miércoles, 29 de junio de 2016

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (29.6.2016)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 29 de junio de 2016, en el Asunto C‑486/14 (Kossowski): Procedimiento prejudicial — Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen — Artículos 54 y 55, apartado 1, letra a) — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 50 — Principio non bis in idem — Procedencia de unas diligencias penales contra un inculpado en un Estado miembro tras el sobreseimiento en otro Estado miembro del procedimiento penal iniciado en su contra por la fiscalía sin una instrucción en profundidad — Inexistencia de apreciación del fondo del asunto.
Fallo del Tribunal:

BOE de 29.6.2016


Modificación de los anexos I y II del Convenio relativo a la expedición de certificados de nacionalidad, adoptada en Estrasburgo el 16 de septiembre de 2015 mediante Resolución 4/2015.
Nota: Esta modificación entró en vigor de forma general y para España el día 1.4.2016, es decir hace casi tres meses (!!!).
Véase el Convenio relativo a la expedición de certificados de nacionalidad, hecho en Lisboa el 14 de septiembre de 1999, así como la entrada de este blog del día 9.11.2010.

martes, 28 de junio de 2016

Bibliografía - Claves para la aplicación en España del Convenio de Ciudad del Cabo y su Protocolo Aeronáutico (I)


Claves para la aplicación en España del Convenio de Ciudad del Cabo y su Protocolo Aeronáutico: análisis del estado de implementación y cuestiones críticas (Parte I)
Teresa RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, Profesora Titular de Derecho Mercantil (Universidad Carlos III de Madrid)
Bitácora Millennium DIPr., nº 2 (Prepublicación)
SUMARIO PARTE I: I. Introducción: la incorporación de España al sistema de Ciudad del Cabo. II. Las implicaciones de un proceso escalonado de adhesión al sistema de Ciudad el Cabo: entrada en vigor y efectividad de las declaraciones ulteriores al Convenio. III. Análisis de las declaraciones ulteriores al Convenio. 1. Declaración efectuada bajo el Artículo 39(1)(a) sobre derechos o garantías no consensuales. 2. Declaración realizada bajo el Artículo 40 sobre derechos o garantías no contractuales inscribibles en el Registro Internacional. 3. Declaración realizada bajo el Artículo 39(1)(b). 4. La relación entre la declaración bajo el Artículo 54(2) y la declaración ulterior bajo el Artículo 53.

DOUE de 28.6.2016


-Decisión (UE) 2016/1039 del Consejo, de 16 de junio de 2016, por la que se establece la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio con respecto a la solicitud de la Unión Europea de prorrogar la exención de la OMC en relación con el régimen preferencial autónomo para los Balcanes Occidentales.
Nota: En el artículo IX, párrafos 3 y 4, del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio se establecen los procedimientos de concesión de exenciones respecto a obligaciones impuestas a un miembros en virtud del Acuerdo de la OMC o de cualquiera de los acuerdos comerciales multilaterales.

BOE de 28.6.2016


Modificación de los anexos I y II del Convenio relativo a la expedición de un certificado de vida, adoptada en Estrasburgo el 16 de septiembre de 2015 mediante Resolución 3/2015.
Nota: Esta modificación entró en vigor de forma general y para España el 1.4.2016, es decir, hace casi tres meses (!!!).
Véase el Convenio relativo a la expedición de un certificado de vida (número 27 de la CIEC), hecho en París el 10 de septiembre de 1998, así como la Instrucción de 10 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba el modelo plurilingüe de Certificado de Vida previsto en el Convenio número 27 de la Comisión Internacional del Estado Civil.

lunes, 27 de junio de 2016

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-225/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 22 de abril de 2016 — Proceso penal contra Mossa Ouhrami.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 11, apartado 2, de la Directiva «retorno» en el sentido de que el plazo mencionado de cinco años debe calcularse:
a) a partir del momento en que se dicta la prohibición de entrada (o, con efecto retroactivo, la declaración de persona non grata que debe equipararse a dicha prohibición de entrada), o
b) a partir de la fecha en que el interesado ha efectivamente abandonado el territorio de, fundamentalmente, los Estados miembros de la Unión Europea, o
c) [a partir de] algún otro momento?

Bibliografía - Primeras reflexiones sobre el Brexit y los litigios internacionales


Brexit y litigios internacionales: primeras reflexiones
Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO, Catedrático de Derecho Internacional Privado (Universidad Complutense de Madrid)
Diario La Ley, Nº 8791, Sección Opinión, 27 de Junio de 2016
Más allá de la nostalgia, después de hacerse público el resultado del referéndum celebrado en el Reino Unido, se impone reflexionar acerca de la repercusión de su salida de la Unión Europea sobre la aplicación del conjunto de instrumentos de la Unión que regulan la competencia judicial, la ley aplicable y el reconocimiento de resoluciones judiciales en materias de Derecho privado.

domingo, 26 de junio de 2016

TJUE - Cabe condicionar el acceso a prestaciones de seguridad social al cumplimiento de los requisitos para disponer de un derecho de residencia


La semana pasada, el TJUE dictó una interesante sentencia, más por lo que dice en obiter dicta que por el fallo, en el que desestimaba el recurso interpuesto por la Comisión contra el Reino Unido. Me estoy refiriendo a la sentencia de la Sala Primera de 14 de junio de 2016, en el Asunto C-308/14 (Comisión/Reino Unido): Incumplimiento de Estado — Coordinación de los sistemas de seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 4 — Igualdad de trato en relación con el acceso a las prestaciones de seguridad social — Derecho de residencia — Directiva 2004/38/CE — Legislación nacional que deniega la concesión de determinados complementos familiares o de un crédito fiscal por hijo a cargo a los nacionales de los demás Estados miembros que no tengan derecho de residencia legal.

El origen del recurso estaba en la múltiples quejas que había recibido la Comisión procedentes de nacionales de otros Estados miembros residentes en el Reino Unido, denunciando que las autoridades británicas competentes les hubieran denegado el disfrute de determinadas prestaciones sociales basándose en que no tenían derecho de residencia en dicho Estado miembro, la Comisión remitió a éste una petición de clarificación en el curso del año 2008. El Reino Unido confirmó que, con arreglo a la legislación nacional, mientras que el derecho de residencia en el Reino Unido se concede a todos los nacionales de dicho Estado miembro, se considera que los nacionales de otros Estados miembros, en determinadas circunstancias, no gozan del derecho de residencia. Según las autoridades de aquél país, esta restricción se basa en el concepto de «derecho de residencia» tal como se configura en la Directiva 2004/38 y en las limitaciones que ésta establece a dicho derecho, en particular, en la exigencia de que una persona que no ejerza ninguna actividad económica disponga de recursos suficientes para no convertirse en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida.

viernes, 24 de junio de 2016

¡La segunda, también en la frente! - El TC declara inconstitucional una parte importante de la Ley valenciana de uniones de hecho


¡La segunda pedrada también ha sido en la frente! El pasado 6 de junio, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia declarando inconstitucionales diversos preceptos de la Ley 5/2012 de la Comunitat Valenciana, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana. Los motivos coinciden con los esgrimidos en la sentencia del TC de 28 de abril de 2016, en la que declaró inconstitucional la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano (véase la entrada de este blog del día 17.5.2016); a saber, la invasión de competencias del Estado. Veamos a continuación el núcleo de la argumentación del TC.

jueves, 23 de junio de 2016

Jurisprudencia - No es exigible a un cónyuge de español disponer de recursos suficientes para la obtención de la tarjeta de residente de familiar comunitario


Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Sentencia de 1 Febrero 2016, Rec. 167/2015: No cabe exigir a un cónyuge de español el requisito de disponer de recursos suficientes para la obtención de la tarjeta de residente de familiar comunitario. La suficiencia de recursos, prevista en el art. 7.1.b) del RD 240/2007, es un requisito exigible a los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, para residir en España por tiempo superior a tres meses, que no es trasladable a sus familiares. Menos aún cuando se trata del cónyuge de un ciudadano o ciudadana españoles, como es el caso, ya que si el ciudadano residente en España, con el que la actora trata de reunirse, ostenta la nacionalidad española, carece de sentido que aquél tenga que acreditar su solvencia económica.
Ponente: Alonso Sotorrío, María del Pilar.
Nº de Recurso: 167/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Iustel - Diario Del Derecho, 23 junio 2016, sección Jurisprudencia

Jurisprudencia - En el delito de trata de seres humanos hay que condenar por tantos delitos como víctimas haya


Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 17 Junio 2016, Rec. 10003/2016: Delito de trata de seres humanos. Hay que condenar por tantos delitos como víctimas haya para proteger la dignidad de cada una de ellas. Sujeto pasivo individual, y no difuso o plural. Cuando el precepto excluye todo tipo de consentimiento de la víctima en estos comportamientos delictivos, que proyectan su protección por encima de cualquier otra consideración, la ley penal contempla a la víctima como un sujeto pasivo individual. Aplicación por primera vez del acuerdo de Pleno no Jurisdiccional, de 31 de mayo de 2016, para la unificación de criterios, que establece que “el delito de trata de seres humanos definido en el artículo 177 bis del Código Penal, reformado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, obliga a sancionar tantos delitos como víctimas, con arreglo a las normas que regulan el concurso real”.
Ponente: Sánchez Melgar, Julián.
Nº de Recurso: 10003/2016
Jurisdicción: PENAL

BOE de 23.6.2016


-Ley 9/2016 de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.
Nota: En relación con su ámbito personal de aplicación, hay que destacar el art. 5, en el que se establece:
"1. Esta ley se aplicará a las fundaciones que desarrollen principalmente sus actividades en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se considera que desarrollan también principalmente sus actividades en la Comunidad Autónoma del País Vasco las fundaciones que, realizando su actividad principal en el extranjero, tienen su domicilio estatutario así como la sede de su patronato y su gestión y dirección centralizadas dentro de dicha Comunidad.
2. Las fundaciones extranjeras que, regidas por su ley personal, pretendan ejercer sus actividades de forma estable en la Comunidad Autónoma del País Vasco deben contar con una delegación en esta. La presente ley les será de aplicación a estos efectos respecto a su relación con las administraciones públicas vascas.
Las delegaciones de fundaciones extranjeras existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco estarán sometidas a su protectorado, y habrán de inscribirse en el Registro de Fundaciones del País Vasco, para lo que deberán acreditar previamente estar válidamente constituidas con arreglo a su ley personal, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
La inscripción podrá denegarse cuando no se acredite la circunstancia señalada en el párrafo anterior, así como cuando los fines no sean de interés general.
Las fundaciones extranjeras que incumplan los requisitos establecidos en este artículo no podrán utilizar la denominación de «fundación»."
Por su parte, el art. 6 se refiere al domicilio de las fundaciones:
"1. Deberán estar domiciliadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco las fundaciones que desarrollen principalmente su actividad en dicho territorio.
2. Las fundaciones tendrán su domicilio estatutario en el lugar donde se encuentre la sede de su patronato, o bien en el lugar en el que desarrollen principalmente sus actividades.
3. Las fundaciones que se inscriban en la Comunidad Autónoma del País Vasco para desarrollar su actividad principal en el extranjero tendrán su domicilio estatutario en la sede de su patronato dentro de dicha Comunidad."
-Corrección de errores de la Ley 5/2015 de la comunidad Autónoma del País Vaso, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.
Nota: Véase la Ley 5/2015 de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la entrada de este blog del día 24.7.2015.

miércoles, 22 de junio de 2016

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (22.6.2016)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 22 de junio de 2016, en el Asunto C‑419/15 (Thomas Philipps): Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Dibujos y modelos comunitarios — Reglamento (CE) n.º 6/2002 — Artículos 32 y 33 — Licencia — Registro de dibujos y modelos comunitarios — Derecho del licenciatario a ejercitar una acción por infracción pese a la falta de inscripción de la licencia en el Registro — Derecho del licenciatario a ejercitar una acción por infracción para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 33, apartado 2, primera frase, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre el dibujo o modelo comunitario registrado objeto de la licencia aunque dicha licencia no haya sido inscrita en el Registro de dibujos y modelos comunitarios.
2) El artículo 32, apartado 3, del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede, en el contexto de una acción por infracción de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario interpuesta por él con arreglo a dicha disposición, reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos."

Jurisprudencia - La autorización como trabajador transfronterizo no da derecho a la obtención del permiso de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena


Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Sentencia de 28 Enero 2016, Rec. 138/2015: Trabajador fronterizo. La autorización como trabajador transfronterizo no genera automáticamente el derecho a la obtención del permiso de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena. El Reglamento de Extranjería sólo prevé que sea tenido en cuenta en la valoración de la solicitud. Se confirma la resolución impugnada, porque el motivo de la denegación fue que el puesto ofertado no quedaba incluido en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, y porque el ofertante del trabajo no acreditó la dificultad de cobertura de dicho puesto.
Ponente: Alonso Sotorrío, María del Pilar.
Nº de Recurso: 138/2015
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Iustel - Diario Del Derecho, 22 junio 2016, sección Jurisprudencia