Bibliografía (Revista de revistas) - LA LEY Mediación y Arbitraje, núm. 28 (julio-septiembre 2026)

 Contenidos de LA LEY Mediación y Arbitraje, nº 28 (julio-septiembre 2026):

 

Tribunas: Sobre la motivación del laudo arbitral:
- Josep Maria Julià, Pinchando la burbuja de la motivación.

Una vez más, el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han desligado la motivación del laudo del núcleo duro de la garantía del derecho a un procedimiento equitativo. Aun reconociéndole su evidente relevancia, acotan su alcance y protección, salvaguardando la función asignada al árbitro por las partes y rechazando los subterfugios para revisar el laudo bajo el pretexto de la ausencia o insuficiencia de su motivación.

- Sixto A. Sánchez Lorenzo, La renuncia a la motivación del laudo: comentario a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de junio de 2026 (Jiitee Työt Oy v. Finlandia).

El presente estudio analiza la compatibilidad de los acuerdos de renuncia a la motivación del laudo arbitral con el derecho a la tutela judicial efectiva a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de junio de 2026 (Jiitee Työt Oy v. Finlandia). Desde una perspectiva comparada, se aborda la compatibilidad de los derechos nacionales en materia arbitral con los postulados de dicha sentencia y se extraen sus consecuencias desde un punto de vista más general, en particular en relación con el principio de favor arbitrandum y su carácter puramente mítico.

- Fernando Bedoya Flores, El criterio binario de control judicial de los laudos arbitrales y la preclusión del artículo 6 de la Ley de Arbitraje: la STC de 23 de junio de 2026.

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de junio de 2026 aporta una relevante sistematización de los límites del control judicial de los laudos arbitrales. El estudio examina el denominado «criterio binario», conforme al cual el control de la motivación debe limitarse a comprobar la existencia de razones comprensibles, sin valorar su suficiencia o densidad argumentativa. Analiza asimismo el alcance preclusivo del art. 6 de la Ley de Arbitraje respecto de las infracciones procesales no denunciadas oportunamente. Finalmente, aborda la tensión que este modelo de control externo puede suscitar cuando está comprometida la aplicación de normas imperativas del Derecho de la Unión Europea.

- Luis Felipe Castresana Sánchez, El Tribunal Constitucional, la motivación del laudo y el orden público arbitral: Quousque tandem…?

El estudio examina la STC 49/2026, de 23 de junio, y la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los límites del control judicial de los laudos arbitrales, con especial atención al orden público y a la motivación. La resolución reafirma el carácter excepcional y externo de la acción de anulación y rechaza que pueda convertirse en una revisión del fondo, de la valoración probatoria o de la suficiencia argumentativa del laudo. La motivación arbitral responde a un canon distinto del exigible a las resoluciones judiciales, mientras que el orden público tampoco permite sustituir el criterio de los árbitros cuando existe una motivación racional y comprensible.

- Alberto Palomar Olmeda, El difícil encaje constitucional del arbitraje y la tutela efectiva.

El arbitraje plantea una compleja articulación entre la autonomía de la voluntad de las partes, la intervención jurisdiccional y el derecho a la tutela judicial efectiva. El presente trabajo analiza esta cuestión a partir de la STC 49/2026, de 23 de junio, que reafirma el carácter restrictivo del control judicial de los laudos arbitrales y, en particular, del orden público como causa de anulación. La sentencia excluye que los órganos judiciales puedan revisar la suficiencia, coherencia o corrección de la motivación arbitral, salvo que esta resulte meramente aparente o radicalmente incompatible con los principios esenciales del ordenamiento. El estudio comparte esta delimitación del control jurisdiccional, pero examina críticamente la decisión del Tribunal Constitucional de declarar directamente la subsistencia y firmeza del pronunciamiento arbitral anulado por el Tribunal Superior de Justicia. Esta solución suscita interrogantes acerca del alcance del restablecimiento del derecho fundamental en el recurso de amparo, de la relación entre autonomía de la voluntad y configuración legal del arbitraje y, en último término, de los límites de la propia jurisdicción constitucional.

- José Caro Catalán, La renuncia a la motivación del laudo y su compatibilidad con el derecho a un proceso equitativo: un análisis a la luz de la STEDH Jiitee Työt Oy c. Finlandia, de 9 de junio de 2026.

El presente comentario analiza la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de junio de 2026, Jiitee Työt Oy c. Finlandia, relativa a la compatibilidad de la renuncia a la motivación del laudo arbitral con el derecho a un proceso equitativo reconocido en el art. 6.1 CEDH. Partiendo de la jurisprudencia europea sobre arbitraje voluntario y obligatorio, se examinan las condiciones exigidas para que la renuncia a determinadas garantías procesales pueda reputarse válida: libertad, legalidad y carácter inequívoco del consentimiento. Particular atención recibe la consideración de la motivación como derecho disponible cuando el ordenamiento aplicable admite su renuncia, así como la relevancia del momento y las circunstancias en que esta se produce. El estudio aborda asimismo las consecuencias que la ausencia de motivación puede desplegar sobre el control judicial posterior del laudo y sitúa la sentencia dentro de la evolución de la jurisprudencia del TEDH acerca de las garantías procesales aplicables al arbitraje voluntario.

Opinión:
- Albino Escribano Molina, El momento del arbitraje.

El artículo. parte de un diagnóstico: la Administración de Justicia española sufre una dilación estructural que compromete el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, y que la reciente Ley Orgánica 1/2025, al imponer los llamados medios adecuados de solución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad, no resuelve —y en ciertos casos agrava— ese problema. Sobre esa base, se plantea una tesis de acción profesional: puesto que no cabe confiar en que el legislador agilice la Justicia, corresponde a la abogacía, y en particular a los Colegios profesionales, liderar el recurso al arbitraje como vía de resolución de controversias rápida, especializada y jurídicamente equiparable a la jurisdicción ordinaria.

- Alberto Cabello Massegosa, El futuro del arbitraje se escribe en presente. La responsabilidad compartida de construir una nueva generación de juristas

Estudios y Regulación:
- José Ignacio Martínez Pallarés, La paradoja de los MASC y la conciliación, privada.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, quiere propiciar un cambio de paradigma de la Administración de Justicia, y de la propia Justicia que dejaría de ser solo la impartida por jueces y tribunales en ejercicio de su función jurisdiccional para ser también la "deliberativa" o negocial a conseguir a través de los MASC. Se trataría de una justicia alternativa, no de una alternativa a la justicia; de una "justicia negociada" fruto del acuerdo de partes que se presumen de igual condición y derecho, no de una resolución fundada en derecho de un tribunal competente; de una justicia "eficiente" y "sostenible" más que "eficaz" en la tutela de derechos e intereses legítimos. La paradoja es que no es posible la primera sin la segunda, pero ello no obsta al papel que pueden desarrollar los MASC al objeto de tratar de evitar el litigio, y en particular la conciliación privada en aquellas controversias que requieran de una persona conocedora de la materia. Ello requiere examinar cómo se concreta la buena fe exigible a las partes, en orden a compartir los hechos y su prueba, la neutralidad del conciliador, y la confidencialidad del proceso; un proceso para la solución de una controversia que se inicia con la conciliación, y que eventualmente, de no mediar avenencia, será resuelta por un tribunal.

- José Carlos Fernández Rozas, Francia entre la permanencia y la transformación de su Derecho arbitral: del Proyecto de Código al Decreto de 6 de agosto de 2026.

El Décret n.o 2026-741, de 6 de agosto de 2026, introduce la reforma más relevante del Derecho francés del arbitraje desde 2011 y representa la primera plasmación normativa de una parte de las propuestas formuladas por el grupo de trabajo Ancel-Clay. El estudio examina sus antecedentes, orientación y principales novedades, atendiendo especialmente a la compétence-compétence, el reconocimiento legal de los centros de arbitraje, la acumulación de pretensiones derivadas de varios contratos, la proporcionalidad del procedimiento, las facultades del juez de apoyo, las medidas provisionales, la multa coercitiva, la definición y digitalización del laudo y la nueva articulación entre reconocimiento, execuátur e impugnación. Particular atención recibe el arbitraje internacional, donde la sustitución de los "intereses del comercio internacional" por los "intereses económicos internacionales" se acompaña de reglas específicas sobre idioma, prueba y confidencialidad ante la cour d’appel. La reforma mantiene los fundamentos tradicionales del modelo francés y opta por modificaciones selectivas destinadas a responder a necesidades advertidas por la práctica, dejando pendientes propuestas de mayor alcance, entre ellas un Código autónomo y la reconsideración de la dualidad entre arbitraje interno e internacional. Finalmente, el trabajo contrasta esta experiencia con el sistema español y sostiene que una futura revisión de la Ley 60/2003 debería preservar las ventajas de su orientación monista, admitiendo diferencias cuando existan razones materiales que las justifiquen. La experiencia francesa ofrece así menos un modelo para importar que un método para revisar críticamente una legislación arbitral madura.

- María Jesús Guerrero Lebrón, Apoyo institucional al sistema de solución de controversias de la OACI: conciliación, apoyo pericial y arbitraje de apelación.

La tercera edición del Reglamento para la solución de controversias de la OACI (Doc 7782/3), aprobada en 2024, ofrece un marco renovado para reconsiderar el funcionamiento práctico del sistema de los arts. 84 y 85 del Convenio de Chicago. Partiendo de la naturaleza mixta del mecanismo —capaz de combinar negociación, conciliación y decisión de un tercero—, el trabajo examina cómo capacidades externas especializadas pueden reforzar, sin sustituir, las competencias del Consejo, así como el papel de un eventual tribunal arbitral de apelación. La aportación se sitúa deliberadamente en el marco vigente: aprovecha las facultades ya existentes de conciliación y recurso a expertos y analiza, como elemento nuevo de la tercera edición, el art. 34, que permite al Consejo adoptar instrucciones procesales sin modificar el Reglamento para articular una cooperación institucional gradual, abierta y geográficamente plural.

Práctica en mediación y arbitraje:
- Alfonso Martín Palomino, La confidencialidad de la mediación frente al derecho a la prueba: admisibilidad y valoración judicial.

La confidencialidad constituye uno de los principios esenciales de la mediación y una garantía indispensable para favorecer un entorno de confianza entre las partes. No obstante, cuando el procedimiento concluye sin acuerdo y el conflicto se traslada a los tribunales, surge la necesidad de determinar si la información obtenida durante la mediación puede ser utilizada como medio de prueba. El presente trabajo analiza el alcance jurídico del deber de confidencialidad, la delimitación de la prueba procedente de la mediación, los criterios de admisibilidad procesal y su posterior valoración judicial. Asimismo, examina la evolución legislativa y la respuesta ofrecida por la jurisprudencia, poniendo de relieve la necesidad de conciliar la protección de la confidencialidad con el derecho a la tutela judicial efectiva y al uso de los medios de prueba pertinentes.

- María Belén Aige Mut, Análisis de la mediación digital en España: especial referencia a su aplicación práctica en comparación con el modelo canadiense.

El presente estudio pretende analizar la mediación digital en España. Para ello, primero se realiza un análisis de la figura de la mediación, tanto en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, como en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. En este análisis se incide en la mediación como requisito de procedibilidad, en sus requisitos legales o principios básicos, así como en la regulación legal de la mediación digital. A continuación, se examinan diferentes modalidades de mediación digital, con especial énfasis en la inteligencia artificial, y se repasan diversos ejemplos prácticos en los que se ha aplicado la mediación digital en España. La segunda parte del estudio se centra en la mediación digital en Canadá, estudiando la regulación de la mediación en dos de sus provincias: Quebec y British Columbia, para continuar analizando los supuestos prácticos de aplicación de la mediación digital. Se termina el estudio con unas conclusiones que pretenden establecer la situación actual de la mediación digital en España, en especial, en comparación con el país analizado, Canadá.

- Esther Molina Castañer, Mediación histórica.

En el presente artículo se idea una mediación entre dos personajes antagónicos, D. Francisco de Quevedo y D. Luis de Góngora. Se revisan algunos de los elementos esenciales para el correcto desarrollo de la mediación y se concluye que muchos elementos no dependen del mediador, que no se puede controlar la actitud de las partes ni su voluntad de mediar pero hay que contar con herramientas para guiar a las partes para intentar un consenso que satisfaga a ambas partes.

- Anabel García Hernando, Divorciarse en equipo: por qué el proceso colaborativo beneficia tanto a las familias como a los profesionales que las acompañan.

El Derecho colaborativo se ha consolidado como un medio adecuado de solución de controversias en el ámbito familiar, reforzado recientemente por la Ley 1/2025. Este artículo analiza su aplicación a los procesos de separación y divorcio desde una perspectiva concreta: el beneficio mutuo que genera tanto para las familias que lo protagonizan como para los profesionales colaborativos que las acompañan. El texto incluye notas sobre la propia experiencia de la autora en la práctica colaborativa de familia, con ejemplos extraídos de casos reales de separación y divorcio que ilustran cómo el proceso se adapta a la diversidad familiar, protege la parentalidad positiva y permite construir un modelo de servicio jurídico integral de mayor calidad.

- Sébastien Manciaux, Las modificaciones del laudo arbitral.

El estudio analiza las transformaciones contemporáneas del laudo arbitral a partir de la dificultad de delimitar una categoría jurídica que las legislaciones nacionales, los convenios internacionales y los principales reglamentos institucionales rara vez definen. Frente a las modificaciones ordinarias derivadas de la corrección, complemento o rectificación, el autor centra su atención en fenómenos más profundos, articulados en dos movimientos contrapuestos: el laudo como resultado de una mutación y como punto de partida de una nueva transformación. En el primero examina los mecanismos que utilizan una resolución judicial estatal no ejecutada como fundamento de un posterior laudo arbitral y la singular calificación como laudos de las decisiones dictadas por los tribunales de inversiones previstos en determinados tratados promovidos por la Unión Europea. En sentido inverso, estudia los intentos de considerar un procedimiento arbitral, un laudo comercial o los derechos derivados de este como una inversión protegida, a partir de la jurisprudencia arbitral desarrollada, entre otros, en los asuntos ATA, Saipem, White Industries y GEA Group. El análisis pone de manifiesto las dificultades conceptuales que suscita la ampliación de las nociones de laudo e inversión y advierte frente a interpretaciones que, buscando determinados efectos jurídicos, terminan por desdibujar la naturaleza de ambas categorías.

- Laura García Gutiérrez, La acción de anulación judicial del laudo arbitral: de los paradigmas clásicos a las nuevas tendencias en el ámbito internacional.

En este trabajo, se analiza la evolución en la concepción legislativa de la anulación, como mecanismo revocatorio del laudo arbitral, tanto en el arbitraje comercial internacional, como en el arbitraje internacional de inversiones. Se estudian los fundamentos y postulados clásicos de su regulación y se testan con su incidencia en la práctica. En ella, se detecta, con carácter general, el abuso de su petición por parte de los particulares y de los Estados perjudicados por estas decisiones. Así mismo, se critican algunas estrategias dilatorias en su utilización y las incoherencias de los litigantes que perjudican radicalmente el funcionamiento del sistema. Ello se pondera con la general pulcritud de la Justicia estatal, en la actualidad, a la hora de no interferir con la autonomía privada, que fundamenta los mecanismos alternativos de solución de diferencias.

Jurisprudencia comentada:
- Ismael Orduna Pérez, Mediación, arbitraje y tutela judicial efectiva en el deporte: a propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia, as. C-600/23: Seraing.

Este estudio analiza cómo la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de 1 de agosto de 2025 en el asunto C-600/23 (Seraing) y la sentencia Semenya c. Suiza (TEDH, 10 de julio de 2025) han redefinido los términos de la tensión entre el arbitraje deportivo impuesto y la tutela judicial efectiva: la primera legitima la imposición estatutaria en el marco de la autonomía federativa, pero exige un control jurisdiccional efectivo a posteriori sobre la conformidad de la normativa deportiva con el Derecho de la Unión; la segunda refuerza las exigencias del art. 6 del CEDH cuando el arbitraje no es voluntario. En este contexto, el trabajo sostiene que la mediación, reforzada por la lógica de la obligatoriedad mitigada de raíz italiana, recogida en la Ley Orgánica 1/2025 (LOMEJ) y, especialmente, por el art. 119 de la Ley 39/2022, que impone a las federaciones deportivas y las ligas profesionales el deber legal de establecer un sistema de solución de conflictos de carácter extrajudicial, voluntario y gratuito, constituye una respuesta funcional para una franja relevante de controversias deportivas. Con base en los datos institucionales disponibles, en particular en el Football Tribunal Report 2024/25 de la FIFA, se propone la articulación de cláusulas escalonadas de Med-Arb en los reglamentos federativos, aprovechando la ventana regulatoria abierta por el incumplimiento del plazo de desarrollo reglamentario previsto en la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2022.

- Miguel Ángel Serrano Pérez, Ciertas obviedades que, no obstante, tampoco podemos soslayar: «Cualquier controversia entre partes en el seno del desarrollo del contrato se ve amparada por el convenio arbitral, pactado sin error, ni ningún otro vicio del consentimiento».

Este comentario versa sobre la STSJ Galicia CP 1ª 19 enero 2026, en la que se declara que el convenio arbitral expresa la libertad de los particulares, produciendo el efecto de exclusión de la jurisdicción, cuya competencia para conocer del asunto se ve sustituida por la del árbitro. Además, la mencionada STSJ Galicia CP 1ª 19 enero 2026 desestima la acción de anulación ejercitada contra el laudo de 17 de febrero de 2025 por versar sobre una mera discrepancia con la interpretación de una norma legal, declarando igualmente que no es función de los tribunales jurisdiccionales proceder al enjuiciamiento de la corrección respecto de la selección, interpretación y aplicación de la norma efectuada por el árbitro. Y, por ende, tampoco corresponde a dichos tribunales corregir, como si de un recurso contra una decisión judicial se tratara, la referida aplicación de la norma efectuada por el mencionado árbitro. De igual modo, la referida STSJ Galicia CP 1ª 19 enero 2026 refleja la consolidada doctrina constitucional en relación con el concepto de orden público, llamando la atención sobre el riesgo de convertir la noción de orden público en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine las cuestiones debatidas en el arbitraje, desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando, al final, la autonomía de la voluntad de las partes. Y, asimismo, la tan repetida STSJ Galicia CP 1ª 19 enero 2026 aborda la cuestión relativa a quién asume el pago del IVA en relación con un contrato de obra, estimado que constituye una materia arbitrable y que está sujeta a arbitraje como consecuencia de encontrarse incluida entre las controversias amparadas por el convenio arbitral pactado entre las partes sin concurrencia de error, ni de ningún otro vicio del consentimiento.

- Eduardo Picand Albónico, El caso Australis: Primer laudo arbitral anulado por el Poder Judicial de Chile en un arbitraje comercial internacional con sede en Chile.

El comentario examina la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 24 de junio de 2026, que, por primera vez en más de veinte años de vigencia de la Ley chilena no 19.971 sobre Arbitraje Comercial Internacional, anuló un laudo dictado en un arbitraje internacional con sede en Chile. La controversia surgió de la compraventa de Australis Seafoods S.A. y de determinadas declaraciones y garantías relativas, entre otros extremos, al cumplimiento de la normativa ambiental y a la capacidad productiva de la compañía. Tras rechazar la resolución contractual y la existencia del dolo alegado, el tribunal arbitral ordenó una restitución parcial del precio que la Corte consideró ajena a las pretensiones efectivamente deducidas y debatidas. El trabajo analiza la infracción del principio de congruencia y la extra petita, así como otras posibles causas de anulación vinculadas con el derecho de defensa y el orden público internacional chileno. Finalmente, sostiene que la sentencia no debilita la posición de Chile como sede arbitral, pues confirma que la intervención judicial mínima es compatible con un control efectivo frente a vulneraciones especialmente graves de las garantías fundamentales del arbitraje.

Cronología de decisiones:
- Selección de decisiones de Tribunales internacionales.
- Selección de decisiones de Tribunales españoles.
- Selección de decisiones de Tribunales extranjeros.

Actualidad institucional.

Noticias:
- Informaciones.
- Actualidad.
- Cursos, Congresos, Seminarios y Jornadas.

 

Bibliografía (Revista de revistas) - LA LEY Mediación y Arbitraje, núm. 27 (abril-junio 2026)

 Contenidos de LA LEY Mediación y Arbitraje, nº 27 (abril-junio 2026):

 

Tribuna:
- José Fernando Merino Merchán, Consideraciones sobre sistemas inteligentes y arbitraje: Normomática y arbitraje.

El estudio analiza el impacto de los sistemas inteligentes y de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la resolución de controversias y, particularmente, en el arbitraje. Tras situar la aparición de los sistemas inteligentes como uno de los grandes hitos tecnológicos de la humanidad, junto al lenguaje, la escritura, la imprenta, el maquinismo e internet, el autor examina las posibilidades que ofrece la denominada normomática para asistir o incluso intervenir en los procesos de adopción de decisiones jurídicas.

- Antonio García Paredes, El arbitraje intrajudicial: una nueva oportunidad para el arbitraje tras la Ley Orgánica 1/2025.

El estudio analiza la figura del arbitraje intrajudicial como una de las manifestaciones más novedosas derivadas de la reforma procesal introducida por la Ley Orgánica 1/2025. Partiendo de la posibilidad reconocida al juez y al letrado de la Administración de Justicia de sugerir a las partes la utilización de mecanismos adecuados de solución de controversias durante la tramitación de un procedimiento judicial, el autor examina la viabilidad de que las partes abandonen el proceso en curso y sometan el litigio a arbitraje mediante la suscripción de un convenio arbitral posterior al inicio de las actuaciones judiciales.

- Yolanda Martínez Mata, Marcelino Pajares Villarroya, Del arbitraje deportivo al comercial: cómo el Tribunal de Justicia puede reconfigurar los límites del arbitraje en la Unión Europea.

En los últimos años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha transformado el arbitraje deportivo en Europa con sentencias como ISU y Seraing, en las que se cuestiona el sistema basado en el Tribunal Arbitral del Deporte y se permite un amplio control judicial de sus laudos cuando afectan al orden público comunitario. Aunque esta doctrina se justifica en parte por el carácter obligatorio del arbitraje deportivo, impuesto por las diferentes federaciones deportivas, ciertos pronunciamientos contenidos en las citadas sentencias (y en otras dictadas en materias relacionadas) no permiten descartar su extensión al arbitraje comercial voluntario, lo que implicaría un cambio de paradigma en cuanto al alcance de la revisión de fondo de los laudos arbitrales que afectaría decisivamente al sistema arbitral europeo. La respuesta nos la dará el Tribunal de Justicia en su resolución de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en los asuntos Cabify c. Auro.

Estudios:
- Juan Carlos Calvo Corbella, Prevalencia de la autonomía de la voluntad de las partes como criterio determinante de la elección de la mediación como medio de solución de conflictos. Hibridación con el arbitraje de equidad.

El ejercicio de la libertad por las partes en conflicto y la preservación de su autonomía determina la intervención limitada de terceros como asistentes a la decisión por las mismas de sus controversias. Desvinculación de la mediación de las causas que afectan al funcionamiento de la Administración de Justicia. La mediación crea un entorno facilitador de la decisión de las partes en el que los deberes asumidos por el mediador y las facultades que en el ámbito procedimental y sustantivo se le reconocen no hacen perder el protagonismo a los decisores. Integración de la mediación en la escala progresiva de abdicación de la libertad de las partes en orden a la solución de sus conflictos. Hibridación limitada de la mediación, escalonadamente, con el arbitraje de equidad. Admisión del desempeño sucesivo de las funciones de mediador y de árbitro de equidad por las mismas personas

- Ana Fernández Pérez, La criminalización de la función arbitral y los límites de la intervención judicial.

El presente trabajo analiza críticamente la STS 817/2025, de 8 de octubre, que confirma la condena penal por desobediencia impuesta a un árbitro internacional que continuó el procedimiento arbitral tras la anulación judicial del procedimiento de su nombramiento. El art. sostiene que la sentencia incurre en un error estructural al transformar una controversia técnico-arbitral sobre los efectos de la nulidad del nombramiento, la competencia del árbitro y los límites de la intervención judicial en una cuestión penal. Desde la perspectiva de los arts. 7, 8, 22 y 41 LA, se defiende que la nulidad del procedimiento judicial de designación no podía proyectarse sobre un arbitraje ya iniciado ni operar como una orden de paralización penalmente exigible. El estudio examina la tensión entre el principio kompetenz-kompetenz, la mínima intervención judicial, el control diferido del laudo y la protección penal de la autoridad judicial. Se concluye que la STS 817/2025 desnaturaliza la función judicial de apoyo al arbitraje, anticipa indebidamente el control jurisdiccional y genera un precedente preocupante para la independencia funcional de los árbitros y para la seguridad jurídica del arbitraje internacional con sede o conexión en España.

Regulación:
- José Carlos Fernández Rozas, La reforma de 2026 del Reglamento de Arbitraje de la CCI y los nuevos paradigmas de la justicia arbitral internacional.

La reforma de 2026 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional se inserta en un proceso evolutivo que acompaña al arbitraje comercial internacional desde la creación de la Corte Internacional de Arbitraje en 1923. A lo largo de más de un siglo, la experiencia acumulada por la institución ha contribuido decisivamente a la formación de una cultura arbitral transnacional basada en la autonomía de las partes, la neutralidad del procedimiento, la eficacia de los laudos y la progresiva aproximación de las prácticas arbitrales desarrolladas en distintas regiones del mundo. En esa trayectoria histórica, las sucesivas reformas reglamentarias han servido para incorporar las enseñanzas derivadas de la práctica arbitral y para ofrecer respuestas a las transformaciones experimentadas por el comercio internacional, hasta convertir al Reglamento de la CCI en uno de los principales motores del devenir contemporáneo del arbitraje administrado.

Práctica en mediación y arbitraje:
- Amparo Quintana, Mediación y familia: pura necesidad.

El trabajo analiza la función de la mediación como instrumento especialmente adecuado para la gestión de los conflictos familiares en las sociedades contemporáneas. Partiendo de una concepción amplia de la familia como sistema relacional en continua transformación, la autora examina las características específicas de las controversias que surgen en este ámbito, caracterizadas por la coexistencia de elementos jurídicos, emocionales y relacionales que difícilmente encuentran una respuesta satisfactoria en los mecanismos tradicionales de naturaleza adversarial.

- Gerardo Carballo Martínez, La mediación empresarial en el sector público: el modelo MEDAD como estrategia avanzada de gestión del conflicto administrativo.

El estudio analiza la creciente relevancia de la mediación empresarial en las relaciones entre empresas y Administraciones públicas, partiendo de la constatación de que muchos conflictos contemporáneos ya no derivan exclusivamente de discrepancias jurídicas, sino de bloqueos decisionales, burocracia defensiva e incapacidad institucional para adoptar decisiones en entornos complejos. A partir de esta premisa, se examina la transformación del conflicto administrativo tradicional y se propone el modelo MEDAD (Metodología, Escucha activa, Diagnóstico, Armonización y Decisión compartida) como una metodología avanzada orientada a gestionar controversias caracterizadas por la interacción de intereses públicos y privados.

- Rosario Cañabate Pozo, La mediación como mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos en las sociedades cooperativas: oportunidad y retos.

El presente trabajo estudia la mediación como mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos en las sociedades cooperativas y su proyección futura. Como puntos de partida, se han considerado dos elementos decisivos. De un lado, la potenciación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, a raíz de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y, de otro lado, el análisis de la idoneidad del proceso de mediación en conexión con los valores y principios cooperativos, que demandan mayor protagonismo a la mediación cooperativa. Tal examen sirve para destacar sus principales ventajas frente a otras técnicas tradicionales de resolución alternativa de conflictos en el ámbito cooperativo: conciliación y arbitraje. La investigación se centra en la posición jurídica del mediador en el contexto cooperativo y su relación con las partes en conflicto, abordando aspectos esenciales mediatizados por la institucionalización administrativa del procedimiento de mediación. Asimismo, se examina el régimen jurídico que ampara la mediación cooperativa con observación detallada de la normativa autonómica sobre cooperativas y de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, recientemente modificada. Finalmente, el estudio se detiene en el análisis del procedimiento de mediación con observación de sus fases ordenadoras.

- Francisco José Grob Dualde, Desarrollos recientes en el reconocimiento y ejecución de laudos CIADI.

El presente trabajo examina el régimen de reconocimiento y ejecución de los laudos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a la luz de los casos más recientes. Tras analizar los principios de finalidad y obligatoriedad del art. 53 —y el carácter excepcional de la anulación y el cumplimiento voluntario—, profundiza en la obligación de reconocimiento y ejecución del art. 54 y sus tres límites: la restricción a las obligaciones pecuniarias, la asimilación del laudo a una sentencia local firme y la inmunidad soberana de ejecución del art. 55, con atención a los laudos de renovables contra España, Micula c. Rumanía y los casos Crystallex y Devas. Por último, explora la vía residual de la Convención de Nueva York, concluyendo que la efectividad del sistema CIADI depende hoy, más que nunca, del foro de ejecución elegido.

- Josep Gálvez, La responsabilidad del barrister en el arbitraje internacional con arreglo al Derecho de Inglaterra y Gales en el contexto de la inteligencia artificial.

La guía del Bar Standards Board, publicada el 18 de mayo de 2026, sobre el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías no constituye una regulación arbitral ni un código autónomo de responsabilidad tecnológica, sino una aplicación de los deberes profesionales ya existentes de los barristers de Inglaterra y Gales en el uso de herramientas digitales y, en particular, de la IA. Sin embargo, su relevancia para el arbitraje internacional resulta considerable, especialmente en aquellos procedimientos en los que intervienen barristers como counsel, resulta aplicable el Derecho de Inglaterra y Gales, la sede es Londres o la defensa se articula mediante técnicas propias de la advocacy inglesa. Este trabajo examina, desde una perspectiva española de Derecho extranjero, el alcance de esas obligaciones en el contexto arbitral, con especial atención a la competencia profesional, la confidencialidad, el secreto profesional, la integridad de las fuentes, la transparencia frente al cliente y al tribunal, la gestión de riesgos tecnológicos y la responsabilidad personal del barrister por su actuación. La tesis del artículo es que la IA puede ser una herramienta auxiliar muy útil, pero no altera el presupuesto básico de la responsabilidad, por cuanto el juicio jurídico y forense sigue siendo imputable al barrister que decide utilizarla.

- Manel Pastor i Vicent, Pedro Tent Alonso, El impago de las provisiones de fondos en el arbitraje: alternativas para la parte cumplidora.

El incumplimiento de la obligación de provisionar los fondos necesarios para sufragar los costes del arbitraje es una realidad creciente que sitúa a la parte cumplidora ante un dilema de difícil solución: asumir el coste íntegro del procedimiento o arriesgarse a que éste quede en vía muerta. En el presente art. se analizan las alternativas que asisten a quien paga, tanto dentro del procedimiento arbitral como fuera de él, con especial atención a las opciones de reembolso y la posibilidad —muy excepcional— de renuncia al arbitraje y acceso a la jurisdicción ordinaria.

- Gorka Goenechea Permisán, Ejecución extrajudicial de laudos mediante el mandato irrevocable.

Para evitar las dilaciones de la ejecución judicial, en este art. se propone que la ejecución del laudo se pueda llevar a cabo extrajudicialmente, mediante la figura del mandato irrevocable, bien por remisión a un reglamento arbitral, bien como cláusula aneja al convenio arbitral. Esa ejecución extrajudicial sería útil en los casos en los que se haga necesario suplir la voluntad de la parte incumplidora (pactos parasociales, compromisos de venta) o en los que exista una cuenta escrow o un depósito en garantía. Deberían quedar a salvo los supuestos en los que sea necesaria la coerción material (v.gr. desahucio) o en los que concurran terceros no vinculados por el convenio.

Sentencias comentadas:
- Sixto A. Sánchez Lorenzo, La viabilidad del recurso de anulación por falta de motivación fáctica del laudo arbitral.

El presente trabajo analiza los parámetros que justifican un recurso de anulación del laudo arbitral por falta de motivación fáctica. Al amparo de la jurisprudencia constitucional y de su aplicación por los Tribunales Superiores de Justicia, se analizan los supuestos en que el tratamiento de la prueba por los árbitros puede justificar la estimación del recurso de anulación y cuáles son los motivos idóneos para plantear dicho recurso.

Cronología de decisiones:
- Selección de decisiones de Tribunales españoles
- Selección de decisiones de Tribunales extranjeros

Actualidad institucional

Noticias:
- Informaciones
- Actualidad
- Cursos, Congresos, Seminarios y Jornadas
- Bibliografía

Bibliografía (Revista de revistas) - LA LEY Mediación y Arbitraje, núm. 26 (enero-marzo 2026)

 Contenidos de LA LEY Mediación y Arbitraje, nº 26 (enero-marzo 2026):

 

Tribuna:
- Bernardo M. Cremades, La responsabilidad arbitral internacional del Estado por actuaciones irregulares de sus jueces y tribunales.

El texto examina la responsabilidad internacional del Estado derivada de actuaciones irregulares de jueces y tribunales, así como los mecanismos para hacerla efectiva. Partiendo de los estándares internacionales de protección judicial, se analiza la insuficiencia de los remedios internos en determinados supuestos y la relevancia de la protección diplomática como vía clásica, caracterizada por el control estatal del litigio. Frente a ello, el arbitraje de inversiones introduce una transformación significativa al permitir la acción directa de los particulares contra el Estado, ampliando la legitimación activa y configurando una renuncia a la inmunidad jurisdiccional. El estudio aborda igualmente la noción de hecho internacionalmente ilícito, la denegación de justicia como estándar evolutivo, así como las figuras de expropiación indirecta y expropiación judicial. Finalmente, se examinan las formas de reparación, destacando el papel del arbitraje como instrumento de garantía de las obligaciones internacionales del Estado.

- Francisco Ruiz Risueño, La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje impulsa una estrategia integral de reforma institucional y promoción del arbitraje en España.

La presente tribuna examina la estrategia impulsada por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje para reforzar su posición institucional y promover la expansión del arbitraje en España en el marco de las recientes transformaciones del sistema de justicia. A partir de un diagnóstico detallado sobre las limitaciones del arbitraje interno, se articulan diversas líneas de actuación que comprenden la reorganización institucional, la mejora de la calidad técnica, el perfeccionamiento de los mecanismos de designación, la simplificación procedimental y el incremento de la accesibilidad. Asimismo, se incorporan iniciativas en materia formativa, mediación, comunicación, implantación territorial y especialización sectorial orientadas a consolidar la confianza de los operadores jurídicos y económicos.

- Josep Maria Julià, Amores… pero no siempre buenas razones.

Cuando el apoyo judicial al arbitraje se fundamenta en un entendimiento incorrecto de las obligaciones legales o de la naturaleza del apoyo prestado, existe el riesgo de que una resolución aparentemente inofensiva cree el precedente para eventuales situaciones de abuso o indefensión. A estos efectos, este art examina sendas resoluciones judiciales sobre la obligación de motivación del laudo en el execuátur de laudos extranjeros y sobre los actos propios en la anulación de laudos por invalidez del convenio arbitral.

- Anna Vall Rius, La justicia restaurativa: un nuevo paradigma humanizador en nuestro sistema penal.

La Justicia Restaurativa (JR) aporta un enfoque innovador en la respuesta ante el delito e implica a sus protagonistas en el proceso decisorio, que está más enfocado en alcanzar un objetivo sanador y reparatorio que punitivo. En los últimos años España ha aprobado distintas normas que reconocen el valor y los efectos de la JR, como el art. 15 de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del delito (trasposición de la Directiva 2012/29/UE) o el art. 84-1 del Código Penal. A este reconocimiento debe sumarse la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que añade una disposición adicional novena a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula, de forma concisa, los principios básicos y algunos de los efectos procesales de la aplicación de la Justicia Restaurativa en el ordenamiento penal. Esta adopción de la JR y de sus principios rectores en nuestro marco penal supone un impulso para avanzar hacia un Derecho penal más humanista, más cercano a las auténticas necesidades de la víctima, que adquiere una mayor relevancia y más responsabilizador y motivador de reflexión y cambios en el victimario. Ofendido y ofensor dejan de ser personajes colaterales para convertirse en protagonistas y ser reconocidos como figuras centrales del paradigma restaurativo.

- Alejandro Mier Hernández, México ante la revisión del T-MEC: arbitraje internacional, soberanía regulatoria y cumplimiento normativo.

El texto analiza la revisión del T-MEC de 2026 desde una perspectiva jurídico-económica, centrada en el papel del arbitraje internacional y su impacto en el equilibrio entre protección de la inversión extranjera y soberanía estatal. Se examina la evolución del tratado hacia un sistema de controversias permanente, así como las tensiones derivadas de los mecanismos inversor-Estado. Asimismo, se estudia la posición del Gobierno mexicano, orientada a mantener el arbitraje introduciendo límites frente a prácticas especulativas. Finalmente, se aborda un caso reciente que ilustra la función defensiva del arbitraje para el Estado.

Estudios y Regulación:
- Vicente Pérez Daudí, Aspectos procesales del derecho colaborativo.

Este trabajo analiza la incorporación del derecho colaborativo en el sistema procesal español tras la aprobación LOEP (LOEP). Se examinan sus principios esenciales, la cláusula de retirada como elemento diferenciador y las implicaciones éticas y procesales que genera. Asimismo, se estudia la falta de desarrollo normativo del procedimiento colaborativo, su relación con otros medios adecuados de solución de conflictos (MASC) y los efectos sobre la suspensión de plazos, medidas cautelares, ejecución y costas. El art. concluye con propuestas de lege ferenda orientadas a garantizar la eficacia del derecho colaborativo mediante la regulación del estatuto del abogado colaborativo, la extensión de la renuncia a tribunales y la articulación de mecanismos procesales y deontológicos que aseguren su correcta implementación.

- Enrique Sanjuán y Muñoz, Negociación y resultado en la reestructuración de empresas en crisis tras la incorporación de la Directiva UE 2019/1023.

El presente trabajo se articula a partir del régimen jurídico de la insolvencia resultante de la reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, y modificado por la Ley 16/2020, en lo relativo a la negociación de los planes de reestructuración. El objetivo fundamental del trabajo es poner de manifiesto que la voluntad del legislador europeo, tal como se desprende de la Directiva (UE) 2019/1023, fue la de promover de manera decidida la negociación como instrumento central para la reestructuración temprana de empresas viables, configurando dicha negociación como un proceso esencialmente impulsado por la iniciativa del deudor. Desde esta premisa, el estudio evidencia que la transposición al ordenamiento interno no habría alcanzado plenamente los objetivos perseguidos por la norma europea, en la medida en que ha generado un desplazamiento del clásico problema del hold-out (la resistencia estratégica de determinados acreedores) hacia un régimen de hold-up o de mantenimiento forzoso de posiciones, que acaba produciendo efectos disfuncionales tanto para el deudor como para el conjunto de los acreedores. Este resultado se aparta del propósito originario de la Directiva, orientado precisamente a neutralizar comportamientos oportunistas y a favorecer soluciones negociadas equilibradas. Finalmente, el trabajo sistematiza la negociación de los planes de reestructuración a partir de un conjunto de principios estructurales que deben concurrir para garantizar su eficacia y eficiencia, y que permiten evaluar la corrección del proceso negociador y de su resultado. Tales principios, extraídos del marco normativo europeo y de su recepción en el derecho interno, constituyen el parámetro esencial para valorar si la reestructuración cumple adecuadamente la función preventiva y de viabilidad empresarial que le es propia.

- Raquel Bonachera Villegas, Justicia digital 2028: un nuevo paradigma para la resolución de litigios de consumo.

En este artículo, la autora realiza un estudio y análisis de la Directiva (UE) 2025/2647, de 16 de diciembre de 2025, que modifica la Directiva 2013/11/UE. Partiendo de la regulación existente sobre las entidades acreditadas para la resolución alternativa de litigios (RAL) en materia de consumo, la nueva directiva amplía tanto el ámbito material como territorial de actuación de estas entidades, reforzando la eficiencia, accesibilidad y alcance de los procedimientos de resolución alternativa, e incorporando de manera significativa la digitalización y automatización en dichos procedimientos.

Práctica en mediación y arbitraje:
- M.ª Victoria Sánchez Pos, Miriam Alli, Mª Jesús Álvarez, Sagrario Anaut, Ana Lizarraga Álvarez, Adriana Rodrigo Ruiz, Elena Sarasa Villaverde, Mediación, prácticas restaurativas y discapacidad. Un proyecto en Navarra a la luz de la Ley Foral 4/2023, de 9 de marzo, de justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias.

Este trabajo tiene como objetivo exponer las principales las líneas de actuación y los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto «Prevención de Conflictos y Prácticas Restaurativas en Personas con Discapacidad en Navarra», impulsado por la Cooperativa de Iniciativa Social A Tu Lado. Zurekin y financiado por el Gobierno de Navarra en el marco de la Ley Foral 4/2023, de 9 de marzo, de justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias.

- Jorge Pipaón Pulido, La inteligencia artificial como herramienta de apoyo en los medios adecuados de solución de controversias (MASC): límites, utilidad y vicios del consentimiento. La auditoría de los sistemas IA.

El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea constituye la primera iniciativa normativa integral destinada a regular el desarrollo, comercialización y uso de sistemas de inteligencia artificial desde un enfoque basado en el riesgo. Su objetivo es garantizar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales, estableciendo diferentes niveles de exigencia según el impacto potencial de los sistemas. La norma adopta un enfoque horizontal, con alcance extraterritorial, que afecta tanto a operadores europeos como a aquellos que actúan en el mercado de la Unión. Asimismo, introduce obligaciones de transparencia, supervisión humana y trazabilidad, especialmente en los sistemas de alto riesgo. No obstante, plantea importantes desafíos, como la delimitación de responsabilidades, la adaptación del Derecho internacional privado y la gestión de tecnologías cada vez más complejas y autónomas. En definitiva, el Reglamento aspira a consolidar un modelo europeo de gobernanza tecnológica basado en la confianza y la protección de valores fundamentales.

- Mª Carmen Chéliz Inglés, MASC y sustracción internacional de menores: la exclusión del requisito de procedibilidad en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La Ley Orgánica 1/2025 excluye expresamente a los supuestos de sustracción internacional de menores del requisito de acudir previamente a un mecanismo adecuado de solución de controversias (MASC). Esta opción legislativa, orientada a preservar la celeridad del mecanismo de restitución, contrasta con el enfoque del Reglamento (UE) 2019/1111 (Bruselas II ter), que promueve activamente la mediación y otros métodos consensuales dentro del propio procedimiento judicial. A partir de esta aparente tensión normativa, el trabajo examina el alcance real de la exclusión, su interacción con los instrumentos internacionales aplicables y el papel que los MASC desempeñan en la gestión de los conflictos de sustracción internacional de menores.

- Mónica Corella, Mediación organizacional: estrategia clave para la resolución de conflictos corporativos.

Las organizaciones en la actualidad, afrontan retos caracterizados por una notable diversidad y un elevado grado de complejidad, derivados, entre otras causas, de la interacción constante entre múltiples actores, tanto internos como externos, que poseen intereses, valores y objetivos heterogéneos. Entre estos desafíos, la gestión de los conflictos en el ámbito interno organizacional en cualquier nivel de la estructura, adquiere una relevancia particular, especialmente si se considera el impacto negativo que puede generar una inadecuada gestión de los mismos. Dicho impacto no solo afecta al bienestar de las personas que forman parte de la organización, sino también al funcionamiento de la misma y desempeño, pudiendo incluso comprometer, en determinados casos su sostenibilidad y reputación. En este contexto, el presente artículo aborda la mediación organizacional, entendida en un sentido amplio como una institución mediadora, y la presenta como una estrategia fundamental para la gestión eficaz de los conflictos corporativos, atendiendo a las particularidades que ofrece el marco de intervención de la mediación. No obstante, su alcance va más allá de la resolución de disputas, ya que también contribuye a la implantación de una cultura organizacional orientada al bienestar, colabora con los procesos de cambio, promueve el aprendizaje colectivo y a la mejora de la gobernanza. De este modo, la mediación organizacional se configura como una herramienta clave para la construcción y consolidación de organizaciones más humanas, participativas, democráticas, eficaces y resilientes.

- Francisco Ramos Romeu, La potestad cautelar del árbitro: reivindicación de la autonomía del arbitraje.

El presente trabajo examina la potestad cautelar del árbitro desde una perspectiva favorable a la autonomía del arbitraje y a la primacía de la voluntad de las partes en su configuración. Tras reconstruir la evolución normativa española y revisar críticamente la doctrina dominante, el autor sostiene que el art. 23 de la Ley de Arbitraje no impone la traslación automática de los presupuestos del art. 728 LEC al ámbito arbitral. Por el contrario, defiende una concepción flexible y funcional de la tutela cautelar arbitral, abierta a soluciones diversas según el convenio arbitral, los reglamentos institucionales y las necesidades concretas del litigio

- Belén Alandete Sánchez, Modulando el deber de motivación del laudo, por acuerdo de las partes.

El trabajo analiza la posibilidad de que las partes modulen, por acuerdo, el deber de motivación del laudo arbitral en el Derecho español. A partir de la evolución reciente de la jurisprudencia constitucional, especialmente de las sentencias que restringen el control judicial sobre la suficiencia de la motivación, el estudio sostiene que la motivación del laudo tiene naturaleza legal y no constitucional, lo que abre un margen relevante a la autonomía de la voluntad. Sobre esa base, se examina la regulación española, su contraste con el Derecho comparado, los reglamentos arbitrales internacionales y la Ley Modelo CNUDMI, para mostrar que la exigencia de motivación presenta una configuración muy diversa. El artículo defiende que, aunque la Ley de Arbitraje española no permite renunciar por completo a la motivación del laudo, sí deja espacio para que las partes precisen su alcance, intensidad o contenido. Finalmente, se valoran los momentos idóneos para pactar esa modulación, los posibles parámetros de configuración y sus riesgos y ventajas en una eventual acción de anulación.

Sentencias comentadas:
- Luis Sánchez Pérez, La cláusula arbitral en las condiciones generales electrónicas: validez del click-wrap y reconocimiento del laudo extranjero en España.

El Auto no. 12 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 9 de marzo de 2026, otorga el execuátur a un laudo arbitral dictado en Ámsterdam. La resolución examina la validez del convenio arbitral pactado en condiciones generales electrónicas mediante click-wrap entre empresarios, la aplicación analógica de la doctrina del TJ fijada en el asunto El Majdoub (C-322/14), y la distribución de la carga de la prueba bajo el Convenio de Nueva York. Se analizan los motivos de oposición al execuátur —ausencia del convenio arbitral y vulneración del orden público— y se concluye que el ordenamiento español favorece el reconocimiento de laudos extranjeros en coherencia con el principio de favor recognitionis.

- Marta Casado Abarquero, El inicio del litigio en materia matrimonial: MASC y litispendencia a la luz de la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El presente trabajo analiza la litispendencia transfronteriza en materia matrimonial. En particular, examina las disfunciones que se genera en ordenamientos jurídicos como el español que imponen la obligación de acudir previamente a mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC), al provocar desventajas estructurales frente a otros sistemas que permiten la interposición directa de la demanda. A partir de la reciente jurisprudencia del TJUE, se aborda la interpretación funcional del concepto «documento equivalente al escrito de demanda», que desplaza el foco desde la formalidad procesal hacia el inicio material del litigio.

- Xavier Favre-Bulle, Clara Samson, Intra-EU Investment Disputes: The Swiss Supreme Court Unmoved by the Achmea–Komstroy–PL Holdings Trilogy.

En una sentencia histórica de 3 de abril de 2024 dictada en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía en el asunto EDF Energies Nouvelles SA contra el Reino de España, el Tribunal Supremo suizo dictó la primera resolución de un tribunal supremo no perteneciente a la UE en la que se rechazaba la objeción intracomunitaria formulada por el TJUE en los asuntos Achmea, Komstroy y PL Holdings. Apartándose de la jurisprudencia de la UE, el Tribunal confirmó la competencia de un tribunal del TCE con sede en Suiza sobre un litigio entre una empresa francesa y España, afirmando la validez del artículo 26 del TCE. Desde entonces, la decisión ha tenido eco en otros tribunales fuera de la UE, lo que pone de relieve la creciente división entre los tribunales de la UE y los de fuera de la UE en el tratamiento de la objeción intra-UE.

- Roger Canals Vaquer, Andreu Fernández Naranjo, De los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia tributaria.

La sentencia del TJUE en el asunto Santander Renta Variable examina la compatibilidad de determinadas exigencias probatorias con la libre circulación de capitales. El fallo distingue entre controles fiscales legítimos y cargas administrativas desproporcionadas, admitiendo certificaciones ex ante y rechazando exigencias excesivas ex post. A partir de este pronunciamiento, el análisis incorpora una reflexión sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia tributaria. Se destaca el modelo portugués de arbitraje tributario como referencia para España, donde la elevada litigiosidad y la rigidez procedimental aconsejan explorar vías como el arbitraje o la conciliación judicial para mejorar la eficiencia del sistema.

- Enrique Linares Rodríguez, Mecanismo complementario del CIADI, inmunidad soberana y doble reconocimiento.

El Auto del TSJ de Madrid aborda el reconocimiento en España de un laudo dictado bajo el Mecanismo Complementario del CIADI, lo que implica la aplicación del Convenio de Nueva York en lugar del sistema autónomo del Convenio de Washington. La resolución examina la incidencia de la inmunidad soberana y la singularidad de un doble reconocimiento dentro del mismo procedimiento. Asimismo, confirma el carácter homologador del execuátur y anticipa las dificultades vinculadas a la ejecución frente a Estados extranjeros.

Cronología de decisiones:
- Selección de decisiones de Tribunales internacionales
- Selección de decisiones de Tribunales españoles
- Selección de decisiones de Tribunales extranjeros

Actualidad institucional

Noticias:
- Informaciones
- Actualidad
- Cursos, Congresos, Seminarios y Jornadas
- Bibliografía

 

Bibliografía (Revista de revistas) - LA LEY Mediación y Arbitraje, núm. 25 (octubre-diciembre 2025)

 Contenidos de LA LEY Mediación y Arbitraje, nº 25 (octubre-diciembre 2025):

 

Opinión: Primer año de la LO 1/2025
- Sonia Calaza López, Llegó la hora de la verdad con los MASC: ¿Tienes buena fe negocial o «lo tuyo es puro teatro»?

En este texto se ofrece un breve —pero elocuente— comentario sobre las cinco primeras secuencias del evidente bucle procesal en el que entran los justiciables cuando optan (con toda legitimidad) por acudir prioritariamente a la Jurisdicción y se ven —sin embargo— avocados a demostrar —de forma casi dramática: «puro teatro»—: primero, una suficiente voluntad reparadora (si no desean verse expuestos a la denegación a limine litis de la tutela) aderezada, después, con una buena fe negocial (para eludir las costas y multa por uso abusivo —aunque sea la primera vez que acuden a la Jurisdicción— de la Justicia como servicio público).

- José Antonio Colmenero Guerra, A vueltas con la concordia y la justicia en el sistema de justicia español.

La Administración de Justicia ha cambiado de paradigma. Ahora, primero acudimos a los ADR y luego, si no funcionan, a los Tribunales. La puesta en marcha de este nuevo sistema está produciendo disfunciones: algunas, fruto de un mal entendimiento del mismo; otras, producidas por una regulación legal insegura. Se procede a comentar las cuestiones generales de dicha regulación, realizando una somera referencia a las disfunciones detectadas tras su aplicación.

- José Ignacio Martínez Pallarés, Los MASC, a golpe de auto.

El estudio analiza críticamente la implantación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad en el orden jurisdiccional civil tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La reforma, orientada formalmente a la mejora de la eficiencia y sostenibilidad del sistema judicial, introduce una obligación generalizada de intento previo de negociación con el propósito declarado de reducir la litigiosidad y aliviar la sobrecarga de los tribunales. El trabajo pone de relieve los problemas de diagnóstico que subyacen a la norma, así como las disfunciones derivadas de su deficiente técnica legislativa y de una aplicación inicial marcada por la inseguridad jurídica y el formalismo excesivo. En una primera fase, la multiplicación de criterios interpretativos sobre el cumplimiento del requisito de procedibilidad evidenció el riesgo de convertir los MASC en un fin en sí mismos, en detrimento del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, la progresiva intervención de las Audiencias Provinciales ha permitido reconducir la interpretación de la norma mediante la aplicación del principio pro actione, afirmando que la actividad negociadora exigida no puede implicar renuncias sustantivas al derecho material ni convertirse en un obstáculo desproporcionado para el acceso a la jurisdicción. Superado el debate inicial sobre la admisión de las demandas, el análisis se desplaza hacia la cuestión de las costas procesales, ámbito en el que la ley introduce mecanismos de valoración de la conducta preprocesal de las partes. No obstante, subsisten dudas relevantes sobre la eficacia práctica de estas previsiones y sobre su capacidad real para transformar la cultura litigiosa.

- Pascual Ortuño, La inserción de los MASC en el aniversario de la ley de eficiencia. Especial referencia a los procesos de Derecho de familia.

Este trabajo ofrece un análisis exhaustivo de la interacción entre la mediación y el arbitraje como mecanismos clave para la resolución de controversias en el contexto internacional contemporáneo. Sobre el trasfondo de una crisis estructural de los sistemas de justicia estatal, caracterizada por la litigiosidad excesiva, las dilaciones procedimentales y la creciente complejidad de las relaciones económicas transnacionales, pone de relieve la relevancia creciente de los métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR), en particular la mediación y el arbitraje, tanto como instrumentos autónomos cuanto como procesos integrados. El estudio examina la evolución, los fundamentos conceptuales y los marcos jurídicos que rigen ambos mecanismos, destacando las razones que explican su progresiva complementariedad prestando especial atención a los modelos híbridos, como Med-Arb, Arb-Med y Arb-Med-Arb, valorando sus potenciales ventajas en términos de eficiencia, flexibilidad y preservación de las relaciones comerciales, al tiempo que se abordan los desafíos que plantean en materia de imparcialidad, confidencialidad y control judicial. Asimismo, analiza el impacto de la digitalización, la mediación y el arbitraje en remoto, la inteligencia artificial y los sistemas de resolución de disputas en línea (ODR), poniendo de relieve los nuevos retos jurídicos y éticos derivados de la innovación tecnológica y de la evolución del papel del tercero neutral. Desde una perspectiva comparada e internacional, el estudio evidencia una clara tendencia hacia la integración funcional de la mediación y el arbitraje como mecanismos complementarios de la justicia estatal, contribuyendo a la configuración de un modelo de justicia más eficiente, participativo y adaptable a las exigencias de la resolución de controversias internacionales del siglo XXI.

- Amparo Quintana, MASC, eficiencia y viceversa.

El trabajo examina la regulación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) introducida por la Ley Orgánica 1/2025 como instrumento para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia. Se analiza el alcance del requisito de procedibilidad, su inserción en una tradición normativa previa de negociación, mediación y conciliación, y las críticas surgidas en torno a su aplicación práctica. El estudio subraya que la ley no pretende imponer un modelo único de resolución consensuada, sino reforzar el poder de disposición de las partes y fomentar una cultura del acuerdo. Pese a las deficiencias técnicas y a la diversidad de criterios interpretativos, se defiende una lectura integradora que valore los MASC como oportunidad para transformar la gestión de los conflictos y reducir la confrontación judicial.

- Urbania Rondón, Mediación y MASC en la LO 1/25: una pedagogía necesaria y un lugar de seguridad, confianza y protección para niños y niñas.

El articulo traslada la esperanza de que, en un tiempo prudente de rodaje, la LO haya permeado en la ciudadanía como resultado del compromiso de todos. Que se establezca un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y RTVE para un anuncio en los medios públicos. Que el Consejo General de la Abogacía Española, CGAE, defina criterios unificados para beneficiarse de los MASC a cuenta de la justicia gratuita. Que el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, y el Ministerio de Justicia unifiquen criterios para acreditar el intento y protocolos para que la metáfora médica(1) del triaje siga el principio de la adecuación. Un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia, la Federación de Municipios, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para instituir puntos de información sobre Mediación y MASC en sus ámbitos de competencia. Que las instituciones, colegios profesionales y asociaciones sigamos trabajando para ayudar a comprender que la Mediación es un espacio de seguridad para niños y niñas. Que se desarrolle el Servicio de Mediación Intrajudicial con fondos públicos y los servicios extrajudiciales con la participación de los colegios de psicología, trabajo social, educación social y de administradores de fincas, entre otros.

- Rocio Sampere, Breve historia de éxito de los MASC autocompositivos, desde la entrada en vigor de la LO 1/2025.

El trabajo ofrece una valoración del primer año de vigencia de la Ley Orgánica 1/2025 desde la experiencia profesional en mediación y otros MASC. Se defiende que la reforma responde a una necesidad estructural del sistema de justicia y supone un cambio de paradigma hacia modelos más participativos y eficientes. Junto a las deficiencias técnicas y las incertidumbres iniciales en su aplicación, se destacan los datos emergentes que evidencian el crecimiento de los métodos autocompositivos, en particular la mediación y la conciliación. El estudio subraya la necesidad de formación, datos fiables y confianza institucional para consolidar el nuevo modelo.

- Sonia I. Vidal Ferrer, Un año de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia.

El trabajo ofrece una valoración judicial del primer año de aplicación de la Ley Orgánica 1/2025 en materia de medios adecuados de solución de controversias (MASC), centrada en su configuración como requisito de procedibilidad en el orden civil. Desde la experiencia de los órganos jurisdiccionales, se analizan los efectos iniciales de la reforma, marcados por una avalancha de demandas previa a su entrada en vigor, la necesidad de unificar criterios de admisión y el riesgo de burocratización del intento negociador. El estudio destaca el papel creciente de la conciliación y, especialmente, de la mediación, subrayando su potencial para ofrecer soluciones más satisfactorias que la estricta respuesta judicial y contribuir a un cambio paulatino de cultura jurídica.

- Ana María Vall Rius, La LO 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia en relación a los MASC ¿un problema o una oportunidad?

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, supone un cambio estructural en el papel de la mediación y de los demás medios adecuados de solución de controversias (MASC) en el orden jurisdiccional civil. El artículo analiza la evolución histórica de la mediación en España, caracterizada por un reconocimiento jurídico progresivo pero una implantación social limitada, y examina cómo la introducción del requisito de procedibilidad transforma este modelo al convertir los MASC en una vía previa, preferente y en muchos casos obligatoria. Junto a las dificultades prácticas y la incertidumbre inicial generada entre los operadores jurídicos, el texto pone de relieve las oportunidades que abre la norma: la consolidación real de la mediación, la puesta en valor de otros MASC y una mayor adaptación de las respuestas a las necesidades de las partes. La autora concluye que la Ley puede marcar un punto de inflexión hacia una justicia más eficiente, participativa y orientada al consenso.

Tribunas y Estudios
- Yolanda Sanz Pastor Sevilla, La triple dimensión de la mediación en el ámbito empresarial.

El artículo analiza la mediación como método adecuado de gestión y resolución de conflictos, partiendo de su tradicional vinculación con el derecho de familia para proyectarla hacia el ámbito empresarial y comercial. La autora explica cómo la mediación ha demostrado ser especialmente eficaz en aquellos espacios donde la preservación de las relaciones personales resulta esencial, no solo en el entorno familiar, sino también en contextos convivenciales y organizativos. En el ámbito empresarial, se identifican dos grandes dimensiones: la interna, relativa a conflictos entre socios, empresas familiares y procedimientos derivados de programas de cumplimiento normativo; y la externa, vinculada a las relaciones con clientes y proveedores. A estas se añade una tercera dimensión, de carácter reputacional, que surge como consecuencia de las anteriores. La mediación se presenta así como una herramienta estratégica que contribuye a la pacificación de las relaciones, a la eficiencia económica y a la protección del valor intangible más relevante de la empresa: su reputación.

- Carmen Jerez Delgado, El uso de los sistemas de IA por los operadores de los MASC.

En este primer año transcurrido desde la publicación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, no sólo comienzan a confirmarse las ventajas e inconvenientes del impulso de los MASC a través de su imposición como nuevo requisito de procedibilidad en el ámbito de la jurisdicción civil, sino que se hace necesario iluminar la cuestión del uso que los operadores de los MASC pueden hacer de los sistemas de IA capaces de aplicar el Derecho a un conjunto de hechos, habida cuenta de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, que expresamente hace alusión a ellos.

- José Miguel Júdice, Julián Garcerant Fuentes, Relación entre tribunales arbitrales y estatales: la creación de un ecosistema paradigmático.

El artículo analiza la interrelación entre los tribunales arbitrales y los tribunales estatales, destacando la necesidad de construir un ecosistema jurisdiccional colaborativo que refuerce la eficacia y legitimidad del sistema de justicia y que facilite el avance de la ciencia jurídica, manteniendo la sede de tribunales en Portugal o España, así como la ley y el idioma de uno de los países ibéricos, de acuerdo al caso. El artículo sostiene que un sistema de arbitraje sólido requiere un poder judicial igualmente fuerte y empático con la lógica arbitral. A partir del marco portugués —con referencias comparadas al español—, se examinan las principales áreas de interacción: designación y recusación de árbitros, medidas cautelares, obtención de pruebas, anulación, recurso y ejecución de laudos. El artículo analiza el poder que tienen los jueces frente al procedimiento arbitral, la delimitada función de control judicial y la cooperación en entre los dos sistemas. El artículo también resalta la necesidad de que los jueces comprendan la lógica y autonomía del arbitraje, evitando la aplicación mecánica de paradigmas procesales estatales. Asimismo, se aboga por la adopción de instrumentos cooperativos, para lo que es un buen la «Carta Arbitral» brasileña, que ejemplifica una relación moderna y eficiente entre jueces y árbitros. En síntesis, los autores abogan por un modelo de coexistencia empática y funcional entre jurisdicciones que potencie el desarrollo jurídico, la seguridad contractual y la proyección internacional de los sistemas ibéricos de resolución de controversias.

Regulación
- Ana Fernández Pérez, La reforma de la Ley de Arbitraje china de 2025 y su proyección internacional: institucionalización, gobernanza y confianza en los negocios internacionales.

El estudio examina de forma sistemática la reforma de la Ley de Arbitraje de la República Popular China de 2025, situándola en el marco de la evolución reciente del arbitraje comercial internacional y de la estrategia china de fortalecimiento del Estado de Derecho en el ámbito económico. A partir de las limitaciones estructurales del régimen anterior, caracterizado por una marcada impronta institucional y administrativa, el trabajo analiza las razones que condujeron a la reforma y los principales ejes del nuevo marco normativo. Se presta especial atención a la reorganización de la gobernanza de las instituciones arbitrales, a la positivización de la transparencia y de la supervisión funcional, a la incorporación legal de categorías centrales del arbitraje internacional, como la sede y el arbitraje ad hoc, y al refuerzo del régimen de medidas cautelares en controversias con elemento extranjero. El análisis pone de manifiesto que la reforma va más allá de una lógica de liberalización, dando lugar a una codificación especialmente orientada a dotar al arbitraje de legitimidad institucional y previsibilidad normativa. Desde esta perspectiva, el arbitraje se configura como una forma de justicia voluntaria integrada en el sistema jurídico, complementaria de la jurisdicción estatal y funcional al tráfico económico transnacional. El trabajo concluye que la experiencia china ofrece un modelo singular de institucionalización del arbitraje, basado en la articulación entre autonomía, control y confianza, cuya relevancia trasciende el plano interno y contribuye al debate contemporáneo sobre la gobernanza del arbitraje internacional.

- Luis Arcesio García Perdomo, El arbitraje ejecutivo colombiano: innovación jurisdiccional y desarrollo procesal para América latina. Análisis de la Ley 2540 de 2025 desde una perspectiva de derecho comparado y su aplicabilidad en sistemas judiciales congestionados.

El presente artículo analiza la Ley 2540 de 2025 de Colombia, que introduce el primer modelo integral de arbitraje ejecutivo como mecanismo permanente de descongestión judicial. El arbitraje ejecutivo colombiano representa una innovación sin precedentes en el derecho procesal contemporáneo al extender la jurisdicción arbitral a la ejecución de obligaciones contenidas en títulos ejecutivos, tradicionalmente reservada a la jurisdicción estatal. Esta investigación examina los fundamentos constitucionales que permitieron superar el principio de transitoriedad de la función arbitral mediante una articulación innovadora entre justicia arbitral y justicia estatal. Se presenta la arquitectura normativa dual que separa la fase jurídica arbitral de la fase económica administrativa especializada, permitiendo que árbitros ejerzan funciones jurisdiccionales mientras operadores especializados administran eficientemente los bienes embargados. El estudio analiza la sostenibilidad económica del modelo, que genera descongestión judicial sin costo para el Estado, y examina su impacto multidimensional en las dimensiones jurisdiccional, económica y académica. Se desarrolla un análisis crítico de derecho comparado con el modelo peruano y se evalúa la aplicabilidad del arbitraje ejecutivo en América Latina. Finalmente, se argumenta que el desarrollo del derecho arbitral en América Latina debe fundamentarse en el análisis de su propia realidad institucional, abandonando la aplicación acrítica de la teoría contractualista pura que, si bien resulta funcional en contextos con sistemas judiciales robustos, deviene ineficaz en jurisdicciones con aparatos judiciales congestionados y estructuralmente deficientes. El arbitraje ejecutivo colombiano se presenta como un modelo contextualizado y replicable para la región.

Práctica en mediación y arbitraje
- David Anibal Ortiz Gaspar, Cuatro enfoques sobre el arbitraje de emergencia y su relación con la defensa jurídica del Estado.

El estudio analiza el arbitraje de emergencia desde la perspectiva de la defensa jurídica del Estado, a partir de un enfoque comparado y práctico sustentado en experiencias de España, Argentina, Brasil y el arbitraje de inversión. Se examinan las tensiones estructurales entre la celeridad propia de este mecanismo y los principios que rigen la actuación estatal, en particular el debido proceso, la legalidad, la proporcionalidad y la protección del interés público. El trabajo identifica riesgos asociados a su aplicación acrítica, propone criterios reforzados para la adopción de medidas urgentes y subraya la necesidad de preparación institucional, cláusulas contractuales claras y coordinación interinstitucional para una utilización compatible con el Estado constitucional de derecho.

- Andrea Rowlands de la Borda, Pablo Mallagray Stampa, Dispute boards en la Contratación Pública: Un análisis comparado entre la legislación peruana y española.

El estudio analiza la incorporación de los Dispute boards como instrumento preventivo y resolutorio de controversias en la contratación pública, con especial atención a los ordenamientos de Perú y España. Partiendo de una aproximación conceptual y funcional, se examina la naturaleza de estos órganos permanentes, su origen en la práctica anglosajona y su progresiva consolidación como mecanismos idóneos para la gestión de conflictos en contratos complejos, en particular en proyectos de infraestructura. El trabajo pone de relieve que los Dispute boards no se limitan a resolver disputas ya planteadas, sino que acompañan la ejecución contractual, favoreciendo la detección temprana de tensiones y la adopción de soluciones inmediatas que evitan la paralización de las obras. Desde una perspectiva comparada, se estudia el marco normativo vigente tras la entrada en vigor de la Ley General de Contrataciones Públicas peruana y de la reciente legislación española, identificándose convergencias relevantes en la apuesta por mecanismos alternativos de gestión de controversias, así como diferencias significativas en cuanto a su configuración jurídica, grado de obligatoriedad y efectos de las decisiones emitidas. El análisis evidencia que, mientras el modelo peruano ha avanzado hacia una institucionalización más definida de las juntas de resolución de disputas, el sistema español se encuentra en una fase de desarrollo que aún requiere ajustes normativos y prácticos. El trabajo concluye con una valoración de las ventajas de los Dispute boards en términos de eficiencia, continuidad del proyecto y mejora de la gobernanza contractual, formulando recomendaciones orientadas a su adecuado diseño e implementación. Se subraya, en particular, la importancia de la independencia de sus miembros, la claridad de sus competencias y la articulación coherente con otros mecanismos de solución de controversias, como el arbitraje y la jurisdicción estatal.

- Daragh Brehony Margaux Baillou, El Uso de las ofertas selladas (Sealed Offers) en el arbitraje internacional: Mecanismo de eficiencia y asignación de costas.

Las ofertas selladas (sealed offers) son un mecanismo de origen anglosajón concebido para fomentar acuerdos tempranos y valorar la conducta procesal de las partes a efectos de la imposición de costas. Su rasgo esencial es la confidencialidad: el contenido de la oferta no se comunica al tribunal hasta después de que se haya dictado la decisión sobre el fondo. Si la parte que rechaza la oferta obtiene un resultado igual o menos favorable que el propuesto en la oferta previamente formulada, esta podrá ser revelada al tribunal tras el laudo y tenida en cuenta en la decisión sobre costas, incluso aunque dicha parte haya resultado vencedora en el fondo. Aunque su utilización en el arbitraje internacional sigue siendo limitada, su incorporación es plenamente compatible con este foro y ya está prevista en algunos reglamentos arbitrales, siempre que se articulen salvaguardias adecuadas para preservar la confidencialidad y la integridad del procedimiento.

- José Carlos Fernández Rozas, La configuración constitucional alemana del arbitraje de inversiones tras las sentencias de 31 de julio y 18 de septiembre de 2025.

Las decisiones del Tribunal Constitucional Federal alemán de 31 de julio y 18 de septiembre de 2025 constituyen un punto de inflexión en la configuración constitucional del arbitraje de inversiones en Alemania. Ambas resoluciones se inscriben en un proceso de progresiva transformación del marco europeo, impulsado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde Achmea hasta Komstroy, y por decisiones posteriores como PL Holdings, Micula y KOM/UK. Dicha línea doctrinal ha llevado a considerar incompatibles con el Derecho de la Unión todos los mecanismos arbitrales de inversión intra-UE, incluidos los previstos en los APPRI y en el artículo 26 del Tratado de la Carta de la Energía. Con ello el Tribunal Constitucional Federal alemán ha debido armonizar la primacía del Derecho de la Unión, los compromisos internacionales asumidos por Alemania y los principios internos derivados de la Ley Fundamental. Las decisiones de julio de 2025 abordan los arbitrajes CIADI intra-UE y confirman su inadmisibilidad, al entender que la autonomía del ordenamiento europeo justifica excepciones estrictas al régimen del Convenio CIADI cuando entra en conflicto con principios estructurales de la Unión. El tribunal reconoce la tensión entre ambos sistemas, aunque la considera jurídicamente gestionable mediante una técnica de equilibrio que preserve la coherencia europea sin desmantelar el sistema internacional. Por su parte, la decisión de 18 de septiembre de 2025 relativa al APPRI Alemania-India perfila con claridad el límite externo de la doctrina Achmea, descartando su aplicación a las relaciones con terceros Estados. El Tribunal afirma que, fuera del espacio intracomunitario, no rigen los presupuestos, especialmente la confianza mutua, que justifican la incompatibilidad declarada por el TJUE. En conjunto, estas sentencias configuran un modelo dual: cierre definitivo del arbitraje intra-UE y plena vigencia del arbitraje extra-UE, ofreciendo un esquema conceptual estable para un periodo de profunda reordenación del Derecho internacional de las inversiones.

Crónicas:
- Jacques Bouyssou, Marie-Hélène Bartoli Vallet, Constance Benoist, Luana Nilsen, Loïc Saint-Martin, Rita Zeidi, Últimas noticias de París.

El final de 2025 concluye con una abundante cosecha. Mientras el debate sobre el proyecto de reforma del derecho del arbitraje en Francia está en pleno apogeo, algunos comentaristas han podido observar en las decisiones recientes de la Corte de Apelación de París desarrollos que reflejan las propuestas del grupo de trabajo y, más generalmente, la consideración de los comentarios doctrinales que se ocupan regularmente de sus decisiones y de las de la Corte de Casación. La selección que presentamos pone de manifiesto las evoluciones recientes del derecho del arbitraje de inversión bajo la perspectiva del control ejercido por el juez estatal en Francia, las tendencias de fondo que actualmente redefinen los límites del efecto relativo de los contratos en el derecho francés, en cuanto a su impacto sobre el alcance de la cláusula compromisoria, y los contornos del orden público internacional, ya sea en relación con (¡una vez más!) cuestiones de corrupción o con las complejas cuestiones relativas a la conciliabilidad de los laudos arbitrales con sentencias dictadas en paralelo.

- Édynson Alarcón, La indefensión como factor de anulación de los laudos según el Tribunal Constitucional dominicano: tendencias preocupantes.

El trabajo examina críticamente la Sentencia TC/1175/24, de 30 de diciembre de 2024, del Tribunal Constitucional, en la que se admite la anulación indirecta de un laudo arbitral a partir de un supuesto error de cálculo, reconducido a una vulneración del derecho de defensa. El análisis pone de relieve la ampliación del concepto de indefensión y su proyección sobre el control judicial del laudo, así como el recurso a referentes comparados ajenos al modelo dominicano. Se advierte, en consecuencia, un riesgo de intensificación del control judicial incompatible con los estándares del arbitraje moderno.

- Unai Belintxon Martin, La didáctica y rigurosa aplicación del Convenio de Nueva York de 1958 por el TSJ de Navarra: Execuátur en España de un laudo dictado en el extranjero. Guiños a la especialización arbitral.

La contribución analiza el Auto del TSJ de Navarra de 17 de septiembre de 2025 sobre el reconocimiento de un laudo arbitral extranjero. Las partes enfrentadas son Swisslog Logistics INC y AR Racking SAU. AR Racking SAU se opuso a la solicitud de reconocimiento de laudo arbitral planteándose distintos motivos. El primero de los motivos esgrimidos que se examinan es que la constitución del tribunal arbitral y el procedimiento no se han ajustado al acuerdo celebrado por las partes (art. V.1.d del CNY) al haberse admitido la inclusión de pruebas documentales en un estadio tardío del procedimiento con manifiesta vulneración de las reglas procedimentales. El segundo de los motivos analizados radica en que el reconocimiento y ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público en España (art. V.2.b del CNY) privado el turno de réplica para cuestionar la solicitud de prueba aportada de contrario en una fase tardía del procedimiento arbitral. Asimismo, debe valorarse el respeto y la garantía del axioma que representa la autonomía de la voluntad de las partes contractuales en este importante ámbito del sector arbitral.

- Rafael Hinojosa Segovia, Los medios adecuados de solución de controversias como requisito de procedibilidad en el orden jurisdiccional civil. estimación del recurso de apelación contra el auto de inadmisión de la demanda en autos de guarda, custodia y alimentos de hijos menores no matrimoniales por sustentarse en un criterio excesivamente rigorista y formalista y, por tanto, contrario al derecho a la tutela judicial efectiva. (AAP Navarra 24 septiembre 2025)

Cronología de decisiones:
- Selección de decisiones de Tribunales internacionales
- Selección de decisiones de Tribunales españoles
- Selección de decisiones de Tribunales extranjeros

Actualidad institucional

Noticias:
- Informaciones
- Actualidad
- Cursos, Congresos, Seminarios y Jornadas
- Bibliografía

 

Bibliografía (Revista de revistas) - LA LEY Mediación y Arbitraje, núm. 24 (julio-septiembre 2025)

 Contenidos de LA LEY Mediación y Arbitraje, nº 24 (julio-septiembre 2025):

 

Opinión: El arbitraje deportivo y la Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de agosto de 2025
- Carlos Esplugues Mota, El arbitraje deportivo: De Lausana a Estrasburgo y Luxemburgo, 468 kilómetros, una única institución y varios discursos posibles.

El arbitraje deportivo constituye una realidad particular en cuanto a su naturaleza, objetivos y funcionamiento. Con una naturaleza forzosa en su origen, y claramente vinculado a la figura del TAD, el arbitraje deportivo aparece crecientemente sometido al escrutinio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, ahora, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

- Alfonso Carrillo Cano, Andrés Borja Alcaraz Riaño, Arbitraje deportivo y control jurisdiccional en la UE: el caso RFC Seraing.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 1 de agosto de 2025 (asunto C-600/23), ha afirmado el derecho de los clubes y jugadores a un control jurisdiccional efectivo de los laudos arbitrales dictados por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS/CAS). Esta sentencia, que responde a una cuestión prejudicial planteada por la Cour de Cassation belga en relación con un conflicto entre el RFC Seraing y la FIFA, redefine los límites de la cosa juzgada en el arbitraje deportivo y refuerza la primacía del Derecho de la Unión Europea. Además, cuestiona el carácter cerrado y obligatorio del arbitraje deportivo de base federativa, sentando un precedente que podría desencadenar una reforma estructural del sistema arbitral deportivo internacional.

- Roger Canals Vaquer, Hacia la reconfiguración del arbitraje deportivo en la Unión Europea.

La sentencia del TJUE en C-600/23 (RFC Seraing v. FIFA, UEFA y URBSFA) reabre el debate sobre la arquitectura del arbitraje en la Unión Europea. El fallo exige un «control jurisdiccional efectivo» de los laudos cuando se interpretan o aplican principios o disposiciones integrantes del orden público de la UE, con una formulación que sugiere alcance potencial más allá del arbitraje deportivo forzoso y que podría irradiar hacia el arbitraje voluntario de base contractual.

- Alex García Caballero, Ixusko Ordeñana Gezuraga, El Tribunal de Justicia saca tarjeta amarilla al TAS ¿limitando el arbitraje deportivo? Los órganos jurisdiccionales de los Estados Miembros de la Unión Europea podrán revisar la conformidad de los laudos del TAS con el orden público de la Unión.

El trabajo analiza la Sentencia de Gran Sala del TJUE de 1 de agosto de 2025 (C-600/23, RFC Seraing) sobre el control judicial de los laudos del TAS. El Tribunal afirma que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben poder verificar la compatibilidad de tales laudos con el orden público de la Unión. Se parte de la distinción entre arbitraje voluntario y arbitraje impuesto en el ámbito deportivo, se admite la utilidad del TAS para garantizar uniformidad, y se subraya que esa autonomía no puede cercenar derechos de la Carta.

- Xabier Orbegozo Miguel, Cláusulas arbitrales en el deporte y orden público europeo.

El presente trabajo analiza las fricciones entre la autonomía regulatoria del deporte y la primacía del Derecho de la Unión Europea a partir de la sentencia del TJUE en el caso RFC Seraing v. FIFA. Así, aunque la situación del arbitraje —validez de las cláusulas y, especialmente, control jurisdiccional— ejerza de hilo conductor, se estudiarán de manera transversal diferentes aspectos que se derivan de este caso.

Tribunas y Estudios:
- Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, Fernando Cabello de los Cobos Fernández de Solís, La mediación empresarial: una propuesta de valor desde las cámaras de comercio.

El trabajo defiende la mediación empresarial como palanca de competitividad y servicio público, alineada con la LO 1/2025 que impulsa los MASC mediante un modelo de obligatoriedad mitigada y ajustes en costas. Se describen las ventajas de la mediación —celeridad, confidencialidad, ahorro y preservación de relaciones— y sus rasgos operativos: voluntariedad informada, flexibilidad procedimental, neutralidad del tercero y eficacia ejecutiva del acuerdo elevado a escritura pública. Las cámaras de comercio aparecen como vector idóneo para su despliegue por capilaridad territorial, neutralidad institucional e infraestructura consolidada: red cameral, oficinas Acelera Pyme, viveros, incubadoras y programas formativos.

- Ana Palomeque Rivas, Entre la espada y la palabra: los MASC, la revolución silenciosa de la Justicia.

La LO 1/2025 eleva los MASC de opción a requisito previo en múltiples materias civiles y mercantiles e impulsa una justicia orientada al acuerdo. La abogacía asume un papel estratégico: asesorar con lealtad, disuadir pleitos infundados, diseñar estrategias extrajudiciales y conducir mediaciones o Derecho colaborativo conforme al Estatuto, al Código Deontológico y a la LO 5/2024. Vía judicial y MASC se articulan de manera secuencial y complementaria: intento negociador primero; decisión jurisdiccional como garantía última. El artículo perfila a media-ICAM como institución pionera en administración de procedimientos con terceros neutrales. Objetivo: resolución eficaz, preservación de relaciones y fortalecimiento de la confianza ciudadana.

- José Carlos Fernández Rozas, Del conflicto a la razón: el arbitraje y la argumentación jurídica.

El estudio sostiene que el arbitraje debe entenderse como un espacio de construcción jurídica en el que la razón práctica orienta la decisión y en el que la calidad del discurso justificativo constituye la medida de su legitimidad. Con este punto de partida, la exposición se organiza en distintos ejes temáticos que permiten reconstruir la función del laudo arbitral como pieza argumentativa.

- Édynson Alarcón, Los árbitros y el control difuso de la constitucionalidad en el sistema jurídico dominicano.

Se explora, desde una perspectiva centrada en el derecho dominicano y su sistema de control difuso de la constitucionalidad, la posibilidad de que los operadores de justicia privada ejerzan dicho control, no obstante, las disposiciones vigentes en el país que parecen reservar esta facultad únicamente a los jueces del Poder Judicial.

Regulación y Práctica en mediación y arbitraje:
- Fernando Esteban de la Rosa, Principales innovaciones de la reforma de la Directiva de resolución alternativa de litigios de consumo.

Simplificación de obligaciones, ampliación del ámbito de aplicación y vuelta a un tratamiento más especializado de las reclamaciones transfronterizas son los titulares con los que se puede describir la reforma de la Directiva RAL que con toda probabilidad será adoptada durante el próximo diciembre. Frente a la posición mantenida por Comisión y Parlamento Europeo, la versión acordada por Consejo Europeo y Parlamento lima algunas de las líneas de avance más controvertidas del texto aprobado por el Parlamento Europeo, rebaja el compromiso exigido a los Estados miembros, perfila bajo criterio técnico la regulación propuesta respecto de la digitalización de las entidades RAL, incorpora las líneas sobre las que se podría extender la regulación de los Estados miembros para completar la regulación de mínimos establecida por la Directiva y retoma la consideración de la especialidad de las reclamaciones procedentes de entornos transfronterizos para proporcionarles un tratamiento más adecuado. Este trabajo tiene por finalidad exponer las innovaciones principales del marco europeo de resolución alternativa de litigios de consumo.

- Ana Fernández Pérez, El arbitraje masivo como justicia colectiva: reconfiguración procedimental, tensiones normativas y proyecciones transnacionales.

El estudio examina el arbitraje masivo como una forma emergente de presión en la justicia colectiva, que altera los parámetros tradicionales del arbitraje bilateral. A partir de la creciente masificación de disputas estructuralmente homogéneas, en especial en materia de consumo, trabajo e inversiones, se analiza cómo el arbitraje ha sido instrumentalizado por actores organizados para canalizar miles de reclamaciones individuales bajo una lógica de presión agregada. La investigación aborda los desafíos que plantea esta modalidad al consentimiento, la representación adecuada, la composición del tribunal y los efectos del laudo.

- Urquiola de Palacio, Arbitraje, confidencialidad y protección de datos.

El trabajo examina la intersección entre arbitraje, confidencialidad y protección de datos bajo el RGPD. Explica la tensión entre reserva procesal, secreto profesional y derechos ARCO, y detalla el alcance extraterritorial del Reglamento, las transferencias internacionales y su consideración como orden público europeo con potencial impacto en la validez/ejecución del laudo. Perfila roles y obligaciones (árbitros, instituciones, abogados, peritos, testigos) y propone buenas prácticas: cláusulas específicas, minimización, DPIA, medidas técnicas y políticas de conservación para preservar confianza y ejecutabilidad.

- Leandro J. Caputo, Reflexiones sobre el derecho aplicable a la cláusula arbitral.

La cláusula arbitral es un contrato en sí mismo, autónomo, y por lo tanto puede estar gobernada por un derecho distinto del que rige al contrato vinculado. En el derecho comparado hay distintos métodos para elegir cuál es el derecho aplicable a la cláusula arbitral: (a) una solución de tipo materialista o sustancial, que reconoce la validez de la cláusula arbitral como producto de la autonomía de la voluntad y la considera independiente de toda ley nacional; (b) otra solución, que se apoya en el método indirecto. Si bien se trata de la misma primordialmente utilizada (a excepción de Francia), ha habido discrepancias a la hora de elegir el punto de conexión, y (c) una tercera posición, de tipo netamente finalista, el principio de validación, que determina el derecho aplicable en función de su mayor favorabilidad a la validez de la cláusula arbitral. Otros elementos también influyen en el derecho aplicable a la cláusula arbitral, como la capacidad, el consentimiento y la arbitrabilidad.

Jurisprudencia:
- Eduardo Escandón Valvidares, La suspensión de los efectos del pacto de sumisión al arbitraje en el concurso de acreedores.

La sentencia objeto de este comentario considera que la suspensión del convenio arbitral no puede venir justificada, por sí sola, por un menor coste de la vía judicial frente a la arbitral, sino que tendría que tratarse de unos costes que fueran inasumibles para un concursado sin tesorería o sin apenas masa activa o que concurrieran otros elementos como una dilación temporal por el mero inicio del arbitraje, como por ejemplo que se tratara de un arbitraje internacional a celebrar fuera del España.

- Luis Felipe Castresana, El arbitraje de emergencia ¿Una pieza (más) inútil del universo arbitral?

El trabajo analiza la STSJ de Baleares de 28 de abril de 2025, que conoce de una acción de nulidad ex art. 41.2º LA contra una orden procesal dictada en un arbitraje de emergencia CAM. La resolución mantiene la medida cautelar, acepta la vía del art. 727.10 LEC y, al mismo tiempo, sugiere que el art. 23 LA no rige para el árbitro de emergencia. Se derivan efectos prácticos de alcance: posible parálisis del arbitraje principal durante meses, desajuste entre la naturaleza provisoria de las medidas y el control anulatorio propio de laudos finales, y dudas sobre quién debe revisar, modificar o alzar lo ordenado cuando se constituya el tribunal principal. Se subraya la tensión entre el diseño institucional del arbitraje de emergencia y la arquitectura de la LA, así como la conveniencia de reformas reglamentarias y, en su caso, legales que delimiten objeto, duración y régimen impugnatorio de estas medidas, privilegiando la revisión ante el tribunal principal y una coordinación precisa con la jurisdicción cautelar.

- Rafael Hinojosa Segovia, Los MASC como requisito de procedibilidad en el orden jurisdiccional civil. Entrada en vigor de la LO 1/2025. Estimación del recurso de apelación contra el auto de inadmisión de la demanda por cumplir ésta los requisitos procesales exigibles en el momento de su presentación.

El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 10ª), núm. 299/25, de 28 de mayo, (Ponente: Ilma. Sra. Dª. Patricia Montagud Alario), estima el recurso de apelación interpuesto contra el auto de inadmisión de la demanda planteada ante el Juzgado de Primera Instancia al cumplir los requisitos procesales exigibles en el momento de su presentación.

- Joaquín Vallebella, Iura Novit Curia y la anulación del laudo: a propósito de un fallo argentino reciente.

En este trabajo, el autor analiza una reciente sentencia de los tribunales argentinos en el cual se refirieron a la aplicación del principio iura novit curia por los árbitros en el marco de un recurso de anulación contra el laudo. El autor aprovecha el caso para explorar las dificultades que plantea la aplicación de este principio en el ámbito del arbitraje internacional y cuáles serían los supuestos legales en los cuales se podría fundar la nulidad del laudo en aplicación de las causales de nulidad previstas en la legislación procesal argentina.

- Gorka Goenechea Permisán, Laura Álvarez Mera, Tácticas de guerrilla ante la notificación de actuaciones arbitrales.

El artículo analiza la sentencia del TSJ de Cataluña del 7 de enero de 2025, que desestima la nulidad de un laudo al comprobar que las notificaciones fueron válidas y que la indefensión alegada fue consecuencia de la conducta de la propia parte. En él se destaca la exigencia de buena fe y diligencia en las comunicaciones arbitrales y se compara con jurisprudencia que confirma que no pueden admitirse «tácticas de guerrilla» bajo pretexto de indefensión.

- Roger Canals Vaquer, Prejudicialidad y litispendencia entre arbitraje TAS y jurisdicción.

La reseña examina el Auto de la AP de Barcelona que revoca la suspensión acordada por un juzgado al apreciar prejudicialidad respecto de un arbitraje ante el TAS entre Kosmos e ITF. La Audiencia niega el efecto prejudicial: el arbitraje trata del incumplimiento contractual, mientras que el pleito analiza la ejecución de avales. Se abordan las fricciones entre jurisdicción y arbitraje, la aplicación de la LEC y la conveniencia de una regulación para evitar inseguridad.

- Javier J. Izquierdo, Marta Robles, Anulación arbitral y mero desacuerdo: la frontera entre control judicial y disconformidad de parte.

La Sentencia del TSJ de Madrid de 4 de marzo de 2025 desestima la acción de anulación contra un laudo dictado en arbitraje de equidad. El impugnante invocó (art. 41 LA, letras b) y f)) falta de legitimación ad causam de la Junta de Gobierno, litisconsorcio pasivo necesario e indefensión por supuesta deslealtad de su letrado. La Sala confirma que la Junta representaba a la comunidad y podía ser parte; que las pretensiones, ligadas a la separación de un comunero, no exigían llamar a terceros; y que no hubo indefensión atribuible al árbitro. El fallo traza la frontera entre control judicial y mera disconformidad, reafirmando un control externo y limitado.

Cronología de decisiones:
- Selección de decisiones de Tribunales internacionales
- Selección de decisiones de Tribunales españoles
- Selección de decisiones de Tribunales extranjeros

Actualidad institucional.

Noticias:
- Informaciones.
- Actualidad.
- Cursos, congresos, seminarios y jornadas.
- Bibliografía.