miércoles, 16 de abril de 2014

DOUE de 16.4.2014


Decisión del Consejo, de 9 de abril de 2014, por la que se modifican los anexos I, II y III de la Decisión 2011/432/UE del Consejo sobre la aprobación, en nombre de la Unión Europea, del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia.
Nota: Mediante este acto se modifican los anexos de la Decisión del Consejo, de 9 de junio de 2011 en relación con el Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia.
Como ya dije en su día (véase la entrada de este blog del día 22.7.2011), lamentablemente la UE ha decidido adherirse a esta una nueva pieza del laberinto normativo en el que la propia UE nos ha metido en materia de obligaciones alimenticias. Este texto convencional coexistirá con las normas sobre reconocimiento y declaración de ejecutividad de resoluciones, transacciones judicial y documentos públicos con fuerza ejecutiva sobre obligaciones alimenticias contenidas en el Reglamento (CE) nº 4/2009, aplicándose en las relaciones entre Estados miembros de la UE y terceros países que hayan ratificado este texto convencional (para las relaciones entre Estados miembros tenemos el no menos lamentable Reglamento 4/2009), y coexistirá igualmente con otras normas convencionales bilaterales y multilaterales. Una amalgama de normas convencionales que crea una situación caótica para las obligaciones alimenticias.
Además, es éste un texto convencional prolijo y farragoso, con 65 artículos (!!!), y eso sin regular los temas de competencia internacional ni de ley aplicable. Sus procedimientos de reconocimiento y declaración de ejecutividad contenidos en su capítulo V son más bien poco favorables a su obtención. Está plagado de preceptos cansinos, como los arts. 23 y 24, que contienen unos complejos procedimientos (11 y 7 apartados, respectivamente) para la solicitud del reconocimiento y la declaración de ejecutividad; y eso que se afirma que estos procesos se regirán, en principio, por el ordenamiento del Estado requerido, para seguidamente regularlo (art. 23) e, incluso, reglamentar un procedimiento alternativo (art. 24). En el art. 25 se recogen hasta 11 complejas formalidades documentales. Un texto que nos devuelve a los clásicos procedimientos jurisdiccionales –todo lo contrario del reconocimiento y declaración de ejecutividad automáticos–, en los que se examina la resolución que se pretende ejecutar y se controla hasta la competencia del juez de origen. En definitiva, todo un clásico de los años 60 y 70 del pasado siglo. Y en todo esto ha decidido ahora meternos la UE; para regocijo de los deudores de alimentos, claro.

martes, 15 de abril de 2014

DOUE de 15.4.2014


[Versión provisional, hasta tanto EURLex publique la versión html del DOUE, que permite acceder individualizadamente a cada disposición]

-Corrección de errores de la lista de las autoridades centrales designadas por los Estados miembros en materia de restitución de bienes culturales que han salido de manera ilegal del territorio de un Estado miembro, publicada en aplicación del artículo 3 de la Directiva 93/7/CEE (DO C 55 de 26.2.2014).
Nota: Véase la lista de las autoridades centrales designadas, así como la entrada de este blog del día 26.2.2014.
[DOUE C113, de 15.4.2014]

Comité de las Regiones
(104ª Pleno de los días 28 y 29 de noviembre de 2013)

-Dictamen del Comité de las Regiones — Ciudadanía de la Unión Europea 2013.

-Dictamen del Comité de las Regiones — Orientaciones de la UE sobre las ayudas estatales a los aeropuertos y las compañías aéreas.

-Dictamen del Comité de las Regiones — Investigadores, estudiantes, voluntarios y otros grupos procedentes de terceros países.

-Dictamen del Comité de las Regiones — Paquete «Fronteras inteligentes»

[DOUE C114, de 15.4.2014]

-Comunicación de la Comisión conforme al artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, que codifica la Directiva 98/27/CE, en la que se da a conocer la lista de entidades habilitadas para ejercitar una acción con arreglo al artículo 2 de aquella Directiva.
Nota: Véase la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (Versión codificada).
[DOUE C115, de 15.4.2014]

Bibliografía (Artículo doctrinal) - La maternidad subrogada a raíz de la STS de 6 de febrero de 2014


La maternidad subrogada: estado actual de la cuestión a raíz de la STS de 6 de febrero de 2014
Miguel SÁEZ-SANTURTÚN PRIETO, Abogado, Doctor en Derecho, Mediador civil y mercantil.
Diario La Ley, Nº 8293, Sección Tribuna, 15 Abr. 2014
LA LEY 1745/2014
La maternidad subrogada como nuevo fenómeno social en materia de fecundidad y como último remedio para que determinadas parejas tengan descendencia y como alternativa a la adopción (que es la solución que da el CC —arts. 176 y 177—), aparece rodeada de polémica por la confrontación entre la Ley 14/2006 y la Instrucción 5 de octubre de 2010 y tampoco es resuelta de un modo claro ni por la nueva Ley del Registro Civil (Ley 20/2011) ni por esta última sentencia que aquí comento.

Nota: Véase la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 6 Feb 2014, rec. 245/2012, así como la entrada de este blog del día 14.2.2014 y las referencias en ella contenidas.

BOE de 15.4.2014


-Recurso de inconstitucionalidad n.º 7089-2013, contra la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra.
Nota: El TC acuerda mantener la suspensión de la disposición adicional de la Ley Foral 8/2013 y levantar la suspensión de los demás preceptos.
Véase la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, el Recursos de inconstitucionalidad n.º 7089-2013, así como la entrada de este blog del día 23.12.2013.
-Recurso de inconstitucionalidad n.º 1397-2014, contra diversos preceptos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
-Recurso de inconstitucionalidad n.º 1411-2014, contra diversos preceptos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
-Recurso de inconstitucionalidad n.º 1454-2014, contra los artículos 6; 14.2; 17, último inciso del párrafo primero y letras a) a d); 18.2, letras b) a f); 19; 20; 21.2 y 3; 23.2; 26; 27; disposición adicional décima y disposiciones finales primera, segunda y cuarta de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Nota: Entre otros preceptos, en estos recursos se impugnan los arts. 16, 17, 20 y la disposición final segunda, referidos, respectivamente, al libre acceso al ejercicio de actividades económicas y la exigencia de autorización en casos de necesidad, al reconocimiento en todo el territorio español de las actuaciones administrativas, así como a la modificación del art. 11.2 de la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Véase la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, así como la entrada de este blog del día 10.12.2013.
-Recurso de inconstitucionalidad n.º 1410-2014, contra los artículos 12.2, 3 y 4; 17; 18; 19.1; 21.2; 23; 24.4 y 5; 25.4; 27.1, 2, 3 y 4; 28.4, 5 y 6; 29; 30.2; 33; 34.1, 2 y 4; 35.1; 39; 40.3 y 4; 43.1, 2, 3 y 4; 44.4, 5 y 7; 45; 46.2 y 3; 47.2 a) y 6; 49; 50.1; la disposición final octava.1, en cuanto que invoca el artículo 149.1.23ª CE como habilitación competencial de los artículos anteriormente citados y de los apartados 1 al 7 del anexo VI; y la expresión "y supletoria" de la disposición final undécima in fine, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Nota: Entre otros preceptos, se impugnan los arts. art. 49 (consultas a otros Estados en los procedimientos de evaluación ambiental) y 50 (consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental).
Véase la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como la entrada de este blog del día 11.12.2013

lunes, 14 de abril de 2014

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


[Versión provisional, hasta tanto EURLex publique la versión html del DOUE, que permite acceder individualizadamente a cada disposición]

SENTENCIAS

-Asunto C-82/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 27 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) — Transportes Jordi Besora, S.L./Generalitat de Catalunya (Impuestos indirectos — Impuestos especiales — Directiva 92/12/ CEE — Artículo 3, apartado 2 — Hidrocarburos — Impuesto sobre las ventas minoristas — Concepto de «finalidad específica» — Transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas — Financiación — Afectación predeterminada — Gastos en medidas sanitarias y medioambientales)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 27.2.2014.

-Asunto C-351/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský soud v Plzni — República Checa) — (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. (Directiva 2001/29/CE — Derecho de autor y derechos afines en la sociedad de la información — Concepto de «comunicación al público» — Difusión de obras en las habitaciones de un establecimiento termal — Efecto directo de las disposiciones de la Directiva — Artículos 56 TFUE y 102 TFUE — Directiva 2006/123/CE — Libre prestación de servicios — Competencia — Derecho exclusivo de gestión colectiva de los derechos de autor)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 27.2.2014.

-Asunto C-470/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 27 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd Svidník — Eslovaquia) — Pohotovost' s. r. o./Miroslav Vašuta (Procedimiento prejudicial — Contrato de crédito al consumo — Cláusulas abusivas — Directiva 93/13/CEE — Ejecución forzosa de un laudo arbitral — Demanda de intervención en un procedimiento de ejecución — Asociación para la defensa de los consumidores — Normativa nacional que no permite tal intervención — Autonomía procesal de los Estados miembros)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 27.2.2014.

-Asunto C-1/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 27 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Francia) — Cartier parfums — lunettes SAS, Axa Corporate Solutions Assurance SA/Ziegler France SA, Montgomery transports Sàrl, Inko Trade s.r.o., Jaroslav Matěja, Groupama transport [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) no 44/2001 — Artículo 27, apartado 2 — Litispendencia — Artículo 24 — Prórroga de competencia — Determinación de la competencia del tribunal ante el que se presentó la primera demanda en virtud de la comparecencia de las partes sin formular objeciones o de la adopción de una resolución que haya adquirido firmeza]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 27.2.2014.

-Asunto C-79/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de febrero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Brussel — Bélgica) — Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri, representado por Selver Saciri y Danijela Dordevic, Sanela Saciri, representada por Selver Saciri y Danijela Dordevic, Denis Saciri, representado por Selver Saciri y Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest (Directiva 2003/9/CE — Normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros — Artículo 13, apartado 1 — Plazos para la concesión de las condiciones materiales de acogida — Artículo 13, apartado 2 — Medidas relativas a las condiciones materiales de acogida — Garantías — Artículo 13, apartado 5 — Establecimiento y concesión de las condiciones mínimas de acogida de los solicitantes de asilo — Importancia de la ayuda concedida — Artículo 14 — Modalidades de las condiciones de acogida — Saturación de las estructuras de acogida — Remisión de los solicitantes a los sistemas nacionales de protección social — Prestación de las condiciones de acogida en forma de asignaciones financieras)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 27.2.2014.

-Asunto C-25/13: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 30 de enero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo no 17 de Barcelona) — France Telecom España, S.A./Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona (Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/20/ CE — Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local que grava a los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia)
Objeto: Petición de decisión prejudicial — Juzgado de lo Contencioso-administrativo no 17 de Barcelona — Interpretación del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108, p. 21) — Cánones por derechos de uso y derechos de instalar equipos — Dominio público local — Cesión de derechos y cesión de la gestión del uso.

Fallo: "El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos."

Nota: Solamente dos pequeñas precisiones:
1) Sería deseable que los miembros de nuestro poder judicial se esmerasen a la hora de plantear cuestiones prejudiciales ante el TJUE y comprobasen que lo que preguntan no ha sido ya resuelto por el Tribunal. Luego pasa lo que pasa, como en el presente caso, en el que el Tribunal tiene que emitir un Auto porque la respuesta a la cuestión planteadas "puede deducirse claramente de la jurisprudencia".
2) Nuevo revés que le cae a España en materia de imposición, demostrando que el afán recaudatorio de nuestras Administraciones públicas empieza a ser patológico.

-Asunto C-430/13: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 16 de enero de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Fővárosi Ítélőtábla — Hungría) — Ilona Baradics y otros/QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam (Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos combinados — Normativa nacional que fija los porcentajes mínimos para la garantía con la que debe contar un organizador de viajes a fin de reembolsar los fondos depositados por los consumidores en caso de insolvencia)

Objeto: Petición de decisión prejudicial — Fővárosi Ítélőtábla — Interpretación de los artículos 7 y 9 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO L 158, p. 59) — Consumidores que celebraron, con un organizador de viajes, contratos de viajes en virtud de los cuales pagaron anticipos y, en algunos casos, el precio íntegro de los viajes — Organizador de viajes declarado insolvente antes del inicio de los viajes de dichos consumidores — Compatibilidad con dicha Directiva de una normativa nacional que establece porcentajes mínimos para la garantía con la que debe contar un organizador de viajes al objeto de rembolsar, en caso de insolvencia, los importes entregados por los consumidores.

Fallo:
"1) El artículo 7 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en la medida en que, atendidos los métodos de ésta, no garantice efectivamente al consumidor el reembolso de todos los fondos que hubiera depositado y su repatriación en caso de insolvencia del organizador de viajes. Corresponde al juez remitente determinar si es así en el caso de la normativa nacional controvertida en el litigio de que conoce.
2) El artículo 7 de la Directiva 90/314 debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no dispone de ningún margen de apreciación en cuanto al alcance de las contingencias que debe cubrir la garantía debida por el organizador o el detallista de viajes a los consumidores. Corresponde al juez remitente comprobar si el objeto o el efecto de los criterios establecidos por el Estado miembro interesado para la fijación del importe de esa garantía es limitar el alcance de las contingencias que ésta debe cubrir, en cuyo caso serían manifiestamente incompatibles con las obligaciones que se derivan de la mencionada Directiva y constituirían una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión que, sin perjuicio de la comprobación de la existencia de un nexo de causalidad directo, podría generar la responsabilidad del Estado miembro interesado."

[DOUE C112, de 14.4.2014]

Bibliografía - Novedad editorial


Acaba de aparecer la obra "El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 julio 2012. Análisis crítico", de la que es autor Javier Carrascosa González y que ha sido publicada por la Editorial Comares.

El libro estudia el Reglamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 julio 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo. El proceso de europeización del Derecho internacional privado en la UE ha dado un paso decisivo con este Reglamento. Se trata de un nuevo "reglamento total", que regula la competencia internacional de las autoridades, la Ley aplicable y la validez extraterritorial de decisiones en el sector sucesorio. Este texto refleja la voluntad del legislador europeo de construir, lenta pero inexorablemente, un Derecho internacional privado armónico, completo, y de alta calidad técnica para la UE.
Este Reglamento presenta, sin duda, elementos que suscitarán una fuerte controversia tanto teórica como puramente aplicativa. En general, cabe afirmar que, vistos sus objetivos generales, merece una valoración positiva. Atrás van a quedar más de veinte sistemas nacionales de Derecho internacional privado sucesorio de los Estados miembros, inaplicables a partir del momento de la plena aplicación del Reglamento. Sistemas sucesorios de Derecho internacional privado sucesorio, enfrentados e incompatibles entre sí, ceden paso a un sistema único europeo. El Reglamento presenta un ámbito de aplicación muy extenso con el objetivo, precisamente, de erigirse en el marco normativo de referencia en el sector sucesorio internacional en la UE y de evitar la consulta de los sistemas nacionales de Derecho internacional privado.
El Reglamento contiene soluciones jurídicas que van a facilitar la vida transfronteriza de los ciudadanos que circulan por el espacio judicial europeo. Entre tales soluciones cabe citar un sistema realista de foros de competencia internacional que pivota sobre la residencia habitual del causante, la unidad legal de la sucesión, la posibilidad de planificar la regulación jurídica de la sucesión por parte del causante a través, entre otros mecanismos, de la Professio Juris sucesoria, así como la creación de un certificado sucesorio europeo, herramienta destinada a permitir una ágil circulación de los bienes hereditarios y una protección de las posiciones jurídicas de los individuos que participan en el tráfico de tales bienes. Como es natural, la zona gris existe. Ciertos aspectos no pueden todavía ser valorados debido a que sólo su aplicación práctica revelará si hay más luz o hay más oscuridad en ellos. La cuestión más polémica será, con toda probabilidad, el papel de la residencia habitual como foro de competencia internacional y como criterio de Ley aplicable a la sucesión mortis causa. Jueces, notarios abogados y otros profesionales del Derecho están llamados a pronunciarse sobre la precisión concreta, en cada caso específico, del país donde el causante tuvo su última residencia habitual. La vida es compleja y rica en matices y surgirán múltiples supuestos en los que la discrepancia legal girará en torno a la identificación del país donde radica esa residencia habitual.
En todo caso, este nuevo instrumento jurídico europeo constituye un desafío de primera magnitud para los operadores jurídicos dedicados al Derecho internacional privado. En este apasionante reto vuelve a ponerse de relieve el poder del Derecho internacional privado para facilitar e impulsar la vida internacional de los particulares. Porque la función de los juristas especializados en el Derecho internacional privado es lograr que las fronteras, líneas marcadas en un mapa, no impidan a las personas aumentar su bienestar y realizar plenamente sus derechos.

Contenido de la obra:
SECCIÓN PRIMERA. ASPECTOS GENERALES
1. Sucesión mortis causa, Derecho Privado y Derecho internacional privado. Los distintos sistemas sucesorios.
2. Sucesión mortis causa internacional. Escenario normativo.
3. Reglamento 650/2012 de 4 julio 2012 sobre sucesiones mortis causa. Aspectos generales.
4. Reglamento 650/2012 de 4 julio 2012 sobre sucesiones mortis causa. Ámbito de aplicación.

SECCIÓN SEGUNDA. COMPETENCIA INTERNACIONAL
5. Competencia judicial internacional y sucesiones mortis causa. Aspectos básicos.
6. Competencia judicial internacional y sucesiones mortis causa. Caracteres generales del sistema de competencia.
7. Foro de la nacionalidad del causante.
8. Foro de la residencia habitual del causante.
9. Foro global de la situación de los bienes de la herencia.
10. Foro parcial de la situación de los bienes de la herencia.
11. Foro de necesidad.
12. Competencia judicial internacional y sucesiones mortis causa. Reglas específicas.
13. Competencia judicial internacional y sucesiones mortis causa. Reglas de funcionamiento.

SECCIÓN TERCERA. LEY APLICABLE A LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA
14. Ley aplicable a la sucesión mortis causa. Aspectos generales.
15. Ley aplicable a la sucesión mortis causa. Primera conexión. Ley nacional del causante elegida por éste.
16. Ley aplicable a la sucesión mortis causa. Segunda conexión. Ley del país de la residencia habitual del causante.
17. Ley aplicable a la sucesión. Cláusula de excepción.
18. Ámbito de la ley reguladora de la sucesión.
19. Cuestiones sucesorias sometidas a conexión especial.
20. Ley aplicable a la sucesión y derechos reales sobre los bienes de la herencia.
21. Ley aplicable a los testamentos y a los testamentos mancomunados.
22. Ley aplicable a los pactos sucesorios.
23. Ley aplicable a la forma de las disposiciones testamentarias.
24. Sucesión mortis causa internacional y trust.
25. Problemas de aplicación de las normas de conflicto del Reglamento 650/2012 (I). Orden público internacional.
26. Problemas de aplicación de las normas de conflicto del Reglamento 650/2012 (II). Remisión a sistemas plurilegislativos. Calificación. Prueba del derecho extranjero.
27. Problemas de aplicación de las normas de conflicto del Reglamento 650/2012 (III). Fraude Ley en Derecho internacional privado.
28. Problemas de aplicación de las normas de conflicto del Reglamento 650/2012 (IV). Reenvío.

SECCIÓN CUARTA. VALIDEZ EXTRATERRITORIAL DE DECISIONES Y CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO
29. Validez extraterritorial de decisiones en el sector sucesorio y Reglamento 650/2012. Aspectos generales.
30. Reconocimiento incidental de resoluciones sucesorias en el Reglamento 650/2012.
31. Reconocimiento por homologación de resoluciones sucesorias en el Reglamento 650/2012.
32. El exequatur de resoluciones sucesorias en el Reglamento 650/2012. Primera instancia.
33. El exequatur de resoluciones sucesorias en el Reglamento 650/2012. Recursos y ulteriores instancias.
34. Documentos públicos y transacciones judiciales en el sector sucesorio.
35. Certificado sucesorio europeo.

CONSIDERACIONES FINALES
Ficha técnica:
J. Carrascosa González
"El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 julio 2012. Análisis crítico"
Granada, Editorial Comares, Colección 'Ciencia Jurídica y Derecho Internacional', 2014
368 págs. - 30 € (IVA inc.)
ISBN: 9788490451526

domingo, 13 de abril de 2014

Mesa Redonda sobre "Empresas Multinacionales y Derechos Humanos" (Universidad de Alcalá, 22 de abril)


"EMPRESAS MULTINACIONALES Y DERECHOS HUMANOS"
Mesa Redonda
Universidad de Alcalá
Sala de Grados de la Facultad de Derecho
(22 de abril de 2014, a las 13:00 hrs.)

Presentación del libro "La responsabilidad de las multinacionales por violaciones de derechos humanos"

Modera: Prof. Carlos Jiménez Piernas, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Alcalá

Presentación del libro a cargo de Jesús García Cívico, Profesor Ayudante Doctor de Filosofía del Derecho de la Universidad Jaume I de Castellón

Participantes:
  • Prof. Francisco Javier Zamora Cabot, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Jaume I de Castellón
  • Prof. Ignacio Aymerich Ojea, Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Jaume I de Castellón
  • Prof. Fernando Lozano Contreras, Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Alcalá
  • Prof. Alberto Muñoz Fernández, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Navarra
  • Prof. Francisco Pascual Vives, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Alcalá

La responsabilidad de las empresas multinacionales por violaciones de los derechos humanos atrae actualmente la atención de múltiples perspectivas, tales como las instancias de decisión nacionales e internacionales, los ámbitos académicos dentro de un contexto de interdisciplinariedad, y la sociedad civil, a través de organizaciones no gubernamentales (ONG). Todo este interés está sólidamente fundamentado en la importancia real del problema, dado que las afectaciones de los derechos humanos en este ámbito son, desgraciadamente, de enorme entidad a lo largo y ancho del mundo. Como reflejos de lo anterior se encuentran las iniciativas a cargo de la comunidad internacional, que se vehiculan a través de las Naciones Unidas, siendo ejemplo de estas últimas los principios recientemente avanzados por John Ruggie y sus vías de puesta en práctica, acompasando la acción de otras organizaciones al margen del sistema de las Naciones Unidas, como la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Aspectos como los referidos a los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y sus efectos sobre los derechos humanos, el llamado “acaparamiento de tierras” (Land Grabbing), los problemas generados por los sectores extractivos de minerales y combustibles fósiles o los referidos a los efectos de la actuación de las empresas multinacionales sobre las minorías étnicas y poblaciones indígenas, entre otros, son temas de gran amplitud que gozan además de extraordinario interés y vigencia.

En este contexto, el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá ha decidido, en colaboración con la Universidad Jaume I de Castellón, organizar esta mesa redonda dentro de las actividades promovidas por la Cátedra Democracia y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de España, en la que distintos expertos ofrecerán su visión general sobre estas materias. Un esfuerzo que trae su origen en la celebración del primer seminario científico sobre derecho internacional y comparado, organizado en mayo de 2011 en la Universidad de Alcalá en colaboración con el Instituto Suizo de Derecho Comparado,y de otro seminario específico sobre la materia que en mayo de 2012 realizó la Universidad Jaume I de Castellón a cargo del Grupo de estudio sobre el derecho internacional privado y los derechos humanos.

Como cierre del acto, tendrá lugar la presentación del libro “La responsabilidad de las multinacionales por violaciones de derechos humanos”, monografía de la serie 'Cuadernos Democracia y Derechos Humanos, editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá y el Defensor del Pueblo de España.

Sobre la obra "La responsabilidad de las multinacionales por violaciones de derechos humanos" véase la entrada de este blog del día 12.2.2014.

Revista de revistas (6 a 13 de abril)


-Aranzadi Civil-Mercantil: 2014, vol. 1, núm. 10.
-Europa e Diritto Privato: 2013, núm. 4.
-Revue Internationale de Droit Comparé: 2014, núm. 1.
-Unión Europea Aranzadi: 2014, núm. 1.

sábado, 12 de abril de 2014

DOUE de 12.4.2014


[Versión provisional, hasta tanto EURLex publique la versión html del DOUE, que permite acceder individualizadamente a cada disposición]

-Decisión del Consejo, de 11 de febrero de 2014, relativa a la firma, en nombre de la Unión, y la aplicación provisional del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega sobre las modalidades de su participación en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo.
Nota: Mediante este acto se autoriza la firma en nombre de la Unión del Acuerdo entre la UE y Noruega sobre las modalidades de la participación de Noruega en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (véase la siguiente referencia de esta misma entrada).
Véase el Reglamento (UE) no 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo, así como la entrada de este blog del día 29.5.2010.
-Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega sobre las modalidades de su participación en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo.

[DOUE L109, de 12.4.2014]

-Información de la Comisión sobre las notificaciones de los Estados miembros de los casos de no reciprocidad, de conformidad con el artículo 1, apartado 4, letra a), del Reglamento (CE) no 539/2001 del Consejo, modificado por el Reglamento (UE) no 1289/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Nota: El art. 1.4.a) del Reglamento (CE) no 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, prevé que en el plazo de 30 días desde la aplicación por un tercer país de la obligación de visado o, en caso de que se mantenga la obligación de visado vigente a 9.1.2014, en el plazo de 30 días desde esta fecha, el Estado miembro afectado se lo notificará por escrito al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión.
La Comisión ha recibido notificaciones de cinco Estados miembros (Bulgaria, Croacia, Chipre, Polonia, Rumania), que son las que ahora se publican.
-Ejemplos de permisos de residencia expedidos por los Estados miembros (artículo 34, apartado 1, del Código de fronteras Schengen)
Nota: Mediante este acto se informa que los ejemplares de los permisos o las tarjetas de residencia notificados con arreglo al art. 34.1 del Código de fronteras Schengen se publican en la página web de la Dirección General de Asuntos de Interior.
[DOUE C111, de 12.4.2014]

BOE de 12.4.2014


-Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4922-2012, en relación con el párrafo cuarto y quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.
-Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2253-2013, en relación con los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.
-Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2255-2013, en relación con los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.
-Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2256-2013, en relación con los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.
-Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4367-2013, en relación con los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.
-Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4934-2013, en relación con los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.
-Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4935-2013, en relación con los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.
-Cuestión de inconstitucionalidad n.º 388-2014, en relación con los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.
Nota: Los ocho Autos anteriores declaran extinguidas las correspondientes cuestiones de inconstitucionalidad planteadas debido a la desaparición sobrevenida de su objeto tras la sentencia del Sentencia del Tribunal Constitucional de 11.3.2014, en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 932-2012, en la que se declaró inconstitucional y nulo el art. 174.3, párrafo 5º, de la Ley General de la Seguridad Social por entender que vulneraba el derecho a la igualdad al establecer, según la Comunidad Autónoma de residencia, distintos requisitos para el acceso a la pensión de viudedad en los casos de parejas de hecho. Véase la entrada de este blog del día 28.3.2014.
Sobre las mencionadas cuestiones de inconstitucionalidad véanse las entradas de este blog del día 12.10.2012, del día 12.6.2013, del día 7.10.2013 y del día 15.2.2014.

viernes, 11 de abril de 2014

"Las situaciones jurídicas transfronterizas en el S. XXI" (I Congreso Internacional de Derecho Internacional Privado -Millennium-) (Murcia, 19 y 20 de junio de 2014)


I Congreso Internacional de Derecho Internacional Privado -Millennium-
"Las situaciones jurídicas transfronterizas en el S. XXI"
Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Universidad de Murcia
(Días: 19 y 20 de junio 2014)

En el marco de las actividades programadas para este año, Millennium presenta el I Congreso Internacional de Derecho Internacional Privado -Millennium que se celebrará los días 19 y 20 de junio en la Universidad de Murcia. En él se darán cita profesionales del ámbito jurídico que debatirán sobre temas de actualidad del Derecho Internacional Privado.

PROGRAMA PROVISIONAL

Jueves, 19 de junio

16’30 hrs. RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES
17’00 hrs. PRESENTACION DEL CONGRESO
INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL: Dra. Dña. Magnolia Pardo López. Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia
CONFERENCIA INAUGURAL: “Derecho Internacional Privado y actividad consular”, por D. Luis Pertusa. Diplomático. Representante oficial de España en Sudán del Sur
17’45 hrs Pausa

18’00 hrs. Panel (1) “La practica del Derecho Internacional Privado ante algunas situaciones transfronterizas recientes”
  • “Ejecución sin exequatur en la U.E. el Reglamento 1215/2012 (Bruselas I-bis)”, por Dr. D. Javier Carrascosa González, Catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Murcia (Coordinación y Dirección Millennium)
  • “Elección de Tribunales y Reglamento Bruselas I-bis 1215/2012”, por Dra. Dña. Mª Dolores Ortiz Vidal, Profª en formación de Derecho Internacional Privado, Universidad de Murcia
  • “Adopciones de mayores de edad y menores emancipados: una aproximación a la práctica”, por Dña. Mª Jesús Sanchez Cano, Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Zaragoza y Profª Asociada de Derecho Internacional Privado, Universidad de Zaragoza
  • “Torpedo actions, litispendencia y Reglamento Bruselas I-bis 1215/2012”, por Dña. Asunción Cebrián Salvat, Becaria Seneca en Derecho Internacional Privado, Universidad de Murcia
  • “Coproducciones cinematográficas: Perspectiva internacional privatista”, por D. Álvaro Gimeno Ruiz, Responsable de marketing & Comunicación Millennium
  • “Lugar del daño y productos defectuosos. Aspectos de competencia judicial internacional”, por Dña. Isabel Lorente Martínez, Profª Asociada de Derecho Internacional Privado, Universidad de Zaragoza
19’15 hrs. ENCUENTRO MILLENNIUM EN REDES SOCIALES CON NUESTROS SEGUIDORES EN TWITER Y FACEBOOK
Coordinan: (Dirección Millennium) Dra. Mª Pilar Diago Diago, Catedrática ACR y Prof. Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Zaragoza y Dr. Javier Carrascosa Gonzalez, Catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Murcia

Viernes, 20 de junio

10,00 hrs. ACTO DE ACOGIDA INSTITUCIONAL: presentación del Segundo panel y Sesión Plenaria, por el Dr. D. David Lorenzo Morillas Fernández. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia
  • "¿Libre circulación de Sentencias y documentos por las fronteras interiores de la Unión Europea”, por Dra. Dña. Mercedes Moya Escudero, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universidad de Granada, y Directora del Master Propio de Derecho de Extranjería de la Universidad de Granada
  • "El Reglamento sucesorio Europeo 650/2012”, por Dr. D. Andrés Rodríguez Benot, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y Asesor de la Comisión Europea en materia de Derecho Internacional Privado
  • "Las transacciones internacionales del crédito bancario: Las declaraciones de intención”, por Dra. Dª. Mª Pilar Diago Diago, Catedrática ACR y Prof. Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad de Zaragoza (Coordinación y Dirección Millennium)
  • "Residencia habitual y sucesión mortis causa en el Espacio Judicial Europeo”, por Dr. D. Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid, y Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación
11’15 hrs. Pausa- Café

11’45:
  • "Expropiación de YPF en Argentina y el mercado global de los petróleos no convencionales", por D. Alfredo Barbeito (Argentina), Bufete Abellán & Seuberlich Abogados Rechtsanwälte
  • “Práctica consular y Derecho Internacional Privado”, por D. Luis Pertusa, Diplomático y Representante oficial de España en Sudán del Sur
  • “Maternidad subrogada en el extranjero. La STS 6 febrero 2014”, por Dr. D. Javier Carrascosa González, Catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Murcia (Coordinación y Dirección Millennium)
12’15 hrs. Mesa de debate
13.30 hrs. Final de la sesión plenaria

17’30 hrs. PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Modera: Dra. Dª Mª de los Ángeles Sánchez Jiménez, Profª. Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad de Murcia

19’30 hrs. ACTO DE CLAUSURA

Comité Científico: Profa. Dra. Dña. Alessandra Zanobetti (Catedrática de Derecho Internacional Privado, Università di Bologna); Prof. Dr. D. Francesco Seatzu. Catedrático de Derecho internacional. Università di Cargliari Profa. Dra. Dña. Elena Zabalo Escudero Escudero (Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universidad de Zaragoza); Prof. Dr. D. Andrés Rodríguez Benot (Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla); Profa. Dra. Dña. María Del Pilar Blanco Morales-Limones (Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universidad de Extremadura); Prof. Dr. D. Alfonso-Luis Calvo Caravaca (Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid); Profa. Dra. Dña. María del Pilar Diago Diago (Universidad de Zaragoza) y Prof. Dr. D. Javier Carrascosa González (Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad de Murcia)

Comité Organizador: Prof. Dr. D. Javier Carrascosa González (Universidad de Murcia); Profa. Dra. Dña. María del Pilar Diago Diago (Universidad de Zaragoza); Dra. Dña. María Dolores Ortiz Vidal (Universidad de Murcia); Dña. María Asunción Cebrián Salvat (Universidad de Murcia); Prof. Dr. D. Julio Sigüenza López (Universidad de Murcia); D. Joaquín Jesús Martínez Navarro (Universidad de Murcia)

Inscripciones hasta el día 30 de mayo de 2014:
- La inscripción es gratuita hasta cubrir aforo.
- La inscripción para asistir al Congreso es imprescindible. Debe realizarse enviando los siguientes datos (Nombre y apellidos; DNI; teléfono de contacto; dirección postal; población; código postal; correo electrónico; profesión / institución) a la dirección de correo: plataformamillennium (at) plataformamillennium.com
- Los asistentes recibirán certificado de asistencia.
Envío de comunicaciones:
Los interesados en enviar comunicación deben seguir las instrucciones de redaccción y enviar su propuesta a la dirección (plataformamillennium (at)plataformamillennium.com) antes del 30 de mayo de 2014.

Programa provisional [aquí]

DOUE de 11.4.2014


-Decisión 2014/198/PESC del Consejo, de 10 de marzo de 2014, relativa a la firma y la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República Unida de Tanzania sobre las condiciones de entrega, por la fuerza naval dirigida por la Unión Europea a la República Unida de Tanzania, de sospechosos de piratería y de los bienes incautados relacionados.
Nota: Mediante el presente acto se aprueba en nombre de la Unión el Acuerdo entre la UE y la República de Tanzania sobre las condiciones de entrega, por la fuerza naval dirigida por la Unión Europea a la República Unida de Tanzania, de sospechosos de piratería y de los bienes incautados relacionados (véase la siguiente referencia de esta misma entrada).
-Acuerdo entre la Unión Europea y la República Unida de Tanzania sobre las condiciones de entrega, por la fuerza naval dirigida por la Unión Europea a la República Unida de Tanzania, de sospechosos de piratería y de los bienes incautados relacionados.

BOE de 11.4.2014


-Circular de 3 de abril de 2014, de la Dirección General de Comercio e Inversiones, relativa al procedimiento y tramitación de las importaciones e introducciones de mercancías y sus regímenes comerciales.
Nota: En el número primero se afirma que "se actualiza íntegramente el texto de la Circular de 1 de marzo de 2010 de la Secretaría General de Comercio Exterior relativa al procedimiento y tramitación de las importaciones e introducciones de mercancías y sus regímenes comerciales [...], quedando sustituido por el texto de la presente Circular (véase la entrada de este blog del día 10.3.2010). Por otra parte, en el número tercero se establece que "por la presente Circular dejan tener eficacia todas las Circulares anteriores relativas al procedimiento y tramitación de las importaciones e introducciones de mercancías y sus regímenes comerciales". La indeterminación no puede ser mayor: "todas las Circulares anteriores". Parece que la Circular 1 de marzo de 2010 no entra en esta derogatoria, porque "se actualiza íntegramente" su texto, "quedando sustituido por el texto de la presente Circular".
-Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de León n.º 4 por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa al no indicarse el carácter legal o convencional del régimen de gananciales de los compradores.
Nota: El problema abordado en esta Resolución es si la expresión contenida en el punto primero del otorgamiento de un escritura de compraventa («...venden la finca descrita a los cónyuges… que la compran con carácter ganancial») es suficiente a efectos de consignar el régimen económico matrimonial de los adquirentes o si, como estima la registradora, debe constar si dicho régimen es el legal por falta de otorgamiento de capitulaciones, o convencional, en cuyo caso deben indicarse la identificación de las capitulaciones matrimoniales y su inscripción en el Registro Civil.
La DGRN empieza por recordar que el régimen económico matrimonial de gananciales puede ser el régimen legal supletorio, en defecto de capítulos, cuando así lo determine la aplicación de las normas de Derecho interregional, o uno de los posibles regímenes convencionales. A pesar de que en ocasiones no es tarea sencilla determinar el régimen legal supletorio, a la hora de redactar el instrumento público conforme a la voluntad común de los otorgantes –que deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico–, el Notario debe desplegar la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es el régimen económico matrimonial que rige entre los esposos. El art. 159 RN determina que si dicho régimen fuere el legal bastará la declaración del otorgante, lo cual ha de entenderse en el sentido de que el Notario, tras haber informado y asesorado en Derecho a los otorgantes y basándose en las manifestaciones de éstos (que primordialmente versan sobre datos fácticos como su nacionalidad o vecindad civil al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos –arts. 9.2 y 16.3 Cc–), concluirá que su régimen económico matrimonial, en defecto de capítulos, será el legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa al carácter legal de dicho régimen al recoger la manifestación de los otorgantes en el instrumento público de que se trate. Por tanto, no cabe una manifestación genérica del régimen económico matrimonial, sin especificar si es el legal supletorio o el convencional. Todo lo anterior es aplicable a cualquier otro régimen legal supletorio que resulte aplicable conforme a las normas de Derecho interregional.
Si bien la constancia del régimen económico matrimonial (al igual que el estado civil de los otorgantes) en la escritura procede en primera instancia de la manifestación de los contratantes, la eficacia de dicha manifestación hay que interpretarla en el contexto de la fuerza probatoria propia de la escritura pública conforme al art. 1.218 Cc, que limita la fehaciencia de dichos títulos en cuanto al contenido de las manifestaciones vertidas en el mismo a los propios contratantes y sus herederos, pero negándola respecto de terceros. El Tribunal Supremo (Sala Tercera) en su Sentencia de 20 de mayo de 2008 afirmó en relación con el art. 159 RN y la constancia de las circunstancias indicadas en dicho precepto que "no se trata, por lo tanto, de acreditar la realidad de tales circunstancias sino de su mera expresión y constancia en el documento, de manera que la fe pública notarial se limita a las manifestaciones de los comparecientes en tal sentido sin otro alcance. No hay, por lo tanto, constatación de la acreditación de tales circunstancias de estado civil o régimen económico matrimonial sino de las manifestaciones de los otorgantes al respecto y como tal ha de valorarse, en su caso, por los funcionarios a los que la Ley atribuye la facultad de examen o calificación a los efectos oportunos". Por tanto, el registrador ha de valorar tales manifestaciones sobre las circunstancias de estado civil y de régimen económico del matrimonio precisamente como meras manifestaciones y no como medios de prueba fehaciente de tales extremos.
Por tanto, lo que es suficiente a los efectos de vincular a las partes, resulta insuficiente para vincular o perjudicar a terceros. La oponibilidad a terceros requiere publicidad y ésta queda sujeta al previo filtro de la calificación registral (arts. 18 y 32 LH). Así se desprende también de la citada Sentencia del TS de 20.5.2008, cuando examina el párrafo quinto del art. 159 RN, conforme al cual si el régimen económico matrimonial fuese el establecido en capitulaciones "será suficiente, a todos los efectos legales, que se le acredite al Notario su otorgamiento en forma auténtica". Al ser el Registro de la Propiedad una institución de carácter cautelar y con función de garantía preventiva, ha de imponer a través de la calificación previa del título el cumplimiento de todos los requisitos legales que den al acto publicado la consistencia necesaria para justificar su afectación a terceros. Al producir los asientos del Registro de la Propiedad efectos de legitimación y fe pública registral (arts. 34 y 38 LH), no sería lógico que los títulos tuvieran entrada en el Registro sin control de legalidad.
todo lo anterior resulta igualmente aplicable al caso de que las expresiones vertidas en la escritura relativas al régimen matrimonial no establezcan claramente el carácter legal o paccionado del mismo, no pudiéndose presumir que la falta de referencia concreta a dicho carácter implique que el régimen es el legal. Primero, porque la presunción de aplicación del régimen económico legal por razón de vecindad, que podría reforzar la admisión de la presunción del origen del régimen por mera manifestación del otorgante, ha quedado eliminada por la sentencia antes citada, al declarar anulado el inciso «y la vecindad por el lugar de otorgamiento, salvo que manifieste el interesado otra cosa» del art. 161 RN. Segundo, porque como bien dice la parte recurrente el régimen de gananciales puede ser paccionado, y en este sentido no puede afirmarse que, como en cualquier caso el bien se adquiere con carácter ganancial, es indiferente si el régimen de gananciales es el legal o el pactado.
De acuerdo con los arts. 1375 Cc y 96.1, que el régimen de gananciales sea legal o paccionado puede determinar que el desenvolvimiento en el tráfico jurídico de los bienes sujetos a este último difiera del regulado en el Código Civil, al poder modificarse tanto la gestión como la disposición de los mismos. Consecuentemente, será necesario el reflejo de los pactos, que resulten admisibles dentro de los límites del contenido de las capitulaciones y previa calificación de estas por el registrador, en su inscripción. Además, tal y como se ha dicho, lo que es suficiente a los efectos de vincular a las partes, resulta insuficiente para vincular o perjudicar a terceros y es a éstos a los que va dirigida la protección registral, por lo que la constatación expresa del carácter legal del régimen matrimonial, cualquiera que sea, es fundamental para que quien acuda al Registro conozca las disposiciones que le son aplicables a los inmuebles conforme a su carácter y a los pactos capitulares que hayan tenido acceso al Registro, sin poder fiar dicha normativa a una mera manifestación implícita de su inexistencia. Carecería de sentido que, si el Notario debe precisar el tipo elegido entre los posibles regímenes convencionales, no haya de hacer una precisión equivalente –la relativa a su carácter legal– aun cuando tal régimen derive de la aplicación de las normas regulan los posibles conflictos de Derecho interregional, desvaneciendo así toda posible duda sobre origen legal o convencional del régimen económico matrimonial reseñado en la escritura.
Por todo lo anterior, la DGRN desestima el recurso y confirma la nota de calificación de la registradora.

jueves, 10 de abril de 2014

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (10.4.2014)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 10 de abril de 2014, en el Asunto C‑190/12 (Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company): Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Artículos 63 TFUE y 65 TFUE — Impuesto sobre la renta de las personas jurídicas — Diferencia de trato entre los dividendos pagados a fondos de inversión residentes y no residentes — Exclusión de la exención fiscal — Restricción injustificada.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 63 TFUE, relativo a la libre circulación de capitales, se aplica en una situación, como la controvertida en el asunto principal, en la que, en virtud de la normativa fiscal nacional, los dividendos pagados por sociedades establecidas en un Estado miembro a un fondo de inversión establecido en un Estado tercero no son objeto de exención fiscal, mientras que los fondos de inversión establecidos en ese Estado miembro gozan de tal exención.
2) Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE han de interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa fiscal de un Estado miembro, como la controvertida en el asunto principal, en virtud de la cual no pueden gozar de una exención fiscal los dividendos pagados por sociedades establecidas en ese Estado miembro a un fondo de inversión situado en un Estado tercero, siempre que exista entre ese Estado miembro y el Estado tercero de que se trate una obligación convencional de asistencia administrativa mutua que permita a las autoridades tributarias nacionales comprobar la información remitida, en su caso, por el fondo de inversión. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente, en el asunto principal, examinar si el mecanismo de intercambio de información previsto en esa relación de cooperación permite efectivamente que las autoridades tributarias polacas comprueben, en su caso, la información facilitada por los fondos de inversión establecidos en el territorio de los Estados Unidos de América sobre los requisitos relativos a la creación y al desarrollo de sus actividades, con el fin de determinar si operan dentro de un marco normativo equivalente al de la Unión."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 10 de abril de 2014, en el Asunto C‑435/12 (ACI Adam y otros): Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Directiva 2001/29/CE — Artículo 5, apartados 2, letra b), y 5 — Derecho de reproducción — Excepciones y limitaciones — Reproducción para uso privado — Carácter legal del origen de la copia — Directiva 2004/48/CE — Ámbito de aplicación.
Fallo del Tribunal:
"1) El Derecho de la Unión, en particular el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, en relación con el apartado 5 de dicho artículo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no distingue la situación en la que la fuente a partir de la que se realiza una reproducción para uso privado es lícita de aquella en la que dicha fuente es ilícita.
2) La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a un procedimiento, como el controvertido en el litigio principal, en el que quienes han de abonar la compensación equitativa solicitan al tribunal remitente que dicte sentencias declarativas en contra del organismo responsable de percibir y distribuir esta remuneración entre los titulares de los derechos de autor, que se opone a esta pretensión."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. NILS WAHL, presentadas el 10 de abril de 2014, en los Asuntos acumulados C‑58/13 y C‑59/13 (Torresi): [Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Consiglio Nazionale Forense (Italia)] Concepto de “órgano jurisdiccional” de un Estado miembro – Consiglio Nazionale Forense – Independencia – Imparcialidad – Artículo 3 de la Directiva 98/5/CE – Validez – Ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto del aquel en el que se ha obtenido el título – Abuso de Derecho – Respeto de la identidad nacional.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) El artículo 3 de la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, se opone a la práctica por parte de un Estado miembro de denegar, por motivos de fraude de Derecho, la inscripción en la sección especial del registro de un Colegio de abogados reservada para los abogados con título extranjero de los nacionales de ese Estado miembro que poco después de obtener el título profesional en otro Estado miembro regresan al primer Estado miembro.
2) El examen de la segunda cuestión planteada no ha revelado ningún aspecto que afecte a la validez del artículo 3 de la Directiva 98/5."

DOUE de 10.4.2014


Reglamento (UE) no 361/2014 de la Comisión, de 9 de abril de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los documentos de transporte internacional de viajeros en autocares y autobuses y se deroga el Reglamento (CE) no 2121/98.
Nota: Véase el Reglamento (CE) nº 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, así como la entrada de este blog del día 14.11.2009.
Con el presente Reglamento se establecen las normas por las que se rige la utilización de los documentos de control previstos en el art. 12 del Reglamento (CE) no 1073/2009, así como las modalidades de comunicación a los Estados miembros de los nombres de los transportistas que efectúan los servicios discrecionales y de los puntos de transbordo. Igualmente, se modifican, por razones de simplicidad, la hoja de ruta para los servicios discrecionales internacionales y para los transportes de cabotaje en forma de servicios discrecionales y se establece que la hoja de ruta utilizada como documento de control para los transportes de cabotaje en forma de servicios regulares especiales se rellene en forma de informe recapitulativo mensual. Finalmente, se unifican los modelos para la comunicación por parte de los Estados miembros a la Comisión de la información estadística relativa al número de autorizaciones de servicios regulares y de transportes de cabotaje.
Se deroga el Reglamento (CE) nº 2121/98 de la Comisión, de 2 de octubre de 1998, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CEE) nº 684/92 y (CE) nº 12/98 del Consejo en lo relativo a los documentos de transporte de viajeros en autocares y autobuses.

I Congreso sobre 'Nuevas Perspectivas Jurídicas de las Transacciones Euro-Americanas' (5-6 junio 2014)


NUEVAS PERSPECTIVAS JURÍDICAS DE LAS TRANSACCIONES EURO-AMERICANAS
(I Congreso de Derecho Internacional Económico y de los Negocios Internacionales)
Salón de Grados de la Facultad de Derecho
Universidad Complutense de Madrid
(5 y 6 de junio de 2014)

Programa Provisional

Primer panel: Los tratados de libre comercio de nueva generación
Ponencia: Julio A. García López (Universidad Complutense de Madrid): El proyectado tratado de libre comercio entre la UE y los EE UU

Segundo panel: El estado de la protección de inversiones en las transacciones euroamericanas

Presidencia: Francisco Fonseca Murillo, Director de la Representación la Comisión en España de la Unión Europea

Ponencias:
Celia Perez Ibañez (Subdirectora General adjunta de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones Dirección General de Comercio e Inversiones): La nueva política de la Unión Europea de protección de inversiones y América Latina
Gilberto Boutin (Decano de la Facultad de Derecho de Panamá): La bilateralidad de la regla de protección de la Doctrina Calvo a la Convención de Washington

Comunicaciones:
Bernardo Cremades, Jr. (Cremades y Asociados): Nuevas perspectivas de la protección de inversiones ante la apertura de los mercados en América latina
Leidylin Contreras Ramírez (Asesoria Jurídica del Presidente República Dominicana): Las protecciones sustantivas y procesales en el marco de los acuerdos bilaterales de inversión
Lourdes Dávalos León (Uria Abogados): La regulación de la zona Especial de Desarrollo Mariel: nueva puerta en Cuba para la inversión y las transacciones económicas internacionales
Fernando Ramírez Roca (Abogado): Las limitaciones a la libertad de inversiones: el orden público como necesidad o como excusa
José Pablo Sala Mercado, (Araya-Sala Mercado abogados, Córdoba, Argentina): La actualidad de la inversión extranjera en Argentina: una realidad que despierta inseguridad
Juan Carlos Vargas Álvarez (Abogado, Bolivia): El impacto sobre el régimen internacional de la inversión extranjera de la denuncia del Convenio CIADI por parte de Bolivia, Ecuador y Venezuela

Tercer panel: Los procesos de unificación de legislaciones en Europa y en América Latina

Ponente: Sixto A. Sánchez Lorenzo (Universidad de Granada): Los principios de los contratos internacionales en el área del Caribe

Comunicaciones:
Darío Sandoval Shaik (Estudio Jurídico Araúz): Las condiciones generales de seguro en una perspectiva unificadora internacional

Cuarto panel: Contratación internacional y arbitraje en las transacciones euro-americanas

Ponencias:
José Carlos Fernández Rozas (Universidad Complutense): El arbitraje comercial internacional en las transacciones euro-americanas

Comunicaciones:
Horacio Andaluz Vegacenteno [Abogado y árbitro (CAINCO), Profesor de Derecho (UPSA) (Bolivia)]: Aplicación de la Convención de Nueva York: dos supuestos jurisprudenciales de reconocimiento de laudos anulados
Mariano López Arcediano (Abogado): Arbitraje Abertis-Bolivia expropiación Aeropuertos Bolivianos
Juan Carlos Araúz Ramos (Estudio Jurídico Araúz): La nueva legislación panameña de arbitraje

Conferencias extraordinarias
François Vuillemin (Directeur auprès du Secrétariat général Foundation de l’Ocean Indién): Los acuerdos de doble imposición: ¿una estrategia de desarrollo viable? El caso de la República de Mauricio

Abierto el plazo para presentar Ponencias y comunicaciones: vfuentes (at)ucm.es