martes, 23 de septiembre de 2014

Bibliografía (Artículo doctrinal) - El embargo preventivo de buques en la Ley de Navegación Marítima


El embargo preventivo de buques en la Ley de Navegación Marítima
Antonio Evaristo GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Secretario del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional. Miembro de la Red Europea de Secretarios Judiciales. Doctor en Derecho.
Diario La Ley, Nº 8383, Sección Doctrina, 23 de Septiembre de 2014
LA LEY 5686/2014
La reciente publicación de la Ley de Navegación Marítima en materia de embargo preventivo de buques ha optado por una regulación simplificada que en la mayoría de los casos se limita a hacer un reenvío de su régimen jurídico en función de la nacionalidad del pabellón del buque y de la naturaleza del crédito que es objeto de reclamación. Se analizan las dificultades procesales que esto puede representar atendida la parquedad de las previsiones propiamente procedimentales respecto de las cuales el Convenio de Ginebra remite en principio a la legislación estatal y que ahora quedan vacías de contenido.

Nota: Véase la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, y la entrada de este blog del día 25.7.2014. Véase igualmente el Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques, 1999, hecho en Ginebra el 12 de marzo de 1999, la entrada de este blog del día 2.5.2011, así como el Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico, y la entrada de este blog del día 30.8.2011.

BOE de 23.9.2014


Denuncia del Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2001.
Nota: El Acuerdo, que había entrado en vigor el 9.7.2002, dejó de estar en vigor el 9.7.2012; es decir, hace más de 26 meses (!!!). Llama la atención la diligencia del MAEC en publicar estas informaciones.

lunes, 22 de septiembre de 2014

Bibliografía - Novedad editorial


Ha aparecido la 17ª edición de la obra "Legislación de Derecho Internacional Privado", de los profesores S. Álvarez González, C. Esplugues Mota, P. Rodríguez Mateos y S. Sánchez Lorenzo, publicada por la Editorial Comares.

La presente edición incorpora un nuevo texto internacional: el Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia. Otros textos han sufrido modificaciones importantes, como las producidas en el ámbito de la competencia judicial internacional en materia penal en virtud de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En otros casos, las modificaciones esperadas no han llegado al momento de redactarse estas líneas. En concreto la vieja Ley del registro Civil de 8 de junio de 1957 estaba llamada a ser sustituida por la nueva Ley 20/2011, de 21 de julio, que sigue figurando como Adenda, a partir del 22 de julio de 2014. La disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ha prorrogado la vacatio legis de la nueva Ley hasta el 15 de julio de 2015, por lo que se mantienen, como en la edición anterior, ambos textos legislativos, así como el Reglamento vigente. Otros textos legales han sufrido modificaciones parciales e incorporaciones de nuevos Estados parte. se han corregido, asimismo, algunas erratas detectadas en la edición anterior y se ha actualizado el índice analítico.

Extracto del índice:
Presentación
Nota a la decimoséptima edición

I-Derecho autónomo
A. Códigos
B. Leyes
C. Reglamentos

II-Derecho convencional e institucional
A. Unión Europea y Asociación Europea de Libre Comercio
B. Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
C. Consejo de Europa
D. Conferencia especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado
E. Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC)
F. Naciones Unidas
G. Convenios bilaterales

Índice analítico
Ficha técnica:
Legislación básica de Derecho Internacional Privado, 17ª edic. (actualizada a julio de 2014)
Edición de S. Álvarez González, C. Esplugues Mota, P. Rodríguez Mateos, S. Sánchez Lorenzo
Editorial Comares, 2014
808 págs. - 28 € (IVA inc.)
ISBN: 978-84-9045-193-9

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

Asunto C-359/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Vilniaus miesto apylinkės teismo (Lituania) el 23 de julio de 2014 — ERGO Insurance SE, que interviene a través de su sucursal lituana ERGO Insurance SE/If P&C Insurante AS, que interviene a través de su sucursal If P&C Insurance AS
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 [de junio de] 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), que dispone que «cuando la ley aplicable no pueda determinarse con arreglo a los apartados 1 o 2, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos», en el sentido de que, en circunstancias como las del caso de autos, debe aplicarse la ley alemana?
2) Si la respuesta a la primera cuestión fuera negativa, ¿debe interpretarse el principio establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) en el sentido de que, en circunstancias como las del caso de autos, la ley aplicable al litigio entre la aseguradora de la cabeza tractora y la aseguradora del remolque ha de determinarse con arreglo a la legislación del país donde se encuentra el lugar en el que se produjo el daño resultante del accidente de circulación?"

Bibliografía (Artículo donctrinal) - Ilegalidad de las devoluciones de extranjeros efectuadas sin las debidas garantías


La regulación de las devoluciones y expulsiones de extranjeros: la ilegalidad de las devoluciones de extranjeros efectuadas sin las debidas garantías
Ana FERNÁNDEZ PÉREZ, Prof. Dra. de Derecho Internacional Privado (Universidad de Castilla-La Mancha)
Diario La Ley, Nº 8382, Sección Doctrina, 22 de Septiembre de 2014
LA LEY 5683/2014
Los acontecimientos ocurridos en los últimos meses en las vallas y aguas interiores de Ceuta y Melilla obligan a hacer una serie de precisiones relativas a la actuación del Estado español con respecto a los inmigrantes que pretenden entrar, por puestos no habilitados, en el territorio europeo. A lo largo de las próximas líneas intentaremos manifestar que no existe ninguna figura jurídica en la legislación española, europea o internacional que respalde este tipo de actuaciones tanto si se denominan «rechazo en frontera» como «devoluciones o expulsiones en caliente».

domingo, 21 de septiembre de 2014

Revista de revistas (14 a 21 de septiembre)


-Anuario de Derecho Concursal: núm. 33 (2014).
-European Public Law: 2014, núm. 3.
-Revista de Estudios Europeos: núm. 64 (2014).
-Revue de Droit International et de Droit Comparé: 2014, núm. 3.
-Unión Europea Aranzadi: 2014, núm. 6; 2014, núm. 7.

sábado, 20 de septiembre de 2014

DOUE de 20.9.2014


Decisión del Consejo, de 23 de junio de 2014, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, en lo referente a las disposiciones relativas al tratamiento de los nacionales de terceros países legalmente empleados como trabajadores en el territorio de la otra Parte.
Nota: Mediante el presente acto se autoriza la firma en nombre de la Unión del Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania en lo referente a su art.17, a reserva de la celebración de dicho Acuerdo.
El art. 17 ("Tratamiento de los trabajadores") del Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania establece:
"1. Sin perjuicio de la legislación, las condiciones y los procedimientos aplicables en los Estados miembros y en la UE, los trabajadores que sean nacionales de Ucrania y se encuentren empleados legalmente en el territorio de un Estado miembro no sufrirán discriminación alguna por razón de su nacionalidad por lo que respecta a las condiciones laborales, la retribución o el despido, respecto a los nacionales de dicho Estado miembro.
2. Ucrania concederá, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación, las condiciones y los procedimientos aplicables en ese país, el trato a que se refiere el apartado 1 del presente artículo a los trabajadores que sean nacionales de un Estado miembro y estén legalmente empleados en su territorio."

viernes, 19 de septiembre de 2014

BOE de 19.9.2014


Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Australia relativo al programa de movilidad para jóvenes, hecho en Canberra el 3 de septiembre de 2014.
Nota: Este Acuerdo se aplica provisionalmente desde el 3.9.2014, es decir, desde hace 17 días (!).
El texto contiene disposiciones sobre la expedición por cada país de los correspondientes visados para hacer efectivo el Programa de Movilidad para Jóvenes.

jueves, 18 de septiembre de 2014

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (18.9.2014)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 18 de septiembre de 2014, en el Asunto C‑487/12 (Vueling Airlines): Procedimiento prejudicial — Transporte aéreo — Normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Unión Europea — Reglamento (CE) nº 1008/2008 — Libertad de fijación de precios — Facturación de equipaje — Suplemento de precio — Concepto de “tarifas aéreas” — Protección de los consumidores — Imposición de una multa al transportista por una cláusula contractual abusiva — Normativa nacional según la cual el transporte del pasajero y la facturación del equipaje deben estar comprendidos en el precio base del billete de avión — Compatibilidad con el Derecho de la Unión.
Fallo del Tribunal: "El artículo 22, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma, como la controvertida en el litigio principal, que obliga a las compañías aéreas, en cualquier circunstancia, a transportar no sólo al pasajero, sino también el equipaje facturado de éste, siempre que el equipaje responda a determinados requisitos relativos en particular a su peso, por el precio del billete de avión, sin que pueda exigirse ningún suplemento de precio por el transporte de tal equipaje."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena) de 18 de septiembre de 2014, en el Asunto C‑549/13 (Bundesdruckerei): Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Libre prestación de servicios — Restricciones — Directiva 96/71/CE — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios — Normativa nacional que impone a los licitadores y a sus subcontratistas que se comprometan a pagar al personal que ejecute las prestaciones objeto del contrato público un salario mínimo — Subcontratista establecido en otro Estado miembro.
Fallo del Tribunal: "En una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que un licitador tiene previsto ejecutar un contrato público exclusivamente con trabajadores empleados por un subcontratista establecido en un Estado miembro distinto del de la entidad adjudicadora, el artículo 56 TFUE se opone a la aplicación de una normativa del Estado miembro de esa entidad adjudicadora que obliga a ese subcontratista a pagar a los citados trabajadores un salario mínimo fijado por dicha normativa."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. NILS WAHL, presentadas el 18 de septiembre de 2014, en el Asunto C‑396/13 (Sähköalojen ammattiliitto): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Satakunnan käräjäoikeus (Finlandia)] Libre circulación de trabajadores — Trabajadores desplazados — Créditos salariales derivados de una relación laboral — Reglamento (CE) nº 593/2008 (Reglamento Roma I) — Elección de la ley — Artículo 8 — Ley aplicable a los contratos individuales de trabajo — Artículo 14 — Cesión de créditos salariales a un sindicato — Artículo 23 — Normas especiales de conflicto de leyes en materia de obligaciones contractuales — Directiva 96/71/CE — Artículo 3 — Concepto de “cuantías de salario mínimo” — Facultad discrecional concedida a los Estados miembros — Libre prestación de servicios — Protección social de los trabajadores.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido.
"(1) Según una interpretación correcta del artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), en relación con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, la cuestión de si un trabajador desplazado puede ceder un crédito salarial contra su empresario a un sindicato del Estado miembro de acogida ha de resolverse con arreglo a la ley aplicable a los créditos salariales de que se trata. Dado que dichos créditos resultan de las condiciones que se mencionan en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/71, la ley del Estado miembro al que los trabajadores han sido desplazados ha de aplicarse no sólo a dichos créditos, sino también a su transmisibilidad.
(2) Según una interpretación correcta del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 96/71, en relación con el artículo 56 TFUE, el concepto de cuantías de salario mínimo puede comprender el salario base por hora en función del grupo salarial, el salario garantizado por trabajo a destajo, el complemento por vacaciones, las dietas diarias fijas y el complemento por el trayecto diario hacia el trabajo, de conformidad con la determinación de estas condiciones de trabajo y empleo en un convenio colectivo que ha sido declarado de aplicación general en el sentido del artículo 3, apartado 8, de la Directiva 96/71, y está comprendido en el ámbito de aplicación del anexo de dicha Directiva (o, según el caso, en otros instrumentos relevantes). Sin embargo:
— El Estado miembro de acogida no puede imponer determinados grupos salariales o clasificaciones salariales a las empresas extranjeras que desplazan trabajadores a su territorio más allá del mínimo expresamente establecido en dicho convenio colectivo del Estado miembro de acogida.
— El Estado miembro de acogida no puede imponer a las empresas extranjeras que desplazan trabajadores a su territorio la obligación de pagar a éstos una dieta diaria fija durante la totalidad del período de desplazamiento ni un complemento por trayecto, en caso de que el órgano jurisdiccional remitente concluya que exigir estos complementos a dichas empresas extranjeras hace menos interesante la prestación de servicios y si el pago de tales complementos va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de la protección social de los trabajadores.
(3) Según una interpretación correcta del artículo 3, apartado 7, de la Directiva 96/71, el alojamiento y los cheques restaurante que ofrece la empresa que desplaza trabajadores en las circunstancias del presente asunto han de considerarse un reembolso de los gastos efectivamente realizados originados por el desplazamiento. Por lo tanto, no pueden tenerse en cuenta al calcular si los trabajadores desplazados han percibido unos salarios equivalentes al mínimo establecido en el Estado miembro de acogida.
(4) Según una interpretación correcta del artículo 3, apartado 10, de la Directiva 96/71, elementos retributivos tales como el salario por trabajo a destajo, el complemento por trayecto y las dietas diarias que se prevén en convenios colectivos declarados de aplicación general no pueden interpretarse en el sentido de que constituyen condiciones de trabajo cuya observancia es necesaria para responder a exigencias imperativas de interés público en el sentido de esa disposición."

DOUE de 18.9.2014


Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 134/14/COL, de 26 de marzo de 2014, por la que se modifican por nonagésimo quinta vez las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de nuevas Directrices sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual («Directrices sobre obras cinematográficas y producciones audiovisuales de 2014»).
Nota: Mediante este acto se modifican las Directrices sobre Ayudas Estatales, introduciéndose nuevas directrices sobre las ayudas estatales a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual, que serán aplicables a partir del 1.4.2014. Es decir, vienen aplicándose desde hace cinco meses y medio.
Véase la versión actualizada de las Directrices del Órgano de Vigilancia sobre ayudas estatales.

BOE de 18.3.2014 - Prueba de evaluación de la aptitud para el ejercicio de la profesión de Procurador


Orden PRE/1682/2014, de 12 de septiembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales para el año 2014.
Nota: Véase el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Y aquí llega la segunda pieza del dislate en el que se ha convertido el tema del acceso al ejercicio de la profesión de Abogado y Procurador de los Tribunales (sobre la prueba de acceso de los primeros véase la entrada de este blog del día 17.3.2014).

En primer lugar, se convoca la prueba de evaluación, que, según el punto 1 de la presente Orden, servirá para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de procurador de los tribunales dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y --esto no tiene desperdicio-- en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por universidades o escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas. Luego volveré sobre esto último, porque me parece de burla. El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el BOE.

Por deformación profesional he saltado directamente al temario de la prueba para, con curiosidad malsana, comprobar qué temas de Derecho Internacional Privado se incluyen --conste que no lo hago por chauvinismo disciplinar, sino porque existe un gran número de disposiciones de la UE con incidencia en la labor de los Procuradores--. Mi búsqueda ha dado como resultado cuatro temas (en realidad tres y medio). El tema 2, dedicado al sistema jurisdiccional de la UE; el TJUE; el TG; los tribunales especializados; el ámbito de competencia del TJUE; procedimientos y recursos (éste es el "medio" tema al que me he referido, pues está a medio camino entre el DIPr., el DIPúb. y el Derecho Procesal). A continuación tenemos los temas 27 (el proceso monitorio europeo y el proceso europeo de escasa cuantía), 36 (la ejecución de títulos europeos) y 42 (la cooperación internacional). De entrada, no está mal, aunque dedicar un tema a "la cooperación internacional", así tan ambiguo y con normas de la UE y convencionales que pugnan para su aplicación, pues como que se transforma en un macrotema para el que no se sabe muy bien cómo centrarlo y prepararlo. Echo en falta alguna mención a los temas de exequátur y a otras normas de DPCI de protagonismo indubitado: el Reglamento Bruselas I (me refiero al nuevo texto "refundido": Reglamento 12515/2012) y al Reglamento Bruselas II, eso por centrarme en el núcleo duro.

Al igual que en la prueba para los Abogados, aquí también se indica en relación con el desarrollo de la prueba (apartado 10) que "la evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples cuya duración será de cuatro horas". Luego se especifica que cada pregunta tendrá 4 respuestas alternativas, de las que sólo una es la correcta. Finalmente, se indica que "no estará permitido el uso de textos legales ni manuales jurídicos ni otros documentos de apoyo".

Ante ello, vuelvo a repetir algunas de las ideas que en su día expresé al comentar la convocatoria de la prueba para los Abogados (entrada del día 17.3.2014). Las Universidades hemos tenido que hacer un grandísimo esfuerzo para adaptarnos a las previsiones del Plan Bolonia, rompiendo con años y años de tradición de lecciones magistrales, evaluaciones memorísticas del tipo "papagallo" y otros vicios antipedagógicos varios, hemos reorientado nuestra docencia, algunos escrito nuevos Manuales adaptados al nuevo marco docente... todo ello para que el alumno adquiera unas deseables y saludables competencias profesionales. Y todo esto es obviado por el Ministerio, forzando ahora a nuestros alumnos, formados en un sistema de reflexión, razonamiento, contacto con cuestiones prácticas, manejo de fuentes y poca memorización, a que se olviden de todo ello y memoricen como típicos opositores, sin apenas comprender, los temas de un temario.

Item más, este sistema rompe la filosofía del máster de práctica jurídica. Según la normativa, los másteres universitarios complementan el período de formación del alumno Graduado. Pues bien, al exigir pruebas tipo test convertimos el máster en una academia de preparación para el examen, donde se deberá formar al alumno para la superación de esta prueba, adiestrándolo en el arte de la memorización repetitiva y en el de la contestación de exámenes tipo test. Supongo que ahora empezarán a surgir como setas los profesionales del tema --los "Repetitoren" del sistema alemán--, preparadores que, a cambio de dinero, instruirán al Graduado en el arte de superar un test que nada tiene que ver con las competencias en las que se le ha formado en la Universidad.

Y la guinda del pastel. Encima se tiene la desfachatez de decir en la Orden de convocatoria que la prueba sirve para acreditar "en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por universidades o escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas" Pero, ¿qué tiene que ver en esta prueba las competencias y habilidades que nosotros intentamos enseñar a los Graduados en la Universidad o en el Máster de práctica jurídica? Espero que alguien me explique estas incongruencias del sistema. A mí, personalmente, me parece una burla.

BOE de 18.9.2014


-Ley Orgánica 5/2014, de 17 de septiembre, por la que se autoriza la ratificación de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010.
Nota: En la exposición de motivos se explican las enmiendas al Estatuto de Roma, que suponen la ampliación de los crímenes de guerra y la tipificación del crimen de agresión.
Una primera enmienda añade a los crímenes de guerra ya incluidos en el art. 8.2 e) del Estatuto la utilización de determinadas armas en conflictos que no sean de carácter internacional: el empleo de veneno o armas envenenadas, de gases asfixiantes tóxicos o similares, o cualquier líquido o dispositivo análogo, y de balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones. Una segunda enmienda, relativa al crimen de agresión, suprime el art. 5.2 del Estatuto, que contempla que la Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esta última enmienda introduce un art. 8 bis, cuyo párrafo primero define el crimen de agresión. A continuación, el art. 8 bis.2 enumera una serie de supuestos que son considerados actos de agresión. Asimismo, los nuevos arts. 15 bis y 15 ter establecen las condiciones de ejercicio de la competencia de la CPI en relación con dicho crimen en los supuestos de remisión del caso por un Estado (15 bis) y por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (15 ter).
Véase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por España el 24.10.2000 y en vigor desde el 1.7.2002.
-Instrumento de Aceptación de la Enmienda al Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecha en Sofía el 27 de febrero de 2001.
Nota: Véase el Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991.
-Corrección de errores del Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.
Nota: Véase el Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto, así como la entrada de este blog del día 2.8.2014.

miércoles, 17 de septiembre de 2014

BOE de 17.9.2014


Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.
Nota: En esta norma cabe destacar los siguientes puntos
-El art. 3 regula la naturaleza y régimen jurídico de la Obra Pía de los Santos Lugares. En su núm. 3, párrafo tercero, se establece el régimen de enajenación de bienes inmuebles por parte de la Obra Pía de los Santos Lugares: "El procedimiento para la enajenación de los bienes inmuebles será el establecido en el Reglamento General de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, para la enajenación de bienes inmuebles en el extranjero, si bien la competencia para tramitar, informar y resolver el procedimiento corresponderá a los propios órganos de la entidad."
-El art. 5 modifica el apartado uno de la DA 46ª de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. En el nuevo precepto se crea y regula, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, que entre sus fines tiene el de "potenciar la proyección internacional del sistema universitario español y su oferta, así como la movilidad interuniversitaria". Previamente, el art. 4 integra en el organismo público Programas Educativos Europeos la actividad de la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es), que pasará a denominarse Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
-En el art. 7 se modifica el art. 32 de la Ley Orgánica Universidades, que pasa a tener la siguiente redacción:
"Artículo 32. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
1. Corresponderán al Organismo público Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), las funciones de acreditación y evaluación del profesorado universitario, de evaluación de titulaciones universitarias, mejora de la calidad, seguimiento de resultados e informe en el ámbito universitario, y cualquier otra que les atribuya la Ley.
La ANECA asumirá las funciones de evaluación de la actividad investigadora previstas en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Los estatutos del organismo público ANECA garantizarán su independencia funcional.
La ANECA ejercerá las funciones previstas en el párrafo primero de este apartado 1, dentro del marco general de competencias definido en nuestro ordenamiento.
2. La ANECA desarrollará su actividad de acuerdo con los principios de competencia técnica y científica, legalidad y seguridad jurídica, independencia y transparencia, atendiendo a los criterios de actuación usuales de estas instituciones en el ámbito internacional.
3. La ANECA podrá participar en los procedimientos de homologación y reconocimiento de equivalencias a títulos universitarios españoles y correspondencia de nivel académico, en los términos que se determinen reglamentariamente. La iniciación de estos procedimientos devengará una tasa."
Como puede verse, se procede a la fusión de la ANECA y de la CNEAI, asumiendo la primera las funciones de la segunda en materia de evaluación de la actividad investigadora. Así se recoge en la exposición de motivos: "se concentran en un único organismo todas las funciones de evaluación y acreditación del profesorado universitario, que hasta ahora venían desarrollando la fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI)."
-El art. 8 procede a la creación del organismo público ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), como organismo autónomo con las funciones previstas en el art. 32 de la Ley Orgánica de Universidades y adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Secretaría General de Universidades:
"1. Se crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), como organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, al que corresponden las funciones previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
2. El Organismo autónomo ANECA estará adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Secretaría General de Universidades.
3. El Organismo autónomo ANECA desarrollará su actividad de acuerdo con los principios de competencia técnica y científica, legalidad y seguridad jurídica, independencia y transparencia, atendiendo a los criterios de actuación usuales de estas instituciones en el ámbito internacional. Los estatutos del Organismo autónomo ANECA, que se aprobarán mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, y tendrán el contenido previsto en el artículo 62 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, garantizarán su independencia funcional.
El Director de la ANECA, responsable de su dirección y gestión ordinaria, será nombrado y separado por su Consejo Rector, a propuesta de su Presidente, entre personas que reúnan las cualificaciones necesarias para el cargo, según se determine en el Estatuto.
4. Sin perjuicio de las competencias de fiscalización atribuidas al Tribunal de Cuentas, el control de la gestión económico-financiera de este Organismo autónomo se ejercerá bajo la modalidad de control financiero permanente, en las condiciones y en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
5. El Organismo autónomo ANECA deberá entrar en funcionamiento efectivo en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa aprobación de sus estatutos y de la extinción de la Fundación ANECA.
A partir del momento de su entrada en funcionamiento efectivo, el Organismo autónomo ANECA se subrogará en los derechos y obligaciones de que sea titular dicha entidad.
En todo caso, la incorporación del personal procedente de la fundación se realizará, en su momento, con la condición de «a extinguir» y sin que en ningún caso este personal adquiera la condición de empleado público. Únicamente podrá adquirir la condición de empleado público mediante la superación de las correspondientes pruebas selectivas que, en su caso, se puedan convocar por la Administración Pública a la que se incorpora, en los términos y de acuerdo con los principios contenidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril.
La formulación y aprobación de las cuentas una vez que se produzca la extinción de la fundación ANECA y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, corresponderá al Presidente o Director de la ANECA.
6. La creación de la ANECA no implicará incremento en el gasto público con respecto a la supresión de la fundación del sector público estatal que, con la misma denominación, viene desarrollando sus funciones.
En ningún caso podrá suponer incremento neto de estructura o de personal, dotándose, exclusivamente, mediante la correspondiente redistribución de efectivos.
7. El Organismo autónomo ANECA gestionará desde el momento de su efectiva constitución y hasta que disponga de un presupuesto propio aprobado por norma con rango de ley, con los efectos que en la misma se establezca, el presupuesto de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación."
-El art. 26, modifica el art. 112 de la Ley General Tributaria. El nuevo art. 112.1, párrafo tercero, referido a la notificación mediante anuncios, establece: "La publicación en el “Boletín Oficial del Estado” se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente."
-La disposición final octava, de acuerdo con la previsión del nuevo art. 32.3 de la Ley Orgánica de Universidades (véase supra el artículo 7 de esta Ley), modifica el art. 28 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en el que se regula la tasa por homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico, y convalidación de títulos y estudios extranjeros, que pasa a tener el siguiente contenido:
"Uno. Creación de la tasa.
Se crea la tasa por homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico, y convalidación de títulos y estudios extranjeros, que se regirá por la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Dos. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la iniciación, a solicitud del interesado, de un expediente de homologación o de equivalencia a titulación y a nivel académico de títulos extranjeros de educación superior, o bien de un expediente de homologación o convalidación de títulos o estudios extranjeros de educación no universitaria.
Tres. Devengo.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la presentación de la solicitud de homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico o convalidación. La justificación del abono de la tasa será requisito necesario para la tramitación del expediente.
Cuatro. Sujeto pasivo.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico o convalidación de títulos o estudios extranjeros.
Cinco. Cuantía.
1. Las cuantías de la tasa serán las siguientes: [...]
2. Cuando se trate de títulos o estudios no mencionados expresamente en los subapartados anteriores, se aplicará la cuantía correspondiente al título o estudios equivalentes por sus efectos o nivel académico.
Seis. Exenciones.
No se devengará tasa alguna por la solicitud de homologación al título español de Graduado en Educación Secundaria, ni por la solicitud de homologación de títulos de especialidades en Ciencias de la Salud.
Siete. Gestión y recaudación.
1. El pago de la tasa se realizará mediante ingreso en efectivo en entidad de depósito autorizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siéndole aplicable lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
2. No obstante, en aquellos países de residencia de los solicitantes en que no exista entidad de depósito autorizada, el ingreso se verificará mediante su ingreso en cuentas restringidas de recaudación abiertas en entidades de depósito para este fin.
3. La gestión de la tasa se llevará a cabo por los servicios competentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte."
Sobre el Proyecto de Ley remitido a las Cortes por el Gobierno véase la entrada de este blog del día 7.2.2014.