martes, 7 de abril de 2020

Acuerdos de la sesión del Consejo de Ministros de 7 de abril


En la sesión de hoy del Consejo de Ministros se ha aprobado el correspondiente Real Decreto-ley y también se han abordado otras cuestiones. De todo ello destaco dos referencias [véase la referencia completa de la sesión]:

- Se ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, que permitirán garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos. En él se contienen medidas que pretenden favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral, necesarias para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de alarma. De entre las medidas adoptadas destacaré la que permite acceder a estos trabajos a aquellas personas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la declaración del Estado de Alarma y el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones. Igualmente podrán acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, que tengan entre 18 y 21 años. Obviamente, el Real Decreto-ley no se ciñe a este tema, sino que como viene siendo costumbre también modifica otras disposiciones de rango legal. Esperemos que éstas sean las mínimas indispensables.

- Se ha acordado solicitar del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. La prórroga se solicita hasta las 00:00 horas del día 26 de abril y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Bibliografía - Gestación por sustitución y adopción


Gestación por sustitución y adopción (A propósito de la Opinión Consultiva del Protocolo Núm. 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 10 de abril de 2019, y de varias Sentencias de Audiencias Provinciales)
Antonio J. Vela Sánchez, Profesor Titular de Derecho Civil (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)
Diario La Ley, Nº 9609, Sección Doctrina, 7 de Abril de 2020
Partiendo de la validez intrínseca del convenio de gestación por sustitución —realizado en país cuya legislación lo permita— como instrumento generador de filiación jurídica en la nación de origen de los comitentes, la estudiada Opinión Consultiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece una serie de importantes conclusiones en relación con la cuestión del reconocimiento en el Derecho interno de la relación jurídica materno-filial entre el nacido y la madre de intención. Asimismo se verá el criterio de dos Audiencias Provinciales sobre la adopción por la madre comitente del nacido por convenio gestacional.
Declara, en primer lugar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva que existe un derecho de la madre comitente a que su legislación nacional permita reconocer su relación jurídica materno-filial con el nacido a través de convenio gestacional realizado en país extranjero cuya legislación lo permita, lo que deriva del postulado cardinal del interés superior del menor y del limitado margen de discrecionalidad de los Estados miembros en esta cuestión.
En cuanto a la segunda interrogante planteada, concluye la Opinión Consultiva que el reconocimiento de la indicada relación jurídica materno-filial entre el nacido por convenio gestacional y la madre de intención no exige su inmediata inscripción en el Registro Civil nacional correspondiente, dado el amplio margen de apreciación, ahora sí, de que disponen los Estados miembros en cuanto a la elección de los medios jurídicos para tal determinación de la filiación jurídica, destacando dentro de ellos la adopción, siempre que se procure prontitud en el procedimiento.

Nota: Véase el Dictamen del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, Gran Sala, de 10 de abril de 2019, en relación con el reconocimiento en el Derecho interno de una relación jurídica paterno-filial entre un niño nacido mediante gestación subrogada en el extranjero y la madre comitente, solicitado por la Cour de cassation francesa (Demanda nº P16-2018-001) [versión francesa] - [versión inglesa] - [traducción española].

BOE de 7.4.2020


Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la que se corrigen errores en la de 6 de marzo de 2020, por la que se nombran miembros de Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
Nota: Mediante esta resolución se corrigen errores de la resolución de 6 de marzo de 2020, de la ANECA por la que se nombraron miembros de Comités Asesores de la CNEAI. Véase la entrada de este blog del día 19.3.2020.
[BOE n. 97, de 7.4.2020]

lunes, 6 de abril de 2020

Congreso de los Diputados - Convenios internacionales


El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación de los siguientes textos:

- Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos, hecho en Santiago de Compostela el 25 de marzo de 2015 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 13-1, de 6.4.2020).

- Convenio entre el Reino de España y Rumanía para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscales y su Protocolo, hecho en Bucarest el 18 de octubre de 2017 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 15-1, de 6.4.2020).

- Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Madrid el 5 de junio de 2017 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 16-1, de 6.4.2020).

DOUE de 6.4.2020


Reglamento (UE) 2020/493 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 relativo al Sistema de Documentos Auténticos y Falsos en Red (FADO) y por el que se deroga la Acción Común 98/700/JAI del Consejo.
Nota: De acuerdo con su artículo 1, se establece el sistema Documentos Auténticos y Falsos en Red (FADO), que contiene información sobre documentos auténticos expedidos por los Estados miembros, la Unión y terceros, como terceros países, entidades territoriales, organizaciones internacionales y otras entidades sujetas al Derecho internacional, y sobre sus versiones falsas.
Su finalidad es colaborar en la lucha contra el fraude documental y de identidad compartiendo información sobre los elementos de seguridad y las posibles características de fraude de los documentos auténticos y falsos entre las autoridades competentes de los Estados miembros en materia de fraude documental. Igualmente, colaborar en la lucha contra el fraude documental y de identidad compartiendo información con otros agentes, incluida la población en general.
El sistema FADO contendrá información sobre los documentos de viaje, de identidad, de residencia y de estado civil, así como sobre los permisos de conducción y los permisos de circulación expedidos por los Estados miembros o por la Unión, así como información sobre sus falsificaciones. También podrá incluir información sobre estos mismos documentos expedidos por terceros, como terceros países, entidades territoriales, organizaciones internacionales y otras entidades sujetas al Derecho internacional, así como información sobre sus versiones falsas. Finalmente, podrá contener información sobre otros documentos oficiales conexos, en particular los utilizados en apoyo de solicitudes de documentos oficiales expedidos por los Estados miembros y, en su caso, por terceros, como terceros países, entidades territoriales, organizaciones internacionales y otras entidades sujetas al Derecho internacional, así como información sobre sus versiones falsas (véase el artículo 2).

Se deroga, a partir de la fecha de aplicación efectiva del sistema FADO, la Acción común 98/700/JAI, de 3 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por la que se crea un Sistema europeo de archivo de imágenes (FADO) (artículo 9).
[DOUE L107, de 6.4.2020]

domingo, 5 de abril de 2020

sábado, 4 de abril de 2020

Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones - European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin (3 abril 2020)


Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones / European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin, nº 383, de 3 de abril de 2020.


"Worried UK family reach out to Olive Press readers to help care for their ill relative, 72", The Olive Press, 03 | 04 | 2020 - Noticia
AN urgent plea has gone out to expats in the Costa Blanca South to help a very sick British pensioner... The 72-year-old’s family back in the UK are worried for her health, as she is being treated for cancer and is alone after her husband suddenly died last year. Her sister ... explained...
“Sally lives in a very small, isolated community, so compassionate neighbours are few and far-between”...

"British expats relying on seasonal work in Spain are fearing the worst", Emigrate, 02 | 04 | 2020 - Noticia

Working through Spain’s tourist season either on daily rates or short term contracts has been a favourite with British expats short of ready cash or on the UK government’s less than generous retirement pensions.

"Los extranjeros compran un tercio de las casas en Alicante, Baleares o S/C de Tenerife en 2019", Idealista, 30 | 03 | 2020 - Noticia
“La demanda extranjera de vivienda ha mantenido un comportamiento ligeramente inferior al del año anterior”, afirman desde el Colegio de Registradores en su Anuario 2019 presentando en plena epidemia... En 2019, se acercaron a las 63.000 operaciones frente a las 65.400 transacciones de 2018. El peso de la compra de vivienda en España por parte de extranjeros también cedió un poco sobre el total de operaciones... “La demanda extranjera durante los últimos años es fundamentalmente con finalidad turística, lo que condiciona decisivamente la existencia de importantes diferencias territoriales”, agregan. Por provincias, el peso de las operaciones por parte de extranjeros es aún más importantes en Alicante (42,3%), Baleares (35,1%), Santa Cruz de Tenerife (30,7%). ... Británicos, franceses y alemanes, en el top 3 de ventas... los marroquíes ... en el cuarto lugar es fruto de la debilidad de la demanda del grupo de países como Bélgica o Italia, que compran vivienda fundamentalmente por motivos turísticos, más que del impulso de los ciudadanos de este país”, concretan los registradores.

"Los Populares Europeos piden la prórroga del periodo transitorio", Aquí Europa, 30 | 03 | 2020 - Noticia
El Partido Popular Europeo, el grupo más grande de la Eurocámara, ha pedido este lunes la prórroga del periodo transitorio. Una solicitud que debe impulsar el Reino Unido antes del 1 de julio. Con Barnier y Johnson en cuarentena por contagio del Covid-19 y las limitaciones de agenda y movimiento que deja el coronavirus a ambos lados del canal de La Mancha, el PPE espera que “prevalezca el sentido común sobre la ideología”.

"La crisis sanitaria permite localizar en Estepona a 531 mayores solos", La Opinión de Málaga, 24 | 03 | 2020 - Noticia
El Ayuntamiento de Estepona ha localizado a 531 personas mayores de 75 años que viven solos y que no estaban registrados en ningún programa de los servicios sociales, ni de teleasistencia ni de ayuda a domicilio. ... 363 son españoles y 168 extranjeros, por lo que se ha creado una red con trabajadores municipales ... para contactar telefónicamente con ellos y así conocer si necesitan cualquier tipo de ayuda durante el confinamiento.

"Londres se resiste a una inevitable prórroga del periodo transitorio", Aquí Europa, 18 | 03 | 2020 - Noticia
...la delegación europea encabezada por Michel Barnier estaba llamada a cruzar el canal de La Mancha para comenzar la segunda ronda de conversaciones con el Reino Unido sobre la relación futura. El coronavirus ha frenado en seco estas negociaciones, per se muy ajustadas. No obstante, el Gobierno británico se resiste a asumir que tendrá que acordar una extensión del periodo transitorio en vista de la crisis global que está produciendo el Covid-19.


Nota: Este Boletín de Prensa realiza un seguimiento periodístico de los aspectos más destacados del fenómeno de la movilidad transfronteriza de personas mayores estudiado en el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Mi agradecimiento a la Coordinadora del Observatorio, la Prof. Mayte Echezarreta Ferrer (Universidad de Málaga), así como a sus miembros, investigadores y colaboradores, por su labor y por permitir su difusión en Conflictus Legum

DOUE de 4.4.2020


-Comunicación de la Comisión Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19.
Nota: El 19 de marzo de 2020, la Comisión adoptó la Comunicación titulada «Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19» (véase la entrada de este blog del día 20.3.2020), en la que, entre otras cosas, se establecen las posibilidades que tienen los Estados miembros, con arreglo a las normas de la Unión, para garantizar la liquidez y el acceso a la financiación para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas («pymes»), que se enfrenten a una súbita escasez en este período, a fin de que puedan recuperarse de la situación actual. El objetivo es establecer un marco que permita a los Estados miembros apoyar a las empresas en crisis debido al actual brote de COVID-19, manteniendo al mismo tiempo la integridad del mercado interior de la UE, garantizando unas condiciones de competencia equitativas.
El objetivo de la presente Comunicación es identificar medidas temporales adicionales de ayuda estatal que la Comisión considera compatibles en virtud del artículo 107, apartado 3, del TFUE, a la luz del brote de COVID-19.
De otro lado, la aplicación del citado Marco Temporal ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir aclaraciones y modificaciones adicionales en relación con determinadas disposiciones, especialmente en las secciones 3.1, 3.2, 3.3 y 3.5.
[DOUE C 112I, de 4.4.2020]

viernes, 3 de abril de 2020

DOUE de 3.4.2020


Comunicación de la Comisión — Directrices sobre la ayuda de emergencia de la UE en la cooperación transfronteriza en materia de asistencia sanitaria relacionada con la crisis de la COVID-19.
Nota: Ante las actuales situaciones excepcionales de emergencia, se justifica un enfoque más coordinado en la asistencia sanitaria transfronteriza, que es la prestada o recetada en un Estado miembro distinto del Estado miembro de afiliación.
La Comisión Europea está plenamente comprometida a ayudar a las autoridades sanitarias:
— mediante la coordinación de la oferta y la demanda de plazas de cuidados intensivos para pacientes y de personal médico debidamente cualificado a través del Comité de Seguridad Sanitaria y el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta (SAPR);
— mediante la coordinación y la cofinanciación del transporte de emergencia de pacientes y equipos de personal médico debidamente cualificados a través de las fronteras cuando los Estados miembros soliciten asistencia a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE;
— aportando claridad en materia de reembolso de los costes sanitarios para el tratamiento en otro Estado miembro en consonancia con los Reglamentos de coordinación de la seguridad social;
— aportando claridad en cuanto a la movilidad de los pacientes a través de las fronteras: mediante la transferencia de los historiales de los pacientes, la continuidad de la asistencia y el reconocimiento mutuo de recetas con arreglo a la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza;
— fomentando la utilización, cuando existan, de los acuerdos y puntos de contacto regionales y bilaterales por parte de a las autoridades sanitarias locales, regionales y nacionales, para aliviar la carga de las unidades de cuidados intensivos que tratan a los pacientes de la COVID-19 en la región vecina;
— fomentando el envío de equipos de personal médico debidamente cualificado a través de las fronteras por parte de los Estados miembros o las organizaciones no gubernamentales especializadas.
[DOUE C 111I, de 3.4.2020]

Nace la revista 'LA LEY Mediación y Arbitraje' - Contenidos del núm. 1 (abril 2020)


Hoy se presenta una nueva revista dedicada a la mediación y al arbitraje, editada por Wolters Kluwer y dirigida por el Prof. José Carlos Fernández Rozas. Este primer número de LA LEY Mediación y Arbitraje, núm. 1 (abril 2020) tiene los siguientes contenidos:

EDITORIAL
• José Carlos Fernández Rozas, Director de la Revista

TRIBUNA
• “Los retos del arbitraje en España”, José María Alonso, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
• “Psicoanálisis de las ADR. Retos en la sociedad global del siglo XXI”, Por Silvia Barona Vilar, Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia
• “El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM): Una aspiración; una realidad; un reto”, José Antonio Caínzos, Presidente del CIAM
• “Arbitraje y conciliación en el transporte terrestre. Las Juntas de Detasas, las Juntas de Conciliación e Información del Transporte Terrestre y las Juntas Arbitrales del Transporte”, Fernado J. Cascales Moreno, Abogado, Ex Director General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, y del INTA
• “El rol del Derecho en el arbitraje internacional”, Luca G. Radicati di Brozolo, Profesor de Derecho internacional privado en la Universidad Católica de Milán y Vice-Presidente de la London Court of International Arbitration

ESTUDIOS
• “La abogacía y la mediación: apuntes críticos al Anteproyecto de ley de impulso”, José Pascual Ortuño Muñoz, Magistrado Presidente Sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona
• “El reconocimiento del laudo anulado: una retrospectiva”, Bernardo Cremades y Ángel Tejada, B. Cremades Abogados
• Belenergia c. Italia: el arbitraje de inversiones intra–UE en el escenario post–Achmea y la interpretación del trato justo y equitativo en el marco de los recortes en el sector de la producción eléctrica fotovoltaica en Italia”, Iñigo Iruretagoiena Agirrezabalaga, Profesor Agregado Universidad del País Vasco

SENTENCIAS SELECCIONADAS
• “Desestimación de una acción de anulación basada en vulneración del público económico e insuficiencia de motivación (SSTSJ País Vasco de 9 y 11 de diciembre de 2019)”, Ixusko Ordeñana Gezuraga, Profesor Tiitular de la Universidad del País Vasco
• “La estimación de la nulidad del laudo no descansa tanto en la contravención del orden público económico sino en la contradicción que encierra, al reconocer incumplimiento de los deberes bancarios y, al mismo tiempo, negarle toda trascendencia (STSJ Madrid 1 octubre 2019)”, Francisco G. Prol Pérez, Socio Director de Prol Abogados

REGULACIÓN
• “La Convención de Singapur sobre mediación comercial internacional”, Ángel Espiniella Menéndez, Profesor titular acreditado a Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad de Oviedo
• Creación de un Foro para la mediación para fortalecer un diálogo permanente entre el Ministerio de Justicia y la sociedad civil en esta materia (22 enero 2020)
• Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación

JURISPRUDENCIA
• “Improcedencia de test de arbitrabilidad en la designación judicial de árbitros (STSJ Madrid 29 marzo 2019)”, Ana Fernández Pérez, Profesora Titular y Directora del Máster de Arbitraje Comercial y de Inversiones de la Universidad de Alcalá
• “Una bocanada de aire fresco en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en materia de anulación de laudos arbitrales (STSJ Madrid 12 septiembre 2019)”, Josep Maria Julià Insenser, Delegaltessen, abogado y árbitro
• “La eficacia del convenio arbitral internacional en caso de insolvencia (SJM Santander 30 septiembre 2019)”, Ángel María Ballesteros Barros, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional Privado. Universidad de Cádiz
• Cronología de decisiones

ACTUALIDAD PROFESIONAL
• En 2019 se modificaron los estatutos de mediaICAM, permitiendo la inclusión de los colegiados no ejercientes
• Elena Otero-Novas, nueva presidenta de la Corte Española de Arbitraje (6 mayo 2019)
• Urquiola de Palacio, nueva presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid (26 septiembre 2019)
• Declaración de Madrid sobre Mediación (18 octubre 2019)
• El ICAM y la Comunidad de Madrid potenciarán el arbitraje de consumo para agilizar la Justicia (20 noviembre 2019)
• Los registradores reafirman su apuesta por la resolución consensuada de los conflictos (enero 2020)
• El presidente del TS y del CGPJ afirma que la mediación contribuye a garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia y a mejorar su calidad (21 enero 2020)

NOTICIAS
• X Congreso de Instituciones Arbitrales organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (22 febrero 2019)
• V Edición del Open de Arbitraje organizado por la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE) (9 mayo 2019)
• El Club Español del Arbitraje presenta un Código de Buenas Prácticas en su XIV Congreso (16 a 18 junio 2020)
• Escuela Complutense de Verano (2019) sobre “Arbitraje comercial internacional y de inversiones”, patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (26 julio 2019)
• II Congreso de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje: Treinta años de arbitraje en España (16 y 17 octubre 2019)
• V Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones Profesionales de Mediación (25 y 26 octubre 2019)
• 30 aniversario de la fundación del Tribunal Arbitral de Barcelona (30 octubre 2019)
• La Corte de Arbitraje del ICAM participa en la declaración conjunta de las instituciones arbitrales de la Iniciativa de la Ruta de la Seda (6 noviembre 2019)
• Perú y CIAR protagonizan la jornada “Mitos y realidades del arbitraje en América Latina” (16 diciembre 2019)
• La Jornada de ADRs puso en valor la importancia del nuevo Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (18 diciembre 2019)
• Fallece el catedrático de Derecho mercantil Evelio Verdera y Tuells (4 enero 2020)
• Fallece el Catedrático de Derecho civil Antonio Hernández-Gil (15 enero 2020)
• La Corte de Arbitraje del ICAM entrega los diplomas a la primera promoción de su Curso especializado en formación de árbitros/as (4 febrero 2020)
• El Real Instituto Universitario de Estudios Europeos concede en su primera edición (2020) el “Premio del CIAMEN al profesor José Carlos Fernández Rozas (28 febrero 2020).

BOE de 3.4.2020


-Real Decreto 428/2020, de 3 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales, en lo que respecta al color de la etiqueta de materiales de multiplicación y plantones de frutales y al contenido del documento del proveedor.
Nota: Véase el Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, que se aplica a la producción, comercialización e importación de plantas de vivero frutales incuidos en su ámbito de aplicación.
-Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Nota: El número dos del punto primero añade un nuevo apartado 3 al apartado tercero de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo. El nuevo apartado autoriza, "con carácter excepcional y transitorio, la contratación de aquellos profesionales sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, que cuenten con título de Especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea siempre que hayan adquirido una formación cualitativa y cuantitativamente equivalente a la que otorga el correspondiente título español de Especialista y se encuentren en la fase de evaluación prevista en el artículo 8.d) del citado real decreto. El contrato que se suscriba será de un máximo de tres meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses".
-Corrección de errores de la Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se determinan las condiciones aplicables para la operación en España de aeronaves de estructura ultraligera, de construcción por aficionados y de aeronaves históricas matriculadas en otros estados.
Nota: Véase la Resolución de 27 de junio de 2019, así como la entrada de este blog del día 6.8.2019.
[BOE n. 93, de 3.4.2020]

jueves, 2 de abril de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2.4.2020)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 2 de abril de 2020, en el asunto C‑500/18 (Reliantco Investment y Reliantco Investment Limassol Sucursala Bucureşti): Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Mercados de instrumentos financieros — Directiva 2004/39/CE — Conceptos de “cliente minorista” y de “consumidor” — Requisitos necesarios para invocar la condición de consumidor — Determinación de la competencia para conocer de la demanda.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una persona física que, en virtud de un contrato como un contrato financiero por diferencias celebrado con una sociedad financiera, efectúa operaciones financieras a través de la referida sociedad puede ser calificada de «consumidor», en el sentido de dicha disposición, si la celebración del citado contrato no forma parte de la actividad profesional de esa persona, circunstancia que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente comprobar. A efectos de esta calificación, por un lado, factores como el hecho de que esa persona haya realizado un elevado volumen de operaciones en un plazo de tiempo relativamente breve o que haya invertido cuantiosas sumas en ellas carecen, como tales, en principio, de pertinencia y, por otro lado, la circunstancia de que esa misma persona sea un «cliente minorista», en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, carece, como tal, en principio, de pertinencia.
2) El Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la determinación del órgano jurisdiccional competente, una acción de responsabilidad civil delictual ejercitada por un consumidor está comprendida en el capítulo II, sección 4, de ese Reglamento si está vinculada indisociablemente a un contrato efectivamente celebrado entre tal consumidor y el profesional, circunstancia que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 2 de abril de 2020, en los asuntos acumulados C‑715/17 (Comisión/Polonia), C‑718/17 (Comisión/Hungría) y C‑719/17 (Comisión/República Checa): Incumplimiento de Estado — Decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 — Artículo 5, apartados 2 y 4 a 11, de ambas Decisiones — Medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de la República Helénica y de la República Italiana — Situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países en el territorio de determinados Estados miembros — Reubicación de esos nacionales en el territorio de los demás Estados miembros — Procedimiento de reubicación — Obligación de los Estados miembros de comunicar, a intervalos regulares y, como mínimo, cada tres meses, el número de solicitantes de protección internacional que se pueden reubicar rápidamente en su territorio — Obligaciones consecutivas encaminadas a la reubicación efectiva — Intereses de los Estados miembros relacionados con la seguridad nacional y con el orden público — Posibilidad de que un Estado miembro invoque el artículo 72 TFUE para no aplicar actos del Derecho de la Unión de carácter obligatorio.
Fallo del Tribunal:
"1) Acumular los asuntos C‑715/17, C‑718/17 y C‑719/17 a efectos de la sentencia.
2) La República de Polonia ha incumplido, desde el 16 de marzo de 2016, las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, relativa al establecimiento de medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia, y del artículo 5, apartado 2, de la Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, de 22 de septiembre de 2015, por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia, al no haber comunicado, a intervalos regulares y, como mínimo, cada tres meses, un número adecuado de solicitantes de protección internacional que podía reubicar rápidamente en su territorio y, en consecuencia, ha incumplido asimismo las obligaciones subsiguientes en materia de reubicación en virtud del artículo 5, apartados 4 a 11, de ambas Decisiones.
3) Hungría ha incumplido, desde el 25 de diciembre de 2015, las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Decisión 2015/1601 al no haber comunicado, a intervalos regulares y, como mínimo, cada tres meses, un número adecuado de solicitantes de protección internacional que podía reubicar rápidamente en su territorio y, en consecuencia, ha incumplido asimismo las obligaciones subsiguientes en materia de reubicación en virtud del artículo 5, apartados 4 a 11, de esta Decisión.
4) La República Checa ha incumplido, desde el 13 de agosto de 2016, las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Decisión 2015/1523 y del artículo 5, apartado 2, de la Decisión 2015/1601 al no haber comunicado, a intervalos regulares y, como mínimo, cada tres meses, un número adecuado de solicitantes de protección internacional que podía reubicar rápidamente en su territorio y, en consecuencia, ha incumplido asimismo las obligaciones subsiguientes en materia de reubicación en virtud del artículo 5, apartados 4 a 11, de ambas Decisiones.
5) La República de Polonia cargará, además de con sus propias costas en los asuntos C‑715/17, C‑718/17 y C‑719/17, con las de la Comisión Europea en el asunto C‑715/17.
6) Hungría cargará, además de con sus propias costas en los asuntos C‑715/17, C‑718/17 y C‑719/17, con las de la Comisión Europea en el asunto C‑718/17.
7) La República Checa cargará, además de con sus propias costas en los asuntos C‑715/17, C‑718/17 y C‑719/17, con las de la Comisión Europea en el asunto C‑719/17."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 2 de abril de 2020, en el asunto C‑458/18 [GVC Services (Bulgaria)]: Procedimiento prejudicial — Régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes — Directiva 2011/96/UE — Artículo 2, letra a), incisos i) y iii), y anexo I, parte A, letra ab), y parte B, último guion — Conceptos de “sociedades constituidas de conformidad con el Derecho del Reino Unido” y “corporation tax en el Reino Unido” — Sociedades registradas en Gibraltar y sujetas en dicho territorio al impuesto sobre sociedades.
Fallo del Tribunal: "El artículo 2, letra a), incisos i) y iii), de la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, en relación con el anexo I, parte A, letra ab), y parte B, último guion, de la misma Directiva, debe interpretarse en el sentido de que los conceptos de «sociedades constituidas de conformidad con el Derecho del Reino Unido» y «corporation tax en el Reino Unido», que figuran en dichas disposiciones, no se refieren a las sociedades constituidas en Gibraltar y sujetas en ese territorio al impuesto sobre sociedades."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 2 de abril de 2020, en el asunto C‑567/18 (Coty Germany): Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 9 — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 9 — Derecho conferido por la marca — Uso — Almacenamiento de productos para ofrecerlos o comercializarlos — Depósito para la expedición de productos que infringen un derecho de marca vendidos en una plataforma de comercio electrónico.
Fallo del Tribunal: "El artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], y el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, han de interpretarse en el sentido de que debe considerarse que una persona que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el sentido de estas disposiciones cuando no persigue ella misma estos fines."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 2 de abril de 2020, en el asunto C‑897/19 PPU (Ruska Federacija): Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Acuerdo EEE — No discriminación — Artículo 36 — Libre prestación de servicios — Ámbito de aplicación — Acuerdo entre la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen — Acuerdo sobre el procedimiento de entrega entre los Estados miembros de la Unión Europea, por una parte, e Islandia y Noruega, por otra — Extradición de un nacional islandés a un tercer Estado — Protección de los nacionales de un Estado miembro frente a la extradición — Falta de protección equivalente de los nacionales de otro Estado — Nacional islandés que recibió asilo con arreglo al Derecho nacional antes de adquirir la ciudadanía islandesa — Restricción a la libre circulación — Justificación basada en la prevención de la impunidad — Proporcionalidad — Comprobación de las garantías previstas en el artículo 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Fallo del Tribunal: "El Derecho de la Unión, y en particular el artículo 36 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, y el artículo 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro al que se haya desplazado un ciudadano de un Estado miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y con el que la Unión Europea haya celebrado un acuerdo de entrega reciba una solicitud de extradición de un tercer Estado con arreglo al Convenio Europeo de Extradición, firmado en París el 13 de diciembre de 1957, y cuando dicho ciudadano hubiera obtenido asilo en ese Estado de la AELC antes de adquirir la nacionalidad de ese mismo Estado, precisamente como consecuencia de los procedimientos incoados en su contra en el Estado que emitió la solicitud de extradición, corresponderá a la autoridad competente del Estado miembro requerido comprobar que la extradición no vaya a vulnerar los derechos a que se refiere el artículo 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales, teniéndose en cuenta para ello que el otorgamiento de asilo constituye un elemento especialmente grave [particulièrement sérieux - a particularly substantial piece of evidence - einen besonders gewichtigen Gesichtspunkt] en el contexto de dicha comprobación. Antes de contemplar la posibilidad de ejecutar la solicitud de extradición, el Estado miembro requerido estará obligado, en cualquier supuesto, a informar a ese Estado de la AELC y, en su caso, si este se lo solicita, a entregarle a este ciudadano, con arreglo a las disposiciones del acuerdo de entrega, siempre que el Estado de la AELC tenga competencia, conforme a su Derecho nacional, para procesar a este ciudadano por hechos cometidos fuera de su territorio nacional."
Nota: He puesto entre corchetes la traducción a otros idiomas oficiales de la expresión "un elemento especialmente grave", porque creo que la traducción al español es incorrecta. En mi opinión debería decir "un elemento especialmente relevante".
-CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE présentées le 2 avril 2020, Affaire C‑186/19 (Supreme Site Services): [demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas)] Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 1 – Notion de “matière civile et commerciale” – Mesures provisoires ou conservatoires – Procédure tendant à la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire – Action intentée par une organisation internationale – Actes ou omissions commis dans l’exercice de la puissance publique – Notion – Procédure au fond visant la reconnaissance de l’existence d’une créance contractuelle – Fourniture de carburants dans le cadre d’une mission de maintien de la paix – Immunité d’exécution de cette organisation internationale.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la question de savoir si une action en référé, qui tend à la levée d’une saisie-arrêt conservatoire, relève de la « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, dépend de la nature du droit dont cette saisie-arrêt visait à assurer la sauvegarde, ainsi que du point de savoir si ce droit a sa source dans un comportement de puissance publique ou dans un rapport juridique marqué par une manifestation de puissance publique, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, au regard de l’exclusion relative aux « actes ou [...] omissions commis dans l’exercice de la puissance publique », prévue par ladite disposition.
2) Le fait que l’organisation internationale invoque une immunité dont elle prétend disposer en vertu du droit international n’est pas déterminant aux fins de cette analyse et ne saurait faire obstacle à ce que le juge national se déclare internationalement compétent en vertu du règlement no 1215/2012."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, presentadas el 2 de abril de 2020, en el asunto C‑343/19 (Verein für Konsumenteninformation): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Klagenfurt (Tribunal regional de Klagenfurt, Austria)] Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 —Competencia judicial en materia de responsabilidad delictual o cuasidelictual — Lugar del hecho dañoso — Manipulación de los valores de emisión de gas en los motores de automóviles.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) El artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un acto ilícito cometido en un Estado miembro consiste en la manipulación de un producto, cuya realidad se oculta y solo se manifiesta tras ser adquirido, en otro Estado miembro, por un precio superior a su valor real:
– el adquirente de ese producto, que lo conserva en su patrimonio cuando se hace público el defecto, es una víctima directa;
– el lugar donde ocurrió el hecho causal es aquel en el que se realizó el hecho que ha deteriorado el propio producto; y
– el daño se materializa en el lugar, situado en un Estado miembro, donde la víctima adquirió el producto a un tercero, siempre que las restantes circunstancias corroboren la atribución de competencia a los tribunales de dicho Estado. Entre esas circunstancias debe concurrir, en todo caso, alguna o algunas que hayan permitido al demandado prever, razonablemente, que una acción por responsabilidad civil imputable a sus actos podría ser entablada contra él por los futuros adquirentes que compren el producto en ese lugar.
2) El artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que no autoriza al tribunal del lugar donde se ha materializado el daño a establecer o rechazar su competencia a partir de una ponderación de las restantes circunstancias del caso, orientada a identificar qué órgano jurisdiccional —si él mismo, o el tribunal del lugar del hecho causal— está mejor situado, en términos de cercanía y previsibilidad, para dirimir el litigio."

Página del Ministerio de Justicia con la normativa en materia de Administración de Justicia a raíz del COVID-19


El Ministerio de Justicia ha creado una página en su web en la que se recogen las resoluciones en materia de Administración de Justicia adoptadas por los distintos órganos competentes a raíz del COVID-19: Gobierno, Ministerio, Comunidades Autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado.

Véase la página aquí.

Aprovecho para recordar que la editorial del BOE, en la Biblioteca Jurídica del Boletín Oficial del Estado, ha editado un Código sobre "Crisis Sanitaria COVID-19" que contiene actualizada la legislación aprobada en esta materia.

El código está disponible en formato PDF y en formato ePUB y puede descargarse en este enlace

DOUE de 2.4.2020


-Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 94/19/COL de 18 de diciembre de 2019 por la que se modifican, por centésimo quinta vez, las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la supresión de las directrices sobre las conversiones entre las monedas nacionales y el euro.
Nota: En las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales se suprimen las disposiciones del capítulo 33 relativas a las conversiones entre las monedas nacionales y el euro.
El origen de esta supresión está en que en las directrices se señala que, para la conversión de los importes expresados en euros a las monedas nacionales de los Estados AELC del EEE, se aplicará a lo largo de cada año natural el tipo de cambio vigente el primer día del año en que se disponga de tipos de cambio respecto del euro para todas las monedas del EEE. Estas directrices ya no se corresponden con las directrices y prácticas de la Comisión Europea que, en general, aplica tipos de conversión mensuales/diarios. El Órgano ha consultado a los Estados AELC del EEE y a la Comisión Europea y armonizará su sistema de conversión de monedas con el de la Comisión Europea.
Véase la versión actualizada de las Directrices del Órgano de Vigilancia sobre ayudas estatales.
[DOUE L102, de 2.4.2020]

-Solicitud de dictamen consultivo al Tribunal de la AELC presentada por el Tribunal Superior del Príncipe, con fecha de 3 de diciembre de 2019, en el asunto Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel/Meleda Anstalt (asunto E-10/19).
Cuestiones planteadas:
"¿Cómo debe interpretarse el artículo 30, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849?
I.
1. ¿Cómo debe interpretarse la disposición que exige a las personas jurídicas constituidas y a otras personas jurídicas que recaben información adecuada sobre su titularidad real? ¿Basta, por regla general, la comunicación de la identidad del titular real a la entidad obligada o deben aportarse, además, los documentos justificativos con valor probatorio (escritura de constitución, etc.)?
2. En caso de que la mera transmisión de información no sea suficiente, sino que, por regla general, se deban presentar también los documentos justificativos (escritura de constitución, etc.): ¿se altera de algún modo esta situación cuando el titular real es una persona jurídica que tiene su domicilio social en un Estado del EEE y, por tanto, también está sujeto a las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/849? ¿Basta, al menos en este caso, la mera transmisión de información?
3. Si la respuesta dada a la cuestión 2 es negativa: ¿se altera esta situación cuando el órgano de administración del titular real es un abogado, un notario o un administrador fiduciario (sociedades) que, en virtud de la legislación nacional, está obligado, bajo amenaza de sanción grave o, en su caso, retirada de la autorización para el ejercicio en caso de incumplimiento, a facilitar una información completa y exacta y en la que el ordenamiento jurídico nacional deposita una confianza particular?
4. Si la respuesta dada a la cuestión 3 es también negativa y, por ende, la obligación de presentar los documentos justificativos (escritura de constitución, etc.) existe en todos los casos:
a) ¿Qué documentos deben presentarse como mínimo, teniendo en cuenta el principio de minimización de datos especificado en el artículo 5, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)?
b) ¿Cómo debe acreditarse la inexistencia de propiedad indirecta o de control final por parte de una persona física en el sentido del artículo 3, apartado 6, letras b), inciso v), y c), de la Directiva (UE) 2015/849, teniendo en cuenta la máxima de que no hay obligación de demostrar la existencia de circunstancias negativas (negativa non sunt probanda)?
II.Con independencia de las respuestas dadas a las cuestiones formuladas en la sección I:
1. ¿Cómo debe proceder la entidad obligada a recabar información adecuada, de conformidad con el artículo 30, apartado 1, de la Directiva 2015/849, si el titular real se niega a facilitar información o, dependiendo de las respuestas dadas a las cuestiones de la sección I, a presentar los documentos justificativos, o bien no facilita información exacta y actual?: ¿debe entonces la entidad obligada, por su cuenta y riesgo, ejercitar acciones legales contra el titular real para que comunique la información o, en su caso, ejercitar una acción judicial similar prevista en el Derecho nacional, o bien puede conformarse con la información proporcionada por el titular real o con su negativa a comunicar la información? En este caso, si fuera necesario, ¿debe aplicarse mutatis mutandis el artículo 3, apartado 6, letra a), inciso ii), de la Directiva (UE) 2015/849, que dispone la actuación «una vez agotados todos los medios posibles», es decir, debe entenderse que el necesario agotamiento de todos los medios incluye la interposición de una acción judicial por su cuenta y riesgo?
2. Si la respuesta dada a la cuestión anterior es afirmativa (es decir, que existe la obligación de interponer una acción judicial): ¿debe entonces, si fuera necesario, aplicarse mutatis mutandis el artículo 3, apartado 6, letra a), inciso ii), de la Directiva debido a que existe la obligación de que la entidad obligada emprenda acciones legales por su cuenta y riesgo cuando haya motivos de sospecha o se planteen dudas (aunque sean mínimas) en relación con la información facilitada?"

Nota: El artículo 30 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, establece que los Estados miembros deben garantizar que las sociedades y otras entidades jurídicas constituidas en su territorio deben facilitar y conservar toda la información adecuada, exacta y actualizada sobre su titularidad real, incluidos los pormenores de sus intereses reales.
[DOUE C110, de 2.4.2020]

miércoles, 1 de abril de 2020

DOUE de 1.4.2020


-Reglamento Delegado (UE) 2020/473 de la Comisión de 20 de enero de 2020 por el que se completa la Directiva (UE) 2017/2397 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas sobre bases de datos para los certificados de cualificación de la Unión, las libretas de servicio y los diarios de navegación.
Nota: En esta disposición se establecen las normas que rigen las características y las condiciones de utilización de las bases de datos de certificados de cualificación de la Unión, libretas de servicio y diarios de navegación expedidos o reconocidos con arreglo a la Directiva (UE) 2017/2397 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior.
[DOUE L100, de 1.4.2020]

-Comunicación de la Comisión — Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19.
Nota: Esta guía se basa en la Comunicación de la Comisión relativa a las normas de contratación pública por lo que respecta a la actual crisis del asilo, de 9 de septiembre de 2015, COM(2015) 454 final. Igualmente, refleja la interpretación que hace la Comisión de los Tratados, las Directivas sobre contratación pública y la jurisprudencia del TJUE. En cualquier caso, la interpretación vinculante del Derecho de la Unión corresponde en última instancia al Tribunal de Justicia y esta guía no modifica el marco jurídico.

Véase la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.
[DOUE C 108I, de 1.4.2020]

BOE de 1.4.2020


-Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Nota: En esta norma de 88 páginas (!!!), en la que se modifican seis normas con rango de ley y 17 disposiciones del Real Decreto-ley 8/2020 con apenas dos semanas de vida, cabe destacar las siguientes disposiciones.
- Artículo 40: Habilita al ICEX para la devolución a las empresas de gastos y concesión de ayudas por cancelación de actividades de promoción del comercio internacional y otros eventos internacionales.
- Artículo 52: contempla el aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras presentadas desde mañana y hasta el 30 de mayo, ambos inclusive, siempre que las solicitudes reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la LGT, esto es, que "las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria. Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en determinadas fases del procedimiento de recaudación".
- DA 11ª: Se establecen medidas provisionales para la expedición de certificados electrónicos cualificados:
"Durante la vigencia del estado de alarma, decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se permitirá la expedición de certificados electrónicos cualificados de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1.d) del Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de julio, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. A tal efecto, el organismo supervisor aceptará aquellos métodos de identificación por videoconferencia basados en los procedimientos autorizados por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias o reconocidos para la expedición de certificados cualificados por otro Estado miembro de la Unión Europea. La equivalencia en el nivel de seguridad será certificada por un organismo de evaluación de la conformidad. Los certificados así emitidos serán revocados por el prestador de servicios al finalizar el estado de alarma, y su uso se limitará exclusivamente a las relaciones entre el titular y las Administraciones públicas."
- DF 1ª: Introduce bastantes modificaciones en el Real Decreto-ley 8/2020, de entre las que destacaría las siguientes:
El apartado trece modifica el artículo 40, en el que se recogen la medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado, referidos a la celebración de las sesiones de sus órganos por videconferencia, conferencia telefónica múltiple o por vídeo; la adopción de acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión; suspensión, y en algunos casos prórroga, del plazo para formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas; especialidades para convocar y realizar la junta general ordinaria; derecho de separación de los socios; reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos; transcurso del plazo de duración de la sociedad y causa causa de disolución de la sociedad.
El apartado catorce modifica el artículo 41, en el que se regulan las medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas.
- DF 3ª: Modifica el artículo 7 bis (introducido por la DF 4ª del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo) de la Ley 19/2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (LRJMCTEE).
En primer lugar, se modifica su apartado 1 con la finalidad de extender la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España a las realizadas también por inversores residentes en países de la UE y de la AELC cuando los inversores estén controlados por entidades residentes en países terceros:
"1. A efectos de lo establecido en este artículo se consideran inversiones extranjeras directas en España todas aquellas inversiones como consecuencia de las cuales el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se participe de forma efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad, siempre que concurra una de estas circunstancias:
a) Que se realicen por residentes de países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio.
b) Que se realicen por residentes de países de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio cuya titularidad real corresponda a residentes de países de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. Se entenderá que existe esa titularidad real cuando estos últimos posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor.
Podrá establecerse reglamentariamente el importe por debajo del cual las operaciones de inversión directa extranjera quedarán exentas de someterse al régimen de autorización previa."
En segundo lugar, se suprime el apartado 6, que establecía que "la suspensión prevista en este artículo regirá hasta que se dicte Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se determine su levantamiento".
- DT 2ª: Regula la tramitación de la autorización de operaciones en curso y de operaciones de importe reducido incluidas en el artículo 7 bis LRJMCTEE:
"1. De forma transitoria, se regirán por el procedimiento simplificado establecido en el apartado 2 de esta Disposición las solicitudes de autorización administrativa previa de las operaciones de inversión directa extranjera incluidas en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, descritas a continuación:
a) Aquéllas respecto de las cuales se acredite, por cualquier medio válido en derecho, la existencia de acuerdo entre las partes o una oferta vinculante en los que el precio hubiera sido fijado, determinado o determinable, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
b) Aquéllas cuyo importe sea igual o superior a 1 millón de euros e inferior a 5 millones de euros hasta que entre en vigor la normativa de desarrollo del artículo 7.bis.
2. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, que las resolverá previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores, aplicando de oficio la tramitación simplificada del procedimiento prevista en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Así mismo, de forma transitoria y hasta que el importe mínimo a que se refiere el último párrafo del artículo 7 bis.1 de la Ley 19/2003, de 4 de julio, quede establecido reglamentariamente, se entenderán exentas de la obligación de autorización previa las operaciones de inversión cuyo importe sea inferior a 1 millón de euros."
- DF 11ª: Regula los plazos de vigencia de las normas adoptadas:
"1. Con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.
2. Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas en este real decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrá prorrogar por el Gobierno mediante real decreto-ley."
Una última cuestión. Se ha aprovechado este Real Decreto-ley para restringir la actividad de promoción del juego, prohibiendo "las comunicaciones comerciales que, de forma implícita o expresa, hagan referencia a la situación de excepcionalidad que deriva de la enfermedad COVID-19 o interpelen al consumo de actividades de juego en este contexto" (véase el artículo 37). La modificación se ha disfrazado de medidas de protección de los consumidores y se justifica en la exposición de motivos de la siguiente manera: "En este contexto de excepcionalidad motivado por la enfermedad COVID-19, resulta asimismo indispensable establecer determinadas limitaciones en el marco de las competencias de ordenación del juego. Por ello, dadas las implicaciones de la declaración del estado de alarma en términos de movilidad y oferta de ocio disponible para los ciudadanos, para evitar la intensificación del consumo de juegos de azar en línea (en particular, los juegos de casino, bingo y póker), que puede derivar en conductas de consumo compulsivo o incluso patológico (especialmente para proteger a los menores de edad, adultos jóvenes o personas con trastornos de juego en un momento de mayor exposición), se limitan las comunicaciones comerciales que realizan los operadores de juego de ámbito estatal, incluyendo a las entidades designadas para la comercialización de los juegos de lotería". Es decir, se prohíbe o restringen (en algunos casos se excluye de la restricción la franja horaria entre la 1 y las 5 de la madrugada) las actividades de promoción del juego. Si la memoria no me falla, esto lo que el Ministro de Consumo (desaparecido en combate) proponía hace unas semanas y que ahora nos lo cuelan sin debate ni discusión en una norma que desarrolla la declaración del estado de alarma con motivo del COVID-19.
-Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Nota: El artículo 2 de la Orden TMA/258/2020 amplía el plazo de validez, en el supuesto de que finalizara su vigencia durante el estado de alarma, de títulos emitidos al amparo de convenios e instrumentos internacionales. Ahora se modifica el apartado 2, que pasa a tener la siguiente redacción:
"El plazo de validez de los títulos a que se refiere el apartado anterior se ampliará por un periodo igual al de la duración del estado de alarma, contado desde la fecha de pérdida de validez del título correspondiente.
No obstante, respecto de los párrafos b) y c), en cuanto a aquellos reconocimientos o inspecciones en los que los instrumentos internacionales o la normativa nacional establecen para su realización un intervalo, este queda suspendido en la medida que quede comprendido, total o parcialmente, en la vigencia del estado de alarma. El intervalo que reste para realizar el reconocimiento o inspección empezará a contar desde la finalización del estado de alarma."
[BOE n. 91, de 1.4.2020]