sábado, 8 de agosto de 2020

Parlamento Europeo - Sustracción internacional y nacional de menores de la Unión por sus progenitores en Japón


Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2020, sobre la sustracción internacional y nacional de menores de la Unión por sus progenitores en Japón (2020/2621(RSP))

Esta resolución tiene su origen en las peticiones núms. 0594/2019, 0841/2019, 0842/2019 y 0843/2019, que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatió en su reunión del 19 de febrero de 2020, todas ellas sobre la sustracción de menores por sus progenitores y los derechos de visita en los casos de parejas de nacionalidad mixta en los que uno de los progenitores es ciudadano de la Unión y el otro es ciudadano japonés. Dichas peticiones han suscitado preocupación por el deficiente historial de Japón a la hora de ejecutar las resoluciones judiciales sobre restitución de menores en el marco del Convenio de La Haya de 1980 y por la falta de medios para hacer cumplir los derechos de acceso y de visita, lo que impide a los padres de la Unión mantener una verdadera relación con sus hijos residentes en Japón.

Todos los Estados miembros de la Unión son partes en el Convenio de La Haya de 1980 y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Por su parte, Japón accedió en 2014 al Convenio de La Haya de 1980 y es parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño desde 1994. Por tanto, los menores con la ciudadanía de la Unión que residen en Japón deben tener derecho a protección y cuidados por ser necesario para su bienestar, deben poder expresar su opinión libremente y su opinión debe ser tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez. Por eso, el Parlamento lamenta constatar que Japón, como socio estratégico de la Unión, no parece cumplir las normas internacionales en los casos de sustracción de menores. Recuerda que debe mejorarse el marco jurídico del país para que, por ejemplo, se ejecuten efectivamente en Japón las decisiones adoptadas por los tribunales japoneses y otros tribunales de los países pertinentes en procedimientos sobre la restitución del menor con arreglo al Convenio de La Haya de 1980. Hace hincapié en que se necesitan diversas medidas, legislativas y no legislativas, para salvaguardar, por ejemplo, el derecho del menor a mantenerse en contacto con los dos progenitores. Insta a las autoridades japonesas a que ejecuten de forma efectiva las decisiones judiciales sobre los derechos de acceso y de visita concedidas a los progenitores privados de los menores y sobre el mantenimiento de un verdadero contacto entre dichos progenitores y sus hijos que residen en Japón. Insiste en que esas decisiones han de tomarse teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor. Subraya que los casos de sustracción de menores requieren una gestión rápida, ya que el paso del tiempo puede tener consecuencias negativas a largo plazo para los menores y para las futuras relaciones entre los menores y los progenitores privados de sus hijos.

Por todo lo anterior, el Parlamento Europeo propone, entre otras cuestiones, la creación de una plataforma europea informativa de apoyo, de uso fácil para los ciudadanos, para asistir a los progenitores en los litigios familiares transfronterizos, en colaboración con la Conferencia de La Haya (por ejemplo, completando el portal e-Justicia con información sobre la sustracción de menores a terceros países por sus progenitores y sobre otros derechos de los menores). Recomienda a los Estados miembros que pongan a disposición de los ciudadanos información fiable sobre el Derecho de familia y los derechos de los menores en terceros países, incluidas alertas sobre las dificultades que pueden encontrar en países como Japón en caso de divorcio o separación. Acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de plantear la cuestión en todos los foros posibles, incluido el Comité Mixto del Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón.
Recuerda que, de conformidad con el Convenio de La Haya de 1980, las autoridades japonesas están obligadas a garantizar que las autoridades centrales cumplan las obligaciones establecidas en los artículos 6 y 7 de dicho Convenio, incluida la de ayudar a los padres privados de los menores a mantener contactos con sus hijos. Recuerda que las autoridades japonesas están obligadas a respetar las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares a fin de que los representantes de los Estados miembros puedan desempeñar sus funciones consulares, especialmente en los casos en que estén en juego la protección del interés superior de los menores y los derechos de sus progenitores, es decir, de ciudadanos de la Unión. Hace hincapié en que la limitación o la denegación total de los derechos de acceso y de visita de los progenitores vulneran el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Pide a las autoridades japonesas que mejoren su cooperación con la Unión y permitan el ejercicio efectivo de los derechos de acceso y de visita otorgados por decisiones judiciales a los progenitores privados de sus hijos.
Subraya que es fundamental llevar a cabo un seguimiento adecuado de la situación posterior a una sentencia, en particular en lo que se refiere al contacto con los progenitores. Por ello, pide a los Estados miembros que informen, a través de los sitios web de sus ministerios de Asuntos Exteriores y de sus embajadas en Japón, sobre el riesgo de sustracción de menores en el país y sobre el comportamiento de las autoridades japonesas a este respecto.

Véase el texto completo de la resolución [aquí]

Agradezco la referencia al profesor Andrés Rodriguez Benot (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla).

viernes, 7 de agosto de 2020

BOE de 7.8.2020


- Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Nota: Como se indica en el título, mediante esta norma se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones (RPFP). De las modificaciones realizadas cabe destacar las siguiente:
-  El número nueve del artículo segundo modifica el artículo 69.8 RPFP (principios generales de las inversiones realizadas por los fondos de pensiones. El párrafo primero del citado precepto establece lo siguiente:
"Tratándose de fondos de pensiones de empleo, sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, las comisiones de control de los fondos o, en su caso, las entidades gestoras de estos, deberán desarrollar y poner en conocimiento del público una política de implicación que describa cómo se implica el fondo de pensiones como accionista en su estrategia de inversión en acciones de sociedades que estén admitidas a negociación en un mercado regulado que esté situado u opere en un Estado miembro de la Unión Europea."
- El número diez del artículo segundo introduce un nuevo artículo 69 bis RPFP, en el que se establece que la comisión de control del fondo de pensiones de empleo debe elaborar una declaración escrita de la estrategia de inversión a largo plazo que contendrá información relativa a la estrategia de inversión del fondo en acciones de sociedades que estén admitidas a negociación en un mercado regulado que esté situado u opere en un Estado miembro de la UE.
- El número veinte del artículo segundo modifica los apartados 1 y 2 del artículo 87 RPFP. En el artículo 87.1 se establece que las entidades de inversión deben ser personas jurídicas con domicilio social en el territorio del EEE y ser entidades de crédito, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, empresas de servicios de inversión, entidades aseguradoras que operen en el ramo de vida, legalmente autorizadas para operar en España por las autoridades de supervisión del Estado miembro correspondiente, para el desarrollo y ejercicio de la actividad que se proponen contratar. Asimismo, podrán contratar la gestión de activos con entidades de terceros países a través de sus establecimientos permanentes en España, autorizados conforme a la legislación española. Por su parte, en el artículo 87.2 se determina que las entidades de depósito con las que podrá contratarse el depósito y custodia de activos financieros objeto del contrato de gestión deberán ser personas jurídicas con domicilio social en el territorio del EEE y hallarse legalmente autorizadas como entidades de crédito o empresas de inversión por las autoridades del Estado miembro correspondiente para la custodia y depósito de valores y efectivo. También podrá contratarse el depósito con entidades de terceros países a través de sus establecimientos permanentes en España autorizados conforme a la legislación española como entidades de crédito o empresas de inversión para la prestación de los servicios objeto del contrato.
- Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Pego a inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de herencia sujeta al derecho suizo.
Nota: La presente resolución gira en torno a la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia otorgada por las únicas hijas de la causante, fallecida el día 21 de febrero de 2019, que optó, en testamento otorgado el día 25 de octubre de 2016 ante el mismo notario autorizante, por la ley de una de sus nacionalidades, la suiza, no discutiéndose en el expediente que poseía nacionalidad suiza y alemana. La professio iuris a favor de cualquiera de las nacionalidades del testador está expresamente permitida en el artículo 22 del Reglamento (UE) n.º 650/2012.

Se abordan dos temas distintos, aunque íntimamente relacionados entre sí. El primero, se refiere a las consecuencias del carácter del bien relicto, adquirido por la causante bajo nacionalidad alemana según resulta del asiento registral, por sí sola, casada bajo el régimen legal de participación de su país con don K.N., aun domiciliada en Suiza «y que la compra y adquiere para sí». En este caso, la registradora mantiene, con cita de la Resolución DGRN de 3 de mayo de 2016, que en el momento en que el bien adquirido con sujeción al régimen económico-matrimonial extranjero sea objeto de un acto de disposición, debe acreditarse el contenido y la vigencia del derecho concreto aplicable al caso. Y debe entenderse que esta exigencia ha de ponerse en relación con las consecuencias de la extinción del régimen económico-matrimonial de la causante.
Como señaló la Resolución de 31 de agosto de 2017 específicamente sobre el régimen de participación en las ganancias alemán, supletorio en Alemania (artículos 1363 y siguientes BGB), y ya había sido puesto de manifiesto anteriormente (vid. Resolución de 3 de agosto de 2016), el artículo 1363.2 BGB dispone que el respectivo patrimonio del marido y de la mujer no será patrimonio común del matrimonio; principio que se aplica, asimismo, en cuanto al patrimonio adquirido por uno de ellos tras la celebración del matrimonio; de modo que los bienes del marido y los de la mujer no se convertirán en bienes comunes de los esposos ni durante el matrimonio ni a su disolución. Asimismo, recuerda la Resolución de 17 de diciembre de 2004 que, durante la vigencia de dicho régimen, cada cónyuge no tiene un derecho real sobre los bienes adquiridos por el otro cónyuge sino el crédito de participación que surge al finalizar dicho régimen. Mientras esté vigente dicho régimen, es de separación de bienes y por ello cada uno de los cónyuges administra y dispone de su patrimonio libremente, salvo que disponga del ajuar familiar o de todo su patrimonio. Del asiento de inscripción resulta que «doña M. N., de nacionalidad alemana casada bajo el régimen legal de participación de su país con don K. N… compra y adquiere para sí». Es decir, resulta precisamente que es aplicable el régimen legal de participación en las ganancias alemán y no el suizo. En ambos sistemas, constante matrimonio, el régimen económico se rige, a los efectos que aquí interesan, por las normas de la separación de bienes por lo que si hubieran adquirido ambos esposos se hubiera inscrito por cuotas conforme al artículo 92 del Reglamento Hipotecario, con ciertas particularidades difiriendo la liquidación por fallecimiento.
Referido exclusivamente al sistema alemán y no al suizo, fallecido un cónyuge como recuerda la Sentencia Mahnkopf, se produce el reparto a tanto alzado de las ganancias mediante un incremento de la parte alícuota de la herencia a favor del cónyuge supérstite. Incremento éste, que posee, en la interpretación que hace el Tribunal de Justicia, carácter sucesorio. Concretamente, de conformidad con el artículo 1371, apartado 1, del BGB, en caso de disolución del régimen de participación en las ganancias, la parte alícuota legítima del cónyuge supérstite al efectuarse el reparto de los bienes gananciales se incrementa en un cuarto adicional. Es decir, que queda acreditado –partiendo de la exactitud del asiento– que la causante adquirió bajo el régimen de participación legal de su nacionalidad alemana en el año 2014 falleciendo bajo la ley suiza coincidente en su residencia y elección. La liquidación del régimen económico-matrimonial, se regirá por tanto conforme a la ley que hubiera sido aplicable a su matrimonio, artículo 69.1 del Reglamento (UE) 2916/1103, al ser previo el matrimonio a la aplicación de este Reglamento sin que pueda ser incrementada su cuota vidual al regirse la sucesión por la ley suiza.
Aun no coincidiendo la ley sucesoria y la relativa al régimen económico-matrimonial, la extinción o liquidación de dicho régimen por causa de muerte es relevante a efectos de la determinación del caudal hereditario, y en la escritura se manifiesta el carácter privativo del bien –aunque en el asiento registral figura como sujeto a su régimen matrimonial extranjero, el legal de participación en las ganancias alemán– (y ello sin perjuicio de la liquidación que corresponda de carácter obligacional, según ha quedado expuesto). Lo que ocurre es que nada expresa el notario autorizante sobre el derecho aplicable a esa extinción o liquidación del régimen de participación de ganancias alemán, pues se limita a afirmar en la escritura calificada que «la adjudicación es perfecta e incondicionada, aunque no libere a los herederos, conforme al derecho suizo aplicable, de satisfacer a eventuales legitimarios sus derechos hereditarios legales, según sean reclamados por éstos en tiempo y forma».
Como ha puesto de manifiesto reiteradamente la DGRN (vid. Resolución de 7 de noviembre de 2019 y las citadas en ella) debe acreditarse el contenido y la vigencia del derecho extranjero cuando se extingue el régimen económico matrimonial, con liquidación de aquél y la correspondiente adjudicación de bienes a los cónyuges, habida cuenta de la trascendencia que tienen tales actos. Y, de los términos de la escritura calificada y de la calificación impugnada resulta que esa falta de acreditación no ha sido suplida por una indagación o conocimiento directo del citado derecho extranjero por parte del notario autorizante ni de la registradora, lo cual constituye una facultad pero no una obligación de los mismos.
En relación con la prueba del derecho extranjero, sobre la que no existe un instrumento en vigor ni en la Unión Europea ni en la Conferencia de La Haya, pese a los intentos realizados al efecto, ha sido objeto de nueva regulación en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Debe tenerse en cuenta que el régimen de la prueba del derecho extranjero por órganos jurisdiccionales queda regulado en el artículo 33 de dicha ley, que no modifica ni afecta a las reglas específicas sobre aplicación extrajudicial, en particular al artículo 36 RH. Conviene destacar, que los artículos 34 a 36 de dicha ley, que establecen el régimen común de solicitudes de auxilio internacional para la información del derecho extranjero, son aplicables tanto a la aplicación del derecho extranjero por autoridades jurisdiccionales, como por notarios y registradores. Esta ley es de carácter general pero subsidiaria a la ley especial, entre las que se encuentra la legislación hipotecaria –disposición adicional primera, letra f), de la LCJIMC–, en cuanto sea compatible con lo dispuesto en esta ley.
La aplicación de la legislación alemana queda sometida necesariamente a su acreditación ante la registradora ya que, al igual que en el ámbito procesal, el derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (artículo 281.2 LEC), también lo ha de ser en el notarial y registral (vid. Resoluciones de 17 de enero de 1955, 14 de julio de 1965, 27 de abril de 1999, 1 de marzo de 2005, 20 de enero de 2011, 22 de febrero de 2012, 31 de octubre de 2013, y 5 de marzo de 2018, entre otras). Es cierto, no obstante, que la DGRN ya ha señalado en diversas ocasiones que la aplicación del derecho extranjero por autoridad pública que desarrolla funciones no jurisdiccionales se sujeta a reglas especiales que se apartan de la solución general contemplada en el artículo 281 LEC y que se adaptan a las particularidades inherentes al ámbito extrajudicial. En consecuencia, los preceptos mencionados son subsidiarios para el caso de que las normas especiales sobre aplicación extrajudicial del derecho extranjero no proporcionen una solución. Una de las consecuencias de este tratamiento especial es que si al registrador no le quedase acreditado de forma adecuada el contenido y vigencia del derecho extranjero en el que se fundamenta el acto cuya inscripción se solicita, deberá suspender ésta. No cabe, en consecuencia, someter la validez del acto a lo dispuesto en el ordenamiento español, tal y como sucede en un proceso judicial.
La normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en primer término, en el artículo 36 RH, norma que regula los medios de prueba del derecho extranjero en relación con la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal necesarias para el acto y que, como señala la Resolución DGRN de 1 de marzo de 2005, resulta también extensible a la acreditación de la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable. Según este precepto los medios de prueba del derecho extranjero son «la aseveración o informe de un notario o cónsul español o de diplomático, cónsul o funcionario competente del país de la legislación que sea aplicable». El precepto señala además que «por los mismos medios podrá acreditarse la capacidad civil de los extranjeros que otorguen en territorio español documentos inscribibles». La enumeración expuesta no contiene un «numerus clausus» de medios de prueba ya que el precepto permite que la acreditación del ordenamiento extranjero podrá hacerse «entre otros medios», por los enumerados.
Por otro lado, al igual que en sede judicial se mantiene la exigencia contenida en el artículo 281.2 LEC, según la cual no sólo es necesario acreditar el contenido del derecho extranjero sino también su vigencia (vid., entre otras, SSTS de 11 de mayo de 1989, 7 de septiembre de 1990 y 25 de enero de 1999, y Resolución de 20 de enero de 2011). Es decir, no basta la cita aislada de textos legales extranjeros sino que, por el contrario, debe probarse el sentido, alcance e interpretación actuales atribuidos por la jurisprudencia del respectivo país. Asimismo, la DGRN ha señalado en diferentes ocasiones que las autoridades públicas que desarrollan funciones no jurisdiccionales (artículos 281 LEC, 168.4 RN y 36.2 RH), pueden realizar bajo su responsabilidad una valoración respecto de la alegación de la ley extranjera aunque no resulte probada por las partes, siempre que posea conocimiento de la misma (vid., entre otras, Resoluciones de 14 de diciembre de 1981 y 5 de febrero y 1 de marzo de 2005). La indagación sobre el contenido del ordenamiento extranjero no constituye en absoluto una obligación del registrador, o del resto de autoridades no judiciales ante las que se inste la aplicación de un ordenamiento extranjero, sino una mera facultad, que podrá ejercerse incluso aunque aquél no sea invocado por las partes. En consecuencia, como señalaron las Resoluciones de 20 de enero y 15 de julio de 2011, el registrador, pese a que quien insta la inscripción no acredite el contenido del ordenamiento extranjero de acuerdo a los imperativos expuestos, podrá aplicar un derecho extranjero si tiene conocimiento de él o indaga su contenido y vigencia. En caso contrario, deberá suspender la inscripción.
A tal efecto, la DGRN ha recordado reiteradamente (por todas, Resoluciones de 15 de febrero de 2016, 5 de enero y 17 de abril de 2017, 7 de septiembre y 18 de diciembre de 2018 y 7 de noviembre de 2019) tanto a registradores como a notarios la conveniencia de avanzar en el conocimiento de los ordenamientos jurídicos más usuales en la práctica jurídica en España, especialmente si forman parte de la Unión Europea, en aras a facilitar la aplicación del derecho extranjero en el ámbito extrajudicial, acudiendo no solo a los medios previstos en el artículo 36 RH, y excepcionalmente a los artículos de la LCJIMC, sino a los medios que proporciona el entorno E-Justicia, en el ámbito europeo, colaborando activamente en la resolución de conflictos de derecho internacional privado. El fácil acceso a las bases de datos jurídicas de otros Estados miembros facilita tanto que los notarios, en ejercicio de las competencias atribuidas en la Ley puedan emitir informes relativos al derecho extranjero, como que los registradores, puedan motivar adecuadamente su decisión facilitando en ambos casos el tráfico jurídico de bienes y servicios en un entorno, como el presente, en el que la existencia de un elemento de extranjería es elemento normal del negocio jurídico, contribuyendo así a afianzar el desarrollo de uno de los pilares esenciales de la construcción europea. En este sentido, no cabe desconocer, por ejemplo, con el valor de herramienta informativa, el portal https://e-justice.europa.eu, gestionado por la Comisión Europea.

El segundo tema que debe abordarse es relativo a la exigencia por parte de la registradora de que se acredite, mediante testimonio de contenido y vigencia de leyes, la innecesariedad de comparecencia del cónyuge viudo de la causante en la aceptación y partición de su herencia. Resulta del título calificado y del recurso, que la causante testó en España, en exclusiva referencia a los bienes en territorio español, con posterioridad a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012. Esta práctica, basada en razones pragmáticas es hoy incompatible con el instrumento europeo y dificulta la apreciación de la validez material y formal de las disposiciones «mortis causa» (artículos 27 a 28). El Reglamento señala en su artículo 23.1 que la ley determinada en virtud de los artículos 21 o 22 regirá la totalidad de la sucesión. Véase igualmente el considerando 37. Pese a ello, en el presente caso, no se distorsiona la determinación de la ley aplicable, pues la «professio iuris» que realiza el causante, realizada a la ley de un tercer Estado –recordemos que conforme a su artículo 20 se sanciona el carácter universal del Reglamento– conduce al Derecho suizo que resultaría aplicable en atención a la residencia habitual de la causante.
Aplicándose, pues, el Derecho suizo es relevante señalar que según el certificado de herederos unido a la escritura pública calificada, el día 14 de marzo de 2019 fueron abiertas todas las disposiciones de última voluntad de la causante (incluidos eventuales pactos sucesorios, comunes en aquel Derecho) de las que resultaron herederos voluntarios solamente los hijos como herederos (artículo 557 del Código Civil suizo. Vid: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html).
La apertura de las disposiciones de última voluntad en Derecho helvético exige, tras la previa sentencia de apertura de la sucesión –de la que no existe cita en el expediente–, la comunicación a todos los herederos, instituidos y legales (artículo 558 Código Civil). El viudo es legitimario según la ley suiza, en la cuarta parte del caudal hereditario. Conforme al artículo 559 del Código Civil éste tuvo el plazo de un mes a partir desde la notificación para impugnar los derechos hereditarios de quienes fueron determinados herederos en la sentencia de apertura. Coherentemente, el certificado de herederos solo se puede emitir después del vencimiento de este plazo (artículo 559) lo que hizo la oficina competente, en este caso el Ayuntamiento de Hünenberg confirmando la posición de los herederos.
El certificado de herederos, que es susceptible de recurso (artículo 559), autoriza a los herederos allí determinados a disponer de la herencia, siempre de mutuo acuerdo (vid. Sentencia del Tribunal Supremo suizo, BGE 138 III 354, en especial fundamento número 5, http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-354%3Ade&lang=de&type=show_document) sobre los denominados herederos legales virtuales –«virtueller Erbe»– que por sí no tienen una posición de heredero sino de crédito mediante interposición de demanda que prescribe en un año desde el conocimiento de su exclusión, que se considera se produce con la notificación de la sentencia de apertura a todos los herederos legales e instituidos (artículo 533) y que constituye una acción de reducción para reclamar la porción forzosa.
Tras la expedición del certificado aunque los herederos determinados ya pueden disponer libremente, cualquier persona con mejor derecho puede reclamar su posición mediante demanda sucesoria (artículo 559 del Código Civil) y el heredero virtual y el excluido tiene aún un nuevo plazo de un año para reclamar su parte legal (derecho de crédito contra la herencia). Por lo tanto, no es contenido imprescindible la mención en el certificado de los herederos virtuales (o herederos legitimarios excluidos), como en el caso planteado sería el viudo, por su cuarta parte de la herencia, ni las acciones posibles posteriores empecen en aquel Derecho la eficacia habilitante del certificado. Por todo ello, en el titulo calificado debería haberse realizado un juicio tanto sobre la ley aplicable, que conduce al Derecho suizo así como su contenido, como de la validez y alcance del certificado de sucesión.
El notario y el registrador español deben analizar que el certificado de herederos es funcionalmente equivalente a un documento expedido por autoridad española, aun con adecuación (disposición adicional tercera de la Ley 15/2015). Norma aplicable, en preferencia al artículo 60 LCJIMC, en cuanto funcionalmente habría de equivaler a una declaración de herederos, institución más próxima, aun limitada en el Derecho español a las sucesiones ab intestadas analizando el cumplimiento de los requisitos allí establecidos: a) que el documento ha sido otorgado por autoridad extranjera competente conforme a la legislación de su Estado; b) que la autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate y surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen; c) que el hecho o acto contenido en el documento sea válido conforme al ordenamiento designado por las normas españolas de Derecho internacional privado, y d) que la inscripción del documento extranjero no resulte manifiestamente incompatible con el orden público español.
En conclusión, el titulo calificado no contiene un juicio del notario basado en la prueba del Derecho aplicable a la sucesión, ni del contenido de la ley con base en la cual es omitida la comparecencia del cónyuge viudo, ni de los requisitos mínimos exigibles al certificado de herederos emitido, si bien respecto de sus aspectos formales basta la apostilla internacional, según establece el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, que demuestra que se trata de una autoridad con competencia civil.
Tampoco se realiza en el título calificado juicio de equivalencia funcional del título extranjero con el que emitiera una autoridad española, razones por las cuales debe confirmarse el defecto observado al no quedar justificada la no comparecencia del cónyuge viudo.
Por todo ello, la calificación registral debe ser confirmada, en los términos que resultan de los mismos.

La DGSJyFP acuerda estimar parcialmente el recurso y confirmar respecto del segundo defecto la calificación impugnada.

Nota 2: Por enésima vez, la DGRN vuelve a confundir unidad de la ley sucesoria con unidad del título sucesorio. Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
[BOE n. 213, de 7.8.2020]

jueves, 6 de agosto de 2020

BOE de 6.8.2020


- Real Decreto 724/2020, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Nota: De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, son competencias de la Oficina de Interpretación de Lenguas (OIL) las siguientes: Competen a la Oficina de Interpretación de Lenguas las siguientes funciones:
- La traducción oficial al castellano de los tratados y convenios internacionales en que sea parte España, así como de otros textos redactados en lenguas extranjeras cuya publicación en castellano sea preceptiva en virtud del ordenamiento legal vigente.
- La traducción a otras lenguas extranjeras de los textos que España esté obligado a proporcionar a otros Estados en virtud de los compromisos contraídos en el ámbito del Derecho Internacional.
- La traducción al castellano o a lenguas extranjeras de documentos de carácter diplomático, consular o administrativo del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como de todos aquellos documentos que, emanando de la Administración General del Estado, afecten a sus relaciones exteriores y de los que deba quedar constancia oficial.
- El cotejo de las traducciones de tratados, convenios internacionales y otros textos redactados en lenguas extranjeras cuya publicación en castellano sea preceptiva en virtud del ordenamiento legal vigente.
- La interpretación en actos en que intervengan representantes de la Administración General del Estado, tanto en territorio nacional como en el extranjero, cuando sea requerida para ello.
- La participación, en calidad de expertos lingüísticos en traducción, interpretación, o ambas, en reuniones de conferencias o comisiones encargadas de la negociación de tratados, acuerdos y convenios internacionales, tanto en territorio nacional como en el extranjero, y asistencia a otros ministerios y órganos de la Administración General del Estado en materia de traducción e interpretación.
- El cotejo, revisión o traducción, según proceda, de los documentos remitidos por las autoridades judiciales conforme a lo previsto en las normas procesales, cuando el Ministerio de Justicia no haya previsto otro cauce para la prestación de este servicio.
- La organización y calificación de los exámenes de Traductores Jurados y de Intérpretes Jurados y la revisión, cuando así lo soliciten los titulares de los órganos administrativos, judiciales, registrales y demás autoridades competentes ante quienes se presenten las traducciones o interpretaciones realizadas por los Traductores Jurados o Intérpretes Jurados, según el caso.
- La evacuación de dictámenes y consultas relativos a la traducción e interpretación de lenguas y elaboración de glosarios terminológicos en materias de su competencia.
- En general, la realización de todas aquellas tareas de traducción, al castellano o a otras lenguas, o de interpretación que, no estando comprendidas en ninguno de los números anteriores, le sean encomendadas por las personas titulares del Ministerio, la Subsecretaría o la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores.
- En todo caso, la Oficina de Interpretación de Lenguas será competente para decidir en última instancia en caso de discrepancias entre sus traducciones y las que pudieran aportar otros órganos de la Administración.
- Impartir instrucciones y determinar criterios en materia de traducción e interpretación al conjunto de los miembros del Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Estado al objeto de unificar las actuaciones en materia de traducción e interpretación. Los miembros del Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Estado destinados fuera de la Oficina de Interpretación de Lenguas podrán solicitar a esta la emisión de criterios en la materia.

Se deroga el Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas, así como el artículo 8 de la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre.
- Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Oliva, por la que se suspende la inscripción de una escritura de liquidación de sociedad conyugal y adjudicación de herencia.
Nota: El objeto de este recurso es la inscripción de una escritura de liquidación de gananciales y adjudicación de herencia en la que concurren las circunstancias siguientes: la causante era de nacionalidad española, tenía su residencia y falleció en Alemania el 25 de julio de 2016; se acompañan certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad españoles, resultando de este último que había otorgado un único testamento en España el día 2 de septiembre de 1996, que es el que sirve de base a la referida adjudicación de herencia. Según consta por diligencia en la misma escritura, la ley aplicable a la sucesión de la causante es la ley alemana.
El registrador suspende la inscripción porque, habiendo fallecido la causante siendo residente en Alemania, «existe la posibilidad que la misma hubiera otorgado otra disposición testamentaría en Alemania, y de la documentación aportada no resulta acreditado si la causante testó allí, mediante el correspondiente Certificado de Últimas Voluntades». Cita como fundamentos de derecho los artículos 76 y 78 RH y el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012.

Para las herencias causadas antes de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012, la DGRN ha considerado especialmente relevante la «vis atractiva» de la ley nacional del causante y por ello entendió que debía aportarse el justificante o certificado del registro extranjero que recogiera los títulos sucesorios otorgados por el causante o bien la acreditación de que, conforme al derecho material aplicable a la sucesión, no existe tal sistema de registro (vid. Resoluciones de 28 de julio de 2016 y 11 de enero y 2 de febrero de 2017, todas ellas basadas en las anteriores de 1 de julio y 13 de octubre de 2015). Estas Resoluciones ponen de manifiesto que no todos los países tienen instaurado un Registro de Actos de Última Voluntad similar al nuestro, en cuanto a sus efectos, y en cuanto a su organización. Asimismo, continúan afirmando que nuestro sistema, en el cual la práctica totalidad de los testamentos son notariales, basado en la obligatoriedad de la comunicación que se impone al notario autorizante (o que protocoliza un testamento ológrafo o que autoriza un acta donde se da noticia de su existencia), procura las más altas cotas de seguridad en la apertura de la sucesión intestada.
Sin embargo, dada la prevalencia de la nacionalidad del causante a la hora de regir la sucesión (hasta la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Sucesiones, como ocurre en el supuesto de hecho), pareció una medida oportuna y prudente, y casi obligada si lo exigiese la «lex causae», que el notario español también solicitara (en tanto no se establezca la deseada conexión de registros, como la prevista para una fase final en el Convenio de Basilea de 16 de mayo de 1972), como prueba complementaria, la certificación, en su caso, del registro semejante correspondiente al país de donde el causante es nacional (a veces, su propio Registro Civil, si fuere en esta institución donde la ley personal del finado establece que se tome nota de los testamentos otorgados), siempre que estuviese prevista alguna forma de publicidad de los títulos sucesorios en ese país extranjero. Esta actuación, al dotar de un mayor rigor al expediente, sólo podía redundar en una mayor seguridad de la declaración notarial. Así lo entendió la DGRN en la Resolución del Sistema Notarial de 18 de enero de 2005 (hoy confirmada su doctrina por la sentencia de la AP de Las Palmas de 30 de junio de 2015) que llegó a la conclusión de que al tramitar en aquel supuesto una declaración de herederos «parece una medida oportuna, prudente y casi obligada» el solicitar además de las últimas voluntades españolas las del país de la nacionalidad del causante extranjero. Consecuentemente, también deberá aportarse, si existiere, por las consecuencias legitimadoras que atribuye la inscripción registral, al Registro de la Propiedad, con ocasión de la inscripción sucesoria. Y, si este Registro de Actos de Última Voluntad no existiere deberá acreditarse esta circunstancia en la forma determinada en el artículo 36 RH.
La ley española es la competente para determinar los requisitos necesarios para la inscripción de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad. Así lo reconoce expresamente el Reglamento (UE) núm. 650/2012 en su artículo 1.2 al excluir de su regulación: «(…) l) cualquier inscripción de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un registro, incluidos los requisitos legales para la práctica de los asientos, y los efectos de la inscripción o de la omisión de inscripción de tales derechos en el mismo».
En Resolución de la DGRN de 10 de abril de 2017 se añadió que la plena aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012 aconseja una matización de esta doctrina. En efecto, la norma europea presenta un tratamiento especial de las disposiciones «mortis causa» –artículos 1.3, 3.1.b),.c) y.d) y 24 a 28–. Esta normativa conduce a la regulación de la validez material y formal de la disposición «mortis causa», con base en la ley presuntiva, que remite a la ley que se aplicaría, conforme a los artículos 21 y 22 –no otras posibles leyes asimismo citadas en el fundamento segundo– si falleciere el día en que se otorgó la disposición «mortis causa» relevante conforme a los citados artículos 1 y 3 del Reglamento. En este contexto, de superación de la ley de la nacionalidad –común al Derecho de la Unión europea– salvo elección indubitada, no resulta indispensable (vid., artículos 23, 24, 26 y 75.1) el recurso a la información del país de la nacionalidad, salvo que coincida con el de la residencia habitual, matización que obliga a realizar ahora la norma.
Por lo tanto, en cuanto no se complete la interconexión de los Registros de disposiciones sucesorias y de certificados sucesorios europeos de los Estados miembros, medida complementaria a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012, en el contexto e-justice, parece sólo oportuno mantener la exigencia de la acreditación de la obtención de certificación diferente al de nuestro Registro General de Actos de Última Voluntad, que acreditare si existe o no disposición de última voluntad cuando de la valoración de los elementos concurrentes en la sucesión resultare que la ley aplicable fuere distinta de la española, imponiéndose la presentación de certificado o justificación de su inexistencia en el Estado cuya ley resultare aplicable a la sucesión o a la disposición de última voluntad (artículos 21, 22, 24 y 25 del Reglamento), sea o no la del Estado o Estados cuya nacionalidad ostentare el causante. Indudablemente, los artículos 76 y 78 del Reglamento Hipotecario deben interpretarse atendiendo a la realidad normativa actual, especialmente conforme al citado Reglamento (UE) n.º 650/2012.
Por lo tanto, en el presente caso, en que la ley aplicable es la alemana, es necesaria la presentación de certificado expedido por el registro testamentario alemán («Zentrales Testamentsregister»).

Por todo lo anterior, la DGSJyFP desestima el recurso y confirma la calificación del registrador.
[BOE n. 212, de 6.8.2020]

miércoles, 5 de agosto de 2020

BOE de 5.8.2020


- Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.
Nota: Después de una lectura de este nuevo Real Decreto-ley se puede afirmar que la parte más sustanciosa está en las disposiciones adicionales y finales, de entre las que cabe destacar los siguientes preceptos:
- DA 6ª: establece determinadas exenciones temporales para los gasoductos de transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea; concretamente, los gasoductos de transporte de gas natural denominados Medgaz y Magreb-Europa, que transcurren por las aguas territoriales españolas hasta las terminales de recepción situadas en Almería y en Tarifa (Cádiz), respectivamente.
- DA 7ª: amplía hasta 31 de agosto de 2020 el plazo para que los pensionistas de Clases Pasivas residentes en el extranjero puedan cumplir con el trámite necesario de presentación del documento de certificación de vivencia.
- DF 5ª: modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, incorporando al ordenamiento español los cambios introducidos por la Directiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, con el objeto de reducir los obstáculos a la plena realización del mercado interior de gas natural que se derivan de la inaplicabilidad de las normas del mercado de la Unión a los gasoductos de transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la UE.
- Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.
Nota: Entre las modificaciones que se realizan al Reglamento de armas (RA) cabe destacar las siguientes:
- El número diez del artículo primero modifica el artículo 10 RA, cuyo apartado 8 dispone lo siguiente:
"8. Las actividades relacionadas con la fabricación, comercio y distribución de armas, componentes esenciales y sus municiones, constituyen un sector con regulación específica en materia de derecho de establecimiento, en los términos previstos por la legislación sobre inversiones extranjeras en España, correspondiendo a los Ministerios de Defensa, del Interior y de Industria, Comercio y Turismo el ejercicio de las competencias de supervisión y control.
Las inversiones extranjeras, directas o indirectas, en sociedades españolas que tengan por objeto desarrollar las actividades indicadas se ajustarán a los requisitos y condiciones establecidas en el Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores."
- El número catorce del artículo primero modifica el artículo 28 RA, cuyos apartados 1, inciso inicial, y 9 establecen lo siguiente:
"1. Todas las armas de fuego, sus componentes esenciales, así como los que se comercialicen por separado, serán registrados de conformidad con este Reglamento y señalados con un marcado claro, permanente y único, sin demora tras su fabricación y a más tardar antes de su comercialización, o sin demora tras su importación en la Unión Europea [...]."
"9. Las armas y sus componentes esenciales importados, fabricados en países terceros, así como los componentes esenciales terminados que se comercialicen por separado, deberán llevar una marca que indique que ha sido España el país importador y el año de su importación, siempre y cuando no provengan de un país de la Unión Europea que ya las haya marcado como importador."
- El número veintidós del artículo primero modifica el artículo 72.1 RA, que establece el ámbito de aplicación de la sección 6ª (transferencia de armas), que pasa a tener el siguiente contenido:
"1. Se regirán por lo dispuesto en esta sección todas las trasferencias, definitivas o temporales, de armas de fuego, componentes esenciales y armas acústicas y de salvas que se efectúen desde España a los demás países miembros de la Unión Europea y desde estos a España, así como las transferencias con motivo de una venta mediante un contrato a distancia."
- El número cuarenta del artículo primero modifica el artículo 109.1 RA, referido a las autorizaciones especiales de uso de armas para menores, que pasa a disponer lo siguiente:
"1. Los españoles y extranjeros, con residencia en España, que sean mayores de dieciséis años y menores de dieciocho, podrán utilizar exclusivamente para la caza o para el tiro deportivo en cuyos Reglamentos se halle reconocida la categoría ‘‘junior’’, pero no poseer ni llevar dentro de las poblaciones, armas largas rayadas para caza mayor o, en su caso, de la categoría 3.ª 1, siempre que se encuentren en posesión legal de una autorización especial de uso de armas para menores y estén sometidos a la supervisión de un adulto titular de licencia de armas D, E o F, que previamente se hayan comprometido a acompañarlos y vigilarlos en cada cacería o acto deportivo, y asuman la responsabilidad de su adecuado almacenamiento de conformidad con los artículos 100.5, 101.5 y 133.2."
- El número cuarenta y dos del artículo primero modifica el apartado 1 del artículo 113 RA, que queda redactado de la siguiente manera:
"1. La Tarjeta Europea de Armas de Fuego será expedida, previa solicitud, por la Dirección General de la Guardia Civil, a los residentes en España que estén debidamente documentados para la tenencia y uso en territorio español de las armas de que se trate. Será válida por un período máximo de cinco años, que podrá prorrogarse mientras se mantenga la titularidad de las armas que ampare. La Tarjeta Europea de Armas de Fuego será intransferible y se harán constar en ella el arma o las armas de fuego que posea y utilice el titular de la Tarjeta, incluyendo la categoría. El usuario del arma de fuego deberá llevar siempre consigo la Tarjeta. Se mencionarán en la Tarjeta los cambios en la tenencia o en las características de las armas, así como la pérdida o robo de las mismas."
- El artículo segundo aprueba la Instrucción técnica complementaria número 5, ITC 5 (Tarjeta Europea de Armas de Fuego), cuyo contenido se publica en el propio Real Decreto.
[BOE n. 211, de 5.8.2020]

lunes, 3 de agosto de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-208/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) el 14 de mayo de 2020 — «Toplofikatsia Sofia» EAD, «Chez Elektro Bulgaria» AD, «Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia» EOOD.
Cuestiones planteadas:
"1. ¿Deben interpretarse el artículo 20, apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con el artículo 47, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales, los principios de no discriminación y de equivalencia de las medidas procesales en los procesos judiciales nacionales, así como el artículo 1, [apartado 1,] letra a), del Reglamento (CE) n.o 1206/2001 relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, en el sentido de que, si el Derecho interno del tribunal que conoce de un asunto establece que este debe realizar las oportunas averiguaciones sobre el domicilio del demandado en su propio Estado y se constata que dicho demandado se encuentra en otro Estado de la Unión Europea, el tribunal que conoce del asunto está obligado a recabar información sobre el domicilio del demandado ante las autoridades competentes de su Estado de residencia?
2. ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con el principio según el cual el tribunal nacional debe garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos derivados del Derecho de la Unión, en el sentido de que el tribunal nacional está obligado, al indagar la residencia habitual de un deudor, como requisito exigido por el Derecho interno para la tramitación del proceso monitorio, que es un proceso unilateral en el que no se practica prueba, a entender que cualquier sospecha fundada de que el deudor tiene su residencia habitual en otro Estado de la Unión Europea constituye una circunstancia que impide que pueda expedirse un requerimiento de pago fundado en Derecho o que el requerimiento de pago adquiera fuerza de cosa juzgada?
3. ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con el principio según el cual el tribunal nacional debe garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos derivados del Derecho de la Unión, en el sentido de que obliga a un tribunal nacional que, tras expedir un requerimiento de pago contra un determinado deudor, ha constatado que dicho deudor probablemente no tiene su residencia habitual en el Estado de su jurisdicción, y siempre que dicha circunstancia impida la expedición de un requerimiento de pago contra tal deudor con arreglo al Derecho nacional, a revocar de oficio el requerimiento de pago expedido aunque no exista disposición legal alguna que lo establezca expresamente?
4. En caso de respuesta negativa a la cuestión prejudicial 3), ¿deben interpretarse las disposiciones antes citadas en el sentido de que obligan al tribunal nacional a revocar el requerimiento de pago expedido cuando se han realizado averiguaciones y se ha constatado fuera de toda duda que el deudor no tiene su residencia habitual en el Estado del tribunal que conoce del asunto?"
[DOUE C255, de 3.8.2020]

BOE de 3.8.2020


- Resolución de 18 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil de Palma de Mallorca n.º III, por la que se rechaza la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.
Nota: Esta resolución tiene su origen en la elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados por una sociedad de responsabilidad limitada en junta general convocada por el vicepresidente del consejo de administración en ejercicio del cargo de presidente por renuncia del mismo. El registrador señala diversos defectos de los que cabe señalar el segundo de los recurridos por el notario autorizante: el de la celebración de la junta en la localidad italiana de Ameglia, a pesar de que de los estatutos resulta que podrá ser celebrada en cualquier lugar de España o del extranjero. El registrador cuestiona el lugar de celebración de la junta general en base al contenido de la LSC, aún a pesar de que los estatutos sociales establecen que «la junta general podrá reunirse en cualquier lugar de España o del extranjero». El notario recurrente se remite al contenido de los estatutos y al artículo 175 LSC para entender que la convocatoria realizada en la ciudad italiana de Ameglia es conforme con ambos.

Para la correcta respuesta a la cuestión planteada es preciso responder por un lado a la interpretación que del artículo 175 LSC ha realizado la DGRN y, por otro, cuál es la trascendencia del contenido de los estatutos sociales inscritos y su acomodación a aquella. En respuesta a la primera cuestión, esta Dirección ha sostenido (vid. resolución de 30 de octubre de 2019, entre otras), que si de acuerdo a la Ley y a la doctrina jurisprudencial, el lugar de celebración de la junta está íntimamente ligado al ejercicio de los derechos de asistencia y voto de los socios; si la convocatoria que violente el ejercicio de tales derechos por los socios debe reputarse nula de pleno derecho (salvo que concurran circunstancias especiales de apreciación judicial, vid. STS de 17 de diciembre de 1997); si el régimen legal limita el ámbito de discrecionalidad del órgano de administración al término municipal donde esté situado el domicilio social, es inevitable concluir: en primer lugar, que la previsión de los estatutos al amparo del artículo 175 LSC no puede suponer una libertad absoluta a los administradores para convocar donde tengan por conveniente pues implicaría consagrar la posibilidad de alteraciones arbitrarias del lugar de celebración (vid. STS de 28 de marzo de 1989) y, en segundo lugar, que los estatutos pueden prever que la convocatoria se realice en el ámbito geográfico de un término municipal distinto a aquel donde está situado el domicilio social (habiendo admitido la DGRN la designación estatutaria de un término municipal como alternativo -a elección de los administradores- al lugar previsto legalmente para la celebración de la junta -Resolución de 3 de octubre de 2016-). De este modo se combina de un modo razonable la previsión de que los estatutos autoricen a determinar un lugar de convocatoria distinto al previsto legalmente con el derecho de los socios a que su derecho de asistencia y voto no quede al absoluto arbitrio del órgano de administración.
Lo que ocurre en el supuesto de hecho es que, tal y como ha quedado reflejado, los estatutos de la sociedad prevén la posibilidad de celebrar la junta general en cualquier lugar de España o del extranjero. La norma estatutaria, proveniente de la primera inscripción de la sociedad en el año 2005, fue dictada al amparo de la normativa entonces vigente (artículo 47 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada), cuyo contenido es idéntico al previsto por el actualmente vigente artículo 175 LSC. Esta circunstancia obliga a respetar el contenido de los estatutos inscritos que fueron calificados en su día y que se encuentran protegidos por el principio de legitimación consagrado en el artículo 20.1 del CCom: «El contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad.»
Es cierto que la DGRN ha considerado en otras ocasiones que cuando el contenido de los estatutos inscritos es incompatible con la ley como consecuencia de una modificación sobrevenida de esta, prevalece la aplicación de la norma legal como no puede ser de otro modo (ver resoluciones de 23 de mayo de 2014, 16 de junio y 21 de septiembre de 2015 y 3 de febrero de 2016). Empero, esta doctrina no es de aplicación al supuesto de hecho porque el contenido de los estatutos sociales en este punto fue calificado en su día al amparo de la norma entonces vigente que resulta ser idéntica a la actual como ha quedado expuesto. Aceptar en estas condiciones una revisión de la calificación entonces realizada resulta del todo incompatible con los efectos legitimadores del Registro Mercantil.

Por todo ello, la DGSJyFP estima este motivo de recurso.
[BOE n. 209, de 3.8.2020]

domingo, 2 de agosto de 2020

Bibliografía - El conflicto Rohingya y sus proyecciones jurídicas


El conflicto Rohingya y sus proyecciones jurídicas: aspectos destacados
Francisco J. Zamora Cabot, Catedrático de Derecho Internacional Privado (Universitat Jaume I de Castellón)
Maria Chiara Marullo, Profesora Ayudante Doctora de Derecho Internacional Privado, acreditada a Profesora Contratada Doctora (Universitat Jaume I de Castellón)
Ordine Internazionale e Diritti Umani, n. 3/2020, 8 luglio 2020, pp. 461-484
[Texto del trabajo]
SUMARIO: 1. Introducción. – 2. El conflicto Rohingya. – A) Las claves del conflicto: los acaparamientos de tierra y de recursos y las cuestiones geopolíticas. – B) Las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los Rohingya. – 3. El conflicto en clave judicial: actuación de los tribunales internacionales. – A) El Tribunal Penal Internacional. – B) El Tribunal Internacional de Justicia. – 4. Ídem: actuación de los tribunales estatales. – A) El principio de jurisdicción universal. – B) La jurisdicción extraterritorial en materia civil: la demanda frente a los tribunales de los Estados Unidos. – 5. Otros reflejos internacionales: las sanciones. – 5. Conclusiones.

The causes of the Rohingya conflict are multiple and far from the extended version according to which the problem lies in a purely religious matter; in fact, the humanitarian crisis also reveals geopolitical and strategic issues and of land and resources grabbing. Since August 2018, this crisis has captured the attention of international media after the increase in violence by the army, which resulted in a massive exodus towards the border between Myanmar and Bangladesh. The United Nations has not hesitated to describe the crimes perpetrated in this conflict as acts of genocide, recognizing that the Rohingya have become the largest stateless population in the world. In this work, we aim at showing the multiple international legal projections of this conflict, focusing our attention, in particular, on the mechanisms of accountability, such as the possible internal and international judicial proceedings and the use of international sanctions against the government of Myanmar, companies and other responsible agents. We finish our study with some brief conclusions.

Revista de revistas (26 julio a 2 agosto)


- Revista Española de Derecho Europeo: núm. 73-74 (2020).

sábado, 1 de agosto de 2020

Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones - European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin (31 julio 2020)


Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones / European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin, nº 393, de 31 de julio de 2020.


«"UK's illogical quarantine has disrupted the lives of Brits in Spain"», The Local, 31 | 07 | 2020 - Opinión (Sue Wilson, Bremain in Spain)
The measures, involving report-filling and 14-day self-isolation, were implemented just a few hours after the government announced them... British citizens resident in Spain ... have been affected by the illogical quarantine measures, that were dropped on them so suddenly. After weeks of lockdown, where international travel was difficult, and borders closed ... While many people are missing parents, grandparents and grandchildren, others are missing their partners and children.

"Terror entre los extranjeros: Hacienda confirma que el estado de alarma cuenta en la residencia fiscal", El Economista, 29 | 07 | 2020 - Noticia
Aprovecha el confinamiento para exigir impuestos a los extranjeros. Las restricciones del Gobierno les impidieron el regreso a sus países. Mantiene este año el límite de 183 días para considerarles residentes

"Hacienda 'pasa' de la OCDE: obvia el covid para determinar la residencia fiscal en 2020", El Confidencial, 29 | 07 | 2020 - Reportaje (Óscar Giménez)
Una consulta de Tributos dice a un matrimonio extranjero que permanece en España más de seis meses por el confinamiento que será contribuyente de IRPF este año

"Jubilación en el paraíso griego: playas y tarifa plana de impuestos a extranjeros", La información, 28 | 07 | 2020 - Noticia
El Gobierno de Grecia presenta un anteproyecto de ley con una tarifa plana en impuestos para atraer a jubilados extranjeros. La tasa impositiva para pensionistas será del 7% durante 10 años.

«La comunidad británica de Málaga estalla: "Nuestro gobierno nos trata como a refugiados"», Diario Sur, 27 | 07 | 2020 - Noticia
...ante la medida impuesta por el gobierno de Reino Unido de tener que estar catorce días en cuarentena al regresar de España. ... la portavoz de la asociación Brexpats in Spain, Anne Hernández, ... ha sido tajante ante la situación que viven sus conciudadanos en España en general y en la Costa del Sol en particular... duda además de las motivaciones reales de esta medida. ... «...alguien allí ha decidido que esto no podía ser y que el turismo este año se tiene que quedar en Reino Unido»...

"Grecia quiere también su 'visa dorada' para atraer jubilados extranjeros y copia a Portugal e Italia", El Economista, 26 | 07 | 2020 - Reportaje (Ignacio Faes)
Prepara una tarifa plana del 7% en el IRPF para pensionistas internacionales
La rebaja afectará, además de a la pensión, a todas las rentas y dividendos

"Marbella's new PGOU will go easier on illegal homes built under old town plan", Sur in English, 24 | 07 | 2020 - Noticia
The mayor has said that most irregular properties in urban areas should escape having to pay compensation

"Mayor offers support to Age Concern", Sur in English, 24 | 07 | 2020 - Noticia
The mayor and councillor for Foreign Residents in Benalmádena ... met with the local Age Concern association ... to address the current situation following the coronavirus crisis. According to the mayor, Age Concern Fuengirola/Mijas/Benalmádena is one of the most important British resident associations in the area. ... The mayor explained that the meeting had been arranged to help the town hall understand the worries and concerns of the expat community.

"Brits in Spain offered help with residency applications", The Local, 22 | 07 | 2020 - Noticia
The British Foreign Office has announced funding for organisations to provide practical support to UK nationals who may have difficulty completing their residency application or registration in Spain.


Nota: Este Boletín de Prensa realiza un seguimiento periodístico de los aspectos más destacados del fenómeno de la movilidad transfronteriza de personas mayores estudiado en el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Mi agradecimiento a la Coordinadora del observatorio, la Prof. Mayte Echezarreta Ferrer (Universidad de Málaga), así como a sus miembros, investigadores y colaboradores, por su labor y por permitir su difusión en Conflictus Legum.

BOE de 1.8.2020


- Orden PCM/754/2020, de 30 de julio, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales para el año 2020.
Nota: Se convoca la prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales para el año 2020 y dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales, así como, en particular, la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por Universidades o Escuelas de Práctica Jurídica debidamente acreditadas.
La convocatoria se regirá por lo dispuesto en la presente convocatoria, no contiene limitación alguna en el número de plazas, será única e idéntica para todo el territorio español y se publica en el BOE, en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), apartado "Trámites y Gestiones Personales-Acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales de España", así como en la página web del Consejo General de Procuradores de España. Lo que sigue a continuación es un resumen de los principales puntos de la convocatoria, por lo que es conveniente leerla en su integridad.

El programa que regirá la evaluación se encuentra en el anexo de la convocatoria y contiene una descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para el acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales que serán objeto de la evaluación.

Los requisitos personales se contiene en el número 4. El plazo de presentación de solicitudes de participación en la evaluación será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el BOE. La solicitud de inscripción deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, utilizando Cl@ve como sistema de identificación electrónica por parte de los aspirantes. Los sistemas de identificación y de firma admitidos en Cl@ve son: DNI-e, certificado electrónico, Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente (véase el punto 5). A efectos de simplificar los trámites administrativos que deben realizar los participantes, estos pueden autorizar expresamente al Ministerio de Justicia el acceso a los sistemas de verificación de sus datos de titulación y de identidad. Los trámites a realizar por los participantes al cumplimentar la solicitud de inscripción se contienen en el número 5.

La participación en la prueba de evaluación será gratuita.

En el número 7 se regula el acceso a personas con discapacidad.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la prueba de aptitud, que podrá consultarse en la página web del Ministerio de Justicia (https://mjusticia.gob.es) (apartado "Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Procurador de los Tribunales de España"). Seguidamente, se concederá un plazo de diez días hábiles para subsanar telemáticamente el defecto que haya motivado la exclusión u omisión. Finalizado el plazo de subsanación, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que podrá consultarse en el portal web del Ministerio de Justicia, y fijará la fecha y la hora para la realización del ejercicio.

La prueba de aptitud se realizará en castellano (número 10).

Con carácter previo a la realización del examen y en los días que se determinen -que se anunciarán con la debida antelación en la página web del Ministerio de Justicia-, se desarrollará la fase demo, en la que los aspirantes podrán acceder a la plataforma de la UNED y en una pantalla de bienvenida se les pedirá la dirección de correo electrónico (que será la misma que previamente han facilitado al Ministerio de Justicia) y, tras pulsar el recuadro «Solicitar código» que aparecerá en la misma pantalla, se les remitirá un código de acceso a su cuenta de correo que deberán conservar cuidadosamente ya que será imprescindible para acceder el día del examen a la plataforma. El aspirante podrá acceder tantas veces como quiera desde la sala de espera a un examen mock (fingido), durante esos días, para familiarizarse con la plataforma. Ni las respuestas a ese examen ni las preguntas formuladas en la sala de espera se conservarán durante esta fase y tampoco habrá corrección de dicho examen (véase el número 11).

El número 12 regula el desarrollo de la prueba:
  • La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa publicada en el BOE en la fecha de publicación de la presente convocatoria, aun cuando no hubiese entrado en vigor, y tendrá una duración de tres horas.
  • Su contenido se fijará por el Ministerio de Justicia y su finalidad es medir los conocimientos teórico-prácticos de los participantes acerca del ejercicio de la profesión de Procurador/a de los Tribunales, así como el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales. A tal objeto, esta prueba tendrá como base el programa orientativo de materias que se contiene en el anexo de la convocatoria.
  • La prueba se celebrará de forma on line de manera síncrona con cualquier dispositivo con acceso a Internet, a través de la plataforma AVEX de la UNED (enlace: https://entrada.aulavirtualexamenes.es/), y se iniciará a las 9:00 hora peninsular en un único llamamiento.
  • Los dispositivos estarán dotados de webcam y, durante la celebración de la prueba se podrán tomar de modo aleatorio una o más imágenes sin utilizar técnicas de reconocimiento facial. Estas imágenes se emplearán únicamente para comprobar que los aspirantes durante la celebración de la prueba no se valen de medios no permitidos para la realización del examen. La webcam deberá estar activa el día de la celebración de la prueba y durante todo el tiempo que permanezcan conectados a la plataforma para la realización del examen.
  • El aspirante podrá acceder a la plataforma desde veinte minutos antes de la hora señalada para el comienzo de la prueba de acceso. Una vez allí se le pedirá que introduzca su cuenta de correo y el código obtenido en la fase anterior y que acepte, si no lo ha hecho ya, en cuyo caso se le recordará, el compromiso de respetar las normas del examen, no consultar en ningún momento textos legales ni manuales jurídicos ni cualquier otro documento o dispositivo electrónico de apoyo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos, ni servirse del auxilio de persona alguna, desde el inicio del ejercicio y hasta el final del mismo.
  • La cuenta de correo deberá ser obligatoriamente aquella en la que haya recibido el código de acceso.
  • Los aspirantes tras acceder a la plataforma pulsaran sobre el texto "primera parte de la prueba", a continuación, deberán esperar a que se habilite a la hora prevista, el botón "aceptar e iniciar examen" y tras pulsar este, se iniciará la primera parte de la prueba consistente en veinticinco preguntas más dos preguntas de reserva, cada una con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una es la correcta, sobre las materias que figuran en el apartado A "Deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión de Procurador/a de los Tribunales" del anexo de la convocatoria.
  • Las preguntas y las respuestas aparecerán de una en una de manera aleatoria y se permitirá avanzar, retroceder y corregir las respuestas. Para las respuestas de este bloque de preguntas los aspirantes dispondrán de una hora. Las preguntas de reserva serán las dos últimas (números 26 y 27), y estarán debidamente identificadas. Así, a las 10:00 horas, la primera parte de la prueba de acceso habrá finalizado, salvo para aquellos aspirantes a los que se les haya reconocido ampliación del tiempo para la celebración de la prueba en atención a su grado de discapacidad.
  • Los aspirantes podrán terminar la primera parte del examen, en cualquier momento, pulsando el recuadro "Finalizar examen" y, en su caso, el botón "Terminar". A las 10:00 horas la primera parte de la prueba finalizará automáticamente, conservándose todas las respuestas introducidas hasta entonces.
  • A continuación, los aspirantes sin salir de la plataforma pulsaran sobre el texto "segunda parte de la prueba", a continuación, deberán esperar a que se habilite a la hora prevista el botón "aceptar e iniciar examen" y tras pulsar este, se iniciará la segunda parte de la prueba consistente en cincuenta preguntas más cuatro preguntas de reserva, cada una con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una es la correcta, sobre las materias que figuran en el apartado B "Competencias profesionales para el ejercicio de la profesión de Procurador/a de los Tribunales" del anexo de la convocatoria, de las cuales quince podrán basarse en uno o varios supuestos prácticos que relacione diversos contenidos del programa.
  • Las preguntas y las respuestas aparecerán de una en una, de manera aleatoria y se permitirá avanzar, retroceder y corregir las respuestas. Para responder a este bloque de preguntas los aspirantes dispondrán de dos horas. Las preguntas de reserva serán las cuatro últimas (números 51, 52, 53 y 54), y estarán debidamente identificadas.
  • Los aspirantes podrán terminar la segunda parte del examen, en cualquier momento, pulsando el recuadro "Finalizar examen" y, en su caso, el botón "Terminar". A las 12:10 horas se cerrará la plataforma y la prueba de acceso habrá finalizado, salvo para aquellos aspirantes a los que se les haya reconocido ampliación del tiempo para la celebración de la prueba en atención a su grado de discapacidad.
En el número 13 se regula el supuesto de que se produzca alguna incidencia de tipo técnico que afecte de manera general a todos los aspirantes y que les impida el acceso a la plataforma. Asimismo, se regula el abandono de la plataforma por el aspirante por razones personales o exclusivamente atribuibles a su dispositivo.

Por lo que se refiere a los resultados de la prueba, el primer día hábil siguiente a la realización de la prueba, el aspirante podrá acceder a la plataforma AVEX de la UNED con su clave de acceso para descargar la plantilla de las preguntas y contenido del examen. Ese mismo día se harán públicas las plantillas provisionales de las respuestas correctas, mediante su publicación en el portal web del Ministerio de Justicia.
Una vez publicadas las plantillas provisionales, los interesados, en un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación, podrán presentar en el modelo oficial las impugnaciones que estimen pertinentes, respecto a la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas correctas. Las preguntas que resulten anuladas serán sustituidas, por su orden y en función del apartado al que pertenezcan, por las preguntas de reserva (véase el número 14.1).

La prueba se valorará, siguiendo la plantilla definitiva de respuestas, de la siguiente forma (número 14.2):
  • Se obtendrá un punto por cada respuesta correcta y se descontará una tercera parte del valor de una respuesta correcta por cada respuesta incorrecta. Las preguntas no contestadas no serán tomadas en consideración. La calificación de cada apartado se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones obtenidas por las respuestas correctas deduciéndose las incorrectas.
  • Las preguntas del Apartado A se valorarán sobre una escala de 0 a 25 puntos, aportando una tercera parte de la calificación final del examen. Si tras el periodo de impugnación resultase en este apartado un número de preguntas inferior a 25, la calificación del Apartado A se obtendrá extrapolando el valor calculado, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, a una escala de 25 puntos.
  • Las preguntas del Apartado B se valorarán sobre una escala de 0 a 50 puntos, aportando dos terceras partes de la calificación final del examen. Si tras el periodo de impugnación resultase en este apartado un número de preguntas inferior a 50, la calificación del Apartado B se obtendrá extrapolando el valor calculado, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo a una escala de 50 puntos.
  • La calificación final del examen, resultará de la suma de las calificaciones obtenidas en los apartados A y B.
La nota final de la evaluación será de apto o no apto. La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70 por 100 de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30 por 100 de la nota obtenida en el máster o curso de formación especializada, no siendo necesario obtener una nota mínima en la prueba de evaluación para efectuar la media ponderada. Para obtener la calificación de apto será necesario obtener una nota igual o superior al 50 por 100 de la media ponderada de ambas calificaciones en base 10, esto es, 5 puntos. Cada aspirante podrá consultar su calificación final de la evaluación de forma individualizada y anónima a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia. La calificación de no apto no impedirá la participación en futuras convocatorias.
Los aspirantes que no hayan obtenido la calificación de apto podrán presentar una solicitud de revisión, a los efectos de subsanar exclusivamente posibles errores materiales en la corrección, de forma telemática y en el plazo de tres días hábiles, desde la fecha en que se publiquen las calificaciones definitivas.

Al objeto de simplificar la gestión administrativa y eliminar cargas administrativas, las Universidades y las Escuelas de práctica jurídica acreditarán, mediante certificaciones emitidas al efecto, que los aspirantes que han superado la formación especializada en dichos centros poseen las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en la convocatoria, en la Ley 34/2006 y en su Reglamento de desarrollo. No obstante, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia podrá requerir documentación a aquellos aspirantes cuyos requisitos de acceso no hayan podido comprobarse o no hayan sido certificados por la Universidad o Escuela de práctica jurídica.

El Ministerio de Justicia pondrá a disposición, por medios electrónicos, los títulos profesionales de Procurador de los Tribunales de todos los aspirantes que hayan resultado aptos y de los cuales se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria.
[BOE n. 208, de 1.8.2020]