lunes, 30 de marzo de 2015

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-375/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 28 de enero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien — Austria) — Harald Kolassa/Barclays Bank plc [Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) no 44/2001 — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Contratos celebrados por los consumidores — Consumidor, domiciliado en un Estado miembro, que ha adquirido títulos, emitidos por un banco establecido en otro Estado miembro, a través de un intermediario establecido en un tercer Estado miembro — Competencia para conocer de las acciones contra el banco emisor de dichos títulos]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 28.1.2015.
-Asunto C-419/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de enero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Art & Allposters International BV/Stichting Pictoright (Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 4 — Derecho de distribución — Regla de agotamiento — Concepto de «objeto» — Transferencia de la imagen de una obra protegida de un póster de papel a un lienzo de pintor — Sustitución del soporte — Incidencia sobre el agotamiento)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 22.1.2015.
-Asunto C-441/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de enero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Handelsgericht Wien — Austria) — Pez Hejduk/Energie Agentur.NRW GmbH [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) no 44/2001 — Artículo 5, punto 3 — Competencias especiales en materia delictual o cuasidelictual — Derechos de autor — Contenido desmaterializado — Puesta en línea — Determinación del lugar del hecho dañoso — Criterios]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 22.1.2015.
-Asuntos acumulados C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de enero de 2015 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Sevilla)] — Unicaja Banco, S.A./José Hidalgo Rueda y otros (C-482/13), Caixabank, S.A./Manuel María Rueda Ledesma (C-484/13), Rosario Mesa Mesa (C-484/13), José Labella Crespo (C-485/13), Rosario Márquez Rodríguez (C-485/13), Rafael Gallardo Salvat (C-485/13), Manuela Márquez Rodríguez (C-485/13), Alberto Galán Luna (C-487/13), Domingo Galán Luna (C-487/13) (Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados entre profesionales y consumidores — Contratos de crédito hipotecario — Cláusulas de intereses de demora — Cláusulas abusivas — Procedimiento de ejecución hipotecaria — Reducción del importe de los intereses — Competencias del órgano jurisdiccional nacional)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.1.2015.
-Asunto C-655/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 5 de febrero de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep — Países Bajos) — H. J. Mertens/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CEE) no 1408/71 — Artículo 71 — Concepto de «trabajador fronterizo en paro parcial» — Negativa del Estado miembro de residencia y del Estado miembro competente a conceder determinadas prestaciones de desempleo]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 5.2.2015.

BOE de 30.3.2015


Circular 1/2015, de 24 de marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas.
Nota: Esta norma desarrolla el art. 13 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en el que se establece la obligación de informar al Banco de España por parte de los proveedores de servicios de pago en relación con las tasas de descuento y de intercambio percibidas por los servicios de pago en operaciones con tarjeta. Así pues, su objeto es concretar las obligaciones de información de las entidades que actúen como proveedores de servicios de pago respecto de las tasas de descuento y de intercambio percibidas en las operaciones de pago que se realicen en terminales de punto de venta situados en España, por medio de tarjeta de débito o crédito, con independencia del canal de comercialización utilizado, cuando tanto el proveedor de servicios de pago del ordenante como el del beneficiario estén establecidos en España (Norma primera, párrafo primero).
Quedan sometidos a esta disposición las entidades de crédito, los establecimientos financieros de crédito, las entidades de pago, las entidades de dinero electrónico y las sucursales en España de cualquiera de las entidades extranjeras antes mencionadas (Norma primera, párrafo segundo).

domingo, 29 de marzo de 2015

Bibliografía (Artículo doctrinal) - Apuntes sobre la Santa Sede y el Tratado de empresas y derechos humanos


Apuntes sobre la Santa Sede y el Tratado de empresas y derechos humanos
Victoria CAMARERO SUÁREZ, Profesora Titular de Dº Eclesiástico del Estado (Universitat Jaume I de Castellón), Miembro Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Directora del Departamento de Dº del Trabajo y Eclesiástico del Estado (UJI de Castellón)
Francisco Javier ZAMORA CABOT, Catedrático de Dº Internacional Privado (Universitat Jaume I de Castellón), Membre Ambassadeur, AISDC, Lausanne, Director en funciones del Departamento de Derecho Privado (UJI de Castellón)
HURI-AGE, Consolider-Ingenio 2010
Tras un Apartado introductorio, el presente trabajo lleva a cabo en el Apartado 2 una sucinta presentación general del binomio empresas y derechos humanos, en sus más relevantes términos actuales, acompañada de otra sobre diversas iniciativas en curso sobre el particular, entre las que destacan los llamados Principios Rectores y el Tratado Sobre Empresas y Derechos Humanos, en el marco de las Naciones Unidas, y otras a cargo de variadas instituciones. Por su parte, el Apartado 3 recorre, a partir de diversas intervenciones de los Pontífices ante las Naciones Unidas y otras del Papa Francisco ante instancias internacionales y por mor de concretos eventos, lo que se puede considerar doctrina de la Santa Sede con incidencia sobre el objeto de estas páginas. Doctrina que es asumida por el Nuncio S.M. Tomasi en una muy bien construida Declaración ante el Consejo de Derechos Humanos, que se analiza en el apartado 4 y recoge la postura favorable de la Santa Sede ante el referido Tratado. El presente trabajo concluye en el Apartado 5 con unas reflexiones finales en las que se celebra la citada postura, que sintoniza con la altura de los tiempos e impulsa con mucho relieve la protección internacional de los derechos humanos.

After an introductory Section, the present paper carries out along Section 2 a brief general presentation of business and human rights, in its most relevant terms nowadays, accompanied by another one on various initiatives under way on the particular subject. Among them we stand out the so called Guiding Principles together with the Treaty on Corporations and Human Rights, within the framework of the United Nations, and others by several institutions. On its part, Section 3 surveys, following the different appearances of the Popes before the United Nations and others of Pope Francis before international entities and for the sake of particular events, what it is considered the doctrine of the Holy See with a bearing on the object of the present pages. This doctrine is assumed by Archbishop S.M. Tomasi in a very well built on Declaration before the Human Rights Council, that is analysed in Section 4, and takes the favourable stance of the Holy See facing the aforementioned Treaty. The present work concludes in Section 5 with final reviews in which the above mentioned position is welcome, that it keeps abreast of the times and encourages in a most outstanding way the international protection of human rights.

Revista de revistas (22 a 29 de marzo)


-European Law Journal: 2015, núm. 2.

sábado, 28 de marzo de 2015

DOUE de 28.3.2015


Corrección de errores de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).
Nota: Nueva corrección de errores --¡¡la tercera!!-- de la versión española de una Directiva publicada hace más de cinco años (!!!): la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (véase la entrada de este blog del día 17.12.2009). Véase la primera corrección de errores y la entrada de este blog del día 25.7.2014, así como la segunda corrección de errores y la entrada de este blog del día 19.2.2015.

viernes, 27 de marzo de 2015

Congreso de los Diputados - Proyecto de Ley y convenios internacionales


-Proyecto de Ley de Voluntariado (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 141-1, de 27.3.2015).
Nota: En este proyecto de ley cabe destacar su art. 2.1 en relación con su ámbito personal de aplicación:
"Esta ley será de aplicación a las personas voluntarias, a los destinatarios de la acción voluntaria y a las entidades de voluntariado que participen, se beneficien o lleven a cabo los programas de voluntariado a que se refiere el apartado siguiente, con independencia del lugar donde radique la sede o domicilio social de la entidad de voluntariado, de su titularidad y de que su actividad se centre exclusivamente, o no, en el voluntariado."
Igualmente, cabe destacar su art. 13.1.a) y 13.2, en relación con las entidades de voluntariado:
"Artículo 13. De las entidades de voluntariado.
1. Tendrán la consideración de entidades de voluntariado las personas jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas e inscritas en los Registros competentes, de acuerdo con la normativa estatal, autonómica o de otro Estado miembro de la Unión Europea de aplicación.
[...]
2. En todo caso tendrán la consideración de entidades de voluntariado las federaciones, confederaciones o uniones de entidades de voluntariado legalmente constituidas en el ámbito estatal o autonómico o de la Unión Europea."
-Acuerdo entre el Reino de España y la República de Uzbekistán sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 5 de noviembre de 2013 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 186-1, de 27.3.2015).

-Protocolo entre el Reino de España y Canadá que modifica el Convenio entre España y Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Ottawa el 23 de noviembre de 1976, hecho en Madrid el 18 de noviembre de 2014 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 187-1, de 27.3.2015).
Nota: Véase el Instrumento de Ratificación de 10 de abril de 1978 del Convenio entre España y Canadá para evitar de doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Ottawa el 23 de noviembre de 1976.
-Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Angola sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 3 de febrero de 2014 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 189-1, de 27.3.2015).

DOUE de 27.3.2015


-Decimosexto informe anual con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.
Nota: Véase la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. Véase, igualmente, la entrada de este blog del día 13.12.2008.

-Comunicación de la Comisión conforme al artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, que codifica la Directiva 98/27/CE, en la que se da a conocer la lista de entidades habilitadas para ejercitar una acción con arreglo al artículo 2 de dicha Directiva.
Nota: Véase la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (Versión codificada).

BOE de 27.3.2015


-Convenio de colaboración en materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de España y la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014.
Nota: El objeto de este convenio es fijar el marco de cooperación entre las partes del convenio para la tramitación y constitución de las adopciones con las debidas garantías, teniendo en consideración el interés superior de los menores y el respeto a sus derechos fundamentales, previniendo la sustracción y el comercio de menores (art. 1). El texto convencional es de aplicación a los casos de adopción de los menores de 18 años, nacionales y residentes permanentes de una de las Partes del Convenio, por un matrimonio que resida permanentemente en el territorio de la otra Parte del Convenio, siempre que por lo menos uno de los cónyuges sea nacional de ella, a condición de que tal adopción sea admisible según la legislación de ambas Partes del Convenio y en particular los candidatos a la adopción reúnan los requisitos de capacidad e idoneidad para adoptar conforme a la legislación de ambas Partes (art. 2). De acuerdo con su art. 9.1, el menor adoptable y los candidatos para la adopción deben cumplir los requisitos de la legislación de ambas Partes del Convenio y lo establecido en el mismo.
La sentencia de adopción del menor dictada por la autoridad competente para la constitución de la adopción del Estado de origen, se reconocerá en el territorio del Estado receptor (art. 11.5) y el menor obtendrá la nacionalidad del Estado receptor desde la fecha de entrada en vigor de la sentencia de adopción dictada en el Estado de origen y mantendrá la nacionalidad del Estado de origen, sin que pueda ser privado de esta última, tanto a solicitud de los padres adoptivos como a solicitud de terceras personas, hasta su mayoría de edad (art. 11.6). Una vez sea firme la sentencia de la adopción, la Autoridad regional del Estado receptor debe informar a la respectiva Autoridad regional del Estado de origen sobre las condiciones de vida y educación del menor adoptado en la familia adoptiva nueva, según el procedimiento y en los plazos establecidos por la legislación del Estado de origen (art. 13.5).
En el art. 13 se regula el seguimiento postadoptivo, de manera que las Autoridades del Estado receptor competentes deberán controlar las condiciones de su vida y educación en la familia adoptiva, enviando informes de su desarrollo físico y psíquico, su adaptación a la situación familiar y social nueva y otra información necesaria al respecto, y deberán garantizar que se haga efectiva el alta del menor adoptado en el Consulado del Estado de origen, según exige la legislación de dicho país (núm. 1). Cuando la permanencia en la familia adoptante no responda al interés del menor, el art. 11.3 prevé las medidas a adoptar por parte de la Autoridad regional del Estado receptor, que pueden llegar hasta la reubicación del menor en otra familia con fines de adopción o su retorno al Estado de origen.
En el caso de que las autoridades competentes para llevar el control de seguimiento en el Estado receptor no cumplan con sus compromisos y no remitan a tiempo los informes de seguimiento a las autoridades competentes del Estado de origen, la Autoridad central del Estado de origen puede suspender la aceptación de solicitudes de adopción de los nacionales del Estado receptor, avisándolo previamente, hasta que sean cumplidos los respectivos compromisos (art. 13.6).
-Orden HAP/523/2015, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática y la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática.
Nota: En relación con el Impuesto de la Renta de no Residentes, véase la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, así como la entrada de este blog del día 29.9.2012.
-Ley 2/2015 de la Comunidad de Castilla y León, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León.
Nota: En relación con su ámbito de aplicación, esta norma tiene por objeto la protección, defensa y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León (art. 1).

jueves, 26 de marzo de 2015

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (26.3.2015)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena) de 26 de marzo de 2015, en el Asunto C‑279/13 (C More Entertainment): Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor —Directiva 2001/29/CE — Sociedad de la información — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor — Artículo 3, apartado 2 — Transmisión en directo de un encuentro deportivo en una página de Internet.
Fallo del Tribunal: "El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que extiende el derecho exclusivo de los organismos de radiodifusión a que se refiere dicho artículo 3, apartado 2, letra d), respecto a los actos de comunicación al público que podrían constituir las transmisiones de encuentros deportivos realizadas directamente en Internet, como los controvertidos en el asunto principal, siempre que tal extensión no afecte a la protección de los derechos de autor."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 26 de marzo de 2015, en el Asunto C‑556/13 (Litaksa): Procedimiento prejudicial — Seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles — Directiva 90/232/CEE — Artículo 2 — Diferencia en el importe de la prima del seguro en función del territorio de circulación del vehículo.
Fallo del Tribunal: "El artículo 2 de la Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, Tercera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, en su versión modificada por la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, debe interpretarse en el sentido de que no corresponde al concepto de «prima única», en el sentido de dicho artículo, una prima que varía en función de que el vehículo asegurado vaya a circular únicamente en territorio del Estado miembro en el que ese vehículo tenga su establecimiento habitual o en la totalidad del territorio de la Unión."

Nota: La Directiva 90/232/CEE fue derogada por la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009.

miércoles, 25 de marzo de 2015

Jurisprudencia - Inadmisión recurso de casación en el que se invocan leyes forales y no estales o de la UE


Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso, Sentencia de 2 Feb. 2015, Rec. 2062/2013: El TS acuerda inadmitir el recurso de casación interpuesto contra sentencia del TSJ del País Vasco que anuló la liquidación provisional del Impuesto sobre Sociedades en la que se rechazó el ajuste extracontable negativo que había realizado en su autoliquidación la sociedad contribuyente, pues la sentencia recurrida sólo interpreta y aplica derecho autonómico para llegar al fallo recurrido, y, aunque los preceptos de derecho autonómico interpretados y aplicados por el Tribunal de instancia reproducen preceptos estatales, no se dan las situaciones que permitirían la viabilidad del recurso.
Ponente: Huelín Martínez de Velasco, Joaquín.
Nº de Recurso: 2062/2013
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario del Derecho, 25 marzo 2015, sección Jurisprudencia
[Texo Iustel]
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 223/2015 - ECLI:ES:TS:2015:223]

BOE de 25.3.2015


Orden DEF/503/2015, de 16 de marzo, por la que se dictan normas para la aplicación del Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, por el que se desarrolla el Título II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Nota: Esta disposición desarrolla el Real Decreto 33/2014, por el que, a su vez, se desarrolló el título II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, estableciendo las normas para la celebración de un contrato entre el Gobierno de España y otro Gobierno extranjero.
Véase la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, y el Real Decreto 33/2014, de 24 de enero,así como las entradas de este blog del día 27.12.2012 y del día 29.1.2014, respectivamente.

martes, 24 de marzo de 2015

Jurisprudencia comentada - Condena a los administradores de página web de descarga gratuita de publicaciones (Youkioske.com)


LA SENTENCIA:
Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2ª, Sentencia 6/2015 de 5 Mar. 2015, Rec. 5/2014: Delito contra la propiedad intelectual en concurso real con delito de promoción y constitución de organización criminal. Asociación criminal para comunicar públicamente a través de Internet publicaciones periódicas y libros sin la autorización de los titulares de sus derechos. Web de descarga gratuita «www.youkioske.com» a través de la que se difunde el contenido de dichas publicaciones, defraudando los derechos de propiedad intelectual con ánimo de lucro, que los acusados obtenían a través de la publicidad insertada mediante “banners” y "videos pre roll". Las publicaciones se copiaban fuera de España por cinco ucranianos –colegas de organización criminal no identificados-, se alojaban en servidores virtuales, y se accedía a la página web con los enlaces a los contenidos on line vía “Streaming” sin necesidad de descargarlos. Incardinación de la conducta dentro del concepto «comunicación pública» del art. 20.1 LPI al que el tipo penal del art. 270 CP imputado se remite. La acción crea una página de descarga directa, excediendo la simple intermediación a páginas de intercambio a la que se refiere el art. 13.2 LSSI , y la mera facilitación de enlaces que justifica la exclusión de responsabilidad que se contiene en el art. 17.1 LSSI. Subtipo agravado por la especial gravedad de los hechos -art. 271.b)- en consideración al número de visitas. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. Concurso de normas entre el subtipo específico 570 bis CP y el subtipo agravado 271c), que se resuelve a favor del primero por la mayor gravedad de la pena. Carácter estable y reparto de tareas. No se aprecia la agravación por utilización de medios tecnológicos avanzados de comunicación -art. 570 bis 2c- ya que su uso no es instrumental sino elemento esencial sin el cual sería imposible cometer el delito.
Ponente: López López, Enrique.
Nº de Sentencia: 6/2015
Nº de Recurso: 5/2014
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 8506, Sección La Sentencia del día, 24 de Marzo de 2015
LA LEY 10742/2015
[texto de la sentencia en CENDOJ]
EL COMENTARIO:
Comentario a la sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de marzo de 2015, caso Youkioske
Ignacio TEMIÑO CENICEROS, Doctor en Derecho. Socio de abril Abogados
Diario La Ley, Nº 8506, Sección Tribuna, 24 de Marzo de 2015, Ref. D-115
LA LEY 2440/2015
La sentencia objeto de este comentario es la más relevante que se ha dictado en España en los últimos años en contra la piratería digital, y probablemente la que impone una sanción mayor al condenarse a los acusados seis años de privación de libertad. Se trata de una decisión que analiza en profundidad los elementos del delito, en particular la comunicación pública, y su carácter fraudulento al no encontrar amparo los hechos en ninguna de las excepciones, límites y exclusiones de responsabilidad existentes en la LPI y en la LSSI.

BOE de 24.3.2015


Corrección de errores de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
Nota: Véase la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, así como la entrada de este blog del día 30.12.2014.