domingo, 18 de noviembre de 2018

Bibliografía - Novedad Editorial


Acaba de publicarse la obra "Régimen jurídico de las operaciones internacionales de consumo en los servicios turísticos digitales", de la que es autor David Carrizo Aguado y que ha sido editada por la Editorial Dykinson.

La globalización en la que estamos inmersos ha conllevado a que la distribución digital en la esfera turística, constituya un fenómeno de imparable evolución y con ello la incorporación de nuevas fórmulas de contratación facilitando así, la actividad transfronteriza entre los diversos operadores jurídicos. El turista-consumidor, que actúa a través de la Red, ve su condición de debilidad aumentada por las características del medio virtual, puesto que asume fácilmente el riesgo de adentrarse en un ordenamiento jurídico extranjero que no conoce.
Desde el ámbito ius internacional privatista se pretende ofrecer sendas respuestas encaminadas a eliminar los problemas a los que se enfrenta tal “colectivo”, teniendo en cuenta que la coexistencia de una pluralidad de normas, tanto internas como internacionales, no deben suponer indefensión para el turista necesitado de tutela. Generalmente, en la contratación vía Internet, cada parte contratante está situada en países diferentes necesitándose por tanto, determinar qué país atrae para sí la competencia judicial internacional así como el derecho aplicable a tal situación transfronteriza.
En la UE están vigentes normas estrictas de protección hacia los consumidores, sin embargo, en la práctica se han puesto de manifiesto dificultades para obtener un determinado resarcimiento cuando se produce una violación de sus derechos, especialmente a nivel internacional. De este modo, el turista-consumidor puede ser concebido como el núcleo central de un entramado de relaciones jurídicas en el campo del Derecho contractual, pues en muchas de las ocasiones se verá abrazado por múltiples incumplimientos llevados a cabo por empresas multinacionales. Esta complejidad se acrecienta si tenemos en cuenta que el turista es consumidor, cuyas normas esencialmente tuitivas, de alguna manera distorsionan el régimen general con el objeto de brindarle una debida protección; en este sentido, la autonomía de la voluntad y la capacidad de las partes pierden gran parte de su significado original.

Extracto del índice de la obra:
INTRODUCCIÓN
1. LA IMPORTANCIA DEL TURISMO INTERNACIONAL: UNA REALIDAD EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
2. POLÍTICA TURÍSTICA EN EL SENO DE LA UE: MERCADO ÚNICO DIGITAL Y LAS TRANSACCIONES EN LÍNEA
A. Actuaciones comunitarias
B. Mercado Único Digital
C. Transacciones en línea
3. ADECUACIÓN DEL TURISMO EN LA ESFERA TRANSNACIONAL DEL DERECHO PRIVADO

CAPÍTULO I. LA SITUACIÓN TRANSFRONTERIZA EN LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DE SERVICIOS TURÍSTICOS
I. ASPECTOS PRELIMINARES DE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN INTERNET
1. Observaciones iniciales
2. Tratamiento especial para el turista
A. El turista: parte débil del contrato
B. «Caos para el turista»: la escasez de información
C. Deber de transparencia empresarial
II. EVENTUALES RECLAMACIONES EN VÍA JUDICIAL
1. Aspectos de derecho procesal civil internacional
A. Hándicaps en el acceso a los tribunales
B. Regulación
C. Novedad en el Reglamento (UE) 1215/2012: demandado fuera del territorio de la UE
D. Finalidad primordial: la defensa al consumidor
2. Necesidad de enmarcar el contrato bajo el derecho de consumo
A. Presupuestos iniciales
B. Actividad dirigida al estado del domicilio del consumidor
C. Consumidor pasivo vs. consumidor activo
D. Comercio on line
3. Melodía comunitaria al unísono: tutela efectiva del consumidor
A. Desequilibrio de fuerzas en la relación contractual
B. Ojo avizor: los contratos de adhesión
C. Condición esencial para la aplicación del régimen protector hacia la figura consumidor
D. Calificación autónoma del concepto de consumidor
E. Particularidades en el comercio transfronterizo: especial atención a las asociaciones de consumidores
F. El empresario

CAPÍTULO II. DELIMITACIÓN JURÍDICA DE LOS SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS Y FIGURAS AFINES
I. TRANSFORMACIÓN EN LAS TRANSACCIONES TURÍSTICAS: DE LA COMPRA TRADICIONAL AL ENTORNO DIGITAL
1. Consideraciones previas
2. El viaje combinado
A. Definición
B. Configuración
3. Los servicios de viaje vinculados: perspectiva jurídica y aspectos característicos
A. Marco legal actual: la Directiva (UE) 2015/2302
B. Concepto
C. Características y particularidades
II. SEMEJANZAS Y DIVERGENCIAS ENTRE EL VIAJE COMBINADO Y LOS SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS: ESPECIAL MENCIÓN A LOS SUJETOS PARTICIPANTES
1. Similitudes y diferencias entre ambos tipos de contratos
A. ¿Confrontación inadecuada?
B. Desarrollo en la contratación
C. Cuestiones de configuración
D. Sujetos intervinientes
E. Consecuencias de la calificación jurídica
2. El pasajero y la agencia de viajes: ¿fuerzas encontradas?
A. Pasajero en calidad de consumidor
B. La actividad de la agencia de viajes

CAPÍTULO III. REGLAS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y LEY APLICABLE EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIAJE VINCULADOS
I. DELIMITACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
1. Tribunales competentes bajo la sección 4ª del reglamento (UE) 1215/2012
A. Condiciones de aplicación
B. Desplazamiento del consumidor
C. Visualización de la actividad del empresario en página web
2. Foros protectores hacia el consumidor
A. Régimen particular
B. Domicilio no conocido del consumidor
3. Pacto en la elección de tribunal
A. Presupuestos iniciales
B. Sumisión «on line»
II. LEY APLICABLE: ART. 6 REGLAMENTO (CE) 593/2008
1. Observaciones iniciales
2. La figura del consumidor en el derecho aplicable
A. Exclusiva protección al consumidor pasivo
B. La «actividad dirigida» en el Reglamento (CE) 593/2008
C. Diferenciación entre consumidor activo y consumidor pasivo
D. Consumidor intracomunitario
3. Empresario extracomunitario
4. El pacto de ley: autonomía de la voluntad conflictual
A. Salvedades
B. Frustración conceptual: camino hacia la aplicación de las reglas generales
C. Acuerdo vía on line
5. Requisitos de aplicación del art. 6 Reglamento (CE) 593/2008
A. Presupuestos iniciales
B. Limitaciones de aplicabilidad
6. Límite en la aplicación de ley: las leyes de policía
A. Regulación: art. 9 Reglamento (CE) 593/2008
B. Aumento de Directivas Comunitarias: ¿fragmentación del mercado interior?
C. Repercusión en las normas de Derecho internacional privado
D. Conjugación entre la figura del Reglamento Comunitario y la Directiva

EPÍLOGO
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
Ficha:
D. Carrizo Aguado
"Régimen jurídico de las operaciones internacionales de consumo en los servicios turísticos digitales"
Dykinson, Madrid, 2018
211 págs. - 23 € (E-book 17,25 €)
ISBN: 978-84-9148-807-1

Revista de revistas (11 a 18 de noviembre)


-Archiv für die civilistische Praxis: 2018, núm. 5.
-Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo: núm. 213 (2018).
-Práctica Derecho Daños: núm. 136 (2018); núm. 137 (2018).

sábado, 17 de noviembre de 2018

Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones - European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin (16 November 2018)


Boletín de Prensa el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones / European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin, nº 333, de 16 noviembre 2018.


"Brits remain top foreign buyers in Spain, despite (or because of) Brexit", The Local, 16 | 11 | 2018 - Noticia
The latest data reveals that Spain’s property market is back to pre-crisis levels and that British buyers are the leading group of foreigners investing in Spanish real estate. During the first half of 2018, a total of 53,359 house purchases by made non-Spanish nationals, according to the latest data released by the General Council of Notaries this week. ... The latest figures from real estate valuation agency TINSA show ... major city locations and the Mediterranean coastline are faring well...

"On fire: British buyers lead the way as foreign market in Spain zooms up", The Olive Press, 15 | 11 | 2018 - Noticia
A total of 53,359 homes were acquired by foreigners in the first half of 2018. The massive figure dwarfs the 33,000 sales recorded in the same period of 2007, when Spain’s property market was at its peak. And ... the British continue to lead the way ... according to the latest official figures from Spain’s notaries... Second up come the French ... and the Germans... When it comes to buying trends it turns out that the Irish, Danish – and most interestingly, the Moroccans – are the fastest growing nationalities. ... Valencia was the favourite destination for investors... Andalucia came in second ... followed by Catalunya...

"Expat activists blast draft Brexit withdrawal agreement for ‘failing’ millions of Brits in Europe", The Olive Press, 15 | 11 | 2018 - Noticia
Activists, the3million and British in Europe have formed a united front to blast Theresa May’s proposal, stating they feel ‘betrayed’.

"Las claves del acuerdo del Brexit cerrado entre el Reino Unido y la UE", AquíEuropa, 15 | 11 | 2018 - Noticia
Es un documento muy, muy complejo, lleno de vocabulario legal y un entramado de elementos jurídicos difíciles de entender para cualquier persona que no forme parte del equipo negociador. ... Los derechos de más de tres millones de ciudadanos de la UE en el Reino Unido y un millón de británicos en territorio comunitario estaban en juego tras la decisión del Brexit. Michel Barnier, negociador jefe de la Comisión Europea, ha asegurado que los ciudadanos “podrán seguir sus vidas como antes en su país de residencia”. ... El acuerdo incluye un periodo transitorio ... hasta el 31 de diciembre de 2020... Lo que nos deja este Acuerdo de Salida es ... un comité conjunto decidirá en julio de 2020 si el periodo transitorio se prolonga o no. ... En el actual borrador se señala que el periodo transitorio se prolongará hasta el 31 de diciembre de 20XX. Esas dos equis tendrán que despejarse en los próximos días.

"Brexit: los puntos clave del acuerdo", El País, 15 | 11 | 2018 - Noticia
El borrador de acuerdo sobre el Brexit ocupa 585 páginas... Los tres asuntos que han ocupado la mayor parte de la negociación han sido los relativos a derechos de los ciudadanos, la factura que deberá asumir Reino Unido tras su salida de la UE y el escollo de la frontera de Irlanda del Norte. ... Más de tres millones de ciudadanos de la UE y más de un millón de nacionales británicos tenían en juego sus derechos. ... el negociador comunitario ... dijo que no se verán afectados. Lo resumió en una frase: “Podrán seguir sus vidas como antes en su país de residencia”. ... El texto advierte contra la tentación de aplicar baremos diferentes a los ciudadanos británicos o comunitarios asentados fuera de su país: recoge la prohibición expresa de discriminación por motivos de nacionalidad y el derecho a la igualdad de trato.

"Los derechos de los ciudadanos, salvaguardados", La Opinión de Málaga (EFE), 14 | 11 | 2018 - Noticia
...podrán seguir viviendo ... como hacen actualmente protegidos por la ley de la UE, sin discriminación de los nacionales del país que los alberga. ... En el caso de que los países de residencia opten por un sistema de registro obligatorio, la decisión de conceder un nuevo estatus de residente se hará sobre la base de criterios objetivos y de la directiva europea sobre libertad de movimiento (contar con recursos suficientes y un seguro médico para un permiso de cinco años y conceder el permanente al cabo de cinco años de residencia). ... Los que lleguen durante el periodo de transición disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los que llegaron antes del 30 de marzo de 2019... Las personas concernidas ya no se beneficiarán del acuerdo si se ausentan durante más de cinco años. ... los beneficiarios del acuerdo y las personas que al término del periodo de transición tengan una relación con el país de residencia desde el punto de vista de la seguridad social, mantendrán su derecho a la sanidad, pensión y otros beneficios. Podrán percibir beneficios sociales de un país incluso si deciden vivir en otro, según el acuerdo.

"'Deal? What deal?': Reaction from Brits in Spain", The Local, 14 | 11 | 2018 - Entrevista (Sue Wilson, chair of Bremain in Spain)
The reactions from Bremain in Spain members have ranged from serious concerns over our future citizens’ rights to 'I’ll believe it when I see it'... As the prospect of a deal failing in parliament increases, so does the very real chance of another referendum. ... our chances of winning (another vote) just got a whole lot better!"

"Foreigners buying up property in Spain like never before", El País in English, 14 | 11 | 2018 - Noticia
British citizens made the largest number of purchases in the first half of 2018, followed by the French and Germans

"Why Britons in Spain need to fight for another Brexit referendum", El País in English, 09 | 11 | 2018 - Opinión (Vince Cable, leader of the Liberal Democrats, and Sue Wilson, Chair of Bremain in Spain)
There is an unfortunate but prevalent stereotype that British migrants in Spain are all pensioners who laze around, sunning it on the coast. ... Not only is that image unfortunate, it is untrue. ... The political rhetoric of the British negotiators implies that UK citizens’ rights in the EU, and vice versa, are resolved. That is wrong. ... Whatever the deal, it simply will not be as beneficial to Britain as the one we already have. The only way to protect citizens’ rights and ensure the freedoms enjoyed across the EU remain, is to stop Brexit.

"Cónsules de la Comunitat destacan el turismo sanitario como una oportunidad", La Vanguardia (EFE), 08 | 11 | 2018 - Noticia
El cuerpo consular de la Comunitat Valenciana resalta la calidad de la sanidad española y considera que el turismo sanitario debe verse como una oportunidad a la que ha de adaptarse, facilitando los trámites burocráticos y orientándose hacia estos pacientes. ... El cuerpo consular ha alertado asimismo de que, ante el envejecimiento de la población, en un futuro "la medicina preventiva será más importante que la asistencial".

"Mijas acoge la jornada de convivencia del Cuerpo Consular de Málaga", Sur, 07 | 11 | 2018 - Noticia
El Cuerpo Consular en Málaga se reunió ayer en Mijas para celebrar su tradicional jornada de convivencia y en la que se abordaron temas como el empadronamiento de extranjeros, tarjetas de residencia, el grupo de trabajo de violencia de género en el que colaboran los departamentos de Extranjeros e Igualdad o la regularización inmobiliaria de las
viviendas en suelo no urbanizable.

"Report highlights effect of loss of freedom of movement on Brits in Spain", Sur in English, 05 | 11 | 2018 - Noticia
Brexit Brits Abroad, the research programme studying the sociological impact of Brexit on UK citizens living in the European Union, has published its latest report... The report concludes that many of those taking part in the research “feel that they have not only lost a right but a sense of who they are and who they can be”.


Nota: Este Boletín de Prensa realiza un seguimiento periodístico de los aspectos más destacados del fenómeno de la movilidad transfronteriza de personas mayores estudiado en el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Mi agradecimiento a la Coordinadora del Observatorio, la Prof. Mayte Echezarreta Ferrer (Universidad de Málaga), así como a sus miembros, investigadores y colaboradores, por su labor y por permitir su difusión en Conflictus Legum

Consejo de Ministros de 16 de noviembre de 2018


Esta semana no tocaba Real Decreto-ley, por lo que en la sesión del Consejo de Ministros celebrada ayer 16 de noviembre no se aprobó ninguna norma de este rango, tan querida por el Gobierno actual (en la última sesión se aprobaron dos). A pesar de ello, cabe destacar los siguientes acuerdos adoptados en la sesión [véase la referencia completa]:

-Aprobar un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.
En el nuevo texto se detalla de forma más clara el ámbito de aplicación de la norma y se introduce la figura del especialista debidamente cualificado que, junto con el veterinario designado, podrá desarrollar funciones consultivas en relación con el bienestar y el tratamiento de los animales. También se especifican, para evitar dudas interpretativas, los supuestos excepcionales en que podrían utilizarse primates en la investigación, pero nunca grandes simios cuya utilización está expresamente prohibida en España.Por otra parte se aclaran los datos mínimos que deben mantener los establecimientos sobre los animales, estableciendo que deben diferenciarse los animales muertos de los eutanasiados.
Con estas modificaciones se pretende conseguir una transposición más correcta de la Directiva de la Unión Europea relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos, que se incorporó al ordenamiento jurídico español mediante el citado Real Decreto de 2013.
Esta disposición tiene especial trascendencia para las universidades que cuentan con estabularios para los animales utilizados con fines de experimentación y de docencia.

-Tomar conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas al Anexo IV del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas mediante la Resolución MEPC.274(69).

-Tomar también conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas al Anejo I del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes, adoptadas en Ginebra el 7 de octubre de 2016.

viernes, 16 de noviembre de 2018

Congreso de los Diputados - Convenio internacional


El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador en materia de cooperación policial para la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Madrid el 26 de julio de 2018 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 113-1, de 16.11.2018).

Bibliografía - La transposición de la Directiva (UE) 2016/343 en lo que respecta al reforzamiento en el proceso penal de determinados aspectos extraprocesales de la presunción de inocencia


La transposición de la Directiva (UE) 2016/343 en lo que respecta al reforzamiento en el proceso penal de determinados aspectos extraprocesales de la presunción de inocencia
Pablo García Molina, Profesor Sustituto Interino de Derecho Procesal. Universidad de Cádiz
Diario La Ley, Nº 9300, Sección Doctrina, 16 de Noviembre de 2018
Este trabajo aborda la transposición de la Directiva (UE) 2016/343 en lo que respecta al reforzamiento en el proceso penal de determinados aspectos extraprocesales de la presunción de inocencia. El autor defiende la necesidad y la conveniencia de realizar reformas legislativas que permitan transponerla, yendo, incluso, más allá de la literalidad de la misma.
Si bien en nuestro país la LECrim. y la jurisprudencia ya garantizan adecuadamente el derecho a la presunción de inocencia ad intra, es decir, el que aflora dentro del proceso judicial, no sucede lo mismo, en cambio, con la protección de este derecho ad extra, es decir, de ciertas manifestaciones, a veces ajenas al proceso y que tradicionalmente se incardinaban dentro de los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen, pero que la Directiva ahora conecta con el derecho a la presunción de inocencia y que pueden influir notablemente en este. Es por ello por lo que la transposición de la Directiva (UE) 2016/343 supone una buena oportunidad para reforzar en el proceso penal.

Nota: Véase la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, así como la entrada de este blog del día 11.3.2016.

DOUE de 16.11.2018


-Notificación de Rumanía a la Comisión Europea de conformidad con el artículo 42 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)
-Notificación de Rumanía a la Comisión Europea de conformidad con el artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre un código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)
-Notificación de Rumanía a la Comisión Europea de conformidad con el artículo 42 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)

Nota: Véase el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), así como la entrada de este blog del día 23.3.2016.

jueves, 15 de noviembre de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (15.11.2018)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 15 de noviembre de 2018, en el asunto C‑308/17 (Kuhn): Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Ámbito de aplicación — Artículo 1, apartado 1 — Concepto de “materia civil y mercantil” — Títulos de deuda emitidos por un Estado miembro — Participación del sector privado en la reestructuración de la deuda pública de dicho Estado — Modificación con carácter unilateral y retroactivo de las condiciones de la suscripción — Cláusulas de acción colectiva — Recurso interpuesto contra el Estado por acreedores privados que son tenedores de esos títulos de deuda en calidad de personas físicas — Responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad.
Fallo del Tribunal: "El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, a los efectos de esa disposición, no están comprendidos en la «materia civil y mercantil» litigios entablados, como el controvertido en el asunto principal, mediante la interposición por parte de una persona física que hubiera suscrito deuda pública de un Estado miembro de una demanda contra este para oponerse al canje de dicha deuda pública por títulos de valor inferior, canje impuesto a esa persona física en virtud de una ley adoptada por el legislador nacional en circunstancias excepcionales y con arreglo a la cual se modificaron con carácter unilateral y retroactivo las condiciones antes mencionadas mediante el establecimiento de una cláusula de acción colectiva que permite que una mayoría de tenedores de los títulos de deuda pública en cuestión impongan ese canje a la minoría."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 15 de noviembre de 2018, en el asunto C‑457/17 (Maniero): Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico — Directiva 2000/43/CE — Artículo 3, apartado 1, letra g) — Ámbito de aplicación — Concepto de “educación” — Concesión, por una fundación privada, de becas destinadas a fomentar proyectos de investigación o de estudios en el extranjero — Artículo 2, apartado 2, letra b) — Discriminación indirecta — Concesión de dichas becas supeditada a la previa superación en Alemania del primer examen jurídico estatal (Erste Juristische Staatsprüfung).
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, debe interpretarse en el sentido de que la concesión, por una fundación privada, de becas destinadas a fomentar proyectos de investigación o de estudios en el extranjero está comprendida en el concepto de «educación», a efectos de dicha disposición, si existe una relación suficientemente estrecha entre las prestaciones económicas concedidas y la participación en esos proyectos de investigación o de estudios, incluidos a su vez en el mismo concepto de «educación». Así sucede, en particular, en el supuesto de que dichas prestaciones económicas estén vinculadas a la participación de los potenciales candidatos en tales proyectos de investigación o de estudios, tengan el objetivo de eliminar total o parcialmente los posibles obstáculos financieros a esa participación y sean adecuados para alcanzar este objetivo.
2) El artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/43 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una fundación privada establecida en un Estado miembro reserve la concesión de becas destinadas a fomentar proyectos jurídicos de investigación o de estudios en el extranjero a favor de los candidatos que hayan superado, en ese Estado miembro, un examen de Derecho como el controvertido en el litigio principal no constituye una discriminación indirecta por razón de origen racial o étnico, en el sentido de esa disposición."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 15 de noviembre de 2018, en el asunto C‑648/17 (BTA Baltic Insurance Company): Procedimiento prejudicial — Seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles — Directiva 72/166/CEE — Artículo 3, apartado 1 — Concepto de “circulación de vehículos” — Accidente que implica a dos vehículos estacionados en un aparcamiento — Daño material causado a un vehículo por un pasajero del vehículo adyacente que abre la puerta de este.
Fallo del Tribunal: "El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como sobre el control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «circulación de vehículos» a que se refiere dicha disposición comprende una situación en la que el pasajero de un vehículo estacionado en un aparcamiento, al abrir la puerta de ese vehículo, golpea y daña el vehículo que se halla estacionado a su lado."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR, presentadas el 15 de noviembre de 2018, en el asunto C‑483/17 (Tarola): [Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Tribunal de Apelación, Irlanda)] Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Libre circulación de personas — Directiva 2004/38/CE — Derecho de libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros — Artículo 7, apartado 1, letra a) — Trabajadores por cuenta ajena — Artículo 7, apartado 3, letra c) — Derecho de residencia por más de tres meses — Nacional de un Estado miembro que ha ejercido una actividad por cuenta ajena en otro Estado miembro durante un período de quince días — Paro involuntario — Mantenimiento de la condición de trabajador durante un período no inferior a seis meses.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"El artículo 7, apartados 1, letra a), y 3, letra c), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que un nacional de un Estado miembro, que ha trabajado en otro Estado miembro durante un período de dos semanas, en una condición distinta de la de trabajador con contrato de duración determinada y que, a continuación, queda involuntariamente en paro, mantiene la condición de trabajador en el sentido de estas disposiciones."

DOUE de 15.11.2018


Informe Especial n.o 27/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo — El Mecanismo para los refugiados en Turquía: un apoyo útil, pero se necesitan mejoras para optimizar el uso de los recursos.
Nota: Véase el informe completo del Tribunal de Cuentas Europeo.

miércoles, 14 de noviembre de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (14.11.2018)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 14 de noviembre de 2018, en el asunto C‑18/17 (Danieli & C. Officine Meccaniche y otros): Procedimiento prejudicial — Adhesión de nuevos Estados miembros — República de Croacia — Medidas transitorias — Libre prestación de servicios — Directiva 96/71/CE — Desplazamiento de trabajadores — Desplazamiento de nacionales croatas y de terceros Estados a Austria por una empresa establecida en Italia.
Fallo del Tribunal:
"1) Los artículos 56 TFUE y 57 TFUE y el anexo V, parte 2, punto 2, del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Croacia y a las adaptaciones del Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica deben interpretarse en el sentido de que un Estado miembro está facultado para limitar el desplazamiento de trabajadores croatas empleados en una empresa establecida en Croacia exigiéndoles un permiso de trabajo cuando el desplazamiento de dichos trabajadores se realice mediante su puesta a disposición, en el sentido del artículo 1, apartado 3, letra c), de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, de una empresa establecida en otro Estado miembro con el fin de que esta última empresa preste servicios en el primero de esos Estados miembros.
2) Los artículos 56 TFUE y 57 TFUE deben interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no está facultado para exigir que nacionales de terceros Estados que hayan sido puestos a disposición de una empresa establecida en otro Estado miembro por otra empresa establecida igualmente en ese otro Estado miembro, con el fin de prestar servicios en el primero de esos Estados miembros, cuenten con un permiso de trabajo."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 14 de noviembre de 2018, en el asunto C‑296/17 (Wiemer & Trachte): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) n.º 1346/2000 — Artículo 3, apartado 1 — Competencia internacional — Acción revocatoria — Competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto el procedimiento de insolvencia.
Fallo del Tribunal: "El artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que la competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto el procedimiento de insolvencia para conocer de una acción revocatoria por insolvencia ejercitada contra un demandado cuyo domicilio o sede se encuentre en otro Estado miembro es de carácter exclusivo."

Bibliografía - Hacia la consolidación de la resolución alternativa de conflictos en el ámbito del transporte aéreo


Hacia la consolidación de la resolución alternativa de conflictos en el ámbito del transporte aéreo
Aránzazu Pérez Moriones, Profesora Titular de Derecho Mercantil (Universidad del País Vasco UPV-EHU)
Diario La Ley, Nº 9298, Sección Doctrina, 14 de Noviembre de 2018
El Ministerio de Fomento ha publicado el Proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento de resolución alternativa de litigios en materia de derechos de los usuarios de transporte aéreo establecidos en el ámbito de la Unión Europea. De este modo, el ordenamiento español da un paso adelante en el acogimiento de la resolución alternativa de conflictos en el ámbito del transporte aéreo, especialmente sensible en materia de reclamaciones. Así, el imparable crecimiento de este medio de transporte ha traído como lógica consecuencia un importante número de controversias. Sin embargo, la utilización de mecanismos judiciales para su resolución y las previsiones sobre reclamaciones contenidas en los reglamentos comunitarios dictados en materia de transportes han resultado insuficientes. Y aun cuando desde la Unión Europea se han adoptado iniciativas de distinto alcance dirigidas a fomentar la utilización de mecanismos extrajudiciales, hasta la fecha no se han obtenido los resultados esperados. De ahí que, a nuestro juicio y a pesar de las carencias que presenta, el Proyecto de Orden constituye un impulso determinante para la futura consolidación de la resolución alternativa de conflictos en el ámbito del transporte aéreo.

martes, 13 de noviembre de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (13.11.2018)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 13 de noviembre de 2018, en el asunto C‑33/17 (Čepelnik): Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Libre prestación de servicios — Restricciones — Servicios en el mercado interior — Directiva 2006/123/CE — Derecho del trabajo — Desplazamiento de trabajadores para la realización de obras de construcción — Declaración de los trabajadores — Conservación y traducción de las nóminas — Retención del pago — Prestación de una fianza por el destinatario de servicios — Garantía de una multa que, en su caso, se imponga al prestador de servicios.
Fallo del Tribunal: "El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual las autoridades competentes pueden exigir al dueño de una obra establecido en ese Estado miembro que retenga el pago al contratista establecido en otro Estado miembro o incluso que constituya una fianza por el importe del precio de la obra pendiente de pago, para garantizar el cobro de la multa que podría imponerse a ese contratista en caso de que se demostrase que se produjo una infracción del Derecho del trabajo del primer Estado miembro."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 13 de noviembre de 2018, en los asuntos acumulados C‑47/17 y C‑48/17 (X): Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Reglamento (CE) n.º 1560/2003 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional — Criterios y mecanismos de determinación — Petición de toma a cargo o de readmisión de un solicitante de asilo — Respuesta negativa del Estado miembro requerido — Solicitud de reexamen — Artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.º 1560/2003 — Plazo de respuesta — Expiración — Efectos.
Fallo del Tribunal:
"El artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 343/2003 del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 118/2014 de la Comisión, de 30 de enero de 2014, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco del procedimiento de determinación del Estado miembro competente para tramitar una solicitud de protección internacional, el Estado miembro ante el que se haya presentado una petición de toma a cargo o de readmisión en virtud del artículo 21 o del artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, que, tras haber procedido a las verificaciones necesarias, haya respondido negativamente a tal petición en los plazos establecidos en el artículo 22 o en el artículo 25 de este último Reglamento y que, posteriormente, haya recibido una solicitud de reexamen en virtud del citado artículo 5, apartado 2, debe esforzarse, en un espíritu de cooperación leal, por responder a esa solicitud en un plazo de dos semanas.
Cuando el Estado miembro requerido no responda en ese plazo de dos semanas a dicha solicitud, quedará definitivamente concluido el procedimiento adicional de reexamen, de modo que el Estado miembro requirente deberá ser considerado responsable del examen de la solicitud de protección internacional a partir de la expiración de dicho plazo, a menos que aún disponga del tiempo necesario para poder introducir, en los plazos imperativos establecidos al efecto en el artículo 21, apartado 1, y en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 604/2013, una nueva petición de toma a cargo o de readmisión."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 13 de noviembre de 2018, en el asunto C‑247/17 (Raugevicius): Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Artículos 18 TFUE y 21 TFUE — Solicitud remitida por un país tercero a un Estado miembro para que extradite a un ciudadano de la Unión, nacional de otro Estado miembro, que ha ejercido su derecho de libre circulación en el primero de esos Estados miembros — Solicitud presentada con fines de ejecución de una pena privativa de libertad, no con fines de procesamiento — Prohibición de extraditar que se aplica exclusivamente a los propios nacionales — Restricción a la libre circulación — Justificación basada en la prevención de la impunidad — Proporcionalidad.
Fallo del Tribunal: "Los artículos 18 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que, si un país tercero presenta una solicitud de extradición de un ciudadano de la Unión Europea que ha ejercido su derecho de libre circulación, no con fines de procesamiento, sino de ejecución de una pena privativa de libertad, el Estado miembro requerido, cuyo Derecho nacional prohíbe la extradición de sus propios nacionales fuera de la Unión con fines de ejecución de una pena y prevé que tal pena impuesta en el extranjero pueda cumplirse en su territorio, está obligado a dispensar a ese ciudadano de la Unión, siempre que resida de manera permanente en su territorio, un trato idéntico al que dispensa a sus propios nacionales en materia de extradición."

DOUE de 13.11.2018


Informe Especial nº 30/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo — «Los pasajeros de la UE disfrutan de plenos derechos, pero todavía tienen que luchar por hacerlos respetar» 
Nota: Véase el texto completo del informe aquí

BOE de 13.11.2018


-Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Nota: Véase la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, así como la entrada de este blog del día 6.11.2018.
-Instrumento de adhesión a la Convención para reducir los casos de apatridia, hecha en Nueva York el 30 de agosto de 1961.
Nota: Este convenio entrará en vigor para España el 24 de diciembre de 2018.
Véase la entrada de este blog del día 16.3.2018.

lunes, 12 de noviembre de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-618/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 13 de septiembre de 2018 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) — Reino Unido] — Rafal Prefeta / Secretary of State for Work and Pensions [Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Artículo 45 TFUE — Acta de Adhesión de 2003 — Anexo XII, capítulo 2 — Posibilidad de que un Estado miembro establezca una excepción al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 492/2011 y al artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE — Nacional polaco que no ha completado un período de doce meses de trabajo declarado en el Estado miembro de acogida]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 13.9.2018.
-Asunto C-685/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Münster — Alemania) — EV / Finanzamt Lippstadt (Procedimiento prejudicial — Artículos 63 TFUE a 65 TFUE — Libre circulación de capitales — Deducción de beneficios imponibles — Participaciones de una sociedad matriz en una sociedad de capital que tiene su dirección y su domicilio social en un tercer Estado — Dividendos distribuidos a la sociedad matriz — Deducibilidad fiscal sujeta a requisitos más estrictos que la deducción de los beneficios procedentes de participaciones en una sociedad de capital nacional no exenta)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 20.9.2018.
-Asunto C-175/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — X / Belastingdienst/Toeslagen (Procedimiento prejudicial — Política común en materia de asilo y de protección subsidiaria — Directiva 2005/85/CE — Artículo 39 — Directiva 2008/115/CE — Artículo 13 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 18, 19, apartado 2, y 47 — Derecho a un recurso efectivo — Principio de no devolución — Decisión por la que se deniega una solicitud de protección internacional y se impone una obligación de retorno — Normativa nacional que establece una segunda instancia jurisdiccional — Efecto suspensivo de pleno Derecho limitado al recurso en primera instancia)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 26.9.2018.
-Asunto C-180/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State — Países Bajos) — X, Y / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Procedimiento prejudicial — Política común en materia de asilo y de protección subsidiaria — Directiva 2005/85/CE — Artículo 39 — Directiva 2008/115/CE — Artículo 13 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 18, 19, apartado 2, y 47 — Derecho a un recurso efectivo — Principio de no devolución — Decisión por la que se deniega una solicitud de protección internacional y se impone una obligación de retorno — Normativa nacional que establece una segunda instancia jurisdiccional — Efecto suspensivo de pleno Derecho limitado al recurso en primera instancia)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 26.9.2018.
-Asunto C-214/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Alexander Mölk / Valentina Mölk (Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Protocolo de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias — Artículo 4, apartado 3 — Demanda de pensión alimenticia interpuesta por el acreedor de alimentos ante la autoridad competente del Estado de residencia habitual del deudor — Resolución firme — Demanda posterior interpuesta por el deudor ante la misma autoridad con el fin de reducir la pensión alimenticia fijada — Comparecencia del acreedor — Determinación de la ley aplicable)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 20.9.2018.
-Asunto C-304/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Helga Löber / Barclays Bank plc [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Competencias especiales — Artículo 5, apartado 3 — Competencia en materia delictual o cuasidelictual — Lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso — Consumidor con domicilio en un Estado miembro que ha adquirido, por mediación de un banco establecido en dicho Estado miembro, títulos emitidos por un banco establecido en otro Estado miembro — Competencia para conocer de la acción ejercitada por dicho consumidor en concepto de responsabilidad delictual o cuasidelictual de este banco]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 12.9.2018.
-Asunto C-343/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 20 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Bélgica) — Fremoluc NV / Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) y otros (Procedimiento prejudicial — Libertades fundamentales — Artículos 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE y 63 TFUE — Directiva 2004/38/CE — Artículos 22 y 24 — Derecho de adquisición preferente de una agencia pública sobre terrenos situados en su ámbito de actuación con la finalidad de construir viviendas sociales — Viviendas atribuidas con prioridad a los particulares que presenten «un estrecho vínculo social, económico o sociocultural» con la parte del territorio que corresponde a ese ámbito de actuación — Situación en la que todos sus elementos se circunscriben al interior de un Estado miembro — Inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 20.9.2018.
-Asunto C-369/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Fronteras, asilo e inmigración — Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Artículo 17 — Exclusión del estatuto de protección subsidiaria — Causas — Condena por un delito grave — Determinación de la gravedad sobre la base de la pena prevista con arreglo al Derecho nacional — Procedencia — Necesidad de evaluación individual)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 13.9.2018.
-Asunto C-310/18 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Proceso penal seguido contra Emil Milev [Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación judicial en materia penal — Directiva (UE) 2016/343 — Presunción de inocencia — Referencias públicas a la culpabilidad — Vías de recurso — Procedimiento de control de la legalidad de una medida de prisión preventiva]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.9.2018.
-Asuntos acumulados C-325/18 PPU y C-375/18 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal — Irlanda) — Hampshire County Council / C.E., N.E. [Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Sustracción internacional de menores — Reglamento (CE) n.o 2201/2003 — Artículo 11 — Demanda de restitución — Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 — Solicitud de declaración de ejecutoriedad — Recurso — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Plazo de interposición del recurso — Resolución de exequatur — Ejecución antes de su notificación]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.9.2018.
-Asunto C-327/18 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el High Court — Irlanda) — Ejecución de órdenes de detención europeas emitidas contra R O (Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación policial y judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Motivos de no ejecución — Artículo 50 TUE — Orden emitida por las autoridades judiciales de un Estado miembro que ha iniciado el procedimiento de retirada de la Unión Europea — Incertidumbre en cuanto al régimen aplicable a las relaciones entre ese Estado y la Unión tras la retirada)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.9.2018.
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-520/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (Bélgica) el 2 de agosto de 2018 — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY, XX / Conseil des ministres.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE, en relación con el derecho a la seguridad, consagrado en el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y el derecho al respeto de los datos personales, garantizado por los artículos 7, 8 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida, que impone a los operadores y proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas la obligación general de conservar los datos de tráfico y de localización, en el sentido de la Directiva 2002/58/CE, que generan o someten a tratamiento en el marco de la prestación de esos servicios, y cuyo objetivo no es únicamente la investigación, descubrimiento y persecución de delitos graves, sino también la seguridad nacional, la defensa del territorio, la seguridad pública, la investigación, descubrimiento y persecución de delitos no graves o la prevención de la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas, o la consecución de otro objetivo previsto en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 (2) y que, además, está sujeta a garantías reguladas de forma precisa en dicha normativa atinentes a la conservación de los datos y al acceso a ellos?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE, en relación con los artículos 4, 7, 8, 11 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida, que impone a los operadores y proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas la obligación general de conservar los datos de tráfico y de localización, en el sentido de la Directiva 2002/58/CE, que generan o someten a tratamiento en el marco de la prestación de esos servicios, cuando dicha normativa tiene fundamentalmente por objeto cumplir las obligaciones positivas que incumben a la autoridad en virtud de los artículos 4 y 8 de la Carta, consistentes en establecer un marco jurídico que permita que se investiguen y sancionen en el ámbito penal de forma efectiva los abusos sexuales a menores y se identifique al autor de esos delitos, también cuando haga uso de medios de comunicación electrónicos?
3) Si, sobre la base de las respuestas a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, la Cour constitutionnelle llegase a la conclusión de que la Ley impugnada infringe una o varias de las obligaciones que se derivan de las disposiciones mencionadas en dichas cuestiones, ¿podría mantener con carácter provisional los efectos de la Ley de 29 de mayo de 2016 de recogida y conservación de datos en el sector de las comunicaciones electrónicas para evitar la inseguridad jurídica y permitir que los datos recabados y conservados con anterioridad puedan seguir utilizándose para los fines previstos en la Ley?"
-Asunto C-562/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal d’instance de Sens (Francia) el 30 de agosto de 2018 — X
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Permiten el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, interpretado a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, por un lado, y el artículo 39, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por otro, privar a una persona de su derecho de sufragio activo en las elecciones europeas como consecuencia de la adopción de una medida de tutela debida a su discapacidad mental?
2) En caso de respuesta afirmativa, ¿exige el Derecho de la Unión requisitos especiales para la aplicación de este derecho y, de ser así, cuáles?"

DOUE de 12.11.2018


-Decisión de Ejecución (UE) 2018/1696 del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa a las normas de funcionamiento del comité de selección previsto en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1939 por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
Nota: Véase el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, así como la entrada de este blog del día 31.10.2017.

-Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1889/2005.
Nota: El objeto de esta disposición es establecer un sistema de controles en relación con la entrada o salida de efectivo de la Unión para complementar el marco jurídico destinado a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo previsto en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Los portadores que transporten efectivo (efectivo acompañado) por un importe igual o superior a 10.000 EUR deberán declararlo a las autoridades competentes del Estado miembro a través del cual entren o salgan de la Unión y ponerlo a su disposición a efectos de control (art. 3.1). Esta declaración deberá incluir datos mencionados en el art. 3.2.
Cuando un importe de efectivo no acompañado (forma parte de un envío sin portador) igual o superior a 10.000 EUR entre o salga de la Unión, las autoridades competentes del Estado miembro a través del cual entre o salga de la Unión podrán exigir que el remitente o el destinatario del efectivo, o su representante, según el caso, realicen una declaración informativa en un plazo de treinta días (art. 4.1). La declaración informativa deberá incluir datos previstos en el art. 4.2.
A pesar del mencionado umbral de 10.000 EUR, cuando las autoridades competentes detecten a un portador que transporte un importe de efectivo o de efectivo no acompañado inferior a dicho umbral y existan indicios de que ese efectivo está vinculado a una actividad delictiva, consignarán esa información y los datos enumerados en los arts. 3.2 y 4.2 (véase el art. 6).
De acuerdo con el art. 5, y con el fin de comprobar el cumplimiento de la obligación de declarar el efectivo acompañado, las autoridades competentes estarán facultadas para controlar a las personas físicas, sus equipajes y sus medios de transporte, de acuerdo con lo dispuesto en el Derecho nacional.
Las autoridades competentes podrán intervenir temporalmente el efectivo, mediante decisión administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el Derecho nacional, cuando no se haya cumplido la obligación de declarar el efectivo acompañado o la obligación de informar del efectivo no acompañado, o cuando existan indicios de que el efectivo, sea cual fuere el importe, está vinculado a una actividad delictiva (art. 7).
El art. 10 regula el intercambio de información entre las autoridades competentes y entre estas y la Comisión, mientras que el art. 11 regula el intercambio de información con terceros países.
Los arts. 12 y 13 se ocupan del secreto y confidencialidad profesionales y seguridad de los datos, así como de la protección de datos personales y períodos de conservación de los datos, respectivamente.
Cada Estado miembro fijará las sanciones que aplicará en caso de incumplimiento de la obligación de declarar el efectivo acompañado o de la obligación de informar del efectivo no acompañado. Sanciones que serán efectivas, proporcionadas y disuasorias (véase el art. 14).
Este Reglamento será aplicable a partir del 3 de junio de 2021 (art. 21).
Se deroga el Reglamento (CE) n o 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005 , relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad (art. 20).
-Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal.
Nota: Esta Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de los delitos y las sanciones en el ámbito del blanqueo de capitales. No es aplicable al blanqueo de capitales referido a bienes provenientes de delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, el cual está sujeto a las normas específicas establecidas en la Directiva (UE) 2017/1371 (véase la entrada de este blog del día 28.7.2017).
El art. 10 regula las normas de competencia judicial internacional:
"1. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de las conductas a que se refieren los artículos 3 y 4, cuando:
a) el delito se haya cometido, total o parcialmente, en su territorio;
b) el autor del delito sea uno de sus nacionales.
2. Un Estado miembro informará a la Comisión cuando decida ampliar su jurisdicción sobre las conductas a que se refieren los artículos 3 y 4 que hayan sido cometidas fuera de su territorio cuando:
a) el autor del delito tenga su residencia habitual en su territorio;
b) el delito se haya cometido en beneficio de una persona jurídica establecida en su territorio.
3. Cuando una conducta mencionada en los artículos 3 y 4 sea de la jurisdicción de más de un Estado miembro y cualquiera de los Estados miembros afectados pueda válidamente iniciar acciones judiciales por los mismos hechos, los Estados miembros afectados colaborarán para decidir cuál de ellos emprenderá acciones judiciales contra el autor del delito, con el objetivo de centralizar dichas acciones en un único Estado miembro.
Se tendrán en cuenta los siguientes factores:
a) el territorio del Estado miembro en que se haya cometido el delito;
b) la nacionalidad o lugar de residencia del autor del delito;
c) el país de origen de la víctima o víctimas; y
d) el territorio en el que se haya encontrado al autor del delito.
Cuando proceda, y de conformidad con el artículo 12 de la Decisión marco 2009/948/JAI, se dará traslado del asunto a Eurojust."
Esta Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE (art. 15) y los Estados miembros deberán haber transpuesto sus disposiciones a más tardar el 3 de diciembre de 2020 (art. 13).
-Corrección de errores del Reglamento (CE) n.o 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados).
Nota: Ahora, más de nueve años después de la publicación de la norma original, nos llega una corrección de errores que consiste en que donde se decía "apartados" (de un precepto), debe decir "puntos". ¡Error imperdonable!
Véase el Reglamento (CE) nº 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, así como la entrada de este blog del día 15.9.2009.
-Corrección de errores del Reglamento (CE) n.o 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros (Reglamento VIS)
Nota: Y más de diez años después de su publicación llega la segunda corrección de errores. Véase el Reglamento (CE) nº 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros (Reglamento VIS), así como la entrada de este blog del día 13.8.2008.