martes, 26 de septiembre de 2023

Bibliografía - Aplicación del Derecho extranjero

 

- En caso de duda… no se aplica el derecho extranjero (a propósito de la SAP Murcia de 28 de febrero de 2023)
Alfonso Ortega Giménez, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante)
Diario LA LEY, Nº 10356, Sección Comentarios de jurisprudencia, 26 de Septiembre de 2023

El derecho aplicable extranjero en relación con el régimen económico matrimonial se refiere, a la determinación de qué ley se aplica en casos en los que las partes tienen conexiones con un país extranjero y existe la posibilidad de aplicar un derecho extranjero al régimen económico matrimonial. En este tipo de situaciones, se debe analizar cuidadosamente si existe alguna conexión relevante con un país extranjero, como la nacionalidad de las partes o su residencia habitual durante un período significativo del matrimonio. Si se determina que existe una conexión suficiente, se deben examinar las normas y los principios legales del derecho extranjero para evaluar su aplicabilidad al régimen económico matrimonial. Así mismo, tal determinación implica la obtención de informes periciales y asesoramiento legal especializado en relación con el derecho extranjero en cuestión. Estos informes y asesoramientos ayudarán a comprender las normas y los principios del derecho extranjero y a evaluar cómo se aplicarían al régimen económico matrimonial en disputa.

lunes, 25 de septiembre de 2023

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


- Asunto C-417/23, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge: Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 6 de julio de 2023 — Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, XM, ZQ, FZ, DL, WS, JI, PB, VT, YB, TJ y RK / MV, EH, LI, AQ, LO y Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse la expresión «origen étnico» que figura en el artículo 2, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2000/43 en el sentido de que tal expresión, en circunstancias como las del presente asunto —en las que, con arreglo a la Ley danesa de Vivienda Social, debe reducirse el porcentaje de viviendas familiares sociales en las «zonas de transformación» y se requiere, para la calificación como zona de transformación, que más del 50 % de los residentes en una zona de viviendas sean «inmigrantes procedentes de países no occidentales y sus descendientes»—, comprende a un grupo de personas definidas como «inmigrantes procedentes de países no occidentales y sus descendientes»?
2) En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea total o parcialmente afirmativa, ¿debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, letras a) y b), en el sentido de que el régimen descrito en el presente asunto constituye una discriminación directa o indirecta?"

- Asunto C-460/23, Kinshasa: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bologna (Italia) el 21 de julio de 2023 — Proceso penal contra OB.

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Se opone la Carta de los Derechos Fundamentales, y, en particular, el principio de proporcionalidad al que se refiere el artículo 52, apartado 1, en relación con el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad a los que se refieren los artículos 6 y 17, los derechos a la vida y a la integridad de la persona a los que se refieren los artículos 2 y 3, el derecho de asilo al que se refiere el artículo 18 y el respeto de la vida familiar al que se refiere el artículo 7, a las disposiciones de la Directiva 2002/90/CE y de la Decisión marco 2002/946/JAI transpuestas al ordenamiento jurídico italiano mediante el artículo 12 TUI [Decreto Legislativo n.o 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero — «T.U.I.»)], en la medida en que imponen a los Estados miembros la obligación de establecer sanciones de naturaleza penal a quien de forma intencional facilite o lleve a cabo actos destinados a facilitar la entrada de extranjeros de modo irregular en el territorio de la Unión, aun cuando la conducta no tenga ánimo de lucro, sin obligar al mismo tiempo a los Estados miembros a excluir la relevancia penal de conductas de ayuda a la entrada irregular cuyo fin sea prestar ayuda humanitaria a extranjeros?
2) ¿Se opone la Carta de los Derechos Fundamentales, y, en particular, el principio de proporcionalidad al que se refiere el artículo 52, apartado 1, en relación con el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad a los que se refieren los artículos 6 y 17, los derechos a la vida y a la integridad de la persona a los que se refieren los artículos 2 y 3, el derecho de asilo al que se refiere el artículo 18 y el respeto de la vida familiar al que se refiere el artículo 7, a lo dispuesto en el tipo penal establecido en el artículo 12 TUI, en la medida en que sanciona la conducta del que lleva a cabo actos destinados a facilitar la entrada ilegal de un extranjero en el territorio del Estado, aun cuando la conducta no tenga ánimo de lucro, sin excluir al mismo tiempo la relevancia penal de conductas de ayuda a la entrada irregular cuyo fin sea prestar ayuda humanitaria a extranjeros?"

[DOUE C338, de 25.9.2023]


viernes, 22 de septiembre de 2023

DOUE de 22.9.2023


- Actualización de la lista de pasos fronterizos mencionados en el artículo 2, apartado 8, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)

Nota: Véase el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016.
En relación con la actualización de la mencionada lista véanse DOUE C247, de 13.10.2006, p. 17; DOUE C77, de 5.4.2007, p. 11; DOUE C153, de 6.7.2007, p. 21; DOUE C331, de 31.12.2008, p. 15; DOUE C87, de 1.4.2010, p. 15; DOUE C180, de 21.6.2012, p. 2; DOUE C98, de 5.4.2013, p. 2; DOUE C256, de 5.9.2013, p. 14; DOUE C360, de 10.12.2013, p. 17; DOUE C218, de 7.7.2017, p. 19; DOUE C431, de 15.12.2017, p. 8; DOUE C345, de 27.9.2018, p. 4; DOUE C375, de 17.10.2018, p. 5; DOUE C74, de 3.3.2021, p. 5; DOUE C141, de 22.4.2021, p. 2; DOUE C298, de 23.08.2023, p. 6.

[DOUE C334, de 22.9.2023]


jueves, 21 de septiembre de 2023

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (21.9.2023)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 21 de septiembre de 2023, en el asunto C‑568/21 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Sistema de Dublín — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional — Responsabilidad del Estado miembro que haya expedido un documento de residencia al solicitante — Artículo 2, letra l) — Concepto de “documento de residencia” — Tarjeta diplomática expedida por un Estado miembro — Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 2, letra l), del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida,
debe interpretarse en el sentido de que
una tarjeta diplomática expedida por un Estado miembro con arreglo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, celebrada en Viena el 18 de abril de 1961 y en vigor desde el 24 de abril de 1964, constituye un «documento de residencia» en el sentido de esta disposición."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 21 de septiembre de 2023, en el asunto C‑143/22 (ADDE y otros): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Control en las fronteras, asilo e inmigración — Reglamento (UE) 2016/399 — Artículo 32 — Restablecimiento temporal por parte de un Estado miembro de los controles en sus fronteras interiores — Artículo 14 — Resolución de denegación de entrada — Asimilación de las fronteras interiores a las fronteras exteriores — Directiva 2008/115/CE — Ámbito de aplicación — Artículo 2, apartado 2, letra a).

Fallo del Tribunal:
"El Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), y la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular,
deben interpretarse en el sentido de que,
cuando un Estado miembro ha restablecido los controles en sus fronteras interiores, puede adoptar, respecto de un nacional de un tercer país que se presente en un paso fronterizo habilitado en el que se efectúen tales controles, una resolución de denegación de entrada, en virtud de una aplicación mutatis mutandis del artículo 14 de ese código, siempre que se apliquen a ese individuo las normas y los procedimientos comunes previstos por esa Directiva a efectos de su expulsión."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 21 de septiembre de 2023, en el asunto C‑151/22 (Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política común de asilo — Requisitos para obtener el estatuto de refugiado — Directiva 2011/95/UE — Artículo 10, apartados 1, letra e), y 2 — Motivos de la persecución — “Opiniones políticas” — Concepto — Opiniones políticas desarrolladas en el Estado miembro de acogida — Artículo 4 — Evaluación del fundado temor a ser perseguido debido a esas opiniones políticas.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 10, apartados 1, letra e), y 2, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida,
debe interpretarse en el sentido de que,
para que las opiniones, las ideas o las creencias de un solicitante que no haya suscitado todavía el interés negativo de los agentes potenciales de persecución en su país de origen puedan estar comprendidas en el concepto de «opiniones políticas», basta con que ese solicitante afirme que ha expresado o expresa esas opiniones, ideas o creencias. Esto no prejuzga la evaluación del carácter fundado del temor del solicitante a ser perseguido por tales opiniones políticas.
2) El artículo 4, apartados 3 a 5, de la Directiva 2011/95
debe interpretarse en el sentido de que,
a los efectos de la evaluación del carácter fundado del temor de un solicitante a ser perseguido por sus opiniones políticas, las autoridades competentes de los Estados miembros deben tener en cuenta el hecho de que esas opiniones políticas, debido al grado de convicción con el que se expresan o al posible ejercicio por ese solicitante de actividades dirigidas a promover esas opiniones, hayan podido o puedan suscitar el interés negativo de los agentes potenciales de persecución en el país de origen del referido solicitante. Sin embargo, no se exige que esas mismas opiniones estén tan profundamente arraigadas en el solicitante que, en caso de retorno a su país de origen, no pueda abstenerse de manifestarlas, exponiéndose así al riesgo de sufrir actos de persecución en el sentido del artículo 9 de dicha Directiva."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 21 de septiembre de 2023, en el asunto C‑164/22 (Juan): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea — Motivos para la no ejecución — Artículo 3, punto 2 — Principio non bis in idem — Concepto de los “mismos hechos” — Conjunto de circunstancias concretas indisociablemente ligadas entre sí — Actividades defraudatorias desarrolladas, por la persona buscada, en dos Estados miembros, a través de dos personas jurídicas distintas y en perjuicio de víctimas diferentes,

Fallo del Tribunal:
"El artículo 3, punto 2, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a la ejecución de una orden de detención europea emitida por un Estado miembro en una situación en que la persona buscada ya ha sido juzgada definitivamente mediante sentencia en otro Estado miembro y cumple en él una pena de prisión por el delito declarado en esa sentencia, siempre que dicha persona sea perseguida en el Estado miembro emisor por los mismos hechos, sin que proceda, para acreditar la existencia de los «mismos hechos», tener en cuenta la calificación de los delitos de que se trate según el Derecho del Estado miembro de ejecución."


DOUE de 21.9.2023


- Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/1134 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 767/2008, (CE) n.o 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 y (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo, a fin de reformar el Sistema de Información de Visados.

Nota: Aquí tenemos la segunda corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/1134 del Parlamento Europeo y del Consejo. Véase la entrada de este blog del día 13.7.2021.

[DOUE L233, de 21.9.2023]


martes, 19 de septiembre de 2023

Bibliografía - Estructura y contenido del Reglamento europeo de Chips

 

- Estructura y contenido del Reglamento europeo de Chips (Reglamento UE 2023/1781, de 13 de septiembre)
Carlos Fernández Hernández
Diario LA LEY, Nº 76, Sección Ciberderecho, 18 de Septiembre de 2023
[Texto del comentario]

El Reglamento tiene por objeto crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una base industrial europea en el ámbito de los semiconductores, que asegure el mantenimiento de la cadena de suministros en la Unión; atraer inversiones; promover la investigación y la innovación y preparar a Europa para hacer frente a posibles crisis del suministro de chips en el futuro.

Nota: Véase el Reglamento (UE) 2023/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, así como la entrada de este blog del día 18.9.2023.


BOE de 19.9.2023


- Acuerdo Multilateral entre Autoridades competentes sobre intercambio automático de información relativa a ingresos obtenidos a través de plataformas digitales.

Nota: La Autoridad competente española pasa a considerarse signataria del Acuerdo desde el 9 de noviembre de 2022.

- Resolución de 11 de septiembre de 2023, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la que se modifican especialistas para asesorar a los Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, nombrados por Resolución de 19 de julio de 2023.

Nota: En el anexo de la disposición se contiene el listado completo de especialistas en relación con las solicitudes de evaluación de la actividad investigadora de la convocatoria del año 2022.

El Campo 9 (Derecho y Jurisprudencia) está integrado por los siguientes especialistas:

- Prof. Dr. don Manuel Jesús Marín López, Catedrático de Derecho Civil, Universidad de Castilla-La Mancha.
- Prof.ª Dra. doña Mercedes Pérez Manzano, Catedrática de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid.
- Prof. Dr. don Mariano López Benítez, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Córdoba.
- Prof.ª Dra. doña Sonia Calaza López, Catedrática de Derecho Procesal, Universidad Nacional de Educación a Distancia.

[BOE n. 224, de 19.9.2023]


lunes, 18 de septiembre de 2023

Bibliografía- Mecanismo de control de las inversiones exteriores

 

- El mecanismo de control de las inversiones exteriores: de la suspensión del régimen de liberalización a la Sentencia del TJUE en el asunto Xella Magyarország y el nuevo Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores
Roberto Gutiérrez Cantos, Graduado en Derecho, Finalista del Premio Jóvenes Juristas de Garrigues y Ganador del Legal Challenge del Instituto de Empresa (IE)
Diario LA LEY, Nº 10350, Sección Doctrina, 18 de Septiembre de 2023

Este artículo trata de analizar las novedades introducidas en materia de inversión exterior por el Real Decreto 571/2023 y, en particular, la evolución del mecanismo de control de inversiones extranjeras desde la suspensión del régimen de liberalización y el reciente pronunciamiento sobre la normativa húngara en esta materia realizada por el TJUE en el asunto Xella Magyarország, y su relación con el Reglamento FDI aprobado en 2019.


Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-381/23, Geterfer: Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt (Alemania) el 19 de junio de 2023 — ZO / JS.

Cuestión prejudicial:
¿Existe litispendencia con el mismo objeto, a efectos del Reglamento (CE) n.o 4/2009, en el supuesto de que se haya iniciado en Bélgica un procedimiento relativo a una pensión de alimentos a favor de una menor entre el padre y la madre de esta, y de que posteriormente esa hija, ya mayor de edad, inicie en Alemania un procedimiento relativo a una pensión de alimentos frente a su madre?"

[DOUE C329, de 18.9.2023]


DOUE de 18.9.2023


- Reglamento (UE) 2023/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/694 (Reglamento de chips).

Nota: Es norma establece un marco para reforzar el ecosistema de semiconductores a escala de la Unión, en particular mediante las siguientes medidas:
- Crear la iniciativa Chips para Europa.
- Establecer los criterios para reconocer y brindar apoyo a las instalaciones de producción integrada que sean instalaciones pioneras y que fomenten la seguridad del suministro y la resiliencia del ecosistema de semiconductores de la Unión.
- Establecer un mecanismo de coordinación entre los Estados miembros y la Comisión para realizar un inventario del sector de los semiconductores de la Unión y efectuar su seguimiento, así como para la prevención de crisis y la respuesta a situaciones de escasez de semiconductores y, cuando proceda, para consultar a las partes interesadas del sector de los semiconductores.

El Reglamento tiene como objetivo general garantizar las condiciones necesarias para la competitividad y la capacidad de innovación de la Unión, así como la adaptación de la industria a los cambios estructurales. También tiene como objetivo general mejorar el funcionamiento del mercado interior estableciendo un marco jurídico uniforme de la Unión para aumentar la resiliencia y la seguridad del suministro de la Unión en el ámbito de las tecnologías de semiconductores.

Véase el Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021 por el que se establece el Programa Europa Digital.

- Reglamento (UE) 2023/1782 del Consejo, de 25 de julio de 2023, que modifica el Reglamento (UE) 2021/2085, por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa, en lo que respecta a la Empresa Común para los Chips.

Nota: El Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo establece las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa – Programa Marco de Investigación e Innovación establecido en el Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, entre ellas la Empresa Común para las Tecnologías Digitales Clave.

[DOUE L229, de 18.9.2023]


BOE de 18.9.2023


- Corrección de errores de la Resolución de 19 de julio de 2023, por la que se nombran especialistas para asesorar a los Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.

Nota: Véase la Resolución de 19 de julio de 2023, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la entrada de este blog del día 7.8.2023.

[BOE n. 223, de 18.9.2023]


domingo, 17 de septiembre de 2023

Bibliografía - Novedad editorial


 La editorial Tecnos ha publicado la 10ª edición del "Manual de Derecho Internacional Privado", de la que son autores A. Rodríguez Benot, B. Campuzano Díaz, Mª.Á. Rodríguez Vázquez y A. Ybarra Bores.

El presente Manual ha sido concebido como una herramienta muy básica para que el estudiante de Grado pueda aprehender la esencia del Derecho internacional privado, ello sin menoscabo del rigor científico, de la actualidad de los materiales manejados y del afán propedéutico que siempre deben estar presentes en el quehacer del profesor universitario. Se pretende con esta obra, en fin, ofrecer un instrumento para el estudio de la asignatura Derecho internacional privado adaptado a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior en lo estructural, en lo sustancial y en lo pedagógico.
Se aborda en el Manual una materia que adolece de una complejidad que se incrementa con el continuo desarrollo del tráfico jurídico externo. Con el ánimo de allanarla se ha estructurado la obra en torno a un doble eje. Por una parte se acoge, como perspectiva de análisis, el sistema español en la materia. Por otra se sigue un iter lógico en el tratamiento de los contenidos que comienza con los aspectos introductorios del Derecho internacional privado, prosigue con el Derecho procesal civil internacional, continúa con los métodos de reglamentación y sus problemas de aplicación, finalizando con el Derecho civil internacional.
Pese a la limitación física de un formato necesariamente marcado por la concisión, se ha querido que el lector de esta obra halle en ella los conceptos esenciales de la asignatura a fin de prepararlo para afrontar, con unas garantías mínimas, cualquier supuesto de tráfico jurídico externo.

Extracto del índice:

Lección 1. Introducción al Derecho Internacional Privado
Lección 2. La competencia judicial internacional
Lección 3. El régimen del proceso con elemento extranjero
Lección 4. El reconocimiento, el exequátur y la ejecución de decisiones judiciales extranjeras
Lección 5. Las técnicas de reglamentación del tráfico jurídico externo
Lección 6. Los problemas de aplicación del sistema de Derecho Internacional Privado
Lección 7. El estatuto personal
Lección 8. La protección de los menores y de los adultos
Lección 9. El matrimonio
Lección 10. La sucesión mortis causa
Lección 11. Las obligaciones contractuales
Lección 12. Las obligaciones extracontractuales
Lección 13. Los derechos reales

Ficha:

A. Rodríguez Benot (Dir.), B. Campuzano Díaz, Mª.Á. Rodríguez Vázquez, A. Ybarra Bores
"Manual de Derecho Internacional Privado" (10ª edic.)
Editorial Tecnos (Colección Biblioteca Universitaria), 2023
304 págs. - 26'95 euros (Papel), 20,49 euros (ePub)
ISBN: 978-84-309-8817-4 (Papel), 978-84-309-8894-5 (ePub)

Revista de revistas (10 a 17 de septiembre)

 

- Eucrim - The European Criminal Law Associations' fórum: 2023, núm. 1 [Artificial intelligence].
- Revista Española de Derecho del Trabajo: núm. 266 (2023).


viernes, 15 de septiembre de 2023

Bibliografía - Prueba digital internacional, .el Reglamento E-Evidence

 

- Prueba digital internacional. El Reglamento E-Evidence
Joaquín Delgado Martín, Magistrado Sala Penal Audiencia Nacional. Doctor en Derecho, Miembro de la REDUE (Red de Expertos en Derecho Europeo)
Diario LA LEY, Nº 76, Sección Ciberderecho, 15 de Septiembre de 2023
[Texto del trabajo]

Dado el exponencial aumento del volumen de datos generados en los últimos años, y su tendencia a multiplicarse de forma muy acelerada como consecuencia de avances tecnológicos, se ven muy incrementadas las posibilidades de investigación del delito mediante la obtención y análisis de los datos generados que se encuentran en poder de los proveedores, pero, a la vez, también aumenta las dificultades de ser abordados por los órganos de investigación penal. En este marco resulta relevante la necesidad de unos instrumentos que faciliten la obtención de esas pruebas, por medio de una adecuada colaboración, tanto judicial como público-privada, es decir, de las autoridades públicas con las empresas tecnológicas.


jueves, 14 de septiembre de 2023

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (14.9.2023)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 14 de septiembre de 2023, en el asunto C‑632/21 (Diamond Resorts Europe y otros): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 593/2008 — Ley aplicable a las obligaciones contractuales — Ámbito de aplicación — Contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles — Acción judicial que tiene por objeto que se declare la nulidad de dichos contratos — Partes nacionales del Reino Unido — Elección de la ley aplicable — Artículo 3 — Libertad de elección — Artículo 4, apartado 1, letras b) y c) — Ley aplicable a falta de elección — Artículo 6 — Contratos de consumo — Límites.

Fallo del Tribunal:
"1) Las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), son aplicables, en el marco de un litigio ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, a contratos en los que ambas partes son nacionales del Reino Unido, siempre que incluyan un elemento de extranjería.
2) El artículo 6, apartado 2, del Reglamento n.º 593/2008
debe interpretarse en el sentido de que,
– cuando un contrato de consumo cumpla los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1, del referido Reglamento, las partes del contrato podrán elegir, de conformidad con el artículo 3 del mencionado Reglamento, la ley aplicable al contrato, siempre que, no obstante, esa elección no acarree, para el consumidor de que se trate, la pérdida de la protección que le proporcionen aquellas disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habría sido aplicable de conformidad con dicho artículo 6, apartado 1, que dispone que tal contrato se regirá por la ley del país en que el consumidor tenga su residencia habitual;
– habida cuenta del carácter imperativo y exhaustivo del referido artículo 6, apartado 2, no pueden establecerse excepciones a esta disposición en favor de una legislación supuestamente más favorable para el consumidor."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 14 de septiembre de 2023, en el asunto C‑821/21 (Club La Costa y otros): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencias especiales — Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores — Artículo 18, apartado 1 — Concepto de “otra parte contratante” — Artículo 63 — Domicilio de una persona jurídica — Reglamento (CE) n.º 593/2008 — Ley aplicable a las obligaciones contractuales — Elección de la ley aplicable — Artículo 3 — Libertad de elección — Artículo 6 — Contratos de consumo — Límites — Contrato celebrado con un consumidor relativo a derechos de aprovechamiento por turno de viviendas turísticas mediante un sistema de puntos.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,debe interpretarse en el sentido de que la expresión «otra parte contratante», que se utiliza en dicha disposición, debe entenderse referida únicamente a la persona, física o jurídica, parte en el contrato en cuestión y no a otras personas, ajenas a tal contrato, aun cuando estén vinculadas a esa persona. El artículo 63, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que la determinación, con arreglo a esta disposición, del domicilio de la «otra parte contratante», en el sentido del artículo 18, apartado 1, de dicho Reglamento, no constituye una limitación de la elección que puede efectuar el consumidor en virtud del referido artículo 18, apartado 1. A este respecto, las precisiones proporcionadas en el artículo 63, apartado 2, del mencionado Reglamento sobre el concepto de «sede estatutaria» constituyen definiciones autónomas. El artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una cláusula de elección de la ley aplicable que figura en las condiciones generales de un contrato o en un documento diferenciado al que se remita el contrato y que haya sido entregado al consumidor, siempre que tal cláusula informe al consumidor de que le ampara, en todo caso, en virtud del artículo 6, apartado 2, del citado Reglamento, la protección que le garantizan las disposiciones imperativas de la ley del país en el que tenga su residencia habitual. El artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.º 593/2008 debe interpretarse en el sentido de que,cuando un contrato de consumo cumple los requisitos establecidos en dicha disposición y a falta de elección válida de la ley aplicable a tal contrato, esta ley debe determinarse con arreglo a la referida disposición, que puede ser invocada por las dos partes del contrato, incluido el profesional, y ello aunque la ley aplicable al mismo contrato con arreglo a los artículos 3 y 4 del citado Reglamento pueda ser más favorable para el consumidor."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 14 de septiembre de 2023, en el asunto C‑393/22 (EXTÉRIA): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencia especial en materia contractual — Artículo 7, punto 1, letra b) — Concepto de contrato de “prestación de servicios” — Rescisión de un precontrato relativo a la futura celebración de un contrato de franquicia.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 7, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
debe interpretarse en el sentido de que,
un precontrato, relativo a la futura celebración de un contrato de franquicia, que establece una obligación de pago de una penalización contractual basada en el incumplimiento del precontrato, obligación contractual cuyo incumplimiento sirve de base a una demanda judicial, no está comprendido en el concepto de contrato de «prestación de servicios», en el sentido de esta disposición. En tal caso, la competencia judicial respecto de una demanda a la que esa obligación sirve de base se determina, de conformidad con el artículo 7, punto 1, letra a), de dicho Reglamento, en función del lugar de cumplimiento de la obligación."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 14 de septiembre de 2023, en el asunto [C‑71-/21] (Sofiyska gradska prokuratura y otros): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Acuerdo sobre el procedimiento de entrega entre los Estados miembros de la Unión Europea, por una parte, y la República de Islandia y el Reino de Noruega, por otra — Artículo 1, apartado 3 — Derechos fundamentales — Denegación de ejecución por un Estado miembro de una orden de detención emitida por el Reino de Noruega — Emisión de una nueva orden de detención por el Reino de Noruega contra la misma persona por los mismos hechos — Examen por otro Estado miembro — Consideración de la denegación de ejecución de la primera orden de detención.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 1, apartado 3, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre el procedimiento de entrega entre los Estados miembros de la Unión Europea e Islandia y Noruega, aprobado, en nombre de la Unión Europea, mediante la Decisión 2014/835/UE del Consejo, de 27 de noviembre de 2014, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre el procedimiento de entrega entre los Estados miembros de la Unión Europea e Islandia y Noruega,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a la emisión de varias órdenes de detención sucesivas contra una persona buscada con el fin de obtener su entrega por un Estado parte de dicho Acuerdo después de que la ejecución de una primera orden de detención dirigida contra esa persona haya sido denegada por otro Estado parte del mismo Acuerdo, siempre que la ejecución de una nueva orden de detención no dé lugar a la infracción de la referida disposición y que la emisión de esta última orden de detención tenga carácter proporcionado.
2) El Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre el procedimiento de entrega entre los Estados miembros de la Unión Europea e Islandia y Noruega, aprobado, en nombre de la Unión Europea, mediante la Decisión 2014/835/UE,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a que la ejecución de una orden de detención por un Estado miembro se deniegue por el único motivo de que otro Estado miembro haya denegado la ejecución de una primera orden de detención emitida por la República de Islandia o el Reino de Noruega contra la misma persona y por los mismos hechos."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PRIIT PIKAMÄE, presentadas el 14 de septiembre de 2023, en el asunto C‑359/22 (Minister for Justice): [Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda)] Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Artículo 17, apartado 1 — Cláusulas de soberanía — Artículo 27 — Tutela judicial efectiva — Efecto suspensivo.

Nota: El AG propone al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas del modo siguiente:
"1) El artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida,
debe interpretarse en el sentido de que
no obliga a los Estados miembros a prever una tutela judicial efectiva contra una decisión del Estado miembro de ejercer o de no ejercer su facultad discrecional con el fin de asumir la responsabilidad del examen de una solicitud de protección internacional en virtud del artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento.
2) El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se opone a que un Estado miembro ejecute una decisión de traslado antes de que se resuelva la petición dirigida a ese Estado de que ejerza la facultad discrecional prevista en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013 o de que se resuelva el recurso en vía judicial específico, interpuesto en virtud de las disposiciones de Derecho nacional, contra la respuesta dada a tal petición. En este supuesto, el plazo de seis meses para proceder al traslado del solicitante de protección internacional, previsto en el artículo 29, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 604/2013, comenzará a correr a partir de la fecha de desestimación del recurso interpuesto contra la decisión de traslado."


miércoles, 13 de septiembre de 2023

Bibliografía - Sustracción internacional de menores

 

- Sustracción internacional de menores. Extemporaneidad, excepción a la restitución
José Domingo Monforte, Raquel Estellés Delgado, Abogados, DOMINGO MONFORTE Abogados Asociados
Diario LA LEY, Nº 10347, Sección Tribuna, 13 de Septiembre de 2023
[Texto del trabajo]

Se aborda una materia siempre compleja en la decisión litigiosa como es la aplicación del Convenio de la Haya de 1980 y concentra el debate la excepción de temporalidad establecida en el artículo 12 de dicho instrumento en cuanto al transcurso del plazo sin que se hayan activado los mecanismos de restitución ante el alcance de su significación jurídico y el valor normativo que alcanza. Se analiza cómo debe computarse el plazo excepcional de un año junto con juicio de valor del arraigo del menor.

DOUE de 13.9.2023


- Informe especial 21/2023 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Iniciativa Spotlight para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas – Es ambiciosa, pero hasta ahora su impacto ha sido limitado».

Nota: En 2017, la UE puso en marcha la Iniciativa Spotlight en el marco de una asociación estratégica mundial con la ONU para garantizar que todas las mujeres y las niñas vivan libres de violencia y prácticas nocivas.
El objetivo del Tribunal de Cuentas era determinar si la Iniciativa Spotlight ha sido un instrumento eficiente y eficaz para que la Comisión afronte la violencia contra las mujeres y las niñas. Constatamos que, aunque la iniciativa ha logrado realizaciones, es difícil valorar en qué medida ha obtenido los resultados previstos. También considera que puede lograr mayor eficiencia y una mejor relación entre los costes y las prestaciones. Por otro lado, recomienda que, al financiar futuras iniciativas de desarrollo, la Comisión compare exhaustivamente las opciones de ejecución y sus costes, aumente la proporción de financiación que llega a los beneficiarios finales e incorpore las enseñanzas extraídas en acciones basadas en la Iniciativa Spotlight.

Véase el texto completo del informe [aquí] y las respuestas de la Comisión [aquí].

- Lista de las autoridades centrales designadas por los Estados miembros en materia de restitución de bienes culturales que han salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, publicada en aplicación del artículo 4 de la Directiva 2014/60/UE.

Nota: Véase la Directiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 , relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro.

[DOUE C323, de 13.9.2023]


martes, 12 de septiembre de 2023

Bibliografía - La responsabilidad penal de los «Wallets» y los «Exchangers» dentro del delito de blanqueo de capitales

 

- La responsabilidad penal de los «Wallets» y los «Exchangers» dentro del delito de blanqueo de capitales
José Joaquín Taús Ballester, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Castellón
Diario LA LEY, Nº 10346, Sección Tribuna, 12 de Septiembre de 2023

El anonimato que, con carácter general, acompaña a los criptoactivos ha supuesto que los mismos sean tremendamente fascinantes para los delincuentes, quienes, han hecho uso de los mismos para la comisión de hechos delictivos, entre ellos, el blanqueo de capitales. A través de la LO 6/21 de 28 de abril, se reguló la responsabilidad penal de los «wallets» y de los «exchangers» como mecanismo para hacer frente al uso ilícito de los criptovalores.


lunes, 11 de septiembre de 2023

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


RESOLUCIONES

- Asunto C-87/22, (Traslado ilícito del menor): Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de julio de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Korneuburg — Austria) — TT / AK [Procedimiento prejudicial — Competencia en materia de responsabilidad parental — Reglamento (CE) n.o 2201/2003 — Artículos 10 y 15 — Remisión a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro mejor situado para conocer del asunto — Requisitos — Órgano jurisdiccional del Estado miembro al que el menor fue trasladado ilícitamente — Convenio de La Haya de 1980 — Interés superior del menor]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 13.7.2023.

- Asunto C-106/22, Xella Magyarország: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de julio de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék — Hungría) — Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. / Innovációs és Technológiai Miniszter [Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Libertad de establecimiento — Reglamento (UE) 2019/452 — Normativa de un Estado miembro que establece un mecanismo de control de las inversiones extranjeras en empresas residentes consideradas como «estratégicas» — Resolución adoptada sobre la base de esa normativa, que prohíbe la adquisición por una sociedad residente de la totalidad de las participaciones de otra sociedad residente — Empresa adquirida considerada como «estratégica» debido a que su actividad principal atañe a la extracción de determinadas materias primas básicas como la grava, la arena y la arcilla — Empresa adquirente considerada como «inversor extranjero» por formar parte de un grupo de sociedades cuya sociedad de cabecera está establecida en un tercer país — Perjuicio o riesgo de perjuicio para un interés nacional, la seguridad pública o el orden público del Estado miembro — Objetivo de garantizar la seguridad del suministro de materias primas básicas en favor del sector de la construcción, en particular a escala regional]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 13.7.2023.

- Asunto C-55/23, Jurtukala: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 17 de julio de 2023 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie — Polonia) — PA [Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones, aceptación y ejecución de documentos públicos en materia de sucesiones y creación de un certificado sucesorio europeo — Reglamento (UE) n.o 650/2012 — Artículo 10, apartado 1, letra a) — Competencia subsidiaria — Artículo 267 TFUE — Obligación de respetar las instrucciones de un tribunal superior]

Fallo del Tribunal:
"El artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, debe interpretarse en el sentido de que la norma de competencia subsidiaria establecida en dicha disposición solo se aplica cuando la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento está situada en un Estado miembro no vinculado por ese Reglamento o en un tercer Estado.
El Derecho de la Unión, en particular el artículo 267 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano jurisdiccional nacional, que debe pronunciarse a raíz de la anulación de su resolución por un órgano jurisdiccional superior, esté vinculado, de conformidad con el Derecho procesal nacional, por las apreciaciones jurídicas efectuadas por ese órgano jurisdiccional superior, cuando dichas apreciaciones no sean conformes con el Derecho de la Unión, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia."

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-387/23, BUL INS: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) el 26 de junio de 2023 — ZD «BUL INS» AD / PV.

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 13 de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, en el sentido de que los procedimientos relativos a las acciones de repetición del asegurador de un seguro de «responsabilidad civil» de los automovilistas con arreglo al Derecho nacional están incluidos en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión por lo que se refiere a la prohibición impuesta al asegurador de limitar su responsabilidad?
2) En caso de que se responda a la primera cuestión que el Derecho de la Unión es aplicable, ¿deben interpretarse la citada disposición y el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales [de la Unión Europea] en el sentido de que, habida cuenta del principio de efectividad y de las exigencias de la protección de los consumidores, ha de considerarse que una persona física demandante o demandada en tales procedimientos es un «consumidor»?"

- Asunto C-389/23, Bulgarfrukt: Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgerichts Wedding (Alemania) el 27 de junio de 2023 — Bulgarfrukt — Fruchthandels GmbH / Oranzherii Gimel II EOOD.

Cuestiones prejudiciales:
"1. ¿Deben interpretarse el Reglamento (CE) n.o 1393/2007 y el Reglamento (CE) n.o 1896/2006 en el sentido de que se oponen a una normativa nacional con arreglo a la cual, en el marco de un procedimiento de recurso, el órgano jurisdiccional debe declarar nulo un requerimiento europeo de pago si este no ha sido notificado, o no ha sido notificado válidamente, al demandado?
2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Deben interpretarse los citados Reglamentos en el sentido de que se oponen a una normativa nacional con arreglo a la cual la ejecución forzosa en virtud del requerimiento europeo de pago debe declararse inadmisible si dicho requerimiento no ha sido notificado, o no ha sido notificado válidamente, al demandado?
3. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Debe interpretarse el Reglamento n.o 1896/2006 en el sentido de que, cuando el demandado ha tenido conocimiento de la expedición de un requerimiento europeo de pago, pero este no le ha sido notificado aún o no se le ha notificado válidamente, no puede todavía oponerse válidamente al requerimiento?"

[DOUE C321, de 11.9.2023]


domingo, 10 de septiembre de 2023

Bibliografía - Novedad editorial


La editorial Dykinson acaba de publicar la obra "Las violencias de género en entornos transfronterizos. Interconexión de las perspectivas de extranjería, asilo y del derecho internacional privado", de la que es autora Carmen Ruiz Sutil.

La obra que presento dedica su atención a los principales inconvenientes jurídicos-administrativos que afectan a las mujeres extranjeras y a su prole cuando son objeto de cualquier forma de violencia de género. Las dificultades a las que se enfrentan estas víctimas pasan por la obtención de una autorización de residencia y trabajo conforme al régimen de extranjería vigente o, en su caso, por alcanzar el estatuto de refugiada cuando sean beneficiarias de la protección internacional por motivos de género. Los lectores también encontrarán en esta contribución otras cuestiones significativas vinculadas al divorcio o a la determinación de la custodia y al régimen de visitas en situaciones transnacionales, procesos civiles que traen causa en una denuncia penal fundada en la violencia de género. Otro lugar relevante en este estudio lo ocupa el abordaje de la violencia machista en procesos de sustracción internacional de menores, especialmente de aquellos que inciden de manera directa en mujeres españolas y sus residentes en el extranjero que deciden retornar a España con su hijos e hijas, escapando del peligro que encarna esta lacra social. Y dado que el Derecho internacional privado de familia es uno ejes esenciales de esta monografía, he considerado oportuno propugnar en esta disciplina la incorporación del enfoque de género en los distintos sectores de problemas que involucran a las mujeres extranjeras y su descendencia víctimas de esta violencia estructural. Por lo demás, esta obra contiene respuestas inéditas y novedosas al complejo tratamiento de las situaciones de las violencias de género en entornos transfronterizos, todas ellas ajustadas a la diversidad de instrumentos internacionales que vinculan a nuestro país en esta materia.

Extracto del índice de la obra:

CAPÍTULO PRIMERO. MARCO JURÍDICO DE LA EXTRANJERÍA Y DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL PARA LA EXTRANJERA VÍCTIMA DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO
1. Introducción
2. Los derechos humanos de las mujeres como marco jurídico de la extranjería y de la protección internacional
3. Concepto holístico de la violencia de género y su traslado al Derecho de extranjería
4. La dimensión de género en la protección internacional
5. Conclusiones

CAPÍTULO SEGUNDO. EL DIVORCIO DE LA VÍCTIMA EXTRANJERA Y LA RESPONSABILIDAD PARENTAL ANTE LOS JUZGADOS ESPAÑOLES
1. Introducción
2. Los asuntos de familia transfronterizos ante denuncias de violencia de género/doméstica
3. Demanda en España del divorcio de la extranjera cuando es víctima de violencia de género/doméstica
4. Situaciones transnacionales de responsabilidad parental y la presencia de las violencias machistas
5. Conclusiones

CAPÍTULO TERCERO. NECESIDAD DEL GENDER MAINSTREAMING EN LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES
1. Introducción
2. La transversalidad de género en los textos internacionales sobre sustracción internacional de menores
3. Desafíos ante el retorno intraeuropeo de la española y su descendencia que sufren violencia de género en el exterior
4. Conclusión

Ficha:

C. Ruiz Sutil
"Las violencias de género en entornos transfronterizos"
Editorial Dykinson, 2013
164 págs. - 18,00€ (papel) 13,50€ (eBook)
ISBN: 978-84-1170-444-1 (papel) 978-84-1170-495-3 (eBook)

Revista de revistas (3 a 10 de septiembre)

 

- Revista de Derecho Comunitario Europeo: núm. 75 (2023) [III Seminario Gil Carlos Rodríguez Iglesias: «La Unión Europea ante la guerra de Ucrania»].
- Revista de Derecho Migratorio y Extranjería: núm. 63 (2023).
- Revista de Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales: núm. 23 (2023).


sábado, 9 de septiembre de 2023

Boletín de referencias de actualidad de Derecho Internacional y Derechos Humanos (31 agosto 2023) - International Law and Human Rights Current References Digest (August 31, 2023)


Este Boletín (con 293 referencias) ha sido elaborado por el Prof. Francisco J. Zamora Cabot (Universidad Jaume I de Castellón) [email: zamora(at) uji.es], a quien agradezco la autorización para publicarlo en Conflictus Legum.

El Boletín puede consultarse en este enlace


Éste es el último Boletín que se publicará. En uso de su legítimo derecho, el Prof. Zamora Cabot ha decidido dar por concluida esta larga etapa en la que ha dedicado grandes esfuerzos personales a rastrear las RRSS en busca de referencia sobre Derechos Humanos. Tras cada Boletín hay muchas horas de trabajo leyendo, seleccionando y sistematizando la ingente cantidad de materiales accesibles en Internet. Cada Boletín (debo recordar que hace unos años los Boletines se elaboraban con una periodicidad semanal) contiene un promedio de unas 300 citas, lo que puede darnos da una idea del esfuerzo de elaboración que hay tras él. Personalmente, y en primer lugar, deseo agradecer al Prof. Zamora Cabot su gran trabajo y su generosidad, que, sin duda, a partir de ahora echarán en falta de manera especial todos los que se dedican a la investigación en el ámbito de los Derechos Humanos. En segundo lugar, quiero agradecerle que, desde mayo de 2018 (si mis datos no me fallan), me haya permitido publicar en mi Blog el resultado de su altruista labor, con el objeto de ayudarle en su difusión.

El Prof. Zamora Cabot ha redactado un mensaje de despedida, que reproduzco a continuación:

My Dear Friends:
The 2022/23 academic year has ended, the first in my new status as Emeritus Professor, and I am also going to end the publication of my Digest, which I consider a milestone in my academic career, which began in 1976, to focus on teaching and research activities, also coordination, that I have been carrying out. I will also maintain a presence on Linkedin, as I have been doing for a long time.
I would like to record my gratitude for the extensive follow-up that this endeavour -the Digest- has been receiving and, in particular, because my dear friend Professor Federico Garau has gently provided a place for it in his prestigious blog, Conflictus Legum,  for years.
A very cordial and affectionate greeting and my best wishes in this rentrée of the 23-24 academic year.

 

Mucha gracias Prof. Zamora Cabot por su inestimable y continuado trabajo a lo largo de tantos años.


jueves, 7 de septiembre de 2023

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (7.9.2023)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 7 de septiembre de 2023, en el asunto C‑590/21 (Charles Taylor Adjusting): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Reconocimiento y ejecución en un Estado miembro de resoluciones procedentes de otro Estado miembro — Artículo 34 — Motivos de denegación — Violación del orden público de la Unión Europea y del orden público nacional — Concepto de “orden público” — Confianza mutua — Orden conminatoria que “casi” impide el recurso — Resoluciones por las que se impide el ejercicio del derecho a una tutela judicial o la continuación de los procedimientos incoados ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 34, punto 1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con su artículo 45, apartado 1,
debe interpretarse en el sentido de que
un órgano jurisdiccional de un Estado miembro puede denegar el reconocimiento y la ejecución de una resolución de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro por contrariedad con el orden público, ya que esa resolución dificulta la continuación de un procedimiento pendiente ante otro órgano jurisdiccional de ese primer Estado miembro, al otorgar a una de las partes una indemnización pecuniaria provisional por los gastos que esta soporta por la incoación de ese procedimiento, basándose, por un lado, en que el objeto de dicho procedimiento está cubierto por un acuerdo de conciliación, celebrado en debida forma y ratificado por el órgano jurisdiccional del Estado miembro que ha dictado la citada resolución, y, por otro lado, en que el órgano jurisdiccional del primer Estado miembro, ante el que se ha incoado el procedimiento controvertido, no es competente debido a una cláusula atributiva de competencia exclusiva."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 7 de septiembre de 2023, en el asunto C‑832/21 (Beverage City Polska): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Competencias especiales — Artículo 8, punto 1 — Pluralidad de demandados — Demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulta oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo — Demandado de conexión — Marca de la Unión Europea — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículos 122 y 125 — Acción por violación de una marca de la Unión dirigida contra varios demandados domiciliados en Estados miembros distintos — Competencia del órgano jurisdiccional del lugar del domicilio del administrador de una sociedad demandada — Competencia del órgano jurisdiccional ante el que se ha ejercitado la acción con respecto a los codemandados domiciliados fuera del Estado miembro del foro — Concepto de “relación tan estrecha” — Contrato de distribución exclusiva entre el proveedor y su cliente.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 8, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
debe interpretarse en el sentido de que
varios demandados domiciliados en Estados miembros distintos pueden ser demandados ante el órgano jurisdiccional del domicilio de uno de ellos que, en el marco de una acción por violación de marca, conoce de las demandas presentadas contra todos esos demandados por el titular de una marca de la Unión cuando se imputa a estos una infracción materialmente idéntica de esa marca cometida por cada uno de ellos, en caso de que esos demandados estén vinculados por un contrato de distribución exclusiva."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. NICHOLAS EMILIOU, presentadas el 7 de septiembre de 2023, en el asunto C‑128/22 (NORDIC INFO): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunal de Primera Instancia neerlandófono de Bruselas, Bélgica)] Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Medidas nacionales adoptadas para controlar la propagación de la pandemia de COVID‑19 — Prohibición de los viajes “no esenciales” desde y hacia países considerados de alto riesgo de contagio para los viajeros — Imposición a los residentes de la obligación de permanecer en cuarentena y de realizarse pruebas de detección al volver de esos países — Directiva 2004/38/CE — Artículos 4 y 5 — Derechos de salida y entrada — Limitación — Artículos 27, apartado 1, y 29, apartado 1 — Justificación — Salud pública — Proporcionalidad — Controles efectuados para hacer respetar las restricciones de viaje — Código de fronteras Schengen — Artículos 22 y 23, apartado 1 — Distinción entre “inspección fronteriza” en el sentido de la primera disposición y “ejercicio de las competencias de policía” en el sentido de la segunda disposición — Posibilidad de restablecer los controles fronterizos en las fronteras interiores — Artículo 25, apartado 1 — Justificación — Concepto de “amenaza grave para el orden público” — Riesgo de graves disturbios para la sociedad a causa de la pandemia — Proporcionalidad.

Nota: El AG propone al Tribunal que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas:
"1) Los artículos 4, apartado 1, y 5, apartado 1, en relación con los artículos 27, apartado 1, y 29, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen, en principio, a medidas nacionales adoptadas para responder a la amenaza grave y real para la salud pública que supone una pandemia, consistentes, por un lado, en prohibir la realización de viajes hacia y desde determinados países con una situación epidemiológica comparativamente peor que la del Estado miembro de que se trata y, por otra parte, en imponer a los residentes la obligación de permanecer en cuarentena y someterse a pruebas de detección al volver de esos países.
2) El artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen)
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone, en principio, a que un Estado miembro restablezca temporalmente los controles en las fronteras interiores en respuesta a una pandemia, siempre que esta sea lo suficientemente importante como para ser calificada de «amenaza grave para el orden público» en el sentido de dicha disposición y que se cumplan todos los requisitos que en ella se establecen."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. NICHOLAS EMILIOU, presentadas el 7 de septiembre de 2023, en el asunto C‑216/22 (Bundesrepublik Deutschland): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sigmaringa, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Asilo — Directiva 2013/32/UE — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Solicitud de protección internacional — Motivos de inadmisibilidad — Artículo 33, apartado 2, letra d) — Solicitud de protección internacional posterior — Circunstancias en las que una solicitud posterior no puede ser declarada inadmisible — Sentencia del Tribunal de Justicia relevante para el examen de la cuestión de si el solicitante cumple los requisitos para ser beneficiario de protección internacional — Artículo 40 — Concepto de “nuevas circunstancias” — Posibilidad de que una sentencia del Tribunal de Justicia constituya tal nueva circunstancia — Artículo 46, apartado 1, letra a), inciso ii) — Recurso contra una decisión por la que se declara inadmisible una solicitud posterior de conformidad con el artículo 33, apartado 2, letra d) — Alcance del control llevado a cabo por los órganos jurisdiccionales nacionales en el marco del recurso — Garantías procedimentales.

Nota: El AG propone al Tribunal que responda a las cuestiones prejudiciales planteadasdel siguiente modo:
"1) El artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con su artículo 40,
debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “circunstancia nueva” puede incluir una sentencia del Tribunal de Justicia que implique un cambio en la interpretación de las disposiciones nacionales en las que se basó la resolución administrativa firme sobre una solicitud anterior del interesado, sin afectar a la validez de dichas disposiciones ni a su tenor. El hecho de que tal sentencia se dictara antes o después de dicha resolución firme no afecta a esta conclusión.
2) El artículo 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32, en relación con su artículo 40,
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional que permite denegar una solicitud posterior por inadmisible en una serie de supuestos más amplia que la contemplada por dicha disposición, por ejemplo, porque adopta una interpretación más restrictiva del concepto de “circunstancia nueva” al que se refieren dichas disposiciones. Para ser considerada una “circunstancia nueva”, una sentencia del Tribunal de Justicia debe, en primer lugar, no haber sido examinada por las autoridades competentes en el marco del procedimiento relativo a la solicitud anterior. En segundo lugar, debe referirse “al examen [del] derecho [del solicitante] a ser beneficiario de protección internacional en virtud de la Directiva 2011/95/UE”. Además, para evitar que una solicitud posterior sea declarada inadmisible, debe “aumenta[r] significativamente la probabilidad” de que su solicitud prospere en cuanto al fondo.
3) El artículo 46 de dicha Directiva
debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que los Estados miembros adopten disposiciones en virtud de las cuales sus órganos jurisdiccionales nacionales no estén facultados, en el marco de un recurso interpuesto ante ellos contra una resolución por la que se deniega una solicitud posterior por inadmisible, para dictar una resolución sobre el fondo de la solicitud de asilo del interesado, siempre que, no obstante, se respeten los principios de equivalencia y de efectividad."


Bibliografía - La motivación de los laudos arbitrales

 

- La motivación de los laudos arbitrales
Javier Seoane Prado, Magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJ de Aragón
Diario LA LEY, Nº 10343, Sección Tribuna, 7 de Septiembre de 2023

Tras la reforma del art. 37.4 LA por la L 11/2011, no está previsto expresamente que las partes puedan acordar que el laudo no sea motivado, por lo que se plantea la cuestión de si esta falta de motivación puede dar lugar en todo caso a su nulidad, y qué ha de entenderse por falta de motivación a estos efectos, dada la más reciente doctrina del TC sobre este particular, sentada con ocasión de los recursos de amparo interpuestos contra las Sentencias del TSJ de Madrid que revisaban lo decidido por los árbitros en el fondo so pretexto de que su motivación vulneraba del orden público. La doctrina sentada por el TC obliga a un nuevo planteamiento de la cuestión. Se defiende la tesis de que la falta de motivación no puede dar lugar a la nulidad en los casos en que el convenio arbitral releve a los árbitros de este deber.


miércoles, 6 de septiembre de 2023

Bibliografía - El régimen de inversiones extranjeras: su definitiva consolidación mediante el desarrollo reglamentario


- El régimen de inversiones extranjeras: su definitiva consolidación mediante el desarrollo reglamentario
Miguel Barredo, Asociado Sénior (Departamento de Derecho Mercantil), Clifford Chance; Octavio Canseco, Asociado Sénior (Departamento de Derecho Público), Clifford Chance
Diario LA LEY, Nº 10342, Sección Tribuna, 6 de Septiembre de 2023
[Texto del trabajo]

En este trabajo los autores analizan las novedades y desarrollos normativos introducidos en el régimen de autorización previa de inversiones extranjeras mediante el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores.

Nota: Véase el Real Decreto 571/2023, así como la entrada de este blog del día 5.7.2023.


Jurisprudencia - Los pagos a no residentes emitidos por la cesión de derechos sobre la retransmisión de eventos deportivos relativos a la marca UEFA están sujetos a retención por IRNR

 

- Tribunal Económico-Administrativo Central, Resolución de 26 Jun. 2023, Rec. 5140/2020: Impuesto sobre la renta de no residentes. Retenciones. Se reclama la devolución de retenciones por pagos a no residentes: derechos de emisión de eventos deportivos y otros contenidos audiovisuales. Pretendida definición a los efectos de aplicación de los Convenios de Doble Imposición, como beneficios empresariales o como otras rentas y no como cánones, por lo que no debieron sujetarse a retención. No procede. Correcto fundamento de la calificación llevada a cabo por la Inspección tributaria. Rentas satisfechas cuya prestación principal viene determinada por un conglomerado de carácter marcario que abarca todos los derechos de esa naturaleza o similares de modo que las prestaciones contratadas se aglutinan en torno a un bien intangible que encaja en la naturaleza de los cánones y como tales deben tributar en su conjunto.

Diario LA LEY, Nº 10342, Sección Doctrina administrativa, 6 de Septiembre de 2023
[Texto de la resolución]


BOE de 6.9.2023


- Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos.

Nota: Aquí tenemos la nueva norma sobre acreditación a los cuerpos docentes universitarios. Como es costumbre en el ámbito universitario, las reglas se cambian a mitad del partido. Este RD unifica en una sola norma la regulación de las etapas de acreditación y de concurso de acceso, e incorpora y desarrolla reglamentariamente las innovaciones normativas introducidas por la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario.

El Título I regula la acreditación estatal. En el Capítulo I se establece que la obtención de la acreditación estatal constituye el requisito para concurrir a los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. El certificado de acreditación deja de estar vinculado a una rama de conocimiento determinada, pasando a tener carácter universal. Se establece en nueve meses el periodo acumulado mínimo de actividad investigadora o docente en universidades o centros de investigación distintos de aquella institución en la que se presentó la tesis doctoral para optar a la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, si bien este requisito no resultará obligado para la promoción de Profesor Titular a Catedrático.
El Capítulo II asigna la evaluación de los méritos y competencias a las comisiones de acreditación designadas por ANECA. Se modifica el procedimiento para designar a los miembros de las comisiones, que pasan a ser seleccionados en un 50% por ANECA y en un 50% por sorteo público entre el personal activo de los cuerpos docentes universitarios que reúna los requisitos para ser evaluador. El nombramiento como miembro de una comisión en el caso de los miembros seleccionados por sorteo será irrenunciable, salvo causa justificada.
En el Capítulo III se regulan los aspectos relativos a la constitución y el funcionamiento de las comisiones de acreditación.
El Capítulo IV agiliza y simplifica el procedimiento para la obtención de la acreditación estatal. ANECA deberá disponer de sendos procedimientos para reconocer como acreditado al profesorado estable de universidades de Estados miembros de la UE, así como para evaluar y eventualmente acreditar al profesorado estable de universidades de terceros países.
El Capítulo V regula la evaluación y el seguimiento del sistema de acreditación. 

El Título II regula los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. Para prevenir la hiperespecialización de los perfiles de las plazas convocadas y la consiguiente falta de competencia en los concursos, introduce el deber de que cada plaza convocada se adscriba a una o más especialidades de conocimiento, lo que limitará la perfilación excesiva de las plazas. Se incorpora la obligación de registrar las convocatorias en la plataforma electrónica Euraxess Jobs creada por la Unión Europea y gestionada por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), con al menos un mes de antelación respecto a la fecha de celebración del concurso. Asimismo, las universidades deberán hacer pública la composición de las comisiones de selección, así como los criterios de adjudicación y, una vez celebrados los concursos, harán públicos los resultados de evaluación de cada candidato y candidata con una explicación motivada y desglosada por cada uno de los aspectos evaluados.
Las comisiones de selección de los concursos deberán estar integradas por una mayoría de miembros externos de la universidad convocante elegidos por sorteo público a partir de una lista cualificada de profesorado y personal investigador, elaborada por cada universidad en los términos que desarrolle su normativa interna.

El RD se completa con diez disposiciones adicionales. La primera extiende a los concursos de profesorado laboral la limitación de la perfilación de las plazas de los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. La segunda prevé la constitución de las comisiones de acreditación previstas tras la entrada en vigor de la norma. La tercera determina la publicación y transparencia de los criterios de evaluación de los méritos y competencias requeridos para obtener la acreditación. Las cuarta, quinta y sexta recogen lo esencial del contenido de las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera del Real Decreto 1312/2007, que se deroga por este RD. La disposición adicional séptima determina la inaplicación de restricción temporal prevista en el artículo 15.7 del Real Decreto 1312/2007 para la presentación de una nueva solicitud de acreditación. La disposición adicional octava versa sobre la revisión del Código Ético al que se refiere el artículo 10 y la disposición adicional novena contiene un mandato a las comunidades autónomas y las universidades para que en el futuro sujeten los concursos de acceso a las plazas de profesorado laboral al listado de especialidades de conocimiento. Por último, la disposición adicional décima incorpora la cautela sobre el no incremento de gasto público.

La disposición derogatoria única deroga expresamente el Real Decreto 1312/2007, salvo su anexo I, que mantendrá su vigencia hasta la entrada en vigor del listado de especialidades de conocimiento al que hace referencia la disposición transitoria segunda, así somo el Real Decreto 1313/2007. Asimismo, se deroga genéricamente cualquier disposición de igual o inferior rango que se oponga, contradiga o resulte incompatible con lo establecido en este RD.

La disposición transitoria primera, además de reconocer la validez y eficacia de las acreditaciones obtenidas de acuerdo con las normas vigentes y procedimientos aplicables con anterioridad a la entrada en vigor de este RD, establece el régimen temporal aplicable al procedimiento de acreditación, conteniendo diversas reglas sobre los procedimientos no finalizados a su entrada en vigor o iniciados antes del 1 de abril de 2024. La disposición transitoria segunda hace una remisión a las áreas de conocimiento relacionadas en el anexo I del Real Decreto 1312/2007, hasta la aprobación del listado de especialidades de conocimiento previstas en el artículo 30.2.

Las disposiciones finales primera, segunda y cuarta se refieren a los títulos competenciales, el desarrollo y ejecución, así como la entrada en vigor para mañana, 7 de septiembre. Estas disposiciones se completan con la tercera que contiene un mandato específico para que por orden ministerial se apruebe un listado de las especialidades de conocimiento en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de este RD.

Finalmente, el anexo recoge los méritos y competencias que serán objeto de evaluación para constatar que las personas solicitantes de la acreditación reúnen los requisitos para obtenerla.

- Resolución de 10 de agosto de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Puigcerdà, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 10 de agosto de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Tortosa, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 10 de agosto de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Amposta, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 28 de agosto de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Illescas, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Nota: Mediante las presentes resoluciones se aprueban la entrada en servicio efectivo de la aplicación informática denominada DICIREG, del Ministerio de Justicia, que permite el funcionamiento del Registro Civil conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 en las oficinas del Registro Civil de los siguientes partidos judiciales y en las fechas indicadas:
- Puigcerdà, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Puigcerdà y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Alp, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Llívia, Meranges y Urús, a las 00:00 horas del 18 de septiembre de 2023.
- Tortosa, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Tortosa y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Camarles, Deltebre, El Perelló, L’Aldea, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, Paüls, Roquetes, Tivenys y Xerta, a las 00:00 horas del 12 de septiembre de 2023.
- Amposta, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Amposta y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Alcanar, Freginals, Godall, La Galera, La Sénia, Mas de Barberans, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara y Ulldecona, a las 00:00 horas del 12 de septiembre de 2023.
- Illescas, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Illescas y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Alameda de la Sagra, Añover de Tajo, Borox, Cabañas de la Sagra, Carranque, Casarrubios del Monte, Cedillo del Condado, Chozas de Canales, Cobeja, El Viso de San Juan, Esquivias, Las Ventas de Retamosa, Lominchar, Numancia de la Sagra, Palomeque, Pantoja, Recas, Seseña, Ugena, Valmojado, Villaluenga de la Sagra, Villaseca de la Sagra, Yeles, Yuncler, Yunclillos y Yuncos, a las 00:00 horas del 25 de septiembre de 2023.

Mientras no entre en vigor el nuevo Reglamento de Registro Civil será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerdan las pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática DICIREG, conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 23.9.2021), modificada por la Instrucción de 3 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y las demás Instrucciones, Circulares y Resoluciones que han sido dictadas hasta el momento, en relación con la aplicación de la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 9.6.2022).

[BOE n. 213, de 6.9.2023]