sábado, 22 de julio de 2017

DOUE de 22.7.2017


Corrección de errores de la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
Nota: Véase la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, así como la entrada de este blog del día 7.6.2017.

BOE de 22.7.2017


Real Decreto 726/2017, de 21 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2017-2018, y se modifica el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
Nota: En el ámbito material de aplicación se incluyen las siguientes enseñanzas universitarias (art. 2):
-Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster.
-Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.
-Curso de preparación para el acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por Universidades públicas.
En su art. se regulan la cuantías de las becas y ayudas al estudio de carácter general para las enseñanzas universitarias.
La DA 1ª se ocupa de las medidas específicas para compensar las desventajas de los estudiantes universitarios con discapacidad. La DA 2ª de la prolongación de los estudios universitarios. Y la DA 4ª de las becas para primer curso de Grado.

La DF 2ª modifica el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

viernes, 21 de julio de 2017

XI Seminario de Derecho Internacional Privado - Solicitud de comunicaciones


“Regulación de la actividad económica en el ámbito internacional y libertad de establecimiento (cuestiones societarias, fiscales, de Derecho de la competencia, Derecho privado y arbitraje)”

XI Seminario de Derecho internacional privado sobre
(Barcelona, 26 y 27 de octubre de 2017)

El Seminario incluirá los siguientes paneles (se hace constar el nombre de los ponentes confirmados hasta el momento):

1- Establecimiento de Sociedades (perspectiva de DIPr).
Prof. Dra. Jessica Schmidt, Catedrática de Derecho civil y de Derecho alemán, europeo e internacional de la empresa y los mercados de capitales (Universidad de Bayreuth, Alemania)

2- Establecimiento de Sociedades (perspectiva de Derecho Mercantil).
Prof. Dr. Andrés Recalde Castells, Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Madrid.

3- Cuestiones fiscales.
Prof. Dra. Cristina García Herrera-Blanco, Vocal Asesora de Derecho Financiero y Tributario del Instituto de Estudios Fiscales.

4- Derecho económico (libre competencia, competencia desleal y regulación administrativa de la actividad económica).
Prof. Dr. Amadeo Petitbó Juan, Catedrático de Economía Aplicada
Prof. Dr. Barry Rodger, Catedrático de Derecho en la Universidad Strathclyde de Glasgow (Reino Unido).

5- Libertad de establecimiento y Derecho privado.
Prof. Dr. Gerry Maher, Catedrático de Derecho en la Universidad de Edimburgo (Reino Unido)

6- Regulación de la actividad económica y Derecho privado fuera de la UE.
Prof. Dr. Csongor István Nagy, Catedrático de Derecho en la Universidad de Szeged (Hungría)

7- Arbitraje.
Prof. Dr. José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad Complutense de Madrid.

El Seminario se abre a la presentación de comunicaciones, tanto en español como en inglés o francés, que deberán estar relacionadas con alguno de los diferentes paneles. Es necesaria la presentación de un resumen (900 palabras) y bibliografía básica al Comité Científico antes del día 15 de septiembre de 2017. Este procederá a su valoración a efectos que puedan ser presentadas en los diferentes paneles por un tiempo de cinco minutos. El día 29 de septiembre se anunciará vía email las que han sido admitidas. La versión definitiva tendrá que ser presentada el día 20 de octubre. La remisión del resumen y, en su caso, de la versión definitiva deberá hacerse a la siguiente dirección:  rafael.arenas (at) uab.cat

Más información [aquí]

BOE de 21.7.2017


Ley 10/2017 de la comunidad Autónoma de Cataluña, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código civil de Cataluña..
Nota: De acuerdo con su exposición de motivos, se han creado disposiciones que determinan la forma de administrar la presencia de las personas en los entornos digitales durante su minoría de edad y en los supuestos de capacidad judicialmente modificada y de muerte. Ello supone la modificación del libro segundo y del libro cuarto del Código civil de Cataluña.
Por una parte, se modifica el libro segundo del Código civil de Cataluña para prever la posibilidad de que la persona, al otorgar un poder en previsión de pérdida sobrevenida de capacidad, pueda fijar quién se encargará de ejecutar sus voluntades digitales y establecer el alcance de la gestión dentro del poder.
Se establece la facultad de vigilancia de los progenitores y tutores de los menores de edad para que la presencia de estos en los entornos digitales sea apropiada y no les genere riesgos, del mismo modo que se establece que los progenitores y tutores puedan promover las medidas adecuadas y oportunas y solicitar la asistencia de los poderes públicos.
En supuestos tasados –sólo si se acredita que existe un riesgo claro para la salud física o mental de los menores de edad–, se habilita a los progenitores y tutores para solicitar la suspensión provisional de sus cuentas activas, habiéndolos escuchado previamente y sin perjuicio de promover su protección pública mediante los procedimientos correspondientes.
Por otra parte, se regula el régimen de las voluntades digitales en caso de muerte para prever que el testamento, el codicilo o las memorias testamentarias también puedan contener voluntades digitales y designar a la persona encargada de su ejecución. En caso de que no se haya designado a nadie, se establece que el heredero, el albacea o el administrador de la herencia puede ejecutar las voluntades digitales o bien encargar su ejecución a otra persona.
Las voluntades digitales pueden ordenarse no únicamente mediante testamento, codicilo o memorias testamentarias, sino también, en defecto de disposiciones de última voluntad, mediante un documento de voluntades digitales que debe inscribirse en el Registro electrónico de voluntades digitales, un nuevo instrumento registral de carácter administrativo que se crea con el objetivo de facilitar e incrementar las vías disponibles para dejar constancia de las voluntades digitales.
Se precisa que la persona encargada de ejecutar las voluntades digitales también puede designarse mediante todos los instrumentos que pueden utilizarse para ordenarlas y se completa la regulación del modo sucesorio del libro cuarto del Código civil de Cataluña para incluir la ejecución de las voluntades digitales del causante.
Finalmente, se incorpora al libro cuarto del Código civil de Cataluña, mediante una disposición adicional, la regulación básica del Registro electrónico de voluntades digitales, en que deben inscribirse los documentos de voluntades digitales, y se establece el régimen de acceso al Registro y la emisión de certificados.

Véase la Ley 25/2010 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, así como la Ley 10/2008 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 10 de julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones.

jueves, 20 de julio de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (20.7.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 20 de julio de 2017, en el asunto C‑340/16 (MMA IARD): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 9, apartado 1 — Artículo 11, apartado 2 — Competencia judicial en materia de seguros — Acción directa de la persona perjudicada contra el asegurador — Acción del empleador de la persona perjudicada, un organismo público subrogado ex lege en los derechos de su trabajador, contra el asegurador del vehículo implicado — Subrogación.
Fallo del Tribunal: "El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con el artículo 11, apartado 2, del mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que un empleador establecido en un primer Estado miembro, que ha mantenido la remuneración de su trabajador ausente a causa de un accidente de tráfico y que se ha subrogado en los derechos de este último frente a la compañía aseguradora de la responsabilidad civil generada por el vehículo implicado en dicho accidente, que se halla domiciliada en un segundo Estado miembro, puede, en su condición de «persona perjudicada» en el sentido de esta última disposición, demandar a dicha compañía de seguros ante los tribunales del primer Estado miembro, cuando fuere posible una acción directa."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 20 de julio de 2017, en el asunto C‑287/16 (Fidelidade-Companhia de Seguros): Procedimiento prejudicial — Seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles — Directiva 72/166/CEE — Artículo 3, apartado 1 — Directiva 84/5/CEE — Artículo 2, apartado 1 — Contrato de seguro celebrado sobre la base de falsas declaraciones relativas a la propiedad del vehículo y a la identidad del conductor habitual de éste — Tomador del seguro — Falta de interés económico en la celebración de ese contrato — Nulidad absoluta del contrato de seguro — Oponibilidad a los perjudicados.
Fallo del Tribunal: "El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como sobre el control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, y el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que tenga por efecto que, en circunstancias como las que son objeto del litigio principal, pueda invocarse contra los terceros perjudicados la nulidad de un contrato de seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles con que se sancionan las falsas declaraciones iniciales prestadas por el tomador del seguro en cuanto a la identidad del propietario y del conductor habitual del vehículo de que se trate o el hecho de que la persona por cuya cuenta o a cuyo nombre se haya suscrito dicho contrato no tenga interés económico en la celebración del mismo."
-CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON, presentadas el 20 de julio de 2017, en el asunto C‑201/16 (Shiri): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria)] Espacio de libertad, seguridad y justicia — Interpretación del Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Derecho a tutela judicial efectiva previsto en el artículo 27, apartado 1 — Modalidades y plazos para el traslado de una persona desde el Estado miembro requirente al Estado miembro requerido establecidos en el artículo 29, apartado 1 — Momento en el que comienza a correr el plazo indicado en el artículo 29, apartado 1.
Nota: La Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"– De conformidad con el artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, un solicitante de protección internacional puede impugnar, en principio, una decisión de traslado basándose en el hecho de que el Estado miembro requirente no ha llevado a cabo el traslado en el plazo de seis meses previsto en el artículo 29, apartado 1, de dicho Reglamento.
– A tenor del artículo 29, apartado 2, del Reglamento n.º 604/2013, la expiración del plazo de seis meses previsto en su artículo 29, apartado 1, basta por sí sola para atribuir al Estado requirente la responsabilidad del examen de la solicitud de protección internacional de la persona de que se trate."
-CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT, presentadas el 20 de julio de 2017, en el asunto C‑434/16 (Nowak): [Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda)] Petición de decisión prejudicial — Directiva 95/46/CE — Tratamiento de datos personales — Definición de datos personales — Acceso al examen escrito propio — Comentarios sobre la corrección.
Nota: La Abogada General propone al Tribunal contestar las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"Un examen manuscrito atribuible a un candidato de examen, incluidos los posibles comentarios de los examinadores sobre la corrección, es un conjunto de datos personales en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos."

Bibliografía - El Reglamento sobre insolvencia y su incidencia en las cláusulas y procedimientos arbitrales


Normativa Europea sobre insolvencia: Reglamento 848/2015 y su incidencia en las cláusulas y procedimientos arbitrales en el ámbito europeo
Elena SEVILA (Asociado senior del área Procesal de Andersen Tax & Legal), Daria SHATROVA (Abogado del área Procesal de Andersen Tax & Legal)
Diario La Ley, Nº 9025, Sección Tribuna, 20 de Julio de 2017, Editorial Wolters Kluwer
A juicio de las autoras, el nuevo Reglamento deja nuevamente sin resolver una multitud de cuestiones procedimentales en relación con el arbitraje. Su finalidad no es regular aquellos aspectos arbitrales que puedan haber quedado olvidados por las leyes concursales nacionales, sino establecer normas de competencia judicial internacional, ley aplicable y procedimientos de coordinación para dotar de eficiencia y agilidad a los concursos comunitarios. Por ello, el Nuevo Reglamento se limita a señalar que la ley aplicable a los procedimientos arbitrales en curso, al igual que a los procedimientos jurisdiccionales ordinarios, es la ley de la sede arbitral.

miércoles, 19 de julio de 2017

Bibliografía - Material genético de los padres de intención y filiación en el caso Campanelli II


Material genético de los padres de intención y filiación en el caso Campanelli II. Su incidencia en la STSJ de Madrid de 13 de marzo de 2017
Gloria MORENO BOTELLA, Profesora Titular de la UAM
Diario La Ley, Nº 9024, Sección Doctrina, 19 de Julio de 2017, Editorial Wolters Kluwer
Hasta ahora y a pesar de la prohibición existente en la mayoría de los Estados de la Unión Europea acerca de los contratos de maternidad subrogada, cuando los conflictos se planteaban ante la jurisdicción europea, el TEDH sobre la base del derecho a la vida privada y familiar del artículo 8 del CEDH y la primacía del principio del interés superior del menor ordenaba al Estado que denegaba la inscripción del menor a que procediera a la misma.
Esta circunstancia parece que ha cambiado en la reciente sentencia del TEDH de 23 de enero de 2017 en la que el Tribunal al contrario que en la precedente decisión sobre el mismo asunto, el caso Campanelli del año 2015 donde condenaba a Italia por violación del artículo 8 del CEDH. En la sentencia de 2017 (Campanelli II), la Gran Sala ha entendido que Italia no viola el artículo 8 del Convenio al entender que la convivencia de los comitentes con el menor fue breve y además no existía vínculo biológico entre aquéllos y el menor. La Gran Sala además pone de relieve el amplio margen de apreciación que tienen los Estados en la regulación de esta materia.

Nota: Véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, de 13 Mar. 2017, núm. 209/2017 (Rec. 817/2016).

BOE de 19.7.2017


-Entrada en vigor del Convenio de cooperación entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, hecho "ad referéndum" en Madrid el 30 de abril de 2015.
Nota: El texto convencional entrará en vigor el 31 de agosto de 2017.
Véase el Convenio de Cooperación entre España y Egipto de 30 de abril de 2015, así como la entrada de este blog del día 6.3.2017.
-Resolución de 14 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca el 121º Curso sobre la Unión Europea.

lunes, 17 de julio de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-161/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 31 de marzo de 2017 — Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff.
Cuestiones planteadas: "¿Constituye una puesta a disposición del público en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE la inserción en un sitio web propio de libre acceso de una obra que ya podía ser consultada libremente por todos los internautas y con la autorización del titular de los derechos de autor en un sitio web ajeno, cuando dicha obra haya sido copiada primero a un servidor y desde ahí haya sido cargada en la página web propia?"
-Asunto C-246/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 10 de mayo de 2017 — Ibrahima Diallo/Estado belga.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 1 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros en el sentido de que exige que la decisión relativa al reconocimiento del derecho de residencia se adopte y se notifique en el plazo de seis meses, o bien en el sentido de que permite que la decisión se adopte en dicho plazo y se notifique posteriormente? En el supuesto de que la decisión antes mencionada pueda notificarse posteriormente, ¿en qué plazo ha de hacerse la notificación?
2) ¿Debe interpretarse y aplicarse el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, en relación con el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2003/86/CE, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar y con los artículos 7, 20, 21 y 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que basta con que la decisión adoptada con ese fundamento legal se tome en el plazo de seis meses que establece, sin que exista ningún plazo para su notificación, ni se prevea repercusión alguna en el derecho de residencia para el supuesto de que la notificación se efectúe fuera de plazo?
3) A efectos de garantizar la efectividad del derecho de residencia de un familiar de un ciudadano de la Unión, ¿se opone el principio de efectividad a que la autoridad nacional recupere, como consecuencia de la anulación de una decisión relativa al derecho antes citado, la totalidad del plazo de seis meses de que disponía con arreglo al artículo 10, apartado 1 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros? En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué plazo dispone todavía la autoridad nacional tras anularse su decisión de denegar el reconocimiento del derecho de que se trata?
4) ¿Son compatibles los artículos 5, 10 y 31 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, en relación con los artículos 8 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, los artículos 7, 24, 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con una jurisprudencia y con unas disposiciones nacionales, tales como los artículos 39/2, apartado 2, 40, 40 bis, 42 y 43 de la Ley de 15 de diciembre de 1980, y el artículo 52, apartado 4 del Real Decreto de 8 de octubre de 1981, sobre la entrada en territorio belga, la estancia, la residencia permanente y la expulsión de extranjeros, cuya aplicación conduce a que una sentencia que anule una decisión de denegación de residencia basada en las disposiciones mencionadas, pronunciada por el Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del contencioso de extranjería), interrumpa y no suspenda el plazo de obligado cumplimiento de seis meses establecido en el artículo 10 de la Directiva 2004/38/CE, en el artículo 42 de la Ley de 15 de diciembre de 1980 y en el artículo 52 del Real Decreto de 8 de octubre de 1981?
5) ¿Exige la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros que el incumplimiento del plazo de seis meses establecido en su artículo 10, apartado 1, lleve aparejada alguna consecuencia? En caso de respuesta afirmativa, ¿cuál ha de ser dicha consecuencia? ¿Exige o permite esa misma Directiva 2004/38/CE que la consecuencia que lleve aparejada el incumplimiento de dicho plazo sea la concesión automática de la tarjeta de residencia solicitada sin haber comprobado si el solicitante reúne efectivamente los requisitos exigidos para poder beneficiarse del derecho de residencia que reclama?"

Informe sobre el anteproyecto de ley para regular la Orden Europea de Investigación Penal


El Consejo de Ministros celebrado día 14 de julio recibió recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley que modifica la Ley del 20 de noviembre de 2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación (OEI) y contribuir a la investigación de delitos de alcance transfronterizo europeo.

Este Anteproyecto de Ley supone la transposición al ordenamiento jurídico español de una Directiva comunitaria del 3 de abril de 2014, relativa a la Orden Europea de Investigación en materia penal, que establece la creación de un instrumento único para los Estados miembros que les permita llevar a cabo medidas de investigación en otro país de la Unión Europea con objeto de obtener pruebas en el marco de un procedimiento judicial.

El Ministerio Fiscal centralizará la recepción de órdenes

La transposición de la Directiva europea permitirá centralizar la recepción de todas las órdenes a través del Ministerio Fiscal, que realizará un control de legalidad de todas las OEI recibidas y practicará las diligencias oportunas para determinar el órgano judicial en el que habrá de ejecutarse la orden cuando contenga alguna medida limitativa de derechos fundamentales. En caso contrario, será el propio Ministerio Fiscal quien la resuelva. Este nuevo procedimiento facilitará a las autoridades extranjeras la interlocución con las autoridades españolas, reducirá trámites administrativos y permitirá una gestión más eficiente de los recursos humanos y materiales.

La Directiva no estipula una relación tasada de medidas de investigación aplicables, sino que cada Estado empleará aquellas que estén recogidas en su propio ordenamiento interno. Se insta a los Estados miembros a que se respete el principio de necesidad y proporcionalidad a la hora de emitir una Orden Europea de Investigación, así como a optar en la ejecución por una medida menos invasora que la indicada por la OEI si permite obtener resultados similares.

Otras modificaciones

Además de la transposición de la Directiva, el Anteproyecto de Ley realiza mejoras concretas en aspectos de la mencionada Ley de 2014 e introduce tres reformas legales:
- Modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para ajustar el ordenamiento español a la aplicación del Reglamento europeo por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de rendición de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil.
- Contempla también la adecuación de la Ley de asistencia jurídica gratuita del 10 de enero de 1996 a una Directiva comunitaria de 2016 para prever la posibilidad de solicitar, en casos justificados, la sustitución del letrado asignado, así como para poder ejercer el derecho de ser asistido por un abogado en un juicio por delito leve.
- Se transpone la Directiva comunitaria 2015/637 de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión Europea no representados en terceros países.

Véase la referencia y el resumen del Consejo de Ministros.
Véase el Diario La Ley.

Comentario Jurisprudencial - Condena de prisión a un conocido futbolista por tres delitos fiscales


LA SENTENCIA:
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 374/2017 de 24 May. 2017, Rec. 1729/2016: Delito fiscal. Cometido por relevante futbolista del FCB. Elusión del pago del IRPF por ingresos de explotación de derechos de imagen, cedidos mediante simulación contractual a sociedades radicadas en paraísos fiscales. Entramado “offshore” con el que defrauda al erario público cantidades superiores a los 4 millones de euros. Participación. Autoría del jugador. Ignorancia deliberada o indiferencia grave punible. El desconocimiento evitable no es un error de tipo o prohibición, ni descarga su responsabilidad ex art. 31 CP el encargo o delegación de sus obligaciones fiscales a asesores altamente cualificados cuando conserva la competencia para recabar la información de su cumplimiento y la posibilidad de revocar la delegación. La confianza en sus asesores especialistas en derecho fiscal es compatible con el propósito de garantizarse la información para obtener el mayor éxito posible en el designio defraudador. Cooperación necesaria del padre. Colaboración con actos decisivos al planeamiento y diseño de la estrategia elusiva. Continuidad delictiva. No concurre. Firme línea jurisprudencial que la niega en los delitos de defraudación tributaria cuando se refiere a distintos periodos impositivos en base al principio de estanqueidad impositiva. Atenuantes. Reparación del daño. Apreciada como muy cualificada en segunda sentencia para el cooperador, en los mismos términos que para el autor en la instancia. Dilaciones indebidas y cuasi-prescripción. No concurren. Complejidad de la causa y su investigación que justifican el tiempo invertido. Votos particulares.
Ponente: Varela Castro, Luciano.
Nº de Sentencia: 374/2017
Nº de Recurso: 1729/2016
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 9022, Sección Jurisprudencia, 17 de Julio de 2017
ECLI: ES:TS:2017:1885

EL COMENTARIO:
El papel del asesor tributario en el procedimiento penal. Comentarios a la sentencia del caso Messi
Ignacio MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, Abogado
Diario La Ley, Nº 9022, Sección Tribuna, 17 de Julio de 2047, Editorial Wolters Kluwer
El Tribunal Supremo, en su sentencia 374/2017, de 24 de mayo, ha resuelto el recurso de casación planteado por la defensa de Lionel Messi contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona. El hecho consiste, de manera resumida, en la defraudación del IRPF de los años 2007, 2008 y 2009 mediante el impago de ese impuesto por los derechos de imagen del jugador, prevaliéndose de sociedades pantalla domiciliadas en países offshore, o que lo eran hasta no hace mucho.
Más allá del interés que pudiera generar la sentencia del TS por tratarse el condenado de uno de los mejores futbolistas de la historia o, como muchos consideran, el mejor, la verdadera relevancia de la sentencia radica, a mi juicio, en dos temas capitales respecto al delito contra la Hacienda Pública: a) el encargo del obligado tributario a un asesor de sus obligaciones fiscales; y b) la apreciación de la continuidad delictiva en el delito del art. 305 CP. Estas dos cuestiones son analizadas de manera extensa por la resolución, llegando incluso a formularse tres votos particulares respecto a la continuidad delictiva.

Bibliografía - La protección de los créditos marítimos sociales


La protección de los créditos marítimos sociales: la necesaria modificación del embargo preventivo de buques (artículo 472.2 de la Ley de Navegación Marítima)
Jaime RODRIGO DE LARRUCEA, Profesor de Derecho Marítimo (UPC). Presidente Sección de Derecho Marítimo ICAB. Académico numerario Real Academia Europea de Doctores.
Diario La Ley, Nº 9022, Sección Tribuna, 17 de Julio de 2017, Editorial Wolters Kluwer
La entrada en vigor de la Ley de Navegación Marítima (Ley 14/2014) y su aplicación durante más de dos años ha mostrado serias disfunciones entre ellas y de manera destacada la tutela judicial efectiva de los derechos de la «gente de mar», en relación a los créditos sociales (impagos salarios, repatriaciones, asistencia sanitaria, etc.), a través de una las figuras más eficaces del derecho español: el embargo preventivo del buque. El mismo no obstante está sujeto a la prestación de una garantía mínima del 15% del crédito alegado (art. 472 LNM). Cuestión que no plantea mayor problema a empresas o a aseguradoras pero si a los tripulantes, que sobre no cobrar sus salarios, se ven obligados a una penalización económica obstativa del ejercicio de su derecho, en una situación de grave vulnerabilidad personal. En definitiva, al eslabón más débil del transporte marítimo se le vulnera el principio de tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
Desde la dogmática jurídica carece de toda lógica formal y supone una antinomia evidente que normas de derecho uniforme con rango de ley orgánica vigentes en nuestro derecho (Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques de 1999; Convenio Internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval de 1993) concedan un trato especialmente protector) y que a posteriori una ley ordinaria: la LNM en su art. 472.2; sujete su invocación practica a requisitos muy complicados o imposibles para la gente de mar.
El legislador no ha podido decir dos cosas sumamente contradictorias, resulta más que probable que un «mero olvido» o la no contemplación de las normas de derecho uniforme en presencia sean las causas de esta disfunción legislativa, que conlleva graves consecuencias para la tutela judicial efectiva de los derechos de la gente de mar.

domingo, 16 de julio de 2017

Bibliografía - Novedad Editorial


Acaba de aparecer la obra colectiva "Implementing the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights. Private International Law Perspectives", editada por F.J. Zamora Cabot, L. Heckendorn Urscheler y S. De Dycker, y publicada por Schulthess Verlag en la colección "Publications de l'Institut suisse de droit comparé" n. 81.

Les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ont reçu beaucoup d’attention dans les milieux académique et politique. Le débat est particulièrement marqué par les acteurs de la protection des droits de l’homme. Il en est autrement en matière de droit international privé; prisme à travers lequel le sujet est relativement peu traité. Cet ouvrage s’est donné pour objectif de contribuer à ce débat naissant en Suisse et en Europe. A cette fin, il étudie l’impact des Principes directeurs des Nations unies dans le droit international privé en analysant les différentes approches adoptées par des ordres juridiques sélectionnés. Après une mise en perspective générale, il observe des expériences américaines et européennes. Il examine ensuite quelques cas et aspects controversés. Puis, l’ouvrage ouvre sa réflexion sur des évolutions futures, en Europe et en Suisse.

Extracto del índice de la obra:
Part I - Implementing the UN Guiding Principles in Private International Law: General Aspects.
-Stéphanie De Dycker, Permeability and Complementarity of Public and Private International Law: The Case of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
-Veerle Van Den Eeckhout, The Private International Law Dimension of the Principles in Europe.
-Henry Saint Dahl, The Implementation of the UN Principles on Business and Human Rights in Private International Law: US Experiences.

Part II - The UN Guiding Principles and Specific Aspects of Private International Law
-Francisco Javier Zamora Cabot, Extraterritoriality: Outstanding Aspects.
-Marta Requejo Isidro, Effective Access to Remedy: The Lago Agrio Litigation as a Testing Field.

Part III - Implementing the UN Guiding Principles in Private International Law: The Future
-Gregor Geisser, Alexandre Müller, Transnational Civil Human Rights Litigation against Corporations - Swiss perspectives in Private International Law.
-Catherine Kessedjian, Implementing the UN Principles on Business and Human Rights in Private International Law: European Perspectives.
Ficha técnica:
"Implementing the U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights. Private International Law Perspectives"
F.J. Zamora Cabot, L. Heckendorn Urscheler, S. De Dycker (Hrsg.)
Schulthess Verlag, Publications de l'Institut suisse de droit comparé n. 81, Zürich 2017
156 S. - CHF 58
ISBN: 978-3-7255-8661-5

Revista de revistas (9 a 16 de julio)


-Archiv für die civilistische Praxis: 2017, núm. 1; 2017, núm. 2.
-Jus - Juristische Schulung: 2017, núm. 7.
-Revista de Derecho Migratorio y Extranjería: núm. 44 (2017).
-Revista Jurídica de Catalunya: 2017, núm. 1.
-Revue Internationale de Droit Comparé: 2017, núm. 2.

viernes, 14 de julio de 2017

DOUE de 14.7.2017


-Lista de las autoridades competentes autorizadas a consultar directamente los datos integrados en el Sistema de Información de Schengen de segunda generación, con arreglo al artículo 31, apartado 8, del Reglamento (CE) n.° 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y el artículo 46, apartado 8, de la Decisión 2007/533/JAI, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación.
Nota: El art. 31.8 del Reglamento (CE) nº 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (Reglamento SIS II), y el art. 46.8 de la Decisión 2007/533/JAI del Consejo relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (Decisión SIS II), obliga a los Estados miembros a remitir a la Autoridad de Gestión la lista de las autoridades competentes que estén autorizadas a consultar directamente los datos integrados en el SIS II con arreglo a los citados instrumentos jurídicos, así como cualquier modificación de dicha lista.
La presente lista consolidada se basa en la lista de autoridades competentes comunicadas por los Estados miembros antes del 14 de abril de 2017.
-Lista de las Oficinas N.SIS II y de los Servicios nacionales Sirene.
Nota: De acuerdo con el art. 7 tanto del Reglamento (CE) nº 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (Reglamento SIS II) como de la Decisión 2007/533/JAI del Consejo relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (Decisión SIS II), cada Estado miembro designará una autoridad («Oficina N.SIS II») que asumirá la responsabilidad central respecto de su N.SIS II y otra autoridad encargada de garantizar el intercambio de toda la información complementaria. Los Estados miembros comunicarán los datos relativos a su Oficina N.SIS II y a su Servicio Sirene a la Autoridad de Gestión, la cual publicará la lista en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La presente lista consolidada se basa en la información comunicada por los Estados miembros antes del 31 de marzo de 2017.