domingo, 31 de mayo de 2020

Boletín de referencias de actualidad de Derecho Internacional y Derechos Humanos (29 mayo 2020) - International Law and Human Rights Current References Digest (May 29, 2020)


Nota: Este Boletín (con 200 referencias) ha sido elaborado por el Prof. Francisco J. Zamora Cabot (Universidad Jaume I de Castellón) [email: zamora(at)uji.es], a quien agradezco la autorización para publicarlo en Conflictus Legum.


HUMAN RIGHTS AND RELATED MATTERS

Rohingyas:
Ruggie's Principles:
Indigenous Peoples- Environment:
Migrants/Refugees:
Chains of Supply/Due Diligence:
Nevsun Case/Canada:
Climate Change:
Climate Change Litigation:
An Interesting Blog; Canadian Lawyers For Internat'l HR:
Islamic Veilings:
UJ:
Bus. and HR Resource Centre/Weekly Update:
Palm Oil:
Investments and HR:
Book on Business and HR:
New Issue of the Business and HR Journal:
Bus. and HR/ET:
Multiculturalism:
Data Protection:
Sanctions/HR:
Modern Slavery/Human Trafficking:
Corporate Responsibility in Public International Law:
Extractivism:
Bus. and HR in Latin America:
Corporate Social Responsibility in Private Internat'l Law:
Corporate Criminal Responsibility/Environment:
Vedanta Case/UKSC:
Network of Corporate Observatories:
Eritreans v. the European Union:
Bus. and HR Treaty:
Religious Freedom:
Atrocities Prevention:
France/Duty of Vigilance Law:
Land Grabs:
Homelessness:
ECtHR/ET:
Rule of Law in Hungary/Poland:
Human Right to Water:
Book on Fundamental Rights:
L'Observatoire des MTNS:
IDLO'S Annual Report:
TRANSNATIONAL LAW ISSUES

HCCH Judgments Convention:
Conflict of Laws:
FNC:
Book on Conflict of Laws and the Internet:
Anti-Suit:
Investments:
Sanctions/Trade Regulations:
Personal Jurisdiction:
Freezing Orders:
Anti-Corruption:
Discovery:
Extraterritoriality:
Conflict of Laws/Internet:
MISCELLANEOUS

C-19:
Bayer/Monsanto:
German Constitutional Court's New Creature:
Artic Shipping:
On Corporate Purpose:
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sábado, 30 de mayo de 2020

Bibliografía (Revista de revistas) - Cuadernos de Gibraltar – Gibraltar Reports n. 3 (2019)


Índice del último número de la revista 'Cuadernos de Gibraltar – Gibraltar Reports', Núm. 3 (2019) [acceso a los contenidos]

Conferencias de Excelencia:
- Luis Norberto González Alonso, El Brexit y la Unión Europea: panorama de problemáticas 2016-2019

Estudios y Notas:
- Juan Antonio Yáñez Barnuevo, Foreign Minister Fernando Morán Addresses the Question of Gibraltar (1982-1985).

Durante su período al frente del ministerio de Asuntos Exteriores en el primer Gobierno socialista de Felipe González, Fernando Morán desarrolló una intensa actividad encaminada fundamentalmente a dos objetivos: culminar el ingreso de España en la Comunidad Europea y lograr sustanciales avances en la histórica cuestión de Gibraltar entre España y el Reino Unido. En aquellos dos años y medio, Morán alcanzó esos dos objetivos, que se hallaban entrelazados, mediante negociaciones separadas con Bruselas y, en el caso de Gibraltar, con su colega británico Geoffrey Howe, sin descuidar contactos sostenidos con líderes locales gibraltareños y del vecino Campo. Esa labor se plasmó en la Declaración de Bruselas de 1984, suscrita por los ministros de España y del Reino Unido, que abrió paso al “Proceso de Bruselas” para tratar todas las cuestiones pendientes entre ambos países respecto a Gibraltar, incluyendo las de soberanía; y al propio tiempo se anticipaba por un año la aplicación de las normas comunitarias a las relaciones humanas y económicas entre Gibraltar y su entorno, lo que supondría poco después la reapertura de la Verja con el levantamiento de las medidas restrictivas impuestas en los años 60, bajo el régimen de Franco. Ambas cosas se comenzaron a poner en práctica con la primera reunión ministerial del Proceso de Bruselas, celebrada en Ginebra en 1985, en la que Morán expuso su visión del futuro de Gibraltar y presentó las propuestas del Gobierno español - que se detallan en este trabajo - sobre un periodo transitorio que propiciara gradualmente la reintegración del Peñón al territorio español, compatible con un amplio régimen de auto-gobierno para los gibraltareños.
- Inmaculada González García, Miguel Acosta Sánchez, The Consequences of Brexit for Gibraltar
Analizaremos en el presente estudio las consecuencias del Brexit para Gibraltar en relación, entre otras, con las siguientes libertades y políticas de la UE: Cooperación transfronteriza y Cohesión económica, social y territorial: la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT)-Campo de Gibraltar/Gibraltar; Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia: la cooperación policial; Libre circulación de personas – los trabajadores fronterizos; Libre prestación de servicios y establecimiento y; Cooperación en materia de medio ambiente. Todos estos aspectos se analizan bajo una doble perspectiva: con un ‘Brexit duro’ y sin acuerdo, o con un Brexit con acuerdo RU-UE.
- Polly Ruth Polak, The Road to Brexit: Ten UK Procedures towards Leaving the EU.
En este trabajo se ofrece una explicación concisa de cada una de las diez cuestiones jurídicas y procedimentales más importantes, en su contexto político y en orden cronológico, que han surgido en el Reino Unido desde que los británicos votaron para activar la nueva y hasta ahora no utilizada cláusula de retirada del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
- Alejandro Del Valle Gálvez, Gibraltar, ¿costa española? Por una reformulación de la teoría de la ‘costa seca’ sobre el puerto y las aguas en torno al Peñón.
Una de las facetas legales y políticas específicas de la disputa entre España y Gran Bretaña sobre Gibraltar son las zonas marítimas a su alrededor. La disputa se extiende a las aguas alrededor de la Roca, sus zonas marítimas y la jurisdicción sobre ellas, ya que, con la excepción de las aguas del puerto, España rechaza la existencia de aguas jurisdiccionales británicas alrededor de la Roca, mientras que el Reino Unido siempre las ha reclamado y ejercido jurisdicción de facto sobre ellas. España niega la existencia de aguas pertenecientes a Gibraltar, pero, en la práctica, permite el ejercicio de la jurisdicción británica dentro de una extensión establecida unilateralmente por el Reino Unido, sin distinguir entre las aguas de la Roca y las del istmo. El Reino Unido afirma una supuesta soberanía sobre las aguas alrededor de la Roca, pero su posición inicial de que las aguas que rodean el istmo son británicas es legalmente débil.
- Inmaculada González García, Gibraltar, Land Reclamation, the Environment and Brexit.
En este estudio analizaremos la aplicación de la legislación medioambiental europea en Gibraltar, que se ve fuertemente condicionada por la controversia histórica hispano-británica sobre la soberanía del territorio (Peñón e Istmo). Una controversia que se proyecta asimismo sobre los espacios marítimos que le rodean y sobre el espacio aéreo que se superpone al territorio y a las aguas interiores del puerto de Gibraltar. Siendo el medio ambiente competencia del Gobierno de Gibraltar, éste asume la transposición de las Directivas en la materia, mientras que es el RU el responsable de su cumplimiento ante la UE.
- Miguel Checa Martínez, Brexit y Cooperación Judicial Civil Internacional: opciones para Gibraltar.
La cooperación judicial civil internacional de los Estados Miembros de la UE con el Reino Unido puede quedar severamente reducida como consecuencia del Brexit si a la finalización del período transitorio, el 31 de diciembre de 2020, no ha sido aprobado un nuevo modelo de relaciones entre el RU y la UE que incluya acuerdos en materia de cooperación judicial civil. Otras soluciones multilaterales son posibles en el marco de la Conferencia de La Haya de DIPR o en relación con la adhesión del RU al Convenio de Lugano de 2007. Por el contrario, la situación de Gibraltar puede ser distinta a la del Reino Unido si el acuerdo separado de nuevas relaciones entre el RU y la UE en lo relativo a Gibraltar pudiese contener un repertorio suficiente de instrumentos de cooperación que permita salvaguardar la aplicación de al menos parte del Derecho Internacional Privado (DIPR) de la UE existente hasta la fecha.
- Fernando Lozano Contreras, Gibraltar, España y Reino Unido en la negociación del Brexit: ¿viejos problemas, nuevas soluciones?
El Brexit viene plagado de retos e incertidumbres. Algunos de ellos atañen directamente a Gibraltar, cuya población y autoridades están siendo testigos, no sin cierto temor, de un proceso que podría desposeerles de su privilegiado y singular régimen en Europa. El establecimiento de las bases de la futura relación de Gibraltar con la UE requerirá de acuerdos separados entre la UE y Reino Unido, que deberán contar, en todo caso, con el visto bueno previo de España. En este trabajo se analiza el régimen transitorio acordado para Gibraltar hasta la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea a la par que se propone un nuevo modelo jurídico internacional y europeo para Gibraltar, capaz de asentar las bases sobre las que resolver de manera definitiva la controversia territorial a medio-largo plazo.
- Ángel María Ballesteros Barros, El Brexit y la libertad de establecimiento de sociedades en la UE: el caso de Gibraltar.
En el presente estudio se abordan las consecuencias que la salida del Reino Unido de la Unión Europea tiene en la libertad de establecimiento de las sociedades con sede en Gibraltar, tanto en el ámbito del Derecho societario como del Derecho concursal. El Brexit presenta igualmente una incidencia directa en el marco de la libre prestación de servicios por parte de sociedades constituidas conforme al Derecho inglés o de Gibraltar, en sectores tales como el financiero o la industria del juego de apuestas, afectando de una manera especial a las sociedades domiciliadas en Gibraltar.
- Álvaro Checa Rodríguez, The Bilateral Tax Treaty between the United Kingdom and Spain Regarding Gibraltar: another Step in Gibraltar’s Quest for De-listing as a Tax Haven.
Este artículo trata de analizar las diferentes cuestiones que suscita el Acuerdo en materia de fiscalidad entre el Reino Unido y España en relación con Gibraltar. En este sentido, se pretende proporcionar al lector un análisis de las implicaciones fiscales que el Acuerdo puede tener sobre individuos y entidades residentes fiscales en Gibraltar.
Ágora:
- Antonio García Ferrer, Las negociaciones sobre el Brexit y Gibraltar. Perspectiva del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España
- Fabian Picardo, Cómo se ve hoy el Gibraltar de mañana
- Luis Romero Bartumeus, El Consulado General de España en Gibraltar, una historia casi desconocida
- Antonio Pérez Girón, El exilio interior del pueblo de Gibraltar y el origen de la ciudad de San Roque
- Alejandro Del Valle Gálvez, Inmaculada González García, Jesús Verdú Baeza, Claves sobre la singularidad de La Linea de La Concepción a la luz del Derecho Internacional y del Derecho europeo - Informe Previo. Key Ideas on the Singularity of the Town “La Linea de la Concepcion” in the light of International Law and European Law - Preliminary Report
- Peter Montegriffo, Perspectivas gibraltareñas sobre el Brexit, su desenlace definitivo y los futuros deseables para Gibraltar y el Campo
- Joseph García, Brexit: Spain and Gibraltar – Welcoming Address
- Juan Carlos Ruiz Boix, El Brexit y Gibraltar, reflexiones desde el Campo de Gibraltar
- José Juan Franco Rodríguez, Juan Carmona de Cózar, Brian Reyes, Campo de Gibraltar, cooperacion transfronteriza y trabajadores fronterizos tras el Brexit – Debate en mesa redonda, 23 de julio de 2019
- Juan Antonio Yáñez Barnuevo, España, Reino Unido y Gibraltar: retos y oportunidades del Brexit

Recensiones
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BOE de 30.5.2020


- Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
Nota: Véase el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, así como la entrada de este blog del día 13.5.2020.
- Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Nota: Se aprueban las correspondientes medidas de flexibilización a aplicar en todas aquellas unidades territoriales que estén en la fase 3 del Plan de transición del desconfinamiento.
Así, podrá procederse a la apertura de establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales con independencia de su superficie útil de exposición y venta, siempre y cuando se limite su aforo al cincuenta por ciento.
Se permite la apertura al público de las zonas comunes y las zonas recreativas de los centros y parques comerciales, limitando su aforo al cuarenta por ciento. Asimismo, el aforo de los locales y establecimientos comerciales ubicados en los mismos se fija también en un cincuenta por ciento.
En materia de hostelería y restauración, se permite el consumo en barra siempre que se garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad entre clientes o, en su caso, grupos de clientes, de dos metros. De este modo, se establece un régimen equivalente al permitido para el consumo en mesa, para el que se mantiene una distancia de dos metros entre mesas o agrupaciones de mesas. Asimismo, se permite que las terrazas al aire libre abran al setenta y cinco por ciento de su capacidad permitida.
Por lo que se refiere a los hoteles y alojamientos turísticos se permite la apertura al público de las zonas comunes siempre que no superen el cincuenta por ciento de su aforo.
En el ámbito de la cultura, destaca la posibilidad de realizar actividades culturales en las bibliotecas y museos.
En materia de deportes se permiten los entrenamientos de carácter medio en ligas no profesionales federadas, así como la celebración de espectáculos y actividades deportivas.
Por lo que se refiere a las actividades turísticas se flexibilizan las condiciones para la práctica de actividades de turismo activo y de naturaleza con grupos de hasta treinta personas.
En materia de congresos, se establece un límite de ochenta asistentes.
Se podrá proceder a la reapertura de los centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios con un aforo máximo del cincuenta por ciento.
Igualmente, se permite la reapertura al público de los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo permitido y se cumplan las medidas de higiene y prevención previstas en la orden.
Finalmente, se permite la realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil, siempre que se cumplan las medidas de higiene y prevención previstas en esta orden.

Estas medidas, correspondientes a la fase 3, se aplicarán en los siguientes territorios:
- En la Comunidad Autónoma de Canarias, las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa.
- En la Comunidad Autónoma de Illes Balears, la isla de Formentera.
Asimismo, en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, sobre la fase 1, se modifica, entre otras cuestiones, el anexo que contiene las unidades territoriales en las que es aplicable:
- En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las provincias de Ávila, Burgos, León (excepto el área de salud de El Bierzo), Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
- En la Comunidad Autónoma de Cataluña, las regiones sanitarias de Lleida y Barcelona, excepto, en este último caso, las áreas de gestión asistencial de Alt Penedès y El Garraf.
- En la Comunidad de Madrid, la provincia de Madrid.
Igualmente, y entre otras cuestiones, se modifica el anexo (unidades territoriales en las que es aplicable) de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, sobre la fase 2:
- En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las provincias de Almería, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén, Sevilla, Málaga y Granada
- En la Comunidad Autónoma de Aragón, las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel.
- En la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, toda la provincia de Asturias.
- En la Comunidad Autónoma de Illes Balears, las Islas de Mallorca, Menorca e Ibiza
- En la Comunidad Autónoma de Canarias, las Islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.
- En la Comunidad Autónoma de Cantabria, toda la provincia de Cantabria.
- En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la provincia de León, el área de salud de El Bierzo.
- En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las provincias de Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo.
- En la Comunidad Autónoma de Cataluña, las regiones sanitarias de Girona, Catalunya Central, Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre y en la región sanitaria de Barcelona, las áreas de gestión asistencial de Alt Penedès y El Garraf.
- En la Comunidad Valenciana, las provincias de Castellón/Castelló, Valencia/València, y Alicante/Alacant.
- En la Comunidad Autónoma de Extremadura, las provincias de Cáceres y Badajoz.
- En la Comunidad Autónoma de Galicia, las provincias de Lugo, A Coruña, Ourense y Pontevedra.
- En la Región de Murcia, toda la provincia de Murcia.
- En la Comunidad Foral de Navarra, toda la provincia de Navarra.
- En la Comunidad Autónoma del País Vasco, los territorios históricos de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
- En la Comunidad Autónoma de La Rioja, toda la provincia de La Rioja.
- La Ciudad Autónoma de Ceuta.
- La Ciudad Autónoma de Melilla.
- Orden PCM/467/2020, de 29 de mayo, por la que se modifica la Orden PCI/1261/2019, de 26 de diciembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para el año 2020.
Nota: Mediante la Orden PCI/1261/2019, de 26 de diciembre, se convocó la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2020 (véase la entrada de este blog del día 28.12.2019). Con fecha 10 de marzo de 2020 se publicó en el portal web del Ministerio de Justicia Resolución de la Directora General para el Servicio Público de Justicia por la que se suspendía la celebración de la prueba, si bien se mantenían todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento, quedando pendiente la celebración del examen y las actuaciones posteriores al mismo (véase la entrada de este blog del día 10.3.2020). Finalmente, por Resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia de 11 de mayo de 2020 se acordó alzar la suspensión de la celebración de la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Abogacía para el año 2020, convocándose la prueba de acceso de manera on line el día 4 de julio de 2020 (véase la entrada de este blog del día 13.5.2020).
Mediante la presente Orden se modifica la forma de realización de la prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de la Abogacía para el año 2020, complementándose los términos de la convocatoria contenidos en la citada Orden PCI/1261/2019, de 26 de diciembre, que se mantienen en todo lo que no sea expresamente sustituido o modificado.

Las actuaciones llevadas a cabo hasta el 10 de marzo de 2020, fecha de la Resolución de la Directora General para el Servicio Público de Justicia por la que se suspendió la celebración de la prueba, se mantienen en vigor y son plenamente válidas.
La prueba se efectuará de conformidad con lo establecido en la orden de convocatoria PCI 1261/2019 y en la presente orden y será única e idéntica para todos los aspirantes.
Podrán concurrir a la prueba de evaluación todos los candidatos que resultaron admitidos según la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, publicada por Resolución de 28 de febrero de 2020, de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia.
Los aspirantes con un grado de discapacidad a los que la Orden PCI 1261/2019 les hubiera concedido algún tipo de adaptación y así se le hubiera notificado, mantendrán en las mismas condiciones esa adaptación siempre y cuando la misma sea posible, dada la variación a un tipo de examen on line.
Se constituirá una única Comisión evaluadora con sede en Madrid, cuyos miembros y suplentes serán quienes fueron designados como tales mediante la Resolución de 20 de febrero de 2020 (véase la entrada de este blog del día 4.3.2020).
La prueba de aptitud se realizará en el idioma elegido por el aspirante en el momento en el que realizó su inscripción y que conste en los listados publicados en el portal web del Ministerio de Justicia. La UNED pondrá a disposición de los aspirantes que lo hayan solicitado el examen en la lengua cooficial elegida.
Deben realizarse las siguientes actuaciones previas a la realización de la prueba:
- Dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de esta orden en el BOE, los aspirantes admitidos habrán de acceder con su certificado electrónico a la sede electrónica del Ministerio de Justicia y en el buzón «Aportación de correo electrónico, especialidad jurídica, cesión de datos y compromiso» deberán cumplimentar un formulario con los siguientes elementos:
a) Aportar una cuenta de correo electrónico que servirá para la realización de la prueba.
b) Elegir para las materias específicas una especialidad jurídica entre las cuatro posibles: Materia civil y mercantil; materia penal; materia administrativa y contencioso-administrativa y materia laboral. Esta elección no podrá ser modificada con posteridad.
c) Autorizar conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, la cesión de los datos personales a la UNED, que tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal.
d) Comprometerse durante la celebración de aptitud a respetar las normas del examen, a no consultar en ningún momento textos legales ni manuales jurídicos ni cualquier otro documento o dispositivo electrónico de apoyo, ni servirse del auxilio de persona alguna.
- En los días 10, 11 y 12 de junio se desarrollará la fase demo, en la que los aspirantes podrán acceder a la plataforma de la UNED y en una pantalla de bienvenida se les pedirá la dirección de correo electrónico (que será la misma que previamente han facilitado al Ministerio de Justicia) y, tras pulsar el recuadro «Solicitar código» que aparecerá en la misma pantalla, se les remitirá un código de acceso a su cuenta de correo que deberán conservar cuidadosamente ya que será imprescindible para acceder el día del examen a la plataforma.
- El aspirante podrá acceder tantas veces como quiera desde la sala de espera a un examen mock (fingido), los días 10, 11 y 12 de junio para familiarizarse con la plataforma. Ni las respuestas a ese examen ni las preguntas formuladas en la sala de espera se conservarán durante esta fase y tampoco habrá corrección de dicho examen.
La prueba (definitiva) se desarrollará bajo las siguientes condiciones:
- Se celebrará de forma on line con cualquier dispositivo con acceso a Internet, a través de la plataforma AVEX de la UNED, el día 4 de julio de 2020, a las 9:00, hora peninsular, y consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a las materias del anexo de la Orden PCI/1261/2019, de 26 de diciembre.
- El aspirante podrá acceder a la plataforma desde veinte minutos antes de la hora señalada para el comienzo de la prueba de acceso. Una vez allí se le pedirá que introduzca su cuenta de correo y el código obtenido en la fase anterior y que acepte, si no lo ha hecho ya, en cuyo caso se le recordará, el compromiso de respetar las normas del examen, no consultar en ningún momento textos legales ni manuales jurídicos ni cualquier otro documento o dispositivo electrónico de apoyo ni servirse del auxilio de persona alguna. La cuenta de correo deberá ser obligatoriamente aquella en la que haya recibido el código de acceso.
- Se iniciará la primera parte de la prueba consistente en 50 preguntas más 6 preguntas de reserva (cada pregunta con cuatro respuestas alternativas de las que solo una es la correcta), sobre las materias que figuran en el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de la Abogacía» del anexo de la Orden PCI 1261/2019.
- Las preguntas y las respuestas aparecerán de una en una de manera aleatoria y se permitirá avanzar, retroceder y corregir las respuestas. Para las respuestas de este bloque de preguntas los aspirantes dispondrán de dos horas. Las preguntas de reserva serán las 6 últimas (de la 51 a la 56), y estarán debidamente identificadas. Así, a las 11:00 horas, se cerrará la plataforma para todos los aspirantes y la primera parte de la prueba de acceso habrá finalizado, salvo para aquellos aspirantes a los que se les haya reconocido ampliación del tiempo para la celebración de la prueba en atención a su grado de discapacidad.
- Los aspirantes podrán terminar el examen, en cualquier momento, pulsando el recuadro «Finalizar examen».
- Tras un descanso de quince minutos, a las 11:15 horas el aspirante accederá de nuevo a la plataforma de la misma forma que en el caso anterior y se iniciará la segunda parte del examen con las 25 preguntas correspondientes a la especialidad elegida y las 2 preguntas de reserva (25 más 2), que aparecerán siempre al final del examen (cada pregunta con cuatro respuestas alternativas de las que solo una es la correcta), sobre las materias que figuran en el apartado B «Materias específicas» del anexo de la Orden PCI/1261/2019, de 26 de noviembre.
- Los aspirantes que hayan optado por la materia civil y mercantil deberán seleccionar, entre los exámenes que se les presenten, el que corresponda al derecho foral por ellos elegido. Para estos exámenes la pregunta número 25 será distinta en función de la elección efectuada.
- Las preguntas y las respuestas aparecerán de una en una, de manera aleatoria y se permitirá avanzar, retroceder y corregir las respuestas. Para responder a este bloque de preguntas los aspirantes dispondrán de una hora. Así, a las 12:15 horas se cerrará la plataforma y la prueba de acceso habrá finalizado, salvo para aquellos aspirantes a los que se les haya reconocido ampliación del tiempo para la celebración de la prueba en atención a su grado de discapacidad.
- Los aspirantes podrán terminar el examen pulsando el recuadro «Finalizar examen» en cualquier momento.
En relación con los problemas de conexión que puedan surgir durante el examen, en el supuesto de que se produzca alguna incidencia de tipo técnico que afecte de manera general a todos los aspirantes y que les impida el acceso a la plataforma, como una caída del sistema o de la red de transmisión de datos, la Comisión evaluadora, después de escuchar el criterio de los técnicos responsables de la plataforma acerca de la naturaleza de la incidencia y de su alcance, podrá adoptar las decisiones que considere procedentes teniendo en cuenta el interés de los aspirantes, incluyendo las de ampliar el tiempo para la realización de la prueba, repetir la prueba en otro momento o dar la misma por finalizada, en cuyo caso se puntuará el examen en función de las preguntas contestadas hasta ese momento.
Si el aspirante abandona la plataforma por razones personales o exclusivamente atribuibles a su dispositivo, se guardarán las preguntas contestadas hasta entonces por un tiempo de quince minutos durante el cual podrá retomar el examen, repitiendo los pasos de entrada, en cualquier momento. Transcurrido ese plazo, el acceso al examen quedará cerrado y se calificará con las preguntas respondidas hasta entonces.
El primer día hábil siguiente a la realización de la prueba, es decir, el lunes 6 de julio, el aspirante podrá acceder a la plataforma AVEX de la UNED con su clave de acceso para descargar la plantilla de las preguntas con las respuestas de cada una. Ese mismo día se harán públicas las plantillas provisionales de las respuestas correctas, mediante su publicación en el portal web del Ministerio de Justicia, apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Abogado».
[BOE n. 153, de 30.5.2020]
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viernes, 29 de mayo de 2020

Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas


La Comisión Permanente del CGPJ aprobó el miércoles una Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas, que ofrece pautas y recomendaciones para conciliar la aplicación preferente de estos medios tecnológicos al proceso con el pleno respeto a los principios y garantías que establecen las leyes.
El documento señala que, aunque el artículo 229 LOPJ ya prevé la posibilidad de realización telemática de determinadas actuaciones procesales y el Real Decreto 16/2020 ha establecido que la forma telemática sea el modo preferente de celebración de las actuaciones judiciales durante la vigencia del estado de alarma y los tres meses posteriores a su levantamiento, estas normas no precisan los criterios para la aplicación de estos medios tecnológicos ni los requerimientos técnicos que la hagan conciliable con el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, la confidencialidad exigida por las normas procesales y de protección de datos, la mayor amplitud de los derechos de defensa; la validez, integridad y calidad epistémica de la prueba o la garantía que aporta la inmediación.
La Guía advierte asimismo de que las experiencias en el uso de tecnologías telemáticas en actuaciones judiciales son limitadas -básicamente han supuesto la conexión telemática de algunos de los participantes en actos procesales presenciales- y que su aplicación para la práctica de actuaciones más complejas -como el desarrollo de un juicio íntegro- precisan de un marco normativo más completo que el vigente, de una mayor inversión económica y de una apuesta decidida por las tecnologías por parte de las Administraciones prestacionales.
Por otra parte, y de conformidad con el artículo 230 LOPJ, la Guía identifica los requisitos técnicos mínimos que, para establecer un marco común homogéneo, han de ser considerados para asegurar que los actos procesales se desarrollen con las debidas garantías. Con arreglo a ese precepto, a las Administraciones prestacionales les corresponde la implementación de los sistemas tecnológicos teniendo en cuenta los requerimientos mínimos establecidos por el CGPJ para que puedan considerarse de uso obligatorio para jueces y magistrados en caso de que estos opten por celebrar actos de forma telemática.
Para la elaboración del texto se han tenido en cuenta diversos documentos y experiencias que -de manera limitada- han tenido lugar en España y en otros países, así como las mucho más numerosas con las que se cuenta en el terreno del arbitraje internacional.

La Guía aborda, en cuatro apartados, los aspectos relacionados con la preferencia para empleo de medios telemáticos, la forma de celebración, el lugar y los requisitos técnicos mínimos que deben tenerse en cuenta para realizar telemáticamente los distintos actos procesales.
En el primero se distingue entre actuaciones internas (deliberaciones, reuniones de los órganos de gobierno, juntas de jueces, etc.) y externas y, dentro de estas, aquellas en las que solo intervienen operadores jurídicos (Ministerio Fiscal, abogados, procuradores y graduados sociales) y otras en las que participan los ciudadanos. Dentro de esta última categoría se incluiría la celebración de juicios en los que deban practicarse pruebas con intervención personal, como interrogatorios de parte, testificales o periciales.
El segundo apartado aborda la forma de celebración de cada tipo de actuación en función de si son internas o externas, y de las prevenciones que deben adoptarse para garantizar su confidencialidad y reserva cuando así lo exijan las normas, el ejercicio del derecho de defensa, la publicidad y la intangibilidad de los medios de prueba.
En el tercero se indica qué lugares pueden ser los más adecuados para la conexión de cada uno de los intervinientes en actos telemáticos, subrayando que en el caso de actuaciones externas el juez o los miembros del tribunal se constituirán siempre en la sede del Juzgado o Tribunal.
Por último, el apartado dedicado a los requisitos técnicos mínimos -que figuran en un anexo- señala que los servicios técnicos del CGPJ verificarán su cumplimiento y subraya la conveniencia de que las Salas de Gobierno de los distintos órganos jurisdiccionales establezcan los protocolos correspondientes con las Administraciones prestacionales, Fiscalías y corporaciones profesionales afectadas para adaptar la aplicación de las pautas ofrecidas en la Guía a las peculiaridades que puedan concurrir en su territorio.

Véase la 'Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas' [aquí].
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Congreso de los Diputados - Proyectos de ley y convenios internacionales


- Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (procedente del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo) (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 20-1, de 29.5.2020).
Nota: El artículo 3, que regula el sistema de ayudas extraordinarias a las artes escénicas y de la música como consecuencia del impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19, en su número 2 establece que los solicitantes de estas ayudas "deberán tener establecimiento permanente en cualquiera de los Estados de la Unión Europea y demás Estados del Espacio Económico Europeo, con plena igualdad de trato".

Por otro lado, la DF 6ª modifica el artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica de Universidades, referido a la programación y al presupuesto de las universidades y que pasa a tener la siguiente redacción:
"b) Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan. En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los precios públicos y derechos los fijará la Comunidad Autónoma, dentro de los límites máximos que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, y que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio.
Asimismo, se consignarán las compensaciones correspondientes a los importes derivados de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia de precios públicos y demás derechos."
Véase el Real Decreto-ley 17/2020, de 21 de abril, así como la entrada de este blog del día 6.5.2020.

Asimismo, el Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación de los siguientes convenios internacionales:

- Protocolo de enmienda del Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 10 de octubre de 2018, y Declaración que España desea formular (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 18-1, de 29.5.2020).

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Nicaragua sobre Transporte Aéreo, hecho en Montreal el 26 de septiembre de 2019 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 19-1, de 29.5.2020).

- Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en Madrid el 20 de diciembre de 2018 BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 20-1, de 29.5.2020).
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Bibliografía (Revista de revistas) - Diario La Ley Unión Europea n. 81 (mayo 2020)


Trabajos publicados en el Diario La Ley Unión Europea, núm. 81, de día 29 de mayo de 2020.

TRIBUNA
- Pedro Alberto de Miguel Asensio, Medidas de emergencia y contratos internacionales.
La expansión de la pandemia ha ido unida en las últimas semanas a la proliferación de disposiciones normativas de emergencia con repercusión sobre las relaciones contractuales. Se analizan desde la perspectiva europea las principales categorías de medidas, la eventual caracterización de las mismas como normas internacionalmente imperativas y sus implicaciones respecto del régimen jurídico de los contratos internacionales.
DOCTRINA
- Fernando Esteban de la Rosa, La sentencia Bondora o la prueba del algodón del proceso monitorio europeo: novedades en el control de oficio de las cláusulas abusivas y reformas en ciernes.
La sentencia Bondora representa un nuevo hito en el cerco del Tribunal a los procesos monitorios nacionales motivado por la frecuente incompatibilidad de su régimen con la protección europea de los consumidores frente a las cláusulas abusivas. La nueva aportación deja claro que, en el Régimen del Reglamento, el juez que conozca de un proceso monitorio europeo puede solicitar que se aporte documentación complementaria con la finalidad de comprobar que el requerimiento no se basa en cláusulas abusivas. Pero el interés de Bondora radica, de forma destacada, en que el Tribunal de Justicia se ha visto por primera vez obligado a resolver una cuestión que, por su materia, queda sometida a normativas europeas con objetivos dispares, el Reglamento 1896/1996 y la Directiva 93/13. A través de una interpretación conciliadora, que deja abiertas algunas aristas, el Tribunal de Justicia ofrece una respuesta bien fundada que preserva la coherencia con decisiones anteriores y resulta, políticamente hablando, muy correcta. Bondora sitúa el reproche sobre el régimen español del proceso monitorio europeo al no permitir la entrega de esa documentación, lo que apunta hacia una modificación legislativa. El buen entendimiento del régimen doble, europeo y nacional, del proceso monitorio europeo resultan claves para el examen de la necesidad y sentido de esa reforma.
SENTENCIAS SELECCIONADAS
- Manuel Ollé Sesé, La extradición de ciudadanos de Estados de la Asociación Europea de Libre de Comercio desde Estados de la Unión Europea.
Los ciudadanos de los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, que son parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo gozan, entre otros, del derecho a la libre circulación y a recibir servicios (turismo) en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea y a no ser discriminados por razón de nacionalidad en el uso de esa libertad. Si un Estado de la Unión Europea recibe una demanda de extradición de un tercer Estado no miembro, se aplicará la doctrina Petruhhin para ofrecer al Estado del que es nacional el extradendus, la posibilidad de otorgarle protección. Los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a comprobar si existe riesgo grave en el Estado requirente de que el extradendus sea expuesto a tratos inhumanos o degradantes. La condición de asilado es relevante en esta comprobación. Y, salvo circunstancias especiales, el Estado miembro denegará la extradición del asilado.
- Vésela Andreeva Andreeva, El pasajero no consumidor en el contrato internacional de transporte aéreo.
En el contrato internacional de transporte aéreo la protección del pasajero se garantiza en la actualidad por un régimen uniforme que incluye normas tanto de origen internacional, como comunitario. Dichas normas le reconocen la condición de parte económicamente más débil y jurídicamente menos experimentada en su relación contractual con la compañía aérea, otorgándole una protección especial que tiene como objetivo evitar el comportamiento abusivo del transportista o, al menor, minimizar los efectos negativos del incumplimiento contractual de la compañía. En el marco comunitario, en el ámbito de la competencia judicial internacional, sin embargo, las normas del Reglamento 1215/2012 excluyen expresamente al transporte de pasajeros de la protección de los consumidores prevista en la Sección IV, salvo que sea uno de los servicios previstos en un contrato de viaje combinado. Sin embargo, si el pasajero hace la reserva individualmente, la competencia judicial internacional, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se determina de acuerdo con el art. 7.1º.b) segundo guion. De modo que, en un vuelo con escala compuesto por tres trayectos, serán internacionalmente competentes los órganos judiciales tanto del lugar de salida del primer avión, como del lugar de llegada del último trayecto.
- Jorge Salinas Mengual, El derecho a la libertad religiosa en el contexto de las prescripciones alimenticias de las Confesiones religiosas y la normativa europea aplicable.
El presente trabajo aborda el estudio de la STJUE C-426/2016 que enjuicia la relación entre prescripciones rituales en materia de sacrificio de animales por parte de la Confesión musulmana, en concreto las comunidades ubicadas en la zona geográfica de la Región de Flandes, y la normativa europea sobre la materia, y en qué medida de su aplicación puede derivarse, o no, una violación del derecho a la libertad religiosa.
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