lunes, 30 de septiembre de 2019

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (30.9.2019)


NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-438/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 11 de junio de 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Frontline Digital GmbH.
Cuestiones planteadas:
"1. ¿En el caso de los contratos a distancia, existe suministro de contenido digital al consumidor en el sentido del artículo 16, letra m), de la Directiva si celebra un contrato con un comerciante relativo a la participación en una «plataforma de contactos» basada en Internet?
2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial:
¿El comienzo del suministro de contenidos digitales al consumidor por parte del comerciante conduce a la pérdida del derecho de desistimiento del consumidor de conformidad con el artículo 16, letra m), de la Directiva también cuando, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 7, de la Directiva, el comerciante no ha enviado previamente al consumidor una confirmación de la celebración del contrato que contenga la información indicada en dicha disposición?
Si en ese caso sigue existiendo el derecho de desistimiento del consumidor:
¿Debe informarse al consumidor en ese sentido con antelación con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra k), de la Directiva?"
-Asunto C-448/19: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (España) el 12 de junio de 2019 — WT/Subdelegación del Gobierno en Guadalajara.
Cuestión planteada: "Se consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si es compatible con el artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, y con —entre otras— las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2017 (asunto C-636/16) y de 8 de diciembre de 2011 (asunto C-371/08), una interpretación tal como la contenida en las sentencias del Tribunal Supremo español n.o 191/2019, de 19 de febrero de 2019, recurso de casación 5607/2017 (ES:TS:2019:580), y n.o 257/2019, de 27 de febrero de 2019, recurso de casación 5809/2017 (ES:TS:2019:663), de acuerdo con la cual, a través de una interpretación de la Directiva 2001/40/CE es posible llegar a la afirmación de que cualquier nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia de larga duración que haya cometido un delito castigado con pena de al menos un año de duración puede y debe ser objeto de expulsión de manera «automática», esto es, sin necesidad de hacer valoración alguna sobre sus circunstancias personales, familiares, sociales o laborales."
-Asunto C-492/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) el 26 de junio de 2019 — OK.
-Asunto C-493/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) el 26 de junio de 2019 — PL.
-Asunto C-494/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) el 26 de junio de 2019 — QM.
Cuestiones planteadas en los tres asuntos:
"1. ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE, así como la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios y la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, en el sentido de que se oponen a una disposición nacional que, en caso de infracción de las obligaciones formales que deben cumplirse cuando se recurre al empleo transfronterizo de trabajadores, como la de conservación de los documentos salariales o la de notificación al organismo central de coordinación (notificaciones al ZKO), impone multas de importe muy elevado —en particular, elevadas sanciones mínimas— que se aplican acumulativamente por cada trabajador afectado?
2. En caso de que no se dé una respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial:
¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE, así como la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE en el sentido de que se oponen a la imposición acumulativa de multas por infracción de las obligaciones formales que deben cumplirse cuando se recurre al empleo transfronterizo de trabajadores, sin que exista un límite máximo absoluto?
3. ¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE en el sentido de que se opone a una disposición nacional que, en caso de finalización anticipada o de interrupción de la actividad temporal en el país de acogida, establece que debe notificarse con carácter obligatorio la modificación al organismo central de coordinación?
4. ¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE en el sentido de que se opone a una disposición nacional que no establece un plazo razonable para notificar la modificación?
5. ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE y el artículo 9 de la Directiva 2014/67/UE en el sentido de que se oponen a una disposición nacional que establece que no se cumple la exigencia de puesta a disposición de la documentación si se entregan a posteriori, dentro de un plazo razonable, documentos oportunos y pertinentes?
6. ¿Deben interpretarse el artículo 56 TFUE y el artículo 9 de la Directiva 2014/67/UE en el sentido de que se oponen a una disposición nacional que establece que se exige a los prestadores extranjeros de servicios que aporten documentos que van más allá de los que se enumeran en el artículo 9 de la Directiva 2014/67/UE, que no resultan ni pertinentes ni oportunos y que no se determinan de forma más detallada en Derecho nacional, como, por ejemplo, registros relativos a los salarios, extractos de cuenta salarial, nóminas, fichas de retenciones fiscales, registro y baja, seguro de enfermedad, listas de notificaciones y de liquidación de complementos, documentos relativos a la clasificación salarial o certificados?"
-Asunto C-502/19: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 1 de julio de 2019– Procedimiento penal contra D. Oriol Junqueras Vies.
Cuestiones planteadas:
"1) El artículo 9 del Protocolo nº 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, ¿rige antes del inicio del «período de sesiones» para un acusado por delitos graves en situación de prisión provisional, acordada judicialmente por hechos anteriores al inicio de un proceso electoral, en el que aquél ha resultado proclamado electo al Parlamento Europeo, pero que ha sido privado por decisión judicial de un permiso penitenciario extraordinario que le permitiera cumplimentar los requisitos establecidos por la legislación electoral interna a la que remite el artículo 8 del Acta, relativa a la Elección de los Diputados al Parlamento Europeo por Sufragio Universal Directo?
2) En el caso de ser afirmativa la respuesta, si el órgano designado en la normativa electoral nacional, por no haber cumplimentado el electo los requisitos electoralmente establecidos (imposibilidad derivada de su limitación a la libertad deambulatoria por su situación de prisión provisional en proceso por delitos graves) hubiera comunicado al Parlamento Europeo, que aquél no ha adquirido esa condición de Diputado hasta tanto cumplimente esos requisitos; ¿persistiría la interpretación extensiva de la expresión «período de sesiones», pese a la ruptura transitoria de su expectativa de tomar posesión de su escaño?
3) Si la respuesta fuese la interpretación extensiva, en caso de que el electo se encontrase en situación de prisión provisional en proceso por delitos graves, con bastante antelación al inicio del proceso electoral, ¿la autoridad judicial que ha acordado la situación de prisión resultaría obligada, a la vista de la expresión «cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de éste» del artículo 9 del Protocolo nº 7, a levantar la situación de prisión en términos absolutos, de modo casi automático, para permitir el cumplimiento de las formalidades y desplazamientos al Parlamento Europeo?; o bien ¿debería atenderse a un criterio relativo de ponderación en el caso concreto, de los derechos e intereses derivados del interés de la justicia y del debido proceso por una parte y los atinentes a la institución de la inmunidad por otra, tanto en lo que se refiere a la observancia del funcionamiento e independencia del Parlamento, como al derecho del ejercicio de cargos públicos por el electo?"
-Asunto C-578/19: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 30 de julio de 2019 — X/Kuoni Travel Ltd.
Cuestiones planteadas:
"1) Cuando ha tenido lugar una inejecución o una mala ejecución de las obligaciones derivadas del contrato celebrado entre un organizador o detallista con un consumidor relativo a unas vacaciones combinadas al que se aplica la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, y esa inejecución o mala ejecución es el resultado de los actos de un empleado de una empresa hotelera que presta servicios objeto del contrato:
a) ¿existe margen para la aplicación de la cláusula de exoneración prevista en el artículo 5, apartado 2, tercer guion, segunda parte?
b) en caso de respuesta afirmativa, ¿con arreglo a qué criterios debe apreciar el órgano jurisdiccional nacional si es aplicable tal cláusula de exoneración?
2) Cuando un organizador o detallista ha celebrado un contrato con un consumidor para proporcionarle unas vacaciones combinadas a las que se aplica la Directiva 90/314/CEE del Consejo, y cuando una empresa hotelera ofrece servicios relacionados con dicho contrato, ¿el propio empleado de esa empresa hotelera debe ser considerado «prestador de servicios» a efectos de la cláusula de exoneración prevista en el artículo 5, apartado 2, tercer guion, de la Directiva?"

Bibliografía (Revista de revistas) - Diario La Ley Unión Europea n. 73 (septiembre 2019)


Trabajos publicados en el Diario La Ley Unión Europea, núm. 73, de día 30 de septiembre de 2019:


TRIBUNA
-Beatriz Vázquez Rodríguez, Las nuevas reformas de la arquitectura jurisdiccional de la Unión Europea: la modificación del Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del TJUE y del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia
La reciente aprobación del Reglamento 2019/629 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se modifica el Protocolo n.o 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha supuesto —fundamentalmente— la reserva al TJ de la competencia para conocer de los recursos de anulación relacionados con la falta de ejecución adecuada de una sentencia dictada por el TJ con arreglo al art. 260, apartado 2 o apartado 3, del TFUE y la creación de un mecanismo de previa admisión a trámite para determinadas categorías de recursos de casación. Además, en relación con esta última, ha sido necesario adoptar una nueva versión del Reglamento de Procedimiento del TJ que incluye ahora los artículos 170 bis y 170 ter. No cabe duda de que estas últimas reformas han tenido como objetivo principal garantizar un sistema adecuado de protección jurídica, ofreciendo a los ciudadanos de la Unión una mayor calidad en la tutel a judici al efectiva por parte del TJUE.
-María Elena Laro González, Derechos y garantías del menor en el proceso penal. Armonización legislativa y necesidades procesales
Este estudio analiza la Directiva 2016/800/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales, haciendo una comparativa con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, a los efectos valorar las necesidades procesales que deben tenerse en cuenta para la futura transposición.
DOCTRINA
-José Carlos Fernández Rozas, Significación del principio de proporcionalidad en el sistema de determinación automática de los precios máximos de venta de los gases licuados del petróleo envasados
Frente a la liberalización de los mercados de electricidad y gas en la Unión Europea, en España se ha mantenido un control administrativo de los precios de los gases licuados del petróleo con el objeto de proteger a los consumidores de un posible abuso de mercado, apoyándose en razones de interés general, vinculadas, de un lado, a la presencia en el sector de consumidores vulnerables, la carencia de una energía sustitutiva en ciertos hábitats, y a la falta condiciones de libre competencia en el mantenimiento de la regulación de precios y, de otro lado, a la obligación de suministro domiciliario. Dicho enfrentamiento ha dado lugar durante más de veinte años a una enconada polémica, con importantes pronunciamientos del Tribunal Supremo, en torno a la virtualidad del referido interés general, al alcance del principio de proporcionalidad y a la contradicción de la regulación con los postulados de la libre competencia. En este contexto el Tribunal Supremo, ante la impugnación d e cierta s empresas distribuidoras del sistema de fijación de precios del gas licuado envasado, decidió suscitar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este último Tribunal determinó que la condición de proporcionalidad establecida en el art. 15, ap. 3, letra c), de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, no se opone a medidas que fijan un precio máximo de la bombona de gases licuados del petróleo envasados y exigen a determinados operadores el suministro domiciliario de estos gases, siempre que estas medidas se mantengan solo durante un período de tiempo limitado y no vayan más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de interés económico general perseguido. Corresponde ahora al Tribunal Supremo establecer su propio pronunciamiento a partir de los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
-Unai Belintxon Martin, Prevención de riesgos laborales, transporte y derecho europeo: distorsiones de la realidad práctica
Este trabajo tiene por objeto el análisis y la valoración crítica de la evolución normativa experimentada en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales en el sector transporte de mercancías y viajeros por carretera europeo e internacional y su adscripción a la disciplina del Derecho internacional privado. En particular el análisis centrará su atención en el estudio del Reglamento CE 561/2006 relacionado con los tiempos de conducción y descanso y la exclusión de la aplicación para el sector del transporte por carretera de la Directiva UE 2018/957. De este modo, se valorará si la UE debe actuar de manera mucho más activa con el fin de evitar la fragmentación del mercado interior europeo mediante nuevos instrumentos jurídicos que consoliden la armonización socio-laboral proyectada sobre las citadas normas, o si por el contrario debe mantener una actitud de inacción legislativa que permita a los Estados miembros de la UE seguir aprobando medidas jurídicas de forma uni lateral sobre esta importante cuestión.
SENTENCIAS SELECCIONADAS
-Isabel Rodríguez-Uría Suárez, Sobre la noción de crédito al consumo y competencia judicial internacional
La Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de mayo de 2019 (Asunto C–694/17) establece que el art. 15 del Convenio Lugano II debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si un contrato de crédito es un contrato celebrado por un consumidor, a efectos del citado art. 15, no procede verificar si dicho contrato está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48/CE, relativa a los contratos de crédito al consumo, en el sentido de que la cuantía total del crédito en cuestión no rebase el límite máximo fijado en el art. 2, apartado 2, letra c) de dicha Directiva y en el sentido de que es irrelevante a este respecto que el Derecho nacional que transponga la citada Directiva no establezca un límite máximo más elevado.
El presente comentario muestra en términos generales su acuerdo con el resultado de la Sentencia, si bien se muestra crítico con algunas omisiones o simplificaciones del tribunal.
-José Luis Monereo Pérez, Sara Guindo Morales, La discriminación indirecta en la forma de cálculo de la pensión de jubilación en la modalidad contributiva de las mujeres trabajadoras con contrato laboral a tiempo parcial a propósito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Este artículo de investigación se centra en el análisis de la reciente e importante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) de 8 de mayo de 2019, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) sobre la interpretación del art. 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como del art. 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, en el contexto de un litigio entre, por una parte, una mujer trabajadora que durante una parte importante de su vida laboral había trabajado a tiempo parcial y, por otra parte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, en relación con la forma de cálculo de su pensión de jubilación en la modalidad contributiva.
-José Javier Pérez Milla, Cánones de aplicación de los Reglamentos europeos en la Sentencia de 18 de marzo de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
La Sentencia de 18 de marzo de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña trata sobre la forma aplicable a una donación de un bien inmueble situado en Ingarö (Suecia). La fuerte presencia de claves que proporciona el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para esta materia, condiciona el supuesto y el Tribunal español aplica con solvencia los diferentes condicionantes de los Reglamentos de la Unión Europea.

domingo, 29 de septiembre de 2019

Bibliografía - Novedad editorial


Acaba de aparecer la obra colectiva "Aproximación interdisciplinar a los retos actuales de protección de la infancia dentro y fuera de la familia", dirigida por María del Carmen García Garnica y Nuria Marchal Escalona, coordinada por Abigail Quesada Páez y Gisela Moreno Cordero y publicada por Aranzadi - Thomson Reuters.

La presente obra acomete un análisis interdisciplinar de los problemas más actuales a los que se enfrentan los menores de edad y que constituyen auténticos retos para los ordenamientos jurídicos y los profesionales, sean o no del ámbito jurídico, cuya labor tiene por objeto la protección de los menores de edad. Estructurada en cuatro capítulos, en el primero se analizan los retos de la protección del menor en su entorno más cercano, el familiar. En él se analiza la tutela del menor en los supuestos de ruptura de pareja de sus progenitores, así como las relaciones del menor sujeto a medidas de protección con sus progenitores. En el segundo capítulo se aborda la protección de los menores que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social o desamparo, con especial atención a la problemática de los menores extranjeros no acompañados. En el capítulo tercero se abordan las principales situaciones de desprotección a las que se enfrentan los menores en el entorno virtual, con especial consideración a sus implicaciones penales y a las recientes novedades legislativas relativas al tratamiento de sus datos personales. La obra se cierra con un capítulo centrado en la protección del menor en el ámbito internacional, dado que cada vez son más numerosos los problemas que se suscitan a nivel transfronterizo, tanto dentro del ámbito familiar, como fuera de él.

Extracto del índice de la obra:
CAPÍTULO I - RETOS DE LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN EL ÁMBITO FAMILIAR
· Desafíos actuales de la regulación sobre la relación de filiación.- SUSANA QUICIOS MOLINA
· Coparentalidad conflictiva posdivorcio en el ajuste infanto-juvenil: la coordinación de parentalidad como herramienta de intervención psicojurídica
en la implementación del plan parentalidad.- LAURA AGUILAR ARÉVALO
· El interés superior del menor en el ejercicio de la responsabilidad parental de los progenitores: análisis de la potestad parental en el Código civil catalán.- ADORACIÓN PADIAL ALBÁS
· Vulnerabilidad de la infancia en el contexto de la responsabilidad parental. Especial referencia a la violencia de género.- DOLORS TOLDRÀ ROCA
· El uso y disfrute de la vivienda habitual por menores de edad, mayores de edad y discapacitados, en los casos de separación, divorcio y nulidad
matrimonial.- ANA DEL TORO NEGRO
· El ocio en familia durante las visitas: un reto para los profesionales y las familias del sistema de protección a la infancia.-ALICIA NAVAJAS HURTADO, M. ANGELS BALSELLS BAILÓN
· La protección del menor a través del régimen de guarda y custodia.- MARTA MORILLAS FERNÁNDEZ

CAPÍTULO II - LA PROTECCIÓN DEL MENOR EN SITUACIONES DE RIESGO O DESAMPARO
· El papel de la guarda administrativa y de hecho en el sistema de protección de la infancia y a la adolescencia.- Mª. CARMEN GARCÍA GARNICA
· La revisión de la declaración de desamparo por cambio en las circunstancias que la motivaron.- NEUS CORTADA CORTIJO
· La mejora de la guarda provisional mediante la Child Assessment Order.- CRISTINA ARGELICH COMELLES
· Revisión sobre el riesgo de exclusión social en adolescentes. Su detección en centros educativos.- INMACULADA ÁVALOS RUIZ
· Los menores y la esclavitud.- SOFÍA OLARTE ENCABO
· Adquisición de la nacionalidad española por los menores no acompañados.- MERCEDES MOYA ESCUDERO
· La experiencia de los Menas en Melilla.- BLAS JESÚS IMBRODA ORTIZ
· Los menores extranjeros no acompañados en la Unión europea: soluciones previstas y principio del interés superior del menor.- Mª. DOLORES ORTIZ VIDAL

CAPÍTULO III - LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR EN UN ENTORNO VIRTUAL
· El embaucamiento de menores con fines sexuales mediante medios tecnológicos: los delitos de “child grooming” y “sexting”.- JOSEFA MUÑOZ RUIZ
· Consecuencias jurídico-penales del juego online la “Ballena azul”.- AIXA GÁLVEZ JIMÉNEZ Y MANUEL RODRÍGUEZ MONSERRAT
· El tratamiento de los datos personales de los menores de edad en la nueva normativa de protección de datos .-F.J. DURÁN RUIZ
· Los menores y la economía colaborativa.- ABIGAIL QUESADA PÁEZ

CAPÍTULO IV - LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
· Custodia y derecho de visita en las rupturas de pareja de dimensión transfronteriza: breve aproximación a su regulación en Derecho internacional privado español.- RICARDO RUEDA VALDIVIA
· Reclamaciones internacionales de alimentos a favor de hijos menores: competencia judicial internacional y ley aplicable.- MERCEDES SOTO MOYA
· El menor sustraído ilícitamente en contextos internacionales de violencia machista.- CARMEN RUIZ SUTIL
· Las medidas de protección como garantía para un retorno seguro del menor: tensiones entre grave riesgo y el interés superior del menor.- GISELA MORENO CORDERO
· El principio del interés superior en supuestos de sustracción ilícita internacional: la jurisprudencia de TJUE y TEDH.- MARÍA GONZÁLEZ MARIMÓN
· La filiación de menores nacidos en virtud de contratos de gestación por sustitución.- ANGELES LARA AGUADO
· La adopción internacional y otras formas de protección del menor.- NURIA MARCHAL ESCALONA
· Método “DNA-PROKIDS” en la lucha contra la trata de personas con fines de adopción ilegal: especialmente en Guatemala.- CRISTINA DOMINGO-JARAMILLO
Ficha:
M.C. García Garnica, N. Marchal Escalona (Dirs.), A. Quesada Páez, G. Moreno Cordero (Coords.)
"Aproximación interdisciplinar a los retos actuales de protección de la infancia dentro y fuera de la familia"
Editorial Aranzadi - Thomson Reuters, agosto 2018
815 págs. - 100,00 €
ISBN: 978-84-1309-807-4

Revista de revistas (15 a 29 septiembre)


-European Journal of Migration and Law: 2019, núm. 3.
-Jus - Juristische Schulung: 2019, núm. 8; 2019, núm. 9.
-Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo: núm. 222 (2019).
-Spain Arbitration Review. Revista del Club Español del Arbitraje: núm. 31 (2018); núm. 32 (2018); núm. 33 (2018); núm. 34 (2019); núm. 35 (2019).

sábado, 28 de septiembre de 2019

Referencia de la sesión del Consejo de Ministros de 27 de septiembre


Como cada viernes, ayer hubo sesión del Consejo de Ministros. Entre los acuerdos adoptados cabe destacar los siguientes [véase la referencia completa de la sesión]:

- Aprobó un Acuerdo por el que se toma conocimiento de las modificaciones al Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, adoptadas en la 49ª sesión de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes.
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El PCT es un eslabón importante en la consecución de un Derecho internacional uniforme en materia de patentes ya que facilita la tramitación de las solicitudes de protección de invenciones cuando es deseada en varios países. Asimismo, establece un sistema mediante el cual la presentación de una solicitud única produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países deseados y designados por el interesado.
La Asamblea de la Unión Internacional del PCT, en su 49ª Sesión, celebrada en Ginebra del 2 al 11 de octubre de 2017, adoptó una serie de modificaciones al citado Reglamento. Estas modificaciones, que no tienen repercusión en la Hacienda Pública ni en el presupuesto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, entraron en vigor el 1 de julio 2018 y su contenido es el siguiente:
-Reglas 4.1 b) ii) y 41.2.b): se adaptan para reflejar los cambios en la numeración, como consecuencia de las modificaciones de las Reglas 12 bis y 23 bis, que habían sido adoptadas por la Asamblea de la Unión PCT en 2015 y 2016.
-Tabla de Tasas: el nuevo apartado 5 de la Tabla aclara que las reducciones de las tasas en un 90% recogidas en dicho punto se destinan únicamente a las personas físicas que presentan una solicitud internacional por derecho propio, y no a las que lo hacen en nombre de una persona o entidad que no satisface los criterios para beneficiarse de la reducción.

- Autorizó a la Agencia Estatal de Investigación a publicar la convocatoria 2019 de ayudas para la contratación laboral de investigadores predoctorales por importe de 109,5 millones de euros. Esta cantidad servirá para financiar a universidades, Organismos Públicos de Investigación y otros centros de I+D públicos o privados sin ánimo de lucro para que contraten a investigadores en formación doctoral y realicen su tesis asociada a un proyecto de investigación. También contempla una cantidad adicional para cubrir gastos derivados de la realización de estancias en centros de I+D y la matrícula en las enseñanzas de doctorado.

- Por otro lado, autorizó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la convocatoria 2019 de Ayudas a la Formación de Profesorado Universitario (FPU) por un importe de 78,8 millones de euros para la contratación de investigadores en universidades y centros de investigación. Esta actuación de la Secretaría General de Universidades permitirá la contratación de 850 investigadores durante cuatro años con un salario de 1.151,97 euros mensuales durante los dos primeros, 1.234,25 euros durante el tercer año y 1.542,82 euros el cuarto año.

Boletín de referencias de actualidad de Derecho Internacional y Derechos Humanos (26 septiembre 2019) - International Law and Human Rights Current References Digest (September 26, 2019)


Nota: Este Boletín (con 282 referencias) ha sido elaborado por el Prof. Francisco J. Zamora Cabot (Universidad Jaume I de Castellón) [email: zamora(at)uji.es], a quien agradezco la autorización para publicarlo en Conflictus Legum.


HUMAN RIGHTS AND RELATED MATTERS
Rohingyas/Burma:
Defenders:
Indigenous Peoples-Environment:
Migrants/Refugees:
Binding Treaty/New Draft:
Land Grabbings:
Climate Change:
CC Litigation:
BankTrack/Monthly Digest:
Magnitski Case:
Johnson and Johnson Opioid Case:
Human Trafficking/Slavery:
Supply Chains:
Racism:
Universal Jurisdiction/Syria Cases:
HR Reparations and the ILC:
Hospital Targetting:
Responsibility of Corporations:
Corporate Crime and MTN's:
Bus. and HR Resource Centre- Weekly Update:
Bus and HR in Latin America:
Labour Rights:
Torture/Naït -Liman Case:
Data Protection:
Freedom of Expression:
Killer Robots:
Land Grabbings:
ECtHR:
Environment and the Duty to Protect:
IDHBC Bulletin:
Handbook on Labour , Bus. and HR:
Vedanta Case:
Brexit and HR:
Extractivism/Colombia:
Extractivism/Peru:
Extractivism/Canada:
Extractivism/Honduras:
Extractivism/Private Military Companies:
Extractivism/Ireland:
Extractivism/Latin America:
Multiculturalism/Talaq:
Islamic Veilings:
Freedom of Thought:
Access to Water:
Corporate Liability Laws/Europe:
Poverty/Land Reform:
The Rutherford Institute:
Monsanto/Roundup Cases:
Sustainable Transport:
ECCHR Newsletter:
Bus. and HR/ National Action Plans/Spain:
BCHR/Monthly Newsletter:
Natural Resource Conflicts:
Press Freedom:
International Economic Law and HR:
Gig Economy:
French MTN's:
SDG's:
Transitional Justice:
Genocide:
HR in Asia:
Right to Food:
The ILO Tripartite Declaration:
Corporate Power:
EU Policies and HR:
Air Quality/EU:
Air Quality/USA:
Book on International HR Law:
Swiss Initiative on Bus. and HR:
Hate Speech:
Supply Chains:
"Magnitski Sanctions":
Countries References:
Hungary:
Poland:
Hong Kong:
West Papua:
Paraguay:
Venezuela:
Kashmir:
Libya:
Mexico:
Palestine:
Philippines:
Australia:
Spain:
TRANSNATIONAL LAW ISSUES

Personal Specific Jurisdiction:
Netherlands Commercial Court:
Extraterritoriality:
Service of Process:
IDI Resolution on the Internet:
US/Japan Trade Deal:
Sanctions/Trade Regulations:
Helms-Burton:
Opinio Juris:
Choice of Law:
Freezing Orders:
Transnational Regulation:
The World in the US Courts:
Anti-Corruption:
Taking of Evidence Abroad:
Exclusive Jurisdiction:
Criminal Prosecution of Corporations/Costa Rica:
UNCITRAL and ISDS Reform:
Intra-Eu Arbitral Award:
MISCELLANEOUS

Blockchain:
China Social Credit System/Companies:
Richard Falk on the World Today:
American CEO's Declaration:
Top Arms Companies:
Latin America and the Caribbean:
Phosphates:
USA/China:
The Outlaw Ocean:
Bolton's Demise:
USA and the World:
Corporate Criminal Liability:
Bayer/Monsanto:
South China Sea:
Mega-Law Firms:
Drone Attacks/Aramco:
ICC's Jurisdiction:
Global Container Fleet:
China and the UN:
Nuclear Crises:
Compliance:
SEZ's:
Stock Price Risk:
Africa: