miércoles, 20 de septiembre de 2017

DOUE de 20.9.2017


-Reglamento (UE) 2017/1563 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos.
Nota: El objeto de esta disposición es, según su art. 1, establece normas uniformes sobre el intercambio transfronterizo, sin la autorización del titular de los derechos, de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones entre la Unión y terceros países que sean parte en el Tratado de Marrakech, cuando dicho intercambio se realice en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, dentro del ámbito armonizado por la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y por la Directiva (UE) 2017/1564 (véase la referencia siguiente de esta entrada), para evitar que se menoscabe la armonización de los derechos exclusivos y las excepciones en el mercado interior.
Se regula la exportación e importación de ejemplares en formato accesible a terceros países (arts. 3 y 4), así como las autorizaciones de las entidades autorizadas establecidas en un Estado miembro (art. 5).
Este Reglamento será aplicable a partir del 12 de octubre de 2018 (art. 8).
-Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.
Nota: El objeto de esta Directiva es establecer una mayor armonización del Derecho de la Unión aplicable a los derechos de autor y derechos afines en el marco del mercado interior, estableciendo para ello normas sobre el uso de determinadas obras y otras prestaciones sin la autorización del titular de los derechos, en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos (art. 1).
Así, establece una excepción imperativa a los derechos que han sido armonizados mediante el Derecho de la Unión y que sean pertinentes para los usos y las obras a los que es aplicable el Tratado de Marrakech. Dichos derechos incluyen, en particular, los derechos de reproducción, comunicación al público, puesta a disposición del público, distribución y préstamo, según lo previsto en las Directivas 2001/29/CE, 2006/115/CE y 2009/24/CE, así como los correspondientes derechos establecidos en la Directiva 96/9/CE. Puesto que el alcance de las excepciones o limitaciones impuestas por el Tratado de Marrakech también se extiende a las obras en formato audio, como los audiolibros, la excepción imperativa que establece esta Directiva también debe aplicarse a los derechos afines (Considerando 6).
El plazo de transposición es hasta el 11 de octubre de 2018 (art. 11).

martes, 19 de septiembre de 2017

Bibliografía - Novedad editorial


Acaba de aparecer la 4ª edición de la obra colectiva "Manual de Derecho Internacional Privado", de la que son autores A. Rodríguez Benot, B. Campuzano Díaz, Mª.Á. Rodríguez Vázquez y A. Ybarra Bores, y que ha sido publicada por la Editorial Tecnos.

El presente Manual ha sido concebido como una herramienta muy básica para que el estudiante de Grado pueda aprehender la esencia del Derecho internacional privado, ello sin menoscabo del rigor científico, de la actualidad de los materiales manejados y del afán propedéutico que siempre deben estar presentes en el quehacer del profesor universitario. Se pretende con esta obra, en fin, ofrecer un instrumento para el estudio de la asignatura Derecho internacional privado adaptado a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior en lo estructural, en lo sustancial y en lo pedagógico.
Se aborda en el Manual una materia que adolece de una complejidad que se incrementa con el continuo desarrollo del tráfico jurídico externo. Con el ánimo de allanarla se ha estructurado la obra en torno a un doble eje. Por una parte se acoge, como perspectiva de análisis, el sistema español en la materia. Por otra se sigue un iter lógico en el tratamiento de los contenidos que comienza con los aspectos introductorios del Derecho internacional privado, prosigue con el Derecho procesal civil internacional, continúa con los métodos de reglamentación y sus problemas de aplicación, finalizando con el Derecho civil internacional.
Pese a la limitación física de un formato necesariamente marcado por la concisión, se ha querido que el lector de esta obra halle en ella los conceptos esenciales de la asignatura a fin de prepararlo para afrontar, con unas garantías mínimas, cualquier supuesto de tráfico jurídico externo.

Extracto del índice de la obra:
Lección 1. Introducción al Derecho Internacional Privado
Lección 2. La competencia judicial internacional
Lección 3. El régimen del proceso con elemento extranjero
Lección 4. El reconocimiento, el exequátur y la ejecución de decisiones judiciales extranjeras
Lección 5. Las técnicas de reglamentación del tráfico jurídico externo
Lección 6. Los problemas de aplicación del sistema de Derecho Internacional Privado
Lección 7. El estatuto personal
Lección 8. La protección de los menores
Lección 9. El matrimonio
Lección 10. La sucesión mortis causa
Lección 11. Las obligaciones contractuales
Lección 12. Las obligaciones extracontractuales
Lección 13. Los derechos reales
Ficha de la obra:
A. Rodríguez Benot (Dir.)
"Manual de Derecho Internacional Privado" (4ª edic.)
Editorial Tecnos (Colección Biblioteca Universitaria), 2017
304 págs. - 24 €
ISBN: 978-84-309-7228-9

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (19.9.2017)


CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MELCHIOR WATHELET, presentadas el 19 de septiembre de 2017, en el asunto C‑284/16 (Achmea): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Principios del Derecho de la Unión — Tratado Bilateral de Inversión celebrado en 1991 entre el Reino de los Países Bajos y la República Federal Checa y Eslovaca y que sigue siendo aplicable entre los Países Bajos y la República Eslovaca — Compatibilidad del mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados establecido en un Tratado bilateral de inversión interno de la Unión Europea con los artículos 18 TFUE, párrafo primero, 267 TFUE y 344 TFUE.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"Los artículos 18 TFUE, 267 TFUE y 344 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no obstan a la aplicación de un mecanismo de resolución de controversias entre un inversor y un Estado establecido en un acuerdo bilateral de inversión celebrado antes de la adhesión a la Unión Europea de uno de los Estados contratantes y que prevé que un inversor de un Estado contratante pueda, en caso de litigio sobre inversiones en el otro Estado contratante, entablar un procedimiento contra este último Estado ante un tribunal arbitral."

Jurisprudencia - Legitimación del Gobierno de Gibraltar para litigar en España


El Gobierno de Gibraltar está legitimado para litigar en España en ejercicio del derecho de rectificación respecto de hechos publicados en medios de comunicación españoles que sean perjudiciales para las distintas instituciones y la sociedad gibraltareñas.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo (sentencia 492/2017, de 13 de septiembre) ha estimado el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por el Gobierno de Gibraltar contra la sentencia de apelación que le negaba la capacidad para ser parte en un procedimiento sustanciado ante los tribunales españoles por no ser un Estado y carecer de personalidad jurídica reconocida por España.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena, reconoce al Gobierno de Gibraltar capacidad para ser parte y capacidad procesal, de conformidad con el art. 9.11 del Código civil, que se remite a la ley personal aplicable para determinar la personalidad jurídica y, con ello, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal. De este modo, si bien Gibraltar no tiene el reconocimiento de Estado independiente en el Derecho internacional, por tratarse de una colonia de la corona británica, conforme a su legislación interna reúne los requisitos precisos para reconocerle personalidad jurídica y, por tanto, puede ser parte en un proceso ante los tribunales españoles.
Por otra parte, la publicación de hechos que afectan a Gibraltar, tanto a personas y empresas radicadas en ella como a sus instituciones, relacionadas con actividades reprobables y en su mayoría ilícitas (contrabando, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, secreto bancario y, en general, conexiones con redes criminales) afecta a las instituciones gibraltareñas, por la permisividad que se atribuye a las autoridades en relación con estas actividades, y resulta negativa para la sociedad gibraltareña en su conjunto. Por ello, la sentencia reconoce al Gobierno de Gibraltar legitimación activa en el ejercicio del derecho de rectificación de las informaciones publicadas.
Y respecto del fondo, el Tribunal Supremo estima en el caso concreto la pretensión de rectificación ejercitada. Las personas jurídico-públicas no son titulares del derecho al honor, y por tanto, no puede apreciarse respecto de ellas vulneración de tal derecho. Sin embargo, basta con que los hechos publicados sean perjudiciales para las instituciones gibraltareñas para que sea posible el ejercicio del derecho de rectificación ante la inexactitud de afirmaciones contenidas en un artículo de prensa que fueran erróneas o tergiversadoras, o bien omitieran hechos relevantes con relación a la información publicada. No obstante, la sentencia recuerda la jurisprudencia constitucional que establece que para que proceda la rectificación no es preciso que se demuestre la falta de veracidad de la información publicada, e indica que la procedencia de la rectificación no otorga carta de autenticidad a la versión ofrecida por quien ejercita el derecho. Más bien, la rectificación opera como un complemento de la información, mediante la aportación de una «contraversión» sobre hechos por el sujeto que ha sido implicado por la noticia difundida por un medio de comunicación.

Fuente: Comunicación Poder Judicial. Nota informativa de la Sala de lo Civil [aquí]

BOE de 19.9.2017


Denuncia del Convenio entre la República del Paraguay y el Estado Español, para el establecimiento en el Paraguay de un depósito franco, para mercancías españolas y de una zona franca para mercancías y materias primas paraguayas y/o españolas, hecho en Madrid el 25 de junio de 1959.
Nota: Este Acuerdo dejó de estar en vigor el 18 de abril de 2017, un año después de su denuncia por Paraguay.

lunes, 18 de septiembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


RESOLUCIONES

-Dictamen 1/15: Dictamen del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de julio de 2017 — Parlamento Europeo [Dictamen emitido con arreglo al artículo 218 TFUE, apartado 11 — Proyecto de Acuerdo entre Canadá y la Unión Europea — Transferencia de los datos del registro de nombres de los pasajeros aéreos desde la Unión a Canadá — Bases jurídicas adecuadas — Artículo 16 TFUE, apartado 2, artículo 82 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, letra d), y artículo 87 TFUE, apartado 2, letra a) — Compatibilidad con los artículos 7 y 8 y con el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 26.7.2017.
-Asunto C-670/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht — Alemania) — Procedimiento iniciado por Jan Šalplachta (Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, de seguridad y de justicia — Acceso a la justicia en los litigios transfronterizos — Directiva 2003/8/CE — Normas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios — Ámbito de aplicación — Normativa de un Estado miembro que establece el carácter no reembolsable de los gastos de traducción de los documentos acreditativos necesarios para la tramitación de una solicitud de justicia gratuita)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 26.7.2017.
-Asunto C-225/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Proceso penal contra Mossa Ouhrami (Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, de seguridad y justicia — Retorno de nacionales de terceros países en situación irregular — Directiva 2008/115/CE — Artículo 11, apartado 2 — Decisión de prohibición de entrada adoptada antes de la entrada en vigor de esta Directiva y referida a una duración más amplia que la prevista en la mencionada Directiva — Inicio del período de prohibición de entrada)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 26.7.2017.
-Asunto C-348/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano — Italia) — Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Directiva 2013/32/UE — Artículos 12, 14, 31 y 46 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional — Posibilidad de que el órgano jurisdiccional se pronuncie sin oír al solicitante)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 26.7.2017.
-Asunto C-490/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Vrhovno sodišče — Eslovenia) — A. S./Republika Slovenija [Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país — Llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de obtener una protección internacional — Cruce de la frontera organizado por las autoridades de un Estado miembro a efectos de tránsito hacia otro Estado miembro — Entrada autorizada a modo de excepción por razones humanitarias — Artículo 13 — Cruce irregular de una frontera exterior — Plazo de 12 meses a partir del cruce de la frontera — Artículo 27 — Vía de recurso — Alcance del control jurisdiccional — Artículo 29 — Plazo de seis meses para la ejecución del traslado — Cómputo de los plazos — Interposición de un recurso — Efecto suspensivo]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 26.7.2017.
-Asunto C-646/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — procedimiento iniciado por Khadija Jafari, Zainab Jafari [Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país — Llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de obtener una protección internacional — Cruce de la frontera organizado por las autoridades de un Estado miembro a efectos de tránsito hacia otro Estado miembro — Entrada autorizada a modo de excepción por razones humanitarias — Artículo 2, letra m) — Concepto de «visado» — Artículo 12 — Expedición de un visado — Artículo 13 — Cruce irregular de una frontera exterior]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 26.7.2017.
-Asunto C-670/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Minden — Alemania) — Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland [Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país — Artículo 20 — Inicio del proceso de determinación — Presentación de una solicitud de protección internacional — Acta redactada por las autoridades, recibida por las autoridades competentes — Artículo 21, apartado 1 — Plazos previstos para formular una petición de toma a cargo — Transferencia de la responsabilidad a otro Estado miembro — Artículo 27 — Recurso — Alcance del control jurisdiccional]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 26.7.2017.
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-297/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 23 de mayo de 2017 — Ibrahim Bashar/Bundesrepublik Deutschland
-Asunto C-318/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 30 de mayo de 2017 — Mahmud Ibrahim y otros/Bundesrepublik Deutschland
-Asunto C-319/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 30 de mayo de 2017 — Nisreen Sharqawi y otros/Bundesrepublik Deutschland
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Se opone la disposición transitoria del artículo 52, párrafo primero, de la Directiva 2013/32/UE a la aplicación de una normativa nacional que, para transponer el artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE, que contiene una ampliación de los límites de la autorización conferida por su predecesora, establece que no se admitirá una solicitud de protección internacional cuando al solicitante le haya sido reconocida protección subsidiaria en otro Estado miembro, en la medida en que, a falta de un régimen transitorio nacional, tal normativa nacional es aplicable también a las solicitudes presentadas antes del 20 de julio de 2015?
¿Permite la disposición transitoria del artículo 52, apartado 1, de la Directiva 2013/32/UE a los Estados miembros, en particular, transponer con efectos retroactivos la ampliación de los límites de la autorización que resulta del artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE, con la consecuencia de que las solicitudes de asilo presentadas antes de la transposición al Derecho interno y que aún no han sido resueltas con carácter definitivo tampoco son admitidas?
2) ¿Concede el artículo 33 de la Directiva 2013/32/UE a los Estados miembros la opción de elegir entre rechazar una solicitud de asilo por ser internacionalmente responsable otro Estado miembro (conforme al Reglamento de Dublín) o bien rechazarla por inadmisible con arreglo al artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE?
3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿se opone el Derecho de la Unión a que un Estado miembro rechace por inadmisible una solicitud de protección internacional con motivo de la concesión de protección subsidiaria en otro Estado miembro, en virtud de la autorización que confiere el artículo 33, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32/UE, cuando:
a) el solicitante pide una ampliación de la protección subsidiaria que le fue concedida en otro Estado miembro (el reconocimiento de la condición de refugiado) y el procedimiento de asilo en ese otro Estado miembro adolecía y adolece aún de deficiencias sistemáticas, o
b) el régimen de la protección internacional, en particular las condiciones de vida de las personas beneficiarias de la protección subsidiaria, en el Estado miembro que ya concedió al solicitante tal protección subsidiaria,
— vulneran el artículo 4 de la Carta o el artículo 3 del CEDH, o
— no satisfacen las exigencias de los artículos 20 y siguientes de la Directiva 2011/95/UE, aunque no lleguen a vulnerar el artículo 4 de la Carta o el artículo 3 del CEDH?
4) En caso de respuesta afirmativa a la letra b) de la tercera cuestión, ¿procede la misma respuesta cuando las personas beneficiarias de la protección subsidiaria no reciban prestaciones de subsistencia, o las que reciban sean de mucho menor alcance que en otros Estados miembros, aunque dichas personas no sean tratadas al respecto de manera diferente a los nacionales de ese Estado miembro?
5) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión:
a) ¿Es aplicable el Reglamento de Dublín III en un procedimiento de concesión de protección internacional cuando la solicitud de asilo es anterior al 1 de enero de 2014 pero la petición de readmisión no se ha presentado hasta después de esa fecha y el solicitante ya obtuvo previamente (en febrero de 2013) protección subsidiaria en el Estado miembro requerido?
b) ¿Cabe deducir que la normativa de Dublín establece de forma implícita la transferencia de la responsabilidad al Estado miembro que efectúa la petición de readmisión de un solicitante cuando el Estado miembro responsable requerido ha rechazado, con arreglo a la normativa de Dublín, la readmisión solicitada en plazo y, en su lugar, se ha remitido a un acuerdo de readmisión bilateral?"
-Asunto C-431/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) el 17 de julio de 2017 — Monachos Eirinaios (monje Eirinaios), en el siglo Antonios Giakoumakis/Dikigorikos Syllogos Athinon
Cuestiones planteadas: "¿Debe interpretarse el artículo 3 de la Directiva 98/5/CE en el sentido de que el legislador nacional puede prohibir la inscripción de un monje de la Iglesia de Grecia como abogado en los registros de la autoridad competente de un Estado miembro distinto de aquel en el que adquirió su título con el fin de ejercer allí su profesión con el título de origen, ya que los monjes de la Iglesia de Grecia no pueden, con arreglo al Derecho nacional, inscribirse en los registros de los colegios de abogados por no cumplir, debido a su condición, determinados requisitos indispensables para el ejercicio de la abogacía?"

Jurisprudencia - Responsabilidad penal de las personas jurídicas en caso de blanqueo de capitales


Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 583/2017 de 19 Jul. 2017, Rec. 1813/2016: Blanqueo de capitales. Entramado familiar y empresarial destinado a introducir en el mercado lícito dinero procedente del narcotráfico. Encubrimiento del origen ilícito y protección del patrimonio adquirido. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. De las sociedades –junto a sus representantes y administradores (personas físicas)- por su participación como instrumento del delito. Absoluta ausencia de medidas de vigilancia y control del comportamiento de los directivos encaminadas a evitar la comisión del delito. Provecho y beneficio directo o indirecto para las entidades. Inyecciones sucesivas de dinero ilegal a las empresas y adquisición para ellas de vehículos y maquinaria con metálico de idéntica procedencia. Revocación de condena para 2 personas físicas y calificación como blanqueo culposo para otra, del total de las 15 condenadas. Penalidad. Moderación de las penas pecuniarias –impuestas en la instancia por encima del mínimo sin motivar- para no multiplicar desproporcionadamente su cuantía, atendiendo a la participación plural y a la corresponsabilidad entre la persona jurídica y la física. Reducción para las sociedades de la pena de clausura de locales a 2 años. Tutela judicial. Derecho de defensa y a la última palabra de personas jurídicas encausadas cuando sus titulares están también acusados. Intrascendencia de la omisión puramente formal. Inexistencia de parcialidad del tribunal por haber resuelto en causa antecedente por tráfico de drogas recurso contra determinadas medidas de investigación. No hubo contaminación por centrarse en cuestiones de legalidad y no de valoración probatoria de espaldas al principio de contradicción.
Ponente: Moral García, Antonio del.
Nº de Sentencia: 583/2017
Nº de Recurso: 1813/2016
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 9043, 18 de Septiembre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:3210
[Texto de la sentencia]

Jurisprudencia - Legitimación de empresa extranjera para ejercitar acciones por competencia desleal


Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 474/2017 de 20 Jul. 2017, Rec. 578/2015: Competencia desleal. Revelación de secretos (art. 13 LCD) y aprovechamiento en beneficio propio de una infracción contractual ajena que tiene por objeto la explotación de un secreto industrial o empresarial (art. 14.2). Empresa extranjera que concedió una licencia a una empresa española para explotar en España un sistema de reparación de tuberías sin obra, que tiene la consideración de know-how. Está legitimada para el ejercicio de la acción de competencia desleal frente a la licenciataria que llevó a cabo la revelación de secretos industriales en que consistía aquel know how tras la resolución del contrato de licencia y frente a los terceros que se aprovecharon de esa infracción contractual. Concepto de participación en el mercado español.
Ponente: Sancho Gargallo, Ignacio.
Nº de Sentencia: 474/2017
Nº de Recurso: 578/2015
Jurisdicción: CIVIL
Diario La Ley, Nº 9043, Sección Jurisprudencia, 18 de Septiembre de 2017
ECLI: ES:TS:2017:3025

BOE de 18.9.2017


Reglamento de las Cortes de Aragón aprobado en Sesión Plenaria celebrada el día 28 de junio de 2017.
Nota: En esta disposición cabe destacar su título XXII, dedicado a las competencias de las Cortes en relación con los convenios y acuerdos con otras comunidades autónomas, y con la legislación europea y los tratados internacionales en materias de interés para Aragón; en especial sus arts. 336 y 337, en los que se regulan el ejercicio de las competencias de las Cortes en relación con los tratados internacionales en materias de interés para Aragón. En dicho título cabe destacar igualmente los arts. 334 y 335, que se ocupan del control de subsidiariedad de las propuestas legislativas de la Unión Europea.

domingo, 17 de septiembre de 2017

El ejemplo de Javier Gómez Herrero


Ha fallecido Javier Gómez Herrero. Supongo que a muchos de vosotros este nombre no os dirá nada, pero permitidme que os lo presente.

Tuve la inmensa suerte de conocer a Javier hace ya unos años en uno de los Certámenes internacionales Millennium DIPr, que organiza mi compañera la profesora Pilar Diago, Catedrática de DIPr de la Universidad de Zaragoza. Nada más verlo te impactaba, porque te encontrabas a una persona atada a una silla de ruedas, que solamente podía mover los ojos y que realizaba una parte importante de su labor intelectual con un chip que se ponía en los labios, pues era tetrapléjico. Javier era un joven de gran presencia física (de gran estatura) y con una brillante carrera profesional por delante, que un día, debido a un desafortunado accidente, quedó postrado en una silla de ruedas, quedando reducidos sus únicos movimientos a la boca y a los ojos. Tras el accidente, y después de vencer a la muerte, inició su tarea de "reubicación" en esta vida, matriculándose en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, donde obtuvo la Licenciatura de Derecho con el mejor expediente académico de su promoción. A ello colaboraron fundamentalmente sus padres, que fueron sus manos; especialmente su madre, que lo acompañaba a clase y tomaba los apuntes por él para después pasarlos a ordenador. Debido a su estado, y a riesgo de sufrir graves complicaciones de salud, solamente podía pasar unas pocas horas al día incorporado, debiendo estar el resto recostado.

Cuando obtuvo la Licenciatura de Derecho empezó a colaborar en la plataforma de DIPr "Millennium", proyecto docente de la profesora Pilar Diago dedicado al DIPr. Para Millennium escribía brillantes colaboraciones, dignas de ser leídas -la técnica que utilizaba para escribir era más bien propia del científico Stephen Hawking, a quien Javier admiraba-. Leyendo sus escritos pude seguir la actividad científica de Javier. Siempre que viajaba a Zaragoza procuraba saludarle, aunque no siempre lo conseguía debido a su delicado estado de salud. Es cierto que debido a mi condición de visitante en Zaragoza no podía tratarlo mucho, pero siempre que pude hacerlo me encontré con una persona que miraba al futuro con optimismo y que procuraba "vivir" cada momento de su vida. Ver y hablar unos instantes con Javier era para mí un regalo de la vida, una inyección de vitalidad y de ánimo para mi trabajo, haciéndome olvidar mis ridículos problemas.

En el año 2014 obtuvo el Premio Peón y con motivo de ello se elaboró un vídeo sobre él. Vídeo que podéis ver aquí. Después de obtener brillantemente la Licenciatura de Derecho, un periódico nacional publicó su historia [aquí]. Estos dos documentos os ayudarán a conocer algo más a Javier.

Hoy Javier ha dejado esta vida y ya no está sujeto a estas limitaciones que le ataron el cuerpo -aunque no la mente- sus últimos años. Mi más sentidas condolencias a su familia, que siempre estuvo a su lado; a las personas del equipo Millennium DIPr, al que por derecho propio pertenecía Javier y con los que estaba muy unido; y a sus compañeros y personas que sienten su desaparición de esta vida. Javier fue un ejemplo para muchas personas, especialmente para los que tuvimos el privilegio de conocerle. Que descanse en la Paz del Señor.


Bibliografía - Novedad Editorial


Ha aparecido la 20ª edición de la obra "Legislación de Derecho Internacional Privado", de los profesores S. Álvarez González, C. Esplugues Mota, P. Rodríguez Mateos y S. Sánchez Lorenzo, publicada por la Editorial Comares.

Tras las importantes novedades legislativas producidas durante el verano de 2015, las modificaciones que han tenido lugar desde entonces en el ámbito del Derecho internacional privado han sido menos intensas, aunque se anuncian relevantes a partir de 2018. Algunas disposiciones específicas promulgadas por el legislador español, en ciertos casos por adaptación del Derecho europeo, han exigido las correspondientes correcciones e inclusión de referencias y notas a pie de página, dentro de la sección dedicada al Derecho autónomo. De igual modo, algunos reglamentos europeos han sido objeto de leves actualizaciones. Se ha procedido, finalmente, a la actualización de los Estados parte en los distintos convenios internacionales y a la puesta al día del índice analítico, al tiempo que se han corregido algunas erratas detectadas en la edición anterior.

Extracto del índice:
Presentación
Nota a la vigésima edición
I-Derecho autónomo
A. Códigos
B. Leyes
C. Reglamentos

II-Derecho convencional e institucional
A. Unión Europea y Asociación Europea de Libre Comercio
B. Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
C. Consejo de Europa
D. Conferencia especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado
E. Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC)
F. Naciones Unidas
G. Convenios bilaterales

Índice analítico
Ficha técnica:
Legislación básica de Derecho Internacional Privado, 20ª edic. (actualizada a septiembre de 2017)
Edición de S. Álvarez González, C. Esplugues Mota, P. Rodríguez Mateos, S. Sánchez Lorenzo
Editorial Comares, 2017
832 págs. - 30 € (IVA inc.)
ISBN: 978-84-9045-544-9

Revista de revistas (10 a 17 septiembre)


-European Public Law: 2017, núm. 3.
-Jus - Juristische Schulung: 2017, núm. 9.
-RDUNED - Revista de derecho UNED: núm. 20 (2017).
-Rivista di Diritto Internazionale: 2017, núm. 1; 2017, núm. 2; 2017, vol.100, n.1, Fasc.1 (Supplemento) [State Responsibility Revisited. The Factual Nature of the Attribution of Conduct to the State].

sábado, 16 de septiembre de 2017

DOUE de 16.9.2017


Notificación relativa a la aplicación provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra.
Nota: El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG o CETA) entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros se aplicará de forma provisional a partir del 21 de septiembre de 2017. En virtud del art. 1.1. de la Decisión del Consejo, de 28 de octubre de 2016, relativa a la aplicación provisional del Acuerdo, la UE aplica provisionalmente el Acuerdo, a la espera de que concluyan los procedimientos necesarios para su celebración, a reserva de los puntos que se especifican en la mencionada Decisión y en la presente Notificación.
Sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, véase la entrada de este blog del día 14.1.2017.

BOE de 16.9.2017


Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la República Cooperativa de Guyana sobre supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Georgetown el 14 de julio de 2017.
Nota: Este Acuerdo se aplica provisionalmente desde el 14 de julio de 2017, es decir, desde hace dos meses (!!!).

viernes, 15 de septiembre de 2017

DOUE de 15.9.2017 - Comité de las Regiones


Comité de las Regiones
(123º pleno, 11 y 12 de mayo de 2017)

Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre el futuro de Europa — Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 2025.
Nota: Véase el documento COM(2017) 2025 final, LIBRO BLANCO SOBRE EL FUTURO DE EUROPA. Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 2025.

BOE de 15.9.2017


Ley 7/2017 de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de 3 de agosto, por la que se modifica la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears.
Nota: Mediante esta disposición se modifica la Compilación de derecho civil de las Illes Balears, aprobado por el Decreto Legislativo 79/1990. Las reformas realizadas se centran en las siguientes cuestiones:
-Mejora y ordenación sistemática de la regulación de las fuentes del derecho civil balear y de otros preceptos.
-Regulación de la sucesión intestada a favor de las administraciones territoriales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con la consiguiente modificación de la normativa de patrimonio de la Comunidad Autónoma.
-Supresión de la causalidad de la separación por parte del premuerto para determinar el derecho a la legítima del consorte viudo.
-Reforma de la cuantía del laudemio en caso de que no se hubiese pactado, reduciéndolo al 0,5 por 100 del valor de la finca.
-Redacción más detallada y ampliada de los contratos agrarios.
-Modificación del derecho civil de Menorca, estableciendo la vigencia de la 'definición' en esa isla con la misma regulación prevista en el régimen sucesorio de Mallorca.
-Protección de personas en situación de discapacidad, para que no pueda heredar quien no las ha atendido porque les haya negado alimentos.
-Protección del vínculo matrimonial de acuerdo a la doctrina constitucional y medidas para suavizar el sesgo de género en la regulación del régimen matrimonial de separación de bienes.
-Mejora en la redacción y comprensión del texto, modificando concretos aspectos de la versión catalana y la versión castellana de la Compilación, a efectos de mejorar su redacción o precisar su terminología.
-Creación del Consejo Asesor de Derecho Civil de las Illes Balears, como órgano permanente de consulta y asesoramiento del Gobierno y del Parlamento de las Illes Balears en materia de derecho civil de las Illes Balears, sin perjuicio de su función asesora para los consejos insulares cuando estos lo soliciten.

jueves, 14 de septiembre de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (14.9.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 14 de septiembre de 2017, en los asuntos acumulados C‑168/16 (Nogueira y otros) y C‑169/16 (Moreno Osácar): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial — Competencia en materia de contratos individuales de trabajo — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 19, punto 2, letra a) — Concepto de “lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo” — Sector de la aviación — Personal de vuelo — Reglamento (CEE) n.º 3922/91 — Concepto de “base”.
Fallo del Tribunal: "El artículo 19, punto 2, letra a), del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de acciones ejercitadas por miembros del personal de vuelo propio de una compañía aérea o puesto a su disposición, y a fin de determinar la competencia del tribunal al que se haya sometido el asunto, el concepto de «lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo», en el sentido de dicha disposición, no es asimilable al concepto de «base», en el sentido de anexo III del Reglamento (CEE) n.º 3922/91 del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil, en la redacción que le dio el Reglamento (CE) n.º 1899/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. No obstante, el concepto de «base» constituye un indicio significativo para determinar el «lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo»."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 14 de septiembre de 2017, en el asunto C‑628/15 (The Trustees of the BT Pension Scheme): Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Artículo 63 TFUE — Ámbito de aplicación — Legislación fiscal de un Estado miembro — Impuesto sobre sociedades — Crédito fiscal — Fondo de pensiones — Negativa a conceder un crédito fiscal por dividendos de fuente extranjera a los accionistas no sujetos al impuesto en relación con los rendimientos del capital mobiliario — Interpretación de la sentencia de 12 de diciembre de 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, EU:C:2006:774) — Crédito fiscal retenido ilegalmente — Medios de impugnación judicial.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, confiere derechos a un accionista que ha recibido dividendos calificados de «dividendos de fuente extranjera» (foreign income dividend).
2) El Derecho de la Unión exige que el Derecho interno de un Estado miembro prevea vías de recurso accesibles para accionistas que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, han percibido dividendos calificados de «dividendos de fuente extranjera» sin haber obtenido un crédito fiscal por esos dividendos, con el fin de permitir a dichos accionistas ejercer los derechos que les confiere el artículo 63 TFUE. A este respecto, el órgano jurisdiccional nacional competente debe velar por que los accionistas que no estén sujetos al impuesto sobre la renta en relación con los dividendos y que hayan percibido dividendos procedentes de dividendos de fuente extranjera calificados de «dividendos de fuente extranjera», como The Trustees of the BT Pension Scheme, dispongan de una vía de recurso que, por un lado, permita garantizar el pago del mencionado crédito fiscal, del que los beneficiarios han sido privados indebidamente, con arreglo a una regulación procesal que no sea menos favorable que la referente a un recurso dirigido al pago de un crédito fiscal, o de una ventaja fiscal similar, en una situación en la que la administración tributaria haya privado indebidamente a los beneficiarios de ese crédito fiscal o de esa ventaja fiscal con ocasión de un reparto de dividendos procedentes de dividendos recibidos de una entidad residente en Reino Unido y, por otro lado, que permita garantizar de manera efectiva la protección de los derechos conferidos a dichos accionistas por el artículo 63 TFUE.
3) Las respuestas dadas a las anteriores cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente no se alteran ni por la circunstancia de que The Trustees of the BT Pension Scheme no estén sujetos al impuesto sobre la renta en relación con la percepción de dividendos, ni por el hecho de que la infracción del Derecho de la Unión controvertida no esté, según el órgano jurisdiccional remitente, suficientemente caracterizada para generar la responsabilidad extracontractual del Estado miembro afectado frente a la sociedad que reparte los dividendos calificados de «dividendos de fuente extranjera», con arreglo a los principios establecidos en la sentencia de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame (C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79), ni por el hecho de que una sociedad residente en Reino Unido haya repartido un importe incrementado de dividendos calificados de «dividendos de fuente extranjera» con el fin de paliar la circunstancia de que el accionista que recibe los dividendos carece de crédito fiscal."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 14 de septiembre de 2017, en el asunto C‑646/15 (Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements): Procedimiento prejudicial — Fiscalidad directa — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Libre circulación de capitales — Fideicomiso — Administradores fiduciarios — Demás personas jurídicas — Concepto — Impuesto sobre las plusvalías de los bienes incluidos en un fideicomiso como consecuencia del traslado del lugar de residencia fiscal de los administradores fiduciarios a otro Estado miembro — Liquidación del gravamen en el momento de ese traslado — Cobro inmediato del impuesto — Justificación — Proporcionalidad.
Fallo del Tribunal: "Las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libertad de establecimiento se oponen, en circunstancias, como las del litigio principal, en las que los administradores fiduciarios, según el Derecho nacional, son tratados como un órgano único y permanente de personas, diferenciado de las personas que tengan la condición de administradoras en cada momento, a una legislación de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que prevé la tributación de las plusvalías latentes de los bienes incluidos en un fideicomiso cuando la mayoría de los administradores fiduciarios trasladan su residencia a otro Estado miembro, sin permitir el cobro aplazado del impuesto así adeudado."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 14 de septiembre de 2017, en el asunto C‑18/16 (K.): Procedimiento prejudicial ― Normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional ― Directiva 2013/32/UE ― Artículo 9 ― Derecho de permanencia en un Estado miembro durante el examen de la solicitud ― Directiva 2013/33/UE ― Artículo 8, apartado 3, párrafo primero, letras a) y b) ― Internamiento ― Verificación de la identidad o de la nacionalidad ― Determinación de los elementos en que se basa la solicitud de protección internacional ― Validez ― Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ― Artículos 6 y 52 ― Limitación ― Proporcionalidad.
Fallo del Tribunal: "El examen del artículo 8, apartado 3, párrafo primero, letras a) y b), de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez de esta disposición a la vista de los artículos 6 y 52, apartados 1 y 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 14 de septiembre de 2017, en el asunto C‑184/16 (Petrea): Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/38/CE — Directiva 2008/115/CE — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Estancia de un nacional de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro a pesar de la prohibición de acceso al territorio de ese Estado — Legalidad de la decisión de revocar un certificado de registro y una segunda resolución de expulsión del territorio — Posibilidad de invocar por vía de excepción la ilegalidad de una resolución anterior — Obligación de traducción.
Fallo del Tribunal:
"1) La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, y el principio de protección de la confianza legítima no se oponen a que un Estado miembro, por una parte, revoque un certificado de registro expedido erróneamente a un ciudadano de la Unión que seguía estando sujeto a una prohibición de entrada en el territorio y, por otra, adopte contra él una resolución de expulsión basada únicamente en la constatación de que la medida de prohibición de entrada en el territorio seguía estando en vigor.
2) La Directiva 2004/38 y la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, no se oponen a que una resolución de retorno de un ciudadano de la Unión Europea, como la controvertida en el litigio principal, sea adoptada por las mismas autoridades y con arreglo al mismo procedimiento que la resolución de retorno de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/115, siempre que se apliquen las medidas de transposición de la Directiva 2004/38 que sean más favorables para ese ciudadano de la Unión.
3) El principio de efectividad no se opone a una práctica jurisprudencial según la cual un nacional de un Estado miembro contra el que se ha dictado una resolución de retorno en circunstancias como las del litigio principal no puede invocar, en apoyo de un recurso interpuesto contra dicha resolución, la ilegalidad de la resolución de prohibición de entrada en el territorio anteriormente dictada contra él, siempre que el interesado haya tenido la posibilidad efectiva de impugnar en un plazo útil esta última resolución con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2004/38.
4) El artículo 30 de la Directiva 2004/38 obliga a los Estados miembros a adoptar cualquier medida útil para que el interesado comprenda el contenido y las implicaciones de una decisión adoptada en virtud del artículo 27, apartado 1, de dicha Directiva, pero no exige que esta decisión se le notifique en una lengua que comprenda o pueda suponerse razonablemente que comprenda, cuando no haya presentado ninguna solicitud en este sentido."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 14 de septiembre de 2017, en el asunto C‑503/16 (Delgado Mendes): Procedimiento prejudicial — Seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles — Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE y 2009/103/CE — Hurto de vehículo — Accidente de circulación — Daños corporales y materiales sufridos como peatón por el propietario asegurado del vehículo — Responsabilidad civil — Indemnización — Cobertura por el seguro obligatorio — Cláusulas de exclusión — Normativa nacional que excluye de la indemnización por el seguro al propietario asegurado del vehículo — Compatibilidad con esas Directivas — Concepto de “tercero víctima”.
Fallo del Tribunal: "El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como sobre el control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles, en su versión modificada por la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, y el artículo 1 bis de la Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, Tercera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, en su versión modificada por la Directiva 2005/14, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que excluye de la cobertura y, por tanto, de la indemnización por el seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles los daños corporales y materiales sufridos por un peatón víctima de un accidente de circulación exclusivamente por ser dicho peatón el tomador del seguro y el propietario del vehículo que causó tales daños."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE, presentadas el 14 de septiembre de 2017, en el asunto C‑372/16 (Sahyouni): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Múnich, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Competencia del Tribunal de Justicia — Reglamento (UE) n.° 1259/2010 — Cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial — Ámbito de aplicación — Artículo 1 — Reconocimiento de un divorcio de carácter privado registrado por una instancia religiosa en un Estado tercero — Artículo 10 — Exclusión de la ley extranjera aplicable — Acceso discriminatorio al divorcio según el sexo de los cónyuges — Examen in abstracto del carácter discriminatorio — Falta de efectos del eventual consentimiento del cónyuge discriminado.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) Las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, y en particular su artículo 1, deben interpretarse en el sentido de que no están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento los divorcios declarados sin que una resolución de efectos constitutivos sea adoptada por un órgano jurisdiccional o una autoridad pública, como un divorcio resultante de la declaración unilateral de un cónyuge registrada por un tribunal religioso.
2) Con carácter subsidiario, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia estime que tales divorcios de carácter privado están comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1259/2010, su artículo 10 debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, la ley del foro debe aplicarse cuando la ley extranjera designada en virtud de los artículos 5 u 8 de tal Reglamento produzca en abstracto una discriminación por razón del sexo de los cónyuges y, por otra parte, la circunstancia de que el cónyuge discriminado haya prestado eventualmente su consentimiento al divorcio carece de efectos en la aplicabilidad de dicho artículo."