lunes, 19 de octubre de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS


- Asunto C-205/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) el 8 de mayo de 2020 — NE / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld.

Cuestiones planteadas:
"1. ¿Es el requisito de la proporcionalidad de las sanciones establecido en el artículo 20 de la Directiva 2014/67/UE e interpretado en los autos dictados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18) y Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 y C-494/19) una disposición de la Directiva directamente aplicable?
2. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
¿Permite y exige la interpretación del Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión que los órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas de los Estados miembros completen las disposiciones sancionadoras nacionales aplicables en el presente asunto con los criterios de proporcionalidad establecidos en los autos dictados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18) y Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 y C-494/19) sin necesidad de que medie la adopción de una nueva disposición nacional?"

- Asunto C-296/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 3 de julio de 2020 — Commerzbank AG / E.O.

Cuestiones planteadas:
"1. ¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 1, letra c), del Convenio de Lugano II en el sentido de que el «ejercicio» de actividades comerciales o profesionales en el Estado vinculado por el Convenio del domicilio del consumidor presupone que ya en el momento de la preparación y de la celebración del contrato existe una actividad transfronteriza realizada por el cocontratante del consumidor, o dicha disposición se aplica también, a fin de determinar el tribunal competente para conocer del litigio, si, en el momento de la celebración del contrato, las partes contratantes estaban domiciliadas en el sentido de los artículos 59 y 60 del Convenio de Lugano II en el mismo Estado vinculado por el Convenio y el componente extranjero de la relación jurídica ha surgido solo a posteriori al haber trasladado el consumidor su domicilio a otro Estado vinculado por el Convenio?
2. En caso de que no sea necesaria la actividad transfronteriza en el momento de la celebración del contrato:
¿Excluye con carácter general el artículo 15, apartado 1, letra c), del Convenio de Lugano II, en relación con el artículo 16, apartado 2, del mismo Convenio, que el tribunal competente sea determinado con arreglo al artículo 5, punto 1, del referido Convenio, si el consumidor, tras la celebración del contrato y antes de la interposición de la demanda, se ha trasladado a otro Estado vinculado por el Convenio, o es necesario además que el cocontratante del consumidor ejerza su actividad profesional o comercial también en el nuevo Estado del domicilio o la dirija hacia dicho Estado y que el contrato esté comprendido en el marco de esa actividad?"

- Asunto C-317/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Mainz (Alemania) el 16 de julio de 2020 — KX / PY GmbH.

Cuestión planteada: "¿Debe interpretarse el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en el sentido de que, además de regular la competencia internacional, dicha disposición también establece una norma que el tribunal que conoce del asunto debe observar sobre la competencia territorial de los tribunales nacionales en materia de contratos de viaje si tanto el consumidor (viajero) como la otra parte contratante (organizadora de viajes) tienen su domicilio en el mismo Estado miembro pero el destino del viaje no se encuentra en ese Estado miembro sino en el extranjero («supuesto interno impropio»), con la consecuencia de que el consumidor pueda reclamar a la organizadora de viajes derechos contractuales ante el tribunal de su domicilio, complementándose así las normas nacionales vigentes en materia de competencia?"

- Asunto C-355/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 30 de julio de 2020 — Bundesrepublik Deutschland / BL, BC.

Cuestiones planteadas:
"1. a) En caso de reagrupación con un refugiado menor no acompañado en el sentido de los artículos 10, apartado 3, letra a), y 2, letra f), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, ¿puede considerarse una «condición» a efectos del artículo 16, apartado 1, letra a), de dicha Directiva la circunstancia de que dicho refugiado siga siendo menor de edad? ¿Es compatible con las mencionadas disposiciones una norma de un Estado miembro que concede a los progenitores que se reúnen con un refugiado menor no acompañado en el sentido del artículo 2, letra f), de la Directiva 2003/86/CE un derecho de residencia (derivado) en dicho Estado miembro solamente mientras dure la minoría de edad del refugiado?
b) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a): ¿Debe interpretarse el artículo 16, apartado 1, letra a), en relación con los artículos 10, apartado 3, letra a), y 2, letra f), de la Directiva 2003/86/CE en el sentido de que permite a un Estado miembro, cuya legislación limita el derecho de residencia (derivado) de los progenitores hasta el momento en que el menor alcance la mayoría de edad, denegar una solicitud de entrada y residencia con fines de reagrupación familiar a los progenitores que aún se encuentren en el tercer país en caso de que el refugiado alcance la mayoría de edad antes de que recaiga la resolución definitiva en el procedimiento administrativo o judicial relativo a la solicitud presentada en los tres meses siguientes al reconocimiento de la condición de refugiado?
2. En caso de que, en respuesta a la primera cuestión, no se permita denegar la reagrupación familiar:
¿Qué requisitos deben imponerse a la vida familiar efectiva a efectos del artículo 16, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/86/CE en caso de reagrupación de los progenitores con un refugiado que ha alcanzado la mayoría de edad antes de que se resuelva la solicitud de entrada y residencia con fines de reagrupación familiar? En particular:
a) ¿Basta el parentesco en línea directa ascendente de primer grado [artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86/CE] o se exige también una vida familiar efectiva?
b) En caso de que también sea necesaria una vida familiar efectiva: ¿Qué grado de intensidad ha de tener esta? ¿Son suficientes, por ejemplo, visitas ocasionales o periódicas o es precisa la convivencia bajo un mismo techo, o se requiere, además, una comunidad de asistencia mutua en la que sus miembros dependan unos de otros?
c) ¿Para que los progenitores que se hallen aún en el tercer país y presenten una solicitud de reagrupación familiar con un hijo a quien se ha reconocido la condición de refugiado y que, entretanto, ha alcanzado la mayoría de edad puedan reunirse con este, debe presuponerse que, tras la entrada en el Estado miembro, va a establecerse (o reanudarse) la vida familiar de la forma exigida en la letra b) anterior?"

- Asunto C-368/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) el 5 de agosto de 2020 — NW / Landespolizeidirektion Steiermark.

Cuestiones planteadas:
"1. ¿Se opone el Derecho de la Unión a una legislación nacional en virtud de la cual, mediante una concatenación de reglamentos nacionales, se acumulan una serie de prórrogas, de modo que se posibilita el restablecimiento de los controles fronterizos más allá del plazo de dos años que, como limitación temporal, establecen los artículos 25 y 29 del Reglamento (UE) 2016/399, todo ello sin la correspondiente decisión de ejecución del Consejo con arreglo al artículo 29 de dicho Reglamento?
2. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
¿Debe interpretarse el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión establecido en el artículo 21 TFUE, apartado 1, y en el artículo 45, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en particular a la luz del principio de ausencia de inspecciones fronterizas de las personas en las fronteras interiores, consagrado en el artículo 22 del Reglamento 2016/399, en el sentido de que comprende el derecho a no verse sometido a inspecciones fronterizas de las personas en las fronteras interiores, sin perjuicio de las condiciones y excepciones establecidas en los Tratados y, en particular, en dicho Reglamento?"

- Asunto C-369/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) el 5 de agosto de 2020 — NW / Bezirkshauptmannschaft Leibnitz.

Cuestiones planteadas:
"1) ¿Se opone el Derecho de la Unión a una legislación nacional en virtud de la cual, mediante una concatenación de reglamentos nacionales, se acumulan una serie de prórrogas, de modo que se posibilita el restablecimiento de los controles fronterizos más allá del plazo de dos años que, como limitación temporal, establecen los artículos 25 y 29 del Reglamento (UE) 2016/399, todo ello sin la correspondiente decisión de ejecución del Consejo con arreglo al artículo 29 de dicho Reglamento?
2) ¿Debe interpretarse el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión establecido en el artículo 21 TFUE, apartado 1, y en el artículo 45, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular a la luz del principio de ausencia de inspecciones fronterizas de las personas en las fronteras interiores, consagrado en el artículo 22 del Reglamento 2016/399, en el sentido de que comprende el derecho a no verse sometido a inspecciones fronterizas de las personas en las fronteras interiores, sin perjuicio de las condiciones y excepciones establecidas en los Tratados y, en particular, en dicho Reglamento?
3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:
A la luz del efecto útil del derecho a la libre circulación, ¿deben interpretarse el artículo 21 TFUE, apartado 1, y el artículo 45, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que se oponen a la aplicación de una norma nacional que obliga a una persona, bajo apercibimiento de una sanción administrativa, a exhibir un pasaporte o documento nacional de identidad en caso de entrada a través de una frontera interior aun cuando el control específico en las fronteras interiores sea contrario al Derecho de la Unión?"

- Asunto C-375/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação de Coimbra (Portugal) el 10 de agosto de 2020 — Liberty Seguros, SA / DR.

Cuestión planteada: "¿Se opone el Derecho [de la Unión], y en particular la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, a una normativa nacional que permite oponer a los terceros perjudicados y al Fundo de Garantia Automóvel la nulidad de un contrato de seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles cuando dicha nulidad se derive de la circunstancia de que el tomador del seguro ha destinado el vehículo asegurado al transporte remunerado, clandestino e ilegal de personas y mercancías, y ha ocultado tal finalidad a la entidad aseguradora? ¿La respuesta sería la misma incluso en caso de que los pasajeros fueran conocedores de la clandestinidad e ilicitud del transporte?"

- Asunto C-379/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 11 de agosto de 2020 — B / Udlændingenævnet.

Cuestión planteada: "¿Se opone el artículo 13 de la Decisión n.o 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, que está vinculada al Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado el 12 de septiembre de 1963 en Ankara por la República de Turquía, por una parte, y por los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y que fue celebrado, aprobado y confirmado en nombre de esta mediante la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963, a la introducción y aplicación de una nueva medida nacional con arreglo a la cual la reagrupación familiar entre un nacional turco económicamente activo que reside legalmente en el Estado miembro de que se trata y su hijo de 15 años de edad queda supeditada a la condición de que dicha reagrupación esté justificada por razones muy específicas, entre ellas las consideraciones de la unidad familiar y del interés superior del menor?"

[DOUE C348, de 19.10.2020]

DOUE de 19.10.2020


- Conclusiones del Consejo sobre el Informe anual de Eurojust 2019. 

Nota: El Reglamento (UE) 2018/1727 sobre Eurojust entró en vigor el 12 de diciembre de 2019 y Eurojust se haya convertido oficialmente en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal. Los significativos cambios en la estructura de gobierno, la política de relaciones exteriores y el régimen de protección de datos de Eurojust han contribuido a hacer de ella una organización más eficiente y moderna, y le han permitido centrarse en mayor medida en el trabajo operativo. El Consejo destaca la importancia de optimizar el proceso de toma de decisiones de Eurojust y de confiar al nuevo Consejo Ejecutivo la preparación o adopción de decisiones no operativas. Asimismo, acoge con satisfacción la función fortalecida del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en cuanto al escrutinio democrático de las actividades de Eurojust, que refleja la importancia de la legitimidad democrática de la UE.
Eurojust ha aplicado los cambios organizativos mencionados sin dejar de atender a la demanda cada vez mayor de apoyo operativo por parte de los Estados miembros. El año pasado, el apoyo de Eurojust contribuyó a la detención de unos 2700 sospechosos, la incautación o el embargo preventivo de 2000 millones de euros en activos de procedencia delictiva y la interrupción de operaciones de narcotráfico por valor de 2700 millones de euros. El Consejo alienta a Eurojust a seguir adaptando su apoyo operativo a la evolución de las necesidades de los fiscales y los jueces nacionales.

[DOUE C347, de 19.10.2020]

Bibliografía - El recurso de casación autonómico tras las sentencias del Tribunal Constitucional 98/2020 y 99/2020

 

- El recurso de casación autonómico tras las sentencias del Tribunal Constitucional 98/2020 y 99/2020
Blanca Lozano Cutanda, Catedrática de Derecho Administrativo, Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo; Ander de Blas Galbete, Of counsel del Área de Público de Gómez-Acebo & Pombo
Diario La Ley, Nº 9718, Sección Tribuna, 19 de Octubre de 2020

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el controvertido recurso de casación autonómico y las distintas interpretaciones mantenidas por los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas sobre su viabilidad y alcance en las recientes sentencias 98/2020 y 99/2020.

Nota: Véase la sentencia del TC núm. 98/2020, de 22 de julio de 2020, en el recurso de amparo 4834-2018, así como la sentencia del TC núm. 99/2020, de 22 de julio de 2020, en el recurso de amparo 5905-2018.

domingo, 18 de octubre de 2020

Bibliografía - Novedad editorial


Acaba de publicarse la obra colectiva "Coherence of the Scope of Application of EU Private International Legal Instruments", dirigida por Joaquim Forner Dalygua y Alfredo Santos y publicada en la editorial Schulthess.
La obra se ha elaborado en el marco del Proyecto DER2016-75318-P, Recíproco encaje y coherencia de los ámbitos de los Reglamentos comunitarios de Derecho Internacional Privado, del Plan Estatal de Investigacíon Científica y Técnica y de Innovacíon 2013-2016 del Ministerio de Economía y Competitividad.

The publication gathers some studies written from the perspective of what is currently known as the coherence or consistency of EU Private International Law (EU PIL), which is understood in the ordinary sense of the rationality and appropriateness of the different regulatory components of EU PIL, in their reciprocal relationship.
The proliferation of EU PIL regulations on different matters corresponding to various chronological stages has led to significant regulatory dispersion. One aspect of coherence relates to current borders of the material scope of the legal instruments. This aspect is the main focus of the publication. It constitutes a very real and frequent problem facing law courts and other domestic authorities.

Extracto del índice:
Transversal Aspects and Genesis of the Current Rules
- José Luis Iglesias Buigues, General Appraisal and Genesis of Regulatory Instruments in the Field of Civil and Commercial Law.
- Andrea Bonomi, Coherence and Coordination among the EU Private International Law Regulations in Family and Succession Matters.
- Maria Font Mas, Multilingualism in EU Private International Law Regulations: the Chimera of Vertical and Horizontal Coherence?

Family Law
- Cristina González Beilfuss, The Choice of the Applicable Law in EU Family Law: Selected Validity Issues.
- Diana Marín Consarnau, Family Members as Beneficiaries of EU Law and Coherence: from Freedom of Movement of Persons to Private International Law.
- Josep M. Fontanellas Morell, Coherence between European Instruments of Private International Law on Matters concerning Succession and Matrimonial Property Regimes.

Law of Obligations
- Joaquim Forner Delaygua, Validity of Choice of Law Agreement in Rome II: Coherence Rome I/Rome II.
- Silvia Feliu Álvarez de Sotomayor, The Articulation between the Regulation Rome II and the Directive on Electronic Commerce: Teachings from the eDate Advertising and Martinez Cases (Joined Cases C-509/9 and C-161/10).
- Georgina Garriga Suau, Payments Wrongly Satisfied on the Basis of Contractual Relationships.

Civil Procedural Law
- Rodrigo Rodríguez-Prodolliet, Patrik Gubler, The Evolution of EU Regulations vs the Rigidity of the Lugano Convention: from Brussels to Lugano - a One-Way Ticket?
- Pablo Quinzá Redondo, Party Autonomy in International Jurisdiction in Respect of the Personal and Financial Consequences of Cross-Border Marriages.
- Florence Guillaume, Ilaria Pretelli, Coherences and Incoherences in the Regime of Provisional and Protective Measures in European Private International Law.
- Evangelos Vassilakakis, Civil Liability Linked to Criminal Liability: a Coherence Analysis with Regard to Article 7(3) of Regulation Brussels I bis in Conjunction with Regulations Rome II and Rome I.

Ficha:
J. Forner Delaygua, A. Santos (Eds.)
"Coherence of the Scope of Application of EU Private International Legal Instruments"
Schulthess Verlag, 2020 - Collection Publications de l'Institut suisse de droit comparé
356 S. - CHF 68.00
ISBN-ISSN 978-3-7255-8782-7

Bibliografía (Revista de revistas) - REDI 2020-2


Contenidos de la Revista Española de Derecho Internacional (REDI), vol. 72 (2020), núm. 2:

Editorial
- Esther Barbé, El invierno que no llegó: el orden internacional en tiempos de pandemia, pp. 15-31

Estudios
- Carlos Espaliú Berdud, "Locus standi" de los Estados y obligaciones "erga omnes" en la jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia, pp. 33-59

La CIJ ha ido progresivamente incorporando la noción de obligaciones erga omnes, y otorgándole un mayor alcance en su jurisprudencia. En los últimos años, varias decisiones han reconocido explícita o implícitamente el locus standi de los Estados no lesionados para presentar demandas ante la Corte por violaciones de obligaciones erga omnes partes. Por el momento, no se ha reconocido el locus standi derivado de obligaciones erga omnes en sentido estricto. Estos desarrollos demuestran la puesta en valor de los valores colectivos y de la comunidad internacional en el ordenamiento jurídico internacional. Sin embargo, la ampliación del locus standi derivado de las obligaciones erga omnes no lleva consigo la desaparición de la exigencia de otras consideraciones requeridas por la naturaleza judicial de la Corte, como el de la existencia de una controversia previamente al inicio del procedimiento y de contar en la instancia con el consentimiento de todas las partes.
- José Angel López Jiménez, Bielorrusia existe: equilibrio inestable entre una política exterior multivectorial y el Tratado de Unión con Rusia, pp. 61-88
Este artículo tiene como objeto de investigación el análisis de la política exterior de Bielorrusia desde su constitución como república independiente, después de la disolución de la Unión Soviética, hasta el momento actual. La construcción del Estado-nación ha estado marcada por varios elementos: el intento de consolidar un estatus de neutralidad, la extrema dependencia de Rusia —económica, financiera, militar, cultural— y la configuración de una política exterior multivectorial. Las dificultades derivadas de estos tres procesos y la complejidad para simultanear los mismos —en algún periodo— durante estas casi tres décadas reflejan también la importancia de la política interna en un sistema autocrático.
- Jonathan Pass, China’s Institutional Statecraft Within the Liberal International Order: The Asian Infrastructure Investment Bank, pp. 89-115
Un debate clave entre los teóricos de Relaciones Internacionales es cómo el auge de China afectará al orden liberal internacional (OLI). No es extraño, por tanto, que la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) por parte de Beijing, haya despertado mucho interés. El objetivo de este artículo se centra en examinar la afirmación de que el BAII constituye una iniciativa «contrahegemónica» (o una «innovación externa» en terminología liberal). Una vez demostrada la complejidad del statecraft institucional chino, el estudio analiza las perspectivas de las teorías convencionales sobre el BAII. Sostenemos que tanto el neorrealismo como el neoliberalismo han contribuido a una mejor comprensión de la institución, pero sus deficiencias ontológicas y epistemológicas constituyen un obstáculo para explicar de forma convincente los complicados procesos sociales en marcha. De ahí que expongamos aquí una perspectiva Neo neogramsciana que comprende el BAII como una manifestación institucional de la interacción en curso entre las fuerzas sociales emergentes del complejo Estado-sociedad chino, por un lado, y sus homologas globales, por el otro. Concluimos que es probable que el BAII refuerce el OLI a corto plazo. A medio y largo plazo, sin embargo, este proceso de internacionalización del Estado, entendido en conexión con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, puede suponer un desafío grave para el OLI y, por ende, para la hegemonía americana en sí misma.
- Beatriz Pérez de las Heras, La Unión Europea en la transición hacia la neutralidad climática: retos y estrategias en la implementación del Acuerdo de París, pp. 117-141
El Acuerdo de París sobre cambio climático expresa el compromiso de la comunidad internacional de limitar la subida de la temperatura a 1,5 ºC para mediados de siglo. Como organización regional de integración, la Unión Europea (UE) fue la primera en adoptar un marco jurídico vinculante para contribuir al logro de este objetivo global. Conocido como el «paquete 2030 clima y energía», los resultados esperados de este marco en términos de reducción de emisiones no se corresponden con lo que se considera una contribución suficiente de la UE al cumplimiento de sus compromisos internacionales. Además, las perspectivas indican que los progresos realizados por la UE hasta el momento no serán suficientes para alcanzar sus objetivos climáticos y energéticos para 2030. Estas predicciones comprometen también la aspiración de la UE de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Para acelerar el proceso, la Comisión Europea ha propuesto el Pacto Verde Europeo, como nuevo marco estratégico integrado que debe guiar la acción interna y externa de la UE hacia la neutralidad climática y la sostenibilidad en la próxima década. Su implementación efectiva comporta una transformación sistémica cuya materialización requerirá buenas dosis de voluntad política y acción concertada entre responsables públicos, agentes económicos y el conjunto de la sociedad.
- María Angeles Sánchez Jiménez, Acción de responsabilidad parental vinculada a un proceso de divorcio en el nuevo Reglamento (UE) 2019/1111, pp. 143-162
El presente trabajo tiene por objeto el análisis del alcance y las consecuencias que implica la regulación que introduce el art. 10 del Reglamento 2019/1111 a los efectos de la concentración jurisdiccional del pleito, en los casos que la acción de responsabilidad parental se presente vinculada a un proceso de divorcio. Estos supuestos, que encuentran respuesta expresa en el art. 12 del Reglamento 2201/2003, no son objeto de específica consideración en el nuevo precepto. La estructura del art. 10, relativo a la «elección del órgano jurisdiccional» como indica su rúbrica, deriva de la unificación de los dos casos que distingue el art. 12 al que modifica, referidos, respectivamente, a aquel en el que la acción sobre responsabilidad parental estuviera vinculada a un litigio matrimonial (art. 12.1), y al que dicha acción se presente de forma independiente (art. 12.3). Junto a la estructura, otro motivo esencial que justifica el objeto que se aborda, deriva de la consideración del contenido del art. 10, por cuanto su reglamentación se articula sobre la base de la ofrecida por el art. 12.3 y, por tanto, prevista para el segundo de los casos señalados.

Estudios sobre España y el Derecho Internacional
- María Amparo Alcoceba Gallego, Límites a la discrecionalidad del Estado español en el ejercicio de la protección diplomática, pp. 163-196
En el ordenamiento jurídico español no existe una norma jurídica que establezca expresamente la obligación para el Estado de ejercer la protección diplomática. La práctica española de protección diplomática se ha mantenido esencialmente en el modelo tradicional de Derecho internacional público, con un férreo anclaje a la discrecionalidad del Estado en el ejercicio de la protección diplomática. Actualmente no existe un consenso entre los Estados para avanzar, en el ordenamiento internacional, en la dirección de una protección diplomática que, de conformidad con el avance en la protección internacional de los derechos humanos y la consideración de la dignidad humana como valor fundamental de la Comunidad internacional, debiera servir también, eficazmente, a la protección de aquellos a través de su flexibilización. No obstante, nada impide que los ordenamientos internos avancen en este sentido para que la protección diplomática evolucione como mecanismo capaz de servir, también, a la protección eficaz de los derechos fundamentales.
- Elena Crespo Navarro, La naturaleza de la protección diplomática en el caso "Couso": la compleja relación entre Derecho internacional y Derecho interno, pp. 197-234
El 11 de diciembre de 2019, la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictó finalmente sentencia en el caso Couso. La sentencia afirma la responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado y la condena al pago de indemnización por la omisión del ejercicio de la protección diplomática a la que vendría obligado el Estado español respecto de sus nacionales. Se trata de una sentencia relevante por sus efectos que, sin duda, trascienden el caso concreto y pueden tener consecuencias sobre el interés general. El 24 de febrero de 2020, la Abogacía del Estado presentó escrito de preparación del recurso de casación por infracción del ordenamiento e interés casacional. Este estudio supone un análisis crítico de la confusa argumentación de esta sentencia desde la perspectiva de la concepción de la institución de la protección diplomática en Derecho internacional y en el Derecho interno español.
- Ángel Sánchez Legido, Las devoluciones en caliente españolas ante el Tribunal de Estrasburgo: ¿Apuntalando los muros de la Europa fortaleza?, pp. 235-259
En N. D. y N. T. c. España, la Gran Sala del TEDH rechaza con rotundidad las dos grandes amenazas que los Gobiernos participantes habían planteado a sus facultades de control. Ni son admisibles los intentos de escindir artificialmente partes de su territorio para excluir o limitar la aplicación del Convenio, ni es aceptable tampoco excluir las actuaciones de no admisión o rechazo en frontera del alcance de la prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros. Sin embargo, mediante el sorprendente recurso a la doctrina de la «conducta culpable», el Tribunal sienta como regla general la compatibilidad con el sistema del Convenio de las devoluciones en caliente de los inmigrantes interceptados cruzando irregularmente la frontera. La aplicación de esa doctrina se somete a condiciones muy laxamente apreciadas por el Tribunal, relativas a la existencia de vías de acceso efectivo y genuino y a que el interesado no las utilizara por razones imperiosas no atribuibles al Estado demandado. En la presente contribución se sostiene que, de esta forma, Estrasburgo no solo acepta una práctica tan cuestionable como las devoluciones sumarias, sino que también concede un amplio aval a las políticas de externalización de controles migratorios y a los mecanismos de Estado seguro.
- Jesús Verdú Baeza, España y los problemas de aplicación del Convenio de aguas de lastre en el área del estrecho de Gibraltar: A propósito del alga invasora "Rugulopterix okamurae", pp. 261-287
El estrecho de Gibraltar es un espacio marino singular con un extraordinario valor ambiental motivado por sus condicionantes geofísicos y como punto de encuentro de dos mares y dos continentes. Esta zona está siendo devastada por la presencia de un alga invasora procedente de Asia, denominada Rugulopterix okamurae con una capacidad de adaptación y crecimiento explosivo que ha sorprendido a la comunidad científica. Esta alga no solo afecta a los equilibrios ecológicos, sino también a actividades económicas fundamentales en el territorio como la pesca y el turismo, poniendo en peligro, incluso, la salud pública. Todos los indicios apuntan a que la introducción del alga invasora se produjo a través de alguna descarga de agua de lastre. El Convenio para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques (BWM) es el instrumento internacional clave en la lucha contra la dispersión de especies invasoras, uno de los grandes problemas ecológicos del mundo. Este convenio presenta ciertas dificultades de aplicación, que son especialmente visibles en el área del estrecho de Gibraltar. Esta zona se caracteriza por una alta conflictividad jurídica y política entre los Estados presentes en la región, no existiendo delimitaciones consensuadas de los espacios marinos. Adicionalmente, como paso estratégico para la navegación internacional, el estrecho presenta un régimen jurídico particular previsto en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que limita las facultades de los Estados ribereños.
Foro. El derecho de las relaciones exteriores
- Montserrat Abad Castelos, El Derecho español de las relaciones exteriores: nota introductoria, pp. 289-290
- Carlos Espósito Massicci, El Derecho español de las relaciones exteriores, pp. 291-298
- Francisco Javier Roldán Barbero, Derecho español de las relaciones exteriores: ¿Un "tertium genus"?, pp. 299-308

Foro. La sentencia del Tribunal Constitucional 132/2019
- Miguel Gardeñes Santiago, El estado de la plurilegislación civil en España tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 132/2019: nota introductoria, pp. 309-311
- Santiago Álvarez González, La STC 132/2019, sobre el Libro VI del Código Civil de Cataluña. ¿Incidente o punto de inflexión?, pp. 313-320
- Albert Font i Segura, La STC 132/2019, sobre el Libro VI del Código Civil de Cataluña: ¿Una cuestión de principios?, pp. 321-328

Foro. 75 años de Naciones Unidas
- Rafael Grasa, 75 años de Naciones Unidas: balance y reflexiones sobre su futuro en el nuevo sistema internacional: nota introductoria, pp. 329-330
- Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, Algunas reflexiones teóricas sobre la relevancia actual de Naciones Unidas, pp. 331-339
- Pol Bargués, La ONU y la idea de «sostener la paz» en un mundo multipolar, pp. 341-349

Práctica española de derecho internacional privado
- Rosario Espinosa Calabuig, Evolución y avance en la unificación del Derecho europeo de familia: Relato del éxito de dos proyectos europeos «EUFam’s I» y «EUFam’s II», pp. 351-357

Recensiones

sábado, 17 de octubre de 2020

Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones - European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin (16 octubre 2020)


Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones / European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin, nº 397, de 16 de octubre de 2020.


"End of the Brexit transition period: what do Brits in Spain need to do now?", The local, 16 | 09 | 2020 - Noticia
More UK nationals live in Spain than any other European Union country – at least 360,000 are officially registered. If you’re one of them, you’ll be glad to know you can continue your life in Spain after the Brexit transition period ends on 31 December 2020. However, you may need to take some action this year to keep all your rights and access to services in four key areas: residency, healthcare, travel and driving. This guide, presented in partnership with the UK Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), tells you what you need to do.

"Bid to reduce waiting times for residency cards", Costa Blanca News, 15 | 10 | 2020 - Noticia
The National Police have launched an emergency plan to process applications and renewals of TIE residency cards and identification documents. The initiative is designed to reduce the long waits which are being experienced by citizens due to the Covid-19 pandemic.

"The quick Brexit guide for Brits in Spain: Residency, travel, healthcare, pets and pensions", The local, 13 | 10 | 2020 - Noticia
After four years of on-again, off-again Brexit negotiations, many Brits in Spain have been left completely confused about their rights and responsibilities after December 31st. So here's our quick guide to what you need to know.

"Países que ofrecen a jubilados un retiro dorado: impuestos bajos por la pensión", La Información, 07 | 10 | 2020 - Reportaje (Sara Rivas / Finect)
Grecia, Italia, Malta y Chipre, incluso Marruecos y Túnez quieren seguir la estela de Portugal y salir de la crisis económica apoyados en los pensionistas

"En México y en Marruecos las remesas resisten ante la crisis", EFE, 04 | 10 | 2020 - Reportaje (Javier Otazu)
Las remesas enviadas por los emigrantes han demostrado tener una gran resistencia a la crisis en dos países ... fronterizos con el primer mundo... hay que distinguir entre distintos tipos de remesas... las ... "remesas automáticas", poco afectadas por la recesión: aquí entran las pensiones que muchos jubilados, marroquíes y extranjeros, cobran en Marruecos tras hacer su vida laboral en Europa y retirarse en el país magrebí.

"Despesa com regime fiscal para estrangeiros subiu 6% em 2018 para 525 milhões de euros", Observador, 02 | 10 | 2020 - Reportaje (Henrique Casinhas)
De acordo com os dados estatísticos relativos ao IRS de 2018 ... a despesa fiscal com o regime criado em 2009 para atrair para Portugal reformados com pensões pagas por outros países e pessoas de profissões de elevado valor acrescentado representou cerca de metade dos benefícios daquele ano. ... O número de adesões ao RNH tem vindo a crescer de forma sucessiva ao longos dos últimos anos e esse movimento tem-se refletido na despesa fiscal, ou seja, no valor de imposto que o Estado deixa de receber devido às regras do regime. ... No caso das pensões, o regime conferia uma isenção de IRS aos reformados residentes em Portugal com pensões pagas por um país estrangeiro, mas o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) eliminou esta situação, criando uma taxa de 10% sobre estes rendimentos. O OE 2020 salvaguarda a situação de isenção dos reformados que à data de entrada em vigor da lei orçamental fossem considerados residentes para efeitos fiscais, mas também lhes permite que adiram às novas regras e passem a ser tributados à taxa de 10%. A opção de aderir ou não à nova taxa, que deve ser feita na declaração de IRS a ser entregue em 2021, pode ser relevante para quem recebe pensões pagas por países que tenham pedido para rever a convenção para evitar a dupla tributação com Portugal, como foi o caso da Suécia.

Últimas noticias OEG
En el marco del proyecto Feder-Andalucía 2014-2020 que desarrolla el OEG, el equipo de investigación ha lanzado una encuesta en versión digital y en cuatro idiomas: alemán, español, francés e inglés. Se ruega su difusión entre personas extranjeras mayores de 55 años que se consideren retiradas de la vida laboral y residan en España al menos tres meses al año.

Foreign retirees aged 55 or over living in Spain for all or part of the year are invited to complete the 2020 OEG academic online survey by clicking here (British version), here (French version) or here (German version). The research is financed by the European Union and the Junta de Andalucía (Regional Government of Andalusia, Spain). We encourage its diffusion as widely as possible among would-be participants.


Nota: Este Boletín de Prensa realiza un seguimiento periodístico de los aspectos más destacados del fenómeno de la movilidad transfronteriza de personas mayores estudiado en el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Mi agradecimiento a la Coordinadora del observatorio, la Prof. Mayte Echezarreta Ferrer (Universidad de Málaga), así como a sus miembros, investigadores y colaboradores, por su labor y por permitir su difusión en Conflictus Legum.

BOE de 17.10.2020


- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Nicaragua sobre Transporte Aéreo, hecho en Montreal el 26 de septiembre de 2019. 

Nota: Este Acuerdo entrará en vigor el 13 de noviembre de 2020.

[BOE n. 275, de 17.10.2020]

viernes, 16 de octubre de 2020

Congreso de los Diputados - Convenio internacional


El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación del Acuerdo sobre el Transporte Aéreo entre el Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas, hecho en Nairobi el 13 de diciembre de 2018 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 45-1, de 16.10.2020).

DOUE de 16.10.2020


- Decisión (UE) 2020/1502 de la Comisión de 15 de octubre de 2020 por la que se establecen normas internas relativas a la comunicación de información a los interesados y a las limitaciones de algunos de sus derechos en el contexto del tratamiento de datos personales que lleva a cabo la Comisión en el mecanismo de cooperación establecido por el Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Nota: Mediante el Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión (véase la entrada de este blog del día 21.3.2019), se estableció un mecanismo de cooperación entre la Comisión y los Estados miembros en materia de inversiones extranjeras directas. Dicho mecanismo se basa en un intercambio de información que puede incluir datos personales en el sentido del artículo 3.1 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos (véase la entrada de este blog del día 21.11.2018. El objetivo de este mecanismo es permitir que cada Estado miembro examine si una inversión extranjera directa en otro Estado miembro puede afectar a su seguridad o a su orden público y que la Comisión examine si una inversión extranjera directa puede afectar a la seguridad o al orden público en más de un Estado miembro. Las categorías de los datos personales tratados por la Comisión para el control de las inversiones extranjeras directas realizadas por los Estados miembros y para garantizar la eficacia del mecanismo de cooperación establecido por el Reglamento (UE) 2019/452 incluyen datos de identificación y de contacto, datos profesionales y datos relacionados con la inversión extranjera directa.
Esta Decisión establece las normas que debe seguir la Comisión a la hora de informar a los interesados del tratamiento de sus datos personales, de conformidad con los artículos 14, 15 y 16 del Reglamento (UE) 2018/1725, en el marco del mecanismo de cooperación establecido por el Reglamento (UE) 2019/452. Asimismo, establece las condiciones en las que la Comisión puede limitar la aplicación de los artículos 4, 14 a 17, 19, 20 y 35 del Reglamento (UE) 2018/1725, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letras a), c), d), g) y h), de ese mismo Reglamento, en el marco del mencionado mecanismo.

[DOUE L342, de 16.10.2020]

PARLAMENTO EUROPEO
(Sesiones del 22 al 25 de octubre de 2018)


- Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre la protección de los intereses financieros de la Unión: recuperación de fondos y activos de países terceros en casos de fraude (2018/2006(INI))

- Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre la utilización de los datos de los usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica y el impacto en la protección de los datos (2018/2855(RSP))

- Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre el fomento del reconocimiento automático mutuo de los títulos (2018/2838(RSP))

- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2018, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la Commonwealth de las Bahamas por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados para estancias de corta duración (12389/2017 — C8-0173/2018 — 2017/0169(NLE))

- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Mauricio por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre exención de visados para estancias de corta duración (12396/2017 — C8-0177/2018 — 2017/0167(NLE))

- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y Antigua y Barbuda por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta duración (12383/2017 — C8-0174/2018 — 2017/0171(NLE))

- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados para estancias de corta duración (12393/2017 — C8-0176/2018 — 2017/0176(NLE))

- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y Barbados por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración (12386/2017 — C8-0175/2018 — 2017/0179(NLE))

- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2018, sobre el proyecto de Decisión de Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de las Seychelles por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre exención de visados para estancias de corta duración (12399/2017 — C8-0172/2018 — 2017/0168(NLE))

- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Irlanda (11265/2018 — C8-0388/2018 — 2018/0808(CNS)) 

- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2018, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos del ADN en Irlanda (11282/2018 — C8-0389/2018 — 2018/0809(CNS))

- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2018, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Croacia (11284/2018 — C8-0390/2018 — 2018/0810(CNS))

- Establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas.
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas, que modifica el Reglamento (UE) n.° 515/2014 y que deroga el Reglamento (CE) n.° 1987/2006 (COM(2016)0882 — C8-0533/2016 — 2016/0408(COD)) P8_TC1-COD(2016)0408 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de octubre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/… del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas, por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y se modifica y deroga el Reglamento (CE) n.° 1987/2006

- Establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal.
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 515/2014 y se deroga el Reglamento (CE) n.° 1986/2006, la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión (COM(2016)0883 — C8-0530/2016 — 2016/0409(COD)) P8_TC1-COD(2016)0409 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de octubre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/… del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y deroga la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) n.° 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión

- La utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular.
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular (COM(2016)0881 — C8-0532/2016 — 2016/0407(COD)) P8_TC1-COD(2016)0407 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de octubre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/… del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular.

[DOUE C345, de 16.10.2020]

BOE de 16.10.2020


- Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

Nota: Se crea el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que es un tributo de naturaleza indirecta que grava las prestaciones de determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto; es decir, en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio económico en vigor (véanse los artículos 1 y 2).
El artículo 3 contiene la clásica cláusula de estilo sobre respeto a las disposiciones de origen internacional: "Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Española."
El hecho imponible lo constituyen las prestaciones de los servicios digitales realizadas en el territorio de aplicación del impuesto efectuadas por los contribuyentes de este impuesto (artículo 5).
A efectos de esta ley, se entiende por entidad financiera regulada el "prestador de servicios financieros que está sujeto a autorización, o registro, y supervisión en aplicación de cualquier norma nacional o medida de armonización para la regulación de los servicios financieros adoptada por la Unión Europea, incluidos aquellos prestadores de servicios financieros sujetos a supervisión de acuerdo con normativa no dictada por la Unión Europea que, en virtud de un acto jurídico de la Unión Europea se considere equivalente a las medidas de la Unión Europea" (artículo 4.12).
En relación con las obligaciones formales, cabe destacar que los contribuyentes del impuesto están obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a "nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta Ley cuando se trate de contribuyentes no establecidos en la Unión Europea" (artículo 13.1.e).
Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE (DF sexta).

- Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

Nota: Mediante esta ley se crea el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, que es un tributo de naturaleza indirecta que grava las adquisiciones de acciones en los términos previstos en el artículo 2. Se aplicará con independencia del lugar donde se efectúe la adquisición y cualquiera que sea la residencia o el lugar de establecimiento de las personas o entidades que intervengan en la operación, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor (artículo 1).
Por lo que se refiere al hecho imponible, el artículo 2 determina que están sujetas al impuesto las adquisiciones a título oneroso de acciones definidas en los términos del artículo 92 de la LSC representativas del capital social de sociedades de nacionalidad española, siempre que se cumplan determinadas condiciones (número 1). También quedan sujetas al impuesto las adquisiciones onerosas contempladas en el número.
El artículo 3 regula las adquisiciones de acciones que están exentas.
Los sujetos pasivos deberán presentar la autoliquidación e ingresar el importe de la deuda tributaria resultante a través de un depositario central de valores establecido en territorio español. El procedimiento de presentación e ingreso de autoliquidaciones podrá extenderse a otros depositarios centrales de valores establecidos en otros Estados de la UE, o en terceros Estados que sean reconocidos para prestar servicios en la UE, mediante acuerdos de colaboración suscritos con un depositario central de valores establecido en territorio español (artículo 8.2).
Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE (DF quinta).

[BOE n. 274, de 16.10.2020]

miércoles, 14 de octubre de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (14.10.2020)


- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR, presentadas el 14 de octubre de 2020, en el asunto C‑469/19 (All in One Star): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Sociedad de responsabilidad limitada que desea establecer una sucursal en otro Estado miembro — Inscripción en el Registro Mercantil — Normativa del Estado miembro de acogida que exige indicar el importe del capital social o un valor comparable y ciertas declaraciones del administrador.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) La Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades, debe interpretarse en el sentido de que no constituyen una «obligación de publicidad» en el sentido del artículo 30 de dicha Directiva las obligaciones en virtud de las cuales, al solicitar la inscripción en el Registro Mercantil de una sucursal de una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio social en otro Estado miembro, el administrador de la sociedad debe declarar que no concurre en su persona ningún impedimento a su nombramiento con arreglo al Derecho nacional, ya sea en forma de inhabilitación judicial o administrativa para una profesión o sector empresarial que corresponda total o parcialmente al objeto de la sociedad, o en forma de condena firme por determinados delitos, y que ha sido informado por un notario, un asesor jurídico equiparable o un funcionario consular de su obligación absoluta de facilitar información al juzgado al respecto.
2) Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE no se oponen a una normativa nacional con arreglo a la cual, al solicitar la inscripción en el Registro Mercantil de una sucursal de una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio social en otro Estado miembro, el administrador de la sociedad está obligado a declarar que no concurren tales impedimentos a su nombramiento.
3) Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE se oponen a una normativa nacional con arreglo a la cual el administrador de dicha sociedad debe declarar que ha sido informado por un notario, un asesor jurídico equiparable o un funcionario consular de su obligación absoluta de facilitar al juzgado información al respecto."

Jurisprudencia - Competencia para decretar la extinción de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE

 

 - Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 1047/2020 de 20 Jul. 2020, Rec. 6680/2018: Interés casacional. Extranjeros. Autorizaciones de residencia de familiares de ciudadanos de la Unión Europea. Extinción. Competencia para decretarla. Indebida anulación de la resolución de la Delegación del Gobierno, que confirmó en alzada la extinción de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE decretada por la Jefa de la Oficina de Extranjería. Si bien dicha extinción no ha sido decretada inicialmente por los Delegados del Gobierno en las CC.AA. uniprovinciales y los Subdelegados del Gobierno en las provincias, su confirmación posterior en alzada por el Delegado o Subdelegado del Gobierno, convalida el vicio inicial de anulabilidad por incompetencia funcional o jerárquica. Conformidad a Derecho de la extinción de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE, por desaparición de las condiciones que justificaron su concesión. El mantenimiento de la pareja de hecho registrada no alcanzó los tres años requeridos.

Ponente: Fernández Valverde, Rafael.
Nº de Sentencia: 1047/2020
Nº de Recurso: 6680/2018
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9715, Sección Jurisprudencia, 14 de Octubre de 2020
ECLI: ES:TS:2020:2732

DOUE de 14.10.2020


- Reglamento (UE) 2020/1474 de la Comisión de 13 de octubre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 360/2012 en lo que respecta a la prórroga de su período de aplicación y a una excepción temporal para empresas en crisis para tener en cuenta los efectos de la pandemia de COVID-19.

Nota: Con arreglo al Reglamento (UE) n. 360/2012 de la Comisión, se considera que las ayudas inferiores a un determinado umbral concedidas a empresas por la prestación de servicios de interés económico general (SIEG) no cumplen todos los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado y, por lo tanto, están exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado, siempre que se den determinadas condiciones (véase la entrada de este blog del día 26.4.2012). El Reglamento (UE) n. 360/2012 expirará el 31 de diciembre de 2020.
Resulta necesario fomentar la predictibilidad y las seguridad jurídica, al mismo tiempo que se prepara una posible actualización futura del Reglamento (UE) n. 360/2012 compatible con una posible actualización futura del Reglamento (UE) n. 1407/2013 de la Comisión. Por consiguiente, en una primera etapa, debe prorrogarse tres años el período de aplicación del Reglamento (UE) n. 360/2012 de la Comisión, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023.

- Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo de 13 de octubre de 2020 sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19.

Nota: En virtud del artículo 21, apartado 1, del TFUE todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y sus disposiciones de aplicación. La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo da efecto a ese derecho. El artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece asimismo la libertad de circulación y residencia.
Para limitar la propagación del COVID-19, los Estados miembros han adoptado diversas medidas, algunas de las cuales han repercutido en el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, como restricciones de entrada o requisitos de cuarentena para los viajeros transfronterizos. Desde marzo de 2020, la Comisión ha venido adoptando una serie de directrices y comunicaciones con objeto de dar apoyo a los esfuerzos de coordinación de los Estados miembros y salvaguardar la libre circulación dentro la Unión en los tiempos de la pandemia de COVID-19.
Al adoptar y aplicar restricciones a la libre circulación, los Estados miembros deben respetar los principios del Derecho de la UE, en particular la proporcionalidad y la no discriminación. El objetivo de la presente Recomendación es facilitar la aplicación de manera coordinada de dichos principios a la situación excepcional causada por la pandemia de COVID-19. Por consiguiente, los mecanismos establecidos en esta Recomendación han de estar estrictamente limitados en el ámbito y el tiempo a las restricciones adoptadas en respuesta a esta pandemia.
La presente Recomendación tiene por objeto garantizar una mayor coordinación entre los Estados miembros que contemplen la adopción de medidas que restrinjan la libre circulación por motivos de salud pública. Para limitar las restricciones a lo estrictamente necesario, los Estados miembros deben aplicar dichas restricciones, sin discriminación alguna y en la medida de lo posible, a las personas procedentes de zonas o regiones específicas especialmente afectadas y no a todo el territorio de un Estado miembro.
No debe entenderse que la presente Recomendación facilita o fomenta la adopción de restricciones a la libre circulación en respuesta a la pandemia, sino que pretende proporcionar un enfoque coordinado en caso de que un Estado miembro decida introducir tales restricciones. La decisión de introducir restricciones a la libre circulación sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros, que deben cumplir los requisitos del Derecho de la Unión. Del mismo modo, los Estados miembros conservan la flexibilidad necesaria para no introducir restricciones aunque se cumplan los criterios y umbrales establecidos en la presente Recomendación. 

[DOUE L337, de 14.10.2020]

- Conclusiones del Consejo — «Acceso a la justicia: aprovechar las oportunidades de la digitalización».

Nota: El acceso a la justicia es un derecho fundamental y un elemento central del Estado de Derecho, que es uno de los valores esenciales en los que se fundamenta la Unión Europea en virtud del artículo 2 del TUE y que son comunes a todos los Estados miembros. El artículo 19 del TUE estipula que los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión y confía a los órganos jurisdiccionales nacionales la responsabilidad compartida de garantizar el control jurisdiccional en el ordenamiento jurídico de la UE.
Este derecho a la tutela judicial efectiva también debe quedar plenamente reconocido en las condiciones creadas por la transformación digital, a fin de garantizar la aplicación plena y efectiva del derecho de la UE, mejorar la aceptación de los sistemas de justicia y reforzar la confianza en el Estado de Derecho.
El desarrollo digital del sector de la justicia debe centrarse en el ser humano, guiarse constantemente por los principios fundamentales de los sistemas judiciales y adecuarse a ellos, en concreto la independencia e imparcialidad de los tribunales y jueces, la garantía de la tutela judicial efectiva y el derecho a una audiencia equitativa y pública en un plazo razonable. Las tecnologías digitales se pueden utilizar en los sistemas judiciales para promover el cumplimiento de las normas del Estado de Derecho y el ejercicio y el respeto de los derechos fundamentales.
Todos los ciudadanos deben beneficiarse de las posibilidades digitales adicionales y disfrutar de igualdad de oportunidades en lo que respecta al acceso digital a la justicia y a procedimientos justos, y la participación digital debe garantizarse incondicionalmente a todos los grupos sociales sin discriminación alguna. Se deben tener especialmente en cuenta las necesidades de las personas vulnerables, en particular los niños y los adultos vulnerables como las personas mayores o con discapacidad, así como de las víctimas de delitos. En cualquier caso, el uso de las tecnologías digitales en los sistemas de justicia no debe reducir las garantías procesales para quienes no tienen acceso a dichas tecnologías.

[DOUE C 342I, de 14.10.2020]

BOE de 14.10.2020


- Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Marbella n.º 3 a inscribir una escritura de constitución de hipoteca.

Nota: Mediante escritura otorgada ante notario de Marbella el día 21 de enero de 2020, una señora de nacionalidad rusa compró una vivienda, manifestando en la escritura que había contraído matrimonio con anterioridad al 29 de enero de 2019 y que, al no haber otorgado capitulaciones matrimoniales y no ostentar la misma nacionalidad que su esposo, su régimen económico matrimonial es el legal supletorio en Reino Unido, por ser éste el país de su residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio. Estas manifestaciones se recogen en el asiento registral de la inscripción de la compraventa, que se realiza «a favor» de dicha señora, «casada, por título de compraventa, con sujeción a su régimen matrimonial». Y en el otorgamiento de la escritura se hace constar que dicha señora «compra y adquiere para sí con carácter privativo». En escritura autorizada por el mismo notario ese mismo día, la compradora, manifestando que la vivienda no era la habitual de su familia, constituyó hipoteca sobre dicha vivienda, en garantía del préstamo obtenido para financiar su adquisición.
Presentadas esas escrituras en el citado Registro, se inscribió la de compraventa y se suspendió la inscripción de la de hipoteca, entre otras razones, por no constar acreditado el régimen matrimonial de separación de bienes de la señora V., así como por no acreditarse que, según la legislación aplicable, dicha señora pueda disponer por sí sola de la finca, al haberla adquirido casada, conforme al artículo 36 RH, que exige expresamente dicha acreditación mediante la aseveración o informe de un Notario o Cónsul español o de Diplomático, Cónsul o funcionario competente del país de la legislación aplicable, entre otros medios.

Como ha puesto de relieve reiteradamente la DGRN (Resoluciones de 25 de julio y 31 de agosto de 2017, 2 de abril y 7 y 10 de septiembre y 19 de octubre de 2018, 1 de marzo y 7 de noviembre de 2019 y 10 de junio de 2020), «(...) tanto registradores de la propiedad como notarios, complementariamente, desempeñan un papel fundamental en la seguridad jurídica preventiva, por lo que el instrumento público así como la inscripción deben procurar reflejar de forma cierta todas aquellas circunstancias referentes a la capacidad de los otorgantes, como edad o circunstancias modificativas de la capacidad, estado civil, nacionalidad, vecindad civil, o régimen económico matrimonial que incidan de presente o de futuro en la validez del negocio jurídico o de la relación jurídico real constituida (...)».
Por otra parte, debe tenerse presente que la entrada en juego de un ordenamiento extranjero no supone la renuncia a la determinación de la situación jurídica publicada ni que el notario español pueda adoptar una actitud pasiva. De un lado, el artículo 159 RN no hace distinción alguna, por lo que el notario autorizante debe indagar la situación de cada otorgante a fin de averiguar, de estar casado, si existen capítulos o contrato matrimonial entre él y su consorte para proceder, tal y como exige dicho precepto, testimoniando, en su caso, los aspectos particulares que puedan ser relevantes al efecto.
Tratándose de adquisiciones llevadas a cabo por personas cuyo régimen económico matrimonial esté sujeto a una ley extranjera, la finalidad de publicar una situación jurídica cierta no se ve modificada por dicha circunstancia. La cuestión, sin embargo, es más compleja pues la determinación de cuál sea el régimen aplicable implica el conocimiento del Derecho extranjero, lo que no es obligado para los funcionarios españoles. Esta oposición entre la exigencia legal de publicar en toda su extensión el derecho adquirido y las dificultades para determinar cuál ha de ser el régimen matrimonial legalmente aplicable ha sido cuestión de preocupación ya desde antiguo para nuestra jurisprudencia y para la DGRN. A esta dificultad pretende dar respuesta el artículo 92 RN. Así, frente a la regla general de nuestro sistema registral, que exige que esté claramente determinada la extensión de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad (artículo 51.6.ª RH), y aunque, desde un punto de vista estrictamente dogmático, para la adquisición de un bien por extranjero casado debería acreditarse el régimen económico en ese momento, a fin de inscribir dicho bien según la determinación de dicho régimen, tal y como preceptúa el artículo 51.9.ª, a), RH, lo cierto es que tales reglas están ciertamente flexibilizadas para los supuestos de inscripción de bienes a favor de adquirentes casados sometidos a legislación extranjera, pues no se exige la acreditación «a priori» del régimen económico matrimonial, bastando que la inscripción se practique a favor del adquirente o adquirentes casados, haciéndose constar en la inscripción que se verificará con sujeción a su régimen matrimonial (artículo 92 RH). En efecto, teniendo en cuenta, por un lado, la problemática que plantea la prueba del régimen económico matrimonial de los sujetos a legislación extranjera, y, por otro, que lo determinante será observar, en el momento de la disposición del bien, las normas y pactos que como consecuencia del régimen económico matrimonial sean aplicables respecto de dicho bien, la DGRN primero y el artículo 92 RH después (desde la reforma de 1982), asumieron que la solución más acertada consiste en aplazar tal prueba para el momento de la enajenación o gravamen posterior, inscribiéndose la adquisición sin necesidad de expresar el régimen en la inscripción («con indicación de éste, si constare» expresa la disposición «in fine» de ese precepto reglamentario), difiriendo la prueba para el momento de la enajenación posterior, pues dicha expresión de régimen podía obviarse si después la enajenación o el gravamen se hacía contando con el consentimiento de ambos (enajenación voluntaria), o demandando a los dos (enajenación forzosa). Por ello, el artículo 92 RH se limita a exigir, en este caso, que se exprese en la inscripción que el bien se adquiere «con sujeción a su régimen matrimonial». Por otra parte, como ha expresado la DGRN en reiteradas ocasiones (vid. Resoluciones de 19 de diciembre de 2003, 10 de enero y 4 y 12 de febrero de 2004, 31 de agosto de 2017 y 2 de abril de 2018, entre otras) la aplicación del artículo 92 RH no tiene un carácter preferente respecto del conocimiento que pueda tener el registrador de la legislación extranjera. Por ello, en casos en los que la escritura se limite a expresar que los cónyuges extranjeros adquieren con sujeción a su régimen económico matrimonial sin que conste cuál sea este, si el registrador tiene conocimiento del mismo y, por ejemplo, es un régimen de separación, se considera justificada su exigencia sobre la constancia en dicha escritura de la cuota que corresponde a cada uno de los adquirientes del bien objeto de inscripción, conforme al artículo 54 RH.
De otro lado, el notario español está obligado a aplicar la norma de conflicto española (artículo 12.6 CC) y a determinar, conforme a dicha norma, la ley material que resulte aplicable al régimen económico de los cónyuges. Así, aunque el notario desconozca el contenido de la ley material extranjera, reflejará debidamente en la comparecencia del instrumento público cuál ha de ser la norma aplicable a las relaciones patrimoniales entre cónyuges. En definitiva, no debe confundirse la falta de obligación de conocer el Derecho extranjero con el deber de determinar cuál es la legislación extranjera aplicable.
En el presente caso, atendiendo a la fecha de celebración del matrimonio de la compradora, posterior al día 29 de enero de 2019, es indudable que la norma de conflicto aplicable es el Reglamento (UE) nº 2016/1103, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales en el que España participa entre diecisiete Estados miembros. Este Reglamento establece con carácter universal, es decir aunque la norma de conflicto conduzca a la aplicación del Derecho de un tercer estado –sin posibilidad de reenvío, por el contrario al Reglamento (UE) nº 650/2012– distintas reglas de conflicto para los matrimonios que se contraigan con posterioridad al 19 de enero de 2019, sin perjuicio de las disposiciones transitorias establecidas en el artículo 69.
Por lo demás, tanto la Ley 20/2011, del Registro Civil (cuando esté en vigor) como el artículo 53 LN (en la redacción que le ha dado la disposición final primera de la Ley 15/2015, de 2 de julio) –en los casos en que resulte aplicable–, tienen como objetivo facilitar la certeza de la ley aplicable a los aspectos patrimoniales de la relación conyugal, mediante la aplicación de la norma de conflicto que corresponda.
Asimismo, la DGRN ha recordado reiteradamente (por todas, Resoluciones de 15 de febrero de 2016, 5 de enero y 17 de abril de 2017, 7 de septiembre y 18 de diciembre de 2018, 7 de noviembre de 2019 y 28 de julio de 2020) tanto a registradores como a notarios la conveniencia de avanzar en el conocimiento de los ordenamientos jurídicos más usuales en la práctica jurídica en España, especialmente si forman parte de la Unión Europea, en aras a facilitar la aplicación del derecho extranjero en el ámbito extrajudicial, acudiendo no solo a los medios previstos en el artículo 36 del Reglamento Hipotecario, y excepcionalmente a los artículos de la Ley de cooperación jurídica internacional, sino a los medios que proporciona el entorno E-Justicia, en el ámbito europeo, colaborando activamente en la resolución de conflictos de derecho internacional privado. El fácil acceso a las bases de datos jurídicas de otros Estados miembros facilita tanto que los notarios, en ejercicio de las competencias atribuidas en la Ley puedan emitir informes relativos al derecho extranjero, como que los registradores, puedan motivar adecuadamente su decisión facilitando en ambos casos el tráfico jurídico de bienes y servicios en un entorno, como el presente, en el que la existencia de un elemento de extranjería es elemento normal del negocio jurídico, contribuyendo así a afianzar el desarrollo de uno de los pilares esenciales de la construcción europea. En este sentido, no cabe desconocer, por ejemplo, con el valor de herramienta informativa, el portal https://e-justice.europa.eu, gestionado por la Comisión Europea.

A la vista de las consideraciones precedentes y de la doctrina de la DGRN reseñada, la calificación objeto del recurso interpuesto no puede ser mantenida, pues el notario ha cumplido con la mayor diligencia, según las normas legales y reglamentarias antes citadas, su deber de reflejar en la escritura autorizada cuál es el régimen económico matrimonial de la otorgante. No puede el registrador exigir que se acredite la elección de residencia habitual común tras la celebración del matrimonio ni el acuerdo o aprobación del otro cónyuge, pues según el artículo 159 del Reglamento Notarial, «bastará la declaración del otorgante», entendiendo este Centro Directivo, como ha quedado expuesto, que dicha manifestación se recogerá por el notario, bajo su responsabilidad, tras haber informado en Derecho a dicho otorgante (de suerte que –bajo su responsabilidad y empleando a tal efecto la fórmula que estime oportuna- deberá desplegar la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es el régimen económico matrimonial que rige entre los esposos o, al menos, de no tratarse de una ley española, cuál es la ley material extranjera aplicable según la norma de conflicto que debe conocer y observar, atendiendo a las manifestaciones del otorgante sobre circunstancias como su nacionalidad al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos). Además, en el presente caso, por tratarse de la legislación inglesa no existe propiamente un régimen económico matrimonial sino simple aplicación de la ley material de Reino Unido, y el notario ha precisado cuál es esta ley aplicable así como su alcance, al afirmar, por su conocimiento directo, que en dicho sistema legal existe «absoluta separación del patrimonio de cada uno de los cónyuges, que conduce a la libre administración y disposición de cada uno sobre sus bienes propios» (cfr. artículo 36 RH).
Cabe recordar que, como ha reiterado la DGRN sobre la aplicación del artículo 92 RH (Resoluciones de 5 de marzo de 2007 y 4 de diciembre de 2015), en el caso de tratarse de dos cónyuges de distinta nacionalidad, es necesaria la determinación, por manifestación del adquirente o adquirentes, de cuál sea la ley aplicable a su régimen económico matrimonial, de acuerdo con los criterios de conexión que determinan las normas de conflicto aplicables. Por ello, como afirma el recurrente, la adquisición por compraventa debió haberse inscrito a nombre de la compradora, para sí o con carácter privativo según el régimen legal supletorio en Reino Unido (y no, como se ha hecho, «con sujeción a su régimen matrimonial», sin expresar cuál es este). Y no es necesario que el cónyuge no titular consienta en la hipoteca que se pretende inscribir o en la determinación del régimen económico matrimonial aplicable. Debe tenerse en cuenta, además, que de las manifestaciones que vierte el notario autorizante en la referida diligencia (y, especialmente su afirmación sobre el conocimiento del sistema legal supletorio vigente en Reino Unido), resulta probado -conforme al citado artículo 36 del Reglamento Hipotecario- el derecho extranjero aplicable en los términos que se han analizado anteriormente en cuanto a su contenido y vigencia así como sus consecuencias jurídicas, sin que el registrador haya formulado reserva alguna –que, de formular, debería motivar– sobre tal circunstancia (entre entras muchas, la Resolución de 20 de julio de 2015).

Por todo lo anterior, la DGSJyFP estima el recurso y revoca la calificación impugnada.

[BOE n. 272, de 14.10.2020]

martes, 13 de octubre de 2020

Bibliografía - La Decisión Scania sobre el cártel de los fabricantes de camiones

 - La Decisión Scania sobre el cártel de los fabricantes de camiones
Francisco Marcos, Profesor de IE Law School, Consultor académico de CCS Abogados
Diario La Ley, Nº 9714, Sección Tribuna, 13 de Octubre de 2020

La publicación el pasado 30 de junio de 2020 de la Decisión sancionadora de Scania sobre su participación en la colusión de los fabricantes de camiones —adoptada por la Comisión europea hace ya tres años (el 27/9/2017)— es el eje en torno al cual se construye este artículo. En primer lugar, se analizan las características de la Decisión que la diferencian de la Decisión transaccional sobre el cártel de los camiones publicada el 6/4/2017 y también en comparación con otras decisiones «híbridas». En segundo lugar, dado que es tres veces más extensa que la Decisión transaccional adoptada sobre el mismo asunto, se examinan las novedades en su contenido sobre el análisis del mercado y de la colusión de los fabricantes de camiones y su posible impacto en el mercado.

DOUE de 13.10.2020


- Informe anual de situación sobre la aplicación de la Estrategia de la Unión Europea contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (2019)

Nota: Este informe de situación sobre la aplicación de la Estrategia de la Unión Europea contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, adoptada por el Consejo Europeo en diciembre de 2003 (doc. 15708/03), abarca las actividades realizadas en 2019. El informe no es exhaustivo, sino que se centra en los acontecimientos más destacados. Todas las actividades se llevaron a cabo en el contexto más amplio de la política de seguridad y la prevención de conflictos de la UE.
Los principios rectores de la UE, basados en la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (doc. 10715/16), la Estrategia de la Unión Europea contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y las Nuevas líneas de actuación (doc. 17172/08), siguen siendo:
a) el multilateralismo efectivo, incluida la salvaguardia del carácter central del entramado de tratados mundiales de no proliferación y desarme y la promoción de su universalidad, a través de la acción diplomática y la ayuda financiera a terceros países y organizaciones internacionales;
b) la estrecha cooperación con otros países para fortalecer el régimen internacional de no proliferación;
c) el tratamiento de los asuntos relacionados con la no proliferación en las reuniones bilaterales de diálogo político y sobre no proliferación y desarme en las que participa la UE, y en sus contactos de carácter más informal;
d) el uso efectivo y complementario de todos los instrumentos y recursos financieros disponibles —el presupuesto de la política exterior y de seguridad común, el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz, y otros instrumentos— a fin de contribuir al logro de los objetivos de política exterior de la UE.

[DOUE C341, de 13.10.2020]

 - Comunicación de la Comisión — Cuarta modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y modificación de la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo.

Nota: El 19 de marzo de 2020, la Comisión adoptó la Comunicación titulada «Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19» («Marco Temporal») (véase la entrada de este blog del día 20.3.2020). El 3 de abril de 2020, la Comisión adoptó una primera modificación para autorizar las ayudas destinadas a acelerar la investigación, el ensayo y la producción de productos relacionados con la COVID-19, proteger el empleo y seguir respaldando la economía durante la crisis actual (véase la entrada de este blog del día 4.4.2020). El 8 de mayo de 2020, la Comisión adoptó una segunda modificación para facilitar aún más el acceso al capital y la liquidez a las empresas afectadas por la crisis (véase la entrada de este blog del día 13.5.2020). El 29 de junio de 2020, adoptó una tercera modificación para prestar más apoyo a las microempresas, las pequeñas empresas y las empresas emergentes, así como para incentivar la inversión privada (véase la entrada de este blog del día 2.7.2020).
Las medidas de ayuda cubiertas por el Marco temporal garantizan un equilibrio adecuado entre sus efectos positivos de apoyo a las empresas y los posibles efectos negativos que puedan afectar a la competencia y el comercio en el mercado interior. Una aplicación específica y proporcionada del control de las ayudas estatales de la UE garantiza que las medidas nacionales de apoyo ayuden de manera efectiva a las empresas afectadas durante la pandemia de COVID-19, limitando al mismo tiempo falseamientos indebidos en el mercado interior, manteniendo la integridad de este y garantizando la igualdad en las condiciones de competencia. Esto contribuirá a la continuidad de la actividad económica durante la pandemia de COVID-19 y dotará a la economía de una plataforma sólida para recuperarse de la crisis, sin perder de vista la importancia de cumplir con la transición ecológica y digital, en consonancia con la legislación y los objetivos de la UE.
El objetivo de la presente Comunicación es prorrogar las medidas establecidas en el Marco Temporal hasta el 30 de junio de 2021 y, en lo que concierne a la sección 3.11, hasta el 30 de septiembre de 2021; detectar medidas temporales adicionales de ayuda estatal (ayuda en forma de apoyo por costes fijos no cubiertos); y aclarar y modificar las condiciones de determinadas medidas temporales de ayuda estatal que la Comisión considera compatibles en virtud del artículo 107, apartado 3, letras b) y, del TFUE, a la luz de la pandemia de COVID-19. Esta Comunicación también pretende modificar la lista de países cuyos riesgos son negociables que figura en el anexo de la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (STEC).

[DOUE C 340I, de 13.10.2020]