jueves, 23 de mayo de 2019

BOE de 23.5.2019


Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se cesan y nombran Vocales de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
Nota: Los Vocales académicos e investigadores que forman parte del Pleno de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora son:
1. Don Juan Carlos Abanades García.
2. Doña Pilar Arnáiz Sánchez.
3. Doña M.ª Victoria Escribano Paño.
4. Don Ernesto Eseverri Martínez.
5. Don Luis Gracia Villa.
6. Doña Pilar Grau Carles.
7. Don Javier Huerta Calvo.
8. Don Juan Francisco Juliá Igual.
9. Don Julio Lafuente López.
10. Don Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.
11. Doña Rosario Salinas Fernández.
12. Doña Pilar Santisteban Sanz.

miércoles, 22 de mayo de 2019

Los profesores Garcimartín Alférez, González Beilfuss, de Miguel Asensio y Rodríguez Benot ingresan en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación


La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España ha reactivado recientemente la Sección de Derecho Internacional Privado, formada por quince juristas de diversa procedencia. Con tal motivo han ingresado en la misma los profesores Francisco Garcimartín Alférez (Universidad Autónoma de Madrid) -que, además, ha sido designado Secretario de la Sección-, Cristina González Beilfuss (Universidad de Barcelona), Pedro A. de Miguel Asensio (Universidad Complutense de Madrid) y Andrés Rodríguez Benot (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla). Todos ellos se suman al profesor Guillermo Palao Moreno (Universidad de Valencia), que ya era miembro de la RAJLE. 

Es una excelente noticia para quienes nos dedicamos al DIPr. tener representantes de la valía de estas personas en la RAJLE. Enhorabuena a los profesores Garcimartín Alférez, Gonzalez Beilfuss, de Miguel Asensio y Rodríguez Benot por la elección. 

DOUE de 22.5.2019


-Reglamento (UE) 2019/816 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN) a fin de complementar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726.
Nota: De acuerdo con el art. 1, esta norma establece un sistema para identificar a los Estados miembros que poseen información sobre condenas anteriores de nacionales de terceros países («ECRIS-TCN»), así como las condiciones con arreglo a las cuales el ECRIS-TCN debe ser utilizado por las autoridades centrales para obtener información sobre dichas condenas anteriores a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), creado por la Decisión 2009/316/JAI, así como las condiciones con arreglo a las cuales Eurojust, Europol y la Fiscalía Europea utilizarán el ECRIS-TCN.
El Reglamento regula el tratamiento de los datos de identidad de los nacionales de terceros países que han sido objeto de una condena en los Estados miembros, con el fin de determinar los Estados miembros en que se dictaron tales condenas. Las disposiciones del presente Reglamento que se apliquen a los nacionales de terceros países se aplicarán también a los ciudadanos de la Unión que posean también la nacionalidad de un tercer país y que hayan sido objeto de una condena en los Estados miembros (art. 2).
El Reglamento entra en vigor a los 20 días de su publicación en el DOUE (art. 42).
-Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito de las fronteras y los visados y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 y (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo.
Nota: Este Reglamento, junto con el Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, establece un marco para garantizar la interoperabilidad del Sistema de Entradas y Salidas (SES), el Sistema de Información de Visados (VIS), el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), Eurodac, el Sistema de Información de Schengen (SIS) y el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales de nacionales de terceros países (ECRIS-TCN). Igualmente establece disposiciones sobre los requisitos de calidad de los datos, sobre un formato universal de mensajes (UMF) y sobre un repositorio central de presentación de informes y estadísticas (RCIE), así como las responsabilidades de los Estados miembros y de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de gran magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), en lo que respecta al diseño, el desarrollo y el funcionamiento de los componentes de interoperabilidad. También adapta los procedimientos y las condiciones para el acceso de las autoridades designadas y de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) al SES, al VIS, al SEIAV y a Eurodac con fines de prevención, detección o investigación de los delitos de terrorismo u otros delitos graves. Asimismo, establece un marco para la verificación de la identidad de las personas y para la identificación de las personas (véase el art. 1).
El Reglamento se aplica al SES, al VIS, al SEIAV y al SIS. Igualmente, es aplicable a las personas cuyos datos personales puedan ser objeto de tratamiento en los sistemas de información de la UE y cuyos datos se recojan para los fines definidos en los artículos 1 y 2 del Reglamento (CE) n.o 767/2008, el artículo 1 del Reglamento (UE) 2017/2226, los artículos 1 y 4 del Reglamento (UE) 2018/1240, el artículo 1 del Reglamento (UE) 2018/1860 y el artículo 1 del Reglamento (UE) 2018/1861 (art. 3).
Las complejas normas sobre entrada en vigor y aplicación del Reglamento se regulan en su art. 79.
-Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816.
Nota: Esta norma, junto con el Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, establece un marco para garantizar la interoperabilidad del Sistema de Entradas y Salidas (SES), el Sistema de Información de Visados (VIS), el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV), Eurodac, el Sistema de Información de Schengen (SIS) y el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales de nacionales de terceros países (ECRIS-TCN). También establece también disposiciones sobre los requisitos de calidad de los datos, sobre un formato universal de mensajes (UMF) y sobre un repositorio central de presentación de informes y estadísticas (RCIE), además de las responsabilidades de los Estados miembros y de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), en lo que respecta al diseño, el desarrollo y el funcionamiento de los componentes de interoperabilidad. Igualmente, adapta los procedimientos y condiciones para el acceso de las autoridades designadas y de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) al SES, al VIS, al SEIAV y a Eurodac con fines de prevención, detección o investigación de los delitos de terrorismo u otros delitos graves. Finalmente, establece un marco para la verificación manual de la identidad de las personas y para la identificación de las personas (véase el art. 1).
En relación con su ámbito de aplicación el Reglamento es aplicable a Eurodac, al SIS y al ECRIS-TCN. También es aplicable a los datos de Europol, en la medida de permitir consultarlos de manera simultánea con los sistemas de información de la UE mencionados. Finalmente, es aplicable a las personas cuyos datos personales puedan ser objeto de tratamiento en los sistemas de información de la UE mencionados y en los datos de Europol también mencionados.
Las prolijas disposiciones sobre entrada en vigor se contienen en el art. 75.

-Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales.
Nota: La finalidad de esta Directiva es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, proporcionando a la vez un alto nivel de protección de los consumidores, a través del establecimiento de normas comunes sobre determinados requisitos relativos a los contratos celebrados entre empresarios y consumidores para el suministro de contenidos o servicios digitales; en particular normas sobre la conformidad de los contenidos o servicios digitales con el contrato, las medidas correctoras en caso de falta de conformidad o incumplimiento del suministro y las modalidades para exigirlas, y la modificación de los contenidos o servicios digitales (art. 1).
Su ámbito de aplicación se regula en el art. 3. Entre las complejas normas que lo regulan cabe destacar que se aplicará a todo contrato en virtud del cual el empresario suministra o se compromete a suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor y este paga o se compromete a pagar un precio. También se aplicará cuando el empresario suministre o se comprometa a suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor y este facilite o se comprometa a facilitar datos personales al empresario, salvo cuando los datos personales facilitados por el consumidor sean tratados exclusivamente por el empresario con el fin de suministrar los contenidos o servicios digitales con arreglo a la presente Directiva o para permitir que el empresario cumpla los requisitos legales a los que está sujeto, y el empresario no trate esos datos para ningún otro fin. Igualmente se aplicará cuando se desarrollen contenidos o servicios digitales de conformidad con las especificaciones del consumidor. También se aplicará a todo soporte material que sirva exclusivamente como portador de contenidos digitales.
Cabe destacar el art. 4, en el que se especifica el nivel de armonización de las normas de esta Directiva:
"Los Estados miembros no podrán mantener o introducir, en su Derecho nacional, disposiciones que se aparten de las establecidas en la presente Directiva, en particular disposiciones más o menos estrictas para garantizar un diferente nivel de protección de los consumidores, salvo que se disponga de otro modo en la presente Directiva."
También cabe destacar su artículo 22, referido al carácter imperativo:
"1. Salvo que se establezca de otro modo en la presente Directiva, no será vinculante para el consumidor ninguna cláusula contractual que, en perjuicio del consumidor, excluya la aplicación de las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva, no aplique o modifique los efectos de dichas medidas antes de que el consumidor ponga en conocimiento del empresario el incumplimiento del suministro o la falta de conformidad o antes de que el empresario ponga en conocimiento del consumidor la modificación de los contenidos o servicios digitales con arreglo al artículo 19.
2. La presente Directiva no impedirá a los empresarios ofrecer a los consumidores condiciones contractuales que garanticen mayor protección que la otorgada por la presente Directiva."
Los Estados miembros deben transponer lo dispuesto en la Directiva a más tardar el 1 de julio de 2021, y deberán aplicarlas a partir del 1 de enero de 2022 (art. 24).
-Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.° 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE.
Nota: La finalidad de esta Directiva es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, proporcionando a la vez un alto nivel de protección de los consumidores, a través del establecimiento de normas comunes sobre determinados requisitos relativos a los contratos de compraventa celebrados entre vendedores y consumidores, en particular normas sobre la conformidad de los productos con el contrato, las medidas correctoras en caso de falta de conformidad, las modalidades para exigir dichas medidas correctoras y las garantías comerciales (art. 1).
El ámbito de aplicación se contiene en el art. 3. De las prolijas normas que lo regulan cabe destacar que se aplica a los contratos de compraventa entre un consumidor y un vendedor. Los contratos entre un consumidor y un vendedor para el suministro de bienes que han de fabricarse o producirse también se considerarán contratos de compraventa a efectos de la presente Directiva.
En relación con el nivel de armonización de la Directiva, el art. 4 establece:
"Los Estados miembros no podrán mantener o introducir, en su Derecho nacional, disposiciones que se aparten de las establecidas en la presente Directiva, en particular disposiciones más o menos estrictas para garantizar un diferente nivel de protección de los consumidores, salvo que se disponga de otro modo en la presente Directiva."
Por lo que se refiere a su carácter imperativo, el art. 21 establece:
"1. Salvo que se establezca de otro modo en la presente Directiva, no será vinculante para el consumidor ninguna cláusula contractual que, en perjuicio del consumidor, excluya la aplicación de las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva, no aplique o modifique los efectos de dichas medidas antes de que el consumidor ponga en conocimiento del vendedor la falta de conformidad de los bienes.
2. La presente Directiva no impedirá al vendedor ofrecer al consumidor condiciones contractuales que garanticen mayor protección que la otorgada por la presente Directiva."
Queda derogada con efecto a partir del 1 de enero de 2022 la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (art. 23).
Los Estados miembros deberán transponer las disposiciones de la Directiva a más tardar el 1 de julio de 2021, y aplicarán dichas medidas a partir del 1 de enero de 2022 (art. 24).

-Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.
Nota: Estamos ante la séptima modificación de la lista. Véanse las Conclusiones del Consejo sobre la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. La UE considera países y territorios no cooperadores a efectos fiscales los siguientes: Samoa americana, Belice, Dominica, Fiyi, Guam, Islas Marshall, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Vanuatu. Asimismo, en el Anexo se contiene una descripción de la situación actual de la cooperación con la UE respecto de los compromisos asumidos de aplicar principios de gobernanza fiscal.
Véanse las Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.
Véanse igualmente las entradas de este blog del día 19.12.2018, del día 26.1.2018, del día 16.3.2018, del día 5.6.2018, del día 5.10.2018, del día 9.11.2018, del día 26.3.2019 y del día 7.12.2018

BOE de 22.5.2019


Corrección de errores del Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Montenegro de aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Montenegro sobre la readmisión de personas que residen sin autorización, hecho en Podgorica el 17 de diciembre de 2018.
Nota: Cómo debía ser el error, que la corrección consiste en publicar de nuevo el Protocolo íntegro (!!!).
Véase la entrada de este blog del día 3.5.2019.

martes, 21 de mayo de 2019

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (21.5.2019)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 21 de mayo de 2019, en el asunto C‑235/17 (Comisión / Hungría): Incumplimiento de Estado — Artículo 63 TFUE — Libre circulación de capitales — Artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho de propiedad — Normativa nacional que suprime ex lege y sin indemnización los derechos de usufructo sobre terrenos agrícolas y forestales adquiridos anteriormente por personas jurídicas o por personas físicas que no pueden justificar un vínculo de parentesco cercano con el propietario.
Fallo del Tribunal: "Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63 TFUE, interpretado en relación con el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al adoptar el artículo 108, apartado 1, de la a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Ley n.º CCXII de 2013, por la que se establecen Disposiciones Transitorias y Otras Disposiciones en relación con la Ley n.º CXXII de 2013 relativa a la Venta de Terrenos Agrícolas y Forestales) y al suprimir con ello, ex lege, los derechos de usufructo de los que son titulares, directa o indirectamente, nacionales de otros Estados miembros sobre terrenos agrícolas y forestales situados en Hungría."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR, presentadas el 21 de mayo de 2019, en el asunto C‑94/18 (Chenchooliah): [Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda)] Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Directiva 2004/38/CE — Derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de un Estado miembro — Beneficiarios — Nacional de un tercer país cónyuge de un ciudadano de la Unión que ha ejercitado su libertad de circulación y que ha regresado al Estado miembro del que tiene la nacionalidad y en el que cumple una pena de prisión — Aplicabilidad de la Directiva 2004/38/CE a la expulsión de dicho nacional de un tercer país — Ámbito de aplicación del artículo 15 y del capítulo VI.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"Los artículos 15, 30 y 31 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, deben interpretarse en el sentido de que se aplican a una decisión de expulsión de un nacional de un tercer país que ha sido adoptada porque este ha dejado de tener un derecho de residencia en virtud de dicha Directiva si dicho nacional contrajo matrimonio con un ciudadano de la Unión en un momento en el que tal ciudadano estaba ejercitando su libertad de circulación al trasladarse y residir en un Estado miembro distinto de aquel del que tiene la nacionalidad en virtud del artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva y el mencionado ciudadano posteriormente regresa al Estado miembro del que tiene la nacionalidad."

DOUE de 21.5.2019


Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación.
Nota: Véase el Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, así como la entrada de este blog del día 28.11.2018.

lunes, 20 de mayo de 2019

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


RESOLUCIONES

Asunto C-8/19 PPU: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de febrero de 2019 — (petición de decisión prejudicialplanteada por el Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Proceso penal contra RH [«Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación judicial en materia penal — Directiva (UE) 2016/343 — Artículo 4 — Referencias públicas a la culpabilidad — Resolución relativa a la prisión preventiva — Medios de impugnación judicial — Procedimiento de control de la legalidad de esta resolución — Respeto de la presunción de inocencia — Artículo 267 TFUE — Artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a ser oído dentro de un plazo razonable — Normativa nacional que restringe la facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales para remitir una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia o los obliga a pronunciarse sin esperar a la respuesta a esa petición — Sanciones disciplinarias en caso de inobservancia de esta normativa»]
Resolución del Tribunal:
"1) El artículo 267 TFUE y el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, tal como la interpreta la jurisprudencia, que tiene por efecto obligar al órgano jurisdiccional nacional a pronunciarse sobre la legalidad de una resolución relativa a la prisión preventiva sin tener la posibilidad de presentar una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia o de esperar a la respuesta de este.
2) Los artículos 4 y 6 de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, en relación con el considerando 16 de esta, deben interpretarse en el sentido de que los requisitos derivados de la presunción de inocencia no se oponen a que, cuando el órgano jurisdiccional competente examine los indicios racionales que permitan suponer que la persona sospechosa o encausada ha cometido la infracción que se le imputa con el fin de pronunciarse sobre la legalidad de una resolución relativa a la prisión preventiva, dicho órgano jurisdiccional sopese las pruebas de cargo y de descargo que se le presenten y motive su resolución no solo indicando las pruebas en que se ha basado, sino también pronunciándose sobre las objeciones de la defensa de la persona de que se trate, siempre que la resolución que se adopte al respecto no se refiera a la persona privada de libertad como culpable."

Bibliografía - La emisión de una Orden Europea de investigación para la intervención de las comunicaciones


La emisión de una Orden Europea de investigación para la intervención de las comunicaciones
Roser Casanova Martí, Profesora de Derecho Procesal Universitat Rovira i Virgili
Diario La Ley, Nº 9418, Sección Práctica Forense, 20 de Mayo de 2019
Se analizan los pasos a seguir, en cuanto a la solicitud, alcance, contenido y gastos, respectivamente, en la emisión y en la ejecución de la Orden Europea de Investigación por parte de los jueces españoles.

Nota: Véase la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, así como la entrada de este blog del día 1.5.2014. Véase igualmente la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, así como las entradas de este blog del día 21.11.2014 y del día 12.6.2018 y del día 31.3.2015.

domingo, 19 de mayo de 2019

IV Reunión Científica de Derecho Internacional Privado MillenniumDIPr (Zaragoza, 23 mayo 2019)



IV REUNIÓN CIENTÍFICA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO MILLENNIUMDIPR

“Cuestiones actuales del Derecho Internacional Privado”

Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“La sustracción internacional de menores y la mediación. Retos y vías prácticas de solución” de la Dra. Mª Carmen Chéliz Inglés.

Salón de Grados de la Facultad de Derecho - Universidad de Zaragoza
23 de mayo de 2018, 17 hrs.


PROGRAMA

16’30 hrs. INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

17 hrs. Bienvenida


PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“La sustracción internacional de menores y la mediación. Retos y vías prácticas de solución” de la Dra. Mª Carmen Chéliz Inglés
Con las intervenciones de D. Javier Hernández García. Lugarteniente del Justicia de Aragón y de la autora.

SESIONES

Primera sesión:
Presidencia a cargo del Dr. D. Federico Garau Sobrino. Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universidad de las Islas Baleares.

PANEL Y DEBATE (1) “Simbiosis de foros al hilo del asunto ZX vs. Ryanair Dac: de la sumisión tácita a la explotación de sucursal”
Dr. D. David Carrizo Aguado. Profesor Contratado Doctor (Acr) de Derecho Internacional Privado. Universidad de León.

PANEL Y DEBATE (2) “La “insostenibilidad” de las empresas certificadas”
Dr. Dña. Lorena Sales Profesora Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de Castilla- La Mancha y Mª Chiara Marullo Profesora Contratada Doctora (Acr) Universidad Jaime I.

PANEL Y DEBATE (3) “Derecho Internacional Privado y contratación inmobiliaria: especial atención a las normas imperativas y a su incidencia en los contratos de arrendamiento en casos internacionales”
D. Omar Rodrigo Rojas Escobar. Abogado Despacho ABgestin Advocats Barcelona
18’00 hrs. Pausa

Segunda sesión:
Presidencia a cargo de la Dra. Pilar Diago Diago Coordinadora de Millennium DIPr. Catedrática de Derecho Internacional Privado. Universidad de Zaragoza.

PANEL Y DEBATE (4) "Cuestiones relevantes sobre la protección de los consumidores en Europa: armonización mínima o máxima, integración europea y los nuevos retos de la economía colaborativa”
Dra. Dña. Cayetana Santaolalla. Profesora de Derecho Internacional Privado. Universidad Internacional de La Rioja

PANEL Y DEBATE (5) “Las Dao como nuevo modelo de contrato societario: retos jurídico-internacionales”
D. Svetoslav Tihomirov Kostov. Universidad de Castilla La Mancha
Tercera sesión:
Presidencia a cargo de D. Antonio Ripoll Soler. Notario de Alicante.

PANEL Y DEBATE (6) “La maternidad subrogada en el marco de la Constitución española: ¿compatible con los derechos fundamentales?”
Dra. Dña Nieves Alonso García. Profesora Ayudante Doctora de Derecho Constitucional. Universidad Isabel I.

PANEL Y DEBATE (7) “¿En el camino hacia la protección estable de los menores concebidos mediante maternidad subrogada?”
Dña. María Riánsares Díaz Navarro. Universidad de Castilla-La Mancha
20’00 hrs. CLAUSURA


Inscripción hasta el día 21 de mayo:
- La inscripción para asistir a la reunión científica es imprescindible.
- La inscripción se realizará a través del formulario que aparece en este enlace.
- Inscripción gratuita hasta cubrir aforo.
- Los asistentes recibirán certificado de asistencia.

Revista de revistas (12 a 19 de mayo)


-Cuadernos Europeos de Deusto: 2015, Extra. 1 (Dedicado a la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE: innovación institucional y retos estratégicos).
-Deusto Journal of Human Rights - Revista Deusto de Derechos Humanos: núm. 1 (2016); núm. 2 (2017); núm. 3 (2018).
-European Law Journal: 2019, núm. 2.
-Neue Juristische Wochenschrift - NJW: 2019, núm. 16; 2019, núm. 17; 2019, núm. 18.
-Zeitschrift für Zivilprozess: 2018, núm. 1; 2018, núm. 2; 2018, núm. 3; 2018, núm. 4.

sábado, 18 de mayo de 2019

Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz (16 a 19 de julio de 2019)


Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz
(16 a 19 de julio de 2019)

Los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz abordan, durante cuatro días, temas de actualidad o debate de las disciplinas de Derecho y de las Relaciones Internacionales. El estudio y el debate académico fruto de estas jornadas se completa con una visión práctica de las cuestiones analizadas mediante su aplicación a la realidad de la sociedad internacional contemporánea.
Tratando de conjugar el planteamiento académico y la refl exión colectiva vinculada a la práctica profesional e internacional de nuestros días, nombres relevantes de las distintas materias impartirán los distintos cursos.
Son objetivos de los Cursos la creación de un espacio abierto de comunicación científica y pedagógica de carácter interdisciplinar en el ámbito de los Estudios Internacionales, aunque no exclusivamente, fundamentado en las disciplinas de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Asimismo, también se trata de involucrar a las autoridades y a las administraciones
vascas en espacios de trabajo y debate a los que se trasladan los contenidos estudiados y debatidos.

PROGRAMA

Martes, 16 de julio
- La circulación de documentos públicos en situaciones transfronterizas: la tensión entre la seguridad jurídica y la reducción de las cargas para el ciudadano
Dra. Dña. Pilar Diago Diago, Catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Zaragoza
- Superando el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: soft-law, acuerdos políticos y otras normas del montón. Reflexiones desde postulados democráticos
Dr. D. Francisco Jiménez García, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos

Miércoles, 17 de julio
- La construcción de normas globales, entre el avance del cosmopolitismo blando y el retorno de la geopolítica: la regulación global de la Ciberseguridad
Dra. Dña. Caterina García Segura, Catedrática de Relaciones Internacionales de la Universidad Pompeu Fabra
- La Unión Europea y el reconocimiento de Estados
Dra. Dña. Natividad Fernández Sola, Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Zaragoza y titular de la Cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown

Jueves, 18 de julio
- Justicia y Derecho Internacional: miradas plurales para desafíos prácticos
D. Eduardo Rodríguez Veltzé, Representante de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia y ex Presidente de Bolivia
- La Agenda 2030 para un mundo (in)sostenible
Dr. D. José Ángel Sotillo Lorenzo, Profesor Titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid

Viernes, 19 de julio
- Una filiación: tres modalidades de establecimiento. La redefinición de los vínculos genealógicos entre la ley, la biología y el afecto
Dra. Dña. Pilar Blanco-Morales Limones, Catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Sevilla y Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura

Clausura de los Cursos


INSCRIPCIÓN
Secretaría:
Correo electrónico: cdinternacionalvitoria(at)gmail.com
Teléfonos: 943 21 95 11 / 630 965 883
Matrícula:
Plazo de inscripción: hasta el 8 de julio de 2019
La matrícula y solicitud de reducción de matrícula se gestionará a través de la página Web de la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU.

Condiciones y trámites de matriculación:
Matrícula on-line (exclusivamente)
Matrícula ordinaria (sin alojamiento): 60,00 €
Matrícula ordinaria (cursos y alojamiento): 188,00 €
Matrícula con beca (sin alojamiento): 40,00 €
Matrícula con beca (cursos y alojamiento): 100,00 €
Criterios y formas de pago disponibles en la plataforma on-line de la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU.

Consultas y solicitud de beca: cdinternacionalvitoria(at)gmail.com

Validez académica y diplomas:
Para obtener la certificación académica es obligatoria la asistencia al menos al 80% del Curso.
Reconocimiento de 40 horas computables para créditos de libre asignación.

Más información [aquí]

Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones - European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin (17 mayo 2019)


Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones / European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin, nº 355, de 17 de mayo de 2019.


...el candidato popular a la Alcaldía de Mijas ...ha asegurado que el problema de las viviendas pendientes de normalizar será una prioridad para su equipo... ha recalcado que estará muy pendiente de que la Junta de Andalucía ... ponga en marcha la nueva Ley de Segunda Oportunidad, “que ya está redactada y que dará solución al 95 por ciento de las viviendas pendientes de regularizar”, asegura Nozal, “unas porque estarán en asentamientos totalmente legales y otras porque estarán fuera de ordenación, lo que significa que se reconocerá la existencia de estas casas, aunque no estén en asentamientos o grupos de viviendas, pero se les permitirá escriturar, vender, alquilar y hacer reformas”.

Las operaciones de adquisición realizadas por británicos siguen creciendo, se confirman como la nacionalidad con más compras en el país (un 15% del total) y dejan definitivamente el parón que siguió al referéndum del Brexit. ... según los datos del Consejo General del Notariado.

"Rising Brits: Third of residents of two Spanish towns are from the UK", Euro Weekly News, 15 | 05 | 2019 - Noticia
...Rojales and Quesada... It has been suggested the “increase in numbers” could be down to residents registering to vote in the upcoming European elections. The British consulate in Alicante and the British Embassy in Madrid have long stressed the importance of all residents registering correctly, especially those that now see Spain as their second home. ... With more than half of the registered Brits being over 65, the fundamental concern is that of the health system. Derek Monks is the councillor for Integration of Residents. Regarding the high numbers, he told ... that Brexit is having an effect, despite not many Brits voting in the local or European elections.

British voters could be decisive in deciding the composition of Mazarrón council

"El retiro dorado portugués levanta ampollas en Europa", Euronews, 13 | 05 | 2019 - Reportaje
Portugal se ha convertido en un paraíso para los jubilados europeos, que vienen a vivir aquí atraídos por la calidad de vida, pero también por un atractivo régimen fiscal, que les permite estar exentos de impuestos durante toda una década. Esa exención levanta ampollas en países de la Unión Europea como Finlandia, Suecia o Francia, de donde proceden buena parte de los beneficiarios. ... tampoco gusta a los contribuyentes lusos y, en especial, a los jubilados, que se sienten discriminados.

"Solo 16.400 extranjeros residentes podrán votar en la Región de Murcia", La Verdad, 12 | 05 | 2019 - Reportaje (Daniel Vidal)
...de los casi 211.000 extranjeros que tienen permiso de residencia en la Región de Murcia, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) a enero de este año, solo 16.474 están llamados a las urnas el próximo 26 de mayo, en base a los datos que maneja la Delegación del Gobierno en la Región. La mayoría de ellos (44,08%) son británicos.

"El número de residentes extranjeros de Rojales alcanza el 70 por ciento", Las Provincias (EFE), 11 | 05 | 2019 - Reportaje
El número de británicos empadronados ha crecido por el 'Brexit' pero una gran mayoría admite que no acudirá a las urnas el 26 de mayo

"El cansancio de los británicos de Rojales", La Vanguardia (EFE), 11 | 05 | 2019 - Reportaje
"Yo tengo 74 años y soy de los británicos más jóvenes de Rojales", bromea Derek Monks, concejal de Integración de Residentes del PSOE en el Ayuntamiento de una de las localidades alicantinas exponente de los municipios mediterráneos convertidos en el hogar de miles de jubilados del norte de Europa. ... Según explica Monks ... los municipios turísticos españoles cuentan este año con más empadronados procedentes del Reino Unido que nunca como efecto del "brexit", pero esto no significa que los británicos vayan a votar en mayor medida el próximo 26 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo y municipales.

"Convergencia Andaluza presentó anoche su programa de comercio", Almuñécar Digital, 11 | 05 | 2019 - Noticia
El candidato a la Alcaldía ... presentó el programa... Vamos a potenciar el turismo residencial, con especial incidencia de ciudadanos provenientes del centro y norte de Europa, haciendo nuestra ciudad más cómoda y atractiva para ellos.

"Los extranjeros de Camposol quieren entrar en el Ayuntamiento de Mazarrón", La Opinión de Murcia, 11 | 05 | 2019 - Reportaje
El Partido CDiP, cuya lista está compuesta por británicos, holandeses y belgas, busca obtener representación municipal para acabar con "el abandono" de la urbanización

"More than 40,000 foreigners in Malaga province are on the electoral roll for the council elections", Sur in English, 10 | 05 | 2019 - Reportaje (Ana Pérez-Bryan)
Of the more than 81,000 foreigners in Malaga province with the right to vote, nearly half have registered to take part in the municipal poll on 26 May. Most are EU citizens.


Nota: Este Boletín de Prensa realiza un seguimiento periodístico de los aspectos más destacados del fenómeno de la movilidad transfronteriza de personas mayores estudiado en el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Mi agradecimiento a la Coordinadora del Observatorio, la Prof. Mayte Echezarreta Ferrer (Universidad de Málaga), así como a sus miembros, investigadores y colaboradores, por su labor y por permitir su difusión en Conflictus Legum.

viernes, 17 de mayo de 2019

DOUE de 17.5.2019


-Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la iniciativa ciudadana europea.
Nota: En esta disposición se establecen los procedimientos y las condiciones que se requieren para tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre las cuestiones que los ciudadanos de la Unión estimen que requieren un acto jurídico de la Unión a efectos de la aplicación de los Tratados.
Este Reglamento será aplicable a partir del 1 de enero de 2020 (art. 28).
Queda derogado, con efectos 1 de enero de 2020, el Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana (véase la entrada de este blog del día 11.3.2011) (art. 26). Ahora bien, los arts. 5 a 9 del Reglamento (UE) nº 211/2011 seguirán siendo aplicables después del 1 de enero de 2020 a las iniciativas ciudadanas europeas registradas antes del 1 de enero de 2020 (art. 27).
-Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE.
Nota: El objeto de esta norma, según su art. 1, es establecer normas destinadas a mejorar el acceso transfronterizo a un mayor número de programas de radio y televisión, facilitando la obtención de derechos para la prestación de servicios en línea que son accesorios a la emisión de determinados tipos de programas de radio y televisión, así como para la retransmisión de programas de radio y televisión. También establecer normas para la transmisión de programas de radio y televisión a través del proceso de inyección directa.
Los Estados miembros deberán transponer lo dispuesto en esta Directiva a más tardar el 7 de junio de 2021 (art. 12).
-Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.
Nota: Esta Directiva pretende establecer normas destinadas a armonizar el Derecho de la Unión aplicable a los derechos de autor y derechos afines en el marco del mercado interior, teniendo especialmente en cuenta los usos digitales y transfronterizos de los contenidos protegidos. Establece asimismo normas sobre excepciones y limitaciones a los derechos de autor y derechos afines, sobre facilitación de licencias, así como normas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento del mercado de explotación de obras y otras prestaciones. Salvo en los casos mencionados en su art. 24 (modificación de las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE), esta disposición deja intactas y no afecta en modo alguno a las disposiciones vigentes establecidas en las Directivas actualmente en vigor en la materia, en particular las Directivas 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE y 2014/26/UE (véase el art. 1).
Los Estados miembros garantizarán que las licencias concedidas de conformidad con el art. 8 (uso sobre obras y otras prestaciones fuera del circuito comercial por parte de las instituciones responsables del patrimonio cultural) puedan autorizar el uso de obras u otras prestaciones que están fuera del circuito comercial por una institución responsable del patrimonio cultural en cualquier Estado miembro (art. 9).
El art. 21 prevé que los Estados miembros dispongan que los litigios relativos a la obligación de transparencia prevista en el art. 19 y el mecanismo de adaptación de contratos establecido en el art. 20 puedan someterse a un procedimiento alternativo de resolución de litigios de carácter voluntario. Asimismo, garanticen que los organismos que representan a los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes puedan iniciar tales procedimientos a petición expresa de uno o varios autores o artistas intérpretes o ejecutantes.

De acuerdo con el art. 26, la Directiva se aplica con respecto a todas las obras y otras prestaciones que estén protegidas por el Derecho nacional en materia de derechos de autor a 7 de junio de 2021 o con posterioridad. La Directiva se aplicará sin perjuicio de los actos celebrados y de los derechos adquiridos antes del 7 de junio de 2021.
Los acuerdos de licencia o cesión de derechos de autores y artistas intérpretes o ejecutantes estarán sujetos a la obligación de transparencia establecida en el art. 19 a partir del 7 de junio de 2022 (art. 27).
El tratamiento de datos personales efectuado en el marco de la Directiva se llevará a cabo de conformidad con la Directiva 2002/58/CE y el Reglamento (UE) 2016/679 (art. 28).
Según el art. 29, los Estados miembros deben dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva a más tardar el 7 de junio de 2021 (art. 29).

-Reglamento (UE) 2019/796 del Consejo, de 17 de mayo de 2019, relativo a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros.
Nota: Esta norma se aplica a los ciberataques con un efecto significativo, incluidas las tentativas de ciberataque con un efecto significativo potencial, que constituyan una amenaza externa para la Unión o para sus Estados miembros (art. 1.1). El art. 2 recoge los factores que determinen si un ciberataque tiene un efecto significativo; basta que se den algunos de los elementos mencionados en el propio precepto: el alcance, la escala, la repercusión o la gravedad de la perturbación ocasionada; el número de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos afectados; el número de Estados miembros afectados; el importe de las pérdidas económicas ocasionadas; los beneficios económicos obtenidos por el infractor, para sí o para otros; la cantidad o la naturaleza de los datos sustraídos o la magnitud de las violaciones de datos; la naturaleza de los datos comercialmente sensibles a los que se haya tenido acceso.
El art. 1.3 considera ciberataque las acciones (no autorizadas por el propietario o por otro titular de derechos del sistema o de los datos, o de parte de los mismos, o no permitidas por el Derecho de la Unión o de un Estado miembro) que implican cualesquiera de los siguientes elementos: acceso a sistemas de información; intromisión en sistemas de información; intromisión en datos; interceptación de datos. Por su parte, el art. 1.2 recoge una lista de ciberataques que constituyen una amenaza externa.
El anexo I incluye, tal y como estén definidas por el Consejo de conformidad con el artículo 5, apartado 1, de la Decisión (PESC) 2019/797 (véase la siguiente referencia de esta entrada), a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que sean responsables de los ciberataques o intentos de ciberataques; las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que presten ayuda financiera, técnica o material o que estén implicadas de alguna otra forma en ciberataques o tentativas de ciberataque, en particular mediante la planificación, preparación, dirección o fomento de dichos ataques, así como la participación en ellos o la ayuda a su comisión, o la facilitación de su comisión por acción u omisión; las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados con las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos anteriores (véase el art. 3.3).
El Reglamento prevé, con carácter general, que se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que pertenezcan a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo que figure en el anexo I, al igual que todos los fondos y recursos económicos que esas personas físicas o jurídicas, entidades u organismos posean, detengan o controlen. Asimismo, no se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que figuren en el anexo I ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de fondos o recursos económicos (véase el art. 3, núms. 1 y 2).
En relación con su ámbito de aplicación, el Reglamento se aplicará en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo; a bordo de toda aeronave o buque que esté bajo la jurisdicción de un Estado miembro; a toda persona física, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro; a toda persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, registrado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro; a toda persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier actividad comercial efectuada, en su totalidad o en parte, en la Unión (art. 18).
De conformidad con su art. 19, el Reglamento entrará en vigor mañana.
-Decisión (PESC) 2019/797 del Consejo, de 17 de mayo de 2019, relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros.
Nota: Esta Decisión se aplica a los ciberataques con un efecto significativo, incluidas las tentativas de ciberataque con un efecto significativo potencial, que constituyan una amenaza externa para la Unión o para sus Estados miembros (art. 1.1). Será aplicable hasta el 18 de mayo de 2020 y estará sujeta a revisión continua. Se prorrogará o modificará, según proceda, si el Consejo estima que no se han cumplido sus objetivos (art. 10).

BOE de 17.5.2019


-Acuerdo de transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, hecho en Bruselas el 17 de diciembre de 2009.
Nota: Este Acuerdo entró en vigor, con carácter general y para España, hace dos días, es decir, el 16 de mayo de 2019.
Véase en esta entrada el Protocolo por el que se modifica el Acuerdo con motivo de la adhesión de Croacia a la UE.
-Enmienda número uno al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del Perú, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2019.
Nota: Esta enmienda entró en vigor el 28 de febrero de 2019, esto es, hace más de dos meses y medio.
Véase el Convenio de Seguridad Social entre España y Perú de 16 de junio de 2003.
-Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia, hecho en Bruselas el 17 de enero de 2017.
Nota: Este Protocolo entró en vigor, con carácter general y para España, el 16 de mayo de 2019.
Véase en este entrada el Acuerdo de transporte aéreo entre Canadá y la CE y sus Estados Miembros de 2009.
-Orden HAC/554/2019, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria.