Ecos de la sesión plenaria del Parlamento Europeo

-Seguridad y libertades fundamentales en Internet:
El jueves día 26 el Parlamento Europeo aprobó, por 481 votos a favor, 25 en contra y 21 abstenciones, una Recomendación destinada al Consejo sobre el refuerzo de la seguridad y de las libertades fundamentales en Internet. Esta Recomendación se basaba en el Informe previo elaborado por Stavros Lambrinidis [2008/2160(INI)].

La Eurocámara rechaza que los Gobiernos corten el acceso a Internet como una forma de imponer sanciones: "Considerando que el analfabetismo electrónico será el nuevo analfabetismo del siglo XXI y que, por lo tanto, asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a Internet significa garantizar que todos los ciudadanos tienen acceso a la escolarización; que los gobiernos o las empresas privadas no deben recurrir a la denegación de dicho acceso como medio para imponer sanciones" (Considerando Q). Se sale así al paso de la utilización de este sistema coercitivo para garantizar, entre otros, la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Más información en la Nota de Prensa del PE.

-Abusos urbanísticos en España:
El mismo día 26, el Europarlamento aprobó, por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, una Resolución sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario, con fundamento en determinadas peticiones recibidas, basada en el Informe elaborado por Margrete Auken [2008/2248(INI)].

En esta Resolución, el Parlamento recuerda que, "como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar, sea con arreglo al Tratado o como consecuencia de la aplicación del Derecho comunitario, hasta el momento en que el problema se haya resuelto" (ap. 28). Paralelamente, "insta una vez más a las autoridades locales a que consulten a sus ciudadanos y les hagan partícipes en los proyectos de desarrollo urbanístico, con objeto de fomentar un desarrollo justo, transparente y sostenible en los casos necesarios, en el interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de los promotores, inmobiliarias y otros intereses creados" (ap. 30).
La Resolución describe el problema urbanístico español con términos muy duros y claros: "las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones de tal forma que han afectado no sólo al frágil medio ambiente costero [...], como ha ocurrido en casos de urbanizaciones en el Cabo de Gata y Murcia, sino también a la actividad social y cultural de muchas zonas, lo que constituye una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales, así como de su integridad medioambiental, y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de los cuales se han exportado" (Considerando AJ).

La Cámara rechazó un texto alternativo presentado por el grupo socialista (72 votos a favor, 436 en contra y 44 abstenciones) --antes de la votación, el socialista británico Michael Cashman anunció que retiraba su nombre de la propuesta de resolución presentada por su grupo y que votaría a favor del informe de Margrete Auken--. Por su parte, una propuesta de los diputados del PPE-DE, que se votó en primer lugar, obtuvo 126 votos a favor y 393 en contra.

Para más información, véase la Nota de Prensa del PE.