viernes, 27 de mayo de 2016

Jurisprudencia - Alcance jurídico de la Decisión Marco 2008/675/JAI


Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 3 Febrero 2016, Rec. 10709/2015: Alcance jurídico de la Decisión Marco 2008/675/JAI, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la UE con motivo de un nuevo proceso penal. Se confirma el auto que denegó la petición de acumulación de condenas impuestas al actor en España y Francia. La Decisión Marco 2008/675/JAI permite acumular las penas cumplidas en otros países comunitarios, pero delimita el ámbito de sus efectos al imponer un principio de equivalencia de la condena de otro Estado miembro a la condena nacional dejando a las legislaciones de cada país que obtengan las consecuencias de este principio. No es lo mismo la ejecución en España de una pena impuesta por un Tribunal extranjero, que una condena dictada en país extranjero y ya ejecutada.
Ponente: Maza Martín, José Manuel.
Nº de Recurso: 10709/2015
Jurisdicción: PENAL
Iustel - Diario Del Derecho, 27 mayo 2016, sección Jurisprudencia

DOUE de 27.5.2016


-Decisión (UE) 2016/828 del Consejo, de 21 de abril de 2016, relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de San Marino relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.
Nota: Se aprueba el Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de San Marino relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.
Véase el Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de San Marino,y la Decisión (UE) 2015/2469 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, relativa a la firma, en nombre de la Unión, y aplicación provisional, del Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de San Marino, así como la entrada de este blog del día 31.12.2015.
-Decisión (UE) 2016/834 del Consejo, de 20 de mayo de 2016, por la que se establece la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto instituido por el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde sobre la facilitación de visados para estancias de corta duración a los ciudadanos de la República de Cabo Verde y de la Unión Europea, en lo que respecta a la adopción del reglamento interno del Comité Mixto.
Nota: Véase el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde sobre la facilitación de la expedición de visados para estancias de corta duración a los ciudadanos de la República de Cabo Verde y de la Unión Europea, así como la entrada de este blog del día 24.10.2013.

Jurisprudencia - Venta por Internet de productos de perfumería de lujo que perjudica la reputación de las marcas de esos productos


Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 267/2016 de 22 Abr. 2016, Rec. 2774/2013: Marcas. Agotamiento del derecho de marca. Excepciones. Existencia de una red de distribución selectiva de los productos de perfumería de lujo amparados por las marcas de las demandantes. Venta on line a través de una página web por una empresa ajena a dicha red. Condiciones de venta que perjudican la reputación de las marcas. Medidas cautelares. El tribunal, al dictar la sentencia en el proceso principal, no resulta vinculado por la decisión que adoptó sobre las medidas cautelares.
Ponente: SarazáJimena, Rafael.
Nº de Sentencia: 267/2016
Nº de Recurso: 2774/2013
Jurisdicción: CIVIL
Diario La Ley, Nº 8771, Sección Jurisprudencia, 27 de Mayo de 2016

Jurisprudencia - La apartación del Derecho civil de Galicia es una institución exenta de gravamen por IRPF


Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia de 9 Feb. 2016, Rec. 325/2015: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Excepciones de gravamen del artículo 33.3 b) de la Ley reguladora del IRPF. Naturaleza jurídica de la institución jurídica de la apartación del Derecho civil de Galicia. Por la apartación quien tenga la condición de legitimario si se abriera la sucesión en el momento en que se formaliza el pacto queda excluido de modo irrevocable, por sí y su linaje, de la condición de heredero forzoso en la herencia del apartante, a cambio de los bienes concretos que le sean adjudicados. La aportación gallega es un pacto sucesorio en vida, y su tratamiento fiscal es el que se deriva de esta condición cualquiera que sea el impuesto del que se trate. Dada la naturaleza jurídica de pacto sucesorio de la apartación debe entenderse comprendida entre los supuestos del art. 33.3.b) de la LIRPF de inexistencia de ganancia o pérdida patrimonial.
Ponente: Montero Fernández, José Antonio.
Nº de Recurso: 325/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 8771, Sección Jurisprudencia, 27 de Mayo de 2016

BOE 27.5.2016


Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Nota: Se publica ahora el Acuerdo de la Subcomisión en relación con la Ley 26/2015. De él cabe destacar el punto 1º, letra a), en el que se afirma lo siguiente:
"En relación con el artículo tercero de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, ambas partes coinciden en interpretar que las modificaciones introducidas por el citado precepto en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre de Adopción Internacional, se aplicarán sin perjuicio de las competencias en este ámbito de las Comunidades Autónomas y de la colaboración con las mismas, de acuerdo en todo caso con los criterios establecidos por la Jurisprudencia Constitucional en relación con los supuestos en que el Estado ejerce la regulación y coordinación de la acción exterior para evitar eventuales perjuicios sobre la dirección y puesta en ejecución de la política exterior que corresponde al Estado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 97 y 149.1.3.ª y 8.ª de la Constitución, sin perjuicio del pleno respeto de las competencias de la Generalitat respecto de su derecho civil especial y del respeto a las competencias de la Generalitat en materia de protección del menor (artículos 129 y 166 del EAC)".
Véase la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como la entrada de este blog del día 29.7.2015.

jueves, 26 de mayo de 2016

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (26.5.2016)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 26 de mayo de 2016, en el Asunto C‑48/15 [NN (L)]: Procedimiento prejudicial — Fiscalidad directa — Libre circulación de capitales — Libre prestación de servicios — Directiva 69/335/CEE — Artículos 2, 4, 10 y 11 — Directiva 85/611/CEE — Artículos 10 CE y 293 CE — Impuesto anual sobre los organismos de inversión colectiva — Doble imposición — Sanción aplicable a los organismos de inversión colectiva regidos por un Derecho extranjero.
Fallo del Tribunal:
"1) Los artículos 2, 4, 10 y 11 de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, según su modificación por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación de un Estado miembro que establece un impuesto anual sobre los organismos de inversión colectiva, como el que es objeto del litigio principal, y que somete a ese impuesto a los organismos de inversión colectiva regidos por un Derecho extranjero que distribuyen participaciones en ese Estado miembro.
2) La Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), entendida en su caso en conjunción con el artículo 10 CE y el artículo 293 CE, segundo guion, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la legislación de un Estado miembro que establece un impuesto anual sobre los organismos de inversión colectiva, como el que es objeto del litigio principal, y que somete a ese impuesto a los organismos de inversión colectiva regidos por un Derecho extranjero que distribuyen participaciones en ese Estado miembro, siempre que esa legislación sea aplicada de forma no discriminatoria.
3) El artículo 56 CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la legislación de un Estado miembro que establece un impuesto anual sobre los organismos de inversión colectiva, como el que es objeto del litigio principal, y que somete a ese impuesto a los organismos de inversión colectiva regidos por un Derecho extranjero que distribuyen participaciones en ese Estado miembro.
4) El artículo 49 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional, como el artículo 162, párrafo segundo, del Código del impuesto de sucesiones, con la que un Estado miembro prevé una sanción específica, a saber, la prohibición de distribuir participaciones en el futuro, ordenada por un juez en contra de los organismos de inversión colectiva regidos por un Derecho extranjero, en caso de incumplimiento por éstos de la obligación de presentar la declaración anual necesaria para la recaudación de impuesto sobre los organismos de inversión colectiva o de impago de éste."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 26 de mayo de 2016, en el Asunto C‑244/15 (Comisión/Grecia): Incumplimiento de Estado — Fiscalidad — Libre circulación de capitales — Artículo 63 TFUE — Artículo 40 del Acuerdo EEE — Impuesto de sucesiones — Normativa de un Estado miembro que establece una exención del impuesto de sucesiones relativo a la vivienda habitual a condición de que el heredero resida de modo permanente en ese Estado miembro — Restricción — Justificación.
Fallo del Tribunal: "La República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63 TFUE y del artículo 40 del Acuerdo del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, al adoptar y mantener en vigor una normativa que establece una exención del impuesto de sucesiones relativo a la vivienda habitual que se aplica únicamente a los nacionales de los Estados miembros de la Unión que residen en Grecia."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR, presentadas el 26 de mayo de 2016, en el Asunto C‑195/15 (Mulhaupt): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania)] Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) n.º 1346/2000 — Artículo 5 — Concepto de “derechos reales de terceros” — Impuesto sobre bienes inmuebles — Normativa de un Estado miembro que prevé que el impuesto sobre bienes inmuebles constituye un gravamen público sobre los inmuebles que puede ser ejecutado frente a cualquier eventual propietario.
Nota: El Abogado General recomienda al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"El artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 583/2011 del Consejo, de 9 de junio de 2011, debe interpretarse en el sentido de que un gravamen público sobre un inmueble a favor de la administración tributaria, como el controvertido en el asunto principal, está comprendido en el concepto de derecho real a la vista de dicho artículo."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE, presentadas el 26 de mayo de 2016, en el Asunto C‑230/15 (Brite Strike Technologies): [Petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag (Tribunal de La Haya, Países Bajos)] Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil —Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 71 — Aplicabilidad de un convenio relativo a una materia particular — Convenio del Benelux sobre propiedad intelectual — Convenio que entró en vigor con posterioridad a dicho Reglamento pero que recoge el contenido fundamental de tratados anteriores — Reglamento n.º 44/2001 — Artículo 22, punto 4 — Litigio relativo a una marca del Benelux — Competencia de los órganos jurisdiccionales de los tres Estados del Benelux o de uno solo — Criterios que se han de aplicar, en su caso, para identificarlo.
Nota: El Abogado General propone al tribunal contestar las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"El artículo 71 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que un litigio transfronterizo esté comprendido tanto en el ámbito de aplicación de este mismo Reglamento como en el del Convenio del Benelux sobre propiedad intelectual (marcas, dibujos y modelos), firmado en La Haya el 25 de febrero de 2005, un Estado miembro podrá aplicar, con arreglo al apartado 1 de este artículo, las reglas de competencia judicial previstas en el artículo 4.6 de dicho Convenio."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MELCHIOR WATHELET, presentadas el 26 de mayo de 2016, Asunto C‑294/15 (Mikołajczyk): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia, Polonia)] Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental — Reglamento (CE) n.º 2201/2003 — Artículo 1, apartado 1, letra a) — Ámbito de aplicación material — Demanda de nulidad matrimonial presentada por un tercero tras el fallecimiento de uno de los cónyuges — Artículo 3, apartado 1 — Competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de residencia del demandante para conocer de tal demanda.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) Los procedimientos de nulidad matrimonial incoados tras el fallecimiento de uno de los cónyuges están comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 2116/2004 del Consejo, de 2 de diciembre de 2004.
2) El ámbito de aplicación del Reglamento n.º 2201/2003, en su versión modificada por el Reglamento n.º 2116/2004, comprende los procedimientos de nulidad matrimonial iniciados por una persona distinta a los cónyuges.
3) El artículo 3, apartado 1, letra a), guiones quinto y sexto, del Reglamento n.º 2201/2003, en su versión modificada por el Reglamento n.º 2116/2004, no se aplica a los procedimientos de nulidad matrimonial iniciados por una persona distinta a los cónyuges."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. YVES BOT, presentadas el 26 de mayo de 2016, en el Asunto C‑218/15 (Paoletti y otros): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Campobasso (Tribunal de Campobasso, Italia)] Procedimiento prejudicial — Derechos fundamentales — Aplicación retroactiva de la ley penal más favorable — Efecto de la adhesión de Rumanía a la Unión Europea sobre el delito de ayuda a la inmigración clandestina en el territorio italiano cometido antes de la adhesión.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal contestar las cuestiones planteadas del siguiente modo:
"El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, el artículo 1, apartado 1, de la Decisión marco 2002/946/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, y el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que la adhesión de un Estado a la Unión Europea, acaecida tras la comisión del delito de ayuda a la entrada y a la estancia irregulares de nacionales de ese Estado en el territorio de un Estado miembro y antes de que su autor sea juzgado, no comporta la eliminación de dicho delito."

DOUE de 26.5.2016


Lista de las autoridades competentes cuyo personal debidamente autorizado tendrá acceso al sistema para introducir, modificar, suprimir o consultar datos en el Sistema de Información de Visados (VIS).
Nota: Véase el Reglamento (CE) nº 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008 , sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros (Reglamento VIS).

miércoles, 25 de mayo de 2016

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (25.5.2016)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 25 de mayo de 2016, en el Asunto C‑559/14 (Meroni): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Reconocimiento y ejecución de medidas provisionales y cautelares — Concepto de “orden público”.
Fallo del Tribunal: "El artículo 34, punto 1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que, en unas circunstancias como las examinadas en el litigio principal, no cabe considerar manifiestamente contrarios al orden público del Estado miembro requerido ni al derecho a un proceso equitativo, en el sentido de tales disposiciones el reconocimiento y la ejecución de un auto dictado por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro sin oír a un tercero cuyos derechos son susceptibles de verse afectados por el referido auto, siempre que dicho tercero pueda invocar sus derechos ante ese órgano jurisdiccional."

DOUE de 25.5.2016


-Resumen ejecutivo del dictamen preliminar del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea para la protección de datos personales relativos a la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales.

-Resumen ejecutivo del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el intercambio de información relativa a nacionales de terceros países en lo que respecta al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
Nota: Véase el documento COM(2016) 7 final, Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la Decisión del Consejo 2009/316/JAI.
-Resumen ejecutivo de las recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativas a la propuesta de Reglamento Europeo sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas.
Nota: Véase el documento COM(2015) 671 final, Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 2007/2004, el Reglamento (CE) nº 863/2007 y la Decisión 2005/267/CE.

martes, 24 de mayo de 2016

Jurisprudencia - La Ley aplicable a la legítima del cónyuge sobreviviente es la misma que regula los efectos del matrimonio


Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 16 Marzo 2016, Rec. 1954/2014: Alcance e interpretación del art. 9.8 in fine del CC, que establece que “los derechos que por ministerio de la Ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes”. El TS, en aplicación de la reciente doctrina jurisprudencial establecida por la Sala, declara que la regla del art. 9.8 in fine opera como una excepción a la regla general de “lex successionis” previamente contemplada en el art. 9.1 y reiterada en el párrafo primero del art. 9.8 (la Ley nacional del causante como criterio de determinación de la ordenación sucesoria).
Ponente: Orduña Moreno, Francisco Javier.
Nº de Recurso: 1954/2014
Jurisdicción: PENAL
Iustel - Diario Del Derecho, 24 mayo 2016, sección Jurisprudencia

Nota: Véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección 5, de 11 de junio de 2014 [CENDOJ: SAP IB 1256/2014 - ECLI:ES:APIB:2014:1256], de la que ésta trae causa y que solventa el tema en sentido totalmente opuesto.

Con el Reglamento (UE) nº 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, volverán a plantearse en el ámbito de las sucesiones internacionales -no en las "interregionales", a las que les continua siendo de aplicación el art. 9.8 Cc- estos problemas de inadaptación entre ordenamientos jurídicos simultáneamente aplicables -problemas, como los denominaba G. Kegel, de inadaptación en el plano del "deber ser", porque ambos ordenamientos "no deben ser" aplicados simultáneamente ("so soll es nicht sein")-. En efecto, el Reglamento de sucesiones somete los derechos legitimarios del cónyuge sobreviviente a la lex successionis (art. 23.2.b). Así, cuando la ley que rija la sucesión (incluida la legítima del cónyuge supérstite) sea distinta de la aplicable a los efectos del matrimonio, al régimen económico del matrimonio, la legítima del cónyuge supérstite puede plantear problemas, bien porque favorece al cónyuge sobreviviente en detrimento del resto de legitimarios, o viceversa, porque prácticamente le priva de legítima. Puede verse rota de este modo la correlación que los ordenamientos jurídicos suelen establecer entre el régimen económico matrimonial (legal) y los derechos legitimarios que atribuyen al cónyuge sobreviviente, de manera que cuando más se recibe por disolución del régimen económico matrimonial se procede a una disminución de los derechos legitimarios, y viceversa.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (24.5.2016)


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 24 mai 2016 dans l’affaire C‑108/16 PPU (Dworzecki): Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 4 bis, paragraphe 1 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Motifs de non-exécution facultative – Exceptions – Exécution obligatoire – Peine prononcée par défaut – Notions de “citation en justice à personne” et de “notification officielle par d’autres moyens” – Notions autonomes de droit de l’Union.
Fallo del Tribunal:
"1) L’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que les expressions « cité à personne » ainsi que « informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu », figurant à cette disposition, constituent des notions autonomes du droit de l’Union et doivent trouver une interprétation uniforme dans toute l’Union européenne.
2) L’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que ne satisfait pas à elle seule aux conditions énoncées à cette disposition une citation, telle que celle en cause au principal, qui a été notifiée non pas directement à l’intéressé, mais qui a été remise, à l’adresse de ce dernier, à une personne adulte appartenant à ce foyer qui s’est engagée à la lui remettre, sans que le mandat d’arrêt européen permette de s’assurer si et, le cas échéant, quand cette personne adulte a effectivement remis cette citation à l’intéressé."

DOUE de 24.5.2016


-Decisión Delegada (UE) 2016/790 de la Comisión, de 13 de enero de 2016, que modifica el anexo V de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los títulos de formación y las denominaciones de las formaciones.
Nota: Véase la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

-Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo.
Nota: Mediante esta norma se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) con objeto de apoyar la cooperación entre las autoridades policiales de la Unión, y que sustituirá y sucederá a la Europol creada por la Decisión 2009/371/JAI (art. 1).
De acuerdo con el art. 3, son objetivos de Europol apoyar y reforzar la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros y su cooperación mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, el terrorismo y las formas de delincuencia que afecten a un interés común protegido por una política de la Unión, incluidos en la lista del anexo I, abarcando igualmente delitos conexos (los cometidos con objeto de procurarse los medios para perpetrar actos en los que Europol sea competente, los delitos cometidos para facilitar o perpetrar actos en los que Europol sea competente, así como los cometidos para asegurar la impunidad de quienes cometen estos actos en los que Europol sea competente.
Las funciones de la Europol se recogen en el art. 4.

Con efectos 1 de mayo de 2017, se deroga la Decisión 2009/371/JAI [Decisión del Consejo, de 6 de abril de 2009 , por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol)], la Decisión del Consejo 2009/934/JAI, de 30 de noviembre de 2009, por la que se adoptan las normas de desarrollo que rigen las relaciones de Europol con los socios, incluido el intercambio de datos personales y de información clasificada, la Decisión 2009/935/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por la que se determina la lista de terceros Estados y organizaciones con los que Europol celebrará acuerdos, la Decisión del Consejo 2009/936/JAI, de 30 de noviembre de 2009, por la que se adoptan las normas de desarrollo aplicables a los ficheros de trabajo de análisis de Europol, y la Decisión 2009/968/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por la que se adoptan las normas sobre confidencialidad de la información de Europol. En lo que respecta a los Estados miembros obligados, estas Decisiones son sustituidas por este Reglamento con efecto a partir del 1 de mayo de 2017 (art. 75). Las normas internas y las medidas adoptadas por el Consejo de Administración sobre la base de la Decisión 2009/371/JAI permanecerán en vigor después del 1 de mayo de 2017, salvo decisión en contrario del Consejo de Administración en aplicación del Reglamento (art. 76).
El Reglamento será aplicable con carácter general a partir del 1 de mayo de 2017 (art. 77).

Sobre la propuesta de Reglamento véase la Posición (UE) nº 8/2016 del Consejo y la Exposición de motivos del Consejo, así como la entrada de este blog del día 11.5.2016.

lunes, 23 de mayo de 2016

Jurisprudencia - Traducción fidedigna y de calidad y su incidencia en el derecho a un proceso penal con todas las garantías


Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 26 Enero 2016, Rec. 516/2015: Derecho a un proceso con todas las garantías. Defectos en la traducción del idioma alemán empleado por el acusado en su declaración en el juicio. Si bien en algunos momentos se produjo una falta de entendimiento entre el declarante y el intérprete, se trata de defectos puntuales de comunicación que no excluyen que se esté ante una traducción fidedigna y de calidad, pues la declaración transcurre en términos generales con fluidez y coherencia, sin que se produjera protesta alguna de la defensa o del propio acusado. Para que pueda ser apreciado un motivo de recurso por infracción constitucional del derecho a un proceso con todas las garantías derivada de un supuesto defecto de traducción, lo determinante no es que se haya producido alguna imprecisión o error genérico en el proceso de traducción, sino que la parte recurrente ponga de relieve que este supuesto error pudo ser relevante para el fallo porque menoscabó la defensa del recurrente al inducir a error al Tribunal o bien porque le impidió exponer debidamente su versión de los hechos o desarrollar correctamente su defensa. Voto particular.
Ponente: Conde-Pumpido Tourón, Cándido.
Nº de Recurso: 516/2015
Jurisdicción: PENAL
Iustel - Diario Del Derecho, 23 mayo 2016, sección Jurisprudencia

"II Jornada sobre la enseñanza y la investigación del Derecho en España" (Universidad de Murcia)


"II Jornada sobre la enseñanza y la investigación del Derecho en España"
Universidad de Murcia - Aulario de La Merced
27 de mayo de 2016

El próximo día 27 de mayo de 2016 tendrá lugar en el aula Rector Soler, aulario de La Merced de la Universidad de Murcia, la "II Jornada sobre la enseñanza y la investigación del Derecho en España", organizada por Javier Carrascosa, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Murcia.

Intervienen:
  • Dr. D. David Lorenzo Morillas Fernández, Profesor titular de Derecho Penal y Decano de la Facultad de Derecho - Universidad de Murcia.
  • Dr. D. Andrés Rodríguez Benot, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
  • Dr. D. Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho internacional privado, Universidad Carlos III de Madrid
  • Dr. D. Javier Carrascosa González, Catedrático de Derecho internacional privado, Universidad de Murcia
  • Dr. D. Lucas Pérez Martín, profesor ayudante doctor de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
  • Dra. Dña. Mercedes Navarro Egea, Profesora Titular (ACR Catedrática) de Derecho Financiero - Universidad de Murcia
  • Dra. Dña. María José Cervell Hortal, Profesora Titular de Derecho Internacional Público - Universidad de Murcia.
  • Dr. D. Julio Sigüenza López, Profesor titular de Derecho Procesal - Universidad de Murcia.
Programa de la Jornada [aquí]

domingo, 22 de mayo de 2016

¿Al Tribunal Supremo (y a más gente) se le va la pinza?


Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Auto de 10 Junio 2015, Rec. 79/2015: Cuestión negativa de competencia territorial. Solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencia en cuanto al cumplimiento de la obligación de alimentos a menor, al amparo del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, promovida por ciudadana polaca desde la República de Polonia, habiendo sido dictada por un órgano jurisdiccional español, y remitida a otro órgano jurisdiccional español que se corresponde con el del domicilio del demandado.
Ponente: Baena Ruiz, Eduardo.
Nº de Recurso: 79/2015
Jurisdicción: CIVIL

Nota: Una vez leído el Auto es muy difícil quedarse callado y no sufrir un pasmo que deja en suspenso la razón y el discurso (en palabras de la RAE). Si el sufrido lector no me cree, que lo lea y después me cuenta. En primer lugar, y para los antecedentes del caso, creo que lo mejor es que me limite a reproducir los antecedentes de hecho, porque de lo contrario no se me creerá:
"Por el Abogado del Estado, actuando dentro de las facultades conferidas al estado español como institución intermediaria por la ciudadana de la República de Polonia Doña Antonieta, como representante de su hija menor de edad Concepción, se presentó con fecha de 18 de septiembre de 2014 escrito solicitando el reconocimiento y ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de Primera instancia nº 7 de Móstoles de fecha de 4 de abril de 2011, en reclamación de deuda de alimentos, frente a Don Victor Manuel, de nacionalidad española, y con domicilio en la localidad de Palos de la Frontera (Huelva)" (Antecedente 1º). Es decir, y según se dice textualmente, en el escrito se solicitaba "el reconocimiento y ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de Primera instancia nº 7 de Móstoles".
A continuación, "la citada demanda fue presentada ante del decanato de los Juzgados de Huelva y turnada al Juzgado de Primera instancia nº 7 de Huelva, que por providencia de fecha de 10 de octubre de 2014 acordó dar traslado, a los efectos de informar sobre la posible incompetencia territorial" (Antecedente 2º). Por tanto, la solicitud de reconocimiento y ejecución de la sentencia del JPI de Móstoles se presentó "ante del decanato de los Juzgados de Huelva y turnada al Juzgado de Primera instancia nº 7 de Huelva".
Veamos qué hizo el JPI de Huelva ante tan curioso escrito: "Por el Juzgado de Primera instancia nº 7 de Huelva se dictó auto con fecha de 11 de diciembre de 2014, en el que se declaró su incompetencia para conocer de la solicitud formulada por carecer de competencia incidental para su conocimiento en aplicación del art. 61 LEC, considerando competente para su conocimiento al Juzgado de Primera instancia nº 7 de Móstoles" (Antecedente 4º). Es decir, al JPI de Huelva le parece normal (normalísimo de toda normalidad) que se le pida el reconocimiento y ejecución (esto es, el exequátur), de una sentencia dictada por un tribunal de Móstoles y, ante ello, se quita el muerto de encima, alegando que es competente para conocer de la demanda el JPI de Móstoles. Pero, ¿para conocer de qué? ¿De la solicitud de "reconocimiento y ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de Primera instancia nº 7 de Móstoles"? O sea, ¿el propio JPI de Móstoles es competente para conocer de la demanda de reconocimiento y ejecución de una sentencia que él mismo había dictado? ¿Quiere decirse que el mismo juzgado debe proceder a reconocer y ejecutar la resolución que él ha dictado previamente? ¿Será que quizás la demanda que se presentó ante JPI de Móstoles era de reconocimiento y ejecución de una sentencia sobre alimentos dictada en Polonia? Reconozco que esto último es "creación" mía, cosecha propia, porque del texto de la resolución no se deduce tal información.
Ante este retorno, el JPI de Móstoles "dictó auto con fecha de 2 de febrero de 2015, declarando su falta de competencia territorial para el conocimiento del asunto, remitiendo las actuaciones al Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes ante este órgano" (Antecedente 5º). Vamos, que lo único que se le ocurre al Juez de Móstoles es decir que carece de competencia territorial para "exequaturizarse" (perdón por el palabro) a sí mismo.
Por su parte, el TS cuando recibe esta (curiosa) petición procede a darle trámite (¡faltaría más!): "Recibidas las actuaciones ante esta Sala, y formado el correspondiente rollo, por el Ministerio Fiscal se emitió informe con fecha de 10 de marzo de 2015, en el que se consideraba competente al Juzgado de Primera instancia nº 7 de Huelva, por ser éste el lugar de residencia habitual de la persona contra la que solicita la ejecución" (Antecedente 6º). En definitiva, el TS pasa a examinar si la competencia territorial para "el reconocimiento y ejecución" de la sentencia dictada por el JPI de Móstoles es del propio JPI de Móstoles o del JPI de Huelva, donde reside la persona contra la que se solicita la ejecución de la sentencia.

Después de estos esclarecedores antecedentes, y sabiendo que ahora la pelota está en el tejado del TS, vamos a pasar a analizar los razonamiento de este último. Para que no se crea que estoy desvariando, reproduciré igualmente los fundamentos jurídicos del Auto.
Empieza el TS por afirmar que "la presente cuestión de competencia debe de resolverse, de acuerdo con el informe del Ministerio fiscal, declarando la competencia del Juzgado de Primera instancia nº 7 de Huelva, en aplicación del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y ejecución de las resoluciones y cooperación en materia de obligaciones de alimentos" (FD único, p. 1º). Así, para que no quepa la más mínima duda, nada más empezar se desvela el final de este misterioso culebrón jurídico. Es competente el JPI de Huelva porque así se deduce el Reglamento 4/2009. Ahorro al, a estas hora, perplejo lector la reproducción de los considerandos 9, 10 y 11 del Reglamento que se realiza en la resolución.
Ahora que ya sabe el TS qué norma aplicar, pasa a hacerlo del siguiente modo: "el art. 1 de la citada norma determina «El presente Reglamento se aplicará a las obligaciones de alimentos derivadas de una relación familiar, de parentesco, matrimonio o afinidad», y el art. 2.1, 1º que a afectos de la citada norma se entiende por "resolución" «cualquier resolución en materia de obligaciones de alimentos dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro...». En materia de competencia el art. 3 a) y b) establece, como regla general, que serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los Estados miembros: «el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia habitual, o» «el órgano jurisdiccional del lugar donde el acreedor tenga su residencia habitual»" (FD único, p. 3º). Es decir, para determinar la competencia territorial del tribunal de ejecución se acuden a los criterios atributivos de competencia internacional para conocer de las demandas de alimentos. ¿Pero no se está solicitando "el reconocimiento y ejecución" de la sentencia dictada por el JPI de Móstoles? ¿Acaso se quiere decir que lo que realmente se ha hecho ha sido plantear una demanda de alimentos? Soy incapaz de contestar estas preguntas, por tanto me limito a formularlas.
Y ahora llegamos a la gran conclusión del TS, que ya había sido adelantada en el inicio del FD único: "En consecuencia, con aplicación de esta norma, la presente cuestión de competencia debe de resolverse atribuyéndose la competencia al Juzgado de Primera instancia nº 7 de Huelva, por ser éste el que se corresponde con el domicilio del demandado" (FD único, p. 4º). Por tanto, en su Fallo, la Sala acuerda "1º) Declarar que la competencia territorial para conocer el proceso en cuestión corresponde al Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Huelva". Pero, me pregunto, ¿para conocer de qué proceso? ¿Del de "reconocimiento y ejecución" de la sentencia dictada por el JPI de Móstoles? ¿De la demanda original de alimentos? ¿?

Como se puede ver, no he engañado al lector cuando al inicio del comentario he dicho que la lectura de la resolución suscita pasmo y multitud de preguntas. Veamos algunas que me han surgido:
-¿Qué solicitó realmente el -nada menos- Abogado del Estado al JPI de Huelva? ¿El reconocimiento y ejecución de la sentencia sobre alimentos dictada por el JPI de Móstoles? Si ello es así, resulta que la ejecución en la Comunidad de Andalucía de sentencias dictadas en la Comunidad de Madrid precisan del trámite de reconocimiento y ejecución, esto es, del trámite de exequátur. Supongo que debe haberse producido en España un proceso de escisión territorial que desconozco.
-¿Podría ser que se estuviera solicitando el reconocimiento y ejecución en España (en Móstoles o en Huelva) de una sentencia sobre obligaciones alimenticias dictada en Polonia? No lo creo, porque este extremo no aparece en ningún momento recogido en la resolución, pero lo apunto para intentar salvar el dislate, aunque creo que a estas alturas este barco está más hundido que el Titanic.
-Si de verdad creían el JPI de Huelva y el TS que había que reconocer y declarar ejecutiva (conceder el exequátur) la resolución dictada por el JPI de Móstoles, y que para ello precisa aplicar el Reglamento 4/2009, ¿sabían estos órganos jurisdiccionales que la resolución había sido dictada en un Estado miembro (España o, en su caso, Polonia) vinculado por el Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias, y que, por tanto, se beneficiaba del reconocimiento y la declaración de ejecutividad automáticos, es decir, "sin que sea necesario recurrir a proceso alguno y sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento" y "sin necesidad de otorgamiento de la ejecución" (art. 17 del Reglamento)? Me malicio que lo desconocían, porque en ese caso el Abogado del Estado debería haber solicitado directamente la ejecución (forzosa) de la sentencia -a través del proceso de ejecución forzosa- y no su "reconocimiento y ejecución", que es lo que se dice que hizo. ¡Ah!, y no olvidemos que se solicitaba en Huelva el exequátur de la sentencia dictada en Móstoles.
-¿Por qué deduce el TS la competencia territorial (del JPI de Huelva) para conocer del exequátur (de la sentencia dictada por el JPI de Móstoles) de las normas de competencia judicial internacional directa contenidas en el capítulo II (art. 3) del Reglamento? Mí no comprender absolutamente nada. Estas normas fundan la competencia internacional (y en alguno casos también la territorial) de los órganos jurisdiccionales de los Estado miembros para conocer de la reclamación de alimentos. En ningún caso para conocer del "reconocimiento y ejecución", esto es, del exequátur, de la sentencia dictada sobre la reclamación de alimentos (ya hemos dicho que el exequátur es automático, es decir, se obtiene sin necesidad de acudir a un proceso judicial).
-¿En qué se basa el TS para aplicar el Reglamento 4/2009 al reconocimiento en España de una sentencia sobre alimentos dictada también en España? Quizás considera que la nacionalidad polaca de la madre, representante de la hija menor, sea elemento de internacionalidad suficiente para activar el Reglamento. ¡¡¡Ay si M. Dupont levantara la cabeza!!!

Como puede verse, la primera reacción al leer la sentencia es desternillarse, luego viene la sorpresa y el pasmo. ¿De verdad estamos ante una resolución del TS, o es un texto alterado con la intención de producir hilaridad? (para los escépticos he puesto el enlace de CENDOJ). ¿Es posible que en el íter judicial de esta resolución hayan tomado parte Jueces de primera instancia, Magistrados del TS, Abogados del Estado y Fiscales? Creo que la resolución tiene graves problemas de redacción, fruto de los temidos "copiar" y "pegar" realizados con textos tomados de resoluciones semejantes. Sin embargo, y dando por amortizados los posibles errores materiales, creo que la resolución adolece de graves problemas estructurales y dogmáticos.

En definitiva, si un alumno mío en un examen de Derecho Internacional Privado me dice solamente una tercera parte de las cosas que se afirman en este Auto del TS, lo suspendo de manera irremisible.

Agradezco al Prof. José L. Iglesias Buhigues (Universidad de Valencia) la información sobre la existencia de esta resolución. No le podré agradecer suficientemente los buenos momentos que me ha proporcionado.

Congreso Internacional sobre Reformas en el Derecho de Familia Internacional - Presentación de comunicaciones (jóvenes investigadores)


Congreso Internacional sobre Reformas en el Derecho de Familia Internacional
Presentación de comunicaciones (jóvenes investigadores)
Área de Derecho Internacional Privado
Universidad Carlos III de Madrid

El Área de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid (www.uc3m.es) celebrará los días 17 y 18 de noviembre de 2016 el Congreso Internacional sobre Reformas en el Derecho de Familia Internacional.

Con motivo del mismo, se abre el plazo para que los jóvenes investigadores puedan enviar sus propuestas de comunicación sobre la temática del Congreso.

La propuesta de comunicación puede ser remitida en castellano o en inglés, en formato Word.
Fin del plazo de envío de la propuesta de comunicación: 15 de junio de 2016.
Fin del plazo para notificar al autor la aceptación de su comunicación: 1 de julio de 2016.
Dirección de envío de la propuesta de comunicación: 'celiamaria.caamina (at) uc3m.es'

Información que ha de contener la propuesta de comunicación:
- Nombre y apellidos
- Filiación académica
- Breve currículum vitae (máximo 500 palabras)
- Título de la comunicación y resumen de la comunicación (máximo 800 palabras)

Las comunicaciones aceptadas serán expuestas por los jóvenes investigadores el 18 de noviembre de 2016 en la Mesa redonda dedicada a jóvenes investigadores y podrán ser objeto de publicación en la revista Cuadernos de Derecho Transnacional.CDT (www.uc3m.es/cdt).

La organización del Congreso no puede hacerse cargo de los gastos de los jóvenes investigadores que intervengan en el Congreso.

Comité evaluador de las propuestas de comunicación:
-Alfonso L. Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid.
-Esperanza Castellanos Ruiz, Profesora titular de Derecho internacional privado de la Universidad Carlos III de Madrid.
-Juliana Rodríguez Rodrigo, Profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid.
-Celia M. Caamiña Domínguez, Profesora titular interina de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid.

International Congress on International Family Law Reforms
Call for papers (young researchers)
School of Law of Carlos III University of Madrid

The Private International Law Group from the School of Law of Carlos III University of Madrid (Universidad Carlos III de Madrid, www.uc3m.es) is delighted to announce its International Congress on International Family Law Reforms (from 17-18 November 2016).

Young researchers are invited to send their papers about the subject of the Congress.
They should send an abstract in Spanish or English (Word format).
Submission deadline: 15th June 2016
The decision will be notified to the author by 1st July 2016
Abstracts should be sent to: 'celiamaria.caamina (at) uc3m.es'

Abstract should include:
-Name and surname
-Affiliation of the submitting researcher
-Short biographical note (no more than 500 words)
-Title and Summary of the proposed paper (no more than 800 words)

Successful applicants will present their papers into the Young Researchers Round Table (18th November 2016) and their papers may be published in the Journal Cuadernos de Derecho Transnacional.CDT (www.uc3m.es/cdt).

The organization will not be responsible for the expenses of young researchers’ participation in the Congress.

Abstracts will be reviewed by the following Committee:
-Alfonso L. Calvo Caravaca, Professor of Private International Law (Carlos III University of Madrid).
-Esperanza Castellanos Ruiz, Associate Professor of Private International Law (Carlos III University of Madrid).
-Juliana Rodríguez Rodrigo, Associate Professor of Private International Law (Carlos III University of Madrid).
-Celia M. Caamiña Domínguez, Lecturer of Private International Law (Carlos III University of Madrid)

Revista de revistas (15 a 22 de mayo)


-Cuadernos Europeos de Deusto: núm. 54 (2016) [dedicado a Europa, impacto de la crisis, salidas y horizontes].
-Revista Española de Derecho Internacional: 2016, núm. 1.

sábado, 21 de mayo de 2016

DOUE de 21.5.2016


-Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales.
Nota: Esta disposición tiene por objeto establecer garantías procesales para que los menores, es decir, las personas de menos de 18 años, sospechosos o acusados en procesos penales puedan comprender y seguir dichos procesos, a fin de permitirles ejercer su derecho a un juicio justo, prevenir su reincidencia y fomentar su inserción social (véase el considerando 1 y el art. 1).
Se promueven los derechos del menor, teniendo en cuenta las directrices del Consejo de Europa sobre la justicia adaptada a los menores. Así, cuando un menor sea sospechoso o acusado en un proceso penal o esté sujeto a un procedimiento relativo a una orden de detención europea con arreglo a la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo («persona buscada»), los Estados miembros deben velar por que el interés superior del menor constituya siempre una consideración primordial, de conformidad con el art. 24.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los menores sospechosos o acusados en procesos penales deben recibir una atención especial para preservar su potencial de desarrollo y reinserción social (véanse los considerandos 7, 8 y 9).
En relación con su ámbito de aplicación, que se regula en su art. 2, la Directiva se aplica a los menores, sospechosos o acusados en un proceso penal, así como a los menores que sean personas buscadas. Con respecto a los menores que sean personas buscadas, las disposiciones deben aplicarse desde el momento de su detención en el Estado miembro de ejecución (considerando 10). También debe aplicarse a los sospechosos o acusados en procesos penales y a las personas buscadas que fueran menores en el momento en que quedaron sujetas a dichos procesos, pero hayan alcanzado posteriormente la edad de 18 años, y cuando su aplicación resulte adecuada habida cuenta de todas las circunstancias del caso, entre ellas la madurez y la vulnerabilidad de la persona de que se trate (considerando 11). Respecto al supuesto de que, en el momento de convertirse en sospechosa o acusada en un proceso penal, una persona haya alcanzado los 18 años de edad, pero la infracción penal se haya cometido cuando la persona era menor, se insta a los Estados miembros a aplicar las garantías procesales previstas hasta que la persona cumpla la edad de 21 años, al menos en lo que respecta a las infracciones penales cometidas por el mismo sospechoso o acusado y que se investiguen y juzguen conjuntamente por estar inextricablemente ligadas a infracciones penales por las que se hubiese iniciado un proceso penal contra dicha persona antes de que cumpliera la edad de 18 años (véase el considerando 12). La Directiva no debe aplicarse a algunas infracciones leves; no obstante, debe aplicarse cuando el menor sospechoso o acusado sea privado de libertad (considerando 14). La Directiva debe aplicarse únicamente a los procesos penales, no siendo aplicable a otros tipos de procedimientos, en particular a aquellos que estén concebidos específicamente para menores y puedan dar lugar a medidas protectoras, correccionales o educativas (considerando 17).
De acuerdo con el considerando 18, la Directiva debe aplicarse teniendo en cuenta las disposiciones de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (véase la entrada de este blog del día 1.6.2012), y de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013 , sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (véase la entrada de este blog del día 6.11.2013). Esta Directiva establece nuevas garantías complementarias en lo relativo a la información que debe facilitarse al menor y al titular de la patria potestad a fin de tener en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas de los menores (véase el considerando 18).

Esta Directiva entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el DOUE (art. 26) y los Estados miembros deberán transponer la previsiones contenidas en ella a más tardar el 11 de junio de 2019 (art. 24.1).
-Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair.
Nota: Esta norma tiene por objeto regular los requisitos de entrada y residencia por un período superior a 90 días en el territorio de los Estados miembros, y los derechos de los nacionales de países terceros y, en su caso, de los miembros de sus familias, con fines de investigación, estudios, prácticas o voluntariado en el Servicio Voluntario Europeo y, cuando así lo decidan los Estados miembros, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos, voluntariado distinto al Servicio Voluntario Europeo o colocación au pair; así como los requisitos de entrada y residencia, y los derechos de los mencionados investigadores y, en su caso, de los miembros de sus familias, y de los estudiantes en Estados miembros distintos del primer Estado miembro que les concede una autorización sobre la base de la presente Directiva (art. 1).
En relación con su ámbito de aplicación, el art. 2 determina que se aplicará a los nacionales de países terceros que soliciten ser admitidos o que hayan sido admitidos en el territorio de un Estado miembro con fines de investigación, estudios, prácticas o voluntariado en el Servicio Voluntario Europeo. Los Estados miembros podrán decidir asimismo si aplican las disposiciones de la presente Directiva a los nacionales de países terceros que soliciten la admisión con el fin de participar en un programa de intercambio de alumnos, en un proyecto educativo, en un voluntariado distinto del Servicio Voluntario Europeo o para alguna colocación au pair.
Por el contrario, quedan excluidos de su ámbito de aplicación los nacionales de terceros países que soliciten protección internacional o que disfruten de protección internacional de conformidad con la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, o que disfruten de protección temporal de conformidad con la Directiva 2001/55/CE del Consejo en un Estado miembro; los nacionales de terceros países cuya expulsión se haya suspendido por razones de hecho o de Derecho; los nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de ciudadanos de la Unión que ejerzan su derecho a la libre circulación dentro de la Unión; los nacionales de terceros países que disfruten del estatuto de residente de larga duración en un Estado miembro de conformidad con la Directiva 2003/109/CE del Consejo; los nacionales de terceros países que disfruten, junto con los miembros de sus familias e independientemente de su nacionalidad, de derechos de libre circulación equivalentes a los de los ciudadanos de la Unión en virtud de acuerdos entre la Unión y sus Estados miembros y terceros países, o entre la Unión y terceros países; los nacionales de terceros países que vengan a la Unión como trabajadores en formación en el marco de un traslado intraempresarial con arreglo a la Directiva 2014/66/UE; así como los nacionales de terceros países que sean admitidos como trabajadores altamente cualificados de conformidad con la Directiva 2009/50/CE del Consejo.
Con carácter general (art. 5), la admisión de un nacional de un tercer país en virtud de la presente Directiva estará sujeta a que, una vez comprobadas las pruebas documentales, quede demostrado que el nacional de un tercer país cumple determinados requisitos, generales y específicos, regulados por la Directiva. Los Estados miembros podrán exigir al solicitante que presente las pruebas documentales en una lengua oficial del Estado miembro de que se trate o en alguna de las lenguas oficiales de la Unión que determine dicho Estado miembro. Una vez se cumplan todos los requisitos generales y los específicos pertinentes, los nacionales de terceros países tendrán derecho a una autorización. Si un Estado miembro expide permisos de residencia solamente en su territorio y se cumplen todos los requisitos de admisión establecidos en la Directiva, dicho Estado miembro expedirá al nacional de un tercer país los visados necesarios.
De conformidad con el art. 6, la futura norma no afectará a la facultad de cada Estado miembro de fijar, de conformidad con el art. 79.5 del TFUE, los volúmenes de admisión de nacionales de terceros países, a excepción de los estudiantes, si el Estado miembro en cuestión considera que mantienen o mantendrán una relación laboral. Basándose en ello, una solicitud de autorización puede considerarse inadmisible o denegarse.
Los arts. 20 y 21 (capítulo IV) regulan los motivos de denegación, retirada o no renovación de las autorizaciones expedidas.
Los arts. 22 a 26 contienen los derechos de las personas que hayan obtenido la correspondiente autorización.
Finalmente, en los arts. 27 a 32 se reglamenta la movilidad de las personas entre Estados miembros.

Quedan derogadas, con efectos a partir del 24 de mayo de 2018 y para los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, la Directiva del Consejo 2004/114/CE, de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado, así como la Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica (véase el art. 41).

La Directiva entrara en vigor mañana (art. 42) y los Estados miembros deben haberla transpuesto a sus ordenamientos internos a más tardar el 23 de mayo de 2018 (art. 40.1).

Sobre la Posición (UE) nº 9/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair, adoptada el 10 de marzo de 2016, y su exposición de motivos, véase la entrada de este blog del día 11.5.2016.
-Decisión (UE) 2016/809 de la Comisión, de 20 de mayo de 2016, relativa a la notificación por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de su deseo de participar en determinados actos de la Unión en el ámbito de la cooperación policial adoptados antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y que no forman parte del acervo de Schengen.
Nota: Mediante el presente acto, se confirma la participación del Reino Unido en las siguientes Decisiones del Consejo:
-Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza.
-Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza.
-Decisión Marco 2009/905/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre acreditación de prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio.