lunes, 26 de octubre de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


 NUEVOS ASUNTOS


- Asunto C-330/20: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (España) el 23 de julio de 2020 — IP / Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña).

- Asunto C-366/20: Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (España) el 5 de agosto de 2020 — CZ / Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña).

Cuestiones planteadas:
"1) ¿Se opone al Derecho Comunitario — arts. 63 TFUE y 65 TFUE y a los principios fundamentales de libre circulación, igualdad de trato y no discriminación — una norma nacional como el art. 39.2 [de la] Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 35/2006, de 28 de noviembre, en la redacción dada por el artículo 3. Dos de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que califica como «ganancias de patrimonio no justificadas», «en todo caso», a tributar en el período más antiguo de los no prescritos, cuando se incumple formalmente[,] o se hace extemporáneamente, la obligación de informar respecto de los bienes sito[s] o derechos y activos depositados en el extranjero a través del «Modelo 720», sin atender a la[s] reglas de prescripción previstas en la Ley General Tributaria 58/2003, salvo que se trat[e] de «rentas declaradas» o que procedan de períodos en los que no era residente tributario en España?
En el supuesto de que se conteste negativamente por considerarla proporcionada;
2) ¿Se opone al Derecho Comunitario —arts. 63 TFUE y 65 TFUE y a los principios fundamentales de libre circulación, igualdad de trato, no discriminación y proporcionalidad— una norma nacional como el art. 39.2 [de la] Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 35/2006, de 28 de noviembre, para las anteriores consecuencias, el hecho de que tales rentas hayan sido declaradas extemporáneamente, pero antes de ningún tipo de procedimiento de comprobación iniciado y notificado ni haberse ejercitado ninguna solicitud de intercambio de información fiscal existiendo un mecanismo vigente para ello con el tercer Estado?"

[DOUE C359, de 26.10.2020]

DOUE de 26.10.2020


- Recomendación (UE) 2020/1551 del Consejo de 22 de octubre de 2020 por la que se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción.

Nota: Mediante el presente acto se modifica la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo,  (véase la entrada de este blog del día 1.7.2020) modificada por la Recomendación (UE) 2020/1052 (véase la entrada de este blog del día 17.7.2020) y por la Recomendación (UE) 2020/1144 (véase la entrada de este blog del día 31.7.2020) y por la Recomendación (UE) 2020/1186 (véase la entrada de este blog del día 11.8.2020), sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción.
El primer párrafo del punto 1 de la Recomendación se sustituye por el texto siguiente:
"1. A partir del 22 de octubre de 2020 los Estados miembros deben levantar gradualmente la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE, de manera coordinada. para los residentes de los terceros países que figuran en el anexo I."
Por su parte, el anexo I de la Recomendación se sustituye por el texto siguiente:
"ANEXO I - Terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no deben verse afectados por la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE a través de las fronteras exteriores
I. ESTADOS
1. AUSTRALIA
2. JAPÓN
3. NUEVA ZELANDA
4. RUANDA
5. SINGAPUR
6. COREA DEL SUR
7. TAILANDIA
8. URUGUAY
9. CHINA (con sujeción a confirmación de reciprocidad)
II. REGIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
1. Región Administrativa Especial de Hong Kong (con sujeción a confirmación de reciprocidad)
2. Región Administrativa Especial de Macao (con sujeción a confirmación de reciprocidad)

[DOUE L354, de 26.10.2020]  

- Registros de nombres de los pasajeros (PNR) — Lista actualizada de los Estados miembros que han optado por la aplicación de la Directiva sobre el registro de nombres de los pasajeros a los vuelos interiores de la UE según establece el artículo 2 de la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (En caso de que un Estado miembro decida aplicar la presente Directiva a los vuelos interiores de la UE, lo notificará por escrito a la Comisión. Cualquier Estado miembro podrá efectuar o revocar esta notificación en cualquier momento. La Comisión publicará dicha notificación y cualquier revocación de la misma en el Diario Oficial de la Unión Europea).

Nota: Los Estados miembros que han notificado a la Comisión la aplicación de la Directiva PNR en los vuelos interiores de la UE son Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido.
Véase la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, así como la entrada de este blog del día 4.5.2016.

[DOUE C358, de 26.10.2020]

Bibliografía - Interpretación de la legislación sobre la orden europea de investigación y su aplicación práctica

 - Interpretación de la legislación sobre la orden europea de investigación y su aplicación práctica. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Asunto C-324/2017
Sofía Frieyro Elícegui, Doctora en Derecho Penal
Diario La Ley, Nº 9723, Sección Tribuna, 26 de Octubre de 2020

Se analiza el régimen jurídico de la orden europea de investigación como instrumento de cooperación judicial penal, su ámbito de aplicación y cuestiones prácticas que se pueden plantear en relación a su emisión y transmisión, su reconocimiento y ejecución, los formularios a rellenar, el régimen de recursos y los costes de ejecución. Asimismo, se trata la STJUE dictada en el Asunto C-324/2017, en relación a la cumplimentación del formulario relativo a la emisión de una OEI.

Jurisprudencia - Ponderación de derechos fundamentales cuando la labor profesional de quien ejercita el derecho al olvido se ciñe a una actividad privada

 - Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 1175/2020 de 17 Sep. 2020, Rec. 1733/2019: Interés casacional. Protección de datos. Derecho al olvido digital. Conformidad a Derecho de la sentencia de la AN, que anuló la resolución sancionadora de la AEPD contra un conocido gestor del motor de búsqueda de internet. Primacía de la información difundida a través del motor de búsqueda frente a la protección de datos del afectado y el derecho al olvido. La opinión publicada alude a una conducta profesional que guarda conexión con ciertos hechos objeto de investigación penal, y divulga y advierte de un posible fraude a terceros, y que presenta un interés para potenciales usuarios. Distinción entre la libertad de expresión y el derecho a la información. Doctrina del TC y del TJUE. Delimitación de la jurisprudencia sentada en la STS 12/2019, de 11 de enero. Factores de ponderación. La ponderación de los intereses concurrentes, unido a la incidencia del factor tiempo en la calidad de los datos del interesado difundidos y en el ejercicio del derecho al olvido, determina la prevalencia de la información respecto al derecho al olvido.

Ponente: Perelló Doménech, María Isabel.
Nº de Sentencia: 1175/2020
Nº de Recurso: 1733/2019
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9723, Sección La Sentencia del día, 26 de Octubre de 2020
ECLI: ES:TS:2020:2873
[Texto de la sentencia]

domingo, 25 de octubre de 2020

BOE de 25.10.2020 - Declaración del estado de alarma


 - Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Nota: Mediante esta disposición se declara el estado de alarma, que afecta a todo el territorio nacional, "con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2" (arts. 1 y 3). El estado de alarma finalizará a las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que puedan establecerse (art. 4).
De conformidad con el artículo 2, será autoridad competente el Gobierno de la Nación y en cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía. Estas últimas quedan habilitadas para dictar, por delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11, sin que sea precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno ni sea de aplicación lo previsto en el segundo párrafo del artículo 8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En el artículo 5 se regula la limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno. Entre las 23:00 y las 6:00 horas, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades:
- Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.
- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
- Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
- Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
- Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado.
- Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
- Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
- Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
- Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.
La autoridad competente delegada podrá determinar, en su ámbito territorial, que la hora de comienzo de la limitación sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización sea entre las 5:00 y las 7:00 horas.

El artículo 6 establece la limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía. Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad autónoma y de cada ciudad con Estatuto de autonomía salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:
- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
- Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
- Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.
- Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
- Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o - personas especialmente vulnerables.
- Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.
- Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.
- Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.
- Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
- Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
- Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
La autoridad competente delegada podrá, adicionalmente, limitar la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía. No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de los ámbitos territoriales en que resulten de aplicación las limitaciones anteriores.

Adicionalmente, el artículo 7 limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados (art. 7). Así, con carácter general, la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones que se establezcan en relación a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes. En caso de agrupaciones que incluyan tanto personas convivientes como personas no convivientes, el número máximo a que se refiere el párrafo anterior será de seis personas.
La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar en su ambito territorial y a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, que el número máximo sea inferior a seis personas, salvo que se trate de convivientes. Igualmente podrán establecer excepciones respecto a personas menores o dependientes, así como cualquier otra flexibilización de la limitación prevista.
Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución podrán limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por los promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios.
No se oncluyen en las limitaciones anteriores las actividades laborales e institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa aplicable.
Igualmente, se limita la permanencia de personas en lugares de culto mediante la fijación por la autoridad competente delegada de aforos para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos. Esta limitación no podrá afectar en ningún caso al ejercicio privado e individual de la libertad religiosa.

Las medidas anteriores, previstas en los artículos 6, 7 y 8, serán eficaces en el territorio de cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad competente delegada respectiva lo determine, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad. La eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales.
La medida prevista en el artículo 6 no afecta al régimen de fronteras. La medida prevista en el artículo 5 será eficaz en todo el territorio nacional en el momento de la entrada en vigor de este real decreto. Ahora bien, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, esta medida será eficaz cuando la autoridad competente delegada en este territorio lo determine, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad. La eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales (véase el art. 9).

La autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía podrá en su ámbito territorial y a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, modular, flexibilizar y suspender la aplicación de las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8, con el alcance y ámbito territorial que determine. La regresión de las medidas hasta las previstas en los mencionados artículos se hará, en su caso, siguiendo el mismo procedimiento (art. 10).

Con la finalidad de garantizar la necesaria coordinación en la aplicación de las medidas, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud podrá adoptar a estos efectos cuantos acuerdos procedan, incluidos, en su caso, el establecimiento de indicadores de referencia y criterios de valoración del riesgo (art. 13).
El incumplimiento de este real decreto o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio (art. 15).
La vigencia del estado de alarma no impedirá el desenvolvimiento ni la realización de las actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones convocadas a parlamentos de comunidades autónomas (DA única).

Este real decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el BOE (DF segunda).

[BOE n. 282, de 25.10.2020]

Revista de revistas (11 a 25 de octubre)

- Business and Human Rights Journal: 2020, núm. 2.
- Columbia Journal of Transnational Law: vol. 58 (2020), núm. 2; vol. 58 (2020), núm. 3.
- Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo: núm. 233 (2020); núm. 234 (2020).
- Práctica derecho daños. Revista de Responsabilidad Civil y Seguros: núm. 143 (2020); núm. 144 (2020).
- Revista de Derecho Migratorio y Extranjería: núm. 54 (2020).
- Revista de Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales: núm. 13 (2020); núm. 14 (2020).
- Revista Jurídica de Catalunya: 2020, núm. 2.

viernes, 23 de octubre de 2020

Congreso de los Diputados - Proyectos de ley


 - Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 33-1, de 23.10.2020).

Nota: En este proyecto se incorpora el nuevo régimen de transparencia fiscal internacional y la imposición de salida derivada de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior. La transparencia fiscal internacional supone la imputación a una empresa residente en territorio español de determinadas rentas obtenidas por una entidad participada mayoritariamente que resida en el extranjero cuando la imposición sobre esas rentas en el extranjero es notoriamente inferior a la que se hubiera producido en territorio español, imputación que se produce aunque las rentas no hayan sido efectivamente distribuidas.
España ya regula esta figura tanto en la normativa del Impuesto sobre Sociedades como en la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero ahora se incorporan algunas novedades derivadas de la Directiva. Entre ellas cabe destacar el hecho de que la imputación de rentas que se produce dentro del régimen de transparencia fiscal afecta no solamente a las obtenidas por entidades participadas por el contribuyente sino también a las obtenidas por sus establecimientos permanentes en el extranjero.
Lo dispuesto en la Directiva no es óbice para la existencia y aplicación de disposiciones nacionales «dirigidas a salvaguardar un nivel de protección más elevado de las bases imponibles nacionales del impuesto sobre sociedades». En el caso de la ley española existen elementos del régimen de transparencia fiscal que suponen ese nivel de protección más elevado. A este respecto, se ha optado, con carácter general, por mantener en el precepto esos niveles de protección más elevados. Es el caso, por ejemplo, de la diferencia entre la tributación en territorio extranjero y la que hubiera resultado en el supuesto de que hubiera tributado en España que se regula en la ley como requisito desencadenante de la obligatoriedad de la imputación. O también de la inclusión de determinados tipos de rentas que no están expresamente referenciadas en la Directiva como susceptibles de ser imputadas y que sin embargo sí lo están en la norma española, como ocurre con las rentas derivadas de la titularidad de bienes inmuebles o las derivadas de actividades crediticias, financieras, aseguradoras o de prestación de servicios realizadas con personas o entidades vinculadas cuando determinan gastos fiscalmente deducibles en entidades residentes en territorio español.
En cuanto al llamado impuesto de salida o «exit tax», tiene como función garantizar que, cuando un contribuyente traslade sus activos o su residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal del Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el momento de la salida. La Ley del Impuesto sobre Sociedades regula ya el tratamiento fiscal en caso de cambio de residencia, pero también aquí procede realizar modificaciones de cierta importancia para transponer la Directiva. En concreto, para el supuesto de que el cambio de residencia se hubiera producido hacia otro Estado miembro de la Unión Europea, se establecía el aplazamiento del pago del impuesto de salida, a solicitud del contribuyente, hasta la fecha de la transmisión a terceros de los elementos patrimoniales afectados. Sin embargo, la Directiva lo que prevé es un derecho del contribuyente a fraccionar el pago del impuesto de salida a lo largo de cinco años, cuando el cambio de residencia se efectúe a otro Estado miembro o un tercer país que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, estableciendo, asimismo, determinadas normas complementarias para el caso de que se solicite ese fraccionamiento.
La normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes regula actualmente el supuesto del traslado de activos al extranjero desde un establecimiento permanente situado en territorio español. Como consecuencia de la transposición de la Directiva resulta necesario introducir un nuevo supuesto previsto de generación de un impuesto de salida para el caso de que se produzca un traslado, no de un elemento aislado, sino de «la actividad» realizada por el establecimiento permanente.
Por otra parte, en las normas reguladoras del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes es preciso introducir la previsión de la Directiva de que cuando el traslado de activos haya sido objeto de una imposición de salida en un Estado miembro de la Unión Europea el valor determinado por ese Estado miembro será aceptado como valor fiscal en España, salvo que no refleje el valor de mercado.

De acuerdo con los nuevos parámetros internacionales, se adecúa el término de paraísos fiscales al de jurisdicciones no cooperativas. La determinación de los países y territorios que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas requiere de una actualización atendiendo a las revisiones y trabajos desarrollados en el ámbito internacional, tanto en el marco de la Unión Europea como en el de la OCDE.
Con la finalidad de combatir más eficientemente el fraude fiscal, resulta necesario ampliar el concepto de paraíso fiscal y para ello determinar la consideración de jurisdicción no cooperativa, atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia, identificando aquellos países y territorios caracterizados por facilitar la existencia de sociedades extraterritoriales dirigidas a la atracción de beneficios sin actividad económica real o por la existencia de baja o nula tributación o bien por su opacidad y falta de transparencia, por la inexistencia con dicho país de normativa de asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria aplicable, por la ausencia de un efectivo intercambio de información tributaria con España o por los resultados de las evaluaciones sobre la efectividad de los intercambios de información con dichos países y territorios. Asimismo, con el fin de otorgar una respuesta más precisa a determinados tipos de fraude, conviene identificar aquellos regímenes fiscales preferenciales que resulten perjudiciales establecidos en determinados países o territorios que facilitan el fraude fiscal. En este sentido, una vez aprobados estos criterios, el Ministerio de Hacienda adoptará las disposiciones necesarias para la publicación de la relación de países y territorios, así como regímenes fiscales perjudiciales, considerados jurisdicciones no cooperativas, que habrá de ser actualizada periódicamente. De esta forma, los incumplimientos de los compromisos adoptados pueden desembocar en una vuelta a la lista de jurisdicciones no cooperativas. Este enfoque dinámico garantiza una respuesta firme y actualizada frente a la utilización de dichos países y territorios con fines defraudatorios.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta las Personas Físicas se introducen diversas modificaciones. De este modo, se procede a homogeneizar el tratamiento de las inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), con independencia del mercado, nacional o extranjero en el que coticen. Así, se extiende a las instituciones de inversión colectiva cotizadas que coticen en bolsa extranjera el tratamiento de las que cotizan en bolsa española respecto a la no aplicabilidad del régimen de diferimiento.

En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se modifica la regulación de la acumulación de donaciones, para incluir los supuestos de contratos y pactos sucesorios que produzcan adquisiciones en vida del causante. Además, se modifica la ley del impuesto, para extender su ámbito a todos los no residentes, ya sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o en un tercer Estado, en consonancia con la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la extensión del principio de libertad de movimiento de capitales consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, reflejada en diversas sentencias, entre las que cabe señalar la sentencia 242/18, de 19 de febrero.

En la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se introducen diversos cambios. Entre ellos, se adapta el régimen de representación de los no residentes para adecuarlo al Derecho de la Unión Europea.

Una vez transcurridos más de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que introdujo la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, resulta necesario ajustar su contenido a las nuevas circunstancias existentes en el mundo económico. A tal fin, se introduce la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero.

Proyecto de Ley de trabajo a distancia (procedente del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre) (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 34-1, de 23.10.2020).

Nota: En el proyecto de ley cabe destacar su DF 11ª, en la que se modifican determinados artículos del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (véase la entrada de este blog del día 1.6.2020). Entre los preceptos modificados está el artículo 7, del que resaltaré su núm. 1, letra a):
"Artículo 7. Requisitos de acceso.
1. Todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de convivencia, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. No se exigirá este plazo respecto de:
1.º Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
2.º Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual.
3.º Las mujeres víctimas de violencia de género.
A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas."
Igualmente, se modifica su artículo 33 (Obligaciones de las personas beneficiarias), cuyo número 1, letra e), establece:
"e) Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un periodo, continuado o no, superior a noventa días naturales durante cada año natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio español de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 7.1.a)."
Véase el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, así como la entrada de este blog del día 23.9.2020.

Bibliografía - Los problemas enfrentados por empresarios del sector turístico en la economía de plataformas

 - Los problemas enfrentados por empresarios del sector turístico en la economía de plataformas. Comentario a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.o 7 de Barcelona de 18 de septiembre de 2019 y a la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 1 de Mérida de 4 de diciembre de 2019.
José Antonio Castillo Parrilla
Revista de Derecho Digital e Innovación, Núm. 6 (Julio-Septiembre de 2020)

La cara menos agradable para los empresarios que ofrecen sus bienes y servicios a través de la economía de plataformas es la desprotección en que muchos se encuentran derivada de la opacidad de los algoritmos que utilizan las plataformas para la prelación de ofertas y también las escasas posibilidades de defensa frente a cierto tipo de comentarios en las redes sociales o en las propias plataformas acerca de su empresa, que a su vez influyen en la prelación de ofertas que hacen los algoritmos de las plataformas. Esta desprotección aumenta cuanto mayor es el éxito de las plataformas en el mercado digital. No existe, por el momento, apenas jurisprudencia sobre las posibilidades de defensa de estas empresas frente a comentarios perjudiciales para su imagen en redes. Tan sólo dos Sentencias, que son objeto de este comentario, han afrontado por el momento el problema. Lo hacen desde dos ópticas diferentes. La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.o 7 de Barcelona trata la posible infracción de ciertos preceptos de la Ley de Competencia Desleal por parte de TripAdvisor al no borrar un comentario lesivo de la imagen de una empresa hotelera. La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 1 de Mérida de 4 de diciembre de 2019, la posible lesión del derecho al honor por parte del usuario que emite un comentario ofensivo y lesivo de la imagen de un restaurante.

Jurisprudencia - Expulsión de un extranjero y prohibición de entrada en España durante 10 años por la compra de una menor por 50 euros

 - Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 69/2020 de 30 Jun. 2020, Rec. 71/2020: Extranjeros. Expulsión con prohibición de entrada durante 10 años a condenado como autor de un delito de trata de seres humanos. La comisión de un delito de trata de personas supone un motivo imperioso de seguridad públca que puede justificar una medida de expulsión, siempre que la forma de comisión de tales infracciones presente características especialmente graves. En el caso, la gravedad de los hechos se concreta en la escasa edad de la niña (13 años), y la intención de traerse no una esposa, sino una esclava sexual, a disposición del hijo, y una esclava doméstica a disposición del matrimonio. Ausencia total de existencia de arraigo social, pues no consta acreditada su participación en actividad social alguna en la localidad en la que residen. 

Ponente: Rojas Pozo, Casiano.
Nº de Sentencia: 69/2020
Nº de Recurso: 71/2020
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9722, Sección Jurisprudencia, 23 de Octubre de 2020
ECLI: ES:TSJEXT:2020:421

Jurisprudencia - Expulsión de ciudadano de la UE, con mujer e hija españolas, condenado por tráfico de drogas

 - Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 432/2020 de 28 May. 2020, Rec. 249/2018: Extranjeros. Expulsión del territorio nacional con prohibición de retorno por un período de 3 años. Ciudadano de la UE. Constituye una amenaza real, actual y grave para el orden público y la paz social. Ha sido condenado por sentencia firme a más de 3 años de prisión por un delito de tráfico de drogas con grave daño a la salud. Este delito resulta objetivamente contrario al orden público y a la paz social, violenta el marco de la convivencia pacífica y el respeto a los valores fundamentales, y revela un especial desprecio y menoscabo especialmente grave del interés de la sociedad en preservar la tranquilidad y la seguridad física de las personas. Ponderación de las circunstancias personales del recurrente. Insuficiencia de los vínculos familiares alegados. El tipo penal por el que ha sido condenado evidencia un desarraigo social y un plus de peligrosidad que deben primar sobre esos vínculos. Voto particular.

Ponente: Galotto López, Mercedes.
Nº de Sentencia: 432/2020
Nº de Recurso: 249/2018
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9722, Sección Jurisprudencia, 23 de Octubre de 2020
ECLI: ES:TSJCV:2020:1567

BOE de 23.10.2020


 - Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Tías a inscribir una escritura de herencia internacional.

Nota: En esta resolución se plantea un tema ya resuelto por la DGRN.: si debe exigirse en una sucesión sujeta a Derecho británico (Inglaterra y Gales) el acompañamiento de la resolución, expedida por el «Probate Service» no contenciosa y más próxima, en el Derecho español, con las consiguientes adaptaciones, a un acto de jurisdicción voluntaria, conocida por «probate» («Grant of Representation»), con la peculiaridad de que el testamento ante notario español, correctamente extendido a la totalidad de sus bienes, en el que el causante ordenaba «professio iuris» a la ley nacional del testador, y concretamente a su «domicile», se otorgó después de la entrada en aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012, y por tanto si este hecho –no tratarse de un supuesto transitorio contemplado en el art. 83.2 del Reglamento– varía en algo la apreciación que del supuesto ha hecho la DGRN en sus Resoluciones de 2 de marzo de 2018 y 14 de febrero de 2019.

En la primera resolución se estableció en su fundamento noveno tras describir en el octavo el sistema británico:
«Este sistema que de alguna forma intentó contemplarse en el artículo 29 del Reglamento Europeo de Sucesiones, sin que contentara a Reino Unido e Irlanda, no puede ser exigido en España en una sucesión sobre bienes situados en España y, en el caso concreto, al que cabe limitarse ahora, de sucesión testamentaria. La lex rei sitae conlleva que los procedimientos necesarios para la transmisión de los inmuebles, una vez establecida la sucesión mortis causa (artículo 1 del Reglamento Europeo de Sucesiones) se determine por la ley del lugar de situación de los inmuebles con las necesarias adaptaciones (artículos 1.2.k y.l, 10, 11 y 27 y Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de octubre de 2017, asunto C-218/16 [Kubicka]). Por lo tanto, es de aplicación el artículo 14 de la ley Hipotecaria, en la redacción dada por la disposición final primera de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, según el cual quedará redactado en los siguientes términos: «El título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos abintestato y la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.º 650/2012».
De este precepto resulta con claridad que en nada se hace preciso, en este concreto supuesto que se examina, conforme al ordenamiento español y pese a no existir reenvío al mismo, la designación de un ejecutor por el Probate Service británico, institución referida a la liquidación de bienes en Reino Unido». No cabe más que confirmar la doctrina expresada al no existir elemento que justifique su variación.

Finalmente, la exigencia del registrador relativa a que debe solicitarse en Reino Unido el Probate y que sea la negativa a su expedición la que demuestre su innecesesariedad, por no existir bienes en Reino Unido, además de suponer un trámite costoso y dilatorio y por lo tanto contrario a la interpretación del Reglamento, dirigido a facilitar la vida de los ciudadanos europeos –en su aplicación universal–, resulta incompatible con el tenor del artículo 12, párrafos 1 y 2 del Reglamento (UE) 650/2012, facilitando precisamente la sucesión de bienes en un Estado miembro cuando esté implicado un tercer país, como lo es Reino Unido, al establecer, en términos aplicables a las herencias no contenciosas ante notario español, en cuanto actúa como autoridad sucesoria, que «Cuando la herencia del causante comprenda bienes situados en un tercer Estado, el tribunal que sustancie la sucesión podrá, a instancia de una de las partes, no pronunciarse sobre uno o más de dichos bienes, en caso de que quepa esperar que su resolución respecto de los mismos no vaya a ser reconocida ni, en su caso, declarada ejecutiva en ese Estado. El apartado 1 no afectará al derecho de las partes a limitar el alcance de los procedimientos en virtud de la ley del Estado miembro del tribunal que conozca del asunto».
Por tanto, debe ser confirmada la doctrina ya dictada respecto de las sucesiones regidas por la ley británica sobre bienes situados en España, por «professio iuris» (incluso tácita transitoria) y ahora por la «professio iuris» establecida en títulos sucesorios otorgados tras la entrada en aplicación del Reglamento ante Notario español, sin que sea necesaria para la liquidación sucesoria la obtención de «probate» en Reino Unido ni acreditar la imposibilidad de su obtención.

Por todo lo anterior, la DGSJyFP estima el recurso con revocación de la calificación impugnada.

- Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto en relación a la inscripción de una General Form of Order-Financial Order británica acompañada del anexo II del Reglamento (CE) n.º 4/2009, de 18 de diciembre de 2008.

Nota: En esta resolución se plantea si es posible la inscripción en el Registro de la Propiedad de una resolución («General Form of Order-Financial Order»), dictada por un Tribunal de familia británico, sobre finca que figura inscrita a nombre de persona distinta del obligado. La orden, traducida y apostillada, constituye una resolución judicial firme, expedida por Juez ingles en un procedimiento de divorcio, acompañada entre otros documentos, en lo relevante, del anexo II del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.
En lo que aquí interesa se ordena que se transmita el pleno dominio de una vivienda y una participación indivisa (“el demandado transmitirá…”). La vivienda fue en su día privativa del esposo obligado a favor de la esposa si bien, actualmente, aparece inscrita a favor de un tercero. La recurrente considera que en base al artículo 59 de la Ley 29/2015, el registrador debe inscribir directamente la orden sin que sea óbice o impedimento la falta de tracto sucesivo, debido a la existencia de transmisiones que considera fraudulentas y sobre las que ha iniciado litigio.
El registrador deniega la inscripción. Señala que el hecho de estar inscritos los inmuebles a nombre de titular registral distinto (que no ha sido parte en procedimiento judicial alguno) impide, ya de plano, la inscripción. Pero que, además, es doctrina reiterada de la DGRN (resolución de 20 de junio de 2013, en relación con el Reglamento n.º 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental) que el reconocimiento incidental que realiza el registrador, como forma singular del reconocimiento general de los Reglamentos europeos –en los que se suprime el exequatur– como son los que aquí interesan, no excluye la calificación, conforme al art. 12 de del Código Civil, y por remisión a la legislación hipotecaria que es la que determina los requisitos de inscripción que deben reunir los documentos presentados.

En cuanto a las fuentes normativas, la resolución judicial británica –dictada al amparo de un procedimiento de divorcio y de una resolución de alimentos, ambos fundadas en Reglamentos europeos (CE) n.º 2201/ 2003 y n.º 4/2009–, no permiten la aplicación de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, de carácter subsidiario a la legislación europea y a la convencional. Según lo dispuesto en los artículos 67 y 68 del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (versión consolidada a 12 de junio de 2020), ambos instrumentos hoy se encuentran vigentes, en los términos que allí se exponen, entre el Estado de origen, Reino Unido, y el de recepción, España. Pero la vigencia de esta normativa no implica una ejecución inmediata.
En este caso, el anexo II del R. (CE) n.º 4/2009, que acompaña la resolución judicial, se refiere al extracto de una resolución o transacción judicial en materia de obligación de alimentos sometido a un procedimiento de reconocimiento y declaración de exequátur; por lo tanto, será una resolución judicial española la que establezca el reconocimiento de la misma y en su caso la adaptación de las medidas adoptadas en origen.
Con independencia de lo anterior, conforme a los artículos 10.1 y 12 del Código Civil, todo requisito referente a la «lex rei sitae», y por tanto a los requisitos para el acceso a los libros registrales, su funcionamiento y eficacia, corresponderán al ordenamiento jurídico español (véase sentencia de la Sala Primera Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012).

En cuanto al segundo defecto recurrido, no encontrándose inscrita la finca a nombre del demandado, sino de persona distinta que no consta notificada ni demandada en la resolución que pretende acceder al registro, –título que, por sí mismo, no constituye, reconoce, transmite, modifica ni extingue el dominio– como señala el registrador, conforme a los arts. 1. 3 y 20 de la Ley Hipotecaria, no permite, adicionalmente su inscripción.

También debe ser confirmado el tercer defecto, en cuanto, fundándose la pretensión en una sentencia de divorcio, no ha sido presentada con los requisitos formales necesarios, pues dicha sentencia no está inscrita en el Registro Civil correspondiente, siendo al menos la esposa española.

Finalmente, pese a no constituir un título con trascendencia jurídico-real, tiene razón el registrador al observar que, al pretender que se inscriba una transmisión de domino, –aunque no sea tal– en base a la disposición Adicional Sexta de la Ley de Capitalidad –Ley 22/2006 de 4 de julio–, corresponde acreditar conforme artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria que se han realizado la presentación o notificación prevista en relación al Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por lo que corresponde asimismo confirmar el defecto observado.

Por todo lo anterior, la DGSJyFP desestima el recurso y confirma íntegramente la calificación impugnada.

[BOE n. 280, de 23.10.2020]

jueves, 22 de octubre de 2020

El grupo GRECO del Consejo de Europa muestra su preocupación por la proposición de ley de modificación de la elección de los miembros del CGPJ


El pasado miércoles, día 14, el Presidente de GRECO (Groupe d'États contre la corruption - Group of States against Corruption) envió a la responsable de la delegación española en GRECO una carta en la que le informaba de que la proposición de ley sobre la modificación de sistema de elección del los miembros del CGPJ, presentada en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos, puede violar las normas anticorrupción del Consejo de Europa:

"This legislative initiative departs from the Council of Europe standards concerning the composition of judicial councils and election of their members and may result in a violation of the Council of Europe anti-corruption standards."

Las normas de GRECO establecen que los Consejos de la Judicatura deben ser órganos independientes cuya finalidad es salvaguardar la independencia del poder judicial y de los jueces, lo que es condición para la lucha contra la corrupción. Por ello, las normas de GRECO establecen que al menos la mitad de los miembros de estos órganos deben ser jueces elegidos por ellos y por todos los niveles de la judicatura. En este sentido, GRECO se ha manifestado reiteradamente en contra de que las autoridades políticas participen en el proceso de selección de la parte elegida por la judicatura:

"GRECO has repeatedly stressed that political authorities shall not be involved, at any stage, in the selection process of the judicial shift."

Finalmente, recuerda que España no ha llevado todavía a la práctica la recomendación de GRECO, emitida hace casi siete años, en la que se pedía una evaluación del marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial y de sus efectos sobre la independencia de este órgano de cualquier influencia indebida.

Finaliza la carta con una petición de información de la situación actual: 

"GRECO will closely monitor the current developments. To this effect, we kindly ask you to provide an update of the situation during our next plenary meeting, which will take place on 26-30 October 2020."

Véase la carta remitida por GRECO [aquí

Véase la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial para la reforma del procedimiento de elección de los Vocales del Consejo del Poder Judicial correspondientes al turno judicial y para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.

BOE de 22.10.2020


 - Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

Nota: Véase el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, así como la entrada de este blog del día 23.9.2020

- Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Nota: Véase el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, así como la entrada de este blog del día 30.9.2020

[BOE n. 279, de 22.10.2020]

miércoles, 21 de octubre de 2020

Familia y Derecho de extranjería (Cátedra Jean Monnet Derecho de Familia y Sucesiones en la UE) - Sevilla, 3 noviembre 2020


Familia y Derecho de extranjería

III Jornada de especialización. Cátedra Jean Monnet Derecho de Familia

 y Sucesiones en la Unión Europea

3 de noviembre de 2020

 

Organiza: Cátedra Jean Monnet “Derecho de familia y sucesiones en la Unión Europea”
Colabora: Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla.

PROGRAMA 

16.00 horas – Acto de Apertura

Dª. Martina Mastrantoni, Responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales del ICAS.
D. Germán Saldaña Espejo, Coordinador de la Subcomisión del Turno de Extranjería del ICAS.
Dª. Marycruz Arcos Vargas, Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla y Directora del Centro de Documentación Europea.
Dª. Beatriz Campuzano Díaz, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Sevilla, Cátedra Jean Monnet “Derecho de familia y sucesiones en la Unión Europea”.
16:20-18:05 horas.
Primera Mesa Redonda: “Matrimonio, parejas de hecho y reagrupación familiar”.    
Modera: Dª. Elena López Barba, Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Huelva
Ponentes:
Dª. Aurelia Álvarez Rodríguez, Profesora Titular, acreditada Catedrática, de Derecho Internacional Privado de la Universidad de León, “Régimen jurídico del cónyuge extranjero en el ordenamiento español”
Dª. Bárbara Luna Macías, LM Abogados, “Parejas de hecho, acreditación y reagrupación familiar”.
D. Óscar Rey Muñoz, Magistrado Encargado del Registro Civil de Sevilla, “La celebración e inscripción de matrimonios con extranjeros y adquisición de la nacionalidad española.
DESCANSO

18:30-19:45 horas.
Segunda Mesa Redonda: “Menores, reagrupación familiar y estancias temporales”   

Modera: D. Andrés Rodríguez Benot, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pablo de Olavide.
Ponentes:
D. Max Adam Romero, Diputado 9 de la Junta de Gobierno del ICAS, Responsable de la Comisión de DDHH del ICAS, “La problemática relacionada con el derecho a vivir en familia de los menores”.
Dª. Salomé Adroher Biosca, Profesora Propia Ordinaria de Derecho Internacional Privado, Universidad Pontificia de Comillas (Icade), “Kafalas y estancias temporales: menores extranjeros y sistemas de protección”.    

PARTICIPACIÓN:
- La participación en la Jornada será gratuita y online, previa inscripción a través del formulario del AULA VIRTUAL del ICAS.
- Se entregará un certificado de asistencia a quien lo solicite, tras la conclusión de la Jornada, a través del formulario que se habilitará en la página web del Centro de Documentación Europea.
- Para la preparación de la Jornada se ofrecerán materiales de trabajo que estarán disponibles en la página web del Centro de Documentación Europea http://cde.us.es/

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (21.10.2020)


- ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre) 21 octobre 2020 dans l’affaire C‑720/19 (Stadt Duisburg): Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE-Turquie – Décision no 1/80 – Article 7, premier alinéa – Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre – Naturalisation du membre de la famille concerné dans l’État membre d’accueil – Maintien du droit de séjour – Droits acquis.

Fallo del Tribunal: "L’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu’un membre de la famille d’un travailleur turc ayant acquis les droits prévus à cette disposition ne perd pas le bénéfice de ces droits lorsqu’il acquiert la nationalité de l’État membre d’accueil tout en perdant sa nationalité antérieure."

BOE de 21.10.2020


 - Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Kazajstán al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

- Declaración de aceptación por España de la adhesión del Principado de Andorra al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

Nota: El texto convencional entrará en vigor entre España y Kazajstán, así como entre España y Andorra el 5 de diciembre de 2020.
Véase el Convenio de La Haya de 1970 relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil.

[BOE n. 278, de 21.10.2020]

martes, 20 de octubre de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (20.10.2020)


- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MACIEJ SZPUNAR, presentadas el 20 de octubre de 2020, en el asunto C‑673/19 (M y otros): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos)] Procedimiento prejudicial — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Directiva 2008/115/CE — Retorno de nacionales de países terceros en situación irregular — Internamiento a efectos de expulsión — Protección internacional en otro Estado Miembro — Inexistencia de decisión de retorno.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste la cuestión planteada en el siguiente sentido:
"Los artículos 3, 4, 6 y 15 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, no se oponen a que un Estado miembro, en virtud del Derecho nacional, ordene el internamiento, de un nacional de un tercer país en situación irregular que disfruta de protección internacional en otro Estado miembro, cuando con ese internamiento se persigue el traslado del nacional de un tercer país en cuestión con destino a ese otro Estado Miembro, y cuando a dicho nacional de un tercer país se le ha ordenado la salida inmediata con destino al territorio de ese otro Estado Miembro, pero no se ha dictado una decisión de retorno en el sentido de lo dispuesto en la Directiva 2008/115, siempre que se cumpla lo dispuesto en los artículos 6 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional."

DOUE de 20.10.2020


- Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/1129 y la Directiva (UE) 2019/1937.

Nota: La financiación participativa es, cada vez en mayor medida, una forma consolidada de financiación alternativa para las empresas emergentes y las pequeñas y medianas empresas (pymes), en las que lo habitual es recibir inversiones de pequeño calado. La financiación participativa representa un tipo cada vez más importante de intermediación en la que un proveedor de servicios de financiación participativa opera, sin asumir ningún riesgo propio, a través de una plataforma digital abierta al público, con objeto de poner en contacto o facilitar el contacto a inversores o prestamistas potenciales con empresas que busquen financiación.
La prestación de servicios de financiación participativa implica generalmente a tres tipos de actores: el promotor del proyecto, que propone el proyecto que se va a financiar; los inversores, que financian el proyecto propuesto; y una organización de intermediación en forma de proveedor de servicios de financiación participativa que reúne a los promotores de los proyectos y a los inversores a través de una plataforma en línea. La financiación participativa puede contribuir a facilitar a las pymes el acceso a la financiación, y a completar la unión de los mercados de capitales (UMC). Además de suponer una fuente alternativa de financiación, incluida la inversión en capital, la financiación participativa puede ofrecer otros beneficios a las empresas. Puede validar la idea de negocio, dar a los empresarios acceso a un gran número de personas que aporten puntos de vista e información y ser una herramienta publicitaria.
Este Reglamento establece requisitos uniformes para la prestación de servicios de financiación participativa, la organización, la autorización y la supervisión de los proveedores de servicios de financiación participativa, la explotación de plataformas de financiación participativa y la transparencia y las comunicaciones publicitarias en relación con la prestación de servicios de financiación participativa en la Unión (artículo 1.1).
El artículo 2.1.a) define los servicio de financiación participativa como la conexión de los intereses de los inversores y de los promotores de proyectos en materia de financiación empresarial mediante el uso de plataformas de financiación participativa, que consista en cualquiera de las actividades siguientes: la facilitación de la concesión de préstamos; la colocación sin base en un compromiso firme de valores negociables y de instrumentos admitidos para la financiación participativa emitidos por los promotores de proyectos o por una entidad instrumental, y la recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con esos valores negociables e instrumentos admitidos para la financiación participativa. Por su parte, el artículo 1.2 regula los servicios excluidos de la regulación del Reglamento.
El artículo 18 contiene la regulación de la prestación transfronteriza de servicios de financiación participativa.
El Reglamento será aplicable a partir del 10 de noviembre de 2021 (artículo 51).

[DOUE C347, de 20.10.2020]

Jurisprudencia - Localización de los servicios prestados por distribuidora de aplicaciones informáticas y de publicidad en páginas web con dominio ES a efectos de IVA

 - Tribunal Económico-Administrativo Central, Resolución de 22 Jul. 2020, Rec. 1532/2017: Impuesto sobre el valor añadido. Prestaciones de servicios. Lugar de realización de las operaciones sujetas. Distribución de aplicaciones informáticas por medios electrónicos y prestación de servicios publicitarios mediante la inserción de mensajes publicitarios en las páginas web de la propia entidad y sus filiales. Las prestaciones de servicios de publicidad por vía electrónica cuyos destinatarios (agencias de publicidad) no están establecidos en el territorio de aplicación del IVA, se localiza en principio fuera de dicho territorio, pero en la medida en que una parte de las inserciones de publicidad en las páginas web con dominio ES, si tiene como receptores de los mensajes a internautas situados en el TAI, en estos casos, la utilización o explotación efectiva de los servicios de publicidad si se ha realizado en el territorio de aplicación del impuesto, debiendo incrementarse las bases imponibles de IVA devengado correspondientes a estas prestaciones de servicios.

Nº de Recurso: 1532/2017
Diario La Ley, Nº 9719, Sección Jurisprudencia, 20 de Octubre de 2020

Bibliografía - Aproximación crítica a la orden europea de detención


- Orden europea de detención. Aproximación Crítica
María del Carmen Florez Miranda, Juez Adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Diario La Ley, Nº 9719, Sección Doctrina, 20 de Octubre de 2020

El presente trabajo de investigación analiza la normativa europea y nacional relativa a la Orden de Detención Europea y la jurisprudencia más relevante que la desarrolla; haciendo especial énfasis en los aspectos sustantivos. Y, todo desde una perspectiva crítica donde se pone de manifiesto las carencias de la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio 2002. Carencias que han dado lugar a que los Estado de la Unión, en la transposición, interpreten la Decisión Marco de forma dispar, lo que ha ocasionado que las autoridades judiciales de ejecución denieguen más Órdenes de Detención de las que sería deseable.

BOE de 20.10.2020

 


- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Costa Rica al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República Federativa de Brasil al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

Nota: El texto convencional entrará en vigor entre España y Costa Rica, así como entre España y Brasil el 5 de diciembre de 2020.
Véase el Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

[BOE n. 277, de 20.10.2020]

lunes, 19 de octubre de 2020

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS


- Asunto C-205/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) el 8 de mayo de 2020 — NE / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld.

Cuestiones planteadas:
"1. ¿Es el requisito de la proporcionalidad de las sanciones establecido en el artículo 20 de la Directiva 2014/67/UE e interpretado en los autos dictados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18) y Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 y C-494/19) una disposición de la Directiva directamente aplicable?
2. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
¿Permite y exige la interpretación del Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión que los órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas de los Estados miembros completen las disposiciones sancionadoras nacionales aplicables en el presente asunto con los criterios de proporcionalidad establecidos en los autos dictados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18) y Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 y C-494/19) sin necesidad de que medie la adopción de una nueva disposición nacional?"

- Asunto C-296/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 3 de julio de 2020 — Commerzbank AG / E.O.

Cuestiones planteadas:
"1. ¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 1, letra c), del Convenio de Lugano II en el sentido de que el «ejercicio» de actividades comerciales o profesionales en el Estado vinculado por el Convenio del domicilio del consumidor presupone que ya en el momento de la preparación y de la celebración del contrato existe una actividad transfronteriza realizada por el cocontratante del consumidor, o dicha disposición se aplica también, a fin de determinar el tribunal competente para conocer del litigio, si, en el momento de la celebración del contrato, las partes contratantes estaban domiciliadas en el sentido de los artículos 59 y 60 del Convenio de Lugano II en el mismo Estado vinculado por el Convenio y el componente extranjero de la relación jurídica ha surgido solo a posteriori al haber trasladado el consumidor su domicilio a otro Estado vinculado por el Convenio?
2. En caso de que no sea necesaria la actividad transfronteriza en el momento de la celebración del contrato:
¿Excluye con carácter general el artículo 15, apartado 1, letra c), del Convenio de Lugano II, en relación con el artículo 16, apartado 2, del mismo Convenio, que el tribunal competente sea determinado con arreglo al artículo 5, punto 1, del referido Convenio, si el consumidor, tras la celebración del contrato y antes de la interposición de la demanda, se ha trasladado a otro Estado vinculado por el Convenio, o es necesario además que el cocontratante del consumidor ejerza su actividad profesional o comercial también en el nuevo Estado del domicilio o la dirija hacia dicho Estado y que el contrato esté comprendido en el marco de esa actividad?"

- Asunto C-317/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Mainz (Alemania) el 16 de julio de 2020 — KX / PY GmbH.

Cuestión planteada: "¿Debe interpretarse el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en el sentido de que, además de regular la competencia internacional, dicha disposición también establece una norma que el tribunal que conoce del asunto debe observar sobre la competencia territorial de los tribunales nacionales en materia de contratos de viaje si tanto el consumidor (viajero) como la otra parte contratante (organizadora de viajes) tienen su domicilio en el mismo Estado miembro pero el destino del viaje no se encuentra en ese Estado miembro sino en el extranjero («supuesto interno impropio»), con la consecuencia de que el consumidor pueda reclamar a la organizadora de viajes derechos contractuales ante el tribunal de su domicilio, complementándose así las normas nacionales vigentes en materia de competencia?"

- Asunto C-355/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania) el 30 de julio de 2020 — Bundesrepublik Deutschland / BL, BC.

Cuestiones planteadas:
"1. a) En caso de reagrupación con un refugiado menor no acompañado en el sentido de los artículos 10, apartado 3, letra a), y 2, letra f), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, ¿puede considerarse una «condición» a efectos del artículo 16, apartado 1, letra a), de dicha Directiva la circunstancia de que dicho refugiado siga siendo menor de edad? ¿Es compatible con las mencionadas disposiciones una norma de un Estado miembro que concede a los progenitores que se reúnen con un refugiado menor no acompañado en el sentido del artículo 2, letra f), de la Directiva 2003/86/CE un derecho de residencia (derivado) en dicho Estado miembro solamente mientras dure la minoría de edad del refugiado?
b) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, letra a): ¿Debe interpretarse el artículo 16, apartado 1, letra a), en relación con los artículos 10, apartado 3, letra a), y 2, letra f), de la Directiva 2003/86/CE en el sentido de que permite a un Estado miembro, cuya legislación limita el derecho de residencia (derivado) de los progenitores hasta el momento en que el menor alcance la mayoría de edad, denegar una solicitud de entrada y residencia con fines de reagrupación familiar a los progenitores que aún se encuentren en el tercer país en caso de que el refugiado alcance la mayoría de edad antes de que recaiga la resolución definitiva en el procedimiento administrativo o judicial relativo a la solicitud presentada en los tres meses siguientes al reconocimiento de la condición de refugiado?
2. En caso de que, en respuesta a la primera cuestión, no se permita denegar la reagrupación familiar:
¿Qué requisitos deben imponerse a la vida familiar efectiva a efectos del artículo 16, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/86/CE en caso de reagrupación de los progenitores con un refugiado que ha alcanzado la mayoría de edad antes de que se resuelva la solicitud de entrada y residencia con fines de reagrupación familiar? En particular:
a) ¿Basta el parentesco en línea directa ascendente de primer grado [artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86/CE] o se exige también una vida familiar efectiva?
b) En caso de que también sea necesaria una vida familiar efectiva: ¿Qué grado de intensidad ha de tener esta? ¿Son suficientes, por ejemplo, visitas ocasionales o periódicas o es precisa la convivencia bajo un mismo techo, o se requiere, además, una comunidad de asistencia mutua en la que sus miembros dependan unos de otros?
c) ¿Para que los progenitores que se hallen aún en el tercer país y presenten una solicitud de reagrupación familiar con un hijo a quien se ha reconocido la condición de refugiado y que, entretanto, ha alcanzado la mayoría de edad puedan reunirse con este, debe presuponerse que, tras la entrada en el Estado miembro, va a establecerse (o reanudarse) la vida familiar de la forma exigida en la letra b) anterior?"

- Asunto C-368/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) el 5 de agosto de 2020 — NW / Landespolizeidirektion Steiermark.

Cuestiones planteadas:
"1. ¿Se opone el Derecho de la Unión a una legislación nacional en virtud de la cual, mediante una concatenación de reglamentos nacionales, se acumulan una serie de prórrogas, de modo que se posibilita el restablecimiento de los controles fronterizos más allá del plazo de dos años que, como limitación temporal, establecen los artículos 25 y 29 del Reglamento (UE) 2016/399, todo ello sin la correspondiente decisión de ejecución del Consejo con arreglo al artículo 29 de dicho Reglamento?
2. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
¿Debe interpretarse el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión establecido en el artículo 21 TFUE, apartado 1, y en el artículo 45, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en particular a la luz del principio de ausencia de inspecciones fronterizas de las personas en las fronteras interiores, consagrado en el artículo 22 del Reglamento 2016/399, en el sentido de que comprende el derecho a no verse sometido a inspecciones fronterizas de las personas en las fronteras interiores, sin perjuicio de las condiciones y excepciones establecidas en los Tratados y, en particular, en dicho Reglamento?"

- Asunto C-369/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) el 5 de agosto de 2020 — NW / Bezirkshauptmannschaft Leibnitz.

Cuestiones planteadas:
"1) ¿Se opone el Derecho de la Unión a una legislación nacional en virtud de la cual, mediante una concatenación de reglamentos nacionales, se acumulan una serie de prórrogas, de modo que se posibilita el restablecimiento de los controles fronterizos más allá del plazo de dos años que, como limitación temporal, establecen los artículos 25 y 29 del Reglamento (UE) 2016/399, todo ello sin la correspondiente decisión de ejecución del Consejo con arreglo al artículo 29 de dicho Reglamento?
2) ¿Debe interpretarse el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión establecido en el artículo 21 TFUE, apartado 1, y en el artículo 45, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular a la luz del principio de ausencia de inspecciones fronterizas de las personas en las fronteras interiores, consagrado en el artículo 22 del Reglamento 2016/399, en el sentido de que comprende el derecho a no verse sometido a inspecciones fronterizas de las personas en las fronteras interiores, sin perjuicio de las condiciones y excepciones establecidas en los Tratados y, en particular, en dicho Reglamento?
3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:
A la luz del efecto útil del derecho a la libre circulación, ¿deben interpretarse el artículo 21 TFUE, apartado 1, y el artículo 45, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que se oponen a la aplicación de una norma nacional que obliga a una persona, bajo apercibimiento de una sanción administrativa, a exhibir un pasaporte o documento nacional de identidad en caso de entrada a través de una frontera interior aun cuando el control específico en las fronteras interiores sea contrario al Derecho de la Unión?"

- Asunto C-375/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação de Coimbra (Portugal) el 10 de agosto de 2020 — Liberty Seguros, SA / DR.

Cuestión planteada: "¿Se opone el Derecho [de la Unión], y en particular la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, a una normativa nacional que permite oponer a los terceros perjudicados y al Fundo de Garantia Automóvel la nulidad de un contrato de seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles cuando dicha nulidad se derive de la circunstancia de que el tomador del seguro ha destinado el vehículo asegurado al transporte remunerado, clandestino e ilegal de personas y mercancías, y ha ocultado tal finalidad a la entidad aseguradora? ¿La respuesta sería la misma incluso en caso de que los pasajeros fueran conocedores de la clandestinidad e ilicitud del transporte?"

- Asunto C-379/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Dinamarca) el 11 de agosto de 2020 — B / Udlændingenævnet.

Cuestión planteada: "¿Se opone el artículo 13 de la Decisión n.o 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, que está vinculada al Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado el 12 de septiembre de 1963 en Ankara por la República de Turquía, por una parte, y por los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y que fue celebrado, aprobado y confirmado en nombre de esta mediante la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963, a la introducción y aplicación de una nueva medida nacional con arreglo a la cual la reagrupación familiar entre un nacional turco económicamente activo que reside legalmente en el Estado miembro de que se trata y su hijo de 15 años de edad queda supeditada a la condición de que dicha reagrupación esté justificada por razones muy específicas, entre ellas las consideraciones de la unidad familiar y del interés superior del menor?"

[DOUE C348, de 19.10.2020]

DOUE de 19.10.2020


- Conclusiones del Consejo sobre el Informe anual de Eurojust 2019. 

Nota: El Reglamento (UE) 2018/1727 sobre Eurojust entró en vigor el 12 de diciembre de 2019 y Eurojust se haya convertido oficialmente en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal. Los significativos cambios en la estructura de gobierno, la política de relaciones exteriores y el régimen de protección de datos de Eurojust han contribuido a hacer de ella una organización más eficiente y moderna, y le han permitido centrarse en mayor medida en el trabajo operativo. El Consejo destaca la importancia de optimizar el proceso de toma de decisiones de Eurojust y de confiar al nuevo Consejo Ejecutivo la preparación o adopción de decisiones no operativas. Asimismo, acoge con satisfacción la función fortalecida del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en cuanto al escrutinio democrático de las actividades de Eurojust, que refleja la importancia de la legitimidad democrática de la UE.
Eurojust ha aplicado los cambios organizativos mencionados sin dejar de atender a la demanda cada vez mayor de apoyo operativo por parte de los Estados miembros. El año pasado, el apoyo de Eurojust contribuyó a la detención de unos 2700 sospechosos, la incautación o el embargo preventivo de 2000 millones de euros en activos de procedencia delictiva y la interrupción de operaciones de narcotráfico por valor de 2700 millones de euros. El Consejo alienta a Eurojust a seguir adaptando su apoyo operativo a la evolución de las necesidades de los fiscales y los jueces nacionales.

[DOUE C347, de 19.10.2020]

Bibliografía - El recurso de casación autonómico tras las sentencias del Tribunal Constitucional 98/2020 y 99/2020

 

- El recurso de casación autonómico tras las sentencias del Tribunal Constitucional 98/2020 y 99/2020
Blanca Lozano Cutanda, Catedrática de Derecho Administrativo, Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo; Ander de Blas Galbete, Of counsel del Área de Público de Gómez-Acebo & Pombo
Diario La Ley, Nº 9718, Sección Tribuna, 19 de Octubre de 2020

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el controvertido recurso de casación autonómico y las distintas interpretaciones mantenidas por los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas sobre su viabilidad y alcance en las recientes sentencias 98/2020 y 99/2020.

Nota: Véase la sentencia del TC núm. 98/2020, de 22 de julio de 2020, en el recurso de amparo 4834-2018, así como la sentencia del TC núm. 99/2020, de 22 de julio de 2020, en el recurso de amparo 5905-2018.