Una de las primeras medidas adoptadas por los países occidentales como respuesta a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 fue la inmovilización de los activos del banco central ruso que estaban bajo su jurisdicción y cuyo valor podría rondar los 300.000 millones de euros en el ámbito mundial, según recientes estimaciones.
En el cuarto año de la guerra, el debate sobre cómo utilizar los activos inmovilizados para apoyar los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania (con un coste estimado en 524.000 millones de dólares) ha evolucionado. Un número cada vez mayor de expertos jurídicos internacionales y figuras políticas relevantes han defendido la legalidad de confiscar los activos del banco central ruso para apoyar a Ucrania, tanto para financiar los esfuerzos de reconstrucción como los gastos militares, y ello a pesar de que estos activos están protegidos por el principio de la inmunidad del Estado. Sin embargo, existen grandes diferencias entre las opiniones de los juristas, así como entre las posturas de los gobiernos en cuyos países se encuentran los activos.
En octubre de 2024, los países del G7 llegaron a un acuerdo sobre el uso de los ingresos extraordinarios generados por dichos activos para el servicio y reembolso de un préstamo del G7 de 50.000 millones de dólares a Ucrania. Mientras continúa el complejo debate sobre la legalidad y los riesgos asociados al uso del capital principal. A falta de un precedente claro o de una base jurídica indiscutible, consideraciones políticas, como los cambios en la política estadounidense, y los cálculos sobre los riesgos económicos y financieros están jugando un papel decisivo en este debate. Así, cabe destacar que este tema se incluyó, por primera vez, en el orden del día de la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE celebrada en Copenhague los días 29 y 30 de agosto de 2025.
Véase el documento (Briefing) elaborado por el Parlamento Europeo [aquí]
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