reconoce la importancia de la supercomputación, las tecnologías cuánticas y la computación en la nube como elementos que propician la soberanía tecnológica, la competitividad a escala mundial y el éxito de la transformación digital, apoyando ámbitos prioritarios como el de la inteligencia artificial, los macrodatos, la cadena de bloques, el internet de las cosas y la ciberseguridad. Apoya la continuación de la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EuroHPC), que tiene por objetivo establecer en Europa un ecosistema de infraestructura de datos y de servicios de informática de alto rendimiento hiperconectado, común y de rango mundial, accesible tanto para los científicos como para la industria, y desarrollar las competencias correspondientes con el fin de ampliar el acceso a esos recursos tecnológicos.
Subraya la importancia de la ciberseguridad como elemento clave para un Mercado Único digitalizado, ya que garantiza la confianza en la tecnología digital y el proceso de transformación digital. Reconoce que el aumento de la conectividad, si bien propicia los servicios digitales, podría exponer a los ciudadanos, las empresas y los gobiernos a riesgos y delitos informáticos, los cuales están aumentando en número y se están volviendo más refinados. Respalda los esfuerzos destinados a mejorar la capacidad tecnológica e industrial de la Unión para protegerse frente a las ciberamenazas mediante el refuerzo de las capacidades de investigación e innovación en materia de ciberseguridad, con el fin de proteger de manera autónoma su economía y sus infraestructuras críticas y convertirse en líder mundial en el mercado de la ciberseguridad.
Para alcanzar los objetivos de conectividad Gigabit de la UE para 2025 con infraestructuras seguras y de muy elevada capacidad, como la fibra y la 5G, es necesario impulsar la inversión en redes capaces de ofrecer velocidades de gigabit, que estén disponibles para todos los hogares (rurales o urbanos), empresas y demás motores socioeconómicos, así como los principales corredores de transporte europeos, como base para la economía y la sociedad digitales europeas. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una conectividad rápida y generalizada, pero que, en muchas regiones europeas aún no se ha establecido esa conectividad. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a intercambiar información sobre las mejores prácticas y metodologías en lo que respecta a la aplicación de las medidas clave pertinentes recomendadas en el conjunto de instrumentos para la ciberseguridad de las redes 5G y en especial a aplicar, cuando proceda, las restricciones pertinentes a los proveedores que se consideren de alto riesgo para recursos clave definidos como críticos y sensibles en la evaluación coordinada de riesgos de la UE. Todos los posibles proveedores deberán ser evaluados a partir de criterios objetivos comunes.
Las infraestructuras, tecnologías y aplicaciones digitales son elementos esenciales para abordar los desafíos climáticos y medioambientales en Europa, tal como se propone en el Pacto Verde Europeo. Pide que el ecosistema digital europeo contribuya activamente y lo antes posible a lograr el objetivo de una UE climáticamente neutra. Destaca la necesidad de colmar la brecha entre la transformación ecológica y la transformación digital, con el fin de liberar el pleno potencial de las tecnologías digitales para la protección del clima y el medio ambiente. Coincide en la necesidad de informar a los consumidores sobre la huella de carbono de los dispositivos, al tiempo que se les concede un mayor derecho a la reparación de sus dispositivos de manera sencilla y asequible y a la actualización automática de los programas informáticos en un plazo razonable.
La creación de un espacio europeo de datos sanitarios, por parte de la Comisión junto con las autoridades sanitarias de los Estados miembros, podría facilitar el que la prevención, diagnóstico, tratamientos y asistencia lleguen a ser eficaces. También podría garantizar una mayor rentabilidad y optimización de los flujos de trabajo en la asistencia sanitaria, lo que conduciría a mejores resultados en materia de salud para los pacientes, mejores sistemas de vigilancia epidemiológica y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios a más largo plazo.
La economía de plataformas es una parte importante del Mercado Único, ya que conecta a empresas y consumidores europeos a través de las fronteras nacionales, posibilita el comercio, el emprendimiento y los nuevos modelos de negocio, y amplía las posibilidades de elección de bienes y servicios por parte de los consumidores. Reconoce que, con el paso del tiempo, han evolucionado considerablemente la amplitud y la diversidad de los nuevos modelos de negocio y servicios digitales, y que algunos servicios plantean nuevos desafíos a los que el marco reglamentario actual no siempre da respuesta.
Respalda el plan para reforzar una política de medios de comunicación preparada para el futuro mediante la promoción de unos medios de comunicación libres y fiables. En el proceso de transformación digital tienen especial importancia, y son cruciales para la democracia europea, un periodismo de calidad, la diversidad, sostenibilidad e independencia de los medios de comunicación, la transparencia y una intensa promoción de la alfabetización mediática, que ayudan además a contrarrestar la difusión en línea de noticias falsas y desinformación.
Las soluciones para la gestión de la identidad digital y los servicios de confianza (firmas electrónicas, precintos, sellos de tiempo, servicios de entrega certificados y autenticación de sitios web), además de ser un factor fundamental del Mercado Único digitalizado, contribuirán a forjar la sociedad del futuro. Por ello pide a la Comisión que revise la legislación vigente, entre otras cosas para establecer un marco fiable, común, interoperable y tecnológicamente neutro para la identidad digital, salvaguardando la ventaja competitiva de las empresas europeas y protegiendo los valores comunes y los derechos fundamentales de la UE, como la protección de los datos personales y la privacidad.
La digitalización de los sistemas judiciales de los Estados miembros puede facilitar y mejorar el acceso a la justicia en toda la UE. Pide a la Comisión que facilite los intercambios digitales transfronterizos entre los Estados miembros, tanto en materia penal como civil, y que garantice la sostenibilidad y el constante desarrollo de las soluciones técnicas que se han adoptado para los intercambios transfronterizos.
La UE y los Estados miembros deben examinar las posibilidades que pueda ofrecer la tecnología de cadena de bloques en favor de los ciudadanos, la sociedad y la economía para, entre otras cosas, la sostenibilidad, el mejor funcionamiento de los servicios públicos y la trazabilidad de los productos, con objeto de garantizar la seguridad mediante un intercambio de datos y unas transacciones fiables y descentralizados.
La UE se enfrenta a una demanda creciente, procedente de todos los sectores, de trabajadores con capacidades digitales básicas, así como a la carencia de un millón de profesionales de las TIC, lo que podría mermar su potencial de desarrollo digital. Por ello insta a los Estados miembros y a la Comisión a adoptar medidas para garantizar que los ciudadanos dispongan de capacidades digitales básicas y para reducir a la mitad la carencia actual de aquí a 2025, teniendo en cuenta las especificidades de los Estados miembros. Igualmente, pide a los Estados miembros que, en cooperación con la Comisión y con las partes interesadas del sector de la educación, hagan mayor hincapié en las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas en el ámbito de la educación y la formación.
Para aprovechar las ventajas de la transformación digital, se requiere una cooperación internacional, la mejora del acceso al mercado y unas normas que agilicen el comercio con respecto a gran variedad de cuestiones, entre ellas, pero no exclusivamente: flujos de datos transfronterizos con terceros países —sujetos a excepciones relacionadas con los objetivos legítimos de orden público—, requisitos de divulgación del código fuente, derechos arancelarios sobre transmisiones electrónicas, la ampliación del Acuerdo sobre las Tecnologías de la Información (ATI) y las transacciones electrónicas, así como el respeto de las normas en materia de protección de datos personales y de la privacidad, protección del consumidor y propiedad intelectual e industrial.
Subraya la necesidad de adaptar nuestros sistemas tributarios a la era digital, al tiempo que se garantiza una tributación justa y efectiva, en consonancia con las Conclusiones del Consejo del 28 de junio de 2018 y del 22 de marzo de 2019. 

[DOUE C 202I, de 16.6.2020]