martes, 26 de marzo de 2019

Jurisprudencia - Denegación de la nacionalidad española a un senegalés al no haber renunciado a la poligamia en el momento de la solicitud


Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 8ª, Sentencia de 4 Feb. 2019, Rec. 1099/2017: Nacionalidad. Conformidad a derecho de la denegación de la nacionalidad española solicitada. El sujeto, nacido en Senegal, aporta certificado de matrimonio celebrado en Senegal, en el que consta que optó por el régimen de poligamia. La jurisprudencia ha declarado que la poligamia es contraria al orden público española, constituyendo siempre un límite infranqueable a la eficacia del derecho extranjero. Aunque posteriormente aportó certificado de matrimonio actualizado, renunciando a la poligamia, tal documento no puede ser tenido en cuenta. Los requisitos han de cumplirse y acreditarse en el momento de la solicitud, lo que no ocurre en el caso. Además, reside en España desde 1985, contrajo matrimonio en 1993, solicitó la nacionalidad en 2010, y no es hasta 2016 cuando manifiesta su renuncia a la poligamia.
Ponente: Gómez García, Ana Isabel.
Nº de Recurso: 1099/2017
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9384, Sección Reseña de Sentencias, 26 de Marzo de 2019
ECLI: ES:AN:2019:465
[Texto de la resolución]

DOUE de 26.3.2019


Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.
Nota: El Consejo refrenda la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, que figura en el anexo I. Igualmente, refrenda la situación existente respecto de los compromisos contraídos por los países y territorios cooperativos para implantar principios de buena gobernanza en el ámbito fiscal (anexo II).
Véanse las Conclusiones del Consejo de 5 de diciembre de 2017 sobre la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, así como las entradas de este blog del día 19.12.2018, del día 26.1.2018, del día 16.3.2018, del día 5.6.2018, del día 5.10.2018, del día 9.11.2018 y del día 7.12.2018.

BOE de 26.3.2019


-Orden TMS/331/2019, de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos y condiciones para la suscripción de convenios de habilitación para la presentación electrónica de documentos en los expedientes relativos a las autorizaciones de residencia previstas en la sección de movilidad internacional de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Nota: Según la exposición de motivos de la norma, la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos de la Dirección General de Migraciones ha visto incrementado de un modo exponencial su actividad como consecuencia de la implantación ede los trámites de autorización de residencia por movilidad internacional establecidos en Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. La tramitación ordinaria de la Unidad desarrollada hasta ese año se situaba en torno a los 2.500 expedientes. En 2018 el número de solicitudes se cerraba con algo más de 25.000.
Ante ello, el objeto de esta norma es regular las condiciones y requisitos para la suscripción por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de convenios destinados a la habilitación de personas físicas o jurídicas para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados en los expedientes relativos a las autorizaciones de residencia establecidas en la sección 2ª, movilidad internacional, del título V de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Dichos convenios tendrán por objeto establecer el marco de las relaciones entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y las entidades que los suscriban para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados ante la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos de la Dirección General de Migraciones (véase art. 1).
Véase la sección 2ª (movilidad internacional) del título V (internacionalización de la economía española) de la Ley 14/2013.
-Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Secretaria de Estado de Migraciones, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento, en caso de retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, para la documentación de los nacionales del Reino Unido residentes en España antes de la fecha de retirada y de los miembros de su familia, así como para la documentación de los nacionales del Reino Unido que reúnan la condición de trabajadores fronterizos antes de la fecha de retirada.
Nota: El Acuerdo desarrolla el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (véase la entrada de este blog del día 2.3.2019).
En una salida sin acuerdo del Reino Unido dejarán de existir período transitorio y el derecho de la UE dejará de aplicarse al y en el Reino Unido. De forma inmediata, se aplicarán las normas nacionales migratorias de cada país y, por tanto, los nacionales del Reino Unido, así como los miembros de su familia, se convertirán, a efectos migratorios, en nacionales de terceros países. En consecuencia, dejarán de estar encuadrados en el Régimen de ciudadanos de la Unión y pasarán a estarlo en el Régimen General de Extranjería, sin disponer de la documentación correspondiente. Por tanto, un elevado número de nacionales del Reino Unido pasarían a ser nacionales de un tercer país sin un documento que les autorice para residir legalmente en España, generándose una irregularidad sobrevenida. En el mismo sentido, los que hasta ese momento eran considerados familiares de ciudadano de la Unión (por ser familiares de nacionales del Reino Unido) con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, se verían privados del elemento en virtud del cual obtuvieron ese documento. Por otro lado, aquellos nacionales del Reino Unido residentes fuera de España, pero que, en ejercicio de la libre circulación de trabajadores, desarrollasen una actividad económica, por cuenta propia o ajena, en España, no podrían seguir desarrollándola al no disponer, ya como ciudadanos de tercer país, de la obligatoria autorización para trabajar. La particularidad de estas circunstancias determina que la situación de estos residentes o trabajadores fronterizos no pueda derivarse automáticamente a algunas de las autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo previstas en la normativa general de extranjería. Ante ello, se aprobó el Real Decreto-ley 5/2019, que tiene con uno de sus objetivos principales preservar los intereses de los ciudadanos que, confiando en el proyecto europeo, ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada.

Estas instrucciones articulan tres autorizaciones temporales. Una primera autorización de residencia y trabajo para nacionales del Reino Unido, configurada como un permiso único. Una segunda autorización de residencia y trabajo para familiares de nacionales del Reino Unido, configurada igualmente como un permiso único. Y, una tercera autorización de trabajo para trabajadores fronterizos nacionales del Reino Unido que, de conformidad con el artículo 2 del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, se encuentra sometida a un principio de reciprocidad. Además, estas instrucciones fijan la forma, requisitos y plazos que articularán su concesión. En este sentido, las instrucciones toman en consideración la situación en la que se encuentra el nacional del Reino Unido o su familiar así como de la documentación de la que estuviera en posesión antes de la retirada.
De acuerdo con el artículo 7.5 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, los ciudadanos de la Unión están obligados a solicitar un certificado de registro si desean residir en España más de tres meses, sin perjuicio de que el artículo 14.4 permite acreditar la condición de residente por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Ello determina que no todos los nacionales del Reino Unido residentes en España cuenten con el certificado de registro. Por su parte, los familiares, de acuerdo con el artículo 8, deben obtener una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
Tomando en consideración los anteriores elementos, el Real Decreto-ley 5/2019 establece los aspectos esenciales de un procedimiento, desarrollado en estas instrucciones, mediante el cual, cuando el nacional del Reino Unido ya contase con un certificado de registro previo, se sustituirá dicho certificado por una tarjeta de identidad de extranjero correspondiente a la autorización de residencia que configura estas instrucciones. En caso de que no contase con dicho certificado, deberá procederse a la solicitud de la citada autorización de residencia de conformidad con el procedimiento previsto en estas instrucciones. Por su parte, los familiares de un nacional del Reino Unido residente en España antes de la fecha de retirada que sean titulares de una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, estarán obligados a solicitar la tarjeta de identidad de extranjero correspondiente a la autorización de residencia y trabajo para familiares de nacionales del Reino Unido conforme a lo previsto en estas instrucciones. En caso de que no contasen con dicha tarjeta de familiar, deberán proceder a la solicitud de la citada autorización de residencia de conformidad con el procedimiento previsto en estas instrucciones. Por último, los trabajadores que reúnan la condición de fronterizos deberán solicitar la autorización de trabajo para trabajadores fronterizos nacionales del Reino Unido de conformidad con el procedimiento y los requisitos contemplados en las presentes instrucciones.

De acuerdo con la instrucción 21ª, estas instrucciones surtirán efectos el día en que los Tratados de la Unión Europea dejen de aplicarse al Reino Unido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del TUE.
-Real Decreto 80/2019, de 22 de febrero, por el que se crea la Academia Joven de España y se aprueban sus estatutos.
Nota: Se crea la Academia Joven de España como corporación de derecho público de ámbito nacional (art. 1 del RD). El campo de actividad de la Academia será el de la visibilización y representación de los científicos jóvenes, preferentemente del campo de las ciencias experimentales y de cualquier área intelectual creativa relacionada con dicho campo (art. 1.2 de sus Estatutos).
Según el art. 6.2 de los Estatutos, el perfil general de los Académicos de Número coincide con el promedio de 40 años de edad y 12 años a partir de la consecución del título de Doctor. Los candidatos elegidos serán proclamados Académicos de Número por un periodo improrrogable de 5 años (art. 6.6).
-Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la registradora de la propiedad de Gijón n.º 3, por la que acuerda denegar la práctica de inscripción de una escritura de compraventa.
Nota: Esta resolución tiene su origen en la venta de dos inmuebles –vivienda y garaje– por su titular registral quien, en 2007 los adquirió siendo entonces de nacionalidad ucraniana al igual que era su esposa de la que manifiesta estar divorciado y que vive. La registradora denegó la inscripción del título por considerar que el artículo 92 RH permite que en el momento de la inscripción de la compra no se acredite el régimen económico-matrimonial a que están sujetos por su nacionalidad ucraniana, dejando dicha acreditación para un momento posterior que en este caso es la venta. Consideró que debía acreditarse en la forma que señala el artículo 36.2 RH que la legislación y/o jurisprudencia ucraniana admite la confesión de privatividad y que la misma supone que el cónyuge a cuyo favor se realiza, tiene la titularidad exclusiva sobre la finca y que, por tanto, puede realizar por sí solo todo tipo de actos, incluyendo los de disposición.

Conforme a la doctrina de la DGRN (Resoluciones de 10 y 17 de mayo de 2017), tratándose de cónyuges extranjeros, cuya ley aplicable a su régimen económico-matrimonial estuviera determinada, sería necesario probar que conforme a dicha ley es posible la adquisición privativa, y dentro de ella con el alcance del reconocimiento del cónyuge, para la utilización en sus adquisiciones en España de la confesión a la que alude el artículo 1324 CCiv que tendría su reflejo en el artículo 95 RH. La DGRN consideró que la confesión de privatividad se liga a la posibilidad de que, conforme a la ley que rige los efectos del matrimonio, se permita una adquisición privativa compatible con la regla hipotecaria. En consecuencia, no se permitió inscribir con carácter privativo por confesión del cónyuge del adquirente sin prueba de que conforme a la ley que rige los efectos del matrimonio es posible dicho tipo de adquisición con los efectos que prevé la legislación española. Así, la aplicación del Derecho extranjero plantea hasta qué punto un reconocimiento de privatividad entre cónyuges al amparo de la ley reguladora de su régimen económico-matrimonial implica necesariamente la inscripción conforme al artículo 95 RH, pensado exclusivamente –y con posible extrapolación– para el Derecho español, y especialmente para el artículo 1324 CCiv.

En este caso, el asiento, que produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en esta ley, publica la inscripción privativa del vendedor, ahora divorciado y que manifiesta que su ex cónyuge vive. Nada indica el asiento de la eventual aplicación del artículo 92 RH, ni hace referencia alguna a la legislación ucraniana de origen siendo evidente que dicha adquisición se realizó siguiendo las pautas de la ley española y así obtuvo reflejo registral, lo que por otra parte no era infrecuente. Por ello el Registro publica una titularidad del esposo en la que –como ocurriría si se trataran de cónyuges bajo la ley española y concretamente el Código Civil– basta para transmitir la manifestación por el transmitente de que su ex cónyuge vive, sin precisarse prueba alguna de tal circunstancia ni su comparecencia, pues el reconocimiento o confesión produce todos sus efectos excepto si afectara a acreedores o herederos forzosos del confesante, hipótesis que no puede ser planteada dado que no ha fallecido la exesposa, no constando anotación registral alguna de un eventual acreedor. Tampoco puede serle exigida la inscripción previa la disolución y liquidación de su sociedad conyugal, como afirma la registradora, en cuanto dicha exigencia no resulta de norma alguna.
Por tanto, y dado que la ex esposa compareció en el momento de la adquisición afirmando expresamente el carácter privativo de la adquisición, no puede serle de aplicación un régimen más agravado que el que correspondería bajo la ley española a la que responde la inscripción. Afirmar lo contrario iría contra la seguridad jurídica y supondría una quiebra de la confianza de quien adquiere confiando en la certeza e integridad de lo que publica el Registro.

A continuación, la DGRN mete la nota erudita -y totalmente innecesaria (salvo para informar con carácter didáctico a los notarios y registradores que desconozcan la norma de la UE)-: no es de aplicación el Reglamento (UE) 2016/1103, del Consejo de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos-matrimoniales, aplicable, conforme a las reglas del artículo 70, desde el 29 de enero de 2019 y en cuya cooperación reforzada participa España, siendo de carácter universal (artículo 20). El supuesto contemplado, no se encuentra en ninguno de las hipótesis incluidas en el ámbito retroactivo del artículo 69.

Por todo lo anterior, la DGRN estima el recurso.

lunes, 25 de marzo de 2019

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


RESOLUCIONES

-Asunto C-149/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 31 de enero de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Agostinho da Silva Martins / Dekra Claims Services Portugal, S.A. [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales — Reglamento (CE) n.o 864/2007 (Roma II) — Artículos 16 y 27 — Leyes de policía — Directiva 2009/103/CE — Seguro de responsabilidad civil del automóvil — Artículo 28]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 31 de enero de 2019.
-Asuntos acumulados C-335/18 y C-336/18: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 30 de enero de 2019 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Sofiyski gradski sad, Apelativen sad — Sofia — Bulgaria) — procedimientos penales contra AK (C-335/18), EP (C-336/18) [Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Control de la entrada o salida de dinero efectivo de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.o 1889/2005 — Artículo 3, apartado 1 — Incumplimiento de la obligación de declarar — Artículo 4, apartado 2 — Medida de retención — Artículo 9, apartado 1 — Sanciones previstas por el Derecho nacional — Normativa nacional que establece, además de una pena privativa de libertad o de una pena de multa del quinto del importe de la cantidad no declarada, el decomiso de dicha cantidad por el Estado — Proporcionalidad]
Fallo del Tribunal: "El artículo 4, apartado 2, y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el asunto principal, que, para sancionar el incumplimiento de la obligación de declaración impuesta por el artículo 3 de dicho Reglamento, establece, además de una pena privativa de libertad de un máximo de cinco años o de una multa del quinto del importe líquido no declarado, el decomiso por el Estado de la referida cantidad no declarada."
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-18/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 11 de enero 2019 — WM / Stadt Frankfurt am Main.
Cuestión planteada: "¿Se opone el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular a una normativa nacional conforme a la cual el internamiento a efectos de expulsión puede ser ejecutado en un centro penitenciario si el extranjero representa un peligro sustancial para la vida y la integridad física de otras personas o para bienes jurídicos significativos de la seguridad interior, debiendo permanecer también en este caso el interno a efectos de expulsión separado de los presos ordinarios?"

DOUE de 25.3.2019


Corrección de errores de la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado.
Nota: Prácticamente 10 años después de su publicación se publica una corrección de errores del texto oficial en español. Véase la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, así como la entrada de este blog del día 27.3.2009.

BOE de 25.3.2019


Aplicación provisional del Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y el Estado de Israel, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 20 de diciembre de 2018.
Nota: Este Protocolo se aplica de forma provisional con efectos a partir de 1 de julio de 2013.

domingo, 24 de marzo de 2019

Summer School for Young Researchers - Law Faculty, University of Valencia (Spain) (17th - 21st June 2019)


Law Faculty, University of Valencia (Spain)
SUMMER SCHOOL FOR YOUNG RESEARCHERS
17th - 21st JUNE 2019

Direction: Carmen Azcárraga Monzonís
Coordination: Patricia Llopis, Ana María de la Encarnación, Raquel Borges

ACADEMIC PROGRAMME
(Parallel leisure programme (voluntary) under construction)

MONDAY 17 JUNE 2019
WELCOME
Venue: Salón de Grados, Ground floor

1pm – Welcome to Valencia!
Javier Palao, Dean of the Law Faculty
Carmen Azcárraga, Vice-Dean for International Relations

2pm – Lunch sponsored by the Law Faculty

SESSION ABOUT GOOD PRACTICES AND ACADEMIC EXPERIENCES
Venue: Salón de Grados, Ground floor
Moderator: Carmen Azcárraga, Vice-Dean

3.30pm – 4.30pm Good practices about teaching methodologies
4.30pm – 5.30pm National experiences about the academic career

TUESDAY 18 JUNE 2019
TOPIC 1 10am - 12pm
ENVIRONMENTAL PROTECTION: A GLOBAL CONCERN
Venue: Salón de Grados, Ground floor
Moderator: Ana María de la Encarnación, Ass. Prof. Administrative Law

Karla Zambrano González
Climate action. A goal of United Nations for sustainable development.
Alberto Aznar Traval
Right to the city: the balance between tourists and locals.
Elena de Luis García
Judicial Protection of the Environment.

TOPIC 2 12.30pm - 2pm
GENDER EQUALITY AND ISSUES RELATED WITH WOMEN’S RIGHTS
Venue: Salón de Grados, Ground floor
Moderator: Raquel Borges, Researcher Procedural Law

María Torres Pérez
International criminal law and the protection of women. Tipification of new offences and old revisited crimes.
Elisa Simó Soler
Criminal proceedings and gender based violence victims.
Lorena Mercader Jiménez
The protection of trafficked women for the purpose of sexual exploitation in the spanish legal framework: comparative analysis of foreigners and asylum regulations.

3.30pm – 4.30pm Selected papers Topic 1
Venue: to be confirmed
4.30pm – 5.30pm Selected papers Topic 2
Venue: to be confirmed

WEDNESDAY 19 JUNE 2019
TOPIC 3 10am - 12pm
DISCRIMINATION AND PROTECTION OF MINORITIES AND VULNERABLE PERSONS
Venue: Salón de Grados, Ground floor
Moderator: Raquel Borges, Researcher Procedural Law

Ana Isabel Blanco García
New EU challenges of protecting consumers in online markets.
Estrella del Valle Calzada
Towards cooperation on international migration: a critical review of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.
Óscar Requena Montes
Transsexuality and gender identity from an Employment Law perspective.

TOPIC 4 12.30pm - 2pm
MODERN TECHNOLOGIES AND NEW CHALLENGES IN THE DIGITAL ERA
Venue: Salón de Grados, Ground floor
Moderator: Patricia Llopis, Ass. Prof. Procedural Law

Clara Cañero Lois
Design rights in the face of new technologies.
Olga Lenzi
Digitalization and decent work: a possible combination?
Ramón Girona Domingo
Protecting research ideas in the technological era.

3.30pm – 4.30pm Selected papers Topic 3
Venue: to be confirmed
4.30pm – 5.30pm Selected papers Topic 4
Venue: to be confirmed

THURSDAY 20 JUNE 2019

JOIN US FOR ACTIVITIES OUTSIDE THE FACULTY!

10am – Visit to Valencian Parliament (to be confirmed)
12pm – Visit to Tribunal de Las Aguas
1pm – Spare time in the city centre
4.30pm – 6.30pm Master Conference
Venue: Colegio Mayor Rector Peset
Moderator: Carmen Azcárraga, Vice-Dean
Invited speaker: Prof. Manuel Desantes Real, University of Alicante
“Data, cornerstone of the Knowledge Society”

FRIDAY 21 JUNE 2019
TOPIC 5 10am - 12pm
PRESENT AND FUTURE OF EUROPEAN INTEGRATION
Venue: Salón de Grados, Ground floor
Moderator: Ana María de la Encarnación, Ass. Prof. Administrative Law

María González Marimón
International child abduction in the Brussels II bis Recast Proposal.
Patricia Llopis Nadal
Litigating in the EU to protect Trade Secrets: procedural implications of the 2016/943 Directive.
Pablo Quinzá Redondo
New Private international law rules on matrimonial property regimes.
Mónica Martínez López-Sáez
The Dialectic Tension between European Primacy vs. the Respect of Constitutional Identities: What is next for the EU?

12.30pm – 1.30pm Selected papers Topic 5
Venue: Salón de Grados, Ground floor
2pm – Closing words and farewell


Call for papers open until 30th April 2019.
Proposals and further information: summer.school.lawUV(at)uv.es.
Attendance to 80% of sessions is required to obtain an attendance certificate.
Assistance for booking accomodation in University dorms may be provided upon request.

Revista de revistas (17 a 24 de marzo)


-Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional: núm. 23 (2018).
-Journal du Droit International (Clunet): 2019, núm. 1.
-Jus - Juristische Schulung: 2019, núm. 2.
-RDUNED. Revista de Derecho UNED: núm. 23 (2018).
-Revista Jurídica de Catalunya: 2018, núm. 1; 2018, núm. 2; 2018, núm. 3.

sábado, 23 de marzo de 2019

BOE de 23.3.2019


Real Decreto 131/2019, de 8 de marzo, por el que se desarrolla la obligación de consignación de buques.
Nota: Esta disposición tiene por objeto desarrollar las condiciones de establecimiento y ejercicio de la actividad en puerto que es propia a los consignatarios de buques, con independencia de la titularidad estatal o autonómica del puerto de que se trate (art. 1).
Cabe destacar el art. 4, en el que se regula la obligación de consignación para los buques extranjeros:
"Todo buque extranjero deberá tener un consignatario en los puertos nacionales, con excepción de las embarcaciones de recreo, que podrán ser representadas directamente por su propietario o capitán."
Este precepto tiene su origen en el artículo 10.2 de la Ley de navegación marítima, en el que se establece la obligación para los buques extranjeros de contar con un consignatario en los puertos españoles (véase la entrada de este blog del día 25.7.2014).

viernes, 22 de marzo de 2019

DOUE - Nuevo plazo para hacer efectivo el Brexit (o como el Reino Unido ha dejado de ser un país serio y fiable)


Decisión (UE) 2019/476 del Consejo Europeo tomada de acuerdo con el Reino Unido, de 22 de marzo de 2019, por la que se prorroga el plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE.
Nota: El Consejo Europeo ha adoptado hoy la presente Decisión:
"En caso de que la Cámara de los Comunes apruebe el Acuerdo de Retirada el 29 de marzo de 2019 a más tardar, el plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE se prorrogará hasta el 22 de mayo de 2019.
En caso de que la Cámara de los Comunes no apruebe el Acuerdo de Retirada el 29 de marzo de 2019 a más tardar, el plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE se prorrogará hasta el 12 de abril de 2019. En este último caso, el Reino Unido indicará, antes del 12 de abril de 2019, una forma de avanzar para que la estudie el Consejo Europeo."
Como puede verse, el Reino Unido se ha convertido en un país caótico, incapaz de cumplir con sus compromisos y en el que ya no existe seguridad jurídica. Supongo que es lo que pasa cuando un país que ha sido cabeza de un imperio deja de serlo y aún no es consciente de ello, creyéndose que todavía puede actuar omnímodamente como hace cien años.

Principales acuerdos adoptados en la sesión del Consejo de Ministros de 22 de marzo


Veamos brevemente los principales acuerdos -entre los que no figura el inevitable Real Decreto-ley- que ha adoptado el Consejo de Ministros en su sesión de hoy, 22 de marzo (véase la referencia completa de la sesión):

- Ha aprobado la firma "ad referendum" del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de la República de Macedonia del Norte. La razón principal que ha aconsejado la firma es el interés de los Estados miembros de la Alianza, España entre ellos, en reforzar la seguridad de la región del Atlántico Norte, y la de la OTAN en su conjunto, mediante la incorporación de otros Estados europeos que estén en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del Tratado. Este Protocolo tiene por objeto la adhesión de la República de Macedonia del Norte al Tratado del Atlántico Norte.

- Ha conocido el informe elaborado por Comisión de personas expertas para el estudio de la reforma de la hora oficial, en el que plantean mantener el cambio estacional de hora, tal y como se realiza en la actualidad. La propuesta del informe es "no producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no exista un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta".

- Ha aprobado el Plan de Retorno a España, con el objetivo de fomentar el retorno de españoles a nuestro país en las mejores condiciones y facilitar su proceso de vuelta. La población española residente en el extranjero, según datos a 1 de enero de 2019, asciende a 2.545.729 personas, de las que 1.553.539 residen en América y 900.159 en Europa. La población española en el exterior ha aumentado en 1 millón de personas desde 2009 hasta ahora.
El Plan de Retorno a España contempla un conjunto de medidas para atender las demandas de los diferentes perfiles de emigrantes que quieren volver y de las personas ya retornadas. Además, reconoce que en nuestro país cientos de miles de personas tuvieron que buscarse la vida en el extranjero como consecuencia de la crisis económica.
Entre esas medidas se contempla la mejora integral del Sistema de I+D+i para la atracción y retención de talento investigador en nuestro país a través de impulso de las becas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, para que más jóvenes científicos que están investigando fuera puedan optar a seguir haciéndolo desde España y para una institución española.

- Igualmente, ha aprobado las Instrucciones para autorizar el derecho a residir y trabajar de los nacionales del Reino Unido residentes en nuestro país antes del Brexit en caso de un Brexit sin acuerdo. Estas Instrucciones desarrollan el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, de medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del TUE. Las Instrucciones sólo serán de aplicación si se produce una retirada sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea y a partir de la fecha en que se produjera esa retirada sin acuerdo.
España es el Estado miembro de la Unión Europea en el que residen un mayor número de nacionales del Reino Unido, más de 300.000 registrados. Con la aprobación de estas Instrucciones se garantiza el derecho a residir y trabajar de los ciudadanos y de sus familias que ejercieron las libertades de residencia y circulación en la UE, mediante un procedimiento "ad hoc" para documentar, como ciudadanos de terceros países, a los nacionales del Reino Unido y los miembros de su familia que residan en España antes de la fecha de una retirada sin acuerdo.
Se simplifican los trámites de documentación
En las Instrucciones se establece un plazo de 21 meses, a contar desde la fecha de una retirada sin acuerdo, para solicitar la sustitución automática de los actuales certificados de registro como ciudadanos comunitarios o de la tarjeta de familiar de ciudadano certificado por la Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE), plazo durante el que tanto los certificados de registro como las tarjetas de familiar serán documentos válidos para acreditar la residencia legal en nuestro país de su titular. Para aquellos nacionales del Reino Unido y sus familiares que no dispongan de certificado de registro o tarjeta de familiar, se regula un procedimiento de autorización de residencia y trabajo, previo a la solicitud de la TIE, en el que los requisitos que tendrán que acreditar quienes fuesen residentes en España desde antes de la fecha de retirada sin acuerdo del Reino Unido serán muy sencillos y similares a los que actualmente se exigen a los nacionales comunitarios. Además, se facilitará el acceso a la residencia de larga duración a los británicos y sus familiares que hayan residido legalmente y de forma continuada en España durante, al menos, cinco años.

- El segundo gran tema de la sesión (desde la perspectiva del DIPr.) es la aprobación de un reglamento de adopción internacional, mediante un Real Decreto que desarrolla la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que a su vez cambia la Ley 54/2007 de Adopción Internacional.
El reglamento establece que corresponde a la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, iniciar, suspender o paralizar la tramitación de las adopciones con cada país de origen de los menores. Para estos trámites se contará con el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la información de los organismos acreditados y la consulta previa a la Comisión Delegada de Servicios Sociales del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, en la que están representadas las comunidades autónomas. Además, la Dirección General de Familia, previa consulta a las comunidades autónomas a través de la Comisión Delegada, establecerá el número de expedientes nuevos que podrán tramitarse con cada país. El objetivo es triple: racionalizar el sistema, evitando la acumulación de expedientes en los países de origen y adecuando los ofrecimientos de las personas que quieren adoptar a las necesidades reales de los menores. Esta adecuación cuantitativa y cualitativa de los ofrecimientos generará una disminución en los tiempos de tramitación.
El Reglamento también establece que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social será quien acredite a las entidades colaboradoras de adopción internacional, que previamente contarán con un informe de las comunidades autónomas. Una vez acreditadas, estas entidades tendrán la obligación de remitir periódicamente información sobre sus actividades.
Otra de las novedades que recoge el Reglamento es que los organismos acreditados podrán desarrollar su actividad en todo el territorio nacional. Las familias podrán elegir libremente el organismo por el que quieren llevar a cabo su proceso de adopción. El modelo de contrato será también único, así como los costes de los trámites. De esta forma, se cumplen los principios de igualdad y de seguridad jurídica. El control del funcionamiento de estos organismos será compartido por las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Las primeras controlarán las actividades que se lleven a cabo en su territorio y el Estado lo hará con las actividades que realicen fuera del territorio nacional. Una Comisión Técnica de Seguimiento y Control implantará sistemas de calidad y auditorías de funcionamiento. Además, se pondrá en marcha el Registro Nacional de Organismos acreditados de Adopción Internacional y de Reclamaciones e Incidencias. Este registro será único y constará de dos secciones. Una primera dedicada al registro de organismos acreditados, que será pública, y una segunda referida al registro de reclamaciones e incidencias, cuyo acceso y tratamiento se regulará de acuerdo a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

DOUE de 22.3.2019


-Corrección de errores de la Decisión marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea.
Nota: Transcurridos más de 123 meses desde su publicación, nos llega una corrección de errores de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008 , relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea.

Comité Económico y Social Europeo
(539º Pleno del CESE, 12.12.2018-13.12.2018)

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los costes de la no inmigración y la no integración» (Dictamen de iniciativa)

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Informe sobre la política de competencia 2017 [COM(2018) 482 final]

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo, de 13 de julio de 2015, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales [COM(2018) 398 final — 2018/0222 (NLE)]

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan la Acción Común n.o 98/700/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) n.o 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo» — Contribución de la Comisión Europea a la reunión de dirigentes de Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018[COM(2018) 631 final — 2018/0330 (COD)]

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea — Contribución de la Comisión Europea a la reunión de los dirigentes de Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018[COM(2018) 640 final — 2018-0331 (COD)]

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre un Convenio relativo al establecimiento de un tribunal multilateral para la solución de diferencias en materia de inversiones [COM(2017) 493 final]

BOE de 22.3.2019


-Circular 1/2019, de 6 de marzo, de la Fiscal General del Estado, sobre disposiciones comunes y medidas de aseguramiento de las diligencias de investigación tecnológicas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Nota: En esta Circular cabe destacar en su apartado 3 (Medidas de aseguramiento), dedicado a la interpretación del art. 588 octies LECrim, regula la orden de conservación de datos. Al respecto se comenta en la Circular que "hay que tener en cuenta los supuestos de cooperación judicial internacional. Para esto último, el Convenio del Cibercrimen ya estableció la previsión del referido término en su art. 16 y la posibilidad de que las partes puedan prever que las órdenes sean renovables".
-Circular 2/2019, de 6 de marzo, de la Fiscal General del Estado, sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas.
Nota: Puede destacarse en esta Circular de la FGE su apartado 7 (Deber de colaboración): En él se realizan diversas menciones a la interceptación de comunicaciones electrónicas derivada de la cooperación internacional:
"El criterio determinante para que el Juez se dirija directamente a estos operadores apercibiéndoles del deber de colaboración que la ley procesal impone o, por el contrario, remita la solicitud de interceptación de las comunicaciones a través de una comisión rogatoria u orden europea de investigación, tendrá que venir determinado por el establecimiento o no del servicio en España, como así se desprende del art. 2.4 LSSICE. Este mismo precepto se encarga de precisar cuándo debe entenderse que el servicio está establecido en España."
"En los casos en los que la interceptación de comunicaciones o la obtención de datos de tráfico deban hacerse a través de un operador ubicado en un país de la Unión Europea, se estará a las previsiones contenidas en los arts. 202 y 204 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea."
-Circular 5/2019, de 6 de marzo, de la Fiscal General del Estado, sobre sobre registro de dispositivos y equipos informáticos.
Nota: En esta Circular pueden señalarse diversos aspectos de cooperación internacional.
El primero se contiene en el apartado 3.5 (Registro de repositorios telemáticos de datos y ampliación del registro a otros sistemas):
"El acceso a sistemas informáticos externos puede plantear también problemas de jurisdicción. Efectivamente, la inexistencia de fronteras en internet, unida a los menores costes que para el servicio se generan en determinados países, hará que resulte frecuente que los servidores de almacenamiento de datos estén ubicados físicamente fuera del territorio en el que el Juez que autorice el registro ejerza su jurisdicción (o incluso se desconozca el lugar en que se encuentren localizados). En estos casos, si se parte de una concepción tradicional de los límites de la jurisdicción basada en criterios territoriales, podría parecer más correcto para la obtención de esos datos acudir a mecanismos de cooperación judicial internacional que, sin embargo, resultarían absolutamente incompatibles con la celeridad que requieren este tipo de investigaciones.
Además, en muchos supuestos, o bien se desconoce la localización de los datos (deslocalización) o bien estos se encuentran fragmentados en servidores ubicados en diversos territorios o su ubicación en uno u otro lugar es ajena a la voluntad del titular de los mismos y depende exclusivamente de la conveniencia técnica u operativa del proveedor de servicios de almacenamiento que modifica la ubicación según sus propias necesidades. Por ello, condicionar la obtención de los datos al lugar donde los mismos se encuentran, conduciría al fracaso de muchas investigaciones simplemente porque se desconoce el lugar exacto de su ubicación, de tal forma que resultarían ineficaces las medidas de cooperación internacional adoptadas.
Ante esta perspectiva, el legislador español se ha decantado decididamente por la licitud del acceso con la simple autorización judicial, incluso en los casos en que los datos se hallen fuera de España. Así se evidencia de la interpretación literal de la regulación legal, y más si se compara con el precedente inmediato, el art. 350.4 de la Propuesta de Código Procesal Penal, que limitaba el acceso a los datos almacenados en sistemas informáticos ubicados en territorio español, remitiendo a la cooperación judicial internacional en el resto de los casos. Esta previsión seguía los criterios del art. 19.2 del Convenio sobre la Ciberdelincuencia que, en su Informe Explicativo, señalaba expresamente que la norma no permitía el registro de sistemas ubicados fuera de las fronteras nacionales propias, remitiendo también a la cooperación judicial internacional para estos casos.
El planteamiento que ahora se realiza, sin embargo, es el de considerar los repositorios telemáticos de almacenamiento como una parte más del sistema que se registra. Lo realmente determinante no va a ser dónde se encuentren físicamente los datos, sino desde dónde se acceda a ellos.
De esta forma, igual que puede afirmarse que el titular de esos datos los posee desde España y ejercita sus derechos sobre ellos desde España y conforme al derecho español, puede afirmarse que cuando se accede a ellos en un registro judicial, se hace en España y conforme al derecho español siempre, claro está, que, como se ha señalado, pueda hablarse de un acceso lícito. De igual modo que resultaría ilógico considerar que el poseedor de pornografía infantil no puede ser perseguido en España si los archivos se encuentran en servidores ubicados en el extranjero, resultará ilógico considerar que el Juez español no puede acceder a datos de un sistema informático ubicado en España por la circunstancia de que el concreto dato al que se accede se encuentre en un servidor ubicado en el extranjero."
En el apartado 3.7 (Deber de colaboración) se afirma:
"Podrán ser destinatarios del deber de colaboración, tanto las personas físicas como las personas jurídicas, aunque únicamente las primeras podrían ser criminalmente responsables del delito que la LECrim anuda a su incumplimiento. Por eso, cuando la información necesaria para el registro obre en poder de una persona jurídica, deberá previamente identificarse la persona física que pudiera tener acceso a ella. Cuando se trate de recabar la colaboración de personas que se encuentren en el extranjero, en principio, deberá emplearse el cauce de la cooperación jurídica internacional.
Los problemas de territorialidad y jurisdicción se harán más patentes en los casos de registro de dispositivos o sistemas informáticos accesibles telemáticamente desde España pero que se encuentren en el extranjero (los referidos ut supra como cloud computing o computación en la nube). Cuando, en estos casos, se encuentre en territorio español alguna persona que pudiera prestar la colaboración que prevé el precepto, quedará la misma plenamente sujeta a la obligación, con independencia del lugar donde se encuentren los datos.
No debe confundirse este concreto deber de colaboración que resulta del art. 588 sexies c.5 con las obligaciones que impone el art. 2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, LSSICE) a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España. De igual modo, tampoco pueden extenderse las presunciones de establecimiento en España y sujeción al ordenamiento jurídico español que prevé la citada Ley a los obligados por la LECrim. Por un lado, el deber de colaboración que imponen ambas normas es diferente, pero, además, las consecuencias y sanciones ante su incumplimiento, también son distintas. De esta manera, podría existir un prestador de servicios que cumpliera todas las obligaciones que le impone la LSSICE y, sin embargo, no pudiera facilitar la colaboración que prevé el art. 588 sexies c.5, al no disponer de la información que se le requiere u obrar ésta en sus servicios centrales ubicados en el extranjero."
Por su parte, en el apartado 4.1 (Regulación legal de los registros remotos sobre equipos informáticos) se afirma:
"En el registro remoto de dispositivos se plantean, también, algunos de los problemas que surgen en el registro directo, como es, por ejemplo, el referido al ejercicio de la jurisdicción en los casos de ubicación de los datos a registrar fuera del territorio nacional. En este caso, sin embargo, las dificultades que se suscitan son mayores, ya que mientras que en el registro directo de dispositivos de almacenamiento existe un evidente vínculo con el territorio donde se ejerce la jurisdicción, constituido por el equipo informático que se registra y a través del cual se accede a los datos ubicados en el extranjero, los registros remotos, por su propia naturaleza, podrían hacerse sobre cualquier dispositivo o sistema, independientemente de su ubicación.
En estos casos, el criterio deberá ser siempre el de exigir un vínculo territorial con España; el Juez podrá autorizar el registro remoto de un sistema informático que se encuentre en España, aunque a través de él se acceda a datos ubicados en el extranjero, pero no autorizar el registro de un sistema localizado en el extranjero, sin acudir para ello a la cooperación judicial internacional. Como señala el informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto, «en tanto en cuanto se tiene acceso al material desde España por un imputado situado en nuestro territorio, el mismo se posee en España, y, consiguientemente, las autoridades españolas tendrían jurisdicción para acceder al mismo»."
Finalmente, la 16ª conclusión (apartado 6) tiene el contenido siguiente: "únicamente podrán ser destinatarias de la orden de colaboración las personas que se encuentren en territorio español. La colaboración de una persona que se encuentre en el extranjero deberá recabarse a través de los instrumentos de cooperación jurídica internacional."

jueves, 21 de marzo de 2019

Tribunal de Justicia de l Unión Europea (21.3.2019)


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MACIEJ SZPUNAR, présentées le 21 mars 2019, Affaire C‑673/17 (Planet49): [Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)] Renvoi préjudiciel – Directive 95/46/CE – Directive 2002/58/CE – Règlement (UE) 2016/679 – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques – Cookies – Notion de consentement de la personne concernée – Déclaration de consentement au moyen d’une case cochée par défaut.
Nota: El AG propone al Tribunal que contste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) Le consentement visé à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 2, sous f), de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), lus conjointement avec l’article 2, sous h), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, n’est pas valablement donné dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le stockage d’informations ou l’accès à des informations déjà stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur est autorisé par une case cochée par défaut, que l’utilisateur doit décocher pour refuser de donner son consentement, et dans laquelle le consentement n’est pas donné de manière distincte, mais en même temps que la confirmation de la participation à un jeu promotionnel en ligne.
2) Il en va de même concernant l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 2, sous f), de la directive 2002/58 lus conjointement avec l’article 4, point 11, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
3) Le fait que les informations stockées ou consultées soient des données à caractère personnel n’est pas déterminant aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 2, sous f), de la directive 2002/58, lus conjointement avec l’article 2, sous h), de la directive 95/46.
4) L’information claire et complète que le fournisseur de services doit donner à l’utilisateur au titre de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58 inclut la durée de fonctionnement des cookies et le point de savoir si les tiers ont ou non accès aux cookies."

Jurisprudencia - Nulidad del acuerdo comunitario de prohibición del uso turístico por no establecerse en el título constitutivo ni ser una actividad contraria a la convivencia


Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 1ª, Sentencia 356/2018 de 7 Jun. 2018, Rec. 69/2017: Propiedad horizontal. Nulidad del acuerdo que prohibió que se destinaran a uso turístico las viviendas del inmueble. La vivienda es el domicilio particular de la actora y se limita a alquilar de forma temporal una de sus habitaciones. No se establece tal prohibición en el título constitutivo. Dado que el acuerdo afecta al uso de la vivienda, la viabilidad de dicho acuerdo debe basarse en la realización por el comunero de alguna actividad contraria a la convivencia normal en la comunidad o que perjudique o ponga en peligro el inmueble, o desarrolle actividades que los estatutos, la normativa urbanística o la ley excluyan de manera expresa, no apreciándose ninguna de dichas circunstancias. Es irrelevante que la actora carezca de licencia administrativa, ni tampoco que el Ayuntamiento haya aprobado normas que restringen la actividad de explotación turística de las viviendas de la ciudad.
Ponente: Portella Lluch, María Dolores.
Nº de Sentencia: 356/2018
Nº de Recurso: 69/2017
Jurisdicción: CIVIL
Diario La Ley, Nº 9382, Sección La Sentencia del día, 21 de Marzo de 2019
ECLI: ES:APB:2018:5463
[Texto de la resolución]

DOUE de 21.3.2019


-Decisión (UE) 2019/453 del Consejo, de 19 de marzo de 2019, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo sobre el estatuto entre la Unión Europea y Montenegro en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Montenegro.
Nota: Mediante el presente acto se autoriza la firma del Acuerdo sobre el estatuto entre la UE y Montenegro en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Montenegro.

-Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión.
Nota: De acuerdo con su art. 1, este Reglamento establece un marco para el control por los Estados miembros, por motivos de seguridad o de orden público, de las inversiones extranjeras directas dentro de la Unión y para un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros, y entre los Estados miembros y la Comisión, por lo que respecta a las inversiones extranjeras directas que puedan afectar a la seguridad o al orden público. Lo establecido en este Reglamento se entiende sin perjuicio de que cada Estado miembro tenga responsabilidad exclusiva sobre su seguridad nacional y del derecho de cada Estado miembro a proteger sus intereses esenciales de seguridad. Asimismo, tampoco podrá entenderse como limitación del derecho de cada Estado miembro a decidir si controla o no una determinada inversión extranjera directa en el marco de este Reglamento.
Este Reglamento se entiende sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a establecer excepciones a la libre circulación de capitales que se establece en el art. 65.1.b) TFUE. Varios Estados miembros han establecido medidas que les permiten limitar tal circulación por motivos de seguridad o de orden público. Dichas medidas reflejan los objetivos y las preocupaciones de los Estados miembros con respecto a la inversión extranjera directa y podrían traducirse en mecanismos con diferencias entre sí en lo que respecta a su ámbito de aplicación y procedimiento. Los Estados miembros que quieran establecer tales mecanismos en el futuro podrían tener en cuenta el funcionamiento de los mecanismos existentes, así como la experiencia y mejores prácticas adquiridas con ellos.

miércoles, 20 de marzo de 2019

BOE de 20.3.2019


Aplicación provisional del Protocolo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos para la donación irrevocable de la propiedad del "Gran Teatro Cervantes" de Tánger, hecho en Rabat el 13 de febrero de 2019.
Nota: Mediante el presente acuerdo, España, propietario del terreno y del edificio «Gran Teatro Cervantes», sito en la ciudad de Tánger con una superficie de 2.263 metros cuadrados, transfiere la propiedad (tanto del edificio como del terreno sobre el que se asienta) a Marruecos, bajo forma de donación irrevocable, de acuerdo con las disposiciones y condiciones que se contienen en el Protocolo.

El acuerdo viene aplicándose provisionalmente desde el 13 de febrero de 2019.