jueves, 17 de octubre de 2019

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (17.10.2019)


-CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON, presentadas el 17 de octubre de 2019, en el asunto C‑341/18 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos)] Procedimiento prejudicial — Artículo 11, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/399 — Concepto de «salida» — Control de las fronteras exteriores — Sellado de los documentos de viaje de los marinos — Momento de estampado del sello — Momento de abandono del territorio Schengen.
Nota: La AG propone al Tribunal que conteste la cuestión planteada en el siguiente sentido:
"En circunstancias en las que un marino nacional de un tercer país llega a un Estado miembro por vía aérea y posteriormente se enrola como tripulación a bordo de un buque ya atracado en un puerto que constituye una frontera exterior en el sentido del artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras, el artículo 11, apartado 1, de ese Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el interesado sale del espacio Schengen cuando se enrola como tripulación, aunque no pueda acreditarse el momento en que el buque en cuestión abandona el puerto."
-CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL, SRA. JULIANE KOKOTT, presentadas el 17 de octubre de 2019, en el asunto C‑405/18 (AURES Holdings): [Petición de decisión prejudicial del Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República Checa)] Petición de decisión prejudicial — Libertad de establecimiento — Legislación fiscal — Impuesto sobre sociedades — Traslado de la sede de administración de una sociedad de un Estado miembro a otro — Compensación transfronteriza de pérdidas entre varios ejercicios — No consideración de las pérdidas sufridas en otro Estado miembro, anteriores al traslado de la sede — Pérdidas definitivas en caso de traslado de la sede.
Nota: La AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) El mero traslado de la sede de dirección desde un Estado miembro a otro Estado miembro está comprendido en el ámbito de aplicación de la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 TFUE.
2) La exclusión de la compensación de pérdidas entre períodos en el contexto de un traslado transfronterizo de sede constituye una restricción de la libertad de establecimiento. Sin embargo, está justificada por la salvaguarda del reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros."

DOUE de 17.10.2019


-Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales — Informe del Grupo Código de Conducta (Fiscalidad de las Empresas) en el que se proponen modificaciones de los anexos de las Conclusiones del Consejo de 12 de marzo de 2019, en particular la retirada de la lista de dos países o territorios y el refrendo de una nota orientativa2019/C 351/06.
Nota: Con efectos desde el día de su publicación en el DOUE, los anexos I y II de las Conclusiones del Consejo de 12 de marzo de 2019 sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, modificada el 22 de mayo de 2019 y el 21 de junio de 2019, se sustituyen por los anexos I y II propuestos, que constituye la novena modificación de la Lista.
En el Anexo I, la UE considera países y territorios no cooperadores a efectos fiscales los siguientes: Samoa Americana, Belice, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu. Asimismo, en el Anexo II se contiene una descripción de la situación actual de la cooperación con la UE respecto de los compromisos asumidos de aplicar principios de gobernanza fiscal.
Véanse las entradas de este blog del día 19.12.2017, del día 26.1.2018, del día 16.3.2018, del día 5.6.2018, del día 5.10.2018, del día 9.11.2018, del día 7.12.2018, del día 26.3.2019, del día 25.5.2019. y del día 21.6.2019.
-Solicitud de dictamen consultivo al Tribunal de la AELC presentada por Norges Høyesterett con fecha de 28 de junio de 2019 en el asunto Melissa Colleen Campbell contra el Gobierno de Noruega (Asunto E-4/19).
Cuestiones planteadas por el Norges Høyesterett (Tribunal Supremo de Noruega):
"1. En referencia a la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la cual se ha mantenido el punto de vista de la Gran Sala en su sentencia, de 12 de marzo de 2014, en cuanto a los asuntos C-456/12 O. y B. relativos al derecho de residencia derivado, y sobre la base del principio de homogeneidad, ¿el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38/CE, leído en relación con el artículo 7, apartado 2, es aplicable por analogía a una situación en la que un ciudadano del EEE regresa a su país de origen junto con un miembro de su familia?
2. ¿Qué implicaciones tiene el requisito de residencia «continuada» en virtud de la Directiva, tal como se expresa en el apartado 80 de la sentencia del Tribunal de la AELC, de 26 de julio de 2016, en el asunto E-28/15, Jabbi? Sería particularmente útil que el Tribunal de la AELC se pronunciase sobre:
a) si puede haber interrupciones de la residencia y, en tal caso, en qué medida;
b) si la causa de una posible interrupción, por ejemplo por motivos laborales, puede ser importante para evaluar si la residencia es continuada en el sentido de la Directiva.
3. ¿A qué se refiere el requisito de que la residencia del ciudadano de un Estado miembro del EEE en el Estado de acogida debe haber sido «efectiva para permitir la convivencia familiar en dicho Estado», tal como se expresa, entre otros, en el apartado 80 de la sentencia del Tribunal de la AELC, de 26 de julio de 2016, en el asunto E-28/15, Jabbi; el apartado 51 de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de marzo de 2014, en el asunto C-456/12 O. y B., leído en relación con los apartados 56 y 57 de la misma sentencia; y los apartados 24 y 26 de la posterior sentencia del Tribunal de Justicia, de 5 de junio de 2018, en el asunto C-673/16, Coman, y leídos también a la luz de la norma sobre el abuso de derecho en el artículo 35 de la Directiva?"

Jurisprudencia - Condenados los responsables de las empresas que falsificaban contratos de trabajo para que los extranjeros obtuviesen el permiso de residencia


Juzgado de lo Penal N°. 2 de Alicante/Alacant, Sentencia 316/2019 de 27 Jun. 2019, Proc. 294/2018: Falsedad en documento oficial. Los acusados, de común acuerdo, utilizaron múltiples sociedades para efectuar contratos de trabajo y dar de alta en la Seguridad Social a personas extranjeras, con la única finalidad de presentar esa documentación ante la Administración y obtener así permiso de residencia y trabajo, sin que esas sociedades tuvieran actividad económica real. Los contratos son considerados documento oficial pues su finalidad es ser incorporados al expediente administrativo exigido para la obtención de los permisos. También efectuaron contratos a personas internas en el Centro Penitenciario con la única finalidad de acceder dentro del tercer grado a un régimen menos restrictivo.
Ponente: Herrero Yuste, Miguel.
Nº de Sentencia: 316/2019
Nº de Recurso: 294/2018
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 9500, Sección Jurisprudencia, 17 de Octubre de 2019

miércoles, 16 de octubre de 2019

DOUE de 16.10.2019


Defensor del Pueblo Europeo. Informe Anual del año 2018.
Nota: El 14 de mayo de 2019, la Defensora del Pueblo Europeo presentó el Informe Anual de 2018 al Presidente del Parlamento Europeo.
De la Introducción al Informe:
Durante mi mandato, se ha observado un acusado incremento de las reclamaciones interpuestas por la ciudadanía, la sociedad civil, las empresas y los medios de comunicación. No lo atribuyo a un empeoramiento de la calidad de la administración de la UE, sino a un mayor grado de concienciación en relación con la labor que desarrolla mi oficina y los resultados positivos que podemos obtener.
Este año también se ha destacado por el uso de una de las competencias menos utilizadas del Defensor del Pueblo Europeo: el envío de un Informe especial al Parlamento Europeo, que redacté en relación con la obligación de rendir cuentas del Consejo de la Unión Europea.
Dado que el público tiene derecho a conocer cómo contribuyen los Gobiernos a elaborar la legislación de la UE, solicité al Parlamento Europeo que apoyase mi propuesta de mejorar la transparencia legislativa en el Consejo.
En este año, también se convocó formalmente el procedimiento acelerado, «Fast-Track», para el acceso a las solicitudes de documentos. Este procedimiento, en virtud del cual nuestra oficina aspira a llegar a una conclusión sobre una reclamación en un plazo de cuarenta días, ha dado buenos resultados para los reclamantes.
Parte del trabajo de un defensor del pueblo consiste en supervisar de manera proactiva la aplicación de las normas sobre ética y rendición de cuentas. En 2018, completé un ejercicio de inventario sobre el modo en que quince instituciones han gestionado las reglas relacionadas con el movimiento del personal directivo al sector privado.
En la estela del movimiento #MeToo, que continúa incidiendo en el acoso, en especial contra las mujeres, decidí comprobar qué políticas anti-acoso aplica la administración de la UE. Escribí a veintiséis instituciones y agencias de la Unión solicitándoles información pormenorizada sobre sus políticas, el modo en que se aplican, si han recibido reclamaciones por acoso y de qué modo las han gestionado.
Mi oficina ha tramitado con frecuencia reclamaciones relativas al uso de las lenguas oficiales de la UE por parte de las instituciones. Para iniciar el debate, solicitamos el punto de vista de los ciudadanos sobre diversos asuntos, por ejemplo, las políticas lingüísticas de los sitios web de la UE o hasta qué punto es posible utilizar la tecnología para ofrecer traducciones.
En marzo, celebramos nuestra conferencia anual de la Red Europea de Defensores del Pueblo en Bruselas. El eje principal de la conferencia se centró en la cuestión de cómo pueden contribuir los defensores del pueblo a construir sociedades más inclusivas.
En octubre, tuve el placer de anunciar la apertura del Premio a la buena administración en 2019.
En resumen, 2018 ha sido un año repleto de actividades y de éxitos. A medida que nos adentramos en 2019, con las importantes elecciones europeas y los debates en curso sobre el futuro de la democracia en la era digital, cobra más relevancia que en ningún otro momento la obligación que tienen las instituciones de la UE de atenerse en la medida de lo posible a las normas más estrictas en materia de ética y rendición de cuentas.

Informe completo [aquí] [versión PDF]

BOE de 16.10.2019


Resolución de 1 de octubre de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 2019.

martes, 15 de octubre de 2019

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (15.10.2019)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 15 de octubre de 2019, en el asunto C‑128/18 (Dorobantu): Procedimiento prejudicial — Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea — Motivos de denegación de la ejecución — Artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Prohibición de los tratos inhumanos o degradantes — Condiciones de reclusión en el Estado miembro emisor — Apreciación por parte de la autoridad judicial de ejecución — Criterios.
Fallo del Tribunal:
"El artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, puesto en relación con el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que, cuando la autoridad judicial de ejecución disponga de datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados que acrediten la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas en las condiciones de reclusión en los establecimientos penitenciarios del Estado miembro emisor, a fin de apreciar si existen razones serias y fundadas para creer que la persona que es objeto de una orden de detención europea, tras su entrega a ese Estado miembro, correrá un riesgo real de ser sometida a un trato inhumano o degradante, en el sentido del mencionado artículo 4, dicha autoridad judicial debe tener en cuenta el conjunto de aspectos materiales pertinentes de las condiciones de reclusión en el establecimiento penitenciario en el que se prevea en concreto encarcelar a esa persona, tales como el espacio personal de que dispone cada recluso en una celda de ese establecimiento, las condiciones sanitarias y la amplitud de la libertad de movimientos del recluso en el interior de dicho establecimiento. Esta apreciación no se limita al control de las deficiencias manifiestas. A efectos de dicha apreciación, la autoridad judicial de ejecución debe solicitar a la autoridad judicial emisora la información que considere necesaria y debe confiar, en principio, en las garantías ofrecidas por esta última autoridad, mientras no existan datos precisos que permitan considerar que las condiciones de reclusión contravienen el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales.
Por lo que se refiere, en particular, al espacio personal de que dispone cada recluso, al no existir actualmente normas mínimas al respecto en el Derecho de la Unión, la autoridad judicial de ejecución debe tomar en consideración las exigencias mínimas que se derivan del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, tal como lo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si bien para calcular el espacio disponible no es preciso tener en cuenta el espacio que ocupen las instalaciones sanitarias, sí debe incluirse en el cálculo el espacio ocupado por los muebles. No obstante, los reclusos deben conservar la posibilidad de moverse con normalidad por la celda.
La autoridad judicial de ejecución no puede descartar la existencia de un riesgo real de trato inhumano o degradante por el mero hecho de que la persona de que se trate disponga en el Estado miembro emisor de una vía de recurso que le permita impugnar las condiciones de su reclusión o de que en dicho Estado existan medidas legislativas o estructurales destinadas a reforzar el control de las condiciones de reclusión.
A efectos de decidir sobre la entrega de la persona de que se trate, las consideraciones relativas a la eficacia de la cooperación judicial en materia penal y a los principios de confianza recíproca y de reconocimiento mutuos no pueden servir de contrapeso a la constatación por parte de la autoridad judicial de ejecución de que existen razones serias y fundadas para creer que, tras ser entregada al Estado miembro emisor, dicha persona correrá el mencionado riesgo, debido a las condiciones de reclusión imperantes en el establecimiento penitenciario en el que se prevea en concreto encarcelarla."

Consulta vinculante - Obligados a presentar ante la AEAT declaración informativa de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos


Consulta Vinculante V1651-19, de 3 de julio de 2019 de la Subdireccion General de Tributos: Gestión tributaria. Comunicación de datos. Obligación de información específica para las personas o entidades que intermedien en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos. La obligación de informar únicamente reside en los intermediarios, es decir, en aquellas personas o entidades que presten el servicio de intermediación entre cedente y cesionario del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español, ya sea a título oneroso o gratuito. Noción de intermediario. En remisión a la jurisprudencia de materia civil, solo cabe ser considerado como "intermediario" quien percibe su retribución en función de la celebración del contrato en el cual se media. Las plataformas colaborativas están obligadas a presentar la declaración informativa con el contenido previsto en el apartado 4 del artículo 54 ter del RGAT, en particular, con la identificación del propietario de la vivienda cedida con fines turísticos así como del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos, si fueren distintos. Dicha identificación se realizará mediante nombre y apellidos o razón social o denominación completa, y número de identificación fiscal en los términos de la Orden HFP/544/2018 por la que se ha aprobado el modelo de declaración correspondiente.
Diario La Ley, Nº 9498, 15 de Octubre de 2019
[Texto de la consulta]

lunes, 14 de octubre de 2019

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-507/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 3 de julio de 2019 — Bundesrepublik Deutschland/XT.
Cuestiones planteadas:
"1. Para evaluar si la protección o asistencia del [Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente] OOPS a un palestino apátrida ha cesado en el sentido del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95/UE, ¿debe atenderse, en el aspecto territorial, únicamente a la zona de operaciones (Franja de Gaza, Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania), en la que el apátrida tenía su residencia efectiva cuando salió del territorio bajo mandato del OOPS (en este caso, Siria) o deben tenerse también en cuenta otras zonas de operaciones del territorio bajo mandato del OOPS?
2. Si no debe atenderse únicamente a la zona de operaciones en el momento de la salida, ¿deben tenerse en cuenta siempre, y con independencia de otras condiciones, todas las zonas de operaciones del territorio bajo mandato del OOPS? En caso de respuesta negativa, ¿deben tomarse en consideración otras zonas de operaciones únicamente si el apátrida tiene un vínculo (territorial) sustancial con esas zonas de operaciones? ¿Es necesaria la residencia habitual, en el momento de la salida o anterior, para que exista un vínculo de este tipo? ¿Deben tenerse en cuenta otras circunstancias al determinar si existe un vínculo (territorial) sustancial? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué circunstancias? ¿Es relevante que al apátrida, en el momento de la salida del territorio bajo mandato del OOPS, le sea posible y razonable entrar en la zona de operaciones pertinente?
3. Un apátrida que sale del territorio bajo mandato del OOPS debido a que en la zona de operaciones en la que tiene su residencia efectiva se halla en una situación de grave inseguridad personal y al OOPS le resulta imposible otorgarle en dicho territorio protección o asistencia, ¿tiene derecho ipso facto a la protección de la Directiva 2011/95 en el sentido del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de esta, si previamente se había trasladado a dicha zona de operaciones sin encontrarse en una situación de grave inseguridad personal en la zona de operaciones de su residencia anterior y sin que, en las circunstancias del momento del traslado, pudiera contar con que, en la zona de operaciones a la que se traslada, recibiría protección o asistencia del OOPS y podría retornar en un futuro cercano a la zona de operaciones en la que residía anteriormente?
4. Para evaluar si no se debe conceder ipso facto a un apátrida el estatuto de refugiado por haber dejado de cumplir los requisitos del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95, tras abandonar el territorio bajo mandato del OOPS, ¿debe atenderse únicamente a la zona de operaciones de la última residencia habitual? En caso de respuesta negativa, ¿deben tenerse además en cuenta, por analogía, los territorios que han de tomarse en consideración en el momento de la salida, conforme al apartado 2? En caso de respuesta negativa, ¿cuáles son los criterios para determinar qué territorios deben tenerse en cuenta a la hora de resolver sobre la solicitud? El hecho de que dejen de cumplirse los requisitos del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95 ¿presupone la voluntad de los organismos (estatales o paraestatales) en la zona de operaciones en cuestión a (re)admitir al apátrida?
5. En caso de que, para apreciar si concurren o han dejado de cumplirse los requisitos del artículo 12, apartado 1, letra a), segunda frase, de la Directiva 2011/95, sea relevante la zona de operaciones en la que estaba situado el (último) lugar de residencia habitual del interesado, ¿qué criterios son pertinentes para determinar la residencia habitual? ¿Es necesaria una residencia legal, autorizada por el Estado de residencia? En caso de respuesta negativa, ¿es necesario, al menos, que las autoridades responsables de la zona de operaciones toleren conscientemente la residencia del apátrida? En caso afirmativo, ¿deben las autoridades responsables conocer en concreto la presencia del apátrida o basta que toleren conscientemente la residencia como miembro de un grupo más amplio de personas? En caso de respuesta negativa, ¿es suficiente por sí sola una residencia efectiva prolongada?"
-Asunto C-540/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 16 de julio de 2019 — WV/Landkreis Harburg.
Cuestión planteada: "¿Un organismo público que, en virtud de disposiciones de Derecho público, ha concedido prestaciones de asistencia social a un acreedor de alimentos puede invocar como foro judicial el lugar de la residencia habitual del acreedor de alimentos, con arreglo al artículo 3, letra b), del Reglamento de obligaciones de alimentos, si reclama frente al deudor de alimentos, mediante una acción de repetición, el crédito alimentario del acreedor, de naturaleza jurídica civil, que, a causa de la concesión de prestaciones de asistencia social, le ha sido transmitido en virtud de una subrogación legal?"
-Asunto C-546/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 16 de julio de 2019 — BZ/Westerwaldkreis.
Cuestiones planteadas:
"1) a) ¿Una prohibición de entrada impuesta a un nacional de un tercer país con fines que «no atañen a la migración» está comprendida, en cualquier caso, en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, si el Estado miembro no ha hecho uso de la posibilidad prevista en el artículo 2, apartado 2, letra b), de esta Directiva?
b) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, letra a): ¿queda dicha prohibición de entrada excluida también de la Directiva 2008/115 si el nacional de un tercer país se encuentra en situación irregular y, por lo tanto, está sujeto al ámbito de aplicación de la Directiva por razón de la materia, con independencia de una orden de expulsión dictada contra él a la que va unida la prohibición de entrada?
c) ¿Cabe considerar como prohibición de entrada para fines «que no atañen a la migración» aquella que se impone en relación con una orden de expulsión por razones de seguridad y de orden público (en este caso: solo por razones de prevención general con el fin de combatir el terrorismo)?
2) En la medida en que se responda a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que la prohibición en cuestión está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/115:
a) ¿La anulación administrativa de la decisión de retorno (en este caso, la notificación de la expulsión) tiene como consecuencia que una prohibición de entrada dictada junto con dicha decisión devenga ilegal, con arreglo al artículo 3, punto 6, de la Directiva 2008/115?
b) ¿Esta consecuencia jurídica también se produce si la orden de expulsión administrativa anterior a la decisión de retorno es (ha devenido) firme?"
-Asunto C-603/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Špecializovaný trestný súd (Eslovaquia) el 9 de agosto de 2019 — Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky/TG, UF.
Cuestiones planteadas:
"1) Cuando las disposiciones de Derecho nacional reconocen a una persona jurídica, al Estado o a un organismo administrativo la condición de perjudicado en un proceso penal, ¿se aplica también a dichos entes la Directiva 2012/29/UE del Parlamento y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, en lo que respecta a los derechos (sobre todo el de participar activamente en el proceso penal y el de ser indemnizado por los daños sufridos en el marco del proceso penal), que, por su naturaleza, no solo corresponden a las personas físicas en su condición de seres sensibles?
2) ¿Son conformes con los artículos 17 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el artículo 38, apartado 1, letra h), del Reglamento (CE) n.o1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, en relación con el Reglamento (CE) 1681/94 de la Comisión, de 11 de julio de 1994, una normativa y una jurisprudencia en virtud de las cuales el Estado no puede intervenir en un proceso penal para exigir que se le indemnicen los daños que ha sufrido a consecuencia de una conducta fraudulenta del encausado, lo cual da lugar a una apropiación indebida de fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea, ni puede impugnar, de conformidad con el artículo 256, apartado 3, de la Ley de enjuiciamiento criminal, la resolución mediante la cual el juez decide no aceptar su intervención, o la del órgano administrativo que lo representa, en la vista oral para solicitar en calidad de perjudicado que se le indemnicen los perjuicios sufridos, ni tampoco dispone de otro procedimiento en el que pueda hacer valer sus derechos frente al encausado, de modo que ni siquiera es posible garantizar su derecho a la indemnización de los daños sufridos dirigiéndose contra el patrimonio y los derechos patrimoniales del encausado en el sentido del artículo 50 de la Ley de enjuiciamiento criminal, de modo que ese derecho termina por no poder ejercerse de facto?
3) ¿Debe interpretarse el concepto de «una misma empresa» recogido en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, en relación con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, exclusivamente desde una perspectiva formal, en el sentido de que es necesario y suficiente demostrar que las sociedades interesadas tienen personalidad jurídica independiente conforme al ordenamiento jurídico nacional, de modo que es posible otorgar a cada una de ellas una ayuda de Estado por un importe de hasta 100 000 euros, o bien en el sentido de que lo determinante es la modalidad fáctica de funcionamiento y dirección de dichas sociedades, propiedad de las mismas personas e interconectadas a través de estas, como si se tratase de un sistema de filiales gestionadas por una matriz, aunque cada una de ellas esté dotada de su propia personalidad jurídica de conformidad con el Derecho nacional, de modo que debe considerarse que conforman «una misma empresa» y, al constituir un mismo todo, solo pueden recibir una vez una ayuda de Estado por un importe de hasta 100 000 euros?
4) A efectos del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas de 26 de julio de 1995, ¿el término «perjuicio» [que debe indemnizarse] engloba únicamente la parte de los fondos indebidamente obtenidos, directamente vinculada a la conducta fraudulenta, o se refiere también a los costes efectivamente soportados y fielmente documentados y al uso del subsidio, cuando las pruebas pongan de manifiesto que fue necesario soportarlos para ocultar la conducta fraudulenta, retrasar el descubrimiento del fraude y conseguir la totalidad del importe de la ayuda de Estado concedida?"

Jurisprudencia - Primacía del derecho comunitario sobre el español respecto a lo que debe considerarse como “hecho de la circulación” cubierto por el seguro del automóvil


Audiencia Provincial de Valladolid, Sección 1ª, Sentencia 290/2018 de 6 Sep. 2018, Rec. 108/2018: Responsabilidad extracontractual. Colisión entre vehículos agrícolas. La colisión entre una cosechadora y un tractor durante la realización de labores agrícolas no es un hecho de la circulación conforme al derecho español (art. 2.2 b del Reglamento del seguro obligatorio del automóvil). No obstante, es de aplicación el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, y conforme a este, según la interpretación que del mismo ha hecho el TJUE en su sentencia de 4-9-2014, el siniestro ocurrido sí debe calificarse como un hecho de la circulación (art. 3.1 de la Directiva 72/166/CEE, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados sobre el seguro de responsabilidad civil de automóviles). Costas procesales. No procede su imposición atendiendo a la complejidad jurídica de la cuestión.
Ponente: Martín Verona, Ignacio.
Nº de Sentencia: 290/2018
Nº de Recurso: 108/2018
Jurisdicción: CIVIL
Diario La Ley, Nº 9497, Sección La Sentencia del día, 14 de Octubre de 2019
ECLI: ES:APVA:2018:1071
[Texto de la resolución]

Jurisprudencia - La negativa a desplazarse a otro país, pese a haberlo firmado en el contrato, no debe acarrear el despido


Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sentencia 1171/2019 de 6 Mar. 2019, Rec. 70/2019: Desobediencia laboral. Programador que, habiendo firmado en su contrato una cláusula de movilidad geográfica mundial, se niega a trasladarse durante unos meses para realizar un proyecto alegando necesidades familiares y médicas. Se revoca la sentencia del juzgado que consideró nula dicha disposición contractual. Es lícita dado el marcado carácter internacional de la compañía, ahora bien, la desobediencia no es grave, sino leve, y por ello la empresa podrá imponerle otra sanción pero no el despido.
Ponente: Sanz Marcos, Francisco Javier.
Nº de Sentencia: 1171/2019
Nº de Recurso: 70/2019
Jurisdicción: SOCIAL
Diario La Ley, Nº 9497, Sección Jurisprudencia, 14 de Octubre de 2019
ECLI: ES:TSJCAT:2019:1850

domingo, 13 de octubre de 2019

V Seminario de investigación Empresas y derechos humanos (Tarragona, 7-8 noviembre 2019)


V Seminario de investigación Empresas y derechos humanos
Sala de Juntas – Campus Catalunya URV
Tarragona, 7-8 noviembre 2019


Jueves 7 de Noviembre
  • 16:30h. Presentación del Seminario
  • 16:40h. Mª Chiara Marullo (UJI) - Francisco J. Zamora Cabot (UJI), "La Crisis Rohingya y sus proyecciones jurídicas, económicas y geopolíticas".
  • 17:05h. Lorena Sales Pallarés (UCLM), “Vulneración de Derechos Humanos a través de nuevas fórmulas: las Special Economic Zones”
  • 17:30h. José Elías Esteve Moltó (UV), “Industrias extractivas y pueblos adivasis: del caso Vedanta de los Dongria Kondh a la desobediencia”.
  • 17:55. Debate
  • 18:15. Pausa café
  • 18:45. Antoni Pigrau (URV): ““Esquemas nacionales de protección de los defensores ambientales en América Latina”
  • 19:10. Daniel Iglesias Márquez (US), "Las instituciones nacionales de derechos humanos en la agenda de empresas y derechos humanos: Especial referencia al caso de México."
Viernes 8 de noviembre
  • 9:30h. Agustín Viguri Perea (UJI), "Responsabilidad civil por daños al medioambiente. Derechos de la persona. Análisis del caso Dieselgate".
  • 9:55h. Victoria Camarero (UJI) - Nuria Reguart Segarra (UJI), "La espiritualidad indígena y los lugares sagrados en los tribunales canadienses: análisis de casos seleccionados".
  • 10:20h. Patricia Sangama Suazo (URV), "Petróleo y consulta previa en el Perú: el caso del Lote 192".
  • 10:45. Debate
  • 11:00. Pausa café
  • 11:30h. Marcos De Armenteras Cabot (URV), "La justicia predistributiva como fundamento del litigio climático"
  • 11:55. Sara Ortiz-Arce Vizcarro (UV), "Climate change litigation and human rights: new trends and challenges".
  • 12:20h. Debate
  • 12.45h. Clausura del seminario

URV - Grupo de investigación “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” (2014 SGR 294)
UJI - Grupo de Estudio sobre el Derecho Internacional Privado y los Derechos Humanos
Institut Català Internacional per a la Pau

Revista de revistas (29 septiembre a 13 octubre)


-Cuadernos de Derecho y Comercio: núm. 71 (2019).
-European Law Journal: 2019, núm. 3.
-Les Cahiers de Droit: 2019, núm. 2; 2019, núm. 3.
-Maastricht Journal of European and Comparative Law: 2019, núm. 4.
-Revista de Derecho Civil: 2019, núm. 3.
-Revista de Derecho Migratorio y Extranjería: núm. 51 (2019).
-Revista Española de Seguros: núm. 178 (2019).
-Revista General de Derecho de los Sectores Regulados: 2018, núm. 1.
-Revue de Droit International et de Droit Comparé: 2019, núm. 1; 2019, núm. 3.
-Revue de l'Arbitrage: 2019, núm. 1.

sábado, 12 de octubre de 2019

BOE de 12.10.2019


Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
Nota: El 23 de septiembre de 2019, el grupo empresarial británico Thomas Cook (TC) presentó ante un tribunal británico la solicitud para iniciar un procedimiento de insolvencia, cesando en sus operaciones con efecto inmediato, cancelando todas sus reservas y dejando de cotizar sus acciones en la bolsa de Londres. TC empleaba a cerca de 22.000 trabajadores y organizaba cada año, a través de su agencia de viajes mayorista y de sus aerolíneas, millones de viajes de turistas hacia los hoteles de las comunidades autónomas de Canarias e Islas Baleares y de otras partes de España, que vendían cada año parte de su capacidad de alojamiento a dicho grupo. Esta fuerte dependencia del grupo empresarial británico ha producido unos efectos nocivos muy relevantes en las empresas turísticas y en los trabajadores afectados directa o indirectamente por la onda expansiva que desencadenan estas situaciones de insolvencia.
El grupo empresarial TC tiene filiales en España, que gestionan servicios de intermediación turística, hoteleros y aéreos. Una de estas filiales ha sido ya declarada en concurso voluntario por un juzgado mercantil de Palma de Mallorca, que ha disuelto el consejo de administración y ha designado en su lugar un administrador concursal, procedimiento que puede afectar directamente a los puestos de trabajo de cientos de personas e indirectamente a otros miles de trabajadores de empresas relacionadas en otras partes de España. También se encuentran en tramitación otros procedimientos judiciales que en muy corto plazo pueden desembocar en nuevos concursos de acreedores, con importante impacto en la economía de un sector, como el turístico, que supone una de las principales fuentes de ingresos en muchas comunidades autónomas. La previsible apertura de nuevos procedimientos de insolvencia secundarios, tanto en España como en otros Estados miembros de la Unión Europea, derivada de la liquidación obligatoria de la matriz del grupo que se está tramitando en los tribunales del Reino Unido, tiene un impacto extraordinario en la economía de una potencia turística como España en la que el turismo es un sector clave de su economía.

En el capítulo I, artículo 1, se establece su objeto y finalidad, que consiste en el establecimiento de medidas urgentes dirigidas al fortalecimiento y mejora de la competitividad del sector turístico español para paliar los efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.
En el capítulo II, el artículo 2, recoge la ampliación de las bonificaciones en las cuotas de las cotizaciones a la SS de los trabajadores en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. También se establece una ampliación de la bonificación del artículo 9 del Real Decreto-ley 8/2019, que se aplicará, además de en los meses previstos en dicho artículo, de forma excepcional durante los meses de octubre y diciembre de 2019 y febrero y marzo de 2020. Igualmente se prevé el aplazamiento de cuotas de cotizaciones de la SS conforme a la regulación prevista en el capítulo VII del título I del RGRSS. En el artículo 3 se contempla la coordinación específica del Servicio Público de Empleo Estatal con las comunidades autónomas.
En el capítulo III se disponen medidas de apoyo financiero al sector turístico. Así, en el artículo 4 se aprueba una línea de financiación de hasta 200 millones de euros para atender las necesidades financieras de los afectados por la insolvencia de TC. Por otro lado, en el artículo 5 se establece la concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Islas Baleares, que tienen un carácter extraordinario y excepcional.
En el capítulo IV, artículo 6 se regula el Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (FOCIT), cuyo objeto es apoyar financieramente los proyectos que desarrollen las empresas turísticas orientados a la mejora de la competitividad del sector, en especial aquellos que contengan actuaciones de digitalización de los destinos turísticos, y de innovación y modernización de los servicios, para adaptarse inmediatamente ante la pérdida de demanda ocasionada por la quiebra de TC.
La DA 1ª prevé el establecimiento de medidas generales de información a las empresas del sector turístico que afronten la recuperación de deudas en el marco de procedimientos de insolvencia. Por su parte, la DA 2ª contempla el reforzamiento de la iniciativa de destinos turísticos inteligentes a afectados por la insolvencia de TC.
La DT única recoge una previsión normativa para aquellos proyectos que hubieran sido financiados con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), que se regirán por el Real Decreto 937/2010, que regula el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas y en el resto de normas aplicables vigentes al momento de aprobarse el real decreto-ley.
Finalmente, las DDFF recogen los títulos competenciales en que se fundamenta la norma, la habilitación al Gobierno para el desarrollo y ejecución, así como la entrada en vigor de la norma, hoy mismo.

viernes, 11 de octubre de 2019

Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones - European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin (11 octubre 2019)


Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones / European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin, nº 365, de 11 de octubre de 2019.


"Licence ultimatum for British drivers", Costa Blanca News, 10 | 10 | 2019 - Noticia
The national traffic authority (DGT) has issued a special alert for British residents who hold UK driving licences. Their website explains that they have launched a scheme to allow the Britons to exchange their licence for a Spanish equivalent ‘as long as the request is presented before November 1’.

"Mijas instala carpas informativas sobre el Brexit en colaboración con el Consulado británico", Málaga Hoy (Europa Press), 09 | 10 | 2019 - Noticia
Las inquietudes principales se centran en la cobertura sanitaria, la homologación del carné de conducir y las solicitudes de residencia

"Británicos en España: nerviosos, confundidos y con menos dinero por el Brexit", COPE, 08 | 10 | 2019 - Noticia
...Susan Wilson, jubilada y ... muchos otros británicos que viven en España- depende de su pensión, procedente del Reino Unido y que se ha visto reducida en un 18 por ciento desde el referéndum del Brexit, por la caída de la libra. Cree que los más vulnerables son los que reciben una pensión del Estado británico, y conoce “personas que se ven obligadas a tomar decisiones financieras difíciles...”. ... En esta situación de incertidumbre las más vulnerables son “las personas con enfermedades crónicas, con tratamientos de largo plazo muy costosos, y los británicos sin patrimonio en el Reino Unido”, a juicio de Neil Hesketh ... dirige la web Support in Spain...

"UK NHS Issue Letter To Ex Pats Across Costa Blanca & Costa Del Sol", Euro Weekly News, 07 | 10 | 2019 - Noticia
Expats in Spain who have their healthcare paid for by Britain under the ‘S1’ scheme are being sent the correspondence; which also outlines arrangements for state pensions after Brexit – and warns the EHIC card may not cover health cover when travelling to other EU countries. The letter is signed off by Michael Brodie who is the chief executive of the NHS Business Services Authority, and “provides important information about your access to healthcare”...

"'It's like a death sentence': retired Britons in EU face loss of healthcare", The Guardian, 07 | 10 | 2019 - Reportaje (Jon Henley)
...said Kalba Meadows of the campaign group British in Europe. “A lot of them are pretty vulnerable...” The government was urging pensioners to sign up for their local health system but this was often not possible or too expensive on a basic UK pension, which is worth 20% less in euros because of the collapse of the pound since the EU referendum in 2016, Meadows said. Private health insurance was also beyond the means of many retired people, who are likely to have pre-existing conditions. ... As EU citizens, the couple cannot currently pay into the Italian healthcare system, and because of her husband’s condition they have been quoted a premium of €13,000 a year for private health cover. After Britain leaves the EU, Italian social security contributions could be €3,500 a year. ... “...All the Brexit discussion is about the Irish border, trade, the economy – but what about us? ... Brexiters say we must get it done, do or die – I say, who is most likely to die?”.

"El 'Brexit' perjudica a todos", Málaga Hoy, 07 | 10 | 2019 - Editorial
La marcha de ciudadanos británicos residentes en Andalucía por el 'Brexit' supondrá un perjuicio para los dos países

"Encuentro de Víctor Navas con la Asociación Age Concern", Andalucía Información, 07 | 10 | 2019 - Noticia
El alcalde y concejal de Residentes Extranjeros ... ha visitado ... el centro de participación activa Anica Torres para mantener un encuentro con representantes de la Asociación Age Concern. ... es una asociación británica sin ánimo de lucro, muy conocida entre los residentes extranjeros de la Costa del Sol. ... Los voluntarios ayudan a personas que están solas, tienen problemas económicos o sociales. Realizan visitas a domicilio, hacen la compra, acompañan al médico… “Uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual es la soledad de nuestros mayores, y por eso la labor de Age Concern es tan importante...”, ha alabado el alcalde.

"Entre el ‘Brexit’ y la pared", Diario de Sevilla, 06 | 10 | 2019 - Reportaje (Encarna Maldonado)
Más de 75.000 británicos residentes legales en Andalucía, a los que se suma otra cifra similar que no figura en el padrón, asisten al proceso de salida atenazados por su futuro en España. ... Moreno viaja hoy a Bruselas, pocos días antes de que se concrete la salida del Reino Unido de la Unión Europea, para abordar el asunto.

"La burbuja inmobiliaria tras el "milagro" portugués", El Periódico, 05 | 10 | 2019 - Noticia
Desde la Asociación Morar em Liboa ... que agrupa a 15 plataformas ciudadanas, denuncian que Portugal se haya transformado en un "paraíso fiscal" para los extranjeros, gracias a las llamadas visas oro ... –que han dejado 3.400 millones a las arcas del estado desde el 2012- y a las desgravaciones para profesionales y jubilados que se instalen en el país, una medida que ha atraído a un gran número de franceses, chinos y brasileños.


Nota: Este Boletín de Prensa realiza un seguimiento periodístico de los aspectos más destacados del fenómeno de la movilidad transfronteriza de personas mayores estudiado en el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Mi agradecimiento a la Coordinadora del Observatorio, la Prof. Mayte Echezarreta Ferrer (Universidad de Málaga), así como a sus miembros, investigadores y colaboradores, por su labor y por permitir su difusión en Conflictus Legum.

jueves, 10 de octubre de 2019

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (10.10.2019)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 10 de octubre de 2019, en el asunto C‑703/17 (Krah): Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Artículo 45 TFUE — Trabajadores — Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7, apartado 1 — Senior lecturers/postdoc — Limitación del cómputo de los períodos anteriores de actividad relevante cumplidos en otro Estado miembro — Sistema de retribución que vincula el beneficio de una retribución más elevada a la antigüedad acumulada en el empresario actual.
Fallo del Tribunal:
"El artículo 45 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de una universidad de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, que, para establecer la categoría salarial de un trabajador como senior lecturer/postdoc en esa universidad, solo computa hasta una duración máxima de cuatro años los períodos anteriores de actividad cumplidos por ese trabajador en otro Estado miembro, si esa actividad era equivalente, o incluso idéntica, a la que dicho trabajador debe ejercer en el marco de la función de senior lecturer/postdoc.
El artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de ese tipo si la actividad anteriormente desempeñada en ese otro Estado miembro no era equivalente, sino que resultaba meramente útil para el ejercicio de la citada función de senior lecturer/postdoc."

DOUE de 10.10.2019


-Decisión de Ejecución (UE) 2019/1697 del Consejo de 7 de octubre de 2019 relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de vehículos en Irlanda.
Nota: A efectos de la consulta automatizada de datos de matriculación de vehículos, a partir del 11 de octubre de 2019 Irlanda queda habilitada para recibir y transmitir datos de carácter personal en virtud del artículo 12 de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza.
-Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.
Nota: Véase la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, así como la entrada de este blog del día 17.5.2019.

-Informe de actividades del Comité de Vigilancia de la OLAF — 2018

BOE de 10.10.2019


Real Decreto 561/2019, de 9 de octubre, por el que se completa la transposición de la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE.
Nota: El artículo 20.2.c) del TFUE reconoce el derecho de los ciudadanos de la Unión a acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Así, esta norma establece los mecanismos y procedimientos de cooperación y coordinación con los otros Estados miembros y la UE para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la protección consular de los ciudadanos europeos cuando estos se encuentren en terceros países donde el Estado de nacionalidad no esté representado (art. 1).
Los ciudadanos españoles no representados tienen derecho a solicitar protección consular de la oficina consular o misión diplomática de cualquier Estado miembro de la UE representado en el país tercero, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado miembro. Paralelamente, los ciudadanos de otros Estados miembros de la UE en aquellos países terceros en los que no estén representados tienen derecho a solicitar en las mismas condiciones que los españoles protección consular de la oficina consular o a la misión diplomática española acreditada. También se proporcionará protección consular a los familiares que acompañen a ciudadanos no representados y que no sean a su vez ciudadanos de la UE (véase art. 3).
De acuerdo con el artículo 4, el Ministerio español de Asuntos Exteriores podrá reclamar el ejercicio directo de la protección consular de los españoles que hayan solicitado protección en un país no representado. Del mismo modo, España renunciará a prestar la protección solicitada tan pronto como el Estado miembro del que sea nacional el ciudadano no representado confirme que está proporcionando protección consular a este ciudadano no representado.
El solicitante de protección consular acreditará que es ciudadano de la Unión mediante la presentación de su pasaporte o documento de identidad o a través de cualquier otro medio que demuestre su nacionalidad. También podrá acreditarse mediante la comprobación ante las autoridades diplomáticas o consulares del Estado miembro del que declare ser nacional. Los familiares acompañantes pueden probar la existencia y el tipo de relación familiar con el solicitante por cualquier medio (véase el art. 6).
según el artículo 7, la protección consular podrá comprender, entre otros supuestos, la asistencia en las circunstancias siguientes: detención o prisión; ser víctima de un delito; accidente grave o enfermedad grave; fallecimiento; ayuda y repatriación en caso de emergencia; necesidad de documentos provisionales de viaje.
Los españoles que reciban protección consular de otro Estado miembro, o para sus familiares no ciudadanos de la UE, se comprometerán a reembolsar en el plazo máximo de un año al Tesoro Público de España los gastos de esa protección consular, en las mismas condiciones que los nacionales del Estado miembro que haya prestado la protección. Por su parte, cuando España preste asistencia consular a un ciudadano de la Unión no representado, y a sus familiares no ciudadanos de la UE, el Ministerio de Asuntos Exteriores solicitará al Estado miembro del que sea nacional el ciudadano no representado el reembolso de los gastos de esa asistencia, en las mismas condiciones que para un ciudadano español prevé el artículo 40.3 de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (véase el art. 10).

Véase la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE, así como la entrada de este blog del día 24.4.2015

miércoles, 9 de octubre de 2019

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (9.10.2019)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 9 de octubre de 2019, en el asunto C‑548/18 (BGL BNP Paribas): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 593/2008 — Ley aplicable a las obligaciones contractuales — Artículo 14 — Cesión de créditos — Oponibilidad frente a terceros.
Fallo del Tribunal: "El artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), debe interpretarse en el sentido de que no designa, ni directamente ni por analogía, la ley aplicable a la oponibilidad frente a terceros de una cesión de créditos en caso de cesiones múltiples de un crédito por el mismo acreedor a sucesivos cesionarios."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 9 de octubre de 2019, en el asunto C‑489/19 PPU (NJ): Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación policial y judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 1, apartado 1 — Concepto de “orden de detención europea” — Exigencias mínimas de las que depende su validez — Artículo 6, apartado 1 — Concepto de “autoridad judicial emisora” — Orden de detención europea emitida por la fiscalía de un Estado miembro — Estatuto — Existencia de una relación de subordinación respecto de un órgano del poder ejecutivo — Potestad del ministro de Justicia para dictar instrucciones individuales — Homologación por un tribunal de la orden de detención europea antes de su transmisión.
Fallo Tribunal: "El concepto de «orden de detención europea» del artículo 1, apartado 1, de la de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que, aunque las fiscalías de un Estado miembro se hallen expuestas al riesgo de estar sujetas, directa o indirectamente, a órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo, por ejemplo, del ministro de Justicia, en el contexto de la emisión de las órdenes de detención europeas, las órdenes de detención europeas que esas fiscalías emitan están comprendidas en dicho concepto, en la medida en que tales órdenes de detención, para poder ser transmitidas por dichas fiscalías, deben necesariamente ser homologadas por un tribunal que, teniendo acceso a la totalidad de los autos de la instrucción, a los que se incorporan las eventuales órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo, controla de manera independiente y con objetividad el cumplimiento de los requisitos de emisión de dichas órdenes de detención y la proporcionalidad de las mismas, adoptando así una resolución autónoma que da su forma definitiva a tales órdenes."

martes, 8 de octubre de 2019

I Foro Europeo de Derecho Internacional Privado (Universidad de Alcalá, 26 y 27 de marzo de 2020) - Llamada a comunicaciones


I FORO EUROPEO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO:
"Ciudadanía, asilo e inmigración en la Unión  Europea.
Entre la consolidación y los desafíos del Brexit"
Universidad de Alcalá de Henares
26 y 27 de marzo de 2020


LLAMADA A COMUNICACIONES


El Foro Europeo de Derecho Internacional Privado (FEDIPr) es un Seminario permanente cuya función es el estudio de los problemas relacionados con el tráfico privado internacional a través de encuentros periódicos de exposición y debate. Su misión es contribuir a la difusión de la cultura jurídica y al progreso científico, con el concurso de una metodología eminentemente empírica, comparada, funcional y multidisciplinar.
Esta primera edición del foro cuenta con el patrocinio del Programa Erasmus de la Unión Europea.

Las sesiones de trabajo tendrán lugar en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Alcalá (Madrid-España) los días 26 y 27 de marzo de 2020.

Dirección: Prof. Dr. José Mª Espinar Vicente, Prof. Dra. Ana Fernández Pérez.

Comité Científico:
- Prof. Dr. Bertrand Ancel, Profesor Emérito de la Université Paris II-Assas.
- Prof. Dr. Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Carlos III de Madrid.
- Prof. Dr. José María Espinar Vicente, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Alcalá.
- Prof. Dr. José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho internacional privado. Miembro del Institut de Droit International.
- Excmo. Sr. Francisco Fonseca Murillo, Director de la Representación la Comisión en España de la en España.
- Prof. Dr. Rui Manuel Moura Ramos, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Coimbra, ex presidente del Tribunal Constitucional de Portugal y ex Magistrado del Tribunal General de la Unión Europea.
- Prof.ª Dra. Elisa Pérez Vera, Consejera de Estado. Ex magistrada del Tribunal Constitucional.
Ejes temáticos de las distintas Sesiones:
Tomando como punto de partida el hilo conductor del Foro se establecen diferentes ejes temáticos:
1. Derecho internacional privado de la persona, familia y sucesiones
2. Ciudadanía, asilo e inmigración en la Unión Europea.
3. Desafíos del Brexit en las relaciones privadas internacionales
Los módudos 1 y 2 admiten ponencias referidas a las experiencias en otras áreas geográficas
Plazo y Dirección para el envío de la propuesta:
El Foro está abierto a la participación de los profesores y especialistas que lo deseen a través de la presentación de las oportunas ponencias y comunicaciones.
Para poder participar se debe enviar un abstract/resumen antes del 15 de noviembre de 2019 a la profesora Ana Fernández Pérez [a.fernandezperez (at)uah.es]. En dicho correo se incluirá el título de la comunicación y un breve resumen de su objeto.
Antes del 1 de diciembre de 2019, se procederá a la comunicación del rechazo o aceptación de la propuesta.
Evaluación:
El Comité Científico seleccionará las comunicaciones que podrán ser defendidas en el Foro conforme a los criterios siguientes:
1. Pertinencia del tema elegido.
2. Calidad del planteamiento desarrollado en la propuesta
3. Originalidad de la propuesta
Entrega definitiva texto comunicaciones aceptadas:
Los trabajos se publicarán en el tomo XIX-XX (2019-2020) del Anuario Español de Derecho Internacional Privado (indexado en Scopus y ESCI de la Web of Science) o en la Revista La Ley: Unión Europea (Ed. Kluwer), dependiendo de la temática, y estará sometida a la evaluación científica previa del trabajo de acuerdo con los criterios generales aplicables a la publicación de artículos doctrinales en el Anuario.
La entrega de la versión final del texto definitivo de las comunicaciones que sean aceptadas deberá realizarse el 15 de marzo de 2020.
Dichas comunicaciones en su versión escrita no deberán exceder de 25 páginas en formato Word (a doble espacio, en DIN A-4, y letra Times New Roman 12 para el texto y 10 para las notas a pie de páginas). Los textos podrán redactarse en español, inglés y francés.
El formato de las publicaciones aceptadas deberán atenerse a las reglas de estilo del Anuario Español de Derecho Internacional Privado.

Consulta vinculante - La DGT examina la tributación en España de una herencia en la que uno de sus beneficiarios reside en Dubái


Consulta Vinculante V2113-19, de 12 de agosto de 2019 de la Subdireccion General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos: Impuesto sobre sucesiones. Imposibilidad de discriminar a los contribuyentes residentes y no residentes. Tributación por obligación real. El sujeto por obligación real aplicará los criterios establecidos por la Ley 29/1987 con carácter general para la persona sujeta por obligación personal en cuestiones de reducciones en la base imponible, tarifa impositiva o el coeficiente multiplicador. Residentes en países extracomunitarios. Gestión del tributo. La presentación de la autoliquidación por los bienes que adquiera situados en España da derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en la que residiera el causante. En caso de no ser el causante residente en ninguna Comunidad Autónoma de España y no existir punto de conexión con ninguna de ellas, el organismo competente para la exacción del impuesto es la Administración Central del Estado, a través de la AEAT.
Diario La Ley, Nº 9493, 8 de Octubre de 2019
[Texto de la consulta]

BOE de 8.10.2019


Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) adoptadas el 11 de octubre de 2017 por la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en materia de patentes (Unión PCT) en su 49º periodo de sesiones (21º ordinario).
Nota: Estas modificaciones entraron en vigor de forma general y para España el 1 de julio de 2018, es decir, hace más de 16 meses (!!!).
Véase el Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

lunes, 7 de octubre de 2019

Seminario sobre "Circulación y ejecución de decisiones relativas al pago de cantidades en la UE: experiencia española" (UCM, 10 octubre 2019)


CIRCULACIÓN Y EJECUCIÓN DE DECISIONES RELATIVAS AL PAGO DE CANTIDADES EN LA UNIÓN EUROPEA: EXPERIENCIA ESPAÑOLA
Facultad de Derecho - Universidad Complutense de Madrid
Sala de Juntas - 10 de octubre de 2019

Informed Choices in Cross-Border Enforcement (IC2BE)
JUST-JCOO-CIVI-AG-2016:764217

El seminario se organiza en el marco del proyecto de investigación IC2BE con el fin de difundir los resultados de la investigación realizada en España sobre la materia, así como dar a conocer las ventajas de la aplicación de los instrumentos normativos comunitarios en lo relativo al reconocimiento y la ejecución de deudas transfronterizas.
En el seminario participarán destacados profesionales del Derecho, así como expertos de reconocida trayectoria en el ámbito de la Administración pública, la judicatura y la abogacía en los campos empresarial y de defensa de los consumidores.

9.00 h. Acto de Apertura:
Ricardo Alonso García. Decano. Catedrático de Derecho Administrativo y de la Unión Europea de la UCM.
Carmen Otero García-Castrillón. Catedrática de Derecho Internacional Privado de la UCM.
El proyecto IC2BE: circulación y ejecución de decisiones relativas a deudas: datos de la experiencia española.
9.45 h. Perspectiva institucional: adaptación del Derecho español y gestión de las relaciones intracomunitarias
Jacobo Fernández Álvarez. Subdirector General de Política Legislativa y Secretario General de la Comisión General de Codificación. Ministerio de Justicia.
La adaptación del Derecho procesal interno a las normas de la UE; el caso del Reglamento sobre la orden europea de retención de cuentas.
Paula Mongé Royo. Subdirectora General de Cooperación Jurídica Internacional.
Circulación y ejecución de decisiones: el papel de la cooperación internacional.
Javier Forcada Miranda. Magistrado. Servicio de relaciones internacionales del CGPJ.
Circulación y ejecución de decisiones: una visión desde los tribunales españoles.
11.00 h. PREGUNTAS Modera: Fernando Gascón Inchausti. Catedrático de Derecho procesal de la UCM.

11.15 h. Pausa café.

11.45 h.: Perspectiva práctica: consumidores y empresarios ante las reclamaciones y el cobro de las deudas.
Miguel Álvaro Artola Fernández. Presidente de la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Miembro de la REJUE. Profesor tutor de Derecho internacional privado de la UNED.
La orden europea de retención de cuentas y la simplificación del cobro transfronterizo del crédito empresarial en la UE.
Javier Casado Román. Letrado de la Administración de Justicia.
Cuestiones prácticas en el procedimiento monitorio europeo.
María José Lunas. Abogada. Lunas y Asociados (Madrid).
Aproximación comparada a los Reglamentos para la reclamación internacional de deuda: problemas de interacción.
Vanesa Fernández Escudero. Abogada. Andersen Tax & Legal (Barcelona).
Desafíos para los consumidores ante el uso de los mecanismos de reclamación de deudas transfronterizas.
Cecilia Rosende Villar. Abogada. Garrigues.
Ventajas de los instrumentos europeos en la reclamación de deudas transfronterizas.
13.15 h. PREGUNTAS Y DEBATE Modera: Mª Teresa Álvarez Moreno. Profesora titular (acreditada a catedrática) de Derecho civil.


Más información [aquí] y [aquí]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-488/19: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) el 26 de junio de 2019 — Minister for Justice and Equality/JR.
Cuestiones planteadas:
"1. ¿Se aplica la Decisión Marco a aquellos casos en que la persona buscada es condenada en un tercer Estado pero, en virtud de un tratado bilateral entre ese tercer Estado y el Estado emisor, la sentencia dictada en el primero se reconoce en este último y se ejecuta de conformidad con sus leyes?
2. En caso afirmativo, en aquellas circunstancias en que el Estado miembro de ejecución haya incorporado a su legislación nacional los motivos para la no ejecución facultativa de la orden de detención europea establecidos en el artículo 4, punto 1, y punto7, letra b), de la Decisión Marco, ¿cómo debe pronunciarse la autoridad judicial de ejecución con respecto a un delito que se considera cometido en el tercer Estado, cuando las circunstancias que lo rodean muestran que se llevaron a cabo actos preparatorios en el Estado emisor?"
-Asunto C-519/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) el 9 de julio de 2019 — Passenger Rights spółka akcyjna w Warszawie/Ryanair DAC w Dublinie (Irlanda).
Cuestión planteada: "¿Deben interpretarse los artículos 2, letra b), 3, apartados 1 y 2, y 6, apartado l, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como el artículo 25 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil —en lo relativo al examen de la validez de una cláusula atributiva de competencia— en el sentido de que también podrá invocar la falta de negociación individual de las cláusulas del contrato y las cláusulas contractuales abusivas resultantes de un acuerdo atributivo de competencia jurisdiccional el adquirente final de un crédito adquirido mediante una cesión del consumidor, quien sin embargo no ostenta la condición de consumidor?"
-Asunto C-566/19: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel (Luxemburgo) el 25 de julio de 2019 — Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg/JR.
Cuestión planteada: "¿Cabe considerar que el Ministerio Público francés del órgano jurisdiccional de instrucción o de enjuiciamiento, competente en Francia en virtud del Derecho de este Estado para emitir una orden de detención europea, es una autoridad judicial emisora, en el sentido autónomo previsto en el artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, en el supuesto de que, a la vez que debe controlar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la emisión de una orden de detención europea y examinar su carácter proporcionado a la luz de los hechos recogidos en el expediente penal, es la autoridad encargada de ejercitar las acciones penales en el mismo asunto?"

Bibliografía - El Tribunal de Justicia ante el equilibrio entre los derechos fundamentales y la cooperación judicial en materia penal


El Tribunal de Justicia ante una nueva crisis europea: el equilibrio entre los derechos fundamentales y la cooperación judicial en materia penal
Pablo Rivera Rodríguez, Jurista y politólogo
Diario La Ley, Nº 9402, Sección Tribuna, 7 de Octubre de 2019
Las recientes políticas de algunos Estados miembros de la Unión Europea amenazan con vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos requeridos por sus euroórdenes. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que garantiza la protección de estos derechos, puede indirectamente dar lugar a una limitación de la confianza y de la eficacia de la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros. Este trabajo estudia la difícil tarea de equilibrar ambos intereses y las oportunidades de que dispone el Tribunal de Justicia para clarificar y consolidar el sentido de su jurisprudencia.

Jurisprudencia - Prohibición de vender en España productos de la marca "Schweppes" importados de Reino Unido


Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, Sentencia 1447/2019 de 22 Jul. 2019, Rec. 1278/2018: Marcas. Infracción de la marca "Schweppes". Prohibición de importación y comercialización en España de cualquier producto identificado con la marca Schweppes que no haya sido fabricado por la licenciataria de la marca en España o con autorización de la titular de la marca en nuestro país. Los productos comercializados en España por las demandadas fueron adquiridos en el Reino Unido de quien es titular de la marca en dicho país. No concurren las circunstancias exigidas por el TJUE para que se considere agotada la marca: que su titular, tras la venta de la misma a un tercero en algunos países, haya seguido promoviendo la imagen de una marca global y única, creando confusión en el público en cuanto al origen empresarial de los productos designados con aquella; o que existan vínculos económicos entre el titular y dicho tercero en el sentido de que ejerzan un control conjunto sobre el uso de la marca.
Ponente: Rodríguez Vega, Luis.
Nº de Sentencia: 1447/2019
Nº de Recurso: 1278/2018
Jurisdicción: CIVIL
Diario La Ley, Nº 9492, Sección Jurisprudencia, 7 de Octubre de 2019
ECLI: ES:APB:2019:9587

sábado, 5 de octubre de 2019

Acuerdos destacados de la sesión del Consejo de Ministros de 4 de octubre


Entre los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en su sesión celebrada ayer cabe destacar los siguientes [véase la referencia completa aquí]:

- Aprobó un Real Decreto por el que se completa la transposición de la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en su Artículo 20, apartado 2, letra c), concede el derecho de los ciudadanos de la Unión a acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. Asimismo, el Artículo 23 del TFUE dispone la adopción de directivas en las que se establezcan las medidas de coordinación y de cooperación necesarias para facilitar la protección consular de los ciudadanos de la Unión no representados en terceros países. El Consejo de la Unión Europea aprobó, el 20 de abril de 2015, la Directiva (UE) 2015/637, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países, por la que se deroga la Decisión 95/553/CE. Esta Directiva establecía un plazo de transposición, que finalizó el 1 de mayo de 2018 por lo que se encuentra abierto el procedimiento de infracción número 2018/0163, con riesgo de doble multa, en su caso. Se ha recibido una carta de emplazamiento de fecha 19 de julio de 2018. Si bien el proyecto de Real Decreto se encuentra incluido en el Plan Anual Normativo para 2018, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 7/12/2017, no fue posible finalizar su tramitación dentro de dicho año, por lo que dicha tramitación ha continuado durante el año 2019.
La transposición de la Directiva 2015/637 al derecho nacional interno, se ha realizado en dos fases. Por una parte, la transposición de los aspectos subjetivos y materiales del derecho a la protección consular de los ciudadanos europeos no representados en pie de igualdad con los nacionales representados, así como los aspectos relativos a la exigencia de reembolso de los gastos incurridos en la protección consular de un ciudadano europeo no representado en pie de igualdad con los nacionales, transposición que se realizó a través de la disposición final tercera de la Ley 3/2018, de 11 de junio, que añadió las nuevas disposiciones adicionales décima séptima, décima octava y décima novena a la Ley 2/2014 de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. De otra parte, la transposición de las cuestiones de carácter procedimental, organizativo y técnico, que no hayan sido objeto de transposición en la mencionada Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que se llevará a cabo por este Real Decreto.
El objeto de este Real Decreto es el establecimiento de los mecanismos y procedimientos de cooperación y coordinación con los otros Estados miembros y la Unión Europea para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la protección consular de los ciudadanos europeos cuando éstos se encuentren en terceros países donde el Estado de nacionalidad no esté representado. En cuanto a su contenido, la norma propuesta consta de una parte expositiva y una parte dispositiva estructurada en 12 artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

- Aprobó plantear un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional, relativo a determinados incisos de algunos apartados de la resolución aprobada por el Pleno del Parlament de Cataluña el pasado 25 de julio sobre las propuestas para la Cataluña real. La resolución, aprobada el pasado 25 de julio, vulnera dos sentencias del TC, al volver a proclamar el derecho de autodeterminación como manera de acceder a la soberanía del pueblo de Cataluña. En concreto, el incidente de ejecución se refiere a los apartados I.1 e I.2 de la resolución 534/XII del Parlament de Cataluña, en los que el Parlament "se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña" y se reafirma en "su disposición a ejercer de manera concreta el derecho a la autodeterminación". De esta forma, estos incisos reiteran el contenido de la Resolución 1/XI del Parlament de Cataluña sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resolutados electorales del 27 de septiembre de 2015, que fue anulada por la sentencia del TC 259/2015, de 2 de diciembre, y de la moción 5/XII del Parlament sobre la normativa anulada y suspendida por el tribunal Constitucional, en la sentencia del TC 136/2018, de 13 de diciembre.
El Gobierno estima, en consecuencia, que vulneran directa y frontalmente dichas sentencias y, por tanto, solicita al Tribunal Constitucional la declaración de nulidad y su inmediata suspensión. Además, el Gobierno solicita al Tribunal Constitucional que ordene la práctica de la notificación personal en la providencia en que se decrete la suspensión de la resolución impugnada y en la que en su momento se dicte resolviendo el incidente de ejecución y que en las mismas se advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió- al secretario general, Xavier Muro i Bas, y a los miembros de la Mesa, de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión, en su caso, acordada, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir las sentencias del Tribunal Constitucional sobre estos asuntos y la decisión que dicte, caso de ser estimadas las dos demandas incidentales, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.

- También aprobó plantear incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional, relativo a determinados incisos de algunos apartados de la resolución 534/XII aprobada por el Pleno del Parlament de Cataluña el pasado 25 de julio sobre las propuestas para la Cataluña real. En concreto, el incidente de ejecución se refiere a determinados incisos de los apartados I.1, I.2 y I.3 de la resolución, en los que el Parlament "reafirma su compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía", "se reafirma en su reprobación de Felipe VI" y "reafirma su derecho de expresar valoraciones y opiniones políticas sobre la actuación y el futuro de la institución monárquica y su compromiso con los valores republicanos". Los incisos de la Resolución 534/XII a los que se refiere el actual incidente de ejecución reiteran, con idénticas o similares palabras, la resolución anulada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 98/2019, de 17 de julio de 2019, que declaró inconstitucionales y nulos ciertos apartados de una resolución previa del Parlamento de Cataluña, la 92/XII del, de 11 de octubre de 2018.
El Gobierno estima, en consecuencia, que vulneran directa y frontalmente dichas sentencias y, por tanto, solicita al Tribunal Constitucional la declaración de nulidad y su inmediata suspensión. Además, el Gobierno solicita al Tribunal Constitucional que ordene la práctica de la notificación personal en la providencia en que se decrete la suspensión de la resolución impugnada y en la decisión que en su momento se dicte resolviendo el incidente de ejecución y que en las mismas se advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió- al secretario general, Xavier Muro i Bas, y a los miembros de la Mesa, tanto de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión, en su caso, acordada, como de su deber, de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir las sentencias del Tribunal Constitucional sobre estos asuntos y la decisión que dicte, caso de ser estimadas las dos demandas incidentales, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.