jueves, 22 de junio de 2017

DOUE de 22.6.2017


Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1105 de la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que se establecen los formularios mencionados en el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos de insolvencia.
Nota: En el anexo I se contiene el formulario normalizado de comunicación que deberá utilizarse para informar a los acreedores extranjeros conocidos de la apertura de un procedimiento de insolvencia (art. 54.3 del Reglamento 2015/848).
El anexo II contiene el formulario normalizado para la presentación de créditos que podrán utilizar los acreedores extranjeros para la presentación de créditos (art. 55.1 del Reglamento (UE) 2015/848).
En el anexo III figura el formulario normalizado que podrán utilizar los administradores concursales nombrados en relación con los miembros del grupo para la presentación objeciones en procedimientos de coordinación de grupo (art. 64.2, p. 2º, del Reglamento 2015/848).
En el anexo IV se contiene el formulario normalizado que deberá utilizarse para la presentación electrónica de las solicitudes individuales de información a través del Portal Europeo de e-Justicia (art. 27.4., p. 1º, del Reglamento 2015/848).
Véase el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido), que será aplicable con carácter general a partir del próximo lunes.

miércoles, 21 de junio de 2017

Nueva fecha para la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil


Ha finalizado su paso por el Senado la Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria y el texto vuelve ahora al Congreso con importantes modificaciones en relación con la modificación de la DF 10ª de la Ley 20/2011 del Registro civil, en su última redacción dada por el art. 2.10 de la Ley 19/2015, de 13 de julio, en la que se establece que "la presente Ley entrará en vigor el 30 de junio de 2017". En principio, la enmienda núm. 9, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, proponía que la Ley 20/2011 entrara en vigor el 30 de junio de 2019 (véase la entrada de este blog del día 5.6.2017).Sin embargo, el texto del Informe de la Ponencia aprobado por la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad propuso como fecha de entrada en vigor la del 30 de junio de 2018 (véase la entrada de este blog del día 7.6.2017).

En el Pleno del Senado iniciado día 13 de junio se aprobó el Dictamen de la Comisión, dejando finalmente como fecha de entrada en vigor el 30 de junio de 2018, excepto los arts. 49.2 y 53 de la Ley 20/2011, referidos al orden de los apellidos, que lo harán el día 30 de junio de 2017. Veamos cómo ha quedado la DA 10ª de la Ley 20/2011:
"La presente Ley entrará en vigor el 30 de junio de 2018, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y excepto los artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor el 15 de octubre de 2015 de los artículos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66, 67.3 y disposición adicional novena, en la redacción dada por el artículo segundo de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.
Hasta la completa entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles."
Además, se ha procedido a dar nueva redacción a los núms. 3, 4 y 5 de la DF 21ª (entrada en vigor) de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que pasan a tener el siguiente contenido:
"3. Las modificaciones de los artículos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 y 73 del Código Civil contenidas en la Disposición final primera, así como las modificaciones de los artículos 58, 58 bis, disposición final segunda y disposición final quinta bis de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, incluidas en la disposición final cuarta, relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, que lo harán en la fecha de la completa entrada en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
4. Las modificaciones del artículo 7 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, aprobado por la Ley 24/1992, de 10 de noviembre; las del artículo 7 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España, aprobado por la Ley 25/1992, de 10 de noviembre; y las del artículo 7 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, contenidas en las disposiciones finales quinta, sexta y séptima respectivamente, que lo harán en la fecha de la completa entrada en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
5. Las disposiciones de la Sección 1.ª del Capítulo II del Título VII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, contenidas en la disposición final undécima, que establecen las normas reguladoras del acta matrimonial y de la escritura pública de celebración del matrimonio, que lo harán en la fecha de la completa entrada en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil."
Para concluir, se ha modificado la DF única de la proposición de ley, que pasa a tener el siguiente contenido:
"La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»."

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (21.6.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 21 de junio de 2017, en el asunto C‑9/16 (A): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) n.º 562/2006 — Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) — Artículos 20 y 21 — Cruce de las fronteras interiores — Inspecciones dentro del territorio — Normativa nacional que autoriza la realización de controles para identificar a las personas interceptadas en una zona de 30 kilómetros desde la frontera común con otros Estados parte en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen — Posibilidad de realizar el control con independencia del comportamiento de la persona de que se trate o de la existencia de circunstancias específicas — Normativa nacional que permite determinadas medidas de control de personas en el recinto de las estaciones ferroviarias.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 67 TFUE, apartado 2, y los artículos 20 y 21 del Reglamento (CE) n.º 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que confiere a los servicios de policía del Estado miembro de que se trata competencia para controlar la identidad de cualquier persona, en una zona de 30 kilómetros a partir de la frontera terrestre de ese Estado miembro con otros Estados miembros parte del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen (Luxemburgo) el 19 de junio de 1990, con el fin de prevenir o poner fin a la entrada o residencia ilegales en el territorio de dicho Estado miembro o de prevenir determinados delitos contra la seguridad de las fronteras, con independencia del comportamiento de la persona de que se trate y de la existencia de circunstancias particulares, salvo que tal normativa establezca la necesaria delimitación de esta competencia que garantice que el ejercicio en la práctica de ésta no pueda tener un efecto equivalente al de las inspecciones fronterizas, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
2) El artículo 67 TFUE, apartado 2, y los artículos 20 y 21 del Reglamento n.º 562/2006, en su versión modificada por el Reglamento n.º 610/2013, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite que los servicios de policía del Estado miembro de que se trata efectúen, a bordo de los trenes o en el recinto de las instalaciones ferroviarias de ese Estado miembro, controles de identidad de cualquier persona o de los documentos que permiten cruzar la frontera, y puedan dar el alto e interrogar a cualquier persona a tal fin, cuando esos controles se basan en el conocimiento de la situación o en la experiencia de la policía fronteriza, siempre que el ejercicio de tales controles quede sujeto en el Derecho nacional a precisiones y limitaciones que determinen la intensidad, la frecuencia y el carácter selectivo de tales controles, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 21 de junio de 2017, en el asunto C‑449/16 (Martínez Silva): Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 3 — Prestaciones familiares — Directiva 2011/98/UE — Artículo 12 — Derecho a la igualdad de trato — Nacionales de terceros países titulares de un permiso único.
Fallo del Tribunal: "El artículo 12 de la Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual el nacional de un tercer país que sea titular de un permiso único, en el sentido del artículo 2, letra c), de dicha Directiva, no puede percibir una prestación como el subsidio para familias nucleares con al menos tres hijos menores, instaurado mediante la legge n. 448 — Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Ley n.º 448, Disposiciones en materia de finanzas públicas para la estabilización y el desarrollo), de 23 de diciembre de 1998."

Jurisprudencia - La situación de estancia por estudios no a derecho a la prestación por desempleo


Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Social, Sección 1, Sentencia de 27 Septiembre 2016, Rec. 1689/2016: Estancia por estudios para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud de extranjeros extracomunitarios. No da derecho a percibir prestación por desempleo. Situación de estancia por estudios que no es equivalente a la permanencia o residencia legal. Tanto la LGSS, como la LO 4/2000 y el Reglamento que lo desarrolla, no permiten entender que la mera estancia para estudios es suficiente para adquirir el derecho a la prestación por desempleo.
Ponente: Martín Morillo, Jesús María.
Nº de Recurso: 1689/2016
Jurisdicción: SOCIAL
Iustel - Diario Del Derecho, 21 junio 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: STSJ AS 2743/2016 - ECLI: ES:TSJAS:2016:2743]

martes, 20 de junio de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (20.6.2016)


CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON, presentadas el 20 de junio de 2017, en el asunto C‑670/16 (Mengesteab): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Minden (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Minden, Alemania)] Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia — Interpretación del Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Peticiones de toma a cargo previstas en el artículo 21, apartado 1 — Plazos para formular una petición de toma a cargo — Momento de presentación de una solicitud de protección internacional con arreglo al artículo 20, apartado 2 — Momento inicial del cómputo del plazo previsto en el artículo 21, apartado 1 — Posibilidad de que el derecho de recurso o de revisión de una decisión de traslado con arreglo al artículo 27, apartado 1, sea también aplicable a los casos de incumplimiento de los plazos previstos en el artículo 21, apartado 1.
Nota: La Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) El artículo 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, en relación con el considerando 19 del mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que a un solicitante de protección internacional le asiste el derecho a recurrir o solicitar la revisión de una decisión de traslado adoptada como resultado de una petición de toma a cargo cuando el Estado miembro requirente haya presentado tal petición incumpliendo el plazo establecido en el artículo 21, apartado 1, del antedicho Reglamento.
2) En tales circunstancias, carece de relevancia la cuestión de si el Estado miembro requerido acepta la petición de toma a cargo. La misma situación se produce cuando el Estado miembro requerido se convierte en el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional en virtud del artículo 22, apartado 7, del Reglamento n.º 604/2013.
3) No ha lugar a responder a la tercera cuestión prejudicial.
4) El plazo de tres meses previsto en el párrafo primero del artículo 21, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013 constituye el plazo general en el que deben presentarse las peticiones de toma a cargo. El plazo inferior de dos meses previsto en el párrafo segundo del artículo 21, apartado 1, se aplica en los casos en que una comparación de las impresiones dactilares obtenidas con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento Eurodac da lugar a una respuesta positiva en el sentido de los artículos 2, letra d), y 14, apartado 1, de dicho Reglamento. El período de dos meses no se añade al plazo general de tres meses, por lo que no puede comenzar después de que el período previsto en el párrafo primero del artículo 21, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013 haya expirado.
5) Una solicitud de protección internacional se considerará presentada en el sentido del artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.º 604/2013 cuando el formulario o el acta llegue a las autoridades competentes que hayan sido designadas para el cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros previstas en el artículo 35, apartado 1, de dicho Reglamento. A este respecto: 1) un certificado de registro como solicitante de asilo no es ni un formulario ni un acta; 2) la autoridad competente designada es la responsable de la recepción de una solicitud de protección internacional que se ha presentado en el Estado miembro de que se trate, y 3) se considerará que la solicitud ha llegado a la autoridad competente con arreglo a las normas nacionales que apliquen las disposiciones de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional.
6) Una demora entre la expedición de un certificado de registro como solicitante de protección internacional y la presentación de una petición de toma a cargo no puede tener como consecuencia que se obligue al Estado miembro requirente a ejercer la facultad discrecional contemplada en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013.
7) No ha lugar a responder a la séptima cuestión prejudicial.
8) Aunque la petición de toma a cargo contemplada en el artículo 21, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013 debe efectuarse en un formulario como el establecido en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 118/2014 de la Comisión, de 30 de enero de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.º 1560/2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 343/2003 del Consejo, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, no es necesario que los Estados miembros consignen en él la fecha de la primera petición informal de protección internacional ni la fecha de expedición del certificado de registro como solicitante de protección internacional."

Bibliografía - El Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de EEUU y la propuesta de lege ferenda en el derecho comunitario


El Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de los Estados Unidos de América y la propuesta de lege ferenda en el derecho comunitario
Fruela RÍO SANTOS, Abogado y doctorando en Derecho
Diario La Ley, Nº 9004, Sección Tribuna, 20 de Junio de 2017
La situación anterior a FISA. La creación de FISA. The Wall (El Muro). USA Patriot Act. Las reformas FISA. El Tribunal (FISC). Las reglas del procedimiento. Su estudio desde la base legal del Derecho Comunitario.

DOUE de 20.12.2017


Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/2134 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Nota: Véase el Reglamento (UE) 2016/2134 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2016, así como la entrada de este blog del día 13.12.2016

lunes, 19 de junio de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-527/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Midden-Nederland, Países Bajos) — Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, que también actúa bajo el nombre de Filmspeler «Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Directiva 2001/29/CE — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Artículo 3, apartado 1 — Comunicación al público — Concepto — Venta de un reproductor multimedia — Extensiones (add-ons) — Publicación de obras sin autorización del titular — Acceso a sitios de Internet de difusión en flujo continuo (streaming) — Artículo 5, apartados 1 y 5 — Derecho de reproducción — Excepciones y limitaciones — Uso lícito»
Nota: Véase la entrada de este blog del día 26.4.2017.

Jurisprudencia - Acreditación de la existencia de una pareja de hecho a efectos de la pensión de viudedad


Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 393/2017 de 4 May. 2017, Rec. 3850/2015: Pensión de viudedad. Parejas de hecho. Acreditación de la existencia de una pareja de hecho. Es suficiente la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en Comunidades Autónomas o ayuntamiento del lugar de residencia. No se puede justificar un trato diferenciado entre los solicitantes de la correspondiente pensión de viudedad en función de su residencia o no en una Comunidad Autónoma con Derecho Civil propio.
Ponente: López García de la Serrana, José Manuel.
Nº de Sentencia: 393/2017
Nº de Recurso: 3850/2015
Jurisdicción: SOCIAL
Diario La Ley, Nº 9003, Sección Jurisprudencia, 19 de Junio de 2017
ECLI: ES:TS:2017:2097

Nota: Véase la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 40/2014, de 11 de marzo de 2014, en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 932-2012. Véase igualmente la entrada de este blog del día 28.3.2014.

BOE de 19.6.2017


Aplicación provisional del Canje de Notas por el que se modifica el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Serbia sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción nacionales suscrito mediante Canje de Notas de fechas 27 de noviembre de 2008 y 9 de marzo de 2009, hecho en Madrid el 19 de abril y el 24 de mayo de 2017.
Nota: Este Canje de Notas se aplicará provisionalmente desde el 28 de junio de 2017.

domingo, 18 de junio de 2017

Bibliografía - La eficacia en España de los poderes otorgados ante notario extranjero


La eficacia en España de los poderes otorgados ante notario extranjero - Effectiveness in Spain of the powers granted to the foreign notary.
Elisa TORRALBA MENDIOLA Profesora Titular de Derecho Internacional Privado (Universidad Autónoma de Madrid)
Bitácora Millennium DIPr., nº 5 (Prepublicación)
SUMARIO: I. Planteamiento de la cuestión. II. La equivalencia de funciones y el Derecho de la UE. III. Los poderes otorgados en el extranjero. 1. La Resolución de la DGRN de 14 de septiembre de 2016. 2. Especial referencia a los poderes otorgados ante notarios de Inglaterra y Gales. 3. El control por el Registrador del juicio notarial de equivalencia. 4. Poderes otorgados en el extranjero: alternativas. IV. Conclusiones.

El alcance de la exigencia, establecida en la legislación española más reciente, de que la autoridad extranjera que haya intervenido en la confección de un documento que pretende acceder a un Registro español lo haya hecho desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate y de que el documento surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen ha suscitado cierta polémica sobre todo en relación con los poderes extranjeros utilizados para otorgar una escritura pública en España. Este trabajo analiza las cuestiones que se han planteado, sobre todo a raíz de una reciente resolución de la DGRN.

Revista de revistas (11 a 18 de junio)


-Eucrim - The European Criminal Law Associations' fórum: 2017, núm. 1.
-Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly: 2017, núm. 2.

viernes, 16 de junio de 2017

Jurisprudencia - Derecho a la prestación por maternidad en caso de filiación por gestación subrogada en el extranjero


Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 991, Sentencia de 19 Octubre 2016, Rec. 1650/2015: Gestación subrogada. Derecho a percibir la prestación por maternidad en razón al nacimiento de su hijo por gestación subrogada. La maternidad por sustitución no tiene en el Derecho de la Unión Europea la misma protección que la maternidad natural pero ello no es óbice para que el Derecho español pueda atribuirle la misma consideración a los efectos legales. El Derecho de la UE únicamente contempla como objeto de protección la gestación propiamente dicha, en tanto que la legislación española de Seguridad Social atribuye los mismos efectos a la adopción y al acogimiento, lo que puede dar una cierta cobertura argumental a la pretendida aplicación analógica de la prestación en los supuestos de maternidad subrogada.
Ponente: de Castro Fernández, Luis Fernando.
Nº de Recurso: 1650/2015
Jurisdicción: SOCIAL
Iustel - Diario Del Derecho, 16 junio 2017, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: STS 4837/2016 - ECLI: ES:TS:2016:4837]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 22.2.2017.

DOUE de 16.6.2017


-Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada).
Nota: Como quiera que el Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo,de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada), ha sido modificado en varias ocasiones y de forma sustancial, especialmente a través del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, se ha considerado oportuno que, en aras de la claridad y la racionalidad, se procediera a su codificación. En consecuencia, mediante mediante la presente disposición se procede a codificar las disposiciones sobre la marca de la UE, derogándose el Reglamento (CE) 207/2009 -las referencias al Reglamento (CE) 207/2009 se entenderán hechas al Reglamento (UE) 2017/1001 y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo III (véase art. 211).

Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en este Reglamento se denominarán "marca de la Unión Europea", que tendrá carácter unitario y que, salvo disposición contraria, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión (art. 1). A tales efectos se crea la "Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea", que sustituye a la anterior "Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)" (art. 2).
Pueden constituir "marcas colectivas de la Unión Europea" las marcas de la Unión así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas (art. 74). Igualmente, podrá constituirse una "marca de certificación de la Unión" que será una marca de la Unión que se describa como tal en el momento de la solicitud y que permita distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, con excepción de la procedencia geográfica, de los productos y servicios que no posean esa certificación (art. 83).
La Oficina de Propiedad de la UE llevará un registro de marcas de la Unión, en el que se harán constar determinadas indicaciones en relación con las solicitudes y registros de marcas de la Unión, y lo mantendrá actualizado (art. 111).

A efectos del DIPr. cabe destacar el capítulo X (arts. 122 a 135), en el que se recogen las normas sobre competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas de la UE:
-Art. 122: Aplicación de las normas de la Unión relativas a la competencia judicial y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Salvo disposición en contrario, serán aplicables a los procedimientos en materia de marcas de la Unión y de solicitudes de marca de la Unión, así como a los procedimientos relativos a acciones simultáneas o sucesivas emprendidas sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales, las disposiciones de las normas de la UE relativas a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, básicamente, el Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición).
-Arts. 123: creación de los Tribunales de marcas de la UE para los litigios en materia de violación y de validez de las marcas de la Unión.
-Art. 124: normas de competencia en materia de violación y de validez de las marcas de la UE.
-art. 125: normas para determinar la competencia internacional.
-Art. 126: disposiciones sobre el alcance de la competencia.
-Art. 127: presunción de validez y defensas en cuanto al fondo.
-Art. 128: normas sobre demandas reconvencionales.
-Art. 129: norma de conflicto sobre derecho aplicable: se aplicará este Reglamento; respecto de todas las cuestiones en materia de marcas no reguladas por el presente Reglamento, los tribunales de marcas de la Unión podrán aplicar el Derecho nacional vigente; salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas de la Unión Europea aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.
-Art. 130: sanciones.
-Art. 131: medidas provisionales y cautelares.
-Art. 132: normas específicas en materia de conexión de causas.
-Art. 133: disposiciones sobre competencia de los tribunales de marcas de la UE de segunda instancia y sobre recurso de casación.
-Art. 134: disposiciones adicionales sobre la competencia de los tribunales nacionales distintos de los tribunales de marcas de la UE y en otros litigios relativos a marcas de la Unión distintos de los de violación y validez de las marcas de la UE.
-Art. 135: obligación del tribunal nacional que conociere de una acción distinta a las de violación y validez de las marcas de la UE y relativa a una marca de la Unión de considerar válida esa marca.
-Art. 136: normas sobre concurrencia de acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales.

En el capítulo XI (arts. 142 a 181) se contienen las disposiciones relativas a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
Por su parte, el capítulo XIII (arts. 182 a 206) se ocupa del Registro Internacional de Marcas.

De conformidad con el art. 212, este Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE y se aplicará a partir del 1 de octubre de 2017.

jueves, 15 de junio de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (15.6.2017)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 15 de junio de 2017, en el asunto C‑249/16 (Kareda): Procedimiento prejudicial — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 7, apartado 1 — Conceptos de “materia contractual” y de “contrato de prestación de servicios” — Acción de repetición entre los codeudores solidarios de un contrato de préstamo — Determinación del lugar de cumplimiento del contrato de préstamo.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una acción de repetición entre los codeudores solidarios de un contrato de préstamo está incluida en la «materia contractual» mencionada en ese precepto.
2) El artículo 7, apartado 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que un contrato de préstamo, como el debatido en el litigio principal, celebrado entre una entidad de crédito y dos codeudores solidarios, debe calificarse de «contrato de prestación de servicios», comprendido en ese precepto.
3) El artículo 7, apartado 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, cuando una entidad de crédito ha concedido un préstamo a dos codeudores solidarios, el «lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios», a efectos de este precepto, es, salvo pacto en contrario, el del domicilio de la entidad, y asimismo lo es a efectos de determinar la competencia territorial del órgano jurisdiccional que haya de conocer de la acción de repetición entre dichos codeudores."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 15 de junio de 2017, en el asunto C‑587/15 (Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras): Procedimiento prejudicial — Seguro de responsabilidad civil del automóvil — Accidente ocurrido en 2006 entre vehículos que tienen su estacionamiento habitual en Estados miembros distintos — Reglamento general del Consejo de Oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros — Incompetencia del Tribunal de Justicia — Directiva 2009/103/CE — Inaplicabilidad ratione temporis — Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE y 2000/26/CE — Inaplicabilidad ratione materiae — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Inaplicabilidad — Inexistencia de aplicación del Derecho de la Unión.
Fallo del Tribunal:
"El Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la parte de las cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente que versa sobre la interpretación del Reglamento general del Consejo de Oficinas, adoptado mediante el Acuerdo celebrado el 30 de mayo de 2002 entre las oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y de otros Estados asociados, que figura en el anexo de la Decisión 2003/564/CE de la Comisión, de 28 de julio de 2003, sobre la aplicación de la Directiva 72/166/CEE del Consejo relativa a los controles sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles.
– Como la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, no es aplicable ratione temporis al litigio principal,
– la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, en su versión modificada por la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, en su versión modificada por la Directiva 2005/14/CE, y la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE del Consejo, no son aplicables ratione materiae a dicho litigio y, por lo tanto,
– el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al no existir una aplicación del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de ésta, tampoco es aplicable al mencionado litigio,
las antedichas Directivas y el artículo 47 de la Carta deben interpretarse en el sentido de que, en el caso de autos, no se oponen a las consecuencias derivadas de la jurisprudencia del tribunal remitente según la cual, a efectos de la acción de repetición, incumbe al Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų viuras (Oficina lituana de seguros de vehículos automóviles) la carga de la prueba relativa al conjunto de los elementos que permiten demostrar la responsabilidad civil de los demandados en el litigio principal en relación con el accidente ocurrido el 20 de julio de 2006."
-CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. PAOLO MENGOZZI, présentées le 15 juin 2017, Affaire C‑181/16 (Gnandi): [demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (Belgique)] Renvoi préjudiciel – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Ordre de quitter le territoire – Délivrance dès le rejet de la demande d’asile et avant épuisement des voies de recours juridictionnelles.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 5, ainsi que les principes de non-refoulement et de protection juridictionnelle effective, inscrits respectivement à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent à l’adoption d’une décision de retour au titre de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive à l’égard d’un ressortissant de pays tiers qui a introduit une demande de protection internationale, au sens de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et qui, en application du droit de l’Union et/ou du droit national, est autorisé à rester dans l’État membre dans lequel il a introduit sa demande de protection internationale, pendant le délai du recours prévu à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2005/85 contre le rejet de cette demande et, lorsque ce recours a été introduit dans les délais, pendant l’examen de celui-ci. La directive 2008/115 ainsi que les principes de non-refoulement et de protection juridictionnelle effective ne s’opposent pas, en revanche, à ce qu’une telle décision de retour soit adoptée à l’égard d’un tel ressortissant après le rejet dudit recours, à moins que, en vertu du droit national, ce ressortissant ne soit autorisé à rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue définitive de la procédure d’asile."

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional


Sala Primera. Sentencia 50/2017, de 8 de mayo de 2017. Recurso de amparo 4853-2016. Promovido por don Vincent Labrune en relación con las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia de Eivissa en juicio ordinario de reclamación de cantidad. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento edictal llevado a efecto sin agotar las posibilidades de cooperación judicial en el seno de la Unión Europea.
ECLI:ES:TC:2017:50
Nota: En 2012 se interpuso demanda de reclamación de cantidad contra el solicitante de amparo, indicándose en el escrito un domicilio del demandado a efecto de notificaciones. Correspondió el conocimiento de la causa al JPI núm. 2 de Eivissa. L demanda fue admitida a trámite y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. El Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución de los Juzgados de Eivissa informó que, personados por dos veces en la indicada residencia, no se había encontrado a nadie con quien entender la notificación, dejando aviso en cada una de las ocasiones. A la diligencia se acompañaba la consulta domiciliara efectuada por el órgano a través del punto neutro judicial, del que se desprendía que, según la base de datos del Cuerpo Nacional de Policía, el domicilio del demandado se encontraba en la dirección indicada en el escrito de demanda. Con posterioridad, el servicio común remitió al Juzgado diligencia negativa de comunicación según la cual en el domicilio indicado 1 se habían dejado varios avisos en fechas y horarios diferentes y que no habían producido resultado alguno. A la vista de todo ello, el Juzgado ordenó emplazar al demandado por edictos, los cuales fueron fijados en el tablón de anuncios del órgano judicial. Al no comparecer el demandado al llamamiento edictal, fue declarado en rebeldía, acordándose como medida cautelar el embargo preventivo del inmueble. En mayo de 2014 se dictó Sentencia, estimando íntegramente la demanda, que se notificó al demandado a través del «Boletín Oficial de las Islas Baleares». Declarada la firmeza de la Sentencia, la parte actora interpuso demanda de ejecución, que se despachó por Auto de abril de 2015. La demanda de ejecución se intentó notificar por dos veces por el órgano judicial en el inmueble de la dirección del demandado, no teniendo éxito ninguna de las dos. Tras ello, localizado por el Juzgado un domicilio distinto del ejecutado, se intentó llevar a efecto en él la comunicación, sin resultado, por tratarse de una asesoría a la que el ejecutado había requerido sus servicios en el pasado. Ante ello, el Juzgado ordenó finalmente la notificación de la demanda ejecutiva, también por edictos.
Finalmente, el ejecutado se apercibió de la existencia del procedimiento cuando, con el propósito de vender el inmueble, recabó del Registro de la Propiedad la nota simple de la finca, conociendo que en ésta constaba el embargo trabado por el órgano judicial sobre aquélla. Entonces, compareció ante el JPI, tanto en los autos de juicio ordinario como en los de ejecución, donde se le tuvo por personado por diligencia de ordenación de abril de 2016 e interpuso incidente de nulidad de actuaciones por escrito de 9 de mayo, en el que alegaba haber padecido indefensión. El incidente de nulidad de actuaciones fue desestimado por Auto de junio de 2016, que consideró que el mecanismo procesal adecuado para denunciar las deficiencias en la notificación de la demanda no era el incidente, sino el procedimiento de rescisión de sentencias firmes dictadas en rebeldía, previsto en los arts. 501 ss. LEC. Por diligencia de ordenación de septiembre de 2016, dictada en el procedimiento ordinario, el Juzgado declaró firme el Auto de junio de 2016 y ordenó continuar la ejecución anteriormente suspendida.

Como se ha sostenido recientemente el TC (por todas, STC 6/2017, de 16 de enero, FJ 3), el derecho a la tutela judicial efectiva "implica que el órgano judicial tiene no sólo el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, sino también el de asegurarse de que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso. Ello comporta, en lo posible, la exigencia del emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero".
En este caso, el órgano judicial llevó a efecto el emplazamiento del demandado de forma deficiente, como fácilmente se desprende del art. 161.4 LEC entonces vigente. Este precepto ordena al Secretario Judicial –hoy, Letrado de la Administración de Justicia– utilizar «los medios oportunos» para averiguar el domicilio o residencia del demandado, «pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del artículo 155». Para las personas físicas, este último recoge como domicilios en que efectuar el emplazamiento «el que aparezca en el padrón municipal, el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente. También… el lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional». No obstante, el funcionario del servicio común, al llevar a cabo las diligencias de comunicación en la vivienda del recurrente en el proceso hoy objeto de amparo, cuando constató que en ella no se encontraba nadie no realizó ninguna indagación –no consta en las actas, al menos– sobre si aquélla constituía efectivamente su domicilio. Se omitió así, contraviniendo el especial deber de diligencia impuesto por el TC al respecto, una indagación legalmente exigida y directamente conducente a verificar la idoneidad de la notificación practicada y la localización del demandado. Con posterioridad, el Juzgado, si bien efectuó una consulta domiciliaria integral al punto neutro judicial, no agotó las posibilidades de localización y, por tanto, de notificación personal de la demanda a la parte demandada. En efecto, no puede estimarse dicha consulta, como único medio posible de investigación del paradero del demandado, que haga innecesaria una indagación in situ como la que ordena el art. 161.4 LEC, y que conduzca a una convicción razonable sobre la inutilidad de los medios personales de citación.
En segundo lugar, el órgano judicial, antes de recurrir a la notificación edictal, pudo emprender otras pesquisas que por el contenido de las actuaciones cabía considerar razonablemente a su alcance. Con independencia de que los distintos buscadores y redes sociales que obran en internet no constituyan un instrumento de investigación exigible a los órganos judiciales a los efectos de la localización del demandado en un proceso civil, en el presente caso no puede descartarse que la condición del demandado –presidente del Olympique de Marsella– podía haber facilitado su localización dirigiendo la notificación a la sede de dicho club de fútbol. Por añadidura, el órgano judicial bien pudo –y debió– exhortar al servicio común de actos de comunicación y ejecución de los Juzgados de Eivissa para que la diligencia de notificación realizada en el domicilio del demandado se efectuase con respeto escrupuloso de las exigencias legales hasta la fecha incumplidas, lo cual habría permitido al órgano judicial conocer que el recurrente no residía allí y que eran necesarias búsquedas adicionales. Además, de la demanda se deducía que la parte actora podía conocer más datos de identificación del demandado.
Por último, tampoco cabe descartar que el órgano judicial hubiera podido recabar de oficio, y sin perjuicio de las facultades decisorias del Notario autorizante al respecto derivadas del carácter secreto del protocolo, copia de la escritura pública de compraventa del inmueble, al menos en el extremo de la misma relativo al domicilio del demandante de amparo, dato éste de interés objetivo para la resolución del pleito (art. 17 LOPJ, art. 17 LN y art. 224 RN). Cualquiera de estas diligencias podía haber conducido a averiguar el domicilio real del recurrente en Francia y, una vez conocido éste, a la notificación de la demanda al mismo, con las garantías y a través de los mecanismos de cooperación judicial establecidos en el Reglamento (CE) 1393/2007, del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documento judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil. El órgano judicial, sin embargo, se limitó a la consulta al punto neutro judicial, que resultó manifiestamente insuficiente.

Por todo ello, el TC acuerda:
"Estimar la presente demanda de amparo interpuesta por don Vincent Labrune y en su virtud:
1.º Declarar que se ha vulnerado el derecho del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de prohibición de indefensión (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerle en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de todas las actuaciones habidas en el juicio ordinario núm. 1128-2012 y en el proceso de ejecución núm. 63-2015 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Eivissa, desde la diligencia de ordenación de 15 de abril de 2013 dictada en el primero de ellos.
3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dicha diligencia, a fin de que el Juzgado dicte otra resolución judicial respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante de amparo."

Bibliografía - Las autorizaciones judiciales para la materialización de expulsiones administrativas del artículo 57.7 LOEX


Las autorizaciones judiciales para la materialización de expulsiones administrativas del artículo 57.7 LOEX
Natividad PLASENCIA DOMÍNGUEZ, Fiscal Delegada de Extranjería, Fiscalía Provincial de Sevilla
Diario La Ley, Nº 9001, Sección Tribuna, 15 de Junio de 2017
La Jurisdicción Penal tiene un relevante papel en materia de control de legalidad de las medidas repatriativas previstas en la legislación de extranjería desde una triple perspectiva: de una parte, en cuanto la misma ejerce una función de tutela del derecho a la libertad mediante las autorizaciones para el internamiento cautelar de extranjeros sobre los que pesan dichas medidas en los denominados Centros de Internamientos de Extranjeros; en segundo término, en cuanto que corresponde al Juez de Instrucción el control de legalidad de la actividad administrativa que se desarrolla en los centros de internamiento y, finalmente, a través de las autorizaciones judiciales para materializar expulsiones administrativas de extranjeros sujetos a un procedimiento penal, como mecanismo de renuncia al ejercicio del ius puniendi. Analizados los dos primeros en el mi anterior artículo «Jurisdicción Penal y medidas repatriativas de extranjería» publicado en el número 8984 de Diario La Ley, el presente trabajo tiene por objeto el estudio del tercero de ellos.

Nota: Véase la entrada de este blog del día 22.5.2017.

Bibliografía - El pilar europeo de los derechos sociales


El pilar europeo de los derechos sociales: un mecanismo insuficiente para garantizar la dimensión social
José Luis MONEREO PÉREZ, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad de Granada), Juan Antonio FERNÁNDEZ BERNAT, Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad de Granada)
Diario La Ley, Nº 9001, Sección Tribuna, 15 de Junio de 2017
La Comisión Europea aprobó en el mes de abril del presente año una recomendación en la que se establecía un pilar europeo de los derechos sociales. A lo anterior se ha añadido una proclamación institucional del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de idéntico contenido. En principio, el establecimiento del pilar merece una valoración positiva, dado que implica volver a dar cierto protagonismo a la, un tanto olvidada, cuestión social europea y además puede contribuir a promocionar el acervo social existente. Sin embargo, a nuestro juicio, se trata de un mecanismo insuficiente y de alcance limitado en cuanto a la posibilidad de que pueda funcionar como contrapeso de las políticas, instrumentos y dispositivos que conforman la denominada como constitución económica.