martes, 17 de julio de 2018

BOE de 17.7.2018


Resolución de 10 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Nota: En esta Resolución se recogen las comunicaciones sobre tratados recibidas en el MAE hasta el 30.6.2018. Para los convenios en materia de Derecho Internacional Privado véase la págs. 71560 a 71572 (págs. 24 a 36 del documento). Para los de Derecho Penal y Procesal, véanse las págs. 71572 a 71579 (págs. 36 a 43 del documento).

lunes, 16 de julio de 2018

Parlamento Europeo: Matrimonios precoces y forzados - Aspectos transfronterizos de las adopciones


-Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados.
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, titulada «Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados: próximas etapas» (2017/2275(INI))
Nota: Véase el Informe sobre «Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados: próximas etapas» (2017/2275(INI))
-Aspectos transfronterizos de las adopciones.
Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los aspectos transfronterizos de las adopciones (2015/2086(INL))
Nota: Véase el Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los aspectos transfronterizos de las adopciones (2015/2086(INL))

Agradezco la información a Andrés Rodríguez Benot, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


-Asunto C-266/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia) el 17 de abril de 2018 — Aqua med sp. z o.o. con domicilio en Opalenica / Irena Skóra
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe comprender el examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional nacional de las cláusulas atributivas de competencia de un contrato celebrado con un consumidor y que encuentra acomodo en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores; en lo sucesivo, «Directiva 93/13») y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-243/08, Pannom GSM Zrt./Erzsebet Sustikne Gyórfi), también a aquellas cláusulas contractuales que regulan la cuestión de la competencia judicial para resolver los litigios entre las partes, pero con una remisión a las disposiciones del Derecho nacional?
2) En caso de una respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe lograr el examen llevado a cabo por el órgano jurisdiccional la aplicación de las reglas de competencia, de modo que se garantice al consumidor la protección resultante del tenor de la Directiva y, por tanto, la posibilidad de que conozca del asunto el órgano jurisdiccional más próximo al domicilio/a la residencia habitual del consumidor?"
-Asunto C-311/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) el 9 de mayo de 2018 — Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Es la normativa de la Unión [,incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»)], sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 TUE, apartado 2, respecto a la seguridad nacional, y 3, apartado 2, primer guion, de la Directiva 95/46/CE (en lo sucesivo, «Directiva»), en relación con la seguridad pública, la defensa y la seguridad del Estado, aplicable a la transferencia de datos personales en un contexto en el que una empresa privada de un Estado miembro de la Unión Europea transfiere, con arreglo a la Decisión 2010/87/UE, en su versión modificada por la Decisión 2016/2297 de la Comisión (en lo sucesivo, «Decisión CCT»), a una empresa privada de un tercer país datos personales con fines comerciales que pueden ser tratados posteriormente por las autoridades de ese tercer país no solo por razones de seguridad nacional, sino también a efectos de la aplicación de la ley y de la administración de los asuntos exteriores del país?
2) 1. A efectos de la Directiva, al determinar si el hecho de transferir con arreglo a la Decisión CCT datos desde la Unión Europea a un tercer país en el que posteriormente pueden tratarse dichos datos por razones de seguridad nacional constituye una vulneración de los derechos de una persona, ¿el elemento de referencia pertinente es:
a) la Carta, el TUE, el TFUE, la Directiva, el CEDH (o cualquier otra disposición del Derecho de la Unión), o bien
b) la legislación nacional de uno o varios Estados miembros?
2. Si el elemento de referencia pertinente es el mencionado en la letra b), ¿deben incluirse en él también las prácticas seguidas en el contexto de la seguridad nacional en uno o varios Estados miembros?
3) Al valorar si un tercer país garantiza el nivel de protección que exige la normativa de la Unión para transferir datos personales a dicho país a efectos del artículo 26 de la Directiva, ¿deberá evaluarse el nivel de protección ofrecido en ese tercer país atendiendo a:
a) las reglas aplicables en ese tercer país derivadas de la legislación interna o de los compromisos internacionales de este, así como a la práctica seguida para asegurar el cumplimiento de esas reglas, al efecto de incluir las normas profesionales y las medidas de seguridad que aplica dicho país,
o bien
b) las reglas referidas en la letra a) junto con tales prácticas administrativas, reglamentarias y de ejecución y las medidas de protección y los procedimientos, protocolos, mecanismos de control y recursos extrajudiciales aplicables en el tercer país?
4) ¿Constituye una violación de los derechos de toda persona contemplados en los artículos 7 y/u 8 de la Carta la transferencia de datos personales desde la Unión Europea a EE.UU. [con arreglo a la Decisión CCT], habida cuenta de los hechos probados por la High Court (Tribunal Superior) en relación con la normativa de EE.UU.?
5) Habida cuenta de los hechos probados por la High Court respecto a la normativa de EE.UU., en el supuesto de que se transfieran datos personales desde la Unión Europea a EE.UU. con arreglo a la Decisión CCT:
a) ¿Respeta el nivel de protección proporcionado por EE.UU. el contenido esencial del derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta en caso de violación del derecho a mantener la privacidad de sus datos?
En caso de respuesta afirmativa a la cuestión planteada en la letra a):
b) ¿Son proporcionadas, en el sentido del artículo 52 de la Carta, las limitaciones impuestas por la legislación de EE.UU. al ejercicio del derecho de toda persona a la tutela judicial en el contexto de la seguridad nacional de ese país, y no van más allá de lo necesario para salvaguardar la seguridad nacional en una sociedad democrática?
6) 1. ¿Cuál es, en virtud del artículo 26, apartado 4, a la luz de las disposiciones de la Directiva, y en particular de los artículos 25 y 26, interpretados a la luz de la Carta, el nivel de protección que debe proporcionarse a los datos personales transferidos a un tercer país con arreglo a cláusulas contractuales tipo estipuladas de conformidad con una decisión de la Comisión?
2. ¿Cuáles son los elementos que han de tomarse en consideración al valorar si el nivel de protección proporcionado a los datos transferidos a un tercer país en virtud de la Decisión CCT cumple los requisitos establecidos por la Directiva y la Carta?
7) El hecho de que las cláusulas contractuales tipo sean aplicables al exportador de datos y al importador de datos, pero no resulten vinculantes para las autoridades nacionales de un tercer país, que pueden exigir al importador de datos que facilite a sus servicios de seguridad, para su posterior tratamiento, los datos personales transferidos con arreglo a las cláusulas establecidas en la Decisión CCT, ¿impide que se incluyan en las cláusulas contractuales tipo las garantías de protección adecuadas previstas en el artículo 26, apartado 2, de la Directiva?
8) Si un importador de datos de un tercer país está sujeto a normas de vigilancia que, en opinión de una autoridad de protección de datos, entran en conflicto con las cláusulas mencionadas en el anexo de la Decisión CCT, en los artículos 25 y 26 de la Directiva o en la Carta, ¿está obligada una autoridad de protección de datos a ejercer las facultades en materia de aplicación de la legislación que le confiere el artículo 28, apartado 3, de la Directiva, para suspender los flujos de datos, o bien el ejercicio de dichas facultades se limita únicamente a situaciones excepcionales, a la luz del considerando 11 de la Directiva, o acaso puede la autoridad de protección de datos hacer uso de su potestad discrecional para no suspender tales flujos de datos?
9) 1. A los efectos del artículo 25, apartado 6, de la Directiva, ¿constituye la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250 (en lo sucesivo, «Decisión sobre el Escudo de la privacidad») una constatación de alcance general vinculante para las autoridades de protección de datos y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el sentido de que EE.UU., en virtud de su legislación nacional o de los compromisos internacionales que ha suscrito, garantiza un nivel de protección adecuado en el sentido del artículo 25, apartado 2, de la Directiva?
2. Si no es así, ¿qué relevancia tiene, en su caso, la Decisión sobre el Escudo de la privacidad en la valoración efectuada en cuanto a la adecuación de la protección ofrecida a los datos transferidos a EE.UU. conforme a la Decisión CCT?
10) Habida cuenta de las consideraciones de la High Court respecto a la legislación de EE.UU., ¿constituye la figura del Defensor del Pueblo en el ámbito del Escudo de la privacidad a que se refiere el anexo A del anexo III de la Decisión sobre el Escudo de la privacidad, en combinación con el régimen vigente en EE.UU., una garantía de que este país ofrece una vía de recurso compatible con el artículo 47 de la Carta a los interesados cuyos datos personales son transferidos a EE.UU. con arreglo a la Decisión CCT?
11. ¿Viola la Decisión CCT los artículos 7, 8 y/o 47 de la Carta?"
-Asunto C-325/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Irlanda) el 17 de mayo de 2018 — Hampshire County Council / C.E., N.E.
Cuestiones planteadas:
"1) Cuando se alega que los padres u otros familiares de unos menores han trasladado indebidamente a estos fuera de su Estado de residencia habitual incumpliendo una resolución judicial dictada a instancias de una autoridad pública de dicho Estado, ¿puede dicha autoridad pública solicitar la ejecución de una resolución judicial de restitución a ese país de los menores ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el capítulo III del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, o ello supondría una elusión ilícita del artículo 11 de este mismo Reglamento y del Convenio de La Haya de 1980, o bien un abuso de Derecho o fraude de ley por parte de la autoridad de que se trata?
2) En un asunto relativo al régimen de ejecución previsto en el Reglamento nº 2201/2003 del Consejo, ¿existe la facultad de ampliar el plazo a efectos del artículo 33, apartado 5, de este mismo Reglamento, cuando el retraso sea, en esencia, mínimo y dicha ampliación habría sido concedida en virtud del Derecho procesal nacional?
3) Sin perjuicio de la segunda cuestión, cuando una autoridad pública extranjera traslada a los menores objeto de la controversia fuera del territorio de un Estado miembro en virtud de una resolución de ejecución dictada ex parte con arreglo al artículo 31 del Reglamento nº 2201/2003, pero antes de la notificación de dicha resolución a los padres, privándolos así de su derecho de solicitar la suspensión de tal resolución hasta que se resuelva el recurso, ¿resulta menoscabado el contenido esencial del derecho de los padres reconocido por el artículo 6 CEDH o el artículo 47 de la Carta, teniendo en cuenta que, en otro caso, dicha ampliación del plazo debería haberse concedido (a efectos de lo dispuesto en el artículo 33, apartado 5, del citado Reglamento)?"
-Asunto C-327/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) el 18 de mayo de 2018 — Minister for Justice and Equality / R O
Cuestiones planteadas:
"Habida cuenta de:
a) la notificación remitida por el Reino Unido con arreglo al artículo 50 TUE;
b) la incertidumbre en cuanto a los acuerdos que se celebrarán entre la Unión Europea y el Reino Unido para regir las relaciones tras la salida del Reino Unido, y
c) la consiguiente incertidumbre en cuanto a las posibilidades de que el demandado pueda disfrutar en la práctica de los derechos reconocidos en los Tratados, en la Carta o en la legislación pertinente en caso de ser entregado al Reino Unido y permanecer en prisión tras la salida del Reino Unido.
1) Se pregunta si el Derecho de la Unión obliga al Estado miembro requerido a rehusar la entrega al Reino Unido de una persona objeto de una orden de detención europea, aunque en cualquier otra circunstancia la legislación nacional del Estado miembro exigiría efectuar dicha entrega:
i) ¿en todos los casos?
ii) ¿en algunos casos, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del asunto?
iii) ¿en ningún caso?
2) En caso de respuesta a la primera cuestión en el sentido del inciso ii), ¿qué criterios o consideraciones debe valorar un órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido para determinar si la entrega está prohibida?
3) En el marco de la segunda cuestión, se pregunta si el órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido está obligado a posponer la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea hasta que exista mayor claridad sobre el régimen legal que vaya a entrar en vigor tras la retirada del Estado miembro requirente de la Unión:
i) ¿en todos los casos?
ii) ¿en algunos casos, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del asunto?
iii) ¿en ningún caso?"

Congreso de los Diputados - Convenios internacionales


El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación de la Enmienda para la supresión del artículo 124 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptada en La Haya el 26 de noviembre de 2015 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 103-1, de 16.7.2018).
Nota: La Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma, que tuvo lugar en La Haya del 18 al 26 de noviembre de 2015, considerando la decisión de la Conferencia de Revisión durante su XIII período de sesiones, decidió revisar las disposiciones del artículo 124 del Estatuto de Roma, presentándose una propuesta para suprimir el artículo 124 del Estatuto de Roma. Esta propuesta fue aprobada por la Asamblea durante el XIV período de sesiones que tuvo lugar en La Haya (Países Bajos) del 18 al 26 de noviembre de 2015. Mediante esta Enmienda se elimina ahora el artículo 124 que concedía una especie de "periodo de gracia" de 7 años desde la entrada en vigor del Estatuto, respecto de su aplicación para los crímenes de guerra contenidos en el artículo 8.
Según se establece en el párrafo 4 del artículo 121 del Estatuto de Roma, la Enmienda entrará en vigor un año después de que siete octavos de los actualmente 123 Estados Partes manifiesten el consentimiento en obligarse por ella. Hasta el momento solamente lo han hecho nueve Estados: Austria, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Eslovaquia, Portugal, Francia, Italia y Croacia.

DOUE de 16.7.2018


Actualización de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, apartado 16, del Reglamento (CE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
Nota: Véase el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
Véanse igualmente las listas de permisos de residencia publicados con anterioridad en DOUE C247, de 13.10.2006, p. 1; DOUE C153, de 6.7.2007, p. 5; DOUE C192, de 18.8.2007, p. 11; DOUE C271, de 14.11.2007, p. 14; DOUE C57, de 1.3.2008, p. 31; DOUE C134, de 31.5.2008, p. 14.; DOUE C207, de 14.8.2008, p. 12; DOUE C331, de 21.12.2008, p. 13; DOUE C3, de 8.1.2009, p. 5; DOUE C64, de 19.3.2009, p. 15; DOUE C239, de 6.10.2009, p. 2; DOUE C298, de 8.12.2009, p. 15; DOUE C308, de 18.12.2009, p. 20; DOUE C35, de 12.2.2010, p. 5; DOUE C74, de 24.3.2010, p. 13; DOUE C82, de 30.3.2010, p. 26; DOUE C103, de 22.4.2010, p. 8; DOUE C108, de 7.4.2011, p. 6; DOUE C157, de 27.5.2011, p. 5; DOUE C201, de 8.7.2011, p. 1; DOUE C216, de 22.7.2011, p. 26; DOUE C283, de 27.9.2011, p. 7; DOUE C199, de 7.7.2012, p. 5; DOUE C214, de 20.7.2012, p. 7; DOUE C298, de 4.10.2012, p. 4; DOUE C51, de 22.2.2013, p. 6; DOUE C75, de 14.3.2013, p. 8.; DOUE C77, de 15.3.2014, p. 4; DOUE C118, de 17.4.2014, p. 9; DOUE C200, de 28.6.2014, p. 59, DOUE C304, de 9.9.2014, p. 3; DOUE C390, de 5.11.2014, p. 12; DOUE C210, de 26.6.2015, p. 5; DOUE C286, de 29.8.2015, p. 3; DOUE C151, de 28.4.2016, p. 4; DOUE C16, de 18.1.2017, p. 5; DOUE C69, de 4.3.2017, p. 6; DOUE C94, de 25.3.2017, p. 3; DOUE C297, de 8.9.2017, p. 3; DOUE C343, de 13.10.2017, p. 12; DOUE C100, de 16.3.2018, p. 25; DOUE C144, de 25.4.2018, p. 8; DOUE C173, de 22.5.2018, p. 6; DOUE C222, de 26.6.2018, p. 12. 

Jurisprudencia - El TS establece que sólo pueden ser expulsados los extranjeros condenados por delitos cuya pena mínima de prisión exceda de 1 año


Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 893/2018 de 31 May. 2018, Rec. 1321/2017: Interés casacional. Extranjeros. Expulsión. Condena por delito doloso castigado con pena privativa de libertad superior a 1 año. Interpretación del art. 57.2 LOEX. Debe entenderse en el sentido de que se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente, si bien, sólo en aquellos supuestos en los que la totalidad de la pena establecida en el Código sea una pena privativa de libertad superior a un año 1, excluyendo, por tanto, aquellos delitos en los que, con independencia de máximo previsto para la pena de privación de libertad, el mínimo, igualmente previsto, es de 1 año o menos. Votos particulares.
Nº de Sentencia: 893/2018
Nº de Recurso: 1321/2017
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9239, Sección Jurisprudencia, 16 de Julio de 2018
ECLI: ES:TS:2018:2041

domingo, 15 de julio de 2018

Bibliografía - El «ángulo muerto» del Derecho Internacional: las empresas transnacionales y sus cadenas de suministro


El «ángulo muerto» del Derecho Internacional: las empresas transnacionales y sus cadenas de suministro
Lorena Sales Pallarés (Universidad de Castilla-La Mancha), Maria Chiara Marullo (Universitat Jaume I)
Persona y Derecho, núm. 78 (2018), pp. 261-291
La creación de normas vinculantes y la búsqueda de recursos efectivos para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales, han sido y son, los objetivos de la lucha más difícil a la que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. A nivel internacional, muchos han sido los intentos de creación de normas vinculantes sobre la protección de los derechos humanos en el ámbito de las empresas. El “ángulo muerto” del derecho internacional hace referencia al hecho de que en la actualidad no existen normas de hard law capaces de responsabilizar a las corporaciones internacionales por los graves ilícitos internacionales perpetrados extraterritorialmente en sus cadenas de suministro. La finalidad de este trabajo es tomar conciencia de este problema y al mismo tiempo evaluar mecanismos, estrategias y acciones desde la perspectiva civil, para garantizar el derecho de acceso a la justicia, y con ello, colmar en parte este “ángulo muerto” del derecho internacional.

Revista de revistas (8 a 15 de julio)


-Eucrim (The European Criminal Law Associations' fórum): 2017, núm. 4; 2018, núm. 1.
-Les Cahiers de Droit: 2018, núm. 2.
-Neue Juristische Wochenschrift - NJW: 2018, núm. 24; 2018, núm. 25; 2018, núm. 26; 2018, núm. 27.

sábado, 14 de julio de 2018

Boletín de referencias de actualidad de Derecho Internacional y Derechos Humanos (14 Julio 2018) - International Law and Human Rights Current References Digest (July 14, 2018)


Nota: Este Boletín ha sido elaborado por el Prof. Francisco J. Zamora Cabot (Universidad Jaume I de Castellón) [email: zamora(at)uji.es], a quien agradezco la autorización para publicarlo en Conflictus Legum.


-HHRR AND RELATED MATTERS

Rohingyas:
Burma:
UK/Unilever Case:
Ethiopia:
Migrants/Refugees:
Chains of Supply/Clothing:
Access to Justice/Belhaj Case, UK:
Land Grabbings:
Indigenous Peoples-Environment:
Climate Change:
OECD Due Diligence Guidance:
Access to Water:
Deusto Journal of HHRR:
Israel:
US Withdrawal from the UNHRC:
BCHR Newsletter:
Freedom of Speech:
The Right to Die:
Article on UNGPs in the EU:
"Killer Robots":
Homelessness:
Poverty in the US:
Poverty:
Article on Jesner v. Arab Bank Case:
International Arbitration and HHRR:
Corporative Index of HHRR:
Data Collection and Freedom of Religion:
A Book: ECHR and General International Law:
A Book on the Bus and HHRR Treaty:
On the Bus and HHRR Treaty:
Report of the 38th Session of the HRC:
Bus. and HHRR Centre Weekly Update:
Lago Agrio:
AI and HHRR:
Bus and HHRR in Latin America:
Article on Companies as Duty Holders:
Nigeria:

TRANSNATIONAL LAW ISSUES

Money Laundering:
Law of Nations Blog-Update:
Force Majeure:
Investments:
Public Policy:
Immunities:
Brexit and Jurisdiction Agreements:
Anti-Corruption:
Application of Foreign Law:
Service of Process:

MISCELLANEOUS

China/Myanmar:
China/Polar Strategy:
Data-Driven Governance:
On CSR:
Artificial Intelligence:
On Fascism:
Disclosure and the Crypto-Market:
Qatar Blocking:

BOE de 14.7.2018


-Orden HAC/748/2018, de 4 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/2652/2012, de 5 de diciembre, por la que se aprueban las tablas de devolución que deberán aplicar las entidades autorizadas a intervenir como entidades colaboradoras en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de viajeros regulado en el artículo 21, número 2.º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Nota: Véase la Orden HAP/2652/2012, de 5 de diciembre, así como la entrada de este blog del día 14.12.2012.
-Resolución de 13 de julio de 2018, de la Secretaría General de Transporte, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018, por el que se autoriza el incremento de la bonificación al transporte previsto en la disposición adicional centésima cuadragésima séptima, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Nota: La DA 147ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, autoriza al Gobierno para que durante el año 2018 y con vigencia indefinida aumente al 75% el porcentaje de la bonificación para los trayectos entre las Comunidades Autónomas de Canarias e Illes Balears y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con el resto del territorio español. En cumplimiento de ello, mediante este Acuerdo se autoriza el dicho incremento.
El aumento se aplicará a los billetes que las compañías aéreas y marítimas emitan desde las 9:00, hora peninsular, del día en que se publique este acuerdo en el BOE, siempre que sea hábil conforme a la Ley Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta medida se extenderá hasta la entrada en vigor de las disposiciones que pueda aprobar el Gobierno en sustitución del presente acuerdo.

viernes, 13 de julio de 2018

Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018


Entre los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en su sesión celebrada hoy, viernes 13 de julio, y contenidos en la referencia del Consejo, cabe destacar los siguientes:

-Acuerdo por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho acuerdo.
Entre 2013 y 2015 se ha desarrollado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico/G-20 el proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting o erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios) que lucha contra la elusión fiscal internacional de las grandes multinacionales. Este proyecto ha concluido con un informe final que incluye un amplio paquete de medidas. Algunas requieren de una modificación de las normativas puramente internas (limitación de gastos financieros o el informe país por país); otras, sin embargo, requieren de la modificación de los convenios para evitar la doble imposición (la adopción de cláusulas anti abuso o la modificación de la definición de establecimiento permanente). Por lo que respecta a este segundo grupo de medidas, la modificación de los más de 3.500 convenios bilaterales para evitar la doble imposición (CDI) vigentes en el mundo (89 en vigor en el caso de España) para incorporar esas medidas puede ser un proceso largo y poco eficiente, si pretende realizarse uno a uno.
Para que este proceso pueda ser mucho más rápido y eficiente, se ha firmado este Convenio Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios que va a permitir actualizar la red mundial de CDI con las medidas resultantes del proyecto BEPS de manera sincronizada evitando las negociaciones bilaterales de cada uno de ellos. Este Convenio es un instrumento flexible, en el sentido de que los Estados pueden elegir los artículos a adoptar así como los convenios bilaterales que van a ser modificados. Este juego de opciones se realiza mediante lo que se denomina reservas y notificaciones. De esta forma, únicamente cuando las dos partes de un convenio bilateral coincidan en optar por un artículo, el convenio quedará modificado en consecuencia.
Acompañando a este Convenio, se ha desarrollado un conjunto de comentarios que ofrecerán una fuente de interpretación de los artículos y una clarificación de la operativa del Convenio en su relación con los CDI que pretende modificar.

-Acuerdo por el que se aprueba el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el artículo 18.Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Se establece un aumento del 1,5 % de las retribuciones del personal del Sector Público, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, con efectos de 1 de enero de 2018. Y un incremento adicional del 0,25 %, con efectos de 1 de julio de 2018, si el crecimiento del PIB a precios constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 %.
En lo que al incremento del PIB se refiere, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 establece que se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cual se comunicará a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo. A estos efectos, el INE publicó el 30 enero de 2018 la "Estimación avance del PIB trimestral. Base 2010. Cuarto trimestre de 2017", señalando que la tasa anual de PIB se sitúa en el 3,1% en el cuarto trimestre de 2017 y así lo ha certificado con fecha 6 de julio. Por tanto, dado que se dan todos los requisitos exigidos, el Gobierno ha aprobado el incremento del 0,25 % adicional en las retribuciones del personal al servicio del sector público con el objetivo de que pueda hacerse efectivo de manera inminente.
De estas subidas, tanto la adicional (0,25 %) como el incremento fijo (1,5 %), se verán también beneficiados el personal laboral de las entidades del sector público estatal, tras haber aprobado el Gobierno las pautas de negociación colectiva de ese sector público estatal para 2018.
Además de aprobar unas nuevas pautas en materia salarial para el ejercicio 2017, se ha mantenido la vigencia de las pautas en materia de relaciones laborales y de empleo ya aprobadas en 2017.

-Dar el visto bueno a la tramitación del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, con el objeto de avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco mediante la declaración como género prohibido, a efectos de la Ley, de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas por las mafias, especialmente en las costas del Campo de Gibraltar.
Mediante esta iniciativa legislativa se penalizará el uso ilegítimo de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad, denominadas 'RHIBS', al objeto de dotar a los órganos encargados de la represión del contrabando de una herramienta jurídica eficaz para proceder contra una tipología de embarcaciones habitualmente utilizada por las organizaciones para la introducción en las costas españolas de género de contrabando, principalmente hachís procedente de Marruecos y tabaco de Gibraltar.
Frente a la situación actual, en la cual resulta muy difícil proceder legalmente contra las denominadas 'narcolanchas' si no contienen carga ilícita en el momento de su detención, la modificación propuesta permitirá tomar en consideración parámetros objetivos, como las características técnicas de la embarcación, su titularidad o la finalidad de su uso, para poder proceder a su incautación, incluso en tierra y sin carga ilícita, e incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular las denuncias por delito de contrabando que resulten pertinentes.
De acuerdo con la modificación legislativa planteada, al ser definidas las RHIBS como género prohibido a efectos de la Ley, se podrá proceder a su decomiso en cuanto sean detectadas y tendrán implicaciones penales o administrativas diversas actividades relacionadas con las mismas. Así, la tenencia de estas embarcaciones, al igual que su fabricación, circulación, importación, exportación, actividad de comercio y rehabilitación, constituirán, salvo que se cumplan los requisitos legales, una infracción administrativa si el valor de las embarcaciones aprehendidas no supera los 50.000 euros, o bien, si supera esa cantidad, un delito de contrabando, sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados.
La propuesta de modificación legislativa afecta a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de más de ocho metros de eslora, así como a las de longitud inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios y a cualquier otra embarcación, con independencia de dimensiones y potencia, si existen indicios racionales tasados en la propia regulación de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un delito de contrabando. Se establece, en paralelo, un régimen de excepciones a la prohibición para las embarcaciones neumáticas y semirrígidas adscritas a la defensa nacional, los buques o embarcaciones de Estado extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas, las embarcaciones del Estado y administraciones territoriales, y las adscritas a organizaciones internacionales reconocidas como tales en España, así como las embarcaciones auxiliares efectiva y exclusivamente afectas al servicio de una embarcación principal.
Adicionalmente, quedarán exceptuadas de la prohibición, previa autorización e inscripción en un registro, las embarcaciones distintas a las anteriores que se encuentren afectas a salvamento y asistencia marítima; las que se utilizan para navegación interior por lagos, ríos y aguas fuera de los espacios marítimos españoles; las afectas al ejercicio de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación, y las de recreo destinadas a uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos en materia de seguridad, técnicos y de comercialización.
Para garantizar el cumplimiento de esta norma se creará el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, ubicado en el Ministerio de Hacienda, al que podrán acceder otros organismos, y un mecanismo de inspección y control que serán desarrollados reglamentariamente.
La propuesta de cambio normativo establece una "vacatio legis" de seis meses desde su aprobación para la entrada en vigor, momento a partir del cual se abre un periodo de seis meses para que se regularice la situación de embarcaciones que deban ser objeto de autorización de uso e inscripción en el registro.

-Autorizar el incremento de la subvención del 50% al 75% de las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y de los billetes de transporte marítimo de los residentes no peninsulares en los trayectos entre las Comunidades Autónomas de Canarias, Islas Baleares y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y el resto del territorio nacional. El Acuerdo se aplicará a los billetes que las compañías aéreas y marítimas emitan desde las 9 de la mañana (hora peninsular) del próximo lunes 16 de julio, primer día hábil tras su publicación en el BOE, prevista para mañana sábado
El acuerdo, tramitado de forma urgente, permite implantar de forma inmediata dicho aumento tras la aprobación de los PGE de 2018, sin perjuicio de que próximamente se apruebe el Real Decreto, tramitado también de urgencia, con objeto de consolidar normativamente la aplicación del aumento de esta subvención.

-Acuerdo por el que se plantea la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución en relación con determinados apartados de la Moción del Parlamento de Cataluña, de 5 de julio de 2018, sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional.

DOUE de 13.7.2018


Comité de las Regiones
(128º Pleno, 22.3.2018 – 23.3.2018)

-Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Realización de la Agenda Europea de Migración.

-Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Iniciativa Ciudadana Europea.

jueves, 12 de julio de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12.7.2018)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 12 de julio de 2018, en el asunto C‑89/17 (Banger): Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión Europea — Artículo 21 TFUE — Derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de la Unión — Directiva 2004/38/CE — Artículo 3, apartado 2, párrafo primero, letra b) — Pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada — Regreso al Estado miembro del que es nacional el ciudadano de la Unión — Solicitud de autorización de residencia — Estudio detenido de las circunstancias personales del solicitante — Artículos 15 y 31 — Tutela judicial efectiva — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 21 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que obliga al Estado miembro del que es nacional un ciudadano de la Unión a facilitar la concesión de una autorización de residencia a la pareja no registrada, nacional de un tercer Estado, con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada, cuando dicho ciudadano de la Unión regresa con ella al Estado miembro del que es nacional para residir en este tras haber ejercido su derecho de libre circulación para trabajar en un segundo Estado miembro, conforme a los requisitos establecidos en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.
2) El artículo 21 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que una resolución por la que se deniega la concesión de una autorización de residencia a la pareja no registrada, nacional de un tercer Estado, de un ciudadano de la Unión que regresa con ella al Estado miembro del que es nacional para residir en este tras haber ejercido su derecho de libre circulación, conforme a los requisitos establecidos en la Directiva 2004/38, debe basarse en un estudio detenido de las circunstancias personales del solicitante y estar motivada.
3) El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que los nacionales de terceros países contemplados en esa disposición deben tener una vía de recurso para impugnar una resolución por la que se les deniegue la concesión de una autorización de residencia, tras cuyo ejercicio el juez nacional debe poder comprobar si la resolución denegatoria tiene una base fáctica suficientemente sólida y si se han respetado las garantías de procedimiento. Entre estas garantías figura la obligación de las autoridades nacionales competentes de estudiar detenidamente las circunstancias personales del solicitante y de motivar toda denegación de entrada o residencia."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PAOLO MENGOZZI, presentadas el 12 de julio de 2018, en el asunto C‑221/17 (Tjebbes y otros): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos)] Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículo 20 TFUE — Artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Nacionalidad de un Estado miembro y de un tercer país — Pérdida de la nacionalidad del Estado miembro por residir fuera de la Unión durante un período ininterrumpido de diez años — Unidad de nacionalidad en la familia — Interés superior del niño.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) El artículo 20 TFUE y el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una norma, como el artículo 15, apartados 1, letra c), y 4, de la Rijkswet op het Nederlanderschap (Ley sobre la nacionalidad neerlandesa), en virtud de la cual una persona mayor de edad, que también es nacional de un tercer país, pierde de pleno Derecho la nacionalidad de un Estado miembro, y por ende la ciudadanía de la Unión, por haber tenido durante un período ininterrumpido de diez años su residencia principal en el extranjero y fuera de la Unión Europea.
2) El artículo 20 TFUE y el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma, como el artículo 16, apartados 1, letra d), y 2, de la Ley sobre la nacionalidad neerlandesa, en virtud de la cual una persona menor de edad, que también tiene la nacionalidad de un tercer país, pierde de pleno Derecho la nacionalidad de su Estado miembro, y por ende la ciudadanía de la Unión, como consecuencia de la pérdida de la nacionalidad por su progenitor, salvo en casos excepcionales."

Bibliografía - El Tribunal Constitucional Portugués declara la inconstitucionalidad de la legislación sobre gestación por sustitución


Y el sueño se convirtió en pesadilla: el Tribunal Constitucional Portugués declara la inconstitucionalidad de la legislación sobre gestación por sustitución (I). A propósito de la STC portugués n.o 225/2018, de 24 de abril
Antonio J. Vela Sánchez, Profesor Titular de Derecho Civil. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
Diario La Ley, Nº 9237, Sección Doctrina, 12 de Julio de 2018
Basándose en el derecho al desarrollo de la personalidad y en la dignidad humana de la mujer gestante, añadiendo su derecho constitucional a constituir una familia y obviando los derechos genéticos y jurídicos de los beneficiarios, la STCP estudiada consagra la revocabilidad del consentimiento prestado hasta el momento de entrega del nacido, criterio que colocaría encima del convenio de gestación por sustitución una espada de Damocles que pocos comitentes —por no decir ninguno—, estarían dispuestos a soportar.
Respecto de las cuestiones previas tratadas por la STCP, en primer lugar, no aclara adecuadamente su posición sobre si existe un derecho fundamental a procrear, aunque parece negarlo; segundo, parte de que el convenio gestacional, al ser altruista, no supone explotación económica de la gestante, ni implica su instrumentalización al servicio de los beneficiarios —al contrario, le sirve como medio para desarrollar su personalidad— y afirma que la legislación protegía convenientemente la dignidad de la gestante; y, en tercer lugar, considera que el negocio procreativo no atenta contra la dignidad del nacido —al formar parte de un legítimo proyecto parental—, ni viola el deber del legislador de proteger el interés superior del menor, al no ser constatables los perjuicios derivados de la ruptura inmediata del vínculo creado con la gestante durante el embarazo.
En cuanto a la cuestión de la irrevocabilidad del consentimiento prestado por la mujer gestante, postulado cardinal contemplado en la legislación portuguesa, la STCP determina la necesidad «constitucional» de la posibilidad de que la gestante lo revoque hasta el momento de entrega del nacido —instante en el que, como en la adopción, ya no tiene argumentos para desdecirse—, lo que garantizaría su derecho al desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, y ello porque pueden sobrevenir circunstancias imprevisibles que hagan que la información del consentimiento fuese insuficiente, de modo que el cumplimiento del convenio ya no sería voluntario, sino constitutivo de violencia para la mujer gestante.
Además, la revocación del consentimiento puede darse para interrumpir voluntariamente el embarazo, derecho fundamental que no puede condicionarse o penalizarse con indemnización de daños patrimoniales o morales; o para retener al nacido como hijo propio, con base, de un lado, en la pretendida relación gestante-nacido surgida del embarazo —que la propia STCP ya había declarado inocua— y pese a la aportación de material reproductor de uno o ambos beneficiarios, y, de otro, en el derecho constitucional de la gestante a constituir una familia propia, derecho que sustrae a los propios comitentes.

Nota: Véase la Ley nº 2572016, de 22 de Agosto, regula o acesso à gestação de substituição, procedendo à terceira alteração à Lei nº 32/2006, de 26 de julho (procriação medicamente assistida), así como la Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 225/2018.

DOUE de 12.7.2018


Corrección de errores de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) — Lista de los Estados miembros que han optado por la aplicación de la Directiva sobre el registro de nombres de los pasajeros a los vuelos interiores de la UE — Según establece el artículo 2 de la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (En caso de que un Estado miembro decida aplicar la presente Directiva a los vuelos interiores de la UE, lo notificará por escrito a la Comisión. Cualquier Estado miembro podrá efectuar o revocar esta notificación en cualquier momento. La Comisión publicará dicha notificación y cualquier revocación de la misma en el Diario Oficial de la Unión Europea)
Nota: Véase el Registros de nombres de los pasajeros (PNR), así como la entrada de este blog del día 8.6.2018

miércoles, 11 de julio de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (11.7.2018)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 11 de julio de 2018, en el asunto C‑88/17 (Zurich Insurance y Metso Minerals): Procedimiento prejudicial — Cooperación en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Competencia judicial — Artículo 5, punto 1, letra b), segundo guion — Competencia de los tribunales del lugar de ejecución de la obligación — Lugar de prestación de los servicios — Contrato de transporte de mercancías entre dos Estados miembros — Trayecto constituido por varias etapas y efectuado con diferentes medios de transporte.
Fallo del Tribunal: "El artículo 5, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que en un contrato de transporte de una mercancía entre Estados miembros en varias etapas, con escalas, y por medio de diferentes medios de transporte, como el controvertido en el litigio principal, tanto el lugar de expedición como el lugar de entrega de la mercancía constituyen lugares de prestación del servicio de transporte en el sentido de dicha disposición."