jueves, 23 de noviembre de 2017

Bibliografía - La jurisprudencia del TJUE sobre regímenes de conservación preventiva de datos en la doctrina del TS


La jurisprudencia del tribunal de Luxemburgo sobre regímenes de conservación preventiva de datos en la Doctrina del Tribunal Supremo
José Luis RODRÍGUEZ LAINZ, Magistrado titular del Juzgado Instrucción 4 de Córdoba
Diario La Ley, Nº 9087, Sección Doctrina, 23 de Noviembre de 2017
La primera respuesta que ha dado la Sala Segunda del Tribunal Supremo a la aparente incompatibilidad del Derecho de la Unión con regímenes legales que prevean la conservación generalizada de datos a los efectos de una ulterior utilización para alguno de los fines legítimos que pudieran establecerse ha sido la de considerar que la ley española, la Ley 25/2007, podría superar las exigencias de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo en base al reforzamiento de las garantías jurídicas y procesales en la conservación y utilización procesal de dicha información. Sin embargo, la opinión defendida por la STJUE (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016 se muestra, al menos aparentemente, decididamente contraria a una tal interpretación.
Las SSTS 272 y 400/2017 han sido las primeras resoluciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que se han enfrentado al planteamiento de recursos en los que se pretendía oponer la contrariedad de la ley española de conservación de datos, la Ley 25/2007, a la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —STJUE (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016— en interpretación del art. 15.1 de la Directiva 2002/58/CE. Ambas sentencias mantienen el planteamiento de sus precedentes, las SSTS 470 y 768/2015, de considerar que, aparte de la insistencia del legislador nacional en mantener la vigencia de dicha ley al introducir una norma de remisión, el art. 42, en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, posterior a la fecha del dictado de la sentencia, el reforzamiento de garantías de toda índole en la regulación del deber de conservación de datos y su utilización procesal permitiría subsanar el déficit de proporcionalidad en el diseño de tal deber de conservación generalizada de datos relativos a las comunicaciones.
Sin embargo, tanto el desarrollo argumentativo de la mencionada sentencia del Tribunal de Luxemburgo, como su comparativa con el precedente de la STJUE (Gran Sala) de 8 de abril de 2014, así como el propio tenor literal de del fallo de aquélla imposibilitarían tal interpretación. La STJUE (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016 apenas dejan resquicios para poder obviar la conclusión a la que la referida sentencia llega de que regímenes de conservación preventiva de datos, como es el diseñado por la Ley 25/2007, no podrían superar bajo ningún concepto el principio de proporcionalidad exigido por el art. 52.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La conclusión defendida por el Tribunal Supremo, ante su aparente contradicción con tal doctrina interpretativa, debería llevarnos necesariamente al planteamiento de una cuestión prejudicial que confrontara la ley española con el art. 15 de la Directiva 2002/58/CE y los arts. 7, 8, 11 y 52.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Nota: Véase la sentencia del TJUE de 21.12.2016, en los asuntos acumulados C‑203/15 y C‑698/15 (Tele2 Sverige) y la sentencia del TJUE de 8.4.2014, en los asuntos acumulados C‑293/12 y C‑594/12 (Digital Rights Ireland), así como las entradas de este blog del día 21.12.2016 y del día 8.4.2014.

miércoles, 22 de noviembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (22.11.2017)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 22 de noviembre de 2017, en el asunto C‑224/16 (AEBTRI): Procedimiento prejudicial — Unión aduanera — Tránsito externo — Transporte de mercancías por carretera efectuado al amparo de un cuaderno TIR — Artículo 267 TFUE — Competencia del Tribunal de Justicia para interpretar los artículos 8 y 11 del Convenio TIR — Falta de descargo de la operación TIR — Responsabilidad de la asociación garante — Artículo 8, apartado 7, del Convenio TIR — Obligación de requerir el pago, en la medida de lo posible, a las personas directamente responsables antes de reclamar dicho pago a la asociación garante — Notas explicativas que acompañan al Convenio TIR — Reglamento (CEE) n.º 2454/93 — Artículo 457, apartado 2 — Código aduanero comunitario — Artículos 203 y 213 — Personas que hayan adquirido o tenido en su poder la mercancía sabiendo o debiendo saber razonablemente que se trataba de una mercancía sustraída a la vigilancia aduanera.
Fallo del Tribunal:
"1) El Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación de los artículos 8 y 11 del convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR, firmado en Ginebra el 14 de noviembre de 1975 y aprobado en nombre de la Comunidad Económica Europea mediante el Reglamento (CEE) n.º 2112/78 del Consejo, de 25 de julio de 1978, en su versión modificada y consolidada publicada por la Decisión 2009/477/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2009.
2) El artículo 8, apartado 7, del convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR, aprobado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento n.º 2112/78, en su versión modificada y consolidada publicada por la Decisión 2009/477, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, las autoridades aduaneras han dado cumplimiento a la obligación que les impone dicha disposición de requerir, en la medida de lo posible, el pago de los derechos e impuestos de importación de que se trata al titular del cuaderno TIR, en su condición de persona directamente responsable del pago de esas sumas, antes de reclamar dicho pago a la asociación garante.
3) Los artículos 203, apartado 3, tercer guion, y 213 del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, deben interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que un destinatario haya adquirido o tenido en su poder mercancías, sabiendo que éstas habían sido transportadas al amparo de un cuaderno TIR, y el hecho de que no se haya acreditado que dichas mercancías fueron presentadas y declaradas en la aduana de destino no bastan, por sí solos, para considerar que dicho destinatario sabía o debía saber razonablemente que esas mercancías habían sido sustraídas a la vigilancia aduanera en el sentido de la primera de estas disposiciones, de modo que hubiera de considerársele solidariamente responsable de la deuda aduanera en virtud de la segunda de estas disposiciones."

Jurisprudencia - La Generalitat de Cataluña no puede celebrar convenios y acuerdos internacionales con deportistas europeos


Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 102/2017 de 20 Jul. 2017, Rec. 857/2016: Deporte. Comunidad Autónoma de Cataluña. Inconstitucionalidad y nulidad del art. 4 de la Ley catalana que modifica la Ley del ejercicio de las profesiones del deporte. La normativa autonómica vulnera la competencia exclusiva estatal en materia de relaciones internacionales. Falta de competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para celebrar convenios y acuerdos internacionales con otros registros de profesionales del deporte de Estados miembros de la Unión Europea, o con otros sujetos internacionales, dirigidos al reconocimiento mutuo de profesiones deportivas y a la inscripción de los profesionales en los respectivos registros. La competencia autonómica no permite acordar convenios con otros Estados susceptibles de establecer obligaciones y reconocer derechos en el ámbito de las profesiones deportivas.
Ponente: Ollero Tassara, Andrés.
Nº de Sentencia: 102/2017
Nº de Recurso: 857/2016
Diario La Ley, Nº 9086, Sección Jurisprudencia, 22 de Noviembre de 2017
ECLI: ES:TC:2017:102

martes, 21 de noviembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (21.11.2017)


CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. YVES BOT, presentadas el 21 de noviembre de 2017, en el asunto C‑191/16 (Pisciotti): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Berlin (Tribunal Regional Civil y Penal de Berlín, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículos 18 TFUE y 21 TFUE — Acuerdo de Extradición UE‑EE. UU. — Disposición constitucional de un Estado miembro que prohíbe la extradición de sus propios nacionales a terceros Estados — Desigualdad de trato en relación con los nacionales de otros Estados miembros — Recurso dirigido a que se declare que una extradición a los Estados Unidos de un nacional de otro Estado miembro constituye una violación manifiesta del Derecho de la Unión que genera la responsabilidad del Estado miembro requerido.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"En circunstancias como las del litigio principal, los artículos 18 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro acepte una solicitud de extradición presentada por un tercer Estado, en virtud de un acuerdo de extradición entre la Unión Europea y este último Estado, referida a un ciudadano de la Unión Europea, nacional de otro Estado miembro, que se ha desplazado al Estado miembro requerido."

lunes, 20 de noviembre de 2017

Jurisprudencia - No renovación de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales al no concurrir las condiciones que motivaron su concesión


Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Sentencia de 31 marzo 2017, Rec. 1337/2016: Renovación autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Colaboración contra redes organizadas. Denegación por no concurrir las condiciones que motivaron su concesión, al dejar de colaborar el solicitante con la Administración de Justicia.
Ponente: Yagüe Gil, Pedro José.
Nº de Recurso: 1337/2016
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 20 noviembre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 1257/2017 - ECLI: ES:TS:2017:1257]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-171/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de septiembre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Trayan Beshkov/Sofiyska rayonna prokuratura (Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Decisión Marco 2008/675/JAI — Ámbito de aplicación — Consideración, con motivo de un nuevo proceso penal y a efectos de la imposición de una pena global, de una resolución condenatoria dictada con anterioridad en otro Estado miembro — Procedimiento nacional de reconocimiento previo de dicha resolución — Modificación de las modalidades de ejecución de la pena impuesta en ese otro Estado miembro)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.9.2016.
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-517/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 28 de agosto de 2017 — Milkiyas Addis/República Federal de Alemania
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Se opone el Derecho de la Unión a que un Estado miembro (en este caso, Alemania) deniegue por inadmisible una solicitud de protección internacional por haber sido concedido el estatuto de refugiado en otro Estado miembro (en este caso, Italia) en virtud de la autorización que otorga el artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE (1) o su disposición precedente, el artículo 25, apartado 2, letra a), de la Directiva 2005/85/CE, (2) cuando el régimen de protección internacional, concretamente las condiciones de vida de los beneficiarios del estatuto de refugiado, en el otro Estado miembro que ya concedió la protección internacional al solicitante (en este caso, Italia) no satisface las exigencias de los artículos 20 y siguientes de la Directiva 2011/95/UE, sin llegar a vulnerar el artículo 4 de la Carta ni el artículo 3 del CEDH?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿procede la misma respuesta si en el Estado miembro que concedió el estatuto de refugiado (en este caso, Italia), los beneficiarios de dicho estatuto:
a) no reciben prestaciones de subsistencia, o las que reciben son de mucho menor alcance que en otros Estados miembros, aunque dichas personas no sean tratadas al respecto de manera diferente a los nacionales de ese Estado miembro?
b) encuentran dificultades, en la práctica, para acceder a las prestaciones asociadas a los derechos contemplados en los artículos 20 y siguientes de la Directiva 2011/95/UE o a las prestaciones de las redes familiares o sociales que sustituyen o complementan las prestaciones del Estado, aunque se reconozcan tales derechos?
3) ¿Se opone el artículo 14, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2013/32/UE o su disposición precedente, el artículo 12, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2005/85/CE a la aplicación de una disposición nacional con arreglo a la cual la omisión de la entrevista personal con el solicitante, en caso de que la autoridad decisoria haya denegado el asilo por inadmisible haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE o de su disposición precedente, el artículo 25, apartado 2, letra a), de la Directiva 2005/85/CE, no dará lugar a la anulación de la resolución denegatoria, por omisión de la entrevista, si el solicitante ha tenido ocasión en el procedimiento administrativo de recurso de exponer todas las circunstancias pertinentes para oponerse a una declaración de inadmisibilidad y, considerando dichas circunstancias, así y todo, no puede resolverse el asunto de ninguna otra forma?"
-Asunto C-569/17: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2017 — Comisión Europea/Reino de España
Nota: La Comisión solicita al Tribunal que, al no haber adoptado España, antes del 21.3.2016, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010, o, en todo caso, al no haber notificado dichas disposiciones a la Comisión, ha incumplido las obligaciones que le impone el art. 42.1 de la Directiva; que imponga a España una multa coercitiva diaria de 105 991,60 EUR, con efecto a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia por la que se declara el incumplimiento de sus obligaciones y que se condene a España al pago de las costas del procedimiento.
Efectivamente, España a día de hoy no ha transpuesto aún la Directiva, limitándose a remitir hace escasas fechas a las Cortes un proyecto de ley mediante el que se incorpora parcialmente la Directiva al ordenamiento español. Véase el proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario remitido a las Cortes, así como la entrada de este blog del día 17.1.2017.

Bibliografía - Breve nota sobre la STJUE en el asunto Kubicka: a propósito del testamento de un no residente en España


Breve nota sobre la sentencia del tribunal de justicia de la unión europea asunto C-218/16 (Kubicka) de 12 de octubre de 2017 (a propósito del testamento de un no residente en España)
Ricardo CABANAS TREJO, Leticia BALLESTER AZPITARTE, Notarios
Diario La Ley, Nº 9084, Sección Documento on-line, 20 de Noviembre de 2017
La reciente sentencia del TJUE de fecha 12/10/2017 asunto C-218/16 (Kubicka) es la primera que interpreta el Reglamento Europeo de Sucesiones, y lo hace en una cuestión de gran interés práctico, como es la relacionada con la eficacia real del legado, cuando la ley de situación del inmueble sólo admita su eficacia obligacional, y en el marco, además, de una inscripción constitutiva. En esta nota damos cuenta del contenido de la sentencia y la ponemos en relación con el tema tratado en un trabajo anterior sobre el testamento del no residente en España.

Nota: Véase la sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 12 de octubre de 2017, en el asunto C‑218/16 (Kubicka), así como la entrada de este blog del día 12.10.2017.

Bibliografía - La nulidad de los contratos de crédito en moneda extranjera


La nulidad de los contratos de crédito en moneda extranjera
Jesús Félix GARCÍA DE PABLOS, Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Financiero y Tributario en la UNED
Diario La Ley, Nº 9084, Sección Tribuna, 20 de Noviembre de 2017
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 20 de septiembre de 2017, asunto Andriciuc y otros (C-186/16), ha sentado la jurisprudencia sobre el carácter abusivo de las cláusulas contractuales en los contratos de créditos en divisas, en relación con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. De esta manera, corresponde a los Tribunales españoles comprobar el conjunto de circunstancias que motivaron la celebración del concreto contrato y verificar, si se comunicaron al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance del contenido del contrato, permitiendo evaluar a dicho consumidor, el coste total del préstamo, en particular.

Nota: Véase la sentencia del TJUE (Sala Segunda) de 20 de septiembre de 2017, en el asunto C‑186/16 (Andriciuc y otros), así como la entrada de este blog del día 20.9.2017.

domingo, 19 de noviembre de 2017

Bibliografía - Registro de la Propiedad y escritura de compraventa bajo régimen económico-matrimonial extranjero


Inscripción en el Registro de la Propiedad de una escritura de compraventa bajo régimen económico-matrimonial extranjero: La RDGRN de 10 de mayo de 2017
Pablo QUINZÁ REDONDO, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional Privado (Universidad de Valencia)
Bitácora Millennium DIPr., nº 6 (Prepublicación)
SUMARIO: I. Introducción. II. Planteamiento global del problema.1. La norma de conflicto reguladora del régimen económico matrimonial. 2. La mención del régimen económico matrimonial en la escritura de compraventa. 3. La prueba del derecho extranjero. III. Análisis particular de la RDGRN de 10 de Mayo de 2017. 1. El art. 9.2 Cc. 2. La mención “bajo el régimen legal económico matrimonial de Ucrania”. 3. La fotocopia de determinados artículos del Código de Familia de Ucrania. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

El presente trabajo aborda las cuestiones más controvertidas en torno a la inscripción en el Registro de la Propiedad de una escritura de compraventa bajo régimen económico matrimonial extranjero, realizando un planteamiento global del problema para posteriormente analizar la RDGRN de 10 de Mayo de 2017. Son tres los aspectos esenciales que se abordan en el trabajo: la ley aplicable al régimen económico matrimonial, la mención en la escritura del régimen económico matrimonial y la prueba del derecho extranjero.
This paper seeks to analyse the recording in the Land register of a real estate sale of a notarial deed under a foreign matrimonial property regime, taking as a reference the Resolution of the General Directorate of registers and notaries of 10 May 2017 and focusing on three particular issues: the conflict-of-law, the matrimonial property regime in the notarial deed and the proof of foreing law.

Revista de revistas (12 a 19 noviembre)


sábado, 18 de noviembre de 2017

BOE de 18.11.2017


Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.
Nota: Esta norma establece los requisitos mínimos que deben reunir las operaciones relacionadas con la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino, para prevenir accidentes graves y limitar sus consecuencias (art. 1.1).
En relación con su ámbito de aplicación se establece que lo será, exclusivamente en el medio marino, a los permisos de investigación de hidrocarburos y a las concesiones de explotación sean estas de yacimientos de hidrocarburos o de almacenamiento subterráneo para los mismos, así como a las operaciones asociadas a aquellos (art. 2.1). Más concretamente, en relación con su ámbito territorial se establece que el medio marino comprenderá las aguas interiores, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, incluidos el lecho y su subsuelo, sobre los que el Reino de España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción conforme a los tratados internacionales y la legislación vigente (art. 2.1).

viernes, 17 de noviembre de 2017

Congreso de los Diputados - Proyecto de Ley y convenios internacionales


Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 12-1, de 17.11.2017).
Nota: Este proyecto incorpora parcialmente al ordenamiento español la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014 , sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n ° 1093/2010 (DF 10ª) (véase la entrada de este blog del día 28.2.2014). En el proyecto cabe destacar las siguientes disposiciones:
-Art. 18: regula los préstamos inmobiliarios en moneda extranjera.
-Art. 25.2: en él se establece que las secciones 2ª (Intermediarios de crédito inmobiliario), 3ª (Representantes designados de los intermediarios de crédito inmobiliario) y 4ª (Prestamistas inmobiliarios) del capítulo III (Régimen jurídico de los intermediarios de crédito inmobiliario, sus representantes y los prestamistas inmobiliarios) no se aplicarán a las entidades de crédito, a las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras o que operen en régimen de libre prestación de servicios, a los establecimientos financieros de crédito ni a las entidades de pago o de dinero electrónico híbridas a que se refiere el art. 11 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
-Art. 26.2: en relación con la inscripción en un registro de los intermediarios de crédito inmobiliario establece:
"Los intermediarios de crédito inmobiliario autorizados en un Estado miembro de la Unión Europea que actúen a través de sucursal o en régimen de libre prestación de servicios serán inscritos por el Banco de España en el registro a que se refiere el artículo 27.2.b), a efectos meramente informativos, una vez sea comunicada por parte de la autoridad competente de origen la voluntad del intermediario de prestar su actividad en España."
-Art. 30.2, p. 2º: por lo que se refiere a la información y publicidad de los registros de intermediarios de crédito inmobiliario, determina que "el Banco de España informará, asimismo, sobre los órganos competentes para el registro y supervisión de los intermediarios de crédito inmobiliario en cada comunidad autónoma y Estado miembro de la Unión Europea."
-Art. 33: reglamenta la supervisión de la actuación a través de sucursales y en régimen de libre prestación de servicios de los intermediarios de crédito inmobiliario.
-DA 1ª: reglamenta la reclamación extrajudicial en los siguientes términos:
"1. El prestamista inmobiliario o el intermediario de crédito inmobiliario y el prestatario consumidor podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo, de mutuo acuerdo o mediante adhesión de aquéllos al Sistema Arbitral del Consumo o a otros sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, que figuren en la lista que publica la Comisión Europea sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos con consumidores y que respete los principios establecidos por la normativa europea. Los prestatarios podrán también someter unilateralmente los conflictos a los mecanismos previstos en la legislación sobre protección de los clientes de servicios financieros.
2. Los órganos arbitrales de consumo o los órganos previstos en la legislación sobre protección de los clientes de servicios financieros, que intervengan en la resolución de estas reclamaciones, habrán de cooperar en la resolución de los conflictos de carácter transfronterizo que se produzcan a nivel intracomunitario, a través de la Red transfronteriza de denuncia extrajudicial sobre servicios financieros o cualquier otro mecanismo habilitado al efecto."
-DA 2ª: se ocupa del tema de la cooperación con otras autoridades supervisoras competentes.
-DF 5ª, número uno: modifica el apartado primero del art. 60 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que pasa a tener el siguiente contenido:
"Tendrán la consideración de entidades declarantes, a los efectos de esta Ley, las siguientes: el Banco de España, las entidades de crédito españolas, las sucursales en España de las entidades de crédito extranjeras, las entidades de crédito que operen en régimen de libre prestación de servicios, el fondo de garantía de depósitos, las sociedades de garantía recíproca y de reafianzamiento, los establecimientos financieros de crédito, los prestamistas inmobiliarios y aquellas otras entidades que determine el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a propuesta del Banco de España."

Igualmente, el Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación de los siguientes instrumentos internacionales:

-Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de la India, hecho en Madrid el 30 de mayo de 2017 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 73-1, de 17.11.2017).

-Acuerdo entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre transporte aéreo, hecho ad referendum en Madrid el 9 de junio de 2015 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 75-1, de 17.11.2017).

-Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 9 de diciembre de 2014 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 76-1, de 17.11.2017).

-Convenio sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Madrid el 20 de abril de 2017 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 77-1, de 17.11.2017).

Jurisprudencia - Eliminación de los ingresos no relacionados con la comunicación audiovisual de la cuota de financiación del cine europeo


Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 1613/2017 de 25 Oct. 2017, Rec. 11/2016: Telecomunicaciones. Nulidad del art. 6.3 RD 988/2015 que regula el régimen jurídico de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas. Errónea consideración como ingresos computables de los obtenidos por la venta a terceros de los contenidos producidos o coproducidos por el prestador de servicios y de los obtenidos por la explotación directa del contenido independientemente de la modalidad utilizada. El Gobierno ha incurrido en una contradicción in terminis porque ha considerado como ingresos computables los provenientes de actividades no relacionadas con la actividad audiovisual, que están expresamente excluidos del cómputo.
Nº de Sentencia: 1613/2017
Nº de Recurso: 11/2016
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9083, Sección Jurisprudencia, 17 de Noviembre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:3735