sábado, 16 de diciembre de 2017

BOE de 16.12.2017


-Orden HFP/1227/2017, de 5 de diciembre, por la que se aprueba el pliego de bases que regirán la convocatoria de licencias generales para el desarrollo y explotación de actividades de juego de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Nota: Mediante esta disposición se aprueba el pliego de bases y se convoca a los interesados a la presentación de las solicitudes para el otorgamiento de licencias generales para el desarrollo y explotación de actividades de juego en los plazos y con las condiciones establecidas en el pliego.
En la base 5, apartado 2, se exige a los solicitantes, entre otros requisitos, que tengan la forma de sociedad anónima o forma societaria análoga, con domicilio social en un Estado perteneciente al Espacio Económico Europeo. Si la sociedad tiene su domicilio social en un país distinto de España, deberá designar un representante permanente en España con capacidad para recibir notificaciones (letra a). Que en el caso de sociedades extranjeras figuren inscritas o hayan solicitado la inscripción en el Registro Mercantil o en un Registro equivalente, siempre que la legislación del Estado en el que la sociedad tenga su sede legal requiera la inscripción.
La base 7, apartado 1, letra a).ii), contiene exigencias documentales específicas para las personas jurídicas de naturaleza análoga a la sociedad anónima española con domicilio en otros Estados del Espacio Económico Europeo.
En la base 7, apartado 1, letra b), se establece que, en el caso de que los que comparezcan o firmen las solicitudes en nombre de las sociedades interesadas sean personas extranjeras no residentes en España, deberá aportarse documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente. Si el solicitante fuese una persona jurídica extranjera, su representante permanente deberá comunicar además su dirección en España, con la obligación de estar siempre actualizada.
En la misma base 7, apartado 1, letra h), se establece que debe aportarse una relación de países del Espacio Económico Europeo en los que la empresa solicitante o cualquiera de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, incluida la matriz, cuente con títulos habilitantes para el desarrollo y comercialización de actividades de juego.
En la base 7, apartado 1, letra j), se establece que la solicitud debe acompañarse de una declaración por la que el solicitante se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles por cualquier acto derivado de la licencia general otorgada, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
La base 7, apartado 1, letra p), exige la presentación de una autorización a favor de la Dirección General de Ordenación del Juego para poder efectuar consultas o solicitar informes a las autoridades competentes en materia de juego de los países del Espacio Económico Europeo donde la empresa solicitante o cualquiera de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, incluida la matriz, cuente con títulos habilitantes para el desarrollo y comercialización de actividades de juego, sobre el desarrollo de su actividad, sobre su solvencia económica y técnica, o sobre el cumplimiento de sus compromisos normativos y empresariales.
Por su parte, en la base 7, apartado 2, letra a), se determina que deben aportarse con la solicitud la cuentas anuales auditadas correspondientes a los tres últimos ejercicios y presentadas en el Registro Mercantil o, tratándose de personas jurídicas extranjeras, en el Registro que legalmente corresponda.
En la base 7, apartado 2, letra h), se establece que las entidades solicitantes podrán complementar la acreditación de su solvencia mediante los certificados y declaraciones que a estos efectos emitan los organismos reguladores de las Comunidades Autónomas en las que estuvieran habilitadas para el desarrollo de actividades de juego o de los Estados del Espacio Económico Europeo en los que aquéllas tuvieran su domicilio.
En el apartado 9 de la base 11 se afirma que la Dirección General de Ordenación del Juego podrá efectuar consultas o solicitar informes a las autoridades competentes en materia de juego de los países del Espacio Económico Europeo donde la empresa solicitante o cualquiera de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, incluida la matriz, cuente con títulos habilitantes para el desarrollo y comercialización de actividades de juego. Estas consultas e informes podrán versar sobre el desarrollo de la actividad de las empresas en las respectivas jurisdicciones, sobre su capacidad, solvencia económica y técnica, o sobre el cumplimiento de sus compromisos normativos y empresariales.

Véase la reciente Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, se establece el procedimiento de solicitud y otorgamiento de las Licencias Singulares para el desarrollo y explotación de los distintos tipos de actividades de juego, así como la entrada de este blog del día 12.12.2017.
-Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
Nota: Desde el día 17 de diciembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018 se pueden presentar las solicitudes de evaluación de la actividad investigadora para la obtención del complemento de productividad ("sexenios") previstos en el Real Decreto 1086/1989 sobre retribuciones del profesorado universitario. Sobre los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación, véase Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación, así como la entrada de este blog del día 1.12.2017.

viernes, 15 de diciembre de 2017

Jurisprudencia - El recurso de revisión es la vía para determinar los efectos de las sentencias del TEDH


Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 19 abril 2017, Rec. 20748/2016: Efectos de las sentencias del TEDH. La determinación de los efectos que han de producir debe realizarse a través de la vía del recurso de revisión. El recurso de revisión constituye un medio excepcional que permite subsanar situaciones acreditadamente injustas, rescindiendo una sentencia firme a través de un nuevo proceso. Es un proceso extraordinario con el que se pretende, fundamentalmente, encontrar el necesario equilibrio entre la seguridad jurídica que reclama el respeto a la cosa juzgada y la exigencia de la justicia en que sean anuladas aquellas sentencias condenatorias de quienes resulte posteriormente acreditado que fueron indebidamente condenados. Representa el triunfo de la verdad material frente a la verdad formal amparada por los efectos de la cosa juzgada.
Ponente: Monterde Ferrer, Francisco.
Nº de Recurso: 20748/2016
Jurisdicción: PENAL
Iustel - Diario Del Derecho, 15 diciembre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 1483/2017 - ECLI: ES:TS:2017:1483]

Congreso de los Diputados - Convenio internacional


El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación del Acuerdo entre el Principado de Andorra y el Reino de España sobre el ejercicio de actividades profesionales remuneradas por parte de familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones permanentes ante organismos internacionales de un Estado en el otro, hecho en Madrid el 31 de octubre de 2017 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 81-1, de 15.12.2017).

DOUE de 15.12.2017


-Reglamento Delegado (UE) 2017/2268 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.
Nota: Véase el Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009 , por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.

-Actualización de la lista de servicios nacionales responsables del control fronterizo mencionados en el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (codificación)
Nota: Véase el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016.
En relación con la actualización de la mencionada lista véanse DOUE C247, de 13.10.2006, p. 17; DOUE C77, de 5.4.2007, p. 11; DOUE C153, de 6.7.2007, p. 21; DOUE C331, de 31.12.2008, p. 15; DOUE C87, de 1.4.2010, p. 15; DOUE C180, de 21.6.2012, p. 2; DOUE C98, de 5.4.2013, p. 2; DOUE C256, de 5.9.2013, p. 14; DOUE C360, de 10.12.2013, p. 17; DOUE C218, de 7.7.2017, p. 19. 

BOE de 15.12.2017


Convenio entre el Reino de España y el Estado de Catar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hechos en Madrid el 10 de septiembre de 2015.
Nota: Este texto convencional entrará en vigor el 6 de febrero de 2018.

jueves, 14 de diciembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (14.12.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 14 de diciembre de 2017, en el asunto C‑66/17 (Chudaś): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.º 805/2004 — Ámbito de aplicación — Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados — Títulos ejecutivos que pueden certificarse como título ejecutivo europeo — Decisión sobre el importe de las costas procesales contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado — Exclusión.
Fallo del Tribunal: "El artículo 4, punto 1, y el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, deben interpretarse en el sentido de que una decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales, contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado, no puede certificarse como título ejecutivo europeo."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. HENRIK. SAUGMANDSGAARD ØE, presentadas el 14 de diciembre de 2017, en los asuntos acumulados C‑331/16 (K) y C‑366/16 (H): [Petición de decisión prejudicial presentada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Middelburg, Países Bajos)] [Petición de decisión prejudicial presentada por el Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Consejo del contencioso de extranjería, Bélgica)] Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Directiva 2004/38/CE — Artículo 27, apartado 2 — Limitación de las libertades de circulación y de residencia por razones de orden público o de seguridad pública — Amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad — Persona excluida del estatuto de refugiado por los motivos contemplados en el artículo 1, apartado F, letra a), de la Convención de Ginebra y en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2011/95/UE — Proporcionalidad — Artículo 28, apartado 1 y apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE — Artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho al respeto de la vida privada y familiar.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1. El artículo 27, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia haya sido excluido en el pasado del estatuto de refugiado en aplicación del artículo 1, apartado F, letra a), de la Convención de Ginebra sobe el Estatuto de los Refugiados, aunque no puede servir automáticamente de fundamento para la constatación de una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad, puede ser tenido en cuenta a tales efectos siempre que las circunstancias que condujeron a la aplicación de esta disposición revelen la existencia de un comportamiento personal constitutivo de tal amenaza.
A este respecto, el Estado miembro de acogida debe realizar una apreciación individual del comportamiento personal del individuo de que se trata a la luz, en particular, de las constataciones de las autoridades responsables en materia de asilo en lo tocante a la gravedad de los delitos de los que se le acusa, al nivel de implicación personal de este último en la comisión de dichos delitos y en la posible existencia de causas de exoneración de la responsabilidad penal.
La inexistencia de riesgo de que el individuo de que se trata vuelva a cometer delitos comprendidos en una de las categorías a las que se refiere en el artículo 1, apartado F, letra a), de la Convención de Ginebra en el Estado miembro de acogida, al igual que el transcurso de un período de tiempo importante desde la presunta comisión de tales delitos, no se oponen en sí mismos a la constatación de la existencia de una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad.
2. El artículo 27, apartado 2, de la Directiva 2004/38, en relación con el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que toda restricción que imponga un Estado miembro a las libertades de circulación y de residencia de un ciudadano de la Unión o de un miembro de su familia debe ser conforme al principio de proporcionalidad y respetar el derecho a la vida privada y familiar de dicho individuo. En este contexto, dicho Estado miembro debe ponderar, por una parte, la protección de los intereses fundamentales invocados en apoyo de tal restricción y, por otra parte, los intereses de dicho individuo relativos al ejercicio de estas libertades y a su vida privada y familiar. El Estado miembro debe tener en cuenta, en particular, los factores enunciados en el artículo 28, apartado 1, de la Directiva citada en la medida en que sean pertinentes en la situación concreta en cuestión.
3. El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que el período de diez años de residencia en el Estado miembro de acogida, que da derecho a la protección contra la expulsión que establece esta disposición, no incluye los períodos durante los cuales un ciudadano de la Unión, antes de la adhesión a la Unión del Estado miembro cuya nacionalidad posee, haya residido en el Estado miembro de acogida sin tener autorización para ello con arreglo al Derecho nacional de ese Estado miembro."

Bibliogrfía - El control del comercio internacional de los minerales de conflicto


El control del comercio internacional de los minerales de conflicto: Reglamento (UE) 2017/821 por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro
M.ª Pilar DIAGO DIAGO, Catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Zaragoza
Diario La Ley, Nº 9099, Sección Tribuna, 14 de Diciembre de 2017
La Unión Europea ha aprobado el Reglamento UE 2017/821 que será plenamente aplicable a partir de 1 de enero de 2021. En él se establece la diligencia debida en la cadena de suministro de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto que deben seguir los importadores de la Unión. El objetivo de este trabajo es analizar esta normativa que implica un control del comercio internacional de los minerales de conflicto.

Bibliografía - Regulación y análisis de la gestación por sustitución en España


Regulación y análisis de la gestación por sustitución en España
Antonio AZNAR DOMINGO, Doctor en Derecho (PhD City University Los Ángeles (California, USA), Abogado. Alberto DELGADO SÁNCHEZ, Graduado en Derecho, Universidad de La Laguna (España), Abogado.
Diario La Ley, Nº 9099, Sección Tribuna, 14 de Diciembre de 2017
La gestación por sustitución es un medio al que pueden acudir aquellas personas que deseen ser padres pero que, por diversas causas, no puedan. En España, esta técnica está prohibida en el art. 10 de la LTRHA, precepto en el que se establece la nulidad de pleno derecho de estos contratos. Sin embargo, cada vez más son los españoles que optan por este proceso para tener hijos, desplazándose, para ello, a otro estado donde se admita legalmente la maternidad subrogada, inscribiendo a los niños una vez nacidos en el Registro Civil Consular de ese país y tratando de que se produzca el reconocimiento de esa inscripción en el Registro Civil español, para poder así traer al menor a España con el fin de que se reconozca completamente su filiación a su favor. Los Tribunales de nuestro país se han mostrado reacios a permitir tal inscripción aunque esté avalada por la Dirección General de Registros y del Notariado y también por resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos similares.
En este artículo se examina los distintos ámbitos problemáticos que comporta la gestación por sustitución, desde el punto de vista no sólo de la determinación de la filiación a las personas que conciertan este contrato sino, además, la respuesta de la jurisprudencia tanto nacional como europea frente a supuestos de este tipo, el régimen jurídico actual y las reformas que el poder legislativo español preveía, así como un análisis de las diferentes regulaciones que a nivel mundial contempla esta institución.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (13.12.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 13 de diciembre de 2017, en el asunto C‑403/16 (El Hassani): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) n.º 810/2009 — Artículo 32, apartado 3 — Código comunitario sobre visados — Decisión de denegación de visado — Derecho del solicitante a interponer recurso contra dicha decisión — Obligación de un Estado miembro de garantizar el derecho a un recurso judicial.
Fallo del Tribunal: "El artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de prever un procedimiento de recurso contra las decisiones denegatorias de visado, cuya regulación procesal corresponderá al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro dentro del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad. Debe garantizarse la posibilidad de interponer un recurso judicial en algún punto de dicho procedimiento."
-CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MACIEJ SZPUNAR, présentées le 13 décembre 2017, Affaire C‑558/16 (Mahnkopf): [demande de décision préjudicielle formée par le Kammergericht Berlin (tribunal régional supérieur de Berlin, Allemagne)] Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Certificat successoral européen – Champ d’application – Possibilité de faire figurer la part du conjoint survivant dans le certificat successoral européen.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107), lu conjointement avec son article 1er, paragraphe 2, sous d), doit être interprété en ce sens que le domaine de la loi applicable à la succession s’étend à une règle qui, à l’instar de l’article 1371, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil), détermine la part de l’époux survivant dans la succession, même si son application dépend de l’existence d’un régime matrimonial déterminé et que la part de l’époux dans la succession remplace la liquidation de ce régime, pour autant que, en même temps, le quantum de cette part soit déterminé en fonction de règles totalement différentes de celles qui définissent la manière de liquider ce régime matrimonial du vivant des époux."
-CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL Mme JULIANE KOKOTT, présentées le 13 décembre 2017, Affaire C‑240/17 (E): (demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto‑oikeus [Cour administrative suprême, Finlande]) Demande de décision préjudicielle – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Espace Schengen – Décision de retour et interdiction d’entrée contre un ressortissant d’un pays tiers – Signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen – Ressortissant d’un pays tiers s’étant rendu coupable d’une infraction pénale – Ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité dans un autre État membre de l’espace Schengen – Obligation de consultation – Incidence de consultations en cours sur l’exécution de la décision de retour et la prise d’effet de l’interdiction d’entrée – Article 25, paragraphe 2, de la convention d’application de l’Accord de Schengen (convention d’application Schengen, CAAS) – Directive 2008/115/CE.
Nota: La AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) Un ressortissant d’un pays tiers peut se prévaloir directement de l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS pour contester la légalité et l’exécution d’une décision de retour rendue à son encontre ou d’une interdiction d’entrée dont il a été frappé en application de la directive 2008/115.
2) Il convient d’interpréter l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, les consultations imposées par cette disposition devraient être mises en œuvre le plus tôt possible, mais ne doivent pas impérativement être engagées avant une décision relative au retour et à l’interdiction d’entrée.
3) La décision de retour peut être exécutée et l’interdiction d’entrée peut être mise en vigueur seulement à partir du moment où l’État consulté en application de l’article 25, paragraphe 2, de la CAAS a fait connaître sa position, ou si les consultations sont restées infructueuses malgré l’écoulement d’un délai approprié. Avant l’expiration de ce délai, ces deux décisions peuvent être exécutées dans la mesure où le ressortissant d’un pays tiers représente un danger pour l’ordre public et la sécurité publique."

Jurisprudencia - El matrimonio de conveniencia puede constituir un ilícito civil o administrativo, pero no delito


Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 6 abril 2017, Rec. 649/2016: matrimonio de conveniencia. Los matrimonios interesados o los matrimonios de conveniencia no pueden dar lugar a falsedad alguna, ni en el celebrante ni en los contrayentes, aunque uno y otro conozcan y consientan las particularidades del acuerdo, del interés o de la ventaja que se quiere obtener con tal unión. Podrá tratarse de un ilícito civil con consecuencias civiles y matrimoniales, pero nunca llegar a la incriminación de tal conducta en el contexto del Código Penal. Los hechos tampoco son subsumibles en el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en todo caso se trataría de un ilícito administrativo; incluso aun cuando el matrimonio fuera declarado de complacencia, con la finalidad de eludir la normativa de extranjería, sería en todo caso infracción administrativa si no media ánimo de lucro.
Ponente: Palomo del Arco, Andrés.
Nº de Recurso: 649/2016
Jurisdicción: PENAL
Iustel - Diario Del Derecho, 13 diciembre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 1486/2017 - ECLI: ES:TS:2017:1486]

Bibliografía - Presupuestos prácticos de tramitación de expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia


Presupuestos prácticos de tramitación de expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia
Juan Manuel MASANET FERNÁNDEZ, Abogado, Colaborador Honorífico del Área de Derecho Internacional Privado (Universidad Miguel Hernández de Elche) y Presidente de la Sección de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Elche; Alfonso ORTEGA GIMÉNEZ, Profesor de Derecho Internacional Privado (Universidad Miguel Hernández de Elche), Consejero Académico de Pellicer & Heredia Abogados y Director del Observatorio Provincial de la Inmigración de Alicante
Diario La Ley, Nº 9098, Sección Tribuna, 13 de Diciembre de 2017, Editorial Wolters Kluwer
El presente trabajo tiene como objetivo explicar de manera práctica el procedimiento de obtención de la nacionalidad española por residencia sobre la base de la nueva legislación sobre la materia, desde el requisito del tiempo mínimo de residencia legal hasta la deseada fase final de la obtención del Documento Nacional de Identidad, medio acreditativo de la nacionalidad española para cualquier persona.

Jurisprudencia - El Estado no responde por la vulneración del Derecho de la UE por el procedimiento de ejecución hipotecaria


Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 1491/2017 de 3 Oct. 2017, Rec. 427/2015: Responsabilidad de las administraciones públicas. Estado legislador. Improcedencia de indemnización por daños y perjuicios derivados de la infracción del Derecho de la Unión por la regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria contenida en la LEC. Reclamación por la pérdida por los interesados de la vivienda que habían adquirido con un crédito hipotecario, con obligación de pagar la parte de crédito no satisfecha, fundada en el incumplimiento por aquella regulación de la Directiva 93/13/CEE, declarado por TJUE S 14 Mar. 2013. No concurre el presupuesto de que la infracción de la norma europea esté suficientemente caracterizada. No tiene la Directiva vulnerada un grado de precisión que permita concluir que existía una clara infracción de la misma por mantener dicho procedimiento de ejecución. Existencia de dudas razonables sobre la adecuación a la Directiva de un procedimiento de ejecución hipotecaria basado en un título notarial. Inapreciación del carácter intencional de la infracción. No configuración del perjuicio sufrido como de especial consideración.
Ponente: Olea Godoy, Wenceslao Francisco.
Nº de Sentencia: 1491/2017
Nº de Recurso: 427/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9098, Sección Jurisprudencia, 13 de Diciembre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:3506

DOUE de 13.12.2017 - Proclamación del pilar europeo de derechos sociales


Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales.
Nota: El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclaman el pilar europeo de derechos sociales, cuyo objetivo es servir de guía para alcanzar resultados sociales y de empleo eficientes para responder a los desafíos actuales y futuros con el fin de satisfacer las necesidades esenciales de la población, así como para garantizar una mejor regulación y aplicación de los derechos sociales.
El pilar europeo de derechos sociales expresa los principios y derechos esenciales para el buen y justo funcionamiento de los mercados laborales y de los sistemas de bienestar de la Europa del siglo XXI. Reafirma algunos de los derechos del acervo de la Unión y añade nuevos principios que abordan los desafíos derivados de los cambios económicos, tecnológicos y sociales. Los principios que contiene conciernen a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales de terceros países con residencia legal. Cuando un principio hace referencia a los trabajadores, concierne a todas las personas con un empleo, independientemente de su situación laboral, y de la modalidad y duración del empleo.
Este pilar europeo no debe impedir que los Estados miembros o sus interlocutores sociales establezcan normas sociales más ambiciosas. Debe aplicarse tanto por la Unión como por los Estados miembros, en sus competencias respectivas, teniendo debidamente en cuenta las diferencias entre los entornos socioeconómicos y la diversidad de los sistemas nacionales, en particular el papel de los interlocutores sociales, y de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Respeta la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así como la identidad nacional de los Estados miembros y la organización de sus poderes públicos a escala nacional, regional y local. En particular, su establecimiento no afecta al derecho de los Estados miembros de definir los principios fundamentales de sus sistemas de seguridad social y de gestionar sus finanzas públicas y no debe afectar de modo sensible a su equilibrio financiero.

martes, 12 de diciembre de 2017

DOUE de 12.12.2017


-Corrección de errores de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE.
Nota: Véase la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, así como la entrada de este blog del día 10.10.2009.
-Corrección de errores de la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal.
Nota: Y aquí llega la segunda corrección de errores (!!) de la desafortunada versión española de la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014.
Véase la primera corrección de errores, así como las entradas de este blog del día 1.5.2014 y del día 9.6.2015.

BOE de 12.12.2017


-Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, se establece el procedimiento de solicitud y otorgamiento de las Licencias Singulares para el desarrollo y explotación de los distintos tipos de actividades de juego.
Nota: El objeto de esta disposición es establecer los requisitos y condiciones que rigen la solicitud y el otorgamiento de las licencias singulares para el desarrollo y explotación de los tipos de actividades de juego.
En el punto sexto (documentos de la solicitud) se contienen diversas previsiones sobre los documentos que deben aportarse con la solicitud cuando quienes comparezcan o firmen las solicitudes en nombre de las sociedades interesadas sean personas física o jurídicas extranjeras, residentes o no en España.
Por otro lado, en la letra d) de la sección 1 del punto sexto se exige la sumisión expresa del solicitante a los órganos jurisdiccionales españoles.
En la sección 3, letra e), del mismo punto sexto se exige la presentación de la "relación de países del Espacio Económico Europeo en los que el interesado, o cualquiera de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, hubiera obtenido título habilitante para el desarrollo y comercialización del tipo de juego para el que se solicita la licencia singular. En caso de que la sociedad solicitante, o cualquiera de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, no contara con títulos habilitantes para el desarrollo y comercialización del tipo de juego para el que se solicita licencia singular, deberá hacerse constar tal circunstancia".
-Orden APM/1211/2017, de 4 de diciembre, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.
Nota: Véase el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero.

lunes, 11 de diciembre de 2017

Jurisprudencia - El tiempo de estancia en prisión preventiva no computa a efectos de la autorización por arraigo social


Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Sentencia de 30 marzo 2017, Rec. 281/2016: Solicitud de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo social (art. 124.2 del RD 577/2011). Denegación. No es razonable computar el tiempo que el solicitante permaneció en prisión, como periodo de tiempo válido, a la hora de hablar de residencia continuada generadora de una situación de arraigo, pues dicha situación no puede valorarse de manera positiva en cuanto a integración en la sociedad española, encontrándose, por el contrario, más próxima a lo que el Tribunal Supremo ha denominado comportamiento reprochable.
Ponente: Galcerán Solsona, Emma.
Nº de Recurso: 281/2016
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 11 diciembre 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: STSJ ICAN 338/2017 - ECLI: ES:TSJICAN:2017:338]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-194/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 17 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus — Estonia) — Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan / Svensk Handel AB [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.° 1215/2012 — Artículo 7, punto 2 — Competencia especial en materia delictual o cuasidelictual — Vulneración de los derechos de una persona jurídica mediante la publicación en Internet de información supuestamente inexacta sobre ella y la no supresión de comentarios que la afectan — Lugar donde se ha producido el daño — Centro de intereses de la persona jurídica]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.10.2017.
-Asunto C-231/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 19 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Hamburg — Alemania) — Merck KGaA / Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Marca de la Unión Europea — Artículo 109, apartado 1 — Acciones civiles sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales — Litispendencia — Concepto de «los mismos hechos» — Uso del término «Merck» en nombres de dominios y en plataformas de redes sociales en Internet — Acción basada en una marca nacional seguida de una acción basada en una marca de la Unión — Inhibición — Alcance]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.10.2017.
-Asunto C-425/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 19 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — Austria) — Hansruedi Raimund / Michaela Aigner (Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.° 207/2009 — Artículo 96, letra a) — Acción por violación de marca — Artículo 99, apartado 1 — Presunción de validez — Artículo 100 — Demanda de reconvención por nulidad — Relación entre una acción por violación de marca y una demanda de reconvención por nulidad — Autonomía procesal)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.10.2017.
-Asunto C-192/16: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 12 de octubre de 2017 [petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido] — Stephen Fisher, Anne Fisher, Peter Fisher / Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Artículo 355 TFUE, apartado 3 — Estatuto de Gibraltar — Artículo 49 TFUE — Artículo 63 TFUE — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Situación meramente interna)
Fallo del Tribunal: "El artículo 355 TFUE, apartado 3, en relación con los artículos 49 TFUE o 63 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que el ejercicio por parte de nacionales británicos de la libertad de establecimiento o de la libre circulación de capitales entre el Reino Unido y Gibraltar constituye, a efectos del Derecho de la Unión, una situación en la que todos los elementos se circunscriben al interior de un único Estado miembro."
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-579/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) el 3 de octubre de 2017 — BUAK Bauarbeiter-, Urlaubs- u. Abfertigungskasse / Gradbeništvo Korana d.o.o.
Cuestiones planteadas:
"¿Debe interpretarse el artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en el sentido de que los procedimientos por los que la Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) reclama recargos a empresarios por el desplazamiento a Austria de trabajadores sin centro de trabajo habitual en Austria con el fin de desarrollar allí su trabajo o con motivo de una cesión de trabajadores, o a empresarios con domicilio fuera de Austria por la contratación de trabajadores con centro de trabajo habitual en Austria son «materia civil y mercantil» sujeta al citado Reglamento, aunque, si bien las reclamaciones de recargos de la BUAK se basan en relaciones laborales de Derecho privado y están dirigidas a cubrir los derechos de los trabajadores a vacaciones y a la retribución de las mismas en virtud de sus relaciones laborales de Derecho privado con los empresarios, — tanto el importe de los derechos de los trabajadores a la retribución de las vacaciones frente a la BUAK como el importe de las reclamaciones de recargos de la BUAK frente los empresarios se fijan mediante reglamento de un ministro federal y no por contrato o convenio colectivo;
— los recargos que adeudan los empresarios a la BUAK, además de cubrir el coste de la retribución de las vacaciones que se ha de abonar a los trabajadores, sirven también para cubrir los costes administrativos de la BUAK, y
— a la hora de ejercitar y satisfacer sus créditos relativos a dichos recargos, la BUAK goza por ley de facultades más amplias que las que corresponden a los particulares, puesto que:
los empresarios están obligados, so pena de multa, a presentar a la BUAK partes ocasionales y mensuales, utilizando las vías de comunicación establecidas por la BUAK, para colaborar y someterse a las medidas de control de la BUAK, a permitir el acceso a la documentación salarial, empresarial y de otro tipo y a facilitar información a la BUAK, y
en caso de incumplimiento de las obligaciones de información por parte de los empresarios, la BUAK tiene derecho a liquidar los recargos adeudados por los empresarios basándose en sus propias averiguaciones, asistiendo en tal caso a la BUAK el derecho a los recargos en el importe calculado por la BUAK, con independencia de las condiciones reales del desplazamiento o del empleo?"
-Asunto C-582/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 4 de octubre de 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / H.
Cuestión planteada: "¿Debe interpretarse el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida […] en el sentido de que únicamente el Estado miembro en el que se presentó la solicitud de protección internacional por primera vez es a quien corresponde determinar el Estado miembro responsable, con la consecuencia de que el extranjero únicamente puede oponerse judicialmente en dicho Estado miembro, en virtud del artículo 27 del Reglamento de Dublín, a la aplicación errónea de uno de los criterios de responsabilidad establecidos en el capítulo III de dicho Reglamento, que comprende también el artículo 9?"
-Asunto C-583/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 4 de octubre de 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / R.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida […] en el sentido de que únicamente el Estado miembro en el que se presentó la solicitud de protección internacional por primera vez es a quien corresponde determinar el Estado miembro responsable, con la consecuencia de que el extranjero únicamente puede oponerse judicialmente en dicho Estado miembro, en virtud del artículo 27 del Reglamento de Dublín, a la aplicación errónea de uno de los criterios de responsabilidad establecidos en el capítulo III de dicho Reglamento, que comprende también el artículo 9?
2) ¿En qué medida resulta pertinente para responder a la cuestión 1, el hecho de que en el Estado miembro en el que se presentó la solicitud de protección internacional por primera vez ya se haya adoptado una decisión sobre dicha solicitud, o que el extranjero haya retirado anticipadamente dicha solicitud?"

Bibliografía - ¿Cómo funciona la orden de detención y entrega Europea?


¿Cómo funciona la orden de detención y entrega Europea?: El caso del ex-president y sus consellers como ejemplo
Marta MUÑOZ DE MORALES ROMERO, Instituto de Derecho penal europeo e internacional (Universidad de Castilla-La Mancha)
Diario La Ley, Nº 9096, Sección Tribuna, 11 de Diciembre de 2017
La orden de detención y entrega europea es un instrumento de cooperación judicial en materia penal en el marco de la UE que implica la entrega de un sospechoso de forma casi automática. Se trata de un instrumento de reconocimiento mutuo cuya premisa fundamental es la confianza mutua de los Estados miembros en el actuar de sus homólogos. De ahí que los motivos de denegación sean reducidos. La negativa del Sr. Puigdemont y de algunos de los exconsellers a comparecer ante la Audiencia Nacional llevó a la emisión de una euroorden cuyas posibilidades de éxito dependerán de la superación de una serie de obstáculos que se abordan a lo largo de este trabajo.

Nota: Véase la Decisión Marco 2002/584/JAI, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

Bibliografía - Impuesto sobre la venta online de objetos usados


¿De verdad un Impuesto Wallapop? Todavía, no
Iñaki BILBAO ESTRADA, Profesor de Derecho Financiero y Tributario (Universidad CEU Cardenal Herrera, CEU Universities)
Diario La Ley, Nº 9096, Sección Tribuna, 11 de Diciembre de 2017
[Texto del Trabajo]
En base a una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, cuando la venta online de objetos usados (bienes muebles) sea realizada por particulares debe considerarse, en todo caso, como una transmisión gravada por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. La consecuencia práctica es que el adquirente debe autoliquidar el citado Impuesto, aplicando un 4% al valor real de los bienes muebles de segunda mano adquiridos (salvo modificación por parte de la Comunidad Autónoma correspondiente). Se analizan las dificultades de la efectiva aplicación del Impuesto, así como las transmisiones que se producen vía plataforma digital.

domingo, 10 de diciembre de 2017

Bibliografía (Revista de revistas) - Arbitraje (2017, núm. 2)


Contenidos de la revista "Arbitraje - Revista de arbitraje comercial y de inversiones", volumen X, 2017, num. 2.

Estudios:
-Franco FERRARI y Friedrich ROSENFELD, Límites a la autonomía de las partes en arbitraje internacional, pp. 335-386
-Fernando ESTEBAN DE LA ROSA, Régimen de la resolución alternativa y en línea de litigios de consumo trans-fronterizos tras el nuevo marco europeo y la Ley 7/2017, pp. 387-424

Práctica arbitral:
-Leonel PEREZNIETO CASTRO, Arbitraje, buena fe, corrupción y orden público, en su dimensión internacional, pp. 425-434
-María Bernarda CARPIO FRIXONE y Martín FLORES MARTÍNEZ, El estándar de medios efectivos en el Derecho internacional de las inversiones: ¿un estándar autónomo o una creación antojadiza?: El caso Chevron II, pp. 435-464

Textos Legales:
-Legislación española

Jurisprudencia:
-Jurisprudencia española
-Jurisprudencia extranjera

Noticias
Bibliografía
Revista de Revistas

Revista de revistas (3 a 10 de diciembre)


-Columbia Journal of Transnational Law: vol. 55 (2017), núm. 3.