jueves, 21 de mayo de 2015

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (21.5.2015)

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), de 21 de mayo de 2015, en el Asunto C‑322/14 (El Majdoub): Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) nº 44/2001 — Artículo 23 — Cláusula atributiva de competencia — Requisitos de forma — Transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo — Concepto — Condiciones generales de contratación que pueden consultarse e imprimirse desde un enlace que permite visualizarlas en una nueva ventana — Técnica de aceptación mediante un “clic”.
Fallo del Tribunal:
"El artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que la técnica de aceptación mediante un «clic» de las condiciones generales, que incluyen una cláusula atributiva de competencia, de un contrato de compraventa celebrado por vía electrónica, como el del litigio principal, constituye una transmisión por medios electrónicos que proporciona un registro duradero de dicha cláusula, en el sentido de esta disposición, siempre que esa técnica permita imprimir y guardar el texto de las citadas condiciones antes de la celebración del contrato."

-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 21 de mayo de 2015 , en el Asunto C-252/13 (CDC): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) nº 44/2001 — Competencias especiales — Artículo 6, apartado 1 — Acción contra varios demandados domiciliados en diferentes Estados miembros que han participado en un cártel declarado contrario a los artículos 81 CE y 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo para su condena solidaria al pago de una indemnización y la presentación de informaciones — Competencia del tribunal que conoce del asunto respecto a los codemandados — Desistimiento frente al demandado domiciliado en el Estado miembro del tribunal que conoce del asunto — Competencia en materia delictual o cuasidelictual — Artículo 5, apartado 3 — Cláusulas atributivas de competencia — Artículo 23 — Aplicación eficaz de la prohibición de los cárteles.
Fallo del Tribunal:
" 1) El artículo 6, punto 1, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que la regla de concentración de competencias en caso de pluralidad de demandados que esa disposición establece puede aplicarse en el supuesto de una acción para la condena solidaria al pago de una indemnización y para la presentación de informaciones en ese contexto contra empresas que han participado de forma diferente por la dimensión geográfica y temporal en una infracción única y continuada de la prohibición de cárteles prevista por el Derecho de la Unión, declarada por una decisión de la Comisión Europea, y ello incluso si el demandante ha desistido de su acción frente al único codemandado domiciliado en el Estado miembro del tribunal que conoce del asunto, a menos que se acredite la existencia de una colusión entre el demandante y el referido codemandado para crear o mantener de forma artificial las condiciones de aplicación de esa disposición en el momento de ejercitarse la acción.
2) El artículo 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, cuando se reclama judicialmente una indemnización a demandados domiciliados en diferentes Estados miembros a causa de una infracción única y continuada del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, en la que han participado esos demandados en varios Estados miembros en diferentes momentos y lugares, infracción que ha sido declarada por la Comisión, el hecho dañoso se ha producido respecto a cada supuesta víctima considerada individualmente, y en virtud del citado artículo 5, punto 3, cada una de esas víctimas puede elegir entre ejercer su acción ante el tribunal del lugar en el que fue definitivamente constituido el cártel, o del lugar en el que en su caso fue concluido un arreglo específico e identificable por sí solo como el hecho causal del perjuicio alegado, o bien ante el tribunal del lugar de su propio domicilio social.
3) El artículo 23, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de que se reclame judicialmente una indemnización a causa de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, permite tener en cuenta las cláusulas atributivas de competencia contenidas en contratos de suministro, incluso cuando su efecto sea excluir las reglas de competencia internacional previstas en los artículos 5, punto 3, y/o 6, punto 1, de ese Reglamento, siempre que esas cláusulas se refieran a las controversias sobre la responsabilidad incurrida a causa de una infracción del Derecho de la competencia."

-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 21 de mayo de 2015, en el Asunto C‑560/13 (Wagner-Raith): Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Excepción — Movimientos de capitales que suponen la prestación de servicios financieros — Normativa nacional que establece la imposición a tanto alzado de los rendimientos del capital derivados de participaciones en fondos de inversión extranjeros — Fondos negros.
Fallo del Tribunal: "El artículo 64 TFUE debe interpretarse en el sentido de que una legislación nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prevé una imposición a tanto alzado de los rendimientos de titulares de participaciones en un fondo de inversión no residente, cuando éste no ha cumplido determinadas obligaciones legales, constituye una medida que tiene por objeto movimientos de capitales que suponen la prestación de servicios financieros en el sentido de dicho artículo."

DOUE de 21.5.2015

-Decisión (UE) 2015/785 del Consejo, de 20 de abril de 2015, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y la aplicación provisional del Acuerdo entre la Unión Europea y los Emiratos Árabes Unidos, sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Mediante el presente acto se autoriza la firma en nombre de la Unión del Acuerdo entre la UE y los Emiratos Árabes Unidos sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Para el texto del Acuerdo véase la referencia siguiente de esta misma entrada.
-Acuerdo entre la Unión Europea y los Emiratos Árabes Unidos sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Este Acuerdo tiene por objeto la exención de visados para los ciudadanos de la Unión y de los Emiratos Árabes Unidos que viajen al territorio de la otra parte por un período máximo de 90 días cada 180 días.

miércoles, 20 de mayo de 2015

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (20.5.2015)

-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR, presentadas el 20 de mayo de 2015, en el Asunto C‑240/14 (Prüller-Frey): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Korneuburg (Austria)] Responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente — Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional — Reglamento (CE) nº 2027/97 — Ámbito de aplicación — Vuelo efectuado en una aeronave ultraligera con motor cuyo operador no posee una licencia de explotación de servicios aéreos — Vuelo que tiene el mismo punto de partida y de destino y efectuado al objeto de mostrar una finca a un eventual comprador — Reglamento (CE) nº 864/2007 — Artículo 18 — Acción directa contra el asegurador del responsable.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
" 1) Los artículos 1 y 3, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2027/97 del Consejo, de 9 de octubre de 1997, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en cuanto atañe al transporte aéreo de pasajeros y sus equipajes, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de mayo de 2002, debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones del Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, firmado por la Comunidad Europea el 9 de diciembre de 1999 y y aprobado mediante la Decisión 2001/539/CE del Consejo, de 5 de abril de 2001, no se aplican a un vuelo nacional que no es realizado por una compañía aérea que posee una licencia de explotación en el sentido del Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad.
2) El artículo 18 del Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), debe interpretarse en el sentido de que la persona perjudicada puede entablar una acción directa contra el asegurador del responsable si dicha acción está prevista en la ley aplicable a la obligación extracontractual, con independencia de cuanto disponga la ley aplicable al contrato de seguro elegido por las partes."

Bibliografía (Artículo doctrinal) - El Fiscal europeo


El Fiscal europeo: una aproximación a un gran desafío
Mercedes DE PRADA RODRÍGUEZ, Prof. Dra. Derecho Procesal (CU.Villanueva y EPJ, UCM), Antonio ZÁRATE CONDE, Fiscal
Diario La Ley, Nº 8543, Sección Doctrina, 20 de Mayo de 2015, Ref. D-200
LA LEY 3402/2015
En un momento de debate, en el seno del Consejo de la Unión Europea, de la propuesta legislativa de la Comisión de 17 de julio del 2013 por la que prevé la creación de la Fiscalía europea para lucha contra del delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión, el presente trabajo pretende ser una exposición razonada de los orígenes de la regulación, un examen del modelo de Fiscalía europea propuesta por la Comisión y estado de lugar de la discusión que se está produciendo actualmente en el Consejo.
El presente artículo es un estudio detallado acerca de la propuesta legislativa de la Comisión sobre la creación de una futura Fiscalía europea, centrada en la lucha contra los delitos que afectan a los interés financieros de la Unión, en el que se analiza el estado de lugar del debate en el seno del Consejo de la Unión Europea, que modifica en gran medida el modelo inicialmente presentado, e incide en la necesidad de su puesta en funcionamiento como elemento para asegurar una correcta protección judicial de los intereses económicos comunitarios.
En primer lugar, se analiza el origen legislativo de tal institución, a través del Corpus Iuris, Libro Verde, art. 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión y Comunicación sobre la protección de los intereses financieros de la Unión, de los que se infiere que la idea de crear una Fiscalía europea se ha encontrado en el centro de debate de la Unión desde hace más de 15 años si bien la posición de los distintos Estados Miembros en cuanto su creación no ha sido unánime existiendo importantes diferencias de fondo.
En segundo lugar, se aborda la regulación prevista en la propuesta de 17 de julio del2013 de la Comisión en la que se diseña un modelo de Fiscal europeo, con cuatro adjuntos y con delegados nacionales, como órgano de la Unión con personalidad jurídica propia e independiente.
A continuación, se trata el estado de lugar de esta propuesta en el Consejo de la Unión europea y el cambio de modelo a uno de corte colegial así como el reconocimiento de la competencia concurrente de la Fiscalía europea y de las autoridades judiciales nacionales, anunciándose los problemas de orden práctico que pueden producirse.
Por último, se destaca la necesidad de crear una Fiscalía, en el marco de la Unión, basada en principio de independencia, imparcialidad y proporcionalidad para luchar eficazmente contra el fraude financiero y se valora positivamente que esta idea se encuentre en el orden del día del Consejo.

BOE de 20.5.2015


Resolución de 4 de mayo de 2015, conjunta de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se designan las Comisiones evaluadoras de la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2015.
Nota: Véase la Orden PRE/202/2015, de 9 de febrero, por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2015, así como la entrada de este blog del día 13.2.2015.

martes, 19 de mayo de 2015

BOE de 19.5.2015


-Sentencia de 10 de febrero de 2015, del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara inaplicable el inciso "y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar" del artículo 62 bis 1.i) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero; y se anulan diversos incisos de los artículos 7.3, segundo párrafo, 16.2.k), 21.3 y el apartado 2 del artículo 55 del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Nota: Véase el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, así como la entrada de este blog del día 15.3.2014.
-Ley 15/2015 de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura.
Nota: En esta disposición cabe destacar los siguientes preceptos:
-Art. 2.4: En relación con su ámbito de aplicación, se establece que "los requisitos de cualificación profesional señalados en esta ley sólo serán exigibles cuando el profesional esté establecido legalmente en Extremadura. Dichos requisitos no serán aplicables a los profesionales del deporte legalmente establecidos en el territorio de cualquier otra Comunidad Autónoma o Estado de la Unión Europea cuando entrenen, compitan, organicen eventos o ejerzan su profesión en Extremadura, siempre que cumplan los requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen".
-Art. 20: En relación con el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otros Estados, se determina que "el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas por los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo para el ejercicio de las profesiones reguladas en esta Ley, queda sometido a lo que establezcan las normas comunitarias aplicables; cuando se trate de nacionales de terceros Estados se estará a lo dispuesto en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia suscritos por España".
-Art. 23.6: Por lo que se refiere a la exigencia de comunicación previa como requisito para el ejercicio de actividades profesionales, se establece que "la comunicación previa tampoco será exigible a los profesionales del deporte legalmente establecidos en otra comunidad autónoma o en cualquier país de la Unión Europea siempre que cumplan los requisitos de acceso a la actividad requeridos en el lugar de origen, aún cuando tales requisitos difieran de los exigidos por la presente ley".
-Resolución de 30 de abril de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 1/2015, de 5 de febrero, del régimen especial de Arán.
Nota: Se acuerda iniciar negociaciones para resolver las discrepancias competenciales suscitadas en relación con los arts. 5, 8, 48 y 53, DA 1ª, DA 2ª y DF 5ª de la Ley 1/2015 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 5 de febrero, del régimen especial de Arán. Véase la entrada de este blog del día 4.3.2015.

lunes, 18 de mayo de 2015

Congreso de los Diputados - Proyectos de Ley


-Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 154-1, de 18.5.2015).
Nota: En este proyecto cabe destacar los siguientes precepto:
-Art. 31.2: En relación con la concurrencia de sanciones, se determina que "cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción".
-Art. 32, núms. 5 y 6: Se ocupa de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pública como consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la UE.
-Art. 34.1, p. 2º: Reglamenta la indemnización en los casos de responsabilidad patrimonial por aplicación de una norma declarada contraria al ordenamiento jurídico de la UE.
-Art. 55.5: En relación con la estructura de la Administración General del Estado, se establece que "en la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales".
-Art. 156.3: Prevé la transmisión de datos entre Administraciones Públicas y, en concreto, la interconexión con las redes de las instituciones de la UE y de otros Estados Miembros.
-Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 155-1, de 18.5.2015).
Nota: Cabe destacar las siguiente disposiciones de este proyecto:
-Art. 16.4.c): Prevé que los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas pueden presentarse en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
-Art. 22.1, letras b) y c): El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender, entre otros casos, "cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada" (letra b). Igualmente, "cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado" (letra c).
-Art. 32.2: En relación con la ampliación de plazos, se establece que "la ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España".
-DA 1ª: Se establece que las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia aduanera, en materia de extranjería y en materia de extranjería y asilo, se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta ley.
-DT 5ª: Se ocupa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su carácter contrario al Derecho de la UE.

domingo, 17 de mayo de 2015

IX Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado (21-22 de mayo)


Los próximos días 21 y 22 de mayo se celebrará en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el "IX Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado". El Seminario está organizado por los profesores José Carlos Fernández Rozas y Pedro A. de Miguel Asensio, Catedráticos de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense y coordinado por la profesora Patricia Orejudo Prieto de los Mozos, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense.

Inscripciones: seminariodiprucm (at) gmail.com
Información: patricia-orejudo (at) ucm.es
Teléfono: (34) 91 3945596.

Más información [aquí] y en la entrada de este blog del día 9.2.2015.

Revista de revistas (10 a 17 de mayo)


-Anuario de Derecho Concursal: núm. 35 (2015).
-Columbia Journal of Transnational Law: vol. 53 (2015), núm. 2.
-Cuadernos de Derecho y Comercio: núm. 62 (2014).
-Unión Europea Aranzadi: 2015, núm. 2; 2015, núm. 3.

viernes, 15 de mayo de 2015

Journal of World Investment & Trade - Special Issue on The Latin American Challenge to the Current System of Investor-State Dispute Settlement


CALL FOR PAPERS

Journal of World Investment & Trade
Special Issue on
The Latin American Challenge to the 
Current System of Investor-State Dispute Settlement

Edited by Dr Katia Fach and Dr Catharine Titi
(JWI&T Editor-in-Chief: Dr Stephan Schill)


Since the time that the Calvo doctrine held sway, Latin America’s ambivalent relationship to investor-state dispute settlement has not ceased to elicit discussions and debates and generate a string of scholarly writings. Recently the region’s multiple responses to investment arbitrations, termination of a number of investment treaties and, in the case of three countries, denunciation of the Convention of the International Centre for Settlement of Investment Disputes have continued to fuel the debate. And the latter is on the point of taking yet a new turn. In November 2014, the Working Group on Responsible Dispute Investment Settlement of the Union of South American Nations (UNASUR) settled on a constitutive treaty that, if successful, will create Latin America’s own dispute resolution centre for investment disputes. The provisionally-called UNASUR Centro de solución de controversias en materia de inversiones (UNASUR Investment Arbitration Centre) brings together the twelve UNASUR member states (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, and Venezuela) and the Working Group aspires to have it operational in the next couple of years. More recently, in March and April 2015, Brazil, the region’s biggest economy, concluded its two first cooperation and facilitation investment agreements (CFIA), investment treaties of a sui generis kind, that focus on investment facilitation and dispute prevention and bar access to investor-state dispute settlement.

These and other innovative features of the Latin American take on investment arbitration raise numerous questions and challenges for the region but also for the entire system of international investment protections. The Special Issue of the Journal of World Investment & Trade will aim to deal with some of the themes relating to the creation of the Centre and these other innovative aspects of the current and future Latin American approach to the reform of investment dispute settlement. The following are just some topics that the Special Issue will aim to address:

A new investment arbitration system in the offing. The UNASUR Investment Arbitration Centre aims to establish an arbitration procedure with nuclear differences from investment arbitration system as we know it – e.g. reinforcement of transparency of proceedings; increased respect for States’ sovereign rights; strict controls regarding arbitrator conduct and neutrality; establishment of an appeals mechanism with a system of precedent. Although traditional institutions of investment arbitration will not be taken as a reference, newer trends that are being sketched in new generation investment agreements outside Latin America may be taken into account. Simultaneously, the Special Issue will explore how to reconcile the functioning of the UNASUR Centre with the investment framework previously set in place by UNASUR members – e.g., BITs, treaties, national laws or contracts giving access to investment arbitration. Attention will also be given to the UNASUR Centre’s relationship with other pre-existing regional institutions that have the legal power to resolve investment disputes in Latin America. Additionally, the relationship between the UNASUR Centre and national courts is a crucial facet for the strengthening of the new Centre worldwide.

Scepticism vis-à-vis the UNASUR Centre. The Special Issue will also examine the scepticism that the UNASUR Centre has generated among various foreign legal commentators. It is feared that its operation will scorn international standards in favour of regional ones, which could lead to increased instability in the region and to investment and welfare decrease. An interesting sub-facet of this issue is the negative reaction that the UNASUR Centre has created amongst Latin American scholars and public authorities in ‘ICSID-friendly’ countries in the region. From a more general approach, the Special Issue will also reflect on the perspectives of success of this innovative project and also on the legal and socio-political factors that may influence the Centre’s success or failure.

UNASUR Centre and other regional initiatives. The Special Issue is interested in parallels that can be drawn between the prospective UNASUR Centre and other regional projects, e.g. in Asia or Africa, but also in Latin America. Many initiatives are undertaken, a few succeed – e.g. the Andean Community’s common regime on intellectual property – but many fail. The Special Issue will explore the lessons to be drawn from the success but also from the failure of regional projects and where the UNASUR Centre stands in this context. Another aspect of this question is how a regional arbitration centre may succeed in reforming investment arbitration while placed outside the traditional context (e.g. ICSID).

Novel Latin American approaches to investment dispute settlement. Besides the UNASUR Centre’s innovative suggestions for investment dispute resolution, the Special Issue is also keen on exploring other novel or ground-breaking aspects of Latin American investment arbitration. Improved institutional governance, thematic agendas and dispute prevention, as evidenced in the Brazilian model, are a first example. Peru’s State Coordination and Response System for International Investment Disputes (Sistema de de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión), an internal dispute management system and a special mechanism geared at avoiding investment treaty liability, is another. Additionally, participation of Latin American states in the Trans-Pacific Partnership Agreement constitutes a further element that can shape investment arbitration tendencies in the area. The Special Issue invites submissions especially focused on the systems and mechanisms, more than on individual countries.

Investment arbitration and the rule of law in Latin America. The UNASUR Working Group on Responsible Dispute Investment Settlement has recently stated that peace in this complex region requires not only the absence of armed conflicts, but also the ability to resolve economic disputes through legal and democratic means, maintaining ‘institutionalism’. Whereas investment tribunals will often lack jurisdiction to pronounce on issues relating to the general economic effects of national legislation and regulation, arbitral jurisprudence has conceptualised the fair and equitable treatment (FET) as a means of ensuring rule-of-law-like standards for foreign investors. Consolidation of the rule of law is also closely associated with the protection of human rights. The Special Issue will discuss the different legal tools that will be made available in investment dispute resolution in order to protect human rights in the region – e.g. amicus curiae, code of conduct for arbitrators, additional ADR mechanisms, ombudsmen. The analysis in this context will take into account the Inter-American Human Rights System and propose legal mechanisms of effective coordination.

Submission of proposals

The Journal of World Investment & Trade (JWIT) is a double-blind peer-reviewed journal that focuses on the legal aspects of foreign investment relations in a broad sense. This encompasses, among others, the law of bilateral, multilateral, regional and sectoral investment treaties, investor-state dispute settlement, and domestic law relating to foreign investment. The Journal is open to doctrinal analysis as well as theoretical, conceptual, and interdisciplinary approaches, including law and economics analysis, empirical analysis, historical analysis, political science analysis, or normative analysis.

The Special Issue ‘The Latin American Challenge to the Current System of Investor-State Dispute Settlement’ will use current developments and the proposed design of UNASUR’s investment dispute settlement centre, as an example of the Latin American ‘challenge’ to investment arbitration and place it within the wider context of reform of investor-state dispute settlement as evidenced elsewhere in the world. It will prioritise critical and theoretical (rather than descriptive) approaches that will guarantee a scientific interest in the volume long after its publication date.

The guest editors of this Journal of World Investment & Trade Special Issue are Katia Fach (University of Zaragoza, Spain) and Catharine Titi (University Panthéon-Assas, France).
Scholars, IIA negotiators and experienced practitioners are invited to submit cutting-edge proposals that go beyond the state of the law to this call for papers for the Journal of World Investment & Trade.

Extended abstracts – minimum of 1000 words – or unpublished full papers should be submitted to both editors (katiafachgomez (at)gmail.com and cathy_titi(at) hotmail.com), along with the author’s name, affiliation, a CV that includes a list of relevant publications, and the author’s contact details.

All submissions and finalised papers must be written in English. Submission for the Special Issue is incompatible with parallel submission to a different publication.

Timeline:

The deadline for the submission of proposals is 30 June 2015.
Successful applicants will be informed by 31 July 2015.
The deadline for the submission of the finalised papers for accepted proposals is 30 November 2015.
Intended publication is in the first half of 2016.

Finalised papers will be between 7,000-10,000 words (including footnotes) and must comply with the Journal of World Investment & Trade style guide which can be accessed here http://www.brill.com/files/brill.nl/specific/authors_instructions/JWIT.pdf.

Bibliografía (Artículo doctrinal) - La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de derechos y garantías procesales


La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de derechos y garantías procesales: los derechos a la traducción e interpretación y a la información en el proceso penal
Manuel LÓPEZ JARA, Secretario judicial
Diario La Ley, Nº 8540, Sección Doctrina, 15 de Mayo de 2015, Ref. D-192
LA LEY 3279/2015
Se analiza en el presente trabajo la transposición al ordenamiento interno de dos Directivas europeas sobre derechos y garantías procesales de los sospechosos y acusados en el proceso penal. En concreto, los derechos a la traducción y a la interpretación y a los derechos de información, con análisis de los mismos desde la perspectiva tanto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que las Directivas establecen como punto de partida y cómo queda afectado nuestro proceso penal.
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la transposición de las Directivas europeas, aun con retraso, debe calificarse de positiva por la ampliación y concreción de los derechos regulados y, desde el punto de vista de la cooperación judicial penal en la Unión Europea, por coadyuvar a la consecución de un verdadero espacio de Justicia, basado en la mutua confianza entre autoridades judiciales. No obstante existen también aspectos negativos por el modo en que algunos derechos al sido regulados.
La Comisión Europea ha recabado información a las autoridades nacionales por el retraso en la transposición, como paso previo, en su caso, al recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia. Además de este retraso, la Ley establece unos plazos de vacatio excesivamente amplios, en especial para la creación de los registros de intérpretes y traductores judiciales y las modificaciones en los derechos a la información y acceso al contenido de los autos. Ante ello, podríamos encontrarnos con la invocación del efecto directo de las Directivas ante el retraso o la deficiente transposición de la norma (formalmente ha sido transpuesta, pero algunos de sus contenidos se demoran aún en el tiempo).
De modo positivo destaca el establecimiento la traducción simultánea como sistema de traducción general, la dispensa a declarar del traductor sobre lo conocido por su actuación profesional en las entrevistas reservadas entre el imputado y abogado y el carácter irrenunciable del derecho a la interpretación. En relación con los derechos a la información destaca el derecho de acceso a los materiales del expediente por el imputado y su letrado, que se extiende, no solo a la fase judicial, sino también y como novedad a la fase previa de investigación policial y sobre todo a las actuaciones judiciales que estén declaradas secretas —en este caso, solo parcialmente— para poder impugnar la legalidad de la detención.

BOE de 15.5.2015


Real Decreto 321/2015, de 24 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 677/1993, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de apoyo oficial al crédito a la exportación mediante convenios de ajuste recíproco de intereses y el Real Decreto 1226/2006, de 27 de octubre, por el que se regulan las actividades y el funcionamiento del fondo para inversiones en el exterior y el fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa.
Nota: Entre los principales instrumentos de apoyo financiero a la internacionalización que en la actualidad gestiona la Compañía Española de Financiación del Desarrollo COFIDES --creada por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de febrero de 1988, como entidad especializada en la financiación de operaciones de inversión en el exterior vía instrumentos de capital riesgo y capital expansión-- se encuentran el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME). Estos Fondos se crearon por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y se recogen en el art. 55.b).i) de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre. Por su parte, el art. 56 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, incorpora una modificación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, para adaptar el funcionamiento del FIEX a las mayores atribuciones que el art. 55.1.a).ii) de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, confiere a COFIDES. Por todo ello, es preciso realizar una modificación del Real Decreto 677/1993, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de apoyo oficial al crédito a la exportación mediante convenios de ajuste recíproco de intereses y del Real Decreto 1226/2006, de 27 de octubre, por el que se regulan las actividades y el funcionamiento del Fondo para Inversiones en el Exterior y el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa. Asimismo, se aprovecha esta modificación del Real Decreto 1226/2006, de 27 de octubre, para introducir cambios en su redacción encaminados a adaptar el funcionamiento de los respectivos Comités Ejecutivos del FIEX y del FONPYME, a los que corresponde la administración de cada uno de los Fondos en virtud de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, a su actuación en la práctica.

jueves, 14 de mayo de 2015

Congreso de los Diputados - Proyecto de Ley


Proyecto de Ley del sector ferroviario (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 152-1, de 14.5.2015).
Nota: Esta norma tiene por objeto regular las infraestructuras ferroviarias, la seguridad en la circulación ferroviaria y la prestación de los servicios de transporte ferroviario de viajeros y de mercancías y de aquellos que se prestan a las empresas ferroviarias en las instalaciones de servicio, incluidos los complementarios y auxiliares (art. 1.1)

En este proyecto cabe destacar las siguientes disposiciones:

-Art. 32.2: La "declaración sobre la red" contendrá las características de la infraestructura puesta a disposición de las empresas ferroviarias e informará sobre la capacidad y condiciones técnicas de cada tramo de la red y sobre las condiciones de acceso a la misma. Los administradores de infraestructuras ferroviarias elaborarán, aprobarán y publicarán la declaración sobre la red correspondiente a su ámbito de actuación, así como sus actualizaciones. La declaración se publicará en idioma castellano y, al menos, en otra lengua oficial de la Unión Europea.
-Art. 49.4: Para prestar el servicio de transporte ferroviario de viajeros y de mercancías debe obtenerse previamente la correspondiente licencia de empresa ferroviaria. Ahora bien, las licencias de empresa ferroviaria otorgadas por los demás Estados de la Unión Europea producirán todos sus efectos en España, sin perjuicio de su necesaria inscripción en el Registro Especial Ferroviario.
-Art. 50.1.a): Son requisitos, entre otros, para la obtención de la licencia de empresa ferroviaria el "revestir la forma de sociedad anónima, de acuerdo con la legislación española. La sociedad deberá haberse constituido por tiempo indefinido y sus acciones habrán de tener carácter nominativo. En caso de que la sociedad esté o vaya a estar controlada, de forma directa o indirecta, por una o varias personas domiciliadas en un Estado no miembro de la Unión Europea, podrá denegarse la licencia o limitarse sus efectos cuando las empresas ferroviarias españolas o comunitarias no se beneficien, en el referido Estado, del derecho al acceso efectivo a la prestación del servicio ferroviario".
-Art. 57: Se ocupa de las comunicaciones a otros Estados miembros de la Unión Europea o a la Agencia Ferroviaria Europea por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria cuando tenga indicios del posible incumplimiento de los requisitos exigidos por una empresa ferroviaria a la que haya otorgado la licencia una autoridad de otro Estado miembro, o cuando la Agencia haya concedido, modificado, suspendido o revocado una licencia. Cuando la Agencia tenga conocimiento de que a una empresa ferroviaria de otro Estado miembro de la Unión Europea que opere en España le ha sido suspendida o revocada la licencia, acordará inmediatamente las medidas pertinentes para que no realice la prestación de servicios amparada por dicho título habilitante.
-Disposición adicional cuarta: Se ocupa de los servicios internacionales de transporte ferroviario de viajeros.