martes, 21 de febrero de 2017

BOE de 21.2.2017


Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la que se nombra a los miembros de los Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
Nota: Los miembros del Comité Asesor 9 (Derecho y Jurisprudencia) son los siguientes:
Presidente: Prof. Dr. don Ernesto Eseverri Martínez. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada.
Vocales:
– Profa. Dra. doña Teresa Freixes Sanjuán. Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona.
– Profa. Dra. doña Emma Montanos Ferrín. Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad de La Coruña.
– Profa. Dra. doña Ana Tobío Rivas. Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo.
– Profa. Dra. doña Silvia Díaz Alabart. Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid.
– Prof. Dr. don Leopoldo Tolivar Alas. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.
– Prof. Dr. don Norberto Javier Mata Barranco. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco.
– Prof. Dr. don José María Rifá Soler. Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Pública de Navarra.
– Profa. Dra. doña Cristina Sánchez-Rodas Navarro. Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla.
– Prof. Dr. don Alfonso Calvo Caravaca. Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III.

lunes, 20 de febrero de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Kammarrätten i Stockholm, y por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Suecia, Reino Unido] — Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department/Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C-698/15) (Procedimiento prejudicial — Comunicaciones electrónicas — Tratamiento de datos personales — Confidencialidad de las comunicaciones electrónicas — Protección — Directiva 2002/58/CE — Artículos 5, 6, 9 y 15, apartado 1 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1 — Legislación nacional — Proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas — Obligación de conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y de localización — Autoridades nacionales — Acceso a los datos — Falta de control previo por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa independiente — Compatibilidad con el Derecho de la Unión)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.12.2017.
-Asuntos acumulados C-508/15 y C-509/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de diciembre de 2016 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Verwaltungsgericht Berlin — Alemania) — Sidika Ucar (C-508/15), y Recep Kilic (C-509/15)/Land Berlin (Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Decisión n.o 1/80 — Artículo 7, párrafo primero — Derecho de residencia de los miembros de la familia de un trabajador turco que forma parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro — Requisitos — Ausencia de necesidad de que el trabajador turco forme parte del mercado legal de trabajo durante los tres primeros años de la residencia del miembro de la familia)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.12.2017
-Asunto C-618/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de diciembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Competencia judicial — Materia delictual o cuasidelictual — Red de distribución selectiva — Reventa fuera de una red en Internet — Acción de cesación de la perturbación ilícita — Elemento de conexión]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.12.2017
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-646/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 15 de diciembre de 2016 — Khadija Jafari y Zainab Jafari
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Para la interpretación de las disposiciones de los artículos 2, letra m), 12 y 13 del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Texto refundido) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 604/2013»), deben tenerse en cuenta otros actos jurídicos con los que presente conexiones el propio Reglamento n.o 604/2013 o debe atribuirse a dichas disposiciones un significado independiente?
2) Para el caso de que las disposiciones del Reglamento n.o 604/2013 deban ser interpretadas con independencia de otros actos jurídicos:
a) En las circunstancias de los casos de autos, caracterizados por situarse en una época en que las autoridades nacionales de los Estados implicados habían de hacer frente a un extraordinariamente elevado número de personas que pedían transitar por su territorio nacional, ¿debe considerarse que la entrada en el territorio de un Estado miembro, que fue tolerada de facto por dicho Estado y que debía servir únicamente a una finalidad de tránsito por dicho Estado miembro y para presentar una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, constituye un «visado» en el sentido de los artículos 2, letra m), y 12 del Reglamento n.o 604/2013?
En caso de respuesta afirmativa a la letra a) de la segunda cuestión:
b) En lo que concierne a dicha entrada en el territorio con fines de tránsito que fue tolerada de facto, ¿debe considerarse que el «visado» ha perdido su validez con la salida del territorio del Estado miembro de que se trate?
c) En lo que concierne a dicha entrada en el territorio con fines de tránsito que fue tolerada de facto, ¿debe considerarse que el «visado» conserva su validez mientras el solicitante no haya salido del territorio del Estado miembro de que se trate o, con independencia de esto último, el «visado» pierde su validez en el momento en que el solicitante abandona definitivamente su intención de viajar a otro Estado miembro?
d) ¿El abandono por el solicitante de su intención de viajar al Estado miembro que inicialmente tenía como objetivo permite apreciar un fraude producido con posterioridad a la expedición del «visado» en el sentido del artículo 12, apartado 5, del Reglamento n.o 604/2013, lo que excluye la atribución de la responsabilidad al Estado miembro expedidor del «visado»?
En caso de respuesta negativa a la letra a) de la segunda cuestión:
e) ¿Debe interpretarse la expresión «ha cruzado la frontera de un Estado miembro de forma irregular por vía terrestre, marítima o aérea, procedente de un tercer país», contenida en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 604/2013, en el sentido de que en las circunstancias especiales descritas del procedimiento principal no puede apreciarse un cruce irregular de la frontera exterior?
3) En caso de que las disposiciones del Reglamento n.o 604/2013 deban ser interpretadas considerando otros actos jurídicos:
a) ¿Para la apreciación de si existe un «cruce irregular» de la frontera en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 604/2013 debe atenderse, en particular, a si concurren las condiciones de entrada en el territorio conforme al Código de fronteras Schengen, en concreto con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras, determinante para las situaciones del procedimiento principal debido al momento de esa entrada?
En caso de respuesta negativa a la letra a) de la tercera cuestión:
b) ¿A qué disposiciones del Derecho de la Unión debe atenderse, en particular, para apreciar si existe un «cruce irregular» de la frontera en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 604/2013?
En caso de respuesta afirmativa a la letra a) de la tercera cuestión:
c) En las circunstancias de los casos de autos, caracterizados por situarse en una época en que las autoridades nacionales de los Estados implicados habían de hacer frente a un extraordinariamente elevado número de personas que pedían transitar por su territorio nacional, ¿debe considerarse que la entrada en el territorio de un Estado miembro que fue tolerada de facto por dicho Estado sin un examen de las circunstancias del caso concreto y que debía servir únicamente a una finalidad de tránsito por dicho Estado miembro y para presentar una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro constituye una autorización de entrada en el territorio en el sentido del artículo 5, apartado 4, letra c), del Código de fronteras Schengen?
En caso de respuesta afirmativa a las letras a) y c) de la tercera cuestión:
d) ¿Debe considerarse que la autorización de entrada en el territorio en el sentido del artículo 5, apartado 4, letra c), del Código de fronteras Schengen constituye una autorización equivalente a un visado en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra b), del Código de fronteras Schengen y, por tanto, un «visado» conforme al artículo 2, letra m), del Reglamento n.o 604/2013, de modo que al aplicar las disposiciones para determinar el Estado miembro responsable conforme al Reglamento n.o 604/2013 debe atenderse también al artículo 12 de éste?
En caso de respuesta afirmativa a las letras a), c) y d) de la tercera cuestión:
e) En lo que concierne a la entrada en el territorio con fines de tránsito que ha sido tolerada de facto, ¿debe considerarse que el «visado» ha perdido su validez con la salida del Estado miembro de que se trate?
f) En lo que concierne a la entrada en el territorio con fines de tránsito tolerada de facto, ¿debe considerarse que el «visado» conserva su validez mientras el solicitante no haya salido del Estado miembro de que se trate o, con independencia de esto último, el «visado» pierde su validez en el momento en que el solicitante abandona definitivamente su intención de viajar a otro Estado miembro?
g) ¿El abandono por el solicitante de su intención de viajar al Estado miembro que inicialmente tenía como objetivo permite apreciar un fraude producido con posterioridad a la expedición del «visado» en el sentido del artículo 12, apartado 5, del Reglamento n.o 604/2013, lo que excluye la atribución de la responsabilidad al Estado miembro expedidor del «visado»?
En caso de respuesta afirmativa a las letras a) y c) de la tercera cuestión y respuesta negativa a la letra d) de la tercera cuestión:
h) ¿Debe interpretarse la expresión «ha cruzado la frontera de un Estado miembro de forma irregular por vía terrestre, marítima o aérea, procedente de un tercer país», contenida en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 604/2013, en el sentido de que en las circunstancias especiales descritas del procedimiento principal el cruce de frontera, considerado como autorización de entrada en el territorio en el sentido del artículo 5, apartado 4, letra c), del Código de fronteras Schengen, no constituye un cruce irregular de la frontera exterior?"

domingo, 19 de febrero de 2017

Bibliografía - Novedad Editorial


Se ha publicado la obra colectiva "Casos prácticos de Derecho Internacional Privado. Con soluciones y orientaciones a los ejercicios y legislación de la Unión Europea y convencional", de la que son autores M. Guzmán, P.-P. Miralles, M. Gómez, M. Herranz y M. Vargas, y que ha sido editada por Civitas.

Esta selección de supuestos prácticos de Derecho internacional privado y de legislación convencional y de la Unión Europea pretende servir de apoyo y complemento a la comprensión de los contenidos teóricos básicos de la asignatura, tal y como se estructura en el Plan de Estudios del Grado en Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La complejidad que ha adquirido el Derecho internacional privado obliga a una constante revisión de los planteamientos pedagógicos de esta disciplina. En este sentido, un enfoque dinámico de sus problemas mediante casos prácticos, con orientaciones para su solución y legislación convencional y de la Unión Europea, resulta una herramienta útil para el estudio y aprendizaje. Este enfoque dinámico responde, además, a las exigencias de la metodología a distancia permitiendo la autocomprobación, por parte de los estudiantes, de sus avances en la comprensión de la asignatura. Igualmente, es un apoyo imprescindible para los profesores tutores de los centros asociados de la UNED.

Extracto del Índice de la obra:
PARTE INTRODUCTORIA

DERECHO PROCESAL CIVIL INTERNACIONAL
Competencia judicial internacional: régimen general Bruselas I refundido
Asistencia judicial internacional
Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y de documentos públicos extranjeros

DERECHO DE LA NACIONALIDAD. VECINDAD CIVIL. DERECHO DE EXTRANJERÍA. CIUDADANÍA EUROPEA

DERECHO CIVIL INTERNACIONAL. CUESTIONES DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL, LEY APLICABLE Y RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE DECISIONES EXTRANJERAS
Estatuto personal. Persona física y persona jurídica
Matrimonio y crisis matrimoniales
Filiación
Protección de menores
Alimentos
Sucesiones
Derechos reales
Obligaciones contractuales
Obligaciones extracontractuales

ORIENTACIONES PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CASOS PRÁCTICOS
ANEXO LEGISLATIVO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EUROPEO Y CONVENCIONAL
Ficha técnica:
M. Guzmán, P.-P. Miralles, M. Gómez, M. Herranz, M. Vargas
"Casos prácticos de derecho internacional privado"
Editorial Civitas, diciembre 2016
161 págs. - 22 €
ISBN: 978-84-9135-596-0

Revista de revistas (12 a 19 de febrero)


-Aranzadi Civil-Mercantil: 2016, núm. 10; 2016, núm. 11; 2017, núm. 1.
-Europa e Diritto Privato: 2016, núm. 4.
-Justicia. Revista de Derecho Procesal: 2016, núm. 1.
-Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal: num. 26 (2017).
-Revista Jurídica de Catalunya: 2016, núm. 3; 2016, núm. 4.

sábado, 18 de febrero de 2017

Bibliografía (Revista de revistas) - Paix et Sécurité internationales (4/2016)


Contenidos del núm. 4 (2016) de la revista "Paix et Sécurité internationales":

Études:
-Rachel R. ROSENBLOOM, Federalism and Fundamental Rights: Safeguarding the Rights of Undocumented Immigrants in the United States and the European Union
Aux États-Unis comme en Europe, nombreux gouvernements ont intensifié les initiatives visant à endiguer l’immigration irrégulière. Les mesures de contrôle direct, tels que les contrôles aux frontières, ne forment que l'un des aspects de ces efforts. Un autre aspect clé sont les mesures de contrôle indirect, sous forme de lois visant à restreindre l'accès à l'emploi, à l'éducation, au logement ou aux services publics. Le présent article fait le point de l'évolution récente aux États-Unis des contrôles indirects de l’immigration, et établit les grandes lignes de comparaison avec les développements analogues au sein de l'Union Européenne.
L'article offre un compte rendu de la vague de lois, au niveau des États aussi bien qu'au niveau local, qui a balayé les États-Unis entre 2006 et 2011, et offre un résumé de la jurisprudence relative à la constitutionalité desdites mesures. L'article offre ensuite quelques premières comparaisons entre les États-Unis et l'Union européenne. Ces comparaisons mettent en relief les différences dans la lutte contre les lois anti-immigration, entre une stratégie fédéraliste d'une part (en Europe, on parlera de compétence), et d'autre part, une stratégie visant à révéler ces lois comme contraires aux droits fondamentaux des personnes.
-Adil MOUSSEBBIH, Le financement des partis politiques au Maroc à la lumière de la législation et de la jurisprudence constitutionnelle
Les partis politiques sont des institutions vitales dans les démocraties contemporaines. La question du financement de la vie politique est l'épine dorsale de tout système politique. Le présent article permet donc d’examiner au préalable le cadre juridique déterminant les conditions de la participation de l’État au financement des partis politiques lors des élections législatives ainsi que les critères de répartition des dotations accordées par l’État et le contrôle exercé sur les moyens octroyés. L’article se réfère dans son développement à la jurisprudence du Conseil constitutionnel marocain relative à un point important introduit dans le code électoral, à savoir le plafonnement des dépenses électorales.
Notes:
-Nora SEDDIKI-EL HOUDAIGUI, Centralité du droit dans le développement Socio-Economique
Le développement socio-économique soutenu ne peut être réalisé sans le cadrage du droit qui offre d’abord un positionnement juridique. Le système juridique de chaque Etat comporte un ordonnancement des normes qui détermine ce positionnement. Celui-ci donne un encrage ayant des effets sur le long terme. La spécificité des systèmes juridiques nationaux est à relever. Il est donc une question fondamentale qui est celle du rôle du droit pour orienter les politiques publiques et ce afin de servir la volonté collective de développement économique et social, facteur de paix sociale et d’amélioration des conditions de vie.
-Teresa RUSSO, Some Brief Reflections concerning the Mobility Partnership in the EU External Migration Policy
Ce travail se concentre sur les aspects les plus pertinents des choix de la politique migratoire extérieure de l’UE à travers l’instrument de partenariat de mobilité qui a été proposé comme cadre général pour la gestion des flux migratoires en provenance des pays tiers. Son principal objectif était de tenir dûment compte des intérêts et des objectifs de l’UE, les pays partenaires et les migrants eux-mêmes. Ainsi, le partenariat a été inclus parmi les instruments de la politique de migration externe avec des fonctionnalités supplémentaires et différentes que ses homonymes antérieures de relations extérieures de l’Union. Néanmoins, la nécessité de contenir la pression migratoire en provenance d’Afrique et de la Méditerranée, un domaine dans lequel l’Union a reconnu les actions prioritaires, affecte la forme et le contenu des rares partenariats conclus jusqu’à présent et a un impact négatif sur ses résultats, ainsi que sur le respect des droits fondamentaux des migrants.
Dossier: Droit International Privé: Droit de Famille au Maroc
-Mercedes MOYA ESCUDERO, Présentation

-Andrés RODRIGUEZ BENOT, Le statut personnel des marocains à l’égard de l’ordre juridique espagnol: observations générales et propositions de lege ferenda
Pour réglementer le statut personnel des marocains qui résident dans Espagne faut-il analyser d’abord les quatre facteurs qui composent le cadre juridique et politique relatif au sujet : migratoire, social, technique et religieux. Après cette tâche, il est nécessaire étudier les changements dans les systèmes de Droit international privé des pays occidentaux et des pays musulmans, lesquels amplifient la distance entre eux. Finalement, cet article offrira une tentative de réponse à la question posée au début étant donné que la communion humaine entre des peuples voisins oblige les Etats d’accueil à se doter d’un cadre juridique transnational pour réglementer les situations familiales survenues et développées dans l’espace géopolitique qu’ils occupent.
-Mercedes SOTO MOYA, Droit à la vie en famille. Un parcours difficile depuis le Maroc
Le droit à la vie en famille et à l’intimité familiale sont des facteurs clés dans toute politique migratoire, mais la « peur » du regroupement familial comme voie d’entrée et son effet potentiel multiplicateur a été et continue d’être une constante dans la gestion actuelle des migrations internationales. Cependant, il nous faut préciser que l’objet de ce travail ne consiste pas à analyser, en général, la régulation du regroupement familial dans le domaine international, ou communautaire, ni même espagnol. L’objectif est d’axer notre étude sur une question très concrète, dans le but que ce soit un guide pour les ressortissants marocains qui désirent venir en Espagne en tant que conjoint ou partenaire d’un/e espagnol/e, ou d’un/e autre ressortissant/e d’un Etat tiers. Nous verrons que le parcours est long et truffé d’obstacles. L’union avec un/e espagnol/e n’est plus synonyme d’entrée sûre et facile. Et ne parlons pas des cas où, si au lieu d’une union avec un espagnol, il s’agit d’un citoyen d’un Etat tiers ! Les obstacles sont multiples et le regroupement est un parcours plus que difficile.
-Irene BLAZQUEZ RODRIGUEZ, La célébration du mariage avec un ressortissant étranger. Le cas des citoyens marocains
Le nombre de marriage quand l’un ou les deux contratants sont citoyens marocains a augmenté au cours des dernières années. L’objetif de cette étude était d’analyser les principaux problèmes pratiques identifiès actuellement en ce qui concerne la validité de la célébration du marriage civil ou selon le rite islamique –en Espagne ou en Maroc-, ansi que dans la reconnaissance et l’enregistrement à l’État Civil Espagnol de ces unions qui presentent un caractère d’extranéité.
-Nuria MARCHAL ESCALONA, Problèmes actuels de reconnaissance de la kafala marocaine auprès des autorités espagnoles
La kafala est une institution qui possède un fort caractère religieux. Il ne s'agit pas seulement de maintenir et de prendre soin d’un mineur, mais aussi de l'élever dans la foi musulmane. L'inaccomplissement de cette obligation a provoqué la réaction du gouvernement marocain qui s’est opposé à ce que puisse être attribuée une kafala aux étrangers non-résidents au Maroc. Cependant, malgré cette interdiction, la kafala marocaine continue de poser des problèmes aux autorités espagnoles. L'objet du présent travail est d'analyser les difficultés suscitées.
-Ricardo RUEDA VALDIVIA, Modification en Espagne des jugements rendus au Maroc en matière d’aliments
Les demandes de modification des décisions de justice marocaines en matière d'aliments présentées auprès des autorités judiciaires espagnoles par des ressortissants du Maroc résidant en Espagne ou à l´étranger posent une série de problèmes de Droit international privé (compétence judiciaire internationale, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions et coopération entre les autorités centrales) auxquels il est nécessaire d´apporter une solution adéquate.
-Angeles LARA AGUADO, Relations hispano-marocaines en matière de successions
L'entrée en vigueur du règlement (UE) 650/2012 sur les successions a conduit à des changements significatifs dans la succession des relations hispano-marocaines, qui jusqu'à présent étaient régies par l'application du droit national du défunt. Les de cuius devront désormais prendre ne compte cette nouvelle règlementation pour organiser leur succession.
-Carmen RUIZ SUTIL, Effets « pernicieux » de la paternité légitime marocaine en Espagne : une question à résoudre
Dans le système marocain, la protection juridique de l’enfant dépend de la légitimité de la filiation. C’est principalement le mariage musulman des parents qui permet d’établir la reconnaissance de la filiation (hijos al firach), mais il existe également d’autres modes d’établissements de celle-ci : la reconnaisance de la paternité ( istilhak de los arts. 160 a 162 CFM; les relations sexuales par erreur (subha contemplada en el art. 155 CFM ; les enfants issus d’unions entre parents qui n’ont pas pu faire reconnaître leur mariage ou lorsque ces unions ont été contractées à l’étranger selon la loi locale (art. 16 CFM) ; et pour lesquelles le gouvernement marocain vient de prolonger le délai afin de réaliser ce type d’actions, l’enfant nés de fiançailles reconnues. Pour résoudre les problèmes relatifs aux enfants issus de relations extra-conjugales, nous démontrerons comment ces deux derniers modes d’établissement offrent des solutions pour pouvoir établir la filiation hispano-marocaine, mais il faudra toutefois évaluer les effets « pervers », que celles-ci contiennent.
Documentation:
-Lorena CALVO MARISCAL, Análisis de los Tratados, Acuerdos no Normativos y Comunicados Conjuntos hispano-marroquíes, 2013–2016

Jurisprudencia - Modificación de medidas sobre guarda y custodia acordadas por tribunal extranjero


Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Sentencia de 18 Enero 2017, Rec. 2545/2015: Modificación de las medidas acordadas por un tribunal extranjero en procedimiento sobre guarda y custodia, instada por el progenitor residente en el extranjero debido al traslado a España del progenitor custodio con el menor. Interés del menor.
Ponente: Baena Ruiz, Eduardo.
Nº de Recurso: 2545/2015
Jurisdicción: CIVIL
[Texto en CENDOJ: STS 166/2017 - ECLI: ES:TS:2017:166]

viernes, 17 de febrero de 2017

Congreso de los Diputados - Convenios internacionales


El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación de los siguientes instrumentos internacionales:

-Renovación de la Reserva formulada por España al Convenio penal sobre la corrupción, hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 20-1, de 17.2.2017).
Nota: La reserva que se pretende renovar establece lo siguiente:
"Conforme a los artículos 17, párrafo 2, y 37, párrafo 2, del Convenio, España se reserva el derecho de no aplicar lo establecido en el artículo 17, párrafo 1 b), y, en consecuencia, exigir el requisito de la doble incriminación para perseguir infracciones cometidas por los propios nacionales en el extranjero; dicha reserva nunca afectaría a la competencia de los Tribunales españoles para el conocimiento, de conformidad con el artículo 17.4 del Convenio, de los delitos de corrupción entre particulares y en las transacciones económicas internacionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.4.n) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial."
-Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992, que fue hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2015 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 21-1, de 17.2.2017).
Nota: Véase el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y Protocolo anejo, firmado en Madrid el 24 de julio de 1992.

Jurisprudencia - Denegación de visado de reagrupación familiar por no acreditarse que viva a cargo del reagrupante


Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Sentencia de 11 Julio 2016, Rec. 499/2015: Visado de reagrupación familiar en régimen comunitario a nacional de Perú. Denegación. Reagrupante con nacionalidad española y residencia en España que pretende reagrupar al padre de su cónyuge. La cuestión controvertida es si dicho familiar se encuentra “a cargo” del reagrupante. En aplicación de la jurisprudencia del TJUE, no se dan los presupuestos para acceder a la reagrupación, pues de un análisis individualizado de los datos y elementos de prueba disponibles se llega a la conclusión de que no se ha acreditado que el solicitante viva a cargo de su hija y del marido de ésta, ya que percibe una pensión en su país, que con esa pensión vivía con su esposa hasta su fallecimiento, y que, ahora, viviendo solo, las cargas económicas son presumiblemente menores.
Ponente: Calvo Rojas, Eduardo.
Nº de Recurso: 499/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 17 febrero 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: STS 3568/2016 - ECLI: ES:TS:2016:3568]

Jurisprudencia - Extinción de la prestación por desempleo por viajar al extranjero por fallecimiento de la madre


Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Social, Sentencia 1733/2016 de 13 Sep. 2016, Rec. 1591/2016: Desempleo. Extinción de la prestación al beneficiario que viajó al extranjero por tiempo superior a 15 días sin previa comunicación al SEPE ni autorización de éste. Está justificada la segunda de las salidas por fallecimiento de la madre del desempleado, pero no la primera, al no acreditarse que fuera por la enfermedad de la madre. No se concluye que la razón del viaje, que se prolongó durante un mes, fuese una situación de extrema gravedad de la madre. Al no haberse dado la comunicación ni obtenido la autorización previa, siendo salida superior a quince días, se produce ya la causa de extinción. Voto Particular.
Ponente: Díaz de Rábago Villar, Manuel.
Nº de Sentencia: 1733/2016
Nº de Recurso: 1591/2016
Jurisdicción: SOCIAL
Diario La Ley, Nº 8924, Sección Jurisprudencia, 17 de Febrero de 2017

jueves, 16 de febrero de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (16.2.2017)


-ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) 16 février 2017 dans l’affaire C‑578/16 PPU (C.K. e.a.): Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Système de Dublin – Règlement (UE) n° 604/2013 – Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Traitements inhumains ou dégradants – Transfert d’un demandeur d’asile gravement malade vers l’État responsable de l’examen de sa demande – Absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques avérées dans cet État membre – Obligations imposées à l’État membre devant procéder au transfert.
Fallo del Tribunal:
"1) L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que la question de l’application, par un État membre, de la « clause discrétionnaire » prévue à cette disposition ne relève pas du seul droit national et de l’interprétation qu’en donne la juridiction constitutionnelle de cet État membre, mais constitue une question d’interprétation du droit de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE.
2) L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que :
– même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ;
– dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article ;
– il incombe aux autorités de l’État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert, et
– le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devrait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013.
L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013, lu à la lumière de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne saurait être interprété comme obligeant, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cet État membre à faire application de ladite clause."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE, presentadas el 16 de febrero de 2017, en el asunto C‑75/16 (Menini y Rampanelli): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Verona (Tribunal de Verona, Italia)] Cuestión prejudicial — Oposición al requerimiento judicial de pago — Directiva 2008/52/CE — Mediación en materia civil y mercantil — Artículo 1, apartado 2 — Ámbito de aplicación — Directiva 2013/11/UE — Resolución alternativa de litigios en materia de consumo — Artículo 1 — Obligación del consumidor de incoar un procedimiento de mediación antes de acudir al órgano jurisdiccional — Artículo 2 — Ámbito de aplicación — Artículo 8, letra b) — Asistencia obligatoria de un abogado — Artículo 9, apartado 2, letra a) — Sanciones vinculadas a la retirada del procedimiento de mediación.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE, debe interpretarse en el sentido de que la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, se aplica a todos los litigios comprendidos en el ámbito de aplicación de la misma, tal y como aparece delimitado en su artículo 1, apartado 2, aun cuando dichos litigios estén también comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2013/11, tal y como aparece delimitado en el artículo 2 de dicha Directiva.
2) El artículo 1 de la Directiva 2013/11 no se opone a una legislación nacional que supedite la admisibilidad de una demanda judicial presentada por un consumidor contra un comerciante y referida a un contrato de prestación de servicios a la previa iniciación por parte del consumidor de un procedimiento de resolución alternativa de litigios, como un procedimiento de mediación, siempre que tal legislación no tenga como efecto impedir a las partes el acceso al sistema judicial, extremo cuya comprobación corresponde al órgano jurisdiccional nacional.
3) El artículo 8, letra b), de la Directiva 2013/11 se opone a una legislación nacional que obliga a que, en todos los litigios incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, tal y como aparece delimitado en su artículo 2, las partes tengan que contar con la asistencia de un abogado en un procedimiento de resolución alternativa de litigios, como un procedimiento de mediación.
4) El artículo 1 y el artículo 9, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/11 se oponen a una legislación nacional que sanciona el hecho de retirarse, sin causa justificada, de un procedimiento de resolución alternativa de litigios, como un procedimiento de mediación, comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva tal y como aparece delimitado en su artículo 2, atribuyendo consecuencias desfavorables en el procedimiento judicial posterior para la parte que se retiró, a menos que el concepto de causa justificada englobe la insatisfacción de la parte que se retiró con el desarrollo o el funcionamiento del procedimiento de resolución alternativa, extremo cuya comprobación corresponde al órgano jurisdiccional nacional.
Cuando el Derecho nacional obligue al comerciante a participar en un procedimiento de resolución alternativa, el artículo 1 y el artículo 9, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/11 solo se oponen a tal legislación en la medida en que sancione la retirada del consumidor de dicho procedimiento sin causa justificada."

miércoles, 15 de febrero de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (15.2.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 15 de febrero de 2017, en el asunto C‑499/15 (W y V): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia en materia de responsabilidad parental — Reglamento (CE) n.º 2201/2003 — Artículos 8 a 15 — Competencia en materia de obligaciones de alimentos — Reglamento (CE) n.º 4/2009 — Artículo 3, letra d) — Resoluciones opuestas dictadas por órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes — Menor de edad que reside habitualmente en el Estado miembro de residencia de la madre — Competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de residencia del padre para modificar una resolución previamente adoptada por ellos, y que ha adquirido firmeza, sobre la residencia del menor, las obligaciones de alimentos y el régimen de visitas — Inexistencia.
Fallo del Tribunal: "El artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, y el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, deben interpretarse en el sentido de que, en un asunto como el que se examina en el litigio principal, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que han adoptado una resolución firme en materia de responsabilidad parental y de obligaciones de alimentos en lo que respecta a un menor de edad no siguen siendo competentes para conocer de una demanda de modificación de las medidas establecidas en esa resolución en el caso de que la residencia habitual del menor esté situada en el territorio de otro Estado miembro. Los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de esa demanda son los órganos jurisdiccionales de este último Estado miembro."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena) de 15 de febrero de 2017, en el asunto C‑317/15 (X): Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Artículo 64 TFUE — Movimientos de capitales, con destino a terceros países o procedentes de ellos, que supongan la prestación de servicios financieros — Activos financieros depositados en una cuenta bancaria suiza — Liquidación complementaria — Plazo para la liquidación complementaria — Ampliación del plazo para la liquidación complementaria en caso de activos depositados fuera del Estado miembro de residencia.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 64 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una normativa nacional que impone una restricción a los movimientos de capitales a los que se refiere esta disposición, como el plazo ampliado para la liquidación complementaria controvertido en el litigio principal, incluso cuando esa restricción sea aplicable igualmente a situaciones sin vínculo alguno con las inversiones directas, con el establecimiento, con la prestación de servicios financieros o con la admisión de valores en los mercados.
2) La apertura de una cuenta de valores por parte de un residente de un Estado miembro en una entidad bancaria situada fuera de la Unión Europea, como la que se discute en el litigio principal, está comprendida en el concepto de movimientos de capitales que suponen la prestación de servicios financieros, en el sentido del artículo 64 TFUE, apartado 1.
3) La facultad de los Estados miembros de aplicar restricciones a los movimientos de capitales que supongan la prestación de servicios financieros, reconocida por el artículo 64 TFUE, apartado 1, abarca igualmente las restricciones que, como el plazo ampliado para la liquidación complementaria controvertido en el litigio principal, no conciernen ni al prestador de los servicios ni a los requisitos y modalidades de la prestación de esos servicios."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. YVES BOT, presentadas el 15 de febrero de 2017, en el asunto C‑579/15 (Popławski): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos)] Procedimiento prejudicial — Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros —Artículo 4, punto 6 — Motivo de no ejecución facultativa de la orden de detención europea — Aplicación — Interpretación conforme — Aplicación del principio de primacía.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) El artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro aplique el motivo de no ejecución previsto en el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada, de modo que:
– la autoridad judicial esté obligada a denegar la ejecución de una orden de detención europea dictada a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad contra una persona buscada que sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él, sin poder apreciar, en función de la situación concreta de la persona, si la ejecución de la pena en este Estado puede favorecer su reinserción social;
– la denegación de ejecución de la orden de detención europea tenga como único efecto que ese Estado miembro se declare dispuesto a hacerse cargo de la ejecución de la pena, sin que esta declaración equivalga a un compromiso de ejecución;
– la autoridad judicial deniegue la ejecución de una orden de detención europea a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad contra una persona buscada que sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él si, por una parte, la decisión de hacerse cargo de la ejecución de la pena, adoptada tras la decisión de denegación de la ejecución, está supeditada a requisitos relativos a la existencia y al respeto de un convenio vigente entre el Estado miembro emisor y el Estado miembro de ejecución, así como a la colaboración del Estado miembro emisor y, por otra parte, la denegación de ejecución de la orden no se cuestiona en caso de imposibilidad de hacerse cargo de la ejecución de la pena por no concurrir los requisitos exigidos.
2) Las disposiciones del artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada, carecen de efecto directo. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional interpretar las disposiciones nacionales en cuestión en el asunto principal, en la mayor medida posible, de conformidad con el Derecho de la Unión y, en el supuesto de que tal interpretación resultase imposible, el órgano jurisdiccional nacional estará obligado a dejar inaplicadas estas disposiciones por ser incompatibles con el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada."