En la sesión del Consejo de Ministros de ayer se realizaron 40 nombramientos para diferentes cargos públicos. Menos mal que entre los dos últimos consejos de Ministros llevamos 90 nombramientos, porque sin ellos -y los 22 Ministros del Gobierno- las estadísticas del paro publicadas ayer podrían haber sido mucho peores.
Dejando a un lado la labor de colocación del Gobierno, el Consejo de Ministros adoptó una serie de acuerdos, entre los que cabe destacar los siguientes [véase la referencia de la sesión]:
- ¡Cómo no!, aprobó un nuevo Real Decreto-ley que incorpora al ordenamiento español diversas directivas de la UE en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
- Igualmente aprobó un Real Decreto que agiliza la gestión de las subvenciones al transporte de mercancías en el ámbito industrial con origen y destino en las Islas Baleares, al actualizar el marco normativo aplicable.
- Acordó remitir a las Cortes Generales el Acuerdo Internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y el Reino Unido en relación con Gibraltar para que autorice la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo.
- También autorizó las Declaraciones relativas a las autoridades de Gibraltar en relación con el Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, el Convenio Europeo de extradición y su Protocolo Segundo y el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
La salida de la UE obliga al Reino Unido a revertir instrumentos jurídicos de cooperación internacional en materia jurídica y otras en el ámbito del Consejo de Europa. Muchas de las materias de las que se ocupan estas dos instancias estaban cubiertas de manera más eficaz y satisfactoria para los Estados Miembros y los particulares por el Derecho de la UE, pero Reino Unido ya no podrá aplicar este régimen jurídico. Dado que en Gibraltar se aplica el Derecho de la UE y Reino Unido no había extendido al Peñón la aplicación de estos instrumentos del Consejo de Europa, ahora se ve obligado a hacerlo para evitar que Gibraltar quede fuera de cualquier forma de cooperación jurídica internacional.
- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores, que regula la suspensión del régimen general de inversiones extranjeras en España en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, previo informe favorable de la Junta de Inversiones Exteriores del día 18 de diciembre de 2019, autorizó que la inversión extranjera de la sociedad de Eslovaquia MSM GROUP, S.R.O., por el 100% del capital social de la empresa española "FÁBRICA DE MUNICIONES DE GRANADA, S.L.U., se pueda destinar a actividades relacionadas con la defensa nacional. Las actividades a realizar en España relacionadas directamente con la defensa nacional serán las vinculadas al Anexo I.1 Material de Defensa en General, del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado por Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto.
- Aprobó un Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.
- Finalmente, también aprobó un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).
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