martes, 3 de mayo de 2016

Jurisprudencia - Extinción de la segunda renovación de autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena por simulación de relación laboral


Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Sentencia de 29 Enero 2016, Rec. 357/2015: Declara el TSJ que procede desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que declaró la extinción de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, segunda renovación, concedida al actor, a causa de haber simulado una relación laboral para la obtención de la autorización administrativa. Ha quedado acreditado que la empresa empleadora era ficticia, que no desarrollaba actividad alguna, la cual había simulado la contratación de trabajadores a fin de que éstos obtuvieran los beneficios contemplados en la Ley de extranjería, y ello a cambio de una contraprestación económica.
Ponente: Ortuño Rodríguez, Alicia Esther.
Nº de Recurso: 357/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 3 mayo 2016, sección Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (3.5.2016)


-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. YVES BOT, presentadas el 3 de mayo de 2016, en el Asunto C‑554/14 (Ognyanov): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la ciudad de Sofía, Bulgaria)] Procedimiento prejudicial — Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión Marco 2008/909/JAI — Artículo 17 — Normativa que regula la ejecución de una medida privativa de libertad — Norma nacional del Estado de ejecución que prevé la concesión de una redención de pena por el trabajo realizado por la persona condenada durante su reclusión en el Estado de emisión — Procedencia — Principio de territorialidad de la ley penal — Principio de individualización de la pena — Objetivo de reinserción social del interesado — Obligación de interpretación conforme.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) Habida cuenta de los principios en los que se basa la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, a saber, por una parte, el principio de la confianza mutua entre los Estados miembros y, por otra parte, los principios de territorialidad de la ley penal y de la individualización de la pena, el artículo 17, apartados 1 y 2, de la Decisión Marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite a las autoridades judiciales del Estado miembro al que se haya transmitido una sentencia con vistas a su reconocimiento y ejecución conceder a la persona condenada una redención de pena por el trabajo realizado por ésta durante su reclusión en el Estado en el que se dictó la sentencia.
2) El Sofiyski gradski sad (Tribunal de la ciudad de Sofía) está obligado, con arreglo a su obligación de interpretación conforme, a no seguir la interpretación realizada por el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal supremo de Casación, Bulgaria) del artículo 41, apartado 3, del Nakazatelen Kodeks (Código Penal búlgaro), inaplicando dicha disposición al período de reclusión cumplido por el interesado en Dinamarca."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PAOLO MENGOZZI, presentadas el 3 de mayo de 2016, en el Asunto C‑560/14 (M): [Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda)] Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 2004/83/CE — Normas mínimas relativas a los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria — Protección subsidiaria — Regularidad del procedimiento nacional seguido en el examen de una solicitud de protección subsidiaria tras la desestimación de una solicitud de reconocimiento del estatuto del refugiado — Derecho a ser oído — Necesidad de una audiencia oral — Derecho a formular preguntas y repreguntas a testigos.
Nota: El Abogado General propone contestar la cuestión planteada al Tribunal en el siguiente sentido:
"En el caso de que una solicitud dirigida al reconocimiento del estatuto de la protección subsidiaria en el sentido de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, se presente en un Estado miembro que prevé dos procedimientos independientes y sucesivos para el examen de las solicitudes de asilo y de protección subsidiaria, respectivamente, el derecho a ser oído en cualquier procedimiento tal como existe en el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que tal derecho exige, en principio, una audiencia personal del solicitante de la que podrá prescindirse únicamente en casos excepcionales. En tal contexto, el derecho a ser oído en cualquier procedimiento no incluye, en cambio, un derecho a formular preguntas y repreguntas a testigos."

DOUE de 3.5.2016


-Posición (UE) nº 5/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo
Adoptada por el Consejo el 8 de abril de 2016
Nota: Con esta propuesta se pretende regular la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes, con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.
-Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 5/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos, y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.
Nota: Véase la referencia anterior.

-Posición (UE) nº 6/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
Adoptada por el Consejo el 8 de abril de 2016
Nota: Este proyecto tiene por objeto establecer las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos, así como proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales.
-Proyecto de exposición de motivos del Consejo: Posición n.o 6/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
Nota: Véase la referencia anterior.

lunes, 2 de mayo de 2016

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-94/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de marzo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria — Hungría) — Flight Refund Ltd/Deutsche Lufthansa AG [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Proceso monitorio europeo — Reglamento (CE) n.o 1896/2006 — Artículos 17 y 20 — Obligaciones de un tribunal al que se somete la designación de un órgano jurisdiccional territorialmente competente para conocer del procedimiento contencioso a raíz de la oposición del demandado al requerimiento europeo de pago — Competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen del requerimiento europeo de pago — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Crédito basado en el derecho a compensación en virtud del Reglamento (CE) n.o 261/2004 por el retraso de un vuelo]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 10.3.2016.
-Asunto C-235/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 10 de marzo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona) — Safe Interenvíos, S.A./Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (Procedimiento prejudicial — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo — Directiva 2005/60/CE — Medidas de diligencia debida con respecto al cliente — Directiva 2007/64/CE — Servicios de pago en el mercado interior)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 10.3.2016.
-Asuntos acumulados C-443/14 y C-444/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 1 de marzo de 2016 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesverwaltungsgericht — Alemania) — Kreis Warendorf/Ibrahim Alo (C-443/14) y Amira Osso/Region Hannover (C-444/14) (Procedimiento prejudicial — Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951 — Artículos 23 y 26 — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 2011/95/UE — Normas relativas al contenido de la protección internacional — Estatuto de protección subsidiaria — Artículo 29 — Protección social — Requisitos de acceso — Artículo 33 — Libertad de circulación en el Estado miembro de acogida — Concepto — Restricción — Obligación de residencia en un lugar determinado — Trato diferente — Comparabilidad de las situaciones — Reparto equilibrado de las cargas presupuestarias entre las colectividades administrativas — Motivos relacionados con la política de migración e integración)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 1.3.2016.
-Asunto C-99/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de marzo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Christian Liffers/Producciones Mandarina, S.L., Mediaset España Comunicación, S.A., anteriormente Gestevisión Telecinco, S.A. (Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Artículo 13, apartado 1 — Obra audiovisual — Actividad infractora — Daños y perjuicios — Métodos de cálculo — Importe a tanto alzado — Daño moral — Inclusión)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.3.2016.
-Asunto C-161/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de marzo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Bélgica) — Abdelhafid Bensada Benallal/État belge (Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/38/CE — Resolución que pone fin a una autorización de residencia — Principio de respeto del derecho de defensa — Derecho a ser oído — Autonomía procesal de los Estados miembros — Admisibilidad de los motivos de casación — Motivo de orden público)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.3.2016.
-Asunto C-175/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 17 de marzo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Înalta Curte de Casație și Justiție — Rumanía) — Taser International Inc./SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Contratos que prevén la obligación de una empresa rumana de ceder los derechos sobre una marca a una empresa con domicilio social en un Estado tercero — Denegación — Cláusula atributiva de competencia en favor del Estado tercero — Comparecencia del demandado ante los tribunales rumanos sin impugnar la competencia — Reglas de competencia aplicables]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.3.2016.
-Asunto C-695/15 PPU: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de marzo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Debreceni közigazgatási és munkaügyi bíróság — Hungría) — Shiraz Baig Mirza/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional — Artículo 3, apartado 3 — Derecho de los Estados miembros a enviar al solicitante a un tercer país seguro — Artículo 18 — Obligaciones del Estado miembro responsable de examinar la solicitud en caso de readmisión del solicitante — Directiva 2013/32/UE — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Examen de una solicitud de protección internacional]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.3.2016.
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-54/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) el 29 de enero de 2016 — Vinyls Italia SpA, en procedimiento concursal/Mediterranea di Navigazione SpA
Cuestiones planteadas:
"1) La «prueba» que el artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 1346/2000 exige a quien se ha beneficiado de un acto perjudicial para los intereses de los acreedores para poder oponerse a la impugnación de ese acto con arreglo a las disposiciones de la lex fori concursus, ¿incluye también la obligación de formular una excepción procesal en sentido estricto dentro de los plazos establecidos por la ley procesal del órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento, amparándose en la cláusula de exención que prevé el Reglamento y acreditando que concurren los requisitos exigidos por dicha disposición?
o
¿Debe aplicarse el artículo 13 del Reglamento n.o 1346/2000 en caso de que la parte interesada haya solicitado su aplicación en el curso del procedimiento, incluso después de expirados los plazos previstos por la ley procesal del órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento para formular excepciones procesales, o puede aplicarse también de oficio, siempre que la parte interesada haya demostrado que el acto perjudicial está sujeto a la lex causae de otro Estado miembro cuya ley no permite en ningún caso que se impugne dicho acto en ese caso concreto?
2) ¿Debe interpretarse la remisión a las normas de la lex causae prevista en el artículo 13 del Reglamento n.o 1346/2000 para establecer si «en ese caso concreto, dicha Ley no permite en ningún caso que se impugne dicho acto» en el sentido de que la parte obligada debe demostrar que en ese caso concreto la lex causae no prevé con carácter general y abstracto ningún medio para impugnar un acto como el que se ha considerado perjudicial en el presente procedimiento, a saber, el pago de una deuda contractual, o bien en el sentido de que la parte obligada debe acreditar que aunque la lex causae permita impugnar un acto de ese tipo, no concurren los requisitos, distintos de los previstos en la lex fori concursus, exigidos para que pueda admitirse la impugnación en el asunto objeto del litigio?
3) Habida cuenta de la finalidad del régimen excepcional recogido en el artículo 13 del Reglamento n.o 1346/2000, consistente en proteger la confianza de buena fe de las partes en la estabilidad del acto conforme a la lex causae, ¿puede aplicarse ese régimen incluso cuando las partes del contrato tengan su domicilio social en el mismo Estado [miembro] cuya legislación esté previsiblemente destinada a convertirse en la lex fori concursus en caso de insolvencia de una de ellas, y cuando las partes, al elegir mediante una cláusula contractual la legislación de otro Estado [miembro], excluyan la posibilidad de revocar los actos de ejecución de ese contrato del ámbito de aplicación de las normas imperativas de la lex fori concursus establecidas para garantizar el principio de la par condicio creditorum, en perjuicio del conjunto de los acreedores en caso de insolvencia sobrevenida?
4) ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.o 593/2008 en el sentido de que las «situaciones que impliquen un conflicto de leyes» a efectos de la aplicación de dicho Reglamento incluyen también un contrato de fletamento marítimo celebrado en un Estado miembro entre sociedades con domicilio social en ese mismo Estado miembro que incluya una cláusula de elección de la ley aplicable de otro Estado miembro?
5) En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.o 593/2008, en relación con el artículo 13 del Reglamento n.o 1346/2000, en el sentido de que la voluntad de las partes de someter un contrato a la legislación de un Estado miembro distinto de aquel en el que están situados «todos los demás elementos pertinentes de la situación» no impide que se apliquen las normas imperativas de la legislación de dicho Estado miembro que resultaría aplicable en cuanto lex fori concursus a la impugnación de los actos realizados antes de la apertura del procedimiento de insolvencia en perjuicio del conjunto de los acreedores, prevaleciendo así sobre la cláusula de exención contenida en el artículo 13 del Reglamento no 1346/2000?"
-Asunto C-75/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Ordinario di Verona (Italia) el 10 de febrero de 2016 — Livio Menini y Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare — Società Cooperativa
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2013/11, en la parte en que establece que dicha Directiva se aplicará «sin perjuicio de la Directiva 2008/52», en el sentido de que mantiene la posibilidad de que un Estado miembro establezca la obligatoriedad de la mediación únicamente en los supuestos no comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2013/11, es decir, los supuestos recogidos en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2013/11, los litigios contractuales derivados de contratos distintos de los de compraventa y de prestación de servicios y los litigios que no conciernan a los consumidores?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 1 (…) de la Directiva 2013/11, en la parte en que garantiza a los consumidores la posibilidad de presentar reclamaciones contra los comerciantes ante las correspondientes entidades de resolución alternativa de litigios, en el sentido de que dicha norma se opone a una norma nacional con arreglo a la cual, en los litigios contemplados en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2013/11, el recurso a la mediación constituye un requisito de admisibilidad de la demanda judicial presentada por la parte que puede calificarse de consumidor, y en el sentido de que se opone, en cualquier caso, a una norma nacional que establece la asistencia obligatoria de abogado, con el correspondiente coste, para el consumidor que participe en la mediación relativa a uno de los mencionados litigios, así como la posibilidad de no participar en la mediación únicamente en caso de que concurra una causa justificada?"
-Asunto C-108/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 24 de febrero de 2016 — Openbaar Ministerie/Paweł Dworzecki
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Los conceptos utilizados en el artículo 4 bis, apartado 1, inicio y letra a), de la Decisión Marco 2002/584/JAI
— «con suficiente antelación fue citado en persona e informado así de la fecha y el lugar previstos para el juicio del que se deriva esa resolución»
y
— «con suficiente antelación recibió efectivamente por otros medios, de tal forma que pueda establecerse sin lugar a dudas que tenía conocimiento de la celebración prevista del juicio, información oficial de la fecha y lugar previstos para el mismo»
son conceptos autónomos de Derecho de la Unión?
2) En caso de respuesta afirmativa:
a) ¿cómo deben interpretarse estos conceptos autónomos en su generalidad, y
b) queda comprendida una situación como la de autos, que se caracteriza por el hecho de que:
— según la ODE [orden de detención europea], la citación se notificó en el domicilio de la persona reclamada a un adulto que vive en dicho domicilio y que se comprometió a entregar la citación a la persona reclamada;
— sin que se desprenda de la ODE si la persona que comparte el domicilio entregó efectivamente la citación a la persona reclamada ni cuándo,
— mientras que de la declaración realizada por la persona reclamada en la vista celebrada ante el órgano jurisdiccional remitente no puede inferirse que la persona reclamada tuviera conocimiento —con suficiente antelación— de la fecha y del lugar del juicio previsto;
en uno de los dos conceptos autónomos?"

Jurisprudencia - La relación laboral de un extranjero que realiza el MIR en España no es suficiente para obtener la nacionalidad


Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 47/2016 de 28 Ene. 2016, Rec. 2/2014: Nacionalidad. Recurso de lesividad. Estimación. Improcedencia de la concesión de la nacionalidad española a la interesada, por falta de residencia legal, ya que solo estuvo amparada por una tarjeta de estudiante y por la estancia para la realización de estudios por un periodo de 4 años, mientras realizaba la formación médica reglada MIR. La formación especializada comporta una relación de trabajo en formación, destinada a adquirir las habilidades necesarias para la obtención del título, bajo la tutela programada de un centro docente acreditado, y a través de evaluaciones periódicas, por lo que seguía el régimen de estudiantes en formación, adecuándose a la legislación en vigor. Por lo tanto, estaba sujeta al régimen de estancia, lo cual no es suficiente para la concesión de la nacionalidad.
Ponente: Sangüesa Cabezudo, Ana María.
Nº de Sentencia: 47/2016
Nº de Recurso: 2/2014
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 8752, Sección Jurisprudencia, 2 de Mayo de 2016

BOE de 2.5.2016


-Ley 2/2016 de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.
Nota: En esta norma cabe destacar la siguientes disposiciones:
-Art. 17.35: Entre las competencias propias de los municipios figura la "gestión de las políticas de integración social en materia de inmigración, de acuerdo con la legislación en materia de extranjería y en cooperación con las instituciones autonómicas".
-Art. 43.2: Establece que los derechos reconocidos a las personas que tengan la condición de vecinos serán reconocidos también a las personas extranjeras empadronadas en el municipio respectivo, excepto los de carácter electoral que se regirán por su normativa específica.
-Arts. 80.5, 81.5 y 82.4: Reconoce, bajo ciertas condiciones, a los extranjeros residentes el derecho a participar en consultas ciudadanas.
-Ley 4/2016 de la Comunidad Autónoma de Galicia, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia y de su sector público.
Nota: En esta norma autonómica podemos destacar los siguientes preceptos:
-Art. 14: Reconoce a los letrados de la Xunta de Galicia la facultad de asumir la representación y defensa en procedimientos arbitrales y en otras reclamaciones extrajudiciales de naturaleza nacional o internacional.
-Art. 15: Regula las funciones de la Asesoría Jurídica General determinadas funciones en materia de derecho de la Unión Europea e internacional:
"1. Corresponde a la Asesoría Jurídica General el asesoramiento jurídico en materia de derecho de la Unión Europea y derecho internacional, el seguimiento de la normativa comunitaria y la realización de estudios en dicha materia, de acuerdo con lo que se disponga en las normas que aprueben la estructura orgánica de la Asesoría Jurídica General.
2. Igualmente, le corresponde la representación y defensa de la Administración autonómica, así como el asesoramiento ante los órganos y organismos internacionales o supranacionales en que ésta sea parte, en cualquier procedimiento jurisdiccional, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable."
-Ley 4/2016 de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública.

-Resolución de 30 de marzo de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo trimestre de 2016.

domingo, 1 de mayo de 2016

II Congreso de Derecho económico internacional y de los negocios internacionales (UCM - 12 y 13 de mayo de 2016)


"EL NUEVO ESCENARIO DE LOS TRATADOS DE COMERCIO E INVERSIONES EN LA UNIÓN EUROPEA"
II Congreso de Derecho económico internacional y de los negocios internacionales
(XV Aniversario del Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y XII del Máster en Derecho de los Negocios Internacionales)
Madrid, 12 y 13 de mayo de 2016

Con motivo del XV Aniversario del Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y XII del Máster en Derecho de los Negocios Internacionales los días 12 y 13 de mayo de 2016 tendrá lugar el II Congreso de Derecho económico internacional y de los negocios internacionales organizado por la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid y el Departamento de Derecho Internacional Público y de Derecho internacional privado Universidad Complutense y dirigido por los profesores José Carlos Fernández Rozas, Victor Fuentes Camacho y Elena Conde Pérez con la coordinación de Ana Fernández Pérez, Fernando Ramírez Roca y Mariano López Arcediano.
El evento está patrocinado por la Cámara de Comercio Canadá-España (CCCE), el Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y Negociación, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la Fundación Canadá, la Fundación Rafael del Pino, Iprolex, S.L., la Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires dans la Caraïbe, la SEAIDA Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros y UHY Fay & Co. Auditores.
El evento cuenta con la participación de las firmas de abogados Cremades y Asociados, Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira, Echarri & Brindle, Abogados, Estudio Jurídico Sánchez Calero, Garrigues, Gómez–Acebo & Pombo, Goñi Abogados, Iuris Corporate, LatinIuris, Roca Junyent, Stampa Abogados y Uria & Menéndez

PROGRAMA

Jueves 12 de mayo
Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid

9:30 - Inscripción de los asistentes
10:00 - Inauguración del Congreso
Excmo. Sr. D. Miguel Temboury, Subsecretario de Estado (Ministerio de Economía y Competitividad)
Ilmo. Sr. D. Ricardo Alonso García, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
Prof. Dr. José Carlos Fernández Rozas, Director del Departamento de Derecho internacional público y de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid

10:30 - PRIMERA SESIÓN: LOS TRATADOS DE COMERCIO E INVERSIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA SITUACIÓN ESPAÑOLA
Moderadora: Araceli Mangas Marín, Catedrática de Derecho internacional público (UCM), Académica de Número la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
Ponencias:
  • Jochen Müller, Representación de la Comisión Europea en España: La política de la Unión Europea en los tratados de Comercio e Inversiones de nueva generación
  • Robert D. Manogue, Director of the Office of Bilateral Trade, Department of State: El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones
  • Kentaro Naruse, Director General de JETRO. Madrid: Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón
  • Ximena Caraza-Campos Berrenechea, Directora de Pro México en España: El Tratado de Libre Comercio México-Comunidad Europa (TLCUEM)
  • Julio García López, Profesor titular de Derecho internacional privado, Universidad Complutense de Madrid: El nuevo preferencialismo: Algunas claves prácticas
12:30 - Comunicaciones:
  • Yasmín Aguada y Gisel Bravo, Máster DNI: La postura Argentina frente a las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur
  • Fernando Ramírez Roca, Iuris Corporate: Las injerencias de los Estados en el marco del libre comercio
Coloquio

16:30 - SEGUNDA SESIÓN: RÉGIMEN DE INVERSIONES INTERNACIONALES EN LOS TRATADOS DE COMERCIO E INVERSIONES
Ponencias:
  • Sixto Sánchez Lorenzo, Catedrático de Derecho internacional privado, Universidad de Granada: Algunas incógnitas sobre la competencia de la UE en materia de Acuerdos de Protección de Inversiones
  • Manuel Medina Ortega, Catedrático de Relaciones Internacionales. Ex Senador y ex Eurodiputado: Principios generales del Derecho de la UE y atribución de competencias en materia de solución de litigios
  • Martín Ortega Carcelén, Profesor titular de Derecho internacional público. Universidad Complutense de Madrid: Los TPI: ¿competencia de la UE, mixta, o estatal?
  • Álvaro Soriano Hinojosa, Gómez Acebo & Pombo: La proyección de la confianza legítima en las inversiones extranjeras.
  • Iñigo Iruretagoiena Agirrezabalaga, Profesor Asociado, Universidad del País Vasco: La salvaguardia de la facultad reguladora frente a la protección de las inversiones en los futuros Tratados de comercio e inversión de la Unión Europea
  • Elena Conde Pérez, Profesora titular de Derecho internacional público, Universidad Complutense de Madrid, Patronato Fundación Canadá: El Estado al servicio del inversor: sistema de solución de controversias en los tratados de libre comercio y el interés público general (especial referencia al CETA y a la experiencia de Canadá)
  • Alberto Echarri, Echarri & Brindle. Presidente de la Cámara de Comercio Canadá-España: Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
Comunicaciones:
  • Mariano López Arcediano, Abertis: Inversiones españolas el sector de la construcción en América Latina
  • Agustina Otalola y Carolina Zamar-Rabajille, Máster DNI: Hacia una nueva política de inversiones extranjeras en Argentina
  • Paula Reimondez y Laura Martina Jeifetz, Máster DNI: Régimen de inversiones UE-China
  • Kevin Febres, Máster DIRRII: La seguridad jurídica de las inversiones internacionales de la Unión Europea. Caso Venezuela
Coloquio

Viernes 13 de mayo
Auditorio Rafael del Pino
Rafael Calvo, 39, 28010 Madrid

10:00 - TERCERA SESIÓN: EL FUTURO DEL ARBITRAJE DE INVERSIONES EN LA UNIÓN EUROPEA TRAS DE LOS NUEVOS TLC/UE.
Problemas actuales del arbitraje de inversiones
Moderador: Pedro A. de Miguel Asensio, Catedrático de Derecho internacional privado (UCM).
Ponencia:
  • Bernardo M. Cremades, B. Cremades y asociados: El enigma del “due process” en el arbitraje internacional
  • Pedro Tent Alonso, Garrigues: Mitos y realidades: transparencia procesal e interés público en el arbitraje de inversiones.
  • Pedro J. Martinez Fraga, Bryan Cave (Miami): Fundamentos de arbitrabilidad y competencia
  • Pascual Sala Sánchez, Roca Junyent: La ejecución en España de los Laudos del CIADI
  • Guillermina Ester, Pérez-Llorca: El caso Micula v. Rumanía. Riesgo de un Micula II
  • Gonzalo Stampa, Stampa Abogados: Los cuatro jinetes del arbitraje de inversión
  • Miguel Virgós Soriano, Catedrático de Derecho internacional privado UAM, Uría & Menéndez Abogados: Algunos retos pendientes del arbitraje de inversiones
Coloquio

12:00 - El futuro de la protección jurídica de las inversiones en la Unión Europea
Moderador: Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, Embajador- Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje
Ponencias:
  • Pedro Claros Alegría, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira: La reforma del sistema internacional de protección jurídica de inversiones extranjeras que propone la Unión Europea, a la luz de las actuales disputas de inversión en Europa
  • Sebastien Manciaux, Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux. Université de Bourgogne, Dijon, Francia: El proyectado Tribunal de Inversiones de la Unión Europea
  • Inés Vázquez García, Gómez-Acebo & Pombo: La intervención de la Comisión Europea en arbitrajes de inversión
Mesa redonda con los participantes

Mas información [aquí]

Revista de revistas (24 de abril a 1 de mayo)


-Revista de Derecho Mercantil: núm. 299 (2015).
-Revue Internationale de Droit Comparé: 2016, núm. 1.

sábado, 30 de abril de 2016

BOE de 30.4.2016


-Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de cooperación en materia de patentes (Unión PCT) en su 46ª reunión (27º sesión extraordinaria), celebrada en Ginebra del 22 al 30 de septiembre de 2014.
Nota: Estas modificaciones entraron en vigor de forma general y para España el 1.7.2015, esto es, hace diez meses (!!!).
Véase el Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
-Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los fondos de titulización.
Nota: Esta disposición regula las normas específicas de contabilidad, las cuentas anuales, los estados financieros públicos y los estados reservados de información estadística de los Fondos de Titulización regulados por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, así como los Fondos de Titulización Hipotecaria y Fondos de Titulización de Activos regulados mediante la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria, y el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los fondos de titulización de activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización, respectivamente, que se hubiesen constituido con anterioridad a la aprobación de la Ley 5/2015, de 27 de abril.
Cabe destacar la Norma 18ª, que regula las transacciones en moneda extranjera.
Véase la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial, así como la entrada de este blog del día 28.4.2015.

viernes, 29 de abril de 2016

Bibliografía (Revista de revistas) - Diario La Ley - La Ley Unión Europea (abril 2016)


Trabajos publicados en el Diario La Ley (La Ley - Unión Europea) de día 29 de abril de 2016:

DOCTRINA
-José Alberto SANZ DÍAZ-PALACIOS, Reflexiones a propósito de la lucha contra el «fraude carrusel» del IVA en Italia
Una normativa nacional puede ser contraria a las obligaciones que el art. 325 TFUE, apartados 1 y 2, exige a los Estados miembros, siempre que dicha normativa nacional impida imponer sanciones efectivas y disuasorias en un número considerable de casos de fraude grave (como ocurre en este supuesto con el «fraude carrusel» del IVA) que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, o establezca, en el caso de fraudes que afecten a los intereses financieros del Estado miembro de que se trate, plazos de prescripción más largos que en el caso de fraudes que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional.
TRIBUNA
-José Manuel OTERO LASTRES, La presunción de inocencia en política
Mediante el establecimiento de normas mínimas comunes sobre la protección de los derechos procesales de los sospechosos y acusados, la presente Directiva tiene la finalidad de reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal. Dichas normas mínimas comunes pueden suprimir también los obstáculos a la libre circulación de los ciudadanos en el territorio de los Estados miembros.
SENTENCIAS SELECCIONADAS
-Santiago ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Ejercicio de la acción civil en procedimiento penal y litispendencia internacional (STJUE de 22 de octubre de 2015, asunto C-523/14: Aannemingsbedrijf Aertssen NV and Aertssen Terrassements)
En su Sentencia de 22 de octubre de 2015, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Rechtbank Gerderland (tribunal de Países Bajos), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que 1) El artículo 1 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una denuncia con personación como actor civil presentada ante un juez de instrucción está incluida en el ámbito de aplicación de ese Reglamento en la medida en que tiene por objeto la indemnización pecuniaria del perjuicio alegado por el denunciante. 2) El artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una demanda ha sido formulada, a los efectos de esta disposición, cuando se ha presentado una denuncia con personación como actor civil ante un juez de instrucción, aunque no se haya completado todavía la fase de instrucción del asunto controvertido. [y] 3) El artículo 30 del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, cuando una persona formula una denuncia con personación como actor civil ante un juez de instrucción mediante presentación de un escrito que, según el Derecho nacional aplicable, no debe notificarse antes de dicha presentación, la fecha en la que procede considerar que ese órgano judicial conoce del litigio es la fecha en la que se formuló la denuncia. El presente comentario se ocupa de los puntos principales de la sentencia y pone de relieve algunos problemas que podrían aparecer en casos similares al conocido por el Tribunal de Justicia, especialmente en presencia de un proceso penal en España.
-Gracia M.ª LUCHENA MOZO, Geometría variable en la configuración del estatuto del no residente comunitario en la imposición directa y su incidencia en ordenamiento tributario español (STJUE de 19 de noviembre de 2015, Asunto C-632/2013: Hirvonen)
La denegación, en el marco de la tributación por los rendimientos, a los contribuyentes no residentes que obtienen la mayor parte de sus ingresos en el Estado fuente y que han optado por el régimen fiscal de retención en la fuente, de las deducciones personales que se conceden a los contribuyentes residentes en el marco del régimen general del impuesto no constituye una discriminación contraria al artículo 21 TFUE cuando los contribuyentes no residentes no están sujetos a una carga fiscal globalmente superior a la que recae sobre los contribuyentes residentes y sobre las personas que les son equiparables cuya situación sea comparable a la suya.
-Georgina GARRIGA SUAU, La ley aplicable al derecho de repetición de la aseguradora solvens contra la aseguradora del corresponsable (STJUEde 21 de enero de 2016, Asuntos acumulados C-359/2014 y C-475/2014, Ergo Insurance)
El Tribunal de Justicia somete al derecho de repetición de la aseguradora solvens, del autor del daño derivado de un accidente de circulación por carretera, primero, a que la ley rectora del referido accidente automovilístico prevea la responsabilidad solidaria de los coautores y, segundo, a que la ley aplicable al contrato de seguro entre la aseguradora solvens y su asegurado admita la subrogación de la aseguradora en los derechos de la víctima.
-Diego CASTRO-VILLACAÑAS PÉREZ, La autonomía de los programas nacionales de clemencia y el valor jurídico de los instrumentos de soft law en la red europea de competencia (STJUE de 20 de enero de 2016, asunto C 428/2014, DHL Express -Italy- y DHL Global Forwarding -Italy-)
La sentencia de 20 de enero de 2016 (asunto C 428/14, DHL) confirma la línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia que niega el carácter imperativo del denominado soft law (comunicaciones, etc.) empleado por la Comisión europea para el desarrollo del Derecho comunitario de competencia. La sentencia DHL confirma que el Programa modelo sobre clemencia aprobado en 2006 por la Red Europea de Competencia (REC) no tiene efectos imperativos para las autoridades nacionales de competencia, por lo que las solicitudes de clemencia que las empresas presenten ante estas autoridades o la Comisión para denunciar un cártel y asegurarse la exención de la sanción son enteramente independientes y no se benefician de lo ya comunicado ante otra autoridad.
-Federico F. GARAU SOBRINO, La oposición a un requerimiento europeo de pago emitido por órgano jurisdiccional incompetente (STJUE de 22 de octubre de 2015, asunto C 245/2014: Thomas Cook Belgium)
El requerimiento europeo de pago se emite inaudita parte sobre la información facilitada por el solicitante en el formulario modelo, notificándose al deudor, que tiene un plazo de 30 días para oponerse. Si el requerimiento ha sido emitido por un órgano jurisdiccional incompetente, el único mecanismo procesal que tiene el demandado es en el trámite de oposición, no pudiendo hace uso del proceso de revisión para casos excepcionales, regulado en el art. 20.2 del Reglamento del proceso monitorio europeo.

DOUE de 29.4.2016


-Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Trinidad y Tobago sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Mediante el presente acto se comunica que el mencionado Acuerdo entrará en vigor el 1.5.2016.
Véase el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Trinidad y Tobago, sobre exención de visados para estancias de corta duración, así como la entrada de este blog del día 3.7.2015.
-Reglamento de Ejecución (UE) 2016/667 de la Comisión, de 27 de abril de 2016, que modifica el Reglamento (CE) n.o 2368/2002 del Consejo por el que se aplica el sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes en bruto.
Nota: Se procede a modificar el anexo III (Lista de autoridades competentes de los Estados miembros y de las tareas encomendadas a las mismas, de conformidad con las disposiciones de los artículos 2 y 19) del Reglamento (CE) n° 2368/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002.

BOE de 29.4.2016


Orden ECD/615/2016, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los programas de secciones internacionales españolas y "Bachibac" en liceos franceses.
Nota: La Orden ECD/1767/2012 regula la expedición del Título de Bachiller para los alumnos inscritos en los programas de secciones internacionales españolas y «Bachibac» en Liceos Franceses y hayan superado las pruebas de las materias específicas previstas en cada caso por la normativa aplicable (véase la entrada de este blog del día 9.8.2012). El anexo II de la Orden recoge la relación de los centros franceses a los cuales habría de resultar de aplicación, asignando a cada uno de ellos el correspondiente código de centro que, de acuerdo con el modelo recogido en el anexo V de la propia orden, habrá de consignarse en el impreso oficial requerido para elevar la propuesta de expedición de los títulos.
Con objeto de agregar los nombres de los centros que se han incorporado al programa en el período transcurrido desde la publicación de esta orden, se actualiza ahora su anexo II B, en el que se relacionan los Liceos Franceses con secciones «Bachibac». Asimismo, y en previsión de que el proceso de consolidación y crecimiento sostenido del programa pueda hacer necesario dictar resoluciones en desarrollo de la norma, procede introducir una nueva disposición final que autorice a la persona titular de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades a dictar las resoluciones necesarias para la aplicación de la Orden ECD/1767/2012.

jueves, 28 de abril de 2016

Jurisprudencia - Las solas condenas penales no justifican la expulsión de un nacional de un tercer país familiar de ciudadano de la UE


Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Sentencia de 29 Enero 2016, Rec. 359/2015: La mera presencia de condenas penales no es determinante para la expulsión de un familiar de ciudadano comunitario al no ser sinónimo de una peligrosidad real para el orden público del país. Al sancionado, extranjero de nacionalidad peruana, casado con ciudadana española, conviva o no con la misma, así como padre de una menor española, le resulta de aplicación el art. 15 del RD 240/2007, cuyo apartado 1 c) establece que procede la expulsión si existen motivos graves de orden público o seguridad pública. Conforme a lo dispuesto por el TJCE el concepto de orden público ha de ser entendido como la alteración del orden social que constituye toda infracción de la Ley, pero también ha de suponer ciertamente una amenaza real y suficientemente grave, que afecte a un interés fundamental de la sociedad. En este caso, para la Sala la existencia de condenas penales no son en sí determinantes de una peligrosidad cierta y amenaza para la paz social frente al hecho de que el recurrente tiene un arraigo familiar evidente, de tal forma que obligarle a la salida del país con prohibición de retorno por un periodo de 3 años colisiona de forma frontal con su derecho a estar y permanecer y disfrutar de su esposa e hija menor de nacionalidad española.
Ponente: Ortuño Rodríguez, Alicia Esther.
Nº de Recurso: 359/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 27 abril 2016, sección Jurisprudencia

DOUE de 28.4.2016


Actualización de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)
Esta lista actualizada sustituye a las listas anteriores de permisos de residencia publicados con anterioridad en DOUE C247, de 13.10.2006, p. 1; DOUE C153, de 6.7.2007, p. 5; DOUE C192, de 18.8.2007, p. 11; DOUE C271, de 14.11.2007, p. 14; DOUE C57, de 1.3.2008, p. 31; DOUE C134, de 31.5.2008, p. 14.; DOUE C207, de 14.8.2008, p. 12; DOUE C331, de 21.12.2008, p. 13; DOUE C3, de 8.1.2009, p. 5; DOUE C64, de 19.3.2009, p. 15; DOUE C239, de 6.10.2009, p. 2; DOUE C298, de 8.12.2009, p. 15; DOUE C308, de 18.12.2009, p. 20; DOUE C35, de 12.2.2010, p. 5; DOUE C74, de 24.3.2010, p. 13; DOUE C82, de 30.3.2010, p. 26; DOUE C103, de 22.4.2010, p. 8; DOUE C108, de 7.4.2011, p. 6; DOUE C157, de 27.5.2011, p. 5; DOUE C201, de 8.7.2011, p. 1; DOUE C216, de 22.7.2011, p. 26; DOUE C283, de 27.9.2011, p. 7; DOUE C199, de 7.7.2012, p. 5; DOUE C214, de 20.7.2012, p. 7; DOUE C298, de 4.10.2012, p. 4; DOUE C51, de 22.2.2013, p. 6; DOUE C75, de 14.3.2013, p. 8.; DOUE C77, de 15.3.2014, p. 4; DOUE C118, de 17.4.2014, p. 9; DOUE C200, de 28.6.2014, p. 59, DOUE C304, de 9.9.2014, p. 3; DOUE C390, de 5.11.2014, p. 12; DOUE C210, de 26.6.2015, p. 5; DOUE C286, de 29.8.2015, p. 3.
[DOUE C151, de 28.4.2016]

miércoles, 27 de abril de 2016

Jurisprudencia - Un procedimiento penal es un obstáculo relevante para la obtención de la nacionalidad española


Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Sentencia de 29 Enero 2016, Rec. 2028/2013: Un procedimiento penal es un obstáculo relevante para la apreciación de la buena conducta cívica requerida para la obtención de la nacionalidad española. Se confirma la resolución denegatoria de la nacionalidad española por no haber acreditado el actor buena conducta cívica, pues fue condenado por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Si bien la doctrina del TS tiene establecido que para justificar la existencia de buena conducta cívica hay que realizar una valoración conjunta y global de la trayectoria ciudadana del solicitante, en el presente caso no se aportan datos positivos de suficiente entidad como para desvirtuar la conclusión a la que llegó la Administración. Así, no se invocan elementos de carácter positivo en relación a la conducta cívica, como podrían ser actividades del recurrente en beneficio de la comunidad o al servicio de proyectos o entidades altruistas y sin ánimo de lucro. Por otro lado, aunque existe una propuesta favorable del Juez Encargado del Registro Civil, no es vinculante y tampoco suficiente para acreditar la buena conducta cívica pues se evacuó cuando aún no constaba en el expediente los datos referentes a la condena penal. Finalmente, el hecho de que se renovara la autorización de residencia no significa que el hecho delictivo resulte intrascendente para valorar la buena conducta cívica en orden a la obtención de la nacionalidad española.
Ponente: Acín Aguado, Lucía.
Nº de Recurso: 2028/2013
Jurisdicción: CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 27 abril 2016, sección Jurisprudencia

Informe final del proyecto sobre garantías procesales en la UE (TRAINAC)


La European Lawyers Foundation (ELF) ha publicado el informe final del proyecto TRAINAC sobre garantías procesales en la UE, en el que se analiza la puesta en práctica de las tres Directivas sobre garantías procesales aprobadas hasta el momento.

This report has been produced as the outcome of the TRAINAC project, which was funded by the European Union’s Justice Programme, whose aim was to provide an assessment by defence practitioners in the EU of the implementation of three directives:
-Directive 2010/64 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings;
-Directive 2012/13 on the Right to information in criminal proceedings; and
-Directive 2013/48 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular authorities while deprived of liberty.
The project identified how the Directives have been implemented at a national level and whether they have been implemented in accordance with the legislation. The project also identified good practices which have been applied in different Member States. Such good practices may be of assistance to Member States that are experiencing difficulties in implementing the Directives. In addition, the project aimed to propose recommendations that can ensure that the objectives of the Directives are fulfilled by Member States.

Summary of main recommendations:
The right to interpretation and translation:
  • Quality of interpreters and translators
  • Number of interpreters and translators
  • Communication between suspect or accused and lawyer
  • Essential documents
  • The need for an interpreter
  • Emergency access to interpreters
  • Timetable for provision of translated documents
Right to information:
  • Information about the accusation
  • Training
  • Use of technology
  • Information given on more rights than required in the Letter of Rights
Right of access to a lawyer:
  • Waiver of right of access to a lawyer
  • Legal Aid
El Informe final puede consultarse aquí.

Bibliografía - La Directiva 2016/343 y el derecho a la presunción de inocencia


La Directiva (UE) 2016/343 y el derecho a la presunción de inocencia
Miguel RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
Diario La Ley, Nº 8750, Sección Columna, 27 de Abril de 2016, Editorial LA LEY
La consecución del reconocimiento mutuo, piedra angular de la cooperación judicial presupone la definición de normas procesales equivalentes en los procesos penales de los Estados miembros. A tal fin se han ido aprobando a lo largo de este decenio una serie de directivas que reconocen derechos al justiciable en el proceso penal y que ya han sido traspuestas en nuestro ordenamiento en las recientes reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Más recientemente se ha aprobado la Directiva 2016/343 por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. Se examinan los antecedentes de esta Directiva que ha tenido muy en cuenta la jurisprudencia del TEDH, pero que la completa por considerar insuficiente en los ordenamientos nacionales de los Estados miembros la protección de la presunción de inocencia y del derecho a asistir al juicio. La nueva Directiva trata de reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo estableciendo unas normas mínimas comunes relativas a determinados aspectos de la presunción de inocencia y del derecho a estar presente en el juicio. La Directiva incluye un enfoque global de la presunción de inocencia más allá del momento de la condena penal, asegurando que una persona sea tratada efectivamente como inocente a lo largo de la investigación judicial y del proceso penal hasta que no sea condenada. También dedica especial atención al derecho del acusado a guardar silencio y a no contribuir a la propia incriminación, como elementos fundamentales de un proceso justo, cuyo contenido se clarifica detenidamente en los Considerandos de la Directiva. Otra garantía exigible en un proceso penal que desarrolla la Directiva es la del derecho del acusado a estar presente en el acto del juicio, que tiene una importancia particular en el proceso penal para ejercer los derechos que le reconoce el art. 6 del CEDH. También la Directiva se refiere al derecho a un nuevo juicio en relación con decisiones judiciales adoptadas en ausencia del acusado en el acto del juicio, estableciendo las condiciones en las que el derecho a ese nuevo juicio resulta exigible. Aspecto final de la Directiva es prever remedios eficaces para proteger y garantizar el respeto de la presunción de inocencia en todas sus manifestaciones y no solo en el momento de la condena penal.

Nota: Véase la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, así como la entrada de este blog del día 11.3.2016.

DOUE de 27.4.2016


Lista de los acuerdos bilaterales de inversión contemplados en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países.
Nota: El art. 4.1 del Reglamento (UE) nº 1219/2012 establece que la Comisión debe publicar cada año una lista de los acuerdos bilaterales de inversión notificados por los Estados miembros. Esta es la lista actualizada con las novedades notificadas en los últimos doce meses.
Véase el Reglamento (UE) nº 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, así como la entrada de este blog del día 20.12.2012.
Por lo que respecta a los acuerdos ratificados por España, estos se contienen en las págs. 40 a 44 del documento.