miércoles, 26 de noviembre de 2014

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (26.11.2014)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 26 de noviembre de 2014, en los Asuntos acumulados C‑22/13, C‑61/13, C-62/13, C‑63/13 y C‑418/13 (Mascolo): Procedimiento prejudicial — Política social — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Contratos de trabajo de duración determinada sucesivos — Enseñanza — Sector público — Sustituciones para plazas vacantes a la espera de la conclusión de procesos selectivos — Cláusula 5, punto 1 — Medidas dirigidas a prevenir la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada — Concepto de “razones objetivas” que justifican tales contratos — Sanciones —Prohibición de transformación en relación de trabajo por tiempo indefinido — Inexistencia del derecho al resarcimiento de daños.
Fallo del Tribunal: "La cláusula 5, punto 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que autoriza, a la espera de que concluyan los procesos selectivos para la contratación de personal titular de las escuelas de titularidad estatal, la renovación de contratos de trabajo de duración determinada para cubrir plazas vacantes de docentes y de personal administrativo y de servicios, sin indicar plazos concretos para la conclusión de estos procesos selectivos y excluyendo toda posibilidad para estos docentes y para dicho personal de obtener la indemnización del perjuicio sufrido, en su caso, como consecuencia de tal renovación. En efecto, sin perjuicio de las comprobaciones que deberán efectuar los órganos jurisdiccionales remitentes, parece que, por una parte, no permite deducir criterios objetivos y transparentes para verificar si la renovación de dichos contratos responde efectivamente a una necesidad auténtica, si permite alcanzar el objetivo perseguido y si resulta indispensable al efecto y, por otra parte, no prevé ninguna otra medida dirigida a prevenir y sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada."

BOE de 26.11.2014


-Corrección de errores de la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas sobre los exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado.
Nota: Véase la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre,así como la entrada de este blog del día 15.11.2014.
-Orden HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a través de internet, y se modifican los modelos de declaración 184, 187, 188, 193 normal y simplificado, 194, 196, 198, 215 y 345; se simplifican las obligaciones de información previstas en relación con la comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas y se modifican otras normas tributarias.
Nota: Véase la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre.

lunes, 24 de noviembre de 2014

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-487/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 18 de septiembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense — España) — Vueling Airlines, S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia [Procedimiento prejudicial — Transporte aéreo — Normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Unión Europea — Reglamento (CE) no 1008/2008 — Libertad de fijación de precios — Facturación de equipaje — Suplemento de precio — Concepto de «tarifas aéreas» — Protección de los consumidores — Imposición de una multa al transportista por una cláusula contractual abusiva —
Normativa nacional según la cual el transporte del pasajero y la facturación del equipaje deben estar comprendidos en el precio base del billete de avión — Compatibilidad con el Derecho de la Unión]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 18.9.2014.
-Asunto C-101/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 2 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Alemania) — U/ Stadt Karlsruhe [Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) no 2252/2004 — Documento 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), parte 1 — Normas mínimas de seguridad de los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros — Pasaporte de lectura mecánica — Inclusión del apellido de nacimiento en la página de datos personales del pasaporte — Presentación del nombre sin riesgo de confusión]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 2.10.2014.
-Asunto C-436/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 1 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Reino Unido) — E/B [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) no 2201/2003 — Artículos 8, 12 y 15 — Competencia en materia de responsabilidad parental — Procedimiento relativo a la custodia de un menor que reside habitualmente en el Estado miembro de residencia de su madre — Prórroga de la competencia en favor de un órgano jurisdiccional del Estado miembro de residencia del padre de ese menor — Alcance]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 1.10.2014.
-Asunto C-549/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala novena) de 18 de septiembre de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Vergabekammer Arnsberg — Alemania) — Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund (Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Libre prestación de servicios — Restricciones — Directiva 96/71/CE — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios — Normativa nacional que impone a los licitadores y a sus
subcontratistas que se comprometan a pagar al personal que ejecute las prestaciones objeto del contrato público un salario mínimo — Subcontratista establecido en otro Estado miembro)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 18.9.2014.

Bibliografía (Artículo doctrinal) - La eficacia internacional de las medidas de protección en materia de violencia de género


La eficacia internacional de las medidas de protección en materia de violencia de género
Pilar BLANCO-MORALES LIMONES, Catedrática de Derecho Internacional Privado (Universidad de Extremadura), Miembro del Consejo Editorial de La Ley
Diario La Ley, Nº 8427, Sección Doctrina, 24 de Noviembre de 2014
LA LEY 8254/2014
La gravedad y la complejidad de los problemas que plantea la violencia de género se agudizan cuando las resoluciones judiciales que se adoptan para castigarla y prevenirla deben desplegar sus efectos en más de un Estado. En una sociedad marcada por los flujos migratorios y por la libre circulación de personas, el reconocimiento de efectos a las medidas de protección se afronta con un sistema jurídico arduo, complicado y en continua evolución, integrado por fuentes de diferente origen. La eficacia extraterritorial de las medidas de protección a las víctimas se confronta con las enormes dificultades que surgen de las diferencias entre los Ordenamientos Jurídicos en la regulación y tratamiento de la violencia de género.

Nota: Véase el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, y la entrada de este blog del día 6.6.2014.
Véase, igualmente, la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección, y la entrada de este blog del día 21.12.2011; la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la entrada de este blog del día 30.10.2014; y la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, y la entrada de este blog del día 21.11.2014.

Bibligorafía (Artículo doctrinal) - Jurisdicción universal, narcobarcos e interpretación de Convenios Internacionales


Narcobarcos e interpretación de Convenios Internacionales (La STS 592/2014, de 24 de julio)
Amparo MARTÍNEZ GUERRA, Doctora en Derecho penal
Diario La Ley, Nº 8427, Sección Tribuna, 24 de Noviembre de 2014
LA LEY 8253/2014
La apresurada modificación de la jurisdición universal por la LO 1/2014 ha puesto de manifesto los riesgos de las reformas ad hoc en materias tan sensibles para nuestro país como el tráfico de drogas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Dejando a un lado los efectos sobre los delitos de Derecho penal internacional, la nueva regulación supuso un fuerte varapalo en la persecución internacional del tráfico de drogas que el Tribunal Supremo se ha apresurado a corregir en su decisión 592/2014, de 24 de julio. Las divergencias interpretativas entre los Juzgados Centrales de Instrucción y el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por un lado, y el Tribunal Supremo por otro, ponen de manifiesto una vez más los problemas del Legislador para comprender el sentido y alcance de las disposiciones de los Convenios y Tratados Internacionales relativos a la persecución de delitos internacionales y transfronterizos.

Nota: Véase la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de 24 Julio 2014, (rec. 1205/2014). Véase, igualmente, la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, así como las entradas de este blog del día 14.3.2014, del día 28.7.2014, del día 1.8.2014, del día 1.10.2014 y del día 10.10.2014.

domingo, 23 de noviembre de 2014

Bibliografía (Revista de revistas) - Arbitraje - Revista de arbitraje comercial y de inversiones (2014, núm. 3)


Publicado un nuevo número de la revista Arbitraje - Revista de arbitraje comercial y de inversiones: vol. VII, 2014, núm. 3.

Estudios:
-Miguel VIRGÓS: La eficacia de la protección internacional de las inversiones extranjeras, pp. 655-677
-Bernardo CREMADES ROMÁN: Nuevas perspectivas de la protección de inversiones en América Latina: Análi-sis de la situación en Bolivia, 679-706
-Unai BELINTXON MARTIN: Jurisdicción / arbitraje en el transporte de mercancías por carretera: ¿comu-nitarización frente a internacionalización?, pp. 707-743

Varia:
-Hernando DÍAZ CANDIA: Viabilidad y operatividad práctica contemporánea del arbitraje tributario en Venezuela, pp. 745-767
-Horacio ANDALUZ VEGACENTENO: Retando el concepto de validez? La naturaleza jurídica del reconocimiento de laudos anulados, pp. 769-788
-Brian HADERSPOCK: Revisión de laudos arbitrales en Bolivia: una propuesta plausible, pp. 789-799
-Seguimundo NAVARRO: Cuestiones relativas al third party funding en arbitraje, pp. 801-805

Práctica arbitral:
-Francisco RUIZ RISUEÑO: Árbitros e instituciones arbitrales: la ética como exigencia irrenunciable de la actuación arbitral, pp. 807-833

Textos legales (pp. 835-852)
Textos de la práctica arbitral (pp. 833-860)
Jurisprudencia (pp. 861-930)
Resoluciones (pp. 931-934)
Noticias (pp. 935-944)
Bibliografía (pp. 945-949)
Revista de Revistas (pp. 951-958)

Revista de revistas (16 a 23 de noviembre)


-Jus - Juristische Schulung: 2014, núm. 11.

sábado, 22 de noviembre de 2014

BOE de 22.11.2014


-Cuestión de inconstitucionalidad n.º 929-2014, en relación con el artículo 8.2 de la Ley 10/2012, en la redacción dada por el artículo 1.9 del Real Decreto-ley 3/2013, y del artículo 7 apartados 1 y 2 de la Ley 10/2012, en la redacción dada por los apartados 6,7 y 8 del artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2013, por posible vulneración de los artículos 9.2, 14, 24.1 y 31.1 de la CE.
Nota: Planteado, y admitido a trámite, nuevo examen de la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (véase la entrada de este blog del día 21.11.2012), modificados mediante el art. 1 del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita (véase la entrada de este blog del día 23.2.2104).
-Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.
Nota: En la exposición de motivos se afirma que esta norma dispone la homologación de un título extranjero a un título universitario español que dé acceso a una profesión regulada en España y, para el resto de supuestos, se establece la posibilidad de obtener la equivalencia a un nivel académico y a la titulación correspondiente a un área y campo específico en los que pueden agruparse los diferentes títulos universitarios. La homologación, reservada exclusivamente para el caso de títulos habilitantes para el ejercicio de profesiones reguladas, se realizará tomando en consideración la normativa por las que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones correspondientes (se recogen en el anexo I). Para la determinación de la equivalencia del título extranjero a titulación, se ha considerado importante contar con un sistema de referencias que cumpla en la medida de lo posible los siguientes requisitos: ser compatible con la normativa española y al mismo tiempo, reconocido y compartido internacionalmente; adaptarse a los diversos contextos de educación superior; y dar lugar a una adscripción clara y objetiva por parte de la titulación de origen al ámbito disciplinar de pertenencia. Así pues, esta norma regula, por un lado, la homologación, la equivalencia a titulación y a nivel académico, así como determinados aspectos de la convalidación de períodos de estudios extranjeros de educación superior por los correspondientes españoles de enseñanzas universitarias, de acuerdo con la nueva estructura de formación universitaria. Por otro lado, establece un procedimiento que permita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinar el nivel MECES al que corresponde cada título universitario de los anteriores a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior.

Se deroga el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.

viernes, 21 de noviembre de 2014

BOE de 21.11.2014


-Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
Nota: Por fin nos llega la Ley que tendría que haber sido publicada, al menos, el 30 de octubre pasado, junto con la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a la que, como su mismo título, complementa (véase la entrada de este blog del día 30.10.2014). De todas formas, la situación es bastante curiosa. La LO 6/2014 entró en vigor este miércoles, día 19, a los veinte días de su publicación en el BOE (disposición final única), por lo que hace dos días que está en vigor una norma que complementa a otra --y que modifica la LOPJ-- que todavía no ha entrado en vigor. Pero ahora viene lo mejor, esta norma complementada --la Ley 23/2014, que hoy se publica-- entrará en vigor el día 11 de diciembre --a los veinte días de su publicación en el BOE (disposición final cuarta)--, con lo que la LO 6/2014 habrá estado en vigor 23 días antes de que lo haga la ley a la que complementa. Me reservo este caso para explicar en clase a mis alumnos de la asignatura Nociones Básicas de Derecho, de primer curso del Grado de Derecho, como ejemplo perverso de la técnica legislativa que nos gastamos en este país.

Tras esta obligada introducción, vayamos ahora al contenido de la Ley 23/2014. Me limitaré a seguir el resumen que proporciona la exposición de motivos. Solamente espero que se corresponda con lo realmente aprobado, porque no es la primera vez que se mantiene la exposición de motivos del proyecto de ley después de que el articulado haya sido modificado durante la tramitación parlamentaria, produciéndose un sonoro desajuste entre exposición de motivos y contenido real de la norma.

El Título preliminar contiene las disposiciones básicas que conforman el régimen jurídico del reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE. La Ley enumera cuáles son esas resoluciones judiciales que luego regula, establece el respeto a los derechos y libertades fundamentales como criterio principal de actuación, la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia, así como qué ha de entenderse por Estado de emisión y de ejecución.

El Título I contiene las normas generales de la transmisión y del reconocimiento y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo en la UE. Se reconocen las características básicas del nuevo sistema de cooperación judicial basado en el reconocimiento mutuo. Sus artículos contienen las reglas comunes que rigen tanto la transmisión de las órdenes europeas y resoluciones judiciales a otros Estados miembros, como su ejecución en España, los motivos generales de denegación del reconocimiento y la ejecución, y las normas sobre recursos, gastos e indemnizaciones y reembolsos, entre otras. Especial relevancia tiene el listado de categorías delictivas a las que no será de aplicación el principio de doble tipificación. La importancia de estos preceptos de aplicación al conjunto de instrumentos de reconocimiento mutuo se pone de manifiesto por su contenido, que comprende cuestiones como las notificaciones, traducciones, régimen de recursos, supuestos comunes de suspensión o de denegación de la ejecución de una resolución transmitida en nuestro país, entre otros.

El Título II se dedica a la orden europea de detención y entrega, cuyas normas no sólo siguen lo que hasta ahora ha regulado la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega, sino que también se ha llevado a cabo su puesta al día, en atención a la experiencia ya acumulada en esta materia. Se refuerzan las garantías jurídicas, en especial con la introducción del criterio de la proporcionalidad, algunas mejoras de técnica normativa y otras modificaciones que persiguen mejorar la aplicación práctica de la norma.

El Título III tiene por objeto las resoluciones para el cumplimiento de penas o medidas privativas de libertad. A través de estos preceptos se incorpora una decisión marco no transpuesta hasta ahora, que permite que una resolución condenatoria dictada en un Estado miembro sea ejecutada en otro Estado miembro, con el fin de facilitar así la reinserción social del condenado.

El Título IV contiene las normas de la llamada resolución de libertad vigilada, que establecen el régimen de la transmisión y ejecución de resoluciones adoptadas en el marco de medidas consecutivas a la condena. Este título contiene tanto el procedimiento por el que las autoridades judiciales españolas pueden transmitir una resolución por la que se imponga una medida de libertad vigilada o una pena sustitutiva, como el procedimiento de ejecución de dichas resoluciones en España cuando hayan sido dictadas en otros Estados miembros.

El Título V está dedicado a la resolución sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional, que permite que un Estado distinto al que impuso la medida de vigilancia pueda supervisar su cumplimiento cuando así le sea solicitado y siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos.

El Título VI regula la transmisión y ejecución en otro Estado miembro de una orden europea de protección. Esta orden es una resolución penal que puede adoptar la autoridad competente de cualquier Estado miembro en relación con una medida de protección previamente adoptada en ese Estado, por la que se faculta a la autoridad competente de otro Estado miembro para adoptar las medidas oportunas a favor de las víctimas o posibles víctimas de delitos que se encuentren en peligro, cuando se hayan desplazado a su territorio. Se permite así que las medidas de protección adoptadas a favor de una víctima la acompañen en cualquier lugar de la UE al que se desplace. Por su parte, el causante de este peligro también tendrá que enfrentarse con las consecuencias del incumplimiento de esta orden europea.

El Título VII establece el régimen de reconocimiento de la resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas. Mediante este mecanismo se transmitirán por las autoridades judiciales españolas las medidas de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas acordadas en procedimientos penales a otros Estados miembros en los que puedan encontrarse los objetos, datos o documentos objeto de la medida. Igualmente se determina la forma en la que las autoridades judiciales españolas van a reconocer y cumplir tales resoluciones cuando provengan de una autoridad judicial de otro Estado miembro. El concepto de medida de aseguramiento aplicada a este instrumento comprende las medidas que afectan a aquellos bienes del procesado que sean suficientes para cubrir su responsabilidad pecuniaria.

El Título VIII se destina a prever el régimen de la resolución de decomiso e incorpora, con algunas adaptaciones, el contenido presente en la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la UE de resoluciones judiciales de decomiso. Se regula el procedimiento a través del cual se van a transmitir, por parte de las autoridades judiciales españolas, aquellas sentencias firmes por las que se imponga un decomiso, a otros Estados miembros de la UE, y establece el modo en el que las autoridades judiciales españolas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando le sean transmitidas por otro Estado miembro. Quedan fuera de esta ley los supuestos de restitución de bienes a sus legítimos propietarios.

El Título IX tiene por objeto regular la resolución por la que se exige el pago de una sanción pecuniaria, incorporando con leves modificaciones el contenido de la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la UE de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias. Estas normas determinan el procedimiento a través del cual se van a transmitir, por parte de las autoridades judiciales españolas, aquellas resoluciones firmes por las que se exija el pago de una sanción pecuniaria a una persona física o jurídica como consecuencia de la comisión de una infracción penal, a otros Estados miembros de la UE en los que esa persona posea propiedades, obtenga ingresos o tenga su residencia habitual. Igualmente, se regula el procedimiento mediante el cual las autoridades judiciales españolas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando les sean transmitidas por otro Estado miembro y el condenado tenga esas propiedades, ingresos o residencia en nuestro país.

Por último, el título X regula el exhorto europeo de obtención de pruebas que incorpora una nueva decisión marco al regular las normas sobre la transmisión y ejecución de aquella resolución que las autoridades españolas pueden enviar o recibir de otro Estado miembro con objeto de recabar objetos, documentos y datos para su uso en un proceso penal. El exhorto europeo de obtención de pruebas podrá referirse también a procedimientos incoados por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la UE por la comisión de hechos tipificados como infracciones administrativas en su ordenamiento, cuando la decisión pueda dar lugar a un proceso ante un órgano jurisdiccional en el orden penal. No así en el caso de las infracciones administrativas cometidas en España, pues en nuestro derecho las autoridades administrativas competentes no se encuentran en la situación prevista en la norma europea, puesto que sus resoluciones son recurribles en vía contencioso-administrativa y no en vía penal; lo que ha impedido su inclusión dentro de este mecanismo de cooperación.

La ley se cierra con unos anexos en los que se contienen los modelos de los formularios y los certificados a través de los cuales se efectúan las comunicaciones entre autoridades judiciales en la UE. Son formularios y certificados idénticos en todos los países, por lo que son perfectamente comprensibles a partir del modelo traducido a cada lengua, dotando a esa relación de mayor agilidad y seguridad jurídica.

En la disposición derogatoria única se procede a la derogación de la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega, la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, la Ley 1/2008, de 4 de diciembre, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias y la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.

La Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE (disposición final cuarta).

Véase el proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes Generales, así como la entrada de este blog del día 21.3.2014.
-Acuerdo administrativo entre el Ministerio de Sanidad y Consumo de España y el Ministerio de Sanidad, Juventud y Deportes de Francia relativo a las modalidades de aplicación del Acuerdo Marco entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación sanitaria transfronteriza, hecho en Angers el 9 de septiembre de 2008.
Nota: Este Acuerdo Administrativo entrará en vigor el 1.12.2014, fecha de entrada en vigor del Acuerdo Marco entre el Reino de España y la República Francesa (véase la referencia siguiente de esta misma entrada).
-Acuerdo Marco entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación sanitaria transfronteriza, hecho en Zaragoza el 27 de junio de 2008.
Nota: Este Acuerdo entrará en vigor el 1.12.2014. Véase la referencia anterior de esta misma entrada.

jueves, 20 de noviembre de 2014

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (20.11.2014)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 20 de noviembre de 2014, en el Asunto C‑310/13 (Novo Nordisk Pharma): Procedimiento prejudicial — Directiva 85/374/CEE — Protección de los consumidores — Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos — Ámbito de aplicación material de la Directiva — Regímenes especiales de responsabilidad existentes en la fecha de notificación de la Directiva — Admisibilidad de un régimen nacional de responsabilidad que permite la obtención de información sobre los efectos secundarios de los productos farmacéuticos.
Fallo del Tribunal: "La Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, en su versión modificada por la Directiva 1999/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 1999, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece un régimen especial de responsabilidad en el sentido del artículo 13 de la Directiva que dispone, a raíz de la modificación de dicha normativa introducida después de la fecha de notificación de esa Directiva al Estado miembro afectado, que el consumidor tiene derecho a reclamar al fabricante del producto farmacéutico información sobre los efectos secundarios de ese producto."

Bibliografía (Artículo doctrinal) - La adopción internacional en la Convención de los derechos del niño y en el derecho español


El tratamiento de la adopción internacional en la Convención de los derechos del niño y el derecho español
Jesús A. Messía de la Cerda Ballesteros, Profesor Titular (Universidad Rey Juan Carlos)
LA LEY Derecho de familia, 14 de Noviembre de 2014, Editorial LA LEY
Se han cumplido el pasado 20 de noviembre 25 años de la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989. Este instrumento internacional forma parte de nuestro derecho interno, para lo que se procedió a la adaptación de nuestra normativa sobre menores, entre otras, la relativa a la adopción internacional. Así, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, acoge la regulación sobre esta materia mediante la asunción de aquella Convención, así como de otros convenios. En este trabajo analizaremos la normativa, así como la reforma propuesta, y su adecuación a los instrumentos internacionales referidos, a la luz de los problemas y deficiencias detectados en los procedimientos de adopción.

BOE de 20.11.2014


-Ley 11/2014 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.
Nota: En relación con su ámbito de aplicación, el art. 3.1 determina que "se aplica, en el ámbito territorial de Cataluña, a cualquier persona, física o jurídica, de derecho público o privado, independientemente de la situación administrativa o personal en la que se encuentre, sin perjuicio de lo establecido por la legislación en materia de extranjería, los tratados internacionales aplicables y el resto de legislación vigente".
-Ley 9/2014 de la Comunidad Autónoma de Aragón, de 23 de octubre, de Apoyo a las Familias de Aragón.
Nota: Por lo que se refiere a su ámbito de aplicación, el art. 2 establece que, con carácter general, la ley será de aplicación a las familias empadronadas en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
-Ley 8/2014 de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.
Nota: Esta norma se aplica a todas las personas con residencia efectiva en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tengan la condición de personas transexuales de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.2 (art. 2.1).
-Ley 9/2014 de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.
Nota: En esta norma cabe destacar el art. 8, núms. 9 a 12, por el que se modifican los arts. 89 a 106 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
En el nuevo art. 93.2 se establece que "las operaciones relativas a la deuda de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se realizarán en los mercados financieros conforme a las normas, reglas, técnicas, condiciones y cláusulas usuales en tales mercados, pudiendo acordar el sometimiento a arbitraje o la remisión a una legislación o tribunales extranjeros, siempre que se observe lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley [prerrogativas de las obligaciones de la Hacienda Pública canaria]".
El nuevo art. 99.5, en el que se regula la prescripción de la obligación de pagar los intereses de la deuda de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se establece que "lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio del régimen de prescripción que resulte aplicable a las operaciones de deuda en las que se acuerde la remisión a una legislación extranjera".
El nuevo art. 104.2.b) establece, en relación con los avales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para afianzar las obligaciones derivadas de operaciones de crédito concertadas en el interior o en el exterior, que, de forma excepcional, en los avales que garanticen operaciones de crédito exterior, se puede establecer el sometimiento a arbitraje o la remisión a una legislación o tribunales extranjeros, siempre que se observe lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley.
-Orden ECD/2166/2014, de 14 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y su distribución entre las tres modalidades de reproducción referidas legalmente.
Nota: Véase el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, así como la entrada de este blog del día 8.12.2012.
-Orden PRE/2167/2014, de 11 de noviembre, por la que se crea y regula la composición y funcionamiento del Punto Nacional de Contacto para la puesta en práctica de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para empresas multinacionales.
Nota: En la exposición de motivos de la norma se afirma que las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales. En ellas se enuncian principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable compatible con las legislaciones aplicables y las normas internacionalmente admitidas. Tiene por objetivo garantizar que las actividades de esas empresas se desarrollan en armonía con las políticas públicas, fortalecer la base de confianza mutua entre las empresas y las sociedades en las que desarrollan su actividad, así como contribuir a mejorar el clima para la inversión extranjera y potenciar la contribución de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible.
Los gobiernos que han suscrito las Líneas Directrices se comprometen a ponerlas en práctica y promover su uso. Para ello deben establecer Puntos Nacionales de Contacto que promuevan las Líneas Directrices y que actúen como un foro de discusión de todos los asuntos relacionados con las mismas. Precisamente, el objeto de esta norma es crear el Punto Nacional de Contacto para la puesta en práctica de las Líneas Directrices, así como la regulación de su composición y funcionamiento (art. 1).

martes, 18 de noviembre de 2014

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (18.11.2014)


-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. YVES BOT, presentadas el 18 de noviembre de 2014, en el Asunto C‑146/13 (España/Parlamento y Consejo): Recurso de anulación — Aplicación de una cooperación reforzada — Creación de protección unitaria mediante patente — Reglamento (UE) nº 1257/2012 — Control jurisdiccional efectivo — Falta de base legal — Desviación de poder — Principios de autonomía y uniformidad — Control de legalidad — Aplicación del Derecho de la Unión.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que falle el recurso en el siguiente sentido:
"1) Desestime el recurso.
2) Condene al Reino de España a cargar con sus propias costas. El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y las partes coadyuvantes cargarán con sus propias costas."

Nota 2: España solicita en su recurso la anulación del Reglamento (UE) nº 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, adoptado a raíz de la Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria. Este Reglamento forma parte del «paquete patente unitaria» junto con el Reglamento (UE) nº 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción, y el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes, firmado el 19 de febrero de 2013.
Véase la entrada de este blog del día 31.12.2012, del día 22.3.2011 y del día 20.6.2013.
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. YVES BOT, presentadas el 18 de noviembre de 2014, en el Asunto C‑147/13 (España/Consejo): Recurso de anulación — Establecimiento de una cooperación reforzada — Creación de protección mediante una patente unitaria — Reglamento (UE) nº 1260/2012 — Disposiciones sobre traducción — Principio de no discriminación — Delegación de facultades a órganos ajenos a la Unión — Elección de la base jurídica — Desviación de poder — Principio de autonomía del Derecho de la Unión.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que falle el recurso en el siguiente sentido:
"1) Desestime el recurso.
2) Condene al Reino de España al pago de sus propias costas. El Consejo de la Unión Europea y las partes coadyuvantes cargarán con sus propias costas."

Nota 2: En su recurso, España solicita la anulación del Reglamento (UE) nº 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción, adoptado a raíz de la Decisión 2011/167/UE del Consejo, de 10 de marzo de 2011, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria. Este Reglamento forma parte del «paquete patente unitaria» junto con el Reglamento (UE) nº 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente, y el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes, firmado el 19 de febrero de 2013.
Véase la entrada de este blog del día 31.12.2012, del día 22.3.2011 y del día 20.6.2013.
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PAOLO MENGOZZI, presentadas el 18 de diciembre de 2014, en el Asunto C‑559/13 (Grünewald): [petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania)] Libre circulación de capitales — Fiscalidad directa — Impuesto sobre la renta — Deducibilidad de las rentas abonadas a un progenitor en el contexto de una herencia anticipada — Exclusión para los sujetos pasivos no residentes.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que permite al contribuyente residente, pero no al que no es residente, deducir las rentas alimenticias privadas abonadas en el contexto de la transmisión, en concepto de herencia anticipada, de un elemento patrimonial situado en ese Estado y que genera un rendimiento, siempre que el compromiso de pagar esas rentas se derive de la transmisión de dicho elemento patrimonial, aunque dicha normativa establezca, en correlación con esa deducción, una obligación tributaria equivalente a cargo del beneficiario de esas rentas que sea sujeto pasivo por obligación personal en dicho Estado."

DOUE de 18.11.2014


Corrección de errores de la Decisión 2014/252/UE del Consejo, de 14 de abril de 2014, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Turquía sobre readmisión de residentes ilegales.
Nota: Véase la Decisión 2014/252/UE del Consejo, de 14 de abril de 2014, así como la entrada de este blog del día 7.5.2014.

Bibliografía (Artículo doctrinal) - El Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro


El Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro: autonomía privada y competencia judicial internacional
Francisco GARCIMARTÍN, Catedrático de Derecho Internacional Privado (Universidad Autónoma de Madrid)
Diario La Ley, Nº 8423, Sección Doctrina, 18 de Noviembre de 2014
LA LEY 8176/2014
La Unión Europea ha iniciado el proceso para la ratificación del Convenio de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro. Una vez que se lleve a cabo esta ratificación, el Convenio entrará en vigor a los tres meses siguientes, presumiblemente a lo largo del primer trimestre del próximo año. El objeto de este trabajo es analizar los elementos principales de este texto, aclarar su relación con el Regl. 1215/2012 («Bruselas I bis») y valorar su relevancia práctica.

Nota: Véase la Decisión del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la firma en nombre de la Comunidad Europea del Convenio sobre acuerdos de elección de foro, así como la entrada de este blog del día 29.5.2009.

BOE de 18.11.2014


-Corrección de errores de la Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.
Nota: Véase la Resolución de 17 de octubre de 2014, así como la entrada de este blog del día 24.10.2014.
-Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código 071 "Controles oficiales de las importaciones de determinados alimentos de origen no animal".
Nota: En esta resolución se establece el procedimiento para la liquidación y pago por vía telemática de la tasa por controles oficiales de las importaciones de determinados alimentos de origen no animal, gestionada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.