miércoles, 11 de marzo de 2020

Selección de acuerdos adoptados en la sesión del Consejo de Ministros del 10 de marzo


En el Consejo de Ministros celebrado ayer, además de aprobar el tradicional Real Decreto-ley, también adoptó los siguientes acuerdos [véase la referencia de la sesión]:

- Aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico y medidas sobre el coronavirus.

- Acordó establecer medidas excepciones para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y los aeropuertos españoles (se publicó ayer mismo en un BOE extraordinario).

- Adoptó un acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente de la Ley por la que se transpone la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.

- Acordó remitir a las Cortes Generales, para que autoricen la manifestación del consentimiento de España para obligarse, los siguientes textos convencionales:
· Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos.
· Convenio entre España y Rumanía para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y la elusión fiscales y de su Protocolo.
· Convenio entre España y Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y de su Protocolo.
- Asimismo, tomó conocimiento de la entrada en vigor de la Enmienda a los artículos 21 y 22 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999.

- Finalmente, acordó iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, así como de protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

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