sábado, 23 de julio de 2016

DOUE de 23.7.2016


-Decisión (UE) 2016/1197 del Consejo, de 26 de octubre de 2015, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y la aplicación provisional del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Kiribati sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Mediante el presente acto se autoriza la firma del Acuerdo entre la UE y la República de Kiribati sobre exención de visados para estancias de corta duración. El Acuerdo se aplicará provisionalmente a partir del día siguiente a la fecha de su firma, que la Secretaria General del Consejo se encargará de publicar en el DOUE.
Esta Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo, por lo que Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.
Para el texto del Acuerdo véase la siguiente referencia de esta entrada.
-Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Kiribati sobre exención de visados para estancias de corta duración.

viernes, 22 de julio de 2016

Jurisprudencia - La Administración debe justificar las razones para la expulsión de familiar de ciudadano de la UE


Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso, Sede de Albacete, Sección 2, Sentencia de 9 Marzo 2016, Rec. 196/2014: Expulsión de familiar de ciudadano de la UE. Conforme a la jurisprudencia y los arts. 15 y 18.2.1 del RD 240/2007, la Administración ha de justificar por qué la existencia de una condena penal constituye una amenaza actual para el orden público. Las razones que da la Administración para concluir que la actuación del recurrente constituye una amenaza para el orden público y la seguridad ciudadana, para decretar su expulsión, son estereotipadas, pues en ningún momento se justifica por qué la existencia de la condena penal por un delito de robo con fuerza en las cosas constituye una amenaza actual para el orden público, acudiéndose a otros datos, como los antecedentes policiales, y a otras circunstancias que por sí solas tampoco justificarían la expulsión, como la de no acreditar medios lícitos de subsistencia.
Ponente: Estévez Goytre, Ricardo.
Nº de Recurso: 196/2014
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Iustel - Diario Del Derecho, 22 julio 2016, sección Jurisprudencia

DOUE de 22.7.2016


-Lista de las autoridades competentes autorizadas a consultar directamente los datos integrados en el Sistema de Información de Schengen de segunda generación, con arreglo al artículo 31, apartado 8, del Reglamento (CE) no 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y el artículo 46, apartado 8, de la Decisión 2007/533/JAI, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación.
Nota: Véase el Reglamento (CE) nº 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), así como la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II).
-Lista de las Oficinas N.SIS II y de los Servicios nacionales Sirene.
Nota: Véase también el Reglamento (CE) nº 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), así como la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II).

BOE de 22.7.2016 - Convocada la segunda prueba de evaluación de la aptitud para el ejercicio de la abogacía para el 2016


Orden PRE/1235/2016, de 21 de julio, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2016.
Nota: Mediante esta disposición se convoca la segunda prueba de evaluación, para el 2016, para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de Abogado dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por universidades o escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas. La prueba no contiene limitación alguna en el número de plazas.
La convocatoria se publicará también en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es) apartado «Trámites y gestiones personales-Acceso a la profesión de Abogado», así como en la página web del Consejo General de la Abogacía Española.

jueves, 21 de julio de 2016

Bibliografía - La transferencia internacional de datos personales


La transferencia internacional de datos personales: presente y futuro
Marta GRANDE SANZ, Doctora en Derecho y Abogada
Diario La Ley, Nº 8808, Sección Tribuna, 21 de Julio de 2016, Ref. D-293, Editorial LA LEY
La transferencia internacional de datos personales constituye un elemento esencial para el desarrollo de los intercambios comerciales y de servicios tales como: las redes sociales o la computación en la nube. Este trabajo analiza la regulación actual de este tipo de transferencias al hilo de las recientes sentencias del TJUE y en espera de la aprobación definitiva de dos instrumentos clave: el nuevo acuerdo entre los EEUU y la UE y la reforma del régimen jurídico europeo de protección de datos.

BOE de 21.7.2016


-Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Nota: En esta Resolución se recogen las comunicaciones sobre tratados recibidas en el MAEC hasta el 14.7.2016. Para los convenios en materia de Derecho Internacional Privado véase la págs. 51069 a 51073 (págs. 28 a 32 del documento). Para los de Derecho Penal y Procesal, véanse las págs. 51073 a 51087 (págs. 32 a 46 del documento).
-Resolución de 15 de junio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Orihuela nº 4, por la que acuerda suspender la inscripción de una escritura de manifestación y adjudicación de herencia de un ciudadano británico.
Nota: Los hechos que dieron lugar a esta Resolución son que el día 22.1.2016, doña M. E. O., debidamente representada, formalizó mediante escritura autorizada por notario la adjudicación de la herencia causada por fallecimiento de su esposo, fallecido el día 15.9.2015, dejando tres hijos de su matrimonio y habiendo otorgado testamento en Torrevieja, el día 28.5.2003, en el que instituyó heredera de todos sus bienes sitos en España a su esposa.
El registrador de la propiedad suspendió la inscripción por entender que, de acuerdo con el art. 21 del Reglamento 650/2012 sobre sucesiones, la sucesión debía regirse por el Derecho español, en tanto que ley del país de la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento. Ante ello, suspendió la práctica de la inscripción solicitada por no intervenir todos los herederos forzosos, esto es, los hijos del causante en calidad de legitimarios, en la partición de la herencia.

miércoles, 20 de julio de 2016

DOUE de 20.7.2016


-Decisión (UE) 2016/1177 del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación provisional del Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Mónaco por el que se prevén medidas equivalentes a las establecidas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo.
Nota: Mediante el presente acto se autoriza la firma del Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Mónaco por el que se prevén medidas equivalentes a las establecidas en la Directiva 2003/48/CE. El Protocolo modificativo se aplicará con carácter provisional a partir del 1 de enero de 2017.

martes, 19 de julio de 2016

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (19.7.2016)


CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, presentadas el 19 de julio de 2016, en el Asunto C‑294/16 PPU (Z): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunal de distrito de Łódź, Polonia)] Procedimiento prejudicial — Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros — Efectos de la entrega — Deducción del período de detención transcurrido en el Estado miembro de ejecución — Artículo 26 — Privación de libertad derivada de la ejecución de una orden de detención europea — Concepto — Asignación de residencia con vigilancia electrónica — Inclusión — Derechos fundamentales — Artículo 6 y artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) El artículo 26, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que corresponde al juez nacional comprobar, basándose en el criterio de la equivalencia entre las medidas de privación de libertad stricto sensu, por una parte, y las aplicadas al demandante del litigio principal, por otra, si estas últimas han supuesto una situación comparable, desde el punto de vista material, a la inherente a las primeras, y, si así fuese, deducirlas de la privación de libertad que tiene que cumplirse en el Estado miembro emisor.
2) En condiciones como las del litigio principal, ha de excluirse que las medidas controvertidas puedan calificarse de privativas de libertad, en el sentido del artículo 26, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299."

Jurisprudencia - No puede imponerse automáticamente la sanción de expulsión a los residentes de larga duración


Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso, Sede de Albacete, Sección 2, Sentencia de 8 Marzo 2016, Rec. 152/2014: Sanción de expulsión. No puede imponerse de forma automática a los residentes de larga duración. El supuesto contemplado en el art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 puede erigirse en causa de expulsión de los extranjeros que tengan reconocida la residencia permanente siempre que su conducta personal constituya además una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, y así se fundamente en la resolución, sin que pueda justificarse por razones de orden económico. Antes de adoptar la decisión de expulsión, la Administración debe tomar en consideración la duración de la residencia en el territorio; la edad de la persona implicada; las consecuencias para él y para los miembros de su familia; y los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen.
Ponente: Iranzo Prades, Raquel.
Nº de Recurso: 152/2014
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Iustel - Diario Del Derecho, 19 julio 2016, sección Jurisprudencia

DOUE de 19.7.2016


-Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior.
Nota: En la exposición de motivos se afirma que las prioridades políticas actuales en materia de fiscalidad internacional ponen de relieve la necesidad de garantizar el pago del impuesto allí donde se generen los beneficios y el valor. Por tanto, es imprescindible restablecer la confianza en la equidad de los sistemas fiscales y permitir a los gobiernos ejercer de forma eficaz su potestad tributaria. Estos nuevos objetivos políticos se han traducido en recomendaciones de actuación concretas en el contexto de la iniciativa contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEP) de la OCDE (Cdo. 1).

BOE de 19.7.2016


-Orden FOM/1182/2016, de 15 de julio, por la que se determinan para el año 2015 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias.
Nota: Véase el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, así como la entrada de este blog del día 24.2.2009.

lunes, 18 de julio de 2016

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-559/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de mayo de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa — Letonia) — Rūdolfs Meroni/Recoletos Limited [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.° 44/2001 — Reconocimiento y ejecución de medidas provisionales y cautelares — Concepto de «orden público»].
Nota: Véase la entrada de este blog del día 25.5.2016.

domingo, 17 de julio de 2016

Bibliografía (Revista de revistas) - Arbitraje (2016, núm. 2)


Contenidos de la revista "Arbitraje - Revista de arbitraje comercial y de inversiones", volumen IX, 2016, num. 2:

Estudios:
-Pascual SALA SÁNCHEZ, El principio de mínima intervención judicial en el arbitraje y sus principales manifestaciones, pp. 333–367
El principio de mínima intervención judicial en el arbitraje y sus principales manifestaciones La consideración del arbitraje como un sistema alternativo al judicial para la resolución de controversias con base en la autonomía de la voluntad de las partes en ella implicadas, exige una intervención judicial ordenada a tareas de asistencia procedimental, de ejecución de pronunciamientos del laudo y de control de este por causas tasadas no susceptibles de interpretación extensiva. Si se abriera el arbitraje a una más amplia intervención judicial, en vez de sistema alternativo al judicial, significaría una primera instancia de este que desvirtuaría su naturaleza, su finalidad y sus ventajas. Así lo han reconocido la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. Sin embargo, hay áreas, como las representadas por situaciones en que puede apreciarse un desequilibrio prestacional de las partes en la contratación mercantil, en que la intervención judicial en el arbitraje ha cobrado mayor intensidad que la derivada de su estricta naturaleza, principalmente mediante la causa de ser el laudo contrario al orden público. El estudio de estas realidades y la necesidad de su adecuada delimitación constituyen la razón de ser de este trabajo.

Revista de revistas (10 a 17 de julio)


-European Journal of Migration and Law: 2016, núm. 2.
-Jus - Juristische Schulung: 2016, núm. 7.
-Revista de Derecho UNED: núm. 18 (2016).