miércoles, 5 de octubre de 2022

BOE de 5.10.2022


- Corrección de errores de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Nota: Véase la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, así como la entrada de este blog del día 7.9.2022.

[BOE n. 239, de 5.10.2022]


martes, 4 de octubre de 2022

Jurisprudencia - EL TSJ Cataluña plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con el uso de las lenguas en la enseñanza no universitaria

 

- Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Auto de 28 Jul. 2022, Rec. 168/2015: Cataluña. Educación. Lenguas oficiales. Cuestión de inconstitucionalidad. Se plantea ante el TC en relación con el Decreto Ley 6/22 y con la Ley 8/22. El modelo que definen ambas normas caracteriza el catalán como única lengua de uso vehicular normal, mientras que el castellano queda ceñido a la enseñanza de la propia lengua y literatura, y a un uso vehicular instrumental no garantizado. Desaparece la referencia legal a la necesidad de una proporción razonable en el uso vehicular de las lenguas oficiales que anteriormente incluía la LO 2/06. Ambas leyes bloquean además la ejecución de la sentencia TSJ Cataluña 5201/2020, de 16 Dic., que obliga a impartir un mínimo del 25% de la enseñanza en Cataluña en español, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. No se identifica una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifique la promulgación de un Decreto Ley.

Nº de Recurso: 168/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 10143, Sección Jurisprudencia, 4 de Octubre de 2022
ECLI: ES:TSJCAT:2022:421A

DOUE de 4.10.2022


- Comunicación de la Comisión — Retirada del Marco temporal para evaluar cuestiones de defensa de la competencia relacionadas con la cooperación empresarial en respuesta a las situaciones de urgencia ocasionadas por el actual brote de COVID-19.

Nota: El 8 de abril de 2020, la Comisión Europea adoptó una Comunicación sobre el Marco Temporal (véase la entrada de este blog del día 8.4.2020), en la que establecía los principales criterios que iba a aplicar la Comisión a la hora de evaluar los proyectos de cooperación destinados a hacer frente a la escasez del suministro de productos o servicios esenciales durante el brote de COVID-19. Esto abarcaba posibles formas de cooperación entre empresas para garantizar el suministro y la distribución adecuada de productos y servicios esenciales escasos. El Marco Temporal también introdujo la posibilidad de que la Comisión proporcionara a las empresas seguridad por escrito (mediante cartas de compatibilidad ad hoc) sobre proyectos de cooperación específicos y bien definidos que entren en el ámbito de aplicación del Marco Temporal, con el fin de facilitar iniciativas que debían aplicarse rápidamente para hacer frente eficazmente al brote de COVID-19.
El Marco Temporal no fijaba una fecha límite específica para su aplicación, pero afirmaba que seguiría siendo aplicable hasta que la Comisión lo retirase, una vez que considerase que ya no se daban las circunstancias excepcionales subyacentes. A la vista de las condiciones actuales, la Comisión considera apropiado retirar el Marco Temporal, puesto que ya no concurren las circunstancias excepcionales relacionadas con su adopción. Por lo que se refiere a las cartas de compatibilidad individuales emitidas en virtud del Marco Temporal, su validez se rige por las condiciones y la duración específicas establecidas en cada una de ellas.

- Comunicación de la Comisión sobre orientaciones informales relativas a cuestiones nuevas o no resueltas concernientes a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que surjan en casos individuales (cartas de orientación).

Nota: Las empresas están en condiciones de evaluar la legalidad de sus actuaciones en materia de competencia, de modo que pueden decidir con conocimiento de causa si siguen adelante con un acuerdo o un comportamiento determinado, y en qué condiciones. Conocen los hechos de primera mano y tienen a su disposición el marco de los reglamentos de exención por categorías, la jurisprudencia y práctica decisoria de la Comisión, así como amplias orientaciones a través de directrices y comunicaciones de la Comisión, que se han elaborado para que las empresas puedan realizar su autoevaluación. La Comisión ha elaborado, asimismo, unas Directrices sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 101. En la gran mayoría de los casos, estos instrumentos permiten a las empresas evaluar de manera fiable sus acuerdos a efectos del artículo 101 del TFUE.
Cuando, a pesar de ello, los casos concretos den lugar a una verdadera incertidumbre al plantear cuestiones nuevas o no resueltas sobre la aplicación de los artículos 101 o 102 del TFUE, es posible que determinadas empresas individuales deseen solicitar informalmente orientaciones a la Comisión. En consonancia con los principios establecidos en la sección II de la presente Comunicación, una solicitud de orientaciones no dará derecho a un solicitante a recibirlas, ya que la presente Comunicación no puede reintroducir un sistema que sea incompatible con el marco de autoevaluación del Reglamento 1/2003. No obstante, cuando lo considere oportuno y siempre que lo permitan sus prioridades en materia de aplicación, la Comisión podrá ofrecer orientaciones informales por escrito sobre la interpretación de los artículos 101 o 102 (carta de orientación). En la presente Comunicación se exponen los pormenores de este instrumento.

[DOUE C381, de 4.10.2022]


BOE de 4.10.2022


- Ley 11/2022 de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja.

Nota: En relación con su ámbito personal de aplicación, esta ley se aplica "a las mujeres migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, o que se encuentren en situación administrativa irregular, de acuerdo con la legislación de extranjería, y que gozarán de los derechos reconocidos en esta ley en igualdad de condiciones con el resto de las víctimas" (art. 3.1.d).
Por otro lado, se reconoce a las mujeres extranjeras el derecho a la asistencia de intérprete (art. 37.1.a y 62).

[BOE n. 238, de 4.10.2022]


lunes, 3 de octubre de 2022

Bibliografía - Novedades en cooperación judicial y Derecho de familia

 

- Novedades en cooperación judicial y Derecho de familia
José Ramón de Blas Javaloyas, Juzgado de primera instancia nº 1 de Elche, Sección Territorial Comunidad Valenciana
Diario La Ley, Nº 10142, Sección Tribuna, 3 de Octubre de 2022
[Texto del trabajo]

Análisis de las novedades del Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores, aplicable de manera obligatoria y directa desde 1 de agosto de 2022.

Consulta Vinculante - Fiscalidad de las recompensas obtenidas en criptoactivos a través de la actividad del denominado "staking"

 

- Consulta Vinculante V1766-22, de 26 de julio de 2022 de la Subdirección General de Operaciones Financieras: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del capital mobiliario. Pago en criptomonedas, derivados de la validación de operaciones en redes de cadenas de bloques de criptoactivos, mediante el proceso conocido como "staking". Descartada la consideración del “staking” como actividad económica, y no constituyendo tampoco un trabajo que derive de una relación laboral o estatutaria, los rendimientos que se se deben calificar como rendimientos íntegros del capital mobiliario obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios satisfechos en especie, y como tales, y dado que los criptoactivos no tienen la consideración de valores negociables, no serán deducibles los gastos previstos en la letra a) del artículo 26.1 de la LIRPF.

Diario La Ley, Nº 10142, Sección Doctrina administrativa, 3 de Octubre de 2022
[Texto de la Consulta]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-484/22: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 20 de julio de 2022 — Bundesrepublik Deutschland / GS, representado por los padres

Cuestión prejudicial: "¿Debe interpretarse el artículo 5, párrafo primero, letras a) y b), de la Directiva 2008/115/CE en el sentido de que excluye en todo caso la licitud de una decisión de retorno adoptada respecto a un nacional de un tercer país menor de edad, junto con la denegación de la protección internacional, imponiendo a dicho menor un plazo de 30 días desde la fecha en que sea definitiva la decisión para que abandone el país, cuando por motivos jurídicos no existe la posibilidad, durante un tiempo indefinido, de que alguno de sus progenitores retorne a uno de los países mencionados en el artículo 3, punto 3, de la Directiva 2008/115, de modo que, en aras de la protección de la vida familiar (artículos 7 y 24, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales), no se puede obligar al menor a abandonar el Estado miembro, o basta con que, una vez adoptada la decisión de retorno, se tengan en cuenta, mediante la suspensión de la expulsión, el interés superior del niño y la vida familiar, en el sentido del artículo 5, párrafo primero, letras a) y b), de la Directiva 2008/115, con arreglo a una legislación nacional?"

[DOUE C380, de 3.10.2022]


BOE de 3.10.2022


- Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero.

Nota: El número primero del artículo único modifica el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General. Esta reforma trata de responder a las demandas de la colectividad española en el exterior y suprimir el requisito de que los españoles residentes en el extranjero tengan que solicitar o rogar el voto, lo que permitirá que todos reciban la documentación de oficio en su domicilio. Asimismo, el uso opcional de una papeleta que podrá descargarse telemáticamente permitirá adelantar los plazos de envío de la documentación electoral. Todo ello facilitará que los electores reciban la documentación en plazo, a diferencia de lo que ha venido sucediendo hasta ahora en muchos casos, al ser posible el envío de la documentación antes de la proclamación de las candidaturas y la resolución de las impugnaciones.
La reforma se completa con una ampliación de tres a siete días de los plazos para el depósito del voto en urna y mantiene la posibilidad de enviar el voto por correo postal a la Oficina Consular correspondiente en caso de que el elector no pueda acudir a votar en la dependencia habilitada al efecto. Además, se amplía el plazo para la apertura de los votos emitidos desde el extranjero de tres a cinco días, retrasando en el mismo intervalo el plazo del escrutinio general. El plazo actual de tres días desde la fecha de la votación hasta la de apertura de los votos remitidos desde el extranjero se ha demostrado insuficiente para garantizar la recepción de esos votos.
Por último, se refuerza como medida de garantía el sistema de identificación de los votantes en caso de voto por correo, y continuará siendo obligatorio incluir en el sobre dirigido a la Junta Electoral correspondiente, junto al sobre de votación, una fotocopia del pasaporte o del Documento Nacional de Identidad expedidos por las autoridades españolas o, en su defecto, certificación de inscripción en el Registro de Matrícula Consular expedida por la Oficina Consular de Carrera o la Sección Consular de la Misión Diplomática de España en el país de residencia, como en su día propuso la Junta Electoral Central.

[BOE n. 237, de 3.10.2022]


domingo, 2 de octubre de 2022

VI Seminario AEPDIRI de DIPr.: “De los retos a las oportunidades en el Derecho de familia y sucesiones internacional” (Sevilla, 16 diciembre 2022)

 

VI Seminario AEPDIRI sobre temas de actualidad de Derecho Internacional Privado
“De los retos a las oportunidades en el Derecho de familia y sucesiones internacional”
Facultad de Derecho - Universidad de Sevilla
Viernes 16 de diciembre de 2022

 

LLAMADA A LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

La Asociación Española de Profesores Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) organiza el VI Seminario AEPDIRI sobre temas de actualidad de Derecho Internacional Privado, el día 16 de diciembre de 2022, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.
El objetivo del Seminario es abordar los retos que plantea el convulso panorama jurídico del Derecho de familia y sucesiones internacional. Retos que pueden convertirse en oportunidades de mejora e inspiración de soluciones que aborden los problemas que la práctica plantea y que, en ocasiones, no han sido tenidos en cuenta por el legislador.
La perspectiva de análisis es amplia y acoge tanto al Derecho Internacional Privado de la Unión Europea como al Derecho Internacional Privado español y a los tres sectores clásicos de la disciplina. Se ofrecen unos ejes temáticos a titulo orientativo, y no excluyente de otras propuestas temáticas, que resulten sugerentes a los objetivos del Seminario.
El formato de Seminario elegido se espera que sirva como crisol de las perspectivas teóricas y prácticas, al objeto de abrir un debate científico enriquecedor, que propicie el intercambio de conocimiento en un excelente ambiente académico.

Ejes temáticos de las distintas Sesiones:

A efectos orientativos, los contenidos, de las comunicaciones podrán versar sobre los siguientes ejes temáticos:

  • Crisis matrimoniales, responsabilidad parental y alimentos.
  • El principio de reconocimiento mutuo y el derecho de familia en la Unión Europea.
  • Régimen económico del matrimonio y de la pareja, sucesiones y organización del patrimonio familiar.
  • La UE y la Conferencia de La Haya: interacción de instrumentos en el ámbito del derecho de familia y sucesiones.
  • El estado civil y la normativa del Registro Civil: aspectos internacional privatistas.

Envío y aceptación de propuestas

Requisitos formales
Deberán remitirse, en formato Word, los documentos que se indican a continuación:
1. Documento conteniendo sólo los datos siguientes: título de la propuesta; nombre
completo del proponente; Universidad de procedencia; posición académica; referencia a si se tiene la condición de miembro actual de la AEPDIRI.
2. Documento con el resumen de la propuesta de comunicación (no deberá figurar el
nombre del proponente, sino solo el título de la propuesta, su contenido y 3-5 palabras clave), con una extensión entre 1000-1500 palabras.
3. CV abreviado del proponente (máx. 2 págs.).

Contenido material y evaluación
Para seleccionar las comunicaciones, que podrán ser defendidas en el Seminario del 16 de diciembre, el Comité Científico basará su valoración en los criterios siguientes:
1. Pertinencia del tema elegido.
2. Calidad del planteamiento desarrollado en la propuesta
3. Originalidad de la propuesta

Plazo, Dirección para el envío y confirmación de aceptación
Las propuestas podrán remitirse hasta el lunes 17 de octubre, a la siguiente dirección de correo electrónico: 'seminarioactualidad.dipr2022 (at) aepdiri.org'
Inicialmente se dará confirmación formal de su recepción. Con posterioridad, antes del 5 de noviembre, cada uno de los proponentes recibirá un correo electrónico (1) para comunicar su selección para su defensa en el Seminario y posterior publicación en el libro que recogerá las contribuciones presentadas en el marco de éste (2) para informar sobre su eventual publicación, sin defensa en el Seminario (3) para comunicar que no ha sido aceptada.

Ayudas AEPDIRI
La Organización no se hace cargo de los traslados ni del hospedaje de los participantes. No obstante, la AEPDIRI proporcionará una ayuda económica de hasta 150 euros a aquellos miembros de la AEPDIRI procedentes de Universidades de fuera de la ciudad de Sevilla, que se encuentren al corriente del pago de sus cuotas, y cuyas comunicaciones hayan sido seleccionadas por el Comité Científico para su defensa en el Seminario (el abono se hará efectivo en los días posteriores a su celebración).

Publicación
Se prevé publicar un libro, en la editorial Tirant lo Blanch, que recoja las ponencias y comunicaciones presentadas -o aceptadas sin presentación oral- en el marco del presente seminario.
La publicación contará con los controles de calidad que exige la CNEAI para Derecho.

Comité Científico
El Comité Científico, que realizará el proceso de selección de propuestas y la posterior valoración de la calidad de los estudios que se publicarán, está integrado por los siguientes Doctores:

  • Dra. Dña. Antonia Durán Ayago (Profesora Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de Salamanca)
  • Dr. D. Ángel Espiniella Menéndez (Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universidad de Oviedo)
  • Dr. D. Carlos Esplugues Mota (Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universitat de València)
  • Dra. Dña. Mónica Herranz Ballesteros (Profesora Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad Nacional de Educación a Distancia)
  • Dra. Dña. Ángeles Lara Aguado (Profesora Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de Granada)
  • Dr. D. Andrés Rodríguez Benot (Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universidad Pablo de Olavide) 

Más información [aquí]


Revista de revistas (25 septiembre a 2 octubre)

 

- Actualidad Civil: 2022, núm. 6; 2022, núm. 7.
- Anuario de Derecho Concursal: núm. 57 (2022).
- Cuadernos Europeos de Deusto: núm. 67 (2022).
- LA LEY Privacidad: num. 13 (2022).
- Revista Española de Derecho del Trabajo: núm. 255 (2022).


sábado, 1 de octubre de 2022

Congreso internacional sobre los impactos de la guerra de Ucrania (Universidad de Barcelona, 24-27 de octubre de 2022)

 

Congreso internacional sobre los impactos de la guerra de Ucrania
Universidad de Barcelona 24-27 de octubre de 2022
Facultad de Derecho

 

Organiza:
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN TRANSJUS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA - TRANSJUS
REVIEW OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN ECONOMIC LAW (www.rieel.com / en colaboración)

Comité científico:
Cristina González Beilfuss. Catedrática de Derecho Internacional Privado. Universidad de Barcelona
Mónica Navarro-Michel. Profesora Agregada de Derecho Civil. Universidad de Barcelona
Xavier Fernández Pons. Profesor Titular de Derecho Internacional Público. Universidad de Barcelona
Rafa Martínez. Catedrático de Ciencias Políticas. Universidad de Barcelona
Eva Andrés Aucejo. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Barcelona

PROGRAMA

Lunes 24 de octubre de 2022

12.00-13.00 INAUGURACIÓN

Cristina GONZÁLEZ BEILFUSS, Directora del Instituto de Recerca TransJus y catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Barcelona
Xavier PONS I RÀFOLS, Decano de la Facultad de Derecho y Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona
Joan GUÀRDIA OLMOS, Excelentísimo Rector y Catedrático de Psicología de la Universidad de Barcelona

DIÁLOGO A DOS BANDAS: UCRANIA LO CAMBIA TODO

Josep PIQUÉ, Ex ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. Presidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz
Narcís SERRA, Exvicepresidente y ex ministro de Defensa del Gobierno de España. Presidente del Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales
Modera: Rafa MARTÍNEZ, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración, miembro del Instituto TransJus, Universidad de Barcelona

13.00-14.00 MESA REDONDA

Aitor DÍAZ, Profesor lector de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Barcelona: La justificación de les guerras: argumentos teóricos para debate
Pere VILANOVA, Catedrático emérito de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Barcelona: La crisis entre Rusia y Ucrania: la geopolítica del desconcierto global
Josep BAQUÉS, Profesor agregado de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Barcelona: De las guerras híbridas a la zona gris
Elisenda CALVET, Profesora Lectora de Derecho Internacional público de la Universidad de Barcelona: El conflicto de Ucrania y la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de la ONU

Martes 25 de octubre de 2022

12.00-13.00 LA GUERRA DE UCRANIA: EPÍTOME DEL DESORDEN INTERNACIONAL

Antonio REMIRO BROTONS, Catedrático emérito de Derecho internacional público de la
Universidad Autónoma de Madrid, Miembro del Instituto de Droit International

13.00-14.00 MESA REDONDA

Xavier PONS I RÀFOLS, Catedrático de Derecho Internacional Público. Universidad de Barcelona: La guerra de Ucrania: Naciones Unidas y el Derecho internacional
Anna BADIA MARTÍ, Catedrática de Derecho Internacional Público, miembro del Instituto TransJus, Universidad de Barcelona: El principio de acuerdo pacífico de las controversias
Xavier FERNÁNDEZ PONS, Profesor Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona, miembro del Instituto TransJus: La Corte Penal internacional

Miércoles 26 de octubre de 2022

12.00-13.00 LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS

Violeta MORENO-LAX, Investigadora Senior, Ramón y Cajal, Universidad de Barcelona y Catedrática de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea (en excedencia), Queen Mary, Universidad de Londres

13.00-14.00 MESA REDONDA

Núria PUMAR, Profesora Titular de Derecho laboral, miembro del Instituto TransJus, Universidad de Barcelona: Ocupación e integración laboral de las personas refugiadas de Ucrania
Mirentxu CORCOY, Catedrática emérita de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona: Tráfico laboral: diferencias entre los delitos contra los Derechos de los trabajadores y la esclavitud
Mónica NAVARRO-MICHEL, Profesora agregada de Derecho Civil, miembro del Instituto TransJus de la Universidad de Barcelona: Protección de menores
Natalia CAICEDO, Profesora agregada de Derecho Constitucional, Universidad de Barcelona: La protección de los Derechos sociales de las persones refugiadas

Jueves 27 de octubre de 2022

12.00-13.00 MEDIDAS ECONÓMICAS Y FISCALES

Luis HINOJOSA MARTÍNEZ, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada

13.00-14.00 MESA REDONDA

Miriam ANDERSON, Profesora Agregada de Derecho Civil, miembro del Instituto TransJus, Universidad de Barcelona: Efectos sobre el cumplimento de los contratos. En particular, la contratación inmobiliaria
Beatriz AÑOVEROS TERRADAS, Catedrática de Derecho internacional privado de la Universidad de Barcelona: Efectos sobre los contratos internacionales
Eva ANDRÉS AUCEJO, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario, miembro del Instituto TransJus, Universidad de Barcelona: Medidas económicas y fiscales para la reconstrucción de Ucrania
Olga TYLCHIK, Profesora visitante, Instituto TransJus, Universidad de Barcelona: Una visión desde Ucrania

14.00-14.30 CLAUSURA

Raúl RAMOS LOBO, Vicerrector de Política de Internacionalización y Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona

 

CALL FOR PAPERS:
En horario de tarde tendrá lugar la celebración de Workshops en los cuales se presentarán y se debatirán las comunicaciones y posters presentados y aceptados.
La propuesta de comunicación (abstract) habrá de enviarse en formato Word antes del 20 de septiembre de 2022 al instituto 'transjus (at) ub.edu', con una extensión máxima de 500 palabras.
El documento habría de incluir el nombre completo de su autor/autora, el título y 3-5 palabras clave.
Las propuestas serán valoradas por el Comité científico de este Congreso y, de ser aceptadas, debería de enviarse una primera versión de una extensión máxima de 5000 palabras del trabajo, antes del 20 de octubre de 2022.
La presentación de las comunicaciones y posters tendrá lugar en los Workshop, en horario de tarde.
Les comunicaciones se publicarán en el libro colectivo fruto del Congreso, habiéndose de enviar la versión definitiva el 15 de enero de 2023.

INSCRIPCIÓN:
Formato: presencial
La inscripción al congreso es gratuita y habrá de cursarse a través de 'institut.transjus (at) ub.edu'.
La inscripción en el Congreso dará Derecho a la asistencia a todas las sesiones y a la obtención de un certificado de asistencia.


Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones - European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin (30 septiembre 2022)


Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones / European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin, nº 442, de 30 de septiembre de 2022.

 

 "Older expats to receive support with new Apemex programme in Mijas", Euro Weekly News, 28 | 09 | 2022 - Noticia (Betty Henderson)
...an alliance of organisations in Mijas announced their new programme to help older expats, Apemex. ... will now provide assistance with ... daily difficulties. ... created by a collaboration between local groups including the British Legion, Age Care, the Red Cross, the British Benevolent Fund, La Cala Lions Group, Mijas’ Local Police with the local council and department for immigration and social services. ... local mayor ... said that the scheme “hoped to map older expats and to make their day-to-day life easier since many don’t have family or a support system nearby”.

"British veterans in Spain struggle to eat as falling pound wipes out savings", iNews, 28 | 09 | 2022 - Reportaje (Graham Keeley)
Armed forces veterans living in Spain are struggling to get by after the pound went into freefall against the euro, British Legion volunteers have told i. There are an estimated 30,000 veterans living in Spain, some of whom are pensioners while others are wounded former service people. Volunteers offering help to these veterans said there had been a 50 per cent rise in calls for help or advice since the British government’s mini-Budget last Friday which sent the financial markets into freefall.

"Another Brexit problem rears its head even for those who have lived in Spain for many years", Murcia Today, 26 | 09 | 2022 - Reportaje
The Spanish Local Municipal Elections take place on May 28, 2023 but many Brits living in Spain who previously enjoyed their right to vote will find it is now much harder. As a result of Brexit, British expats no longer enjoy the status of EU citizens, and so to be eligible to vote in local municipal elections, Brits now fall into the category of “Countries with reciprocal agreements”, which has different criteria for qualification than before.

"British expats in Spain forced to live with cesspits and no water or power in planning permission limbo", iNews, 24 | 09 | 2022 - Reportaje (Graham Keeley)
“You don’t expect this to happen,” said a 73-year-old British widow who does not hold the deed to her home despite a 20-year battle with authorities.

"Spain’s wealthiest British expats handed large tax cut, sparking political fury amid cost of living crisis", iNews, 24 | 09 | 2022 - Reportaje (Graham Keeley)
Well-off Britons have been given a tax windfall by Spain after the southern region of Andalusia abolished a “wealth tax” to attract investors in a controversial move... British expatriates who are residents in Spain or those with second homes along the costas whose worldwide assets are worth more than €700,000 (£612,104) will not have to pay the tax this year. The tax cut also applies to Britons who live in Spain for up to six months per year which can qualify them as tax residents. Andalusia’s conservative regional government hopes the measure will attract more British investors to become tax resident in one of the most popular areas with British property buyers in Spain.

"British residents now able to vote in Spanish local elections", Euro Weekly News, 22 | 09 | 2022 - Reportaje (Matthew Roscoe)
There will be various options for registering including online, but as of Thursday, September 22, “the Ministerial Order is amending the previous Order to include the United Kingdom in the list of countries with an Agreement signed with Spain. ... In order to vote, Brits must have been resident in Spain for 3 years or more and have to be registered on the Padron. Breakdown of the Electoral Census Office announcement. 

 

Nota: Este Boletín de Prensa realiza un seguimiento periodístico de los aspectos más destacados del fenómeno de la movilidad transfronteriza de personas mayores estudiado en el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Mi agradecimiento a la Coordinadora del observatorio, la Prof. Mayte Echezarreta Ferrer (Universidad de Málaga), así como a sus miembros, investigadores y colaboradores, por su labor y por permitir su difusión en Conflictus Legum.

 

BOE de 1.10.2022


- Orden EFP/935/2022, de 27 de septiembre, por la que se modifica la Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención.

Nota: Publicado el Real Decreto 243/2022, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, que desarrolla lo previsto en la Ley Orgánica 3/2020 por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación, es preciso modificar ahora lo establecido en la Orden EDU/2157/2010, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención (véase la entrada de este blog del día 7.8.2010), con el objeto de garantizar la adecuada correlación entre lo dispuesto en la normativa específica aplicable a los centros españoles que imparten el programa Bachibac con respecto a la ordenación curricular de las materias que integran el currículo mixto, y lo que determina el marco regulador del sistema educativo español en relación con las materias comunes en las que aquellas se integran.

[BOE n. 236, de 1.10.2022]


viernes, 30 de septiembre de 2022

Boletín de referencias de actualidad de Derecho Internacional y Derechos Humanos (28 septiembre 2022) - International Law and Human Rights Current References Digest (September 28, 2022)


Este Boletín (con 215 referencias) ha sido elaborado por el Prof. Francisco J. Zamora Cabot (Universidad Jaume I de Castellón) [email: zamora(at) uji.es], a quien agradezco la autorización para publicarlo en Conflictus Legum.

 

El Boletín puede consultarse en este enlace


Bibliografía (Revista de revistas) - Diario La Ley Unión Europea n. 106 (septiembre 2022)


Trabajos publicados en el Diario La Ley Unión Europea, núm.  106, de día 30 de septiembre de 2022:


EN PRIMERA PERSONA:
- José Carlos Fernández Rozas, Entrevista al Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Koen Lenaerts

El Director de la revista LA LEY Unión Europea, José Carlos Fernández Rozas, entrevistó en julio de 2022 al Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Koen Lenaerts.
TRIBUNA:
- Silvana Sciarra, Primera y última palabra: ¿Pueden los tribunales constitucionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pronunciar palabras comunes?
Pronunciar palabras comunes, construyendo un lenguaje jurídico compartido, contribuye a reforzar los valores europeos. Los tribunales constitucionales están en condiciones privilegiadas para fomentar la integración, buscando sinergias para garantizar los valores constitucionales nacionales al tiempo que aseguran la aplicación del derecho europeo. Tras recordar la jurisprudencia del TJUE sobre la independencia judicial y el estado de Derecho, este artículo se centra en el papel desempeñado por la Corte Constitucional italiana en la intersección del derecho europeo y las decisiones del TJUE, analizando sentencias recientes mediante las cuales esta Corte habla palabras comunes. Este es uno de los caminos a seguir en los escenarios para el futuro de Europa.
- María Fernández Pérez, La Unión Europea ante la crisis energética
La Unión Europea y los Estados miembros están haciendo frente a una crisis energética sin precedentes recientes que afecta no sólo a los niveles de precio, sino a la seguridad del suministro. La respuesta a esta crisis ha ido variando en el último año, aumentando de intensidad a medida que la tendencia alcista de los precios energéticos se iba propagando por los diferentes países europeos, después al resto de mercados y, ahora, amenaza el crecimiento de la economía europea. A la espera de más acciones y medidas, se abre un nuevo escenario en el que cabe esperar una mayor cooperación entre los socios de la Unión y una mayor reflexión sobre la importancia de mantener el equilibrio entre sostenibilidad, seguridad del suministro y competitividad.
ESTUDIOS:
- José María Porras Ramírez, La crisis de Ucrania, la aplicación de la Directiva de protección temporal de los desplazados, en casos de afluencia masiva, y el reconocimiento inmediato de derechos a los migrantes: ¿un progreso en la política migratoria común de la Unión Europea?
Debido a la actual crisis migratoria que sufre Europa, vinculada a la acogida de los desplazados por la guerra de Ucrania, hay que exigir que la admirable solidaridad de la que hace gala la Unión Europea se generalice a todos los colectivos de migrantes, para que no sea discriminatoria, beneficiando hoy sólo a aquellos que nos parecen afines, étnica y culturalmente, o que sean dignos de nuestra simpatía política. Además, es necesario insistir en la necesidad de proceder a la creación, vinculada al Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, de un mecanismo de distribución intra–europeo de desplazados y refugiados. Por ello, el mecanismo de protección temporal debe formar parte de cualquier política de protección internacional digna de ese nombre. En definitiva, es necesario construir una política migratoria común, integral, digna y universal que, a pesar de los indudables avances logrados en la Unión Europea, desgraciadamente todavía no existe plenamente en la actualidad en ningún lugar del mundo.
- José Luis Monereo Pérez, Belén del Mar López Insua, El concepto de “trabajador a tiempo determinado” en el marco comunitario: la figura del indefinido no fijo como “sanción” a la Administración Pública ante el abuso de la temporalidad
La contratación de personal laboral por parte de las Administraciones Públicas se ha convertido, con el paso del tiempo, en una práctica cada vez más frecuente y habitual en el sector público. La evolución del ámbito de las relaciones funcionariales ha motivado la búsqueda de fórmulas más flexibles y eficaces en la prestación de los servicios que desarrollan los entes administrativos.
Principalmente, esta problemática se ha visto agravada cuando de lo que se trata es de concretar el grado de sujeción que habrán de tener las Administraciones Públicas a la normativa social cuando se efectúen extinciones contractuales de trabajadores interinos e indefinidos no fijos. La falta de una específica regulación estatutaria no ha hecho más que agravar la problemática existente, debiéndose para ello recurrir a las distintas interpretaciones judiciales para solventar muchas de las cuestiones que se suscitan. Tras un intenso debate a nivel nacional, el ATJ 26 de abril de 2022 (asunto C-464/21) ha respondido a la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona aclarando así que cuando se produzca un fraude en la contratación temporal, a efectos de reducir la temporalidad (en el sentido que establece la Reforma Laboral de 2021), se entenderá que el contrato se convierte en «indefinido no fijo». Esta «sanción» en el abuso de temporalidad está comprendida en el Acuerdo Marco sobre el trabajo a duración determinada celebrada el 18 de marzo de 1999 y que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada.
REGULACION:
- Pedro Alberto de Miguel Asensio, Plataformas de intercambio de vídeos, influyentes y streamers en la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual
Entre las novedades más destacadas de la Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual se encuentra la incorporación al Derecho español de la regulación de la Directiva (UE) 2018/1808 respecto de los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma. Además, la Directiva es reflejo de la evolución del concepto de servicio de comunicación audiovisual para abarcar la difusión en determinadas circunstancias de videos a través de Internet, como puede ser el caso de determinados proveedores de contenidos, influyentes o streamers que operan a través de esas plataformas o por otras vías. Tras abordar el régimen de los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma en la nueva Ley, se analizan las implicaciones de la opción del legislador español por prever una categoría específica, la de los usuarios de especial relevancia que emplean tales servicios de intercambio, para regular la actividad de los proveedores de contenidos mencionados.
- Joana Abrisketa Uriarte, El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y el control previo a la entrada: ¿quid prodest?
El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y las propuestas legislativas contenidas en el mismo conforman un intento más en el proceso de armonización de los sistemas migratorio y de asilo de los Estados miembros de la UE. Aunque necesario, por lo que representa de toma de postura de la Comisión Europea ante el impasse de la propuesta de reforma presentada en 2016, algunos de los instrumentos que incorpora el Pacto contienen contradicciones desde el punto de vista de la compatibilidad entre el llamado «control previo a la entrada» y el principio de solidaridad del Derecho de la UE. En concreto, la propuesta de Reglamento de control de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores ((COM(2020) 612 final) obliga a los Estados de primera línea a convertirse de forma aún más señalada en «guardianes» de las fronteras del territorio de la Unión, esto es, en los principales «controladores» de la migración irregular. Este artículo defiende que el enfoque utilizado para gestionar la llegada de migrantes es excesivamente técnico y se aleja del reparto equitativo de la responsabilidad. Las medidas difícilmente compensan las circunstancias geográficas de los Estados que desde el Mediterráneo sirven de principales puntos de entrada al territorio de la UE.
- Patricia Tapia Ballesteros, La respuesta de la Unión Europea frente a los efectos de la pandemia de Covid–19 en el abuso sexual online a menores
El presente trabajo quiere poner de relieve la respuesta articulada por la Unión Europea frente al incremento de las prácticas relacionadas con el abuso sexual a menores online, vinculado a la excepcionalidad vivida durante las primeras semanas de la declaración de la pandemia de Covid-19. En este contexto, destaca la Estrategia para la lucha más eficaz contra el abuso sexual de menores, de 24 de junio de 2020.

DOUE de 30.9.2022


- Comunicación de la Comisión — Directrices sobre la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión a los convenios colectivos relativos a las condiciones laborales de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados.

Nota: Estas Directrices establecen los principios para evaluar, con arreglo al artículo 101 del TFUE, los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas celebrados como resultado de negociaciones colectivas entre personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados y una o varias empresas relativos a las condiciones laborales de personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados.
Las Directrices aclaran: a) que los convenios colectivos celebrados por personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados que se encuentran en una situación equiparable a la de quienes trabajan por cuenta ajena no entran en el ámbito de aplicación del artículo 101 del TFUE; y b) que la Comisión no intervendrá contra los convenios colectivos entre las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados y su(s) contraparte(s) en los casos en que exista un claro desequilibrio en el poder de negociación. Las presentes Directrices explican cómo aplicará la Comisión el Derecho de la competencia de la Unión, sin perjuicio de la aplicación de otras normas o principios del Derecho de la Unión.
Para evitar dudas, los convenios colectivos negociados y celebrados por trabajadores por cuenta propia que no entran en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices no infringen necesariamente el artículo 101 del TFUE, sino que requieren una evaluación caso por caso, al igual que cualquier otro tipo de acuerdo entre empresas.

[DOUE C374, de 30.9.2022]


jueves, 29 de septiembre de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (29.9.2022)


- CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT, presentadas el 29 de septiembre de 2022, en el asunto C‑78/21 (PrivatBank y otros): [Petición de decisión prejudicial planteada por la Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso‑Administrativo, Letonia)] Petición de decisión prejudicial — Artículos 56 TFUE y 63 TFUE — Libre prestación de servicios — Libre circulación de capitales y pagos — Servicios financieros — Restricciones — Prohibición a una entidad de crédito de establecer o mantener relaciones de negocios con personas sin vínculos con Letonia — Justificación — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo — Artículo 65 TFUE, apartado 1, letra b) — Directiva (UE) 2015/849 — Proporcionalidad.

Nota: La AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1. Los préstamos y créditos financieros, así como las operaciones en cuentas corrientes y de depósito en entidades financieras, como los bancos, deben considerarse “movimientos de capitales” en el sentido del artículo 63 TFUE, apartado 1.
2. Una medida por la que la autoridad competente de un Estado miembro impone a una determinada entidad de crédito la prohibición de establecer relaciones de negocios, y la obligación de poner fin a las relaciones de negocios establecidas con posterioridad a la disposición de dicha medida, con personas que no tienen ningún vínculo con ese Estado miembro restringe la libre prestación de servicios en el sentido del artículo 56, párrafo primero, y la libre circulación de capitales en el sentido del artículo 63 TFUE, apartado 1.
3. Ese tipo de restricción puede estar justificada por el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y puede estar comprendida por la excepción del artículo 65 TFUE, apartado 1, letra b). Esto exige que el banco no pueda cumplir sus obligaciones de diligencia debida a causa de la falta de vínculos del cliente con el Estado miembro de que se trate y que la determinación del grupo de clientes al que se aplica la medida se corresponda con el riesgo de blanqueo de capitales identificado. También debe respetarse el principio de proporcionalidad.
4. En el examen de la proporcionalidad, deben tenerse en cuenta, en particular:
– el riesgo de blanqueo de capitales identificado,
– la reiteración de los incumplimientos de las normas de prevención del blanqueo de capitales por parte del banco y las medidas ya adoptadas en el pasado sin éxito,
– la intensidad y la duración de la restricción."


Consulta General - Caducidad del derecho a la deducción del IVA soportado en operaciones de Importación y excluido por error de la autoliquidación

 

- Consulta General 0011-22, de 30 de junio de 2022, de la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo: Impuesto sobre el Valor Añadido. Deducción del IVA soportado en operaciones de importación excluido, por error, de la autoliquidación del ejercicio 2015. Caducidad. La solicitud de rectificación de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido y posterior reclamación económico-administrativa contra la denegación de dicha rectificación cabe calificarlas de controversia a efectos de la aplicación del artículo 100 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, computando el plazo de caducidad de cuatro años para ejercitar el derecho a la deducción desde la firmeza de la resolución económico-administrativa.

Diario La Ley, Nº 10141, Sección Doctrina administrativa, 29 de Septiembre de 2022
[Texto de la Consulta]

BOE de 29.9.2022


- Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.

Nota: En esta norma cabe destacar las siguientes disposiciones:
- Artículo 4 (Agenda Electrónica Notarial), apartado 3:

"3. Lo dispuesto en este artículo debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de constituir sociedades mediante documento público extranjero extrajudicial, de conformidad con la legislación de cooperación jurídica internacional. Tales documentos podrán ser inscritos en los registros públicos españoles si cumplen los requisitos establecidos en la legislación hipotecaria y en la legislación de cooperación jurídica internacional."
- Artículo 5, número 5: modifica el artículo 15 de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. El nuevo apartado 3, letra a), del artículo 15 pasar a tener el siguiente contenido:
"a) Se cumplimentará el Documento Único Electrónico y se iniciará la tramitación telemática, enviándose a cada organismo interviniente por vía electrónica, la parte del DUE que le corresponda para realizar el trámite de su competencia.
Los documentos redactados en lengua extranjera se acompañarán de una traducción al castellano o a otra lengua oficial en la provincia del domicilio social por traductor jurado. Esta disposición se entiende sin perjuicio del régimen lingüístico aplicable en las Comunidades Autónomas en las que otras lenguas españolas distintas del castellano son también oficiales. Los documentos públicos extranjeros deberán ir provistos de la correspondiente apostilla o legalización diplomática, salvo en los casos exceptuados por disposición de la ley o de los convenios internacionales vigentes en España. En todo caso, la intervención de Cónsul que otorgue dichos documentos, en funciones notariales, así como la legalización por autoridades españolas de documentos notariales otorgados en el extranjero, quedarán sujetas a las obligaciones tributarias establecidas en el ordenamiento tributario español."
- Artículo 6, número once: modifica el artículo 17 de la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado:
"1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la ley que establezca dicho régimen. Asimismo, los requisitos para la obtención de dicha autorización deberán ser coherentes con las razones que justifican su exigencia. Cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o tratado internacional, las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a la Ley. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización:
[...] d) Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea o tratados y convenios internacionales, incluyendo la aplicación, en su caso, del principio de precaución."
- Artículo 15: introduce un nuevo título V en la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial, con el siguiente tenor literal:
TÍTULO V - Régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa
Sección 1.ª Relativa a las plataformas de financiación participativa armonizadas por el derecho de la Unión Europea (artículos 46 a 54)
Sección 2.ª Plataformas de financiación participativa no armonizadas por el derecho de la Unión Europea (artículo 55)
Sección 3.ª Agrupación de inversores (artículo 56)
- Artículo 14, apartado cuatro: modifica los apartados 1 y 2 del artículo 40 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva:
"1. Las SGIIC son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada cuyo objeto social consistirá en la gestión de las inversiones, el control y la gestión de riesgos, la administración, representación y gestión de las suscripciones y reembolsos de los fondos y las sociedades de inversión.
Además, las sociedades gestoras podrán ser autorizadas para realizar las siguientes actividades:
[...] b) Administración, representación, gestión y comercialización de entidades de capital riesgo, de Entidades de Inversión Colectiva Cerradas, de fondos de capital riesgo europeos (FCRE), fondos de emprendimiento social europeos (FESE) y fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE), y otros vehículos de inversión colectiva regulados por la normativa de la Unión Europea en los términos establecidos por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva."
- Artículo 17, apartado dos: modifica el artículo 5 de la Ley 22/2014 por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado:
"Artículo 5. Ámbito de aplicación.
1. Esta ley será de aplicación a las siguientes entidades de inversión colectiva:
a) A las ECR y a las EICC que tengan su domicilio social en España, en el caso de sociedades, o que se hayan constituido en España, en el caso de fondos.
b) A las ECR y a las EICC constituidas en otro Estado miembro de la Unión Europea, gestionadas por sociedades gestoras autorizadas en un Estado miembro, al amparo de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010, cuando se comercialicen en España a inversores profesionales. En este caso, solo les serán aplicables en su actuación en España las normas a las que se refiere el artículo 76.
c) A las ECR y a las EICC constituidas en terceros estados gestionadas por sociedades gestoras autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea al amparo de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, cuando se comercialicen en España a inversores profesionales. En este caso, solo les serán aplicables en su actuación en España las normas a las que se refiere el artículo 77.
d) A las ECR y a las EICC gestionadas por sociedades gestoras no domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, cuando se comercialicen en España a inversores profesionales. En este caso, solo les serán aplicables en su actuación en España las normas a las que se refiere el artículo 78.
e) A las ECR señaladas en las letras b), c) y d) anteriores cuando se comercialicen en España a inversores no profesionales tal y como están definidos en los artículos 205 y 206 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y su normativa de desarrollo. En este caso, les serán aplicables en su actuación en España las normas a las que se refiere el artículo 79 y lo previsto en los apartados 2 y 4 del artículo 75 respecto de la comercialización de ECR a inversores que no sean profesionales.
f) A los Fondos de Capital Riesgo Europeos (FCRE) regulados por el Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos, que tengan su domicilio social en España en el caso de sociedades, que se hayan constituido en España en el caso de fondos, o que se comercialicen en España en virtud de dicho Reglamento europeo.
g) A los Fondos de Emprendimiento Social Europeo (FESE) regulados por el Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos, que tengan su domicilio social en España en el caso de sociedades, que se hayan constituido en España en el caso de fondos, o que se comercialicen en España en virtud de dicho Reglamento europeo.
h) A los Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeos (FILPE) regulados por el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos, que tengan su domicilio social en España en el caso de sociedades, que se hayan constituido en España en el caso de fondos, o que se comercialicen en España en virtud de dicho Reglamento europeo.
2. Asimismo, esta ley será de aplicación a las sociedades gestoras de entidades de tipo cerrado (SGEIC) constituidas de acuerdo con lo previsto en el título II, a las sociedades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC) que gestionen ECR, EICC, FCRE, FESE o FILPE, a los depositarios de esas entidades, así como a otras entidades que presten servicios a las ECR o a las EICC, en los términos establecidos en esta ley."
- Artículo 17, apartado tres: modifica el artículo 9.2 de la citada Ley 22/2014:
"2. No obstante lo anterior, también podrán extender su objeto principal a:
[...] b) La toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras que coticen en el primer mercado de bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, siempre y cuando tales empresas sean excluidas de la cotización dentro de los doce meses siguientes a la toma de la participación."
- Artículo 17, apartado cinco: modifica el artículo 14.2 de la Ley 22/2014:
"Artículo 14. Inversión en ECR.
[...] 2. Para que la inversión en las entidades extranjeras a que se refiere el apartado anterior se compute dentro del coeficiente obligatorio establecido en el artículo 13.3, será preciso que las propias entidades, sus sociedades gestoras o la entidad que desarrolle funciones similares a las de la sociedad gestora y con análogas exigencias de responsabilidad estén establecidas en Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, siempre que dicho tercer país no figure en la lista de países y territorios no cooperantes establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales y haya firmado con España un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria; y que, cualquiera que sea su denominación o estatuto, ejerzan, de acuerdo con la normativa que les resulte aplicable, las actividades similares a las realizadas por las ECR reguladas en esta ley, sin necesidad de que cumplan los coeficientes de diversificación de la inversión del artículo 16 de la presente ley. Se computará en cualquier caso dentro del coeficiente obligatorio la inversión en Fondos de Capital Riesgo Europeos (FCRE) regulados por el Reglamento (UE) n.° 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos."
- Artículo 17, apartado nueve: modifica el artículo 21.3 de la Ley 22/2014:
"3. Las empresas objeto de la actividad de las ECR-Pyme deberán cumplir los siguientes requisitos:
[...] f) Que estén establecidas en Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, siempre que dicho tercer país no figure en la lista de países y territorios no cooperantes establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales y haya firmado con España un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria."
- Artículo 17, apartado doce: incorpora un nuevo artículo 40 bis a la Ley 22/2014:
"Artículo 40 bis. Régimen jurídico de los fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE).
1. A las entidades que deseen utilizar la designación "FILPE" en relación con su comercialización en la Unión Europea se les aplicarán las normas contenidas en el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos.
2. La denominación "Fondos de inversión a largo plazo europeos" o su abreviatura "FILPE", quedará reservada a las instituciones constituidas al amparo del Reglamento citado en el apartado anterior, e inscritas en el registro administrativo que al efecto existe en la CNMV. A estos efectos les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 11."
- Artículo 17, apartado dieciséis: introduce un nuevo artículo 74 bis en la Ley 22/2014:
"Artículo 74 bis. Condiciones de acceso y de ejercicio de la actividad de las SGEIC que gestionen fondos de inversión a largo plazo europeos.
Las SGEIC que deseen utilizar la denominación FILPE en relación con la comercialización que realicen en la Unión Europea de fondos de inversión a largo plazo europeos deberán cumplir con lo previsto en el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos."
- Artículo 17, apartado diecinueve: modifica el artículo 85 de la Ley 22/2014:
"Artículo 85. Ámbito.
Quedan sujetos al régimen de supervisión, inspección y sanción de esta ley, a cargo de la CNMV, en lo que se refiere al cumplimiento de esta ley y su normativa de desarrollo, así como de las normas de Derecho de la Unión Europea que contengan preceptos específicamente referidos a las mismas:
a) Las SGEIC autorizadas en España y las ECR que aquellas gestionen en lo que respecta al cumplimiento del capítulo II del título I.
b) Las SCR y SICC autogestionadas autorizadas en España.
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, las SGIIC autorizadas conforme al capítulo I del título II y las ECR que aquellas gestionen en lo que respecta al cumplimiento del capítulo II del título I.
d) Cualquier entidad, a los efectos de comprobar la infracción de la reserva de denominación establecida en el artículo 11.
e) Los depositarios de ECR y EICC registrados o autorizados en España.
f) Los FCRE y FESE conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos y en el Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos respectivamente.
g) Los FILPE conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos.
h) Las sucursales de gestoras de ECR o EICC autorizadas en otro Estado miembro en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 59 y 61 y por infracción de las normas de conducta aplicables por quien comercialice ECR o EICC en España."
- Disposición final segunda: introduce el artículo 32 ter y modifica los artículos 3.2; 12.1.a); 32; 33; 44.2.d); 45.5; 61.7 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

- Disposición final tercera, apartado dos: añade un nuevo apartado 4 al artículo 13 de la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

[BOE n. 234, de 29.9.2022]


miércoles, 28 de septiembre de 2022

Bibliografía (Revista de revistas) - LA LEY Mediación y Arbitraje, núm. 12 (julio-septiembre 2022)


Contenidos de LA LEY Mediación y Arbitraje, nº 12 (julio-septiembre 2022):

 

Tribuna
— «La teoría del juego infinito de James Carse: una invitación para el fomento adicional de la confianza en el arbitraje», Carlos Valls, MCIArb, abogado, árbitro, socio de Giró Martínez SLP. Presidente de l’Associació pel Foment de l’Arbitratge

Estudios
— «Mediación y sistema de justicia: a propósito de las reformas legislativas para la eficiencia procesal de la administración de justicia y la incorporación de los denominados "medios adecuados de solución de controversias"», Fernando MartínDiz, Catedrático de Derecho Procesal. Universidad de Salamanca
— «La judicialización del arbitraje»,Rafael Hinojosa Segovia, Profesor Titular de Derecho Procesal. Universidad Complutense de Madrid
— «La necesidad de una ley de resolución alternativa de conflictos en materia de consumo», José Antonio Colmenero Guerra, Profesor Titular de Derecho Procesal. Universidad Pablo de Olavide

Regulación
— «El Reglamento de Peritaje de la CCI para la Solución de Controversias en materia de Instrumentos Documentarios (DOCDEX) como un ejemplo de procedimiento de resolución de conflictos propio de los comerciantes», María Inmaculada Rodríguez Roblero, Profesora Doctora de Derecho internacional privado. Universidad de Alcalá
— «Andorra is different: análisis crítico de la Ley de Arbitraje (LA LEY 1961/2003) del Principado de Andorra», Irene Arranz, Cuatrecasas, Barcelona

Práctica en mediación y arbitraje
— «A Conclusion to the Longest-Running ICSID Dispute in History: An Examination of the Res Judicata Principle within the El Clarín Dispute Saga», Abdulla Abu Wasel, Managing Associate of Wasel & Wasel – Director of Operations of Wasel & Wasel Arbitrator Services Inc.
— «Duty to Disclose Third-Party Funding in International Arbitration: Scope, Purpose and Limits», Alberto Favro, Avvocato, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Studio Legale. Milán

Jurisprudencia
Sentencias seleccionadas
— «Arbitraje en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y concreción de la exigencia de motivar el laudo (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de19 de abril de 2022)», Álvaro Soriano Hinojosa, Doctor en Derecho (cum laude), Abogado en J&A Garrigues, S.L.P.
— «El derecho a la ejecución del laudo en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950): reflexiones a la luz del caso Holding, A.S. c. Eslovaquia (STEDH n.o 55617/17 de 30 de junio de 2022)»,José Caro Catalán, Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal (PSI). Universidad de Cádiz
Notas de jurisprudencia
— «Reconocimiento de laudo extranjero y estándar de motivación en el Perú (Sentencia de la Corte Superior de Justicia De Lima, Sala Primera Civil Subespecialidad Comercial de 15 de febrero de 2022 —SSK Ingeniería y Construcción S.A.C. / Técnicas Reunidas de Talara S.A.C.—)», Ricardo León Pastor, Árbitro, Lima
— «Certificaciones de las instituciones arbitrales a ojos del TSJ de Madrid (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de marzo de 2022)», Javier Íscar de Hoyos, Socio Director de Íscar Arbitraje
— «El concepto de orden público como causa de nulidad del laudo arbitral (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 7 de abril de 2022)», Eduardo Escandón Valvidares, Abogado. Presidente de la Corte de Arbitraje de Oviedo
— «La acción de anulación restringe la intervención judicial a determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales y los términos del convenio arbitral (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 20 de abril de 2022)», Jesús Conde Fuentes, Profesor Contratado Doctor de Derecho Procesal de la Universidad de Extremadura
— «Mar de fondo (Sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid de 5 de abril de 2022)»,Josep Maria Julià, Delegaltessen
— «Arbitraje y reconocimiento de resoluciones judiciales en el Reglamento Bruselas I bis (Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de junio de 2022)», Pedro Alberto de Miguel Asensio, Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad Complutense de Madrid
— «La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de junio de 2022: luces en el concepto de orden público y sombras en torno a la prejudicialidad penal en el arbitraje», Marta Cerrada Pérez, Asociada en Clide & Co Madrid
Cronología de decisiones
— Selección de las resoluciones destacadas dictadas por los Tribunales españoles
— Selección de las resoluciones destacadas dictadas por los Tribunales internacionales
— Selección de las resoluciones destacadas dictadas por Tribunales extranjeros

Actualidad institucional
Cámara de Comercio Internacional
Centro de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Lima
Centro Internacional de Arbitraje de Madrid
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (GEMME)
Hague Court of Arbitration for Aviation
Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid
Tribunal Arbitral de Barcelona

Noticias
Informaciones
Cursos, seminarios y congresos
Bibliografía


lunes, 26 de septiembre de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


RESOLUCIONES

- Asunto C-346/21: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 5 de mayo de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — ING Luxembourg SA / VX [Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales — Reglamento (CE) n.° 1393/2007 — Artículo 8 — Información al destinatario, mediante el formulario normalizado que figura en el anexo II de dicho Reglamento, de su derecho a negarse a aceptar un documento judicial que no esté redactado en una lengua que el destinatario entienda o en la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del Estado miembro requerido o no va acompañado de una traducción a dichas lenguas — No utilización del formulario normalizado — Consecuencias]

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que exige que el destinatario de un documento judicial que haya que notificar o trasladar en otro Estado miembro sea informado, en cualquier caso, mediante el formulario normalizado que figura en el anexo II de dicho Reglamento, de su derecho a negarse a aceptar dicho documento, también cuando este está redactado en una lengua que el destinatario entiende o en la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar donde debe procederse a la notificación o al traslado o va acompañado de una traducción a dichas lenguas.
2) El Reglamento n.o 1393/2007 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que prevé la nulidad del traslado de un documento judicial en otro Estado miembro en el caso de que este se realice sin que el destinatario de dicho documento haya sido informado, mediante el formulario normalizado que figura en el anexo II de dicho Reglamento, de su derecho a negarse a aceptar el referido documento cuando este no está redactado en alguna de las lenguas indicadas en el artículo 8, apartado 1, del mencionado Reglamento o no va acompañado de una traducción a dichas lenguas, y ello con independencia de si tal normativa nacional establece o no un plazo determinado para que el destinatario invoque la nulidad."

- Asunto C-480/21: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 12 de julio de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — Ejecución de las órdenes de detención europeas dictados contra W O, J L (Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Cooperación judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 1, apartado 3 — Procedimientos de entrega entre Estados Miembros — Requisitos de ejecución — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47, párrafo segundo — Derecho fundamental a un proceso equitativo ante un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley — Deficiencias sistémicas o generalizadas — Examen estructurado en dos fases — Criterios de aplicación — Obligación de la autoridad judicial de ejecución de comprobar, concreta y precisamente, si existen razones serias y fundadas para creer que la persona objeto de una orden de detención europea correrá, en caso de ser entregada, un riesgo real de que se vulnere su derecho fundamental a un proceso equitativo ante un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley)

Fallo del Tribunal:
"El artículo 1, apartados 2 y 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la autoridad judicial de ejecución que ha de pronunciarse sobre la entrega de una persona objeto de una orden de detención europea dispone de datos que acreditan la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas relativas a la independencia del poder judicial del Estado miembro emisor, que afectan en particular al procedimiento de nombramiento de los miembros de dicho poder, esa autoridad solo puede denegar la entrega de esta persona:
— en el marco de una orden de detención europea dictada para la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad, si dicha autoridad constata que, en las circunstancias particulares del asunto, existen razones serias y fundadas para creer que, habida cuenta, en concreto, de los datos aportados por esa persona en relación con la composición del órgano enjuiciador que conoció de su causa penal o con cualquier otra circunstancia pertinente para apreciar la independencia e imparcialidad de ese órgano enjuiciador, se vulneró el derecho fundamental de dicha persona a un proceso equitativo ante un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, que se consagra en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y,
— en el marco de una orden de detención europea dictada para el ejercicio de acciones penales, si la referida autoridad constata que, en las circunstancias particulares del asunto, existen razones serias y fundadas para creer que, habida cuenta, en concreto, de los datos aportados por la persona de que se trate en relación con su situación personal, la naturaleza de la infracción que se le imputa, el contexto fáctico en que se enmarca dicha orden de detención europea o cualquier otra circunstancia pertinente para apreciar la independencia e imparcialidad del órgano enjuiciador que probablemente conocerá del procedimiento relativo a dicha persona, esta corre, en caso de entrega, un riesgo real de que se vulnere este derecho fundamental."

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-305/22: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bucureşti (Rumanía) el 6 de mayo de 2022 — Proceso penal contra C.J.

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909/JAI en el sentido de que, cuando la autoridad judicial de ejecución de una orden de [detención] europea pretenda aplicar el artículo 4, [punto] 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI está obligada, para reconocer la sentencia de condena, a solicitar la sentencia y el certificado expedido con arreglo la Decisión Marco 2008/909/JAI y a obtener el consentimiento del Estado de condena en virtud del artículo 4, [apartado 2] de la Decisión Marco 2008/909/JAI?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 4, [punto] 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, en relación con el artículo 25 y con el artículo 4, [apartado] 2, de la Decisión Marco 2008/909/JAI, en el sentido de que la denegación de la ejecución de una orden de detención europea dictada a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad y el reconocimiento de la sentencia de condena sin el cumplimiento efectivo mediante el ingreso en un centro penitenciario de la persona condenada, como consecuencia del indulto y de la suspensión de la ejecución con arreglo a la normativa del Estado de ejecución, y sin haber obtenido el consentimiento del Estado de condena en el marco del procedimiento de reconocimiento, [conllevan] la pérdida del derecho del Estado de emisión a proseguir la ejecución de la pena de conformidad con el artículo 22, [apartado] 1, de la Decisión Marco 2008/909/JAI?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 8, [apartado] 1, letra c), de la Decisión Marco 2002/584/JAI, en el sentido de que pierde su carácter ejecutorio una sentencia de condena a una pena privativa de libertad en virtud de la cual se haya dictado una orden de detención europea denegada sobre la base del artículo 4, [punto] 6, con reconocimiento de la sentencia pero sin el cumplimiento efectivo mediante el ingreso en un centro penitenciario de la persona condenada como consecuencia del indulto y de la suspensión de la ejecución con arreglo a la normativa del Estado de ejecución, y sin haber obtenido el consentimiento del Estado de condena en el marco del procedimiento de reconocimiento?
4) ¿Debe interpretarse el artículo 4, [punto] 5, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, en el sentido de que una resolución por la que se deniega la ejecución de una orden de detención europea dictada a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad y se reconoce la sentencia de condena en virtud del artículo 4, [punto] 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, pero sin el cumplimiento efectivo mediante el ingreso en un centro penitenciario de la persona condenada como consecuencia del indulto y de la suspensión de la ejecución de la pena con arreglo a la normativa del Estado de ejecución (Estado miembro de la UE), y sin haber obtenido el consentimiento del Estado de condena en el marco del procedimiento de reconocimiento, constituye una sentencia de «condena por los mismos hechos por un tercer Estado»?
En el supuesto de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión prejudicial,
5) ¿Debe interpretarse el artículo 4, [punto] 5, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, en el sentido de que una resolución judicial por la que se deniega la ejecución de una orden de detención europea dictada a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad y se reconoce la sentencia de condena en virtud del artículo 4, [punto] 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, con suspensión de la ejecución de la pena con arreglo a la normativa del Estado de ejecución, constituye una «sanción en curso de ejecución» en el caso de que aún no se haya iniciado la vigilancia del condenado?"

- Asunto C-345/22: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Pontevedra (España) el 25 de mayo de 2022 — Maersk A/S / Allianz Seguros y Reaseguros SA

- Asunto C-346/22: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Pontevedra (España) el 25 de mayo de 2022 — Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA / MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.

- Asunto C-347/22: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Pontevedra (España) el 25 de mayo de 2022 — Maersk A/S / Allianz Seguros y Reaseguros SA

Cuestiones prejudiciales:
"1. La regla del artículo 25 del Reglamento 1215/2012, cuando establece que la nulidad de pleno derecho del acuerdo de jurisdicción debe analizarse conforme a la legislación del Estado miembro al que las partes han deferido la jurisdicción, [¿]comprende también, — en una situación como la del litigio principal —, la cuestión de la validez de la extensión de la cláusula a un tercero no parte en el contrato en el que la cláusula se establece?
2. En el caso de circulación del conocimiento de embarque a un tercero, destinatario de las mercancías, que no intervino en la contratación entre el cargador y el porteador marítimo, ¿resulta compatible con el art. 25 del Reglamento 1215/2012, y con la jurisprudencia del TJ que lo interpreta, una norma como la contenida en el art. 251 de la Ley de Navegación Marítima, que exige que, para la oponibilidad de la cláusula a ese tercero, la cláusula de jurisdicción debe haber sido negociada con este «individual y separadamente»?
3. ¿Resulta posible, conforme al Derecho de la UE, que la legislación de los Estados miembros establezca requisitos adicionales de validez para la eficacia frente a terceros de las cláusulas de jurisdicción insertas en conocimientos de embarque?
4. ¿Una norma como la contenida en el artículo 251 de la Ley de Navegación Marítima española, — que establece que la subrogación del tercero tenedor sólo se produce en forma parcial, con exclusión de las cláusulas de prórroga de jurisdicción —, supone la introducción de un requisito adicional de validez de estas cláusulas, contraria al artículo 25 del Reglamento 1215/2012?"

- Asunto C-351/22: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Bucureşti (Rumanía) el 31 de mayo de 2022 — Neves 77 Solutions SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Antifraudă Fiscală

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Puede interpretarse la Decisión 2014/512/PESC, en particular sus artículos 5 y 7, a la luz de los principios de seguridad jurídica y de nulla poena sine lege, en el sentido de que autoriza una medida nacional que permite (como sanción civil) la incautación íntegra de los importes resultantes de una operación como la contemplada por el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Decisión 2014/512/PESC, cuando se compruebe la comisión de un hecho que la normativa interna califique de infracción administrativa?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 5 de la Decisión 2014/512/PESC en el sentido de que autoriza a los Estados miembros a adoptar medidas nacionales que establezcan la incautación automática de cualquier importe resultante del incumplimiento de la obligación de notificar una operación comprendida en el ámbito del artículo 2, apartado 2, letra a) de la Decisión 2014/512/PESC?
3) ¿Es aplicable la prohibición establecida en el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Decisión 2014/512/PESC en caso de que los bienes objeto de las operaciones de intermediación, consistentes en equipos militares, nunca hayan sido importados físicamente en el territorio del Estado miembro?"

- Asunto C-402/22: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 20 de junio de 2022 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / M. A.

Cuestiones prejudiciales:
"Cuestión 1a
¿En qué casos podrá considerarse que un delito es de «especial gravedad» en el sentido del artículo 14, apartado 4, letra b), de la Directiva 2011/95/UE, de suerte que un Estado miembro pueda denegar el estatuto de refugiado a una persona que necesita protección internacional?
Cuestión 1b
¿Son los criterios aplicables al «delito grave», en el sentido del artículo 17, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/95/UE, tal como se exponen en el apartado 56 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2018, Ahmed, EU: C:2018:713, pertinentes a la hora de apreciar si se trata de un «delito de especial gravedad»? En caso de respuesta afirmativa, ¿existen criterios adicionales que determinen que un delito deba calificarse como «de especial» gravedad?
Cuestión 2
¿Debe interpretarse el artículo 14, apartado 4, letra b), de la Directiva 2011/95/UE, en el sentido de que establece que el peligro para la comunidad queda acreditado por el mero hecho de que el beneficiario del estatuto de refugiado ha sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad o en el sentido de que establece que la mera condena por sentencia firme por un delito de especial gravedad no basta para demostrar la existencia de un peligro para la comunidad?
Cuestión 3
En caso de que la mera condena por sentencia firme por un delito de especial gravedad no baste para demostrar la existencia de un peligro para la comunidad, ¿debe interpretarse el artículo 14, apartado 4, letra b), de la Directiva 2011/95/UE en el sentido de que exige que el Estado miembro demuestre que el solicitante sigue constituyendo un peligro para la comunidad después de su condena? ¿Debe el Estado miembro demostrar que ese peligro es real o actual o basta con que exista un peligro potencial? ¿Debe interpretarse el artículo 14, apartado 4, letra b), de la Directiva 2011/95/UE, considerado aisladamente y en relación con el principio de proporcionalidad, en el sentido de que únicamente permite la revocación del estatuto de refugiado si tal revocación es proporcionada y el peligro que constituye el beneficiario de dicho estatuto es suficientemente grave para justificar tal revocación?
Cuestión 4
En caso de que el Estado miembro no deba demostrar que el solicitante sigue constituyendo un peligro para la comunidad después de su condena y que ese peligro es real, actual y suficientemente grave para justificar la revocación del estatuto de refugiado, ¿debe interpretarse el artículo 14, apartado 4, letra b), de la Directiva 2011/95/UE en el sentido de que el peligro para la comunidad queda acreditado, en principio, por el hecho de que el beneficiario del estatuto de refugiado ha sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, aunque este puede demostrar que no constituye o que ha dejado de constituir tal peligro?"

- Asunto C-492/22: Petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 22 de julio de 2022 — Orden de detención europea contra CJ / Openbaar Ministerie

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Se oponen los artículos 12 y 24, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, en relación con el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a que una persona reclamada, cuya entrega a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad se ha autorizado con carácter definitivo pero ha quedado suspendida «para que pueda ser enjuiciada en el Estado miembro de ejecución […] por un hecho distinto del que motivare la orden de detención europea», sea mantenida en detención durante el ejercicio de acciones penales a efectos de la ejecución de dicha orden de detención europea?
2) a) ¿Constituye la decisión de ejercer la facultad de suspender la entrega, contemplada en el artículo 24, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, una decisión sobre la ejecución de la ODE que debe adoptar la autoridad judicial de ejecución en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, en relación con el considerando 8 de dicha Decisión?
b) En caso de respuesta afirmativa, ¿la circunstancia de que dicha decisión haya sido adoptada sin la intervención de una autoridad judicial de ejecución en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584/JAI tiene como consecuencia que la persona reclamada ya no pueda ser mantenida en detención a efectos de la ejecución de la orden de detención europea dictada contra ella?
3) a) ¿Se opone el artículo 24, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, en relación con los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a que se suspenda la entrega de una persona reclamada con la finalidad de que se ejerciten acciones penales en el Estado miembro de ejecución por el único motivo de que la persona reclamada, tras ser preguntada al respecto, declara que no desea renunciar a su derecho a participar en tal procedimiento penal?
b) En caso de respuesta afirmativa, ¿qué factores debe tener entonces en cuenta la autoridad judicial de ejecución a la hora de decidir sobre la suspensión de la entrega efectiva?"

[DOUE C368, de 26.9.2022]