El Consejo de Ministros aprueba un proyecto de ley que adapta el ordenamiento español al Reglamento sobre Eurojust y otras cuestiones de cooperación jurídica internacional

El Consejo de Ministros en su sesión de día 7 de junio aprobó el Proyecto de Ley por el que se adapta al ordenamiento nacional el Reglamento (UE) 2018/1727 sobre Eurojust, que regula los conflictos de jurisdicción, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior. El objetivo del proyecto de ley es adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por la que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo [véase la referencia completa de la sesión].

El proyecto de ley incorpora una serie de disposiciones para mejorar la transparencia en la selección de los candidatos que ocupen los puestos de miembro nacional, adjunto o asistente como la publicación la convocatoria en el BOE o la constitución de una Comisión de Selección encargada de conformar una terna de candidatos. También se incorporan en la convocatoria criterios de igualdad.

Se persigue la adaptación de la normativa española al marco europeo, fomentando un proceso de selección transparente que introduce criterios sobre igualdad y cumple con el compromiso de la regeneración democrática y modernización de las instituciones, afianzando la independencia de Eurojust. Además, incluye el análisis del estatuto y de las competencias que el Reglamento prevé para el miembro nacional Eurojust, entre las que cuenta con la enumeración de las competencias que los miembros nacionales deben tener en los Estados miembros, estableciendo así un mínimo común que aporte homogeneidad en operaciones conjuntas.

El proyecto incluye que cada Estado miembro otorgue a su miembro nacional atribuciones adicionales. En el caso de España podrá corregir errores en la solicitud, dividirla entre autoridades competentes o cualquier otra modificación que resulte necesaria para su rápida y correcta tramitación. Además, en casos urgentes, si no es posible determinar o contactar a tiempo con la autoridad competente, el miembro nacional podrá llevar a cabo estas acciones directamente, informando de ello a la mayor brevedad.

El Consejo de Ministros aprueba los anteproyectos de ley de medidas de eficiencia procesal y de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia

El Consejo de Ministros aprobó en su sesión del día 12 de abril el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, así como el anteproyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios (véase la referencia del Consejo de Ministros).

La nueva ley de eficiencia organizativa transforma el modelo actual de la Justicia y pretende contribuir a superar brechas de acceso a este servicio público, a la vez que pretende reforzar la tutela judicial efectiva. Se sustenta en tres figuras fundamentales: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios.
Así, habrá un tribunal de instancia en cada partido judicial con sede en la capital, de la que tomará el nombre. Se configura su organización por secciones, variable en función del volumen de asuntos y actividad que se concentra en el partido judicial.
Por otro lado, se completará el proceso de implantación de la Oficina Judicial en todo el territorio nacional. Será una ventanilla de acceso único a la justicia para los ciudadanos. Con la nueva norma, los juzgados de paz se transforman en Oficinas de Justicia en los municipios, fortaleciendo la presencia de la Justicia en todo el territorio, luchando contra la despoblación en zonas rurales y acercando el servicio público de Justicia a los ciudadanos.
En las Oficinas de Justicia se podrán celebrar juicios telemáticos, diligencias judiciales o conexiones por videoconferencia con los colegios profesionales, entre otras diligencias administrativas, ahondando en la reducción de los desplazamientos.
En su integración con el nuevo modelo organizativo de Tribunales de Instancia y Oficina Judicial, las nuevas Oficinas de Justicia en los municipios aprovecharán los recursos humanos que actualmente trabajan en los juzgados de paz, incrementando el personal en los casos que sea necesario y poniendo todos los instrumentos que brindan las nuevas tecnologías para ofrecer nuevos servicios.

Por su parte, la ley de eficiencia procesal tiene como objetivo agilizar la actividad de la justicia en términos estructurales, facilitar la cohesión social y contribuir a un sistema de justicia más sostenible. Para ello, introduce los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y reforma las leyes procesales.
La norma establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles, que exige haber intentado una solución consensuada con carácter previo a la interposición de la demanda. Las partes podrán cumplir dicho requisito mediante la negociación directa entre las partes, la opinión de un experto independiente, la conciliación, la mediación o una oferta vinculante confidencial. También contempla la figura de los servicios de medios adecuados de resolución de conflictos, para informar a los ciudadanos y operadores jurídicos sobre su naturaleza, contenido, efectos de su utilización y recursos existentes, así como auxiliar a los diferentes órganos judiciales respecto a la conveniencia de la derivación de un determinado caso a una actividad negociadora.
Este proyecto de ley regula también las medidas imprescindibles para la digitalización, adaptando la legislación española a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
En relación a la modificación de las leyes procesales, la nueva norma introduce reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El objetivo es dotar de mayor agilidad en la tramitación de los procedimientos judiciales.
Así, la reforma de la LEC introduce de forma generalizada el uso de las nuevas tecnologías, reforzando al mismo tiempo las garantías de su aplicación. También se establecen medidas para adaptar el proceso a las necesidades actuales de conciliación de la vida familiar y personal, como la declaración de inhábiles a efectos procesales del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive; o la interrupción de los plazos o la suspensión de los procedimientos, debiendo ser tenido en cuenta para nuevos señalamientos, por causas objetivas de fuerza mayor que afecten a los profesionales de la procura o abogacía, tales como nacimiento y cuidado de menor, enfermedad grave y accidente, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o baja laboral.

Proceso de participación pública en las propuestas legislativas de la Unión Europea

El 23 de febrero de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo para la mejora del proceso de negociación e incorporación del derecho de la Unión Europea al ordenamiento jurídico interno, que prevé la elaboración de un estudio de impacto sobre las propuestas legislativas europeas (EIPLE), propuestas de reglamentos o de directivas, en cuyo procedimiento de negociación intervenga España.

Durante el proceso de elaboración de los EIPLE, se lleva a cabo un proceso de participación pública para que puedan expresar su criterio, entre otros, grupos de interés, asociaciones empresariales y sindicales, gabinetes de estudios, expertos y ciudadanos en general, así como otras Administraciones Públicas.

Este canal tiene por objeto recabar la opinión de los sectores sociales antes indicados sobre las propuestas legislativas que, por las competencias atribuidas a este Ministerio, recaen en su ámbito de actuación.

Dicha participación se articula a través de la remisión, al buzón de correo electrónico identificado para cada propuesta legislativa, de las observaciones que se consideren pertinentes.

Véanse las propuestas que pueden ser informadas, con sus respectivas direcciones de correo electrónico y plazos, en este enlace (parece ser que existe una errata en la fecha del plazo máximo de presentación de comentarios, debiendo referirse al año 2022, y no al 2021 como se indica).

El Consejo de Ministros conoce el Anteproyecto de Ley orgánica del Sistema Universitario

En su sesión de ayer, el Consejo de Ministros fue informado por parte del Ministerio de Universidades del Anteproyecto de Ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU). De acuerdo con la referencia del Consejo de Ministros, las principales propuestas de la Ley son:

Calidad: Introduce la evaluación permanente de la calidad de la actividad docente de los profesores por parte de las universidades y el impulso de la innovación docente.
Se intensifica la importancia de las diferentes agencias, nacionales y autonómicas, de evaluación y acreditación reconocidas en Europa para reconocimiento de títulos y de la carrera del personal docente e investigador.
Asimismo, esta ley promueve una financiación suficiente de las universidades bajo el objetivo del incremento del gasto educativo en los próximos años. 

Equidad: Incorpora diferentes medidas de equidad, tanto por razones de género como por otras razones. Entre las medidas de equidad de género se encuentran la paridad entre mujeres y hombres en los órganos colegiados, la incorporación de unidades de igualdad y de diversidad en las universidades con recursos suficientes, los planes de igualdad de política universitaria y de recursos humanos, los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, un registro salarial que sirva para luchar contra la brecha de género en los salarios, acciones positivas en concursos de selección, una composición equilibrada de todas las comisiones de selección y evaluación, medidas de conciliación, corrección de los usos del tiempo, impacto de género del presupuesto universitario, e impulso de proyectos científicos con perspectiva de género así como la paridad en los equipos de investigación y el aumento de mujeres como investigadoras principales en las universidades.
Se incorporan otras medidas antidiscriminación como el cupo de discapacidad, la adecuación de los edificios y entornos universitarios para que sean accesibles, la no discriminación en el acceso a la universidad y en los derechos de los estudiantes, entre otras medidas.

Transferencia de conocimiento y empleo de calidad: La norma cuenta con diferentes herramientas que garantizan una colaboración estable de estas entidades con las universidades en actividades de investigación y transferencia del conocimiento. Consolida el apoyo a formas de emprendimiento e impulsa la investigación colaborativa entre universidades, empresas y entidades de diferente índole. Los doctorados industriales, la formación permanente a lo largo de la vida, así como el reconocimiento y las pasarelas con los estudios de formación profesional superior son otras de las diferentes medidas que esta LOSU impulsa para ayudar desde las universidades a nuestra sociedad y economía en la búsqueda de un empleo estable y de calidad.
Otorga una alta relevancia a la producción y transferencia del conocimiento estableciendo que todas las universidades dediquen como mínimo un 5% de su presupuesto a la investigación. Las universidades públicas deberán establecer una reserva de plaza del 15% de entre las plazas permanentes para investigadores, promocionando el liderazgo de los jóvenes investigadores, e impulsando la transferencia de conocimiento a entidades, instituciones y empresas.

Precariedad en el empleo: Dota de diferentes herramientas y dispositivos legales a las universidades para hacer frente al problema de la precariedad y sentar las bases que permitan terminar con esta situación. Primero, a través de una definición predecible y estable de la carrera académica con tres niveles de progresión: incorporación, consolidación y promoción. En segundo lugar, reduciendo la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador de las universidades, pasando del 40% en la LOU al 20%. En tercer lugar, contempla un aumento en la estabilización, pasando del 51% al 55% el porcentaje mínimo de profesores funcionarios que deben tener las universidades públicas.
Ofrece además varias vías de entrada y estabilización a la carrera académica del profesor asociado que no cuente con un trabajo principal fuera de la universidad y desee hacer carrera académica. Por un lado, establece una reserva de plaza de mínimo el 15% para profesores asociados con título de doctor y con una relación contractual previa mínima de cinco años con la universidad, en los programas de promoción y estabilización en aquellas universidades que tengan más del 15% de su plantilla, contada en efectivos, de profesores asociados. Por otro lado, se crea la figura transitoria del Profesor Contratado No Doctor destinada a personas que hayan tenido una relación contractual como docente durante un mínimo de cinco cursos académicos con alguna universidad pública mediante alguna figura contractual de carácter temporal, con el objetivo de que obtenga el título de doctor. Por último, la LOSU introduce en todos los concursos la equiparación entre los méritos de docencia y los de investigación.

Igualdad de oportunidades: Se reconoce el derecho de los estudiantes a acceder a becas y ayudas al estudio en función de criterios socioeconómicos. Así se promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad y en la permanencia de los estudiantes en las enseñanzas universitarias. Asimismo, determina que la Conferencia General de Política Universitaria en la que participan el conjunto de Comunidades Autónomas establecerá anualmente el límite máximo para los procesos públicos de las matrículas.

Internacionalización: La nueva ley tiene también como objetivo aumentar el grado de internacionalización del sistema universitario español, fomentando alianzas interuniversitarias para el desarrollo de títulos y programas conjuntos con universidades extranjeras y los doctorados de cotutela internacional. Garantiza la movilidad nacional e internacional de los profesores universitarios, de los estudiantes y del personal de administración y servicios a través del refuerzo de programas como el Erasmus+. Asimismo, modifica la figura actual del profesor visitante e introduce una nueva de profesor distinguido para atraer talento a la universidad.

Selección de acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros (16 marzo 2021)

Entre los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en su sesión celebrada ayer, 16 de marzo, cabe destacar los siguientes [puede consultarse la referencia completa d ela sesión en este enlace]:

- Aprobó la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre los Estados miembros de la Unión Europea y autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por este Acuerdo.
Este Acuerdo viene siendo aplicado provisionalmente por España desde el 4 de agosto de 2020 (véase la entrada de este blog del día 30.9.2020).

- Igualmente, aprobó la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre España y Níger sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares y autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

- Asimismo, tomó conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, ADR 2021.

- Finalmente, aprobó el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2019 al Anexo del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, y de las Enmiendas de 2018 y 2019 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda dicho Convenio, adoptadas respectivamente mediante las Resoluciones, MEPC.314(74), MEPC.305(73) y MEPC.316(74).

Selección de acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros (1 diciembre 2020)

En la sesión celebrada hoy, 1 de diciembre, el Consejo de Ministros ha tomado, entre otros, los siguientes acuerdos [véase la referencia completa de la sesión aquí]:

- Solicitar la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

- Aprobar un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las ciudades de Ceuta y Melilla para el mantenimiento y la mejora de la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados en el año 2020.

- Aprobar un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para la atención y acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

- Aprobar el acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas de 2018 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas mediante la Resolución MEPC.301(72).

- Aprobar la creación de 33 nuevas unidades judiciales para contribuir a agilizar y acelerar la reactivación de la actividad judicial ordinaria alterada por la pandemia.
En concreto, las nuevas unidades comprenden 30 nuevos juzgados y 3 plazas de magistrado. De las plazas, una es en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; otra, en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz (con sede en Algeciras); y una tercera, en la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valladolid.
La creación de estas unidades se ha hecho atendiendo a las órdenes jurisdiccionales que más se puedan ver afectadas por la pandemia. Por ello, de los 30 nuevos juzgados, 15 irán destinados a lo social, y 13, a lo mercantil; un nuevo juzgado de primera instancia se implantará en Burgos; y otro, en Toledo, que sumará, además, labores de instrucción.
Se prevé que para el próximo 1 de enero la mitad de estas unidades estén en funcionamiento.

- Aprobar un Real decreto por el que se modifica el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, aprobado por el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre.

- Autorizar la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 40.000.000 de euros y la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la citada cuantía, para atender la llegada masiva de inmigrantes a las islas Canarias.

- Autorizar la inversión extranjera, a través de la sociedad española EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO S.A. (gestionada por una corporación canadiense), en ocho sociedades españolas de generación de energía eléctrica renovable: TAHUNA S.L., ZORRERAS S.L., LECRÍN S. L., LOMAS DE MANTECA S.L., JAUFIL S.L., LOMAS DE LECRÍN S.L., XUNQUEIRA EÓLICA S.L., todas ellas titulares de parques eólicos , y VITIGUDINA F.V. S.L.U., titular indirecta de una planta solar fotovoltaica. La participación de Eolia Renovables de Inversiones Sociedad de Capital Riesgo (EOLIA) en el capital social de las sociedades españolas objeto de adquisición será del 100%. El importe de la inversión asciende a 103 millones de euros. 

- Autorizar la inversión extranjera de la sociedad CASSE INVESTMENTS PTE. LTD. en las filiales españolas de la sociedad israelí RIVULIS IRRIGATION LTD: RIVULIS IRRIGATION S.L.U. y EURODRIP IRRIGATION HOLDINGD SI, valoradas en 19,14 millones de euros. Estas filiales tienen un centro de fabricación y distribución en Manzanares (Ciudad Real) centrado en tuberías y soluciones para el riego por goteo. El inversor tiene intención de apoyar a estas sociedades en sus planes de compra de terrenos en el polígono industrial del Manzanares y en la construcción y desarrollo de una nueva planta de fabricación.

- Aprobar un Real Decreto por el que se suprime la Magistratura de enlace ante las autoridades correspondientes de la República Italiana, y la creación de la Magistratura de enlace ante las autoridades correspondientes del Reino de Bélgica, con sede en Bruselas, que estará acreditada igualmente en el Reino de los Países Bajos y el Gran Ducado de Luxemburgo.
La persona que ocupe la Magistratura de enlace adquirirá durante el tiempo de desempeño del puesto la condición de punto de contacto de las redes judiciales europeas. La Magistratura tendrá, entre otros objetivos, la promoción y facilitación de la cooperación judicial en materia civil y penal entre ambos países; el intercambio de información con las autoridades del país de destino; la colaboración con la autoridad central española y con las autoridades judiciales españolas cuando sean requeridos y la remisión al Ministerio de Justicia de informes periódicos sobre las actividades desarrolladas siempre que resulte necesario y, al menos, una vez al año.

- Autorizar a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria del año 2020, de tramitación anticipada, para la concesión de las acreditaciones y ayudas públicas de Centros de excelencia «Severo Ochoa» y de Unidades de excelencia «María de Maeztu», asociadas a dichas acreditaciones, y de ayudas para otras actuaciones de impacto, del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, por importe de 40.000.000 de euros.

- Aprobar un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Delegación en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el desarrollo de un programa dirigido a la integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional durante el año 2020.

Acuerdos del Consejo de Ministros de 24 de noviembre

Entre los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en su sesión celebrada ayer cabe destacar los siguientes  [la referencia de la sesión puede consultarse aquí]:

- Autorización de la firma del Convenio de nacionalidad entre España y Francia. España ha firmado convenios de doble nacionalidad con Chile (1958), Perú (1959), Paraguay (1959), Nicaragua (1961), Guatemala (1961), Bolivia (1961), Ecuador (1964), Costa Rica (1964), Honduras (1966), República Dominicana (1968), Argentina (1969) y Colombia (1979).
En marzo de 2019, España propuso a las autoridades francesas iniciar negociaciones para la firma de un acuerdo bilateral de nacionalidad, haciendo entrega a través de la Embajada en París de un proyecto de convenio. Las negociaciones se prolongaron hasta el mes de septiembre de 2020, momento en que se alcanzó un consenso con las autoridades francesas sobre la redacción del texto.
Este Convenio es el primero de esta naturaleza que se suscribe con un Estado no perteneciente al ámbito iberoamericano. Su objetivo es dejar de exigir a los nacionales de ambas partes la renuncia a su nacionalidad de origen cuando adquieran la nacionalidad de la otra parte. No se prevén vías privilegiadas de acceso a la nacionalidad, ni una reducción del número de años para la obtención de la nacionalidad española por residencia, que seguirá siendo de 10 años para los ciudadanos franceses.

- Autorización de la adquisición de más de 20 millones de vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por PfizerBioNTech. Se concretan para España los términos del acuerdo formal de compra, suscrito el pasado 11 de noviembre, entre la Comisión Europea (CE), en representación de los estados miembros y esta empresa. La CE realizará una compra inicial de 200 millones de dosis. El reparto de la vacuna se realiza de manera equitativa entre los países acorde a su población. A España le corresponden 20.873.941 dosis. Al requerir esta vacuna dos dosis para la inmunización, el número de personas a las que se podrá inmunizar es la mitad de las dosis (10.436.970).

Asimismo, el Consejo de Ministros fue informado sobre la Estrategia de Vacunación COVID-19 en España. En dicho documento se especifica que debido a la próxima disponibilidad gradual de dosis de vacunas es necesario establecer el orden de prioridad de los grupos de población a vacunar. Se han delimitado asimismo tres etapas de priorización en función de la disponibilidad de dosis en cada momento:

· Primera etapa. Suministro inicial y muy limitado de dosis de vacunas.
· Segunda etapa. Incremento progresivo del número de vacunas que permitirá ir aumentando el número de personas a vacunar.
· Tercera etapa. Aumento en el número de dosis y de vacunas disponibles para cubrir a todos los grupos prioritarios.

Para establecer la priorización de los grupos a vacunar en cada una de las mismas se ha realizado además una evaluación en función de cuatro criterios de riesgo: riesgo de morbilidad grave y mortalidad, de exposición, de impacto socioeconómico y de transmisión.

Acuerdos del Consejo de Ministros de 12 de mayo (además del Real Decreto-ley semanal)

Entre los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la sesión celebrada hoy, además de la aprobación del correspondiente Real Decreto-ley (si mis cálculos no me fallan, será el número 18 en las 20 semanas que han transcurrido de este año, lo que a este ritmo nos permitirá batir el récord de la democracia), cabe destacar los siguientes [la referencia de la sesión puede consultarse aquí].

- Ha aprobado remitir a las Cortes Generales el Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Japón, por otra, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

- Ha aprobado igualmente el Proyecto de Ley por el que modifica la Ley General Tributaria para proceder a la transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, conocida como 'DAC 6' (véase la entrada de este blog del día 5.6.2018). Con esta Directiva se pretende desalentar la utilización de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva, modificando para ello la Directiva 2011/16/UE del Consejo, en la que se establecen normas y procedimientos por los que los Estados miembros intercambiarán información previsiblemente relacionada con la administración y ejecución de las leyes de los Estados miembros en relación con los impuestos percibidos por un Estado miembro o sus subdivisiones territoriales o administrativas o en su nombre.
Se regula y reconoce el secreto profesional de los intermediarios fiscales, quedando limitado a aquellos intermediarios que prestan un asesoramiento neutral con el único objetivo de evaluar la adecuación del mecanismo a la normativa aplicable, y sin procurar ni facilitar la implantación de esa planificación fiscal. Los intermediarios fiscales tienen la obligación de informar si detectan indicios de planificación fiscal agresiva.
La Directiva debía haber sido transpuesta antes del 31 de diciembre de 2019, porque debe aplicarse a partir del 1 de julio de 2020 (véase su art. 2).

Selección de acuerdos del Consejo de Ministros de 14 de abril

En este 'tiempo interesante' que nos ha tocado vivir no puede faltar nuestra cita semanal con el Real Decreto-ley. Esta semana se ha aprobado uno por el que se permite prolongar el plazo de presentación de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos para pymes y autónomos. La norma establece que estos colectivos no tendrán que presentar estos pagos tributarios en abril, como es habitual, sino que extiende el plazo un mes hasta el 20 de mayo para mitigar el impacto económico provocado por la crisis del COVID-19.
La verdad es que estamos ante una norma estética, de cara a la galería, y bastante inútil en la práctica, pues suponiendo que mañana se publique en el BOE, mañana también finaliza el plazo para que las pymes y autónomos domicilien el pago de dichos impuestos. La inmensa mayoría ya ha procedido en los días pasados a domiciliar los pagos a través de entidades bancarias en previsión de que el aplazamiento no se aprobara hoy, o de que no se publique mañana en el BOE, o de que mañana puedan estar colapsados los sistemas de domiciliación (cosa bastante probable). Me temo que esta aprobación a última hora ha sido una cosa buscada para que puedan acogerse al aplazamiento el menor número de beneficiarios.

De entre los otros acuerdos adoptados en la sesión de hoy del Consejo de Ministros cabe destacar los siguientes [véase la referencia de la sesión]:

- Ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la adquisición del 100 por 100 de capital de la Sociedad "INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A.U" por la sociedad francesa "GFI INFORMATIQUE S.A", a través de su filial ubicada en España "GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMÁTICA, S.A." y se autoriza a que, tras la adquisición, "INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A.U" pueda mantener los contratos presentes e iniciar otros en el futuro con el Ministerio de Defensa. Por parte de la Junta de Inversiones Exteriores se establecieron una serie de condiciones, a fin de proteger adecuadamente la seguridad de la información clasificada del Ministerio de Defensa, las cuales han sido formalmente aceptadas por "GFI INFORMATIQUE S.A".

- Igualmente, ha aprobado un Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las actuaciones para la prestación del servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19, por importe de 368.000 euros.

- Finalmente, ha aprobado igualmente un Acuerdo por el que se toma razón de las declaraciones de emergencia de las actuaciones iniciales y de ampliación o prórroga para la prestación del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca - Menorca y Palma de Mallorca - Ibiza durante la prolongación del estado de alarma declarado con motivo del COVID-19, por importe de 244.904 euros.

Acuerdos de la sesión del Consejo de Ministros de 7 de abril

En la sesión de hoy del Consejo de Ministros se ha aprobado el correspondiente Real Decreto-ley y también se han abordado otras cuestiones. De todo ello destaco dos referencias [véase la referencia completa de la sesión]:

- Se ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, que permitirán garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos. En él se contienen medidas que pretenden favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral, necesarias para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma. De entre las medidas adoptadas destacaré la que permite acceder a estos trabajos a aquellas personas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la declaración del Estado de Alarma y el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones. Igualmente podrán acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, que tengan entre 18 y 21 años. Obviamente, el Real Decreto-ley no se ciñe a este tema, sino que como viene siendo costumbre también modifica otras disposiciones de rango legal. Esperemos que éstas sean las mínimas indispensables.

- Se ha acordado solicitar del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. La prórroga se solicita hasta las 00:00 horas del día 26 de abril y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Principales acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros de 24 de marzo

Entre los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la sesión celebrada hoy, cabe destacar los siguientes [véase la referencia de la sesión]:

- Ha acordado solicitar del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar el Estado de Alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha prórroga se solicita hasta las 00:00 horas del día 12 de abril y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.

- Ha aprobado un Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020 por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre Italia y los aeropuertos españoles. De este modo, se podrá levantar la prohibición de vuelos de aeronaves que transporten exclusivamente ciudadanos españoles o registrados como residentes en España, limitando su entrada a los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canarias, Málaga y Palma de Mallorca.

- Ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del jueves 2 de abril de 2020, en relación con el proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

- Igualmente, ha autorizado la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto sobre inversiones exteriores.

- Finalmente, ha autorizado al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., la convocatoria correspondiente al año 2020 de ayudas por importe de 25.000.000 de euros, destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (programa NEOTEC), del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

Selección de acuerdos adoptados en la sesión del Consejo de Ministros del 10 de marzo

En el Consejo de Ministros celebrado ayer, además de aprobar el tradicional Real Decreto-ley, también adoptó los siguientes acuerdos [véase la referencia de la sesión]:

- Aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico y medidas sobre el coronavirus.

- Acordó establecer medidas excepciones para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y los aeropuertos españoles (se publicó ayer mismo en un BOE extraordinario).

- Adoptó un acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente de la Ley por la que se transpone la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.

- Acordó remitir a las Cortes Generales, para que autoricen la manifestación del consentimiento de España para obligarse, los siguientes textos convencionales:

· Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos.
· Convenio entre España y Rumanía para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y la elusión fiscales y de su Protocolo.
· Convenio entre España y Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y de su Protocolo.

- Asimismo, tomó conocimiento de la entrada en vigor de la Enmienda a los artículos 21 y 22 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999.

- Finalmente, acordó iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, así como de protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

Selección de acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros de 25.2.2020

Aunque en la sesión de ayer del Consejo de Ministros no se aprobó ningún Real Decreto-ley, se adoptaron determinados acuerdos con interés para el Derecho Internacional Privado [véase la referencia de la sesión].

- Aprobó el Proyecto de Ley Orgánica relativo a la utilización de datos del Registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. Con ello se inician nuevamente los trámites legislativos para incorporar a la legislación española la Directiva de la Unión Europea referente al PNR, cuyo objetivo es elevar los niveles de seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea, incorporando nuevas herramientas para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada grave. El texto actual fue aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018 y remitido a las Cortes Generales, pero como consecuencia de la convocatoria de elecciones generales su tramitación parlamentaria decayó por lo que es necesario remitirlo otra vez para iniciar de nuevo el procedimiento parlamentario.

El Consejo de Ministros acordó igualmente solicitar la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.

- También aprobó un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y de su Protocolo y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo. En 1999, las autoridades de Azerbaiyán remitieron a España para su negociación un proyecto de Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta. Sin embargo, por parte española se consideraba que continuaba vigente el Convenio bilateral sobre esta materia suscrito con la antigua Unión Soviética el 1 de marzo de 1985 mientras no se produjera su denuncia. Puesto que Azerbaiyán no se consideraba Estado sucesor de la URSS respecto a este último, un intercambio de notas de 21 y 28 de enero de 2008 dejó constancia de la no aplicación entre España y Azerbaiyán del Convenio entre España y la antigua URSS. El Consejo de Ministros autorizó el 5 de noviembre de 2010 la firma de este convenio, que fue suscrito en Bakú el 23 de abril de 2014 por los respectivos ministros de Asuntos Exteriores.

El Convenio, que incorpora los estándares de la OCDE, establece un marco fiscal adecuado a las circunstancias de los contribuyentes que desarrollan actividades en el ámbito internacional, con el objetivo de favorecer el intercambio comercial y el flujo de inversiones entre ambos países y facilitar la cooperación entre las autoridades fiscales.

Sesión del Consejo de Ministros, o el Real Decreto-ley de los martes, de 18 de febrero

Otro martes y un nuevo Real Decreto-ley. Éste tiene por objeto derogar el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, en el que se regula el despido procedente por bajas médicas justificadas. Además de este Real Decreto-ley cabe destacar otros acuerdos con interés para el Derecho Internacional [véase la referencia de la sesión del Consejo de Ministros].

- El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Reglamento de Extracciones Marítimas. La Armada tiene la competencia para autorizar operaciones que afectan a los buques de propiedad privada naufragados o hundidos en aguas interiores o mar territorial español. También a los buques que sean del Estado, extendiéndose en este caso la competencia a la zona económica exclusiva o alta mar. En ambos casos, cuando se trate de objetos pertenecientes al patrimonio cultural subacuático se requiere autorización previa conforme a la legislación sobre patrimonio histórico y cultural para que puedan adoptarse las medidas necesarias para su conservación. Cuando las extracciones afecten a armas, municiones, explosivos u otro material militar que pueda afectar a la Defensa Nacional o a bienes de comercio restringido o prohibido habrá de tenerse en cuenta las normas especiales en cada materia.

- Ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley para la creación de un "sandbox", o espacio controlado de pruebas, para acompañar la transformación digital del sistema financiero. Igualmente, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, por el que adapta el ordenamiento jurídico nacional al Reglamento de la UE nº 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios electrónicos.

- También ha aprobado una serie de Acuerdos por los que se autoriza la Declaración de aceptación por España de la adhesión de Andorra, Brasil, Costa Rica y Kazajstán al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.

- Igualmente ha aprobado un Real Decreto por el que se declaran zonas de interés para la defensa nacional los asentamientos de determinadas Estaciones de Vigilancia Aérea del Ejército del Aire y sus accesos.

Consejo de Ministros de 4 de febrero

En la sesión del Consejo de Ministros de ayer se realizaron 40 nombramientos para diferentes cargos públicos. Menos mal que entre los dos últimos consejos de Ministros llevamos 90 nombramientos, porque sin ellos -y los 22 Ministros del Gobierno- las estadísticas del paro publicadas ayer podrían haber sido mucho peores.

Dejando a un lado la labor de colocación del Gobierno, el Consejo de Ministros adoptó una serie de acuerdos, entre los que cabe destacar los siguientes [véase la referencia de la sesión]:

- ¡Cómo no!, aprobó un nuevo Real Decreto-ley que incorpora al ordenamiento español diversas directivas de la UE en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.

- Igualmente aprobó un Real Decreto que agiliza la gestión de las subvenciones al transporte de mercancías en el ámbito industrial con origen y destino en las Islas Baleares, al actualizar el marco normativo aplicable.

- Acordó remitir a las Cortes Generales el Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y el Reino Unido en relación con Gibraltar para que autorice la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo.

- También autorizó las Declaraciones relativas a las autoridades de Gibraltar en relación con el Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, el Convenio Europeo de extradición y su Protocolo Segundo y el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

La salida de la UE obliga al Reino Unido a revertir instrumentos jurídicos de cooperación internacional en materia jurídica y otras en el ámbito del Consejo de Europa. Muchas de las materias de las que se ocupan estas dos instancias estaban cubiertas de manera más eficaz y satisfactoria para los Estados Miembros y los particulares por el Derecho de la UE, pero Reino Unido ya no podrá aplicar este régimen jurídico. Dado que en Gibraltar se aplica el Derecho de la UE y Reino Unido no había extendido al Peñón la aplicación de estos instrumentos del Consejo de Europa, ahora se ve obligado a hacerlo para evitar que Gibraltar quede fuera de cualquier forma de cooperación jurídica internacional.

- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores, que regula la suspensión del régimen general de inversiones extranjeras en España en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, previo informe favorable de la Junta de Inversiones Exteriores del día 18 de diciembre de 2019, autorizó que la inversión extranjera de la sociedad de Eslovaquia MSM GROUP, S.R.O., por el 100% del capital social de la empresa española "FÁBRICA DE MUNICIONES DE GRANADA, S.L.U., se pueda destinar a actividades relacionadas con la defensa nacional. Las actividades a realizar en España relacionadas directamente con la defensa nacional serán las vinculadas al Anexo I.1 Material de Defensa en General, del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto.

- Aprobó un Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.

- Finalmente, también aprobó un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).

Los 50 nombramientos (que no sombras) del Consejo de Ministros de 28 de enero

La sesión del Consejo de Ministros de hoy viene cargada de nombramientos; supongo que por aquello de que hay que colocar a mucha gente, especialmente en Gobiernos de coalición con 22 ministros y cuatro vicepresidencias. Pues bien, si no me he descontado -lo que, visto el listado, no es difícil-, el Consejo de Ministros ha realizado nada más y nada menos que 50 nombramientos, que no 'sombras' [véase la referencia de la sesión].

De todos esos nombramientos yo destacaría dos. El primero es el nombramiento como secretario de Estado de Justicia a Pablo Zapatero Miguel. Buscando en Internet me sale que es Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid. En la referencia del Consejo de Ministros se dice de él que viene desempeñando desde 2016 el puesto de secretario general técnico del Consejo General de la Abogacía Española (SGT) y corresponsable de la elaboración y ejecución de su primer Plan Estratégico 2016-2019. Previamente, entre 2009 y 2011 fue director de Gabinete de la Secretaría de Estado de Justicia, y responsable de la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del Ministerio de Justicia. Asimismo, ha sido director técnico de los informes de las Comisiones de Demarcación y Planta y Modernización del lenguaje jurídico encargados por el Consejo de Ministros, responsable de estudios jurídicos del Laboratorio de Ideas de la Fundación Alternativas, Observador de Largo Plazo en Nepal con el Centro Carter, para la mediación de James Carter entre el Gobierno y la guerrilla, así como miembro fundador del equipo de empresas y derechos humanos de Amnistía Internacional, entre otras actividades. Ha publicado en materia de políticas públicas, derecho e innovación regulatoria en revistas científicas con calificación JCR tales como Journal of World Trade, Global Jurist, International Journal of Cultural Policy o Global Public Health, entre otras. Asimismo, ha sido investigador visitante en instituciones como la Universidad de Columbia, el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, la Organización Mundial del Comercio, o las Universidades de Lancaster o Arizona, entre otras. Asimismo, en 2003 recibió el Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III y el Premio a la Excelencia para investigadores menores de 45 años en 2015, de su Consejo Económico y Social. Por último, ha producido software que recibió el Premio a la innovación tecnológica de Sony en 2015.

Mayor enjundia creo que tiene, porque afecta de lleno al DIPr., el segundo nombramiento: el de Sofía Puente Santiago como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. ¿Que Dirección General es esa, preguntará alguno? Pues parece que según el Real Decreto por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, que se ha aprobado también en el Consejo de Ministros, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública es el nuevo nombre que se da a la Dirección General de los Registros y del Notariado (¡que en paz descanse!) y que pasa a depender orgánicamente de la Secretaría de Estado de Justicia, es decir, de Pablo Zapatero Miguel. La referencia del CM es bastante escueta sobre los méritos de la nueva directora general: nacida en Valladolid en 1970; licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid en 1993; ingreso en la carrera Fiscal en 1996. Destinos en las Fiscalías de Cádiz, Plasencia, Zamora, Palencia y Valladolid; Fiscal delegada de violencia sobre la mujer; Directora del CEJ 2010-2012; Vocal del Consejo Fiscal 2014-2018.

Por tanto, a partir de ahora, la jefa de los encargados de los registros, de los registradores y de los notarios va a ser una Fiscal. Y deberemos olvidar el viajo acrónimo 'DGRN' para empezar a hablar de la 'DGSJFP'. El nuevo acrónimo me parece impronunciable -al menos para quien no hable polaco-, por lo que propondría denominarla la 'Seju y Fepe', o 'SEJUFEP', o la 'DeGe de SeJu y Fepe'.  A mí se me plantea un problema serio: ¿qué voy a hacer a partir de ahora con la etiqueta 'DGRN' de mi blog? ¿Cambiarla por 'DGSJFP' y que luego venga otro Gobierno y con buen criterio vuelva a cambiar la denominación?

Leo el nuevo nombre de la Dirección General y lo primero que me viene a la mente es que su 'creador' debería haberse apuntado a un curso de 'Brandoffon' (o 'Brand-off-on'), porque adaptar el clásico y consolidado nombre de, nada menos, la DGRN a los nuevos tiempos no consiste en inventar un nuevo nombre de difícil abreviatura y peor pronunciación. Y si el 'Brandoffon' resulta demasiado modernillo, al menos debería tener un Máster en 'Branding'. En fin, creo que esto va a darnos entretenimiento para una temporadilla.

Selección de acuerdos de la sesión del Consejo de Ministros de 21 de enero - El segundo Real Decreto-ley del año

Con menos de una semana de diferencia con el anterior nos llega el segundo Real Decreto-ley del año -y eso que solamente estamos en la cuarta semana del año 2020- [véase la referencia de la sesión]. El de hoy está referido al incremento retributivo del sector público en 2020. La subida salarial se aplica a los empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, y también al sector público empresarial, lo que representa que se van a incrementar las retribuciones de más de 2,5 millones de empleados públicos, con un coste estimado de 3.212 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha acordado también remitir a las Cortes Generales el Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de Macedonia del Norte, autorizando la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Protocolo, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia.

Igualmente, ha aprobado sendos Reales Decretos por los que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza al waterpolista de origen checo, Martin Famera, y al boxeador nacido en Cuba, Enmanuel Reyes Pla.

Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado desistir del recurso de inconstitucionalidad interpuesto en julio de 2019 contra la Ley 21/2018 de mancomunidades de la Comunitat Valenciana, tras un procedimiento negociador que ha permitido subsanar las cuestiones controvertidas en relación con esta ley. Por otra parte, ha instado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el art. 19 de la ley canaria 6/2019 de Calidad Agroalimentaria tras haberse abierto un proceso negociador entre el Estado y Canarias (art. 33.2 LOTC) que ha concluido con acuerdo en relación con otros preceptos de la norma canaria, pero no en lo relativo al artículo 19.

El primer Real Decreto-ley del año (Consejo de Ministros de 14 de enero)

De entre los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la sesión celebrada ayer, 14 de enero, cabe destacar la aprobación del primer Real Decreto-ley, del año y de este Consejo de Ministros, sobre revalorización de las pensiones (véase la referencia de la sesión). La cosa promete y en los próximos meses podemos ver fulminados anteriores récords relativos al uso y al abuso de esta figura legislativa tan querida para el Presidente del Gobierno.

En un ámbito mucho más interesante, cabe destacar el acuerdo para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del artículo 2 de la Ley Foral 21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo (véase la entrada de este blog del día 8.6.2019). Entiende el Gobierno que ciertos aspectos de la ley navarra invaden competencias que la Constitución define como exclusivas del Estado en el art.149.1.8º. Concretamente, se estima que se produce una vulneración de la competencia estatal sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos en las Leyes 72, 471, 483 y 544 y también se vulnera la competencia estatal sobre las normas para resolver los conflictos de leyes en las Leyes 11 y 12 de la norma navarra. El contenido de estos preceptos es el siguiente:

Ley 11. Determinación de la condición civil. La condición foral de navarro determina el sometimiento al Derecho civil foral de Navarra. La condición foral se regulará por las normas generales del Estado en materia de vecindad civil, respetando el principio de paridad de ordenamientos.
Ley 12. Condición foral de las personas jurídicas. En las personas jurídicas cuya regulación sea competencia de la Comunidad Foral de Navarra, la condición foral se determinará por su domicilio en Navarra, debiendo estar sujetas al Derecho de Navarra.

Finalmente, el Gobierno considera que las Leyes 511 y 495 de la norma navarra afectan a la competencia estatal sobre las bases de las obligaciones contractuales, que es también competencia estatal exclusiva, según el art. 149.1.8ª CE.

Este recurso se interpone después de haber finalizado sin acuerdo el proceso de negociación previsto en el art. 33.2 de la LOTC, por el que el Estado y el Gobierno de Navarra han estado trabajando para acercar posiciones en cuanto a los aspectos de la ley cuya constitucionalidad se cuestiona.

Consejo de Ministros de 27 de diciembre

Ayer se reunió el Consejo de Ministros y entre los múltiples acuerdos que adoptó cabe destacar los siguientes [véase la referencia de la sesión]:

- 'Ningún Consejo sin Real Decreto-ley': aprobó un Real Decreto-ley en el que se recoges medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social. Dice el Gobierno que utiliza este instrumento legal al no haber podido tramitar estas cuestiones por el cauce parlamentario ordinario al encontrarse en funciones y, por tanto, con sus competencias limitadas. ¡Toma ya explicación jurídico-técnica! Cómo se nota que la Vicepresidenta es profesora de Derecho Constitucional.

- Tomó conocimiento del XI Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y se dispone su remisión a las Cortes Generales.

- Aprobó un acuerdo por el que se autoriza que la inversión extranjera de la sociedad de Países Bajos Flir Commercial Systems B.V. por el 100% del capital social de la sociedad española Flir Networked System, S.L., se pueda destinar a actividades relacionadas con la defensa nacional.

- Adoptó un acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2020 de los PGE vigentes en el año 2019 y aprobados en el año 2018. El artículo 134 de la Constitución se establece que si al llegar el 1 de enero no hay una nueva Ley de Presupuestos, se considerarán automáticamente prorrogadas las cuentas públicas del ejercicio anterior. De este modo, los PGE se prorrogan para el próximo año en los mismos términos que figuraban en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2018.

Acuerdos del Consejo de Ministros de 20 de diciembre

De la sesión del Consejo de Ministros celebrada ayer, viernes 20 de diciembre, cabe destacar la adopción de los acuerdos siguientes (véase la referencia de la sesión):

-Autorizar el Programa de Reasentamiento de Refugiados en España 2019 para su ejecución en 2020. España realiza un nuevo ofrecimiento para reasentar durante el próximo año 2020 a 1.200 refugiados, principalmente procedentes de Siria y de otros países afectados por guerras o graves crisis humanitarias y que se incluyen en las prioridades globales de reasentamiento identificadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Unión Europea.

La ejecución del programa se llevará a cabo conjuntamente por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, -que podrán solicitar la colaboración de otros departamentos cuando se estime conveniente en virtud de sus competencias-, y tendrá un coste previsto de 35.115.144 euros.

-Tomar conocimiento del IV Informe de seguimiento del Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Este informe contiene los datos relativos a 2018 y cierra la vigencia del Plan Integral.

El documento destaca el abordaje de la trata con fines de explotación sexual como una forma de violencia que se ejerce contra las mujeres. También plantea la necesidad de aumentar el conocimiento por parte de la sociedad española sobre el problema de la trata y su vinculación con la prostitución, y destaca el incremento de los fondos orientados a la detección y asistencia a las víctimas de trata constituye un gran paso en el mantenimiento de una red estable de recursos y especialización ante situaciones de vulnerabilidad. Por último, destaca el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, al privar a los delincuentes de los beneficios del delito, un factor esencial para acabar con este negocio tan lucrativo.

-Aprobar un Real Decreto que actualiza la normativa relativa a las inspecciones de seguridad de los buques de pasaje de transbordo rodado y de las naves de pasaje de gran velocidad. La nueva regulación incorpora a nuestro sistema jurídico la normativa europea más reciente, que armoniza las inspecciones de las Administraciones marítimas.

Su objetivo es simplificar y racionalizar las inspecciones, armonizándolas, para mejorar su eficacia y garantizar la seguridad en la explotación de buques de pasaje de transbordo rodado y naves de pasaje de gran velocidad en servicio regular. Por otra parte, también modifica el Reglamento por el que se regulan las inspecciones a buques extranjeros en puertos españoles, con el propósito de consolidar el contenido y la frecuencia de las inspecciones del Estado rector del puerto a los buques de pasaje de gran velocidad.

-Finalmente, aprobar un Real Decreto que regula el régimen jurídico de las entidades de pago y los servicios de pago. El Real Decreto desarrolla el régimen jurídico de las entidades de pago, el régimen específico de los nuevos proveedores y las competencias del Banco de España en materia de autorización y registro. Con él se avanza en la transposición de la Directiva comunitaria sobre servicios de pago, conocida como PSD2. El nuevo marco jurídico refuerza la seguridad y transparencia, fomenta la innovación garantizando la protección de los usuarios, favorece la competencia y armoniza la prestación de este servicio en la Unión Europea.