Entre los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la sesión celebrada hoy, además de la aprobación del correspondiente Real Decreto-ley (si mis cálculos no me fallan, será el número 18 en las 20 semanas que han transcurrido de este año, lo que a este ritmo nos permitirá batir el récord de la democracia), cabe destacar los siguientes [la referencia de la sesión puede consultarse aquí].
- Ha aprobado remitir a las Cortes Generales el Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Japón, por otra, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.
- Ha aprobado igualmente el Proyecto de Ley por el que modifica la Ley General Tributaria para proceder a la transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, conocida como 'DAC 6' (véase la entrada de este blog del día 5.6.2018). Con esta Directiva se pretende desalentar la utilización de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva, modificando para ello la Directiva 2011/16/UE del Consejo, en la que se establecen normas y procedimientos por los que los Estados miembros intercambiarán información previsiblemente relacionada con la administración y ejecución de las leyes de los Estados miembros en relación con los impuestos percibidos por un Estado miembro o sus subdivisiones territoriales o administrativas o en su nombre.
Se regula y reconoce el secreto profesional de los intermediarios fiscales, quedando limitado a aquellos intermediarios que prestan un asesoramiento neutral con el único objetivo de evaluar la adecuación del mecanismo a la normativa aplicable, y sin procurar ni facilitar la implantación de esa planificación fiscal. Los intermediarios fiscales tienen la obligación de informar si detectan indicios de planificación fiscal agresiva.
La Directiva debía haber sido transpuesta antes del 31 de diciembre de 2019, porque debe aplicarse a partir del 1 de julio de 2020 (véase su art. 2).
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