viernes, 25 de julio de 2014

Congreso de los Diputados - Proyecto de Ley


Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 105-1, de 25.7.2014).
Nota: En relación con el objeto de esta norma, en el art. 1.2 se establece que éste es "la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos".
-Art. 11: se ocupa de la reglamentación de los pasaporte de ciudadanos españoles.
-Art. 12.1.b): establece que la competencia para la expedición del pasaporte en el extranjero corresponde a las Representaciones Diplomáticas y Consulares de España.
-Art. 13: regula la acreditación de la identidad de ciudadanos extranjeros.
-Art. 16.1: en relación con la identificación de las personas, se establece que "en la práctica de la identificación se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
-Art. 29.2: determina que "la fabricación, comercio y distribución de armas, artículos pirotécnicos, cartuchería y explosivos constituye un sector con regulación específica en materia de derecho de establecimiento, en los términos previstos por la legislación sobre inversiones extranjeras en España, correspondiendo a los Ministerios de Defensa, del Interior y de Industria, Energía y Turismo el ejercicio de las competencias de supervisión y control".
-DA 1ª: establece que "el sistema de otorgamiento de licencias de actividad, así como el régimen sancionador aplicable en caso de infracción de las disposiciones comunitarias e internacionales para la vigilancia del comercio de precursores de drogas y explosivos se regirá por lo dispuesto en sus legislaciones específicas".

DOUE de 25.7.2014


-Directiva 2014/86/UE del Consejo, de 8 de julio de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/96/UE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes.
Nota: Los motivos de la reforma se explican en la exposición de motivos de esta norma (véanse los considerandos 2, 3 y 4). Las ventajas que se derivan de la Directiva 2011/96/UE no deben dar lugar a situaciones de doble no imposición y, por lo tanto, generar ventajas fiscales no deliberadas para grupos de sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, en comparación con grupos de sociedades de un mismo Estado miembro. Para evitar situaciones de doble no imposición derivadas de asimetrías en el tratamiento fiscal de la distribución de beneficios entre Estados miembros, resulta oportuno que el Estado miembro de la sociedad matriz y el Estado miembro de su establecimiento permanente impidan a esas empresas acogerse a la exención fiscal aplicada a los beneficios distribuidos que hayan recibido, en la medida en que dichos beneficios sean deducibles por la filial de la sociedad matriz. Por otro lado, se actualiza el anexo I, parte A, de la Directiva para incluir otras formas de sociedades que han quedado sujetas al impuesto de sociedades en Polonia y otras formas de sociedades que han sido introducidas en el Derecho de sociedades de Rumanía.
Véase la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, así como la entrada de este blog del día 29.12.2011.
-Corrección de errores de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).
Nota: Ahora, 55 meses después de la publicación de la norma, nos llega su corrección de errores. ¡Y después dirán que las cosas de Palacio va despacio! Véase la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, así como la entrada de este blog del día 17.12.2009.

BOE de 25.7.2014


-Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.
Nota: Hoy, día de San Jaime, se ha tenido a bien publicar esta importantísima norma, que ha conocido cuatro proyectos, el último de los cuales data de noviembre de 2013 (véase la entrada de este blog del día 29.11.2013).
Veamos seguidamente las múltiples normas que tienen interés para el DIPr.:

-Art. 2: fuentes e interpretación de las normas en materia de navegación marítima.
-Art. 3.3: definición de buque de guerra.
-Art. 7.1: condiciones de entrada de los buques en los puertos españoles.
-Art. 8.1: publicidad internacional del cierre de puertos y de terminales a la navegación.
-Art. 10.2: necesidad de los buques extranjeros de proveerse de consignatario.
-Art. 11.1: normas de extranjería aplicables a los polizones.
-Art. 12: jurisdicción civil y penal de los tribunales españoles sobre buques extranjeros.
-Art. 13: régimen de navegación y de entrada y estancia en puerto de los buques de propulsión nuclear.
-Art. 15: manipulación y transporte de mercancías peligrosas en los buques que las transportan.
-Art. 19: régimen general de la navegación en los espacios marítimos españoles.
-Art. 20.1: excepciones al régimen general de la navegación en los espacios marítimos españoles.
-Art. 22: exhibición del pabellón y submarinos.
-Art. 23.1: control de los buques extranjeros en la zona contigua.
-Art. 24: navegación de buques pesqueros extranjeros.
-Art. 25.1: navegación de buques de investigación extranjeros en espacios marítimos españoles.
-Art. 27.1: aplicación del Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar.
-Art. 30: sistemas de organización y sistemas de tráfico marítimo.
-Art. 31.2: establecimiento por normas internacionales de zonas de seguridad de la navegación en torno a artefactos navales y plataformas fijas.
-Art. 33.2: obligación de los capitanes de los buques extranjeros que naveguen por los espacios marítimos españoles de notificar los actos de contaminación.
-Art. 34: colaboración internacional en caso de contaminación.
-Art. 35.1: medidas especiales a adoptar en la zona contigua en relación con buques extranjero que infrinjan las leyes y reglamentos.
-Art. 37.1: derecho de paso inocente por el mar territorial de los buque extranjeros.
-Art. 38: cumplimiento de leyes y reglamentos durante el paso inocente.
-Art. 39, n. 1 y 2: prohibiciones de paso por el mar territorial a buques extranjeros.
-Art. 41: gravámenes a los buques extranjeros durante su paso por el mar territorial.
-Art. 42.2: publicidad internacional de la suspensión del paso inocente.
-Art. 43: ejercicio de la jurisdicción civil respecto de buques extranjeros.
-Art. 44: ejercicio de la jurisdicción penal respecto de buques extranjeros.
-Art. 45: intervención de los órganos jurisdiccionales españoles competentes a petición del capitán del buque o de un representante diplomático o consular del Estado del pabellón.
-Art. 47: sobrevuelo de aeronaves extranjeras.
-Art. 48: ejercicio de los derechos de persecución y de visita según la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y demás convenios internacionales.
-Arts. 50 a 55: reglamentación de los buques de Estado extranjeros.
-Art. 60.5: identificación del buque mediante la numeración de la Organización Marítima Internacional (número OMI).
-Art. 70.2: inscripción en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles de las situaciones jurídicas previstas en convenios internacionales.
-Art. 73.2: intervención de notario español o cónsul de España en el extranjero que autorice una escritura pública o intervenga una póliza relativa a buques, embarcaciones o artefactos navales.
-Art. 78.1: documentación de los buques nacionales exigida por los convenios internacionales.
-Art. 80: acreditación de la nacionalidad española del buque mediante la Patente de Navegación.
-Art. 81.2: el Rol de Despacho y Dotación contemplará, entre otros extremos, la nacionalidad de todos los miembros de la dotación del buque.
-Art. 95: comienzo y cese del abanderamiento temporal.
-Art. 103.3: aplicación del Código Internacional de Gestión de la Seguridad a la responsabilidad por la carencia o el vencimiento de los certificados del buque
-Arts. 88 a 96: reglamentación relacionada con la nacionalidad de los buques.
-Art. 104: inspección de buques extranjeros.
-Art. 105: detención de buques extranjeros.
-Art. 106.3: aplicación de la normativa internacional y comunitaria a la responsabilidad de las sociedades de clasificación frente a terceros.
-Art. 122.1: aplicación del Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval, hecho en Ginebra el 6 de mayo de 1993, a los privilegios marítimos.
-Art. 123.1: imposibilidad de determinar el buque a bordo del cual ha nacido el privilegio relativo a los sueldos y otras cantidades debidos al capitán y demás miembros de la dotación del buque derivados de su contrato de embarque, del art. 4.1.a del Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval.
-Art. 124: otros privilegios además de los enumerados en el Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval.
-Art. 126: objeto de la hipoteca naval conforme al Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval.
-Art. 139.3: derecho de retención una vez satisfechos los titulares de los privilegios marítimos enumerados en el art. 4 del Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval.
-Art. 143: reconocimiento de hipotecas sobre buques extranjeros.
-Art. 145.2: concepto de naviero o empresa naviera.
-Art. 158.1: inscripción y documentación de la dotación e buques extranjeros.
-Art. 159.1: embarque o desembarque del personal de los buques nacionales en puertos extranjeros.
-Art. 162: nacionalidad de las dotaciones de los buques.
-Art. 163: aplicación de la normativa de la UE a la idoneidad, titulación, acreditación de la capacidad profesional y Registro de Profesionales del Sector Pesquero.
-Art. 164.2: contratación en España de dotaciones por agentes o representantes de armadores extranjeros.
-Art. 166.1: aplicación de los convenios internacionales a la expedición y registro de títulos y certificados.
-Art. 167.3: obligación de lo armadores de que se lleven a bordo los textos que recojan los cambios que vayan produciéndose en las reglamentaciones nacionales e internacionales sobre seguridad marítima y protección del medio marino.
-Art. 169: control de buques extranjeros en los puertos nacionales.
-Art. 170: detención de buques extranjeros.
-Atrt. 174.2: deber de obediencia a los buques de Estado incluso cuando los buques no se encuentren en los espacios marítimos españoles.
-Art. 175: actuaciones del capitán en ausencia de autoridades competentes en el extranjero.
-Art. 177.3: obligación de entregar copia compulsada de lo consignado en el Diario de Navegación a la autoridad consular o diplomática española en caso de llegad a puerto extranjero.
-Art. 180.1: destino de los cadáveres en caso de llegada del buque a puerto extranjero.
-Art. 182.1: aplicación a las normas internacionales de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación a la responsabilidad y autoridad del capitán.
-Art. 186.2: obligación de comunicar accidentes en el supuesto de llegada del buque a puerto extranjero.
-Art. 213: condiciones del buque fijadas en el contrato en cuanto a nacionalidad, clasificación, velocidad, consumo, capacidad y demás características.
-Art. 277.2: aplicación del Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimientos de Embarque y los protocolos que lo modifican a los contratos de transporte marítimo de mercancías, nacional o internacional, en régimen de conocimiento de embarque y a la responsabilidad del porteador.
-Art. 282.1: limitación de la responsabilidad del porteador por pérdida o daño de las mercancías transportadas a las cantidades establecidas en el Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimientos de Embarque y los Protocolos que lo modifican.
-Art. 293.1: derecho de pasajero en el contrato de pasaje a exigir del porteador las obligaciones establecidas en las normas de la UE.
-Art. 298: régimen de la responsabilidad del porteador en el contrato de pasaje.
-Art. 299.1: limitación de la responsabilidad del porteador en el contrato de pasaje.
-Art. 300.2: aplicación del art. 3 del Convenio Internacional relativo al Transporte de Pasajeros y sus Equipajes por Mar a las excepciones que el asegurador puede oponer frente al perjudicado en caso de ejercicio de la acción directa.
-Art. 334.1: aplicación del art. 4.5.e) del Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimientos de Embarque a la limitación de la responsabilidad del porteador por pérdida o daño de las mercancías.
-Art. 339.1: aplicación al régimen del abordaje del Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Abordaje, firmado en Bruselas el 23 de septiembre de 1910, y demás convenios sobre esta materia.
-Art. 357: aplicación al salvamento del Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo, hecho en Londres el 28 de abril de 1989, y los Protocolos que lo modifiquen.
-Art. 358.3: aplicación de los tratados internacionales al régimen de las operaciones que tengan por objeto el patrimonio cultural subacuático.
-Art. 363.3: reparto del premio del salvamento en caso de buques extranjeros.
-Art. 366: buques y cargamentos extranjeros con inmunidad soberana.
-Art. 368.3: aplicación del art. 8.2.c) del Convenio Internacional de Salvamento Marítimo a los bienes salvados de propiedad desconocida.
-Art. 382.3: régimen de los restos de buques de guerra extranjeros hundidos o naufragados en espacios marítimos españoles.
-Art. 386.2: aplicación de los convenios internacionales al fundamento de la responsabilidad civil por contaminación.
-Art. 390.2: prohibición de navegación a los buques, embarcaciones o artefactos extranjeros que carezcan de cobertura del seguro de responsabilidad civil por contaminación.
-Art. 391: aplicación preferente de los convenios internacionales a la responsabilidad civil por contaminación por hidrocarburos o por substancias nocivas, peligrosas o tóxicas, o por el combustible de los buques.
-Art. 392: aplicación del Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio Internacional sobre la Limitación de Responsabilidad por Reclamaciones de Derecho Marítimo, hecho en Londres el 19 de noviembre de 1976, con las reservas hechas por España en el Instrumento de Adhesión, al derecho a limitar la responsabilidad ante las reclamaciones nacidas de un mismo accidente.
-Art. 394.1: aplicación de las normas de la Ley sobre responsabilidad siempre que cualquiera de los titulares del derecho a limitar invoque dicho derecho ante los órganos judiciales o administrativos españoles que resulten competentes, con independencia de la nacionalidad o domicilio de los acreedores o deudores, así como el pabellón del buque respecto al cual se invoque el derecho de limitación.
-Art. 397.1: exclusión de limitación de las reclamaciones previstas en el art. 3 del Convenio Internacional sobre la Limitación de Responsabilidad por Reclamaciones de Derecho Marítimo.
-Art. 398: aplicación de los arts. 6 a 9 del Convenio Internacional sobre la Limitación de Responsabilidad por Reclamaciones de Derecho Marítimo, al cálculo de la suma máxima de indemnización pagadera por reclamaciones limitables.
-Art. 399.1: aplicación de los convenios internacionales y normas de la UE a las reclamaciones relacionadas con muerte o lesiones corporales de los pasajeros de un buque.
-Art. 402: conversión a euros de las sumas máximas de indemnización.
-Art. 418: riesgos de la navegación excluidos del seguro.
-Art. 468: régimen de las cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera o arbitraje en el extranjero.
-Art. 470.1: régimen legal de la medida cautelar de embargo preventivo de buques nacionales y extranjeros.
-Art. 472.1: concepto de embargo marítimo de acuerdo con el Convenio Internacional sobre el Embargo Preventivo de Buques.
-Art. 473.3: aplicación del Convenio Internacional sobre el Embargo Preventivo de Buques, hecho en Ginebra el 12 de marzo de 1999, al embargo de buques que enarbolen pabellón de un Estado no miembro.
-Art. 474: embargo preventivo de un buque y sometimiento a jurisdicción extranjera.
-Art. 475: aplicación del del Convenio Internacional sobre el Embargo Preventivo de Buques al embargo de todo buque respecto al cual se alegue un crédito marítimo.
-Art. 477.2: aplicación de los convenios internacionales a los derechos o facultades que corresponden a las Administraciones públicas y portuarias para retener un buque o impedir de otro modo que se haga a la mar dentro de su jurisdicción.
-Art. 479: falta de competencia de los tribunales españoles, de acuerdo con el art. 7 del Convenio Internacional sobre el Embargo Preventivo de Buques, para conocer del fondo del asunto relativo a un buque embargado en España.
-Art. 480: aplicación del Convenio Internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval, hecho en Ginebra el 6 de mayo de 1993, a la venta forzosa del buque.
-Art. 481.d): notificación de la venta forzosa del buque a los titulares de las hipotecas o gravámenes inscritos constituidos al portador y de los privilegios marítimos enumerados en el art. 4 del Convenio Internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval.
-Art. 486: destino de la suma obtenida en la subasta o venta directa del buque.
-Art. 487.2: competencia en caso invocación del derecho a limitar la responsabilidad por créditos marítimos ante los órganos judiciales españoles frente a reclamaciones interpuestas ante órganos judiciales extranjeros.
-Art. 495.4: plazo de los acreedores residentes en el extranjero para que presenten sus títulos o justificantes del crédito.
-Art. 504.1: acreditación de las incidencias del viaje en caso de llegada a país extranjero.
-Art. 515.1: plazo de presentación de demanda o de inicio de procedimiento judicial o arbitral ante el tribunal competente en caso de oposición al pago de mercancías o equipajes en el transporte marítimo.
-DA 2ª: órganos competentes para la determinación de los premios y remuneraciones por salvamentos y remolques.
-DA 3ª: contratación electrónica.
-DA 7ª: Los derechos soberanos sobre la plataforma continental española y las ampliaciones de esta más allá del límite de las doscientas millas náuticas se regirán por lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, en los restantes tratados internacionales en los que España sea parte y en las normas de Derecho interno que puedan dictarse de conformidad con tales acuerdos internacionales.
-DA 9ª: inaplicación de esta ley a las aeronaves que se hallen sobre el agua, al personal y medios afectos a la actividad de estas, que se regirán al régimen establecido en la legislación aeronáutica y los tratados internacionales en la materia.
-DD única: a la entrada en vigor de esta ley quedan derogadas las siguientes disposiciones:
· Los artículos 2131 a 2161 y 2168 a 2174 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.
· El párrafo primero del artículo 561 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.
· El Libro III y los artículos 19.3, 951 a 954 del Código de Comercio, aprobado por el Real Decreto de 22 de agosto de 1885.
· La Ley de 22 de diciembre de 1949, sobre unificación de reglas para los conocimientos de embarque en los buques mercantes.
· La Ley de Hipoteca Naval, de 21 de agosto de 1893.
· La Ley 60/1962, de 24 de diciembre, sobre auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas, excepto las disposiciones del título II, que continuarán en vigor en calidad de normas reglamentarias.
· La disposición final vigésima sexta de la Ley 1/2000, de 1 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
· Los artículos 261 y 262, y la letra f) del artículo 263 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
· La disposición transitoria décima de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
-DF 1ª: si el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transportes Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo, firmado el 23 de septiembre de 2009 (Reglas de Rotterdam) llega a entrar en vigor, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley para introducir las modificaciones necesarias en esta ley.
-DF 7ª: esta ley no puede ser interpretado como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativos a los espacios marítimos de Gibraltar, que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, entre las Coronas de España y Gran Bretaña.
-DF 12ª: esta ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE.
-Resolución de 26 de junio de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2014.

jueves, 24 de julio de 2014

DOUE de 24.7.2014


-Extracto de las Conclusiones del Consejo Europeo, del 26 y 27 de junio de 2014, en lo relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia y algunas cuestiones horizontales conexas.
Nota: Entresaco del texto algunas ideas:
  • Deben adoptarse medidas coherentes de política relativa al asilo, la inmigración, las fronteras y la cooperación policial y judicial, de conformidad con los Tratados y sus Protocolos correspondientes.
  • La respuesta a muchos de los desafíos en el espacio de libertad, seguridad y justicia depende de las relaciones con terceros países, por lo que es necesario mejorar el vínculo entre las políticas internas y externas de la UE.
  • En los próximos años será crucial garantizar la protección y la promoción de los derechos fundamentales, incluida la protección de datos, atendiendo al mismo tiempo a los problemas de seguridad, también en las relaciones con terceros países, y adoptar un marco general de protección de datos de la UE a más tardar en 2015.
  • Ante desafíos tales como la inestabilidad existente en muchas partes del mundo y las tendencias demográficas mundiales y europeas, la Unión necesita una política de migración, asilo y fronteras eficiente y bien gestionada, guiada por los principios de solidaridad y distribución equitativa de la responsabilidad. Es necesario un planteamiento general que optimice los beneficios de la migración legal y ofrezca protección a quienes la necesitan, combatiendo al mismo tiempo con resolución la migración irregular y gestionando de modo eficiente las fronteras exteriores de la UE.
  • Para seguir siendo un destino atractivo para las personas con talento y capacidad, Europa tiene que desarrollar estrategias para aprovechar al máximo las oportunidades de la migración legal mediante normas coherentes y eficientes.
  • El compromiso de la Unión en favor de la protección internacional requiere una firme política europea de asilo basada en la solidaridad y la responsabilidad. La transposición plena y la aplicación efectiva del Sis tema Europeo Común de Asilo (SECA) es una prioridad absoluta. De ahí deberían surgir normas comunes de alto nivel y una cooperación más estrecha, que generen condiciones equitativas bajo las cuales los solicitantes de asilo reciban las mismas garantías procesales y la misma protección en toda la Unión
  • Abordar las causas profundas de los flujos de migración irregular es una parte esencial de la política de migración de la UE. Esto, junto con la prevención y la lucha contra la migración irregular, contribuirá a evitar la pérdida de vidas humanas que acontece durante los peligrosos viajes que efectúan los migrantes. Solo podrá encontrarse una solución sostenible cuando se intensifique la cooperación con los países de origen y de tránsito, en particular mediante la asistencia al refuerzo de su capacidad de gestión en materia de migración y fronteras.
  • El espacio Schengen, que permite a las personas viajar sin controles en las fronteras interiores, y el aumento del número de personas que viajan a la UE, exigen una gestión eficiente de las fronteras exteriores comunes de la UE para garantizar una protección firme. Al mismo tiempo, hay que modernizar la política común de visados, facilitando los viajes legítimos y reforzando la cooperación consular Schengen a escala local, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de seguridad y aplicando el nuevo sistema de gobernanza de Schengen
  • Es esencial garantizar a los ciudadanos europeos un verdadero espacio de seguridad mediante la cooperación policial operativa, así como mediante la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia, incluida la trata y el tráfico ilícito de personas, y contra la corrupción. Al mismo tiempo se necesita una política antiterrorista eficaz de la UE.
  • El buen funcionamiento de un verdadero espacio europeo de justicia en el que se respeten los diferentes sistemas jurídicos y tradiciones de los Estados miembros es de vital importancia para la UE. A este respecto, se debería seguir reforzando la confianza mutua en los respectivos sistemas de justicia.
  • Hay que proteger, como una de las libertades fundamentales de la Unión Europea, el derecho de los ciudadanos de la UE a circular libremente y a residir y trabajar en otros Estados miembros, en particular contra posibles usos indebidos o reclamaciones fraudulentas.

Congreso de los Diputados - Convenio internacional


El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación del Convenio de colaboración en materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de España y la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 151-1, de 24.7.2014).
Nota: El objeto de este convenio es fijar el marco de cooperación entre las partes del convenio para la tramitación y constitución de las adopciones con las debidas garantías, teniendo en consideración el interés superior de los menores y el respeto a sus derechos fundamentales, previniendo la sustracción y el comercio de menores (art. 1). El texto convencional es de aplicación a los casos de adopción de los menores de 18 años, nacionales y residentes permanentes de una de las Partes del Convenio, por un matrimonio que resida permanentemente en el territorio de la otra Parte del Convenio, siempre que por lo menos uno de los cónyuges sea nacional de ella, a condición de que tal adopción sea admisible según la legislación de ambas Partes del Convenio y en particular los candidatos a la adopción reúnan los requisitos de capacidad e idoneidad para adoptar conforme a la legislación de ambas Partes (art. 2). De acuerdo con su art. 9.1, el menor adoptable y los candidatos para la adopción deben cumplir los requisitos de la legislación de ambas Partes del Convenio y lo establecido en el mismo.
La sentencia de adopción del menor dictada por la autoridad competente para la constitución de la adopción del Estado de origen, se reconocerá en el territorio del Estado receptor (art. 11.5) y el menor obtendrá la nacionalidad del Estado receptor desde la fecha de entrada en vigor de la sentencia de adopción dictada en el Estado de origen y mantendrá la nacionalidad del Estado de origen, sin que pueda ser privado de esta última, tanto a solicitud de los padres adoptivos como a solicitud de terceras personas, hasta su mayoría de edad (art. 11.6). Una vez sea firme la sentencia de la adopción, la Autoridad regional del Estado receptor debe informar a la respectiva Autoridad regional del Estado de origen sobre las condiciones de vida y educación del menor adoptado en la familia adoptiva nueva, según el procedimiento y en los plazos establecidos por la legislación del Estado de origen (art. 13.5).
En el art. 13 se regula el seguimiento postadoptivo, de manera que las Autoridades del Estado receptor competentes deberán controlar las condiciones de su vida y educación en la familia adoptiva, enviando informes de su desarrollo físico y psíquico, su adaptación a la situación familiar y social nueva y otra información necesaria al respecto, y deberán garantizar que se haga efectiva el alta del menor adoptado en el Consulado del Estado de origen, según exige la legislación de dicho país (núm. 1). Cuando la permanencia en la familia adoptante no responda al interés del menor, el art. 11.3 prevé las medidas a adoptar por parte de la Autoridad regional del Estado receptor, que pueden llegar hasta la reubicación del menor en otra familia con fines de adopción o su retorno al Estado de origen.
En el caso de que las autoridades competentes para llevar el control de seguimiento en el Estado receptor no cumplan con sus compromisos y no remitan a tiempo los informes de seguimiento a las autoridades competentes del Estado de origen, la Autoridad central del Estado de origen puede suspender la aceptación de solicitudes de adopción de los nacionales del Estado receptor, avisándolo previamente, hasta que sean cumplidos los respectivos compromisos (art. 13.6).

BOE de 24.7.2014


Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
Nota: Se acuerda iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los arts. 5.2, 11, 12 y 13 de la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (véase la entrada de este blog del día 26.3.2014).

miércoles, 23 de julio de 2014

Bibliografía (Artículo doctrinal) - Los procedimientos electrónicos de resolución alternativa de conflictos


Los procedimientos electrónicos de resolución alternativa de conflictos (on-line dispute resolution)
Manuel RICHARD GONZÁLEZ, Profesor Titular de Derecho Procesal UPNA. Investigador del Grupo de Estudios sobre la solución extrajudicial de conflictos transfronterizos en el ámbito civil y mercantil (GESECO)
Diario La Ley, Nº 8360, Sección Tribuna, 23 de Julio de 2014
LA LEY 4801/2014
Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos se han acreditado como el mejor modo de resolver los litigios derivados del comercio electrónico globalizado. En ese contexto destaca el impulso actual para regular procedimientos sustanciados completamente por medios electrónicos, cuyos mejores ejemplos se hallan en el Proyecto de Ley Modelo de UNCITRAL y la normativa europea en esta materia contenida en el Regl. (UE) núm. 524/2013, a los que se atiende especialmente en este trabajo.

Nota: Véase el Reglamento (UE) nº 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE, así como la entrada de este blog del día 18.6.2013.

BOE de 23.7.2014


-Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
Nota: Se acuerda iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación con el apartado 1 y 2 a) y b) del art. 1; apartado 1 y 2 a), b) y c) del art. 3; apartados 2 y 3 del art. 5; apartados 2 y 3 del art. 6; art. 11; apartados 1, 2 y 3 del art. 12; art. 13, 1; art. 14, 1; art. 20; art. 34; art. 35; apartados 1 y 3 del art. 37; apartado segundo del art. 38; disposición adicional primera; disposición adicional segunda; apartado dos de la disposición final segunda y cualesquiera otros de la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (véase la entrada de este blog del día 26.3.2014) que, vinculados o no con los anteriores, vulneren principios constitucionales o invadan competencias de la comunidad Autónoma del País Vasco.
-Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria.
Nota: Mediante este acuerdo se resuelven las discrepancias manifestadas con relación con el art. 3.1 de la Ley 6/2013 de la Comunidad Autónoma de Cantabria de Cooperativas de Cantabria (véase la entrada de este blog del día 27.11.2013). El Gobierno de Cantabria se compromete a modificar el precepto, de manera que quede redactado de la siguiente manera:
«Se entenderá que la actividad cooperativizada se realiza con carácter principal en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuando la misma resulte superior en su conjunto a la desarrollada fuera de la Comunidad.»

martes, 22 de julio de 2014

BOE de 22.7.2014


Recurso de inconstitucionalidad n.º 3406-2013, contra el Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
Nota: El Pleno del Tribunal Constitucional acuerda tener por desistido al Abogado del Estado y, por tanto, extinguido el proceso. En su día dije que sería interesante conocer los motivos en los que se basaba el recurso (véase la entrada de este blog del día 20.9.2013). Ahora me reitero en que sería interesante saber qué motivos han impulsado al Abogado del Estado a desistir en el recurso.

lunes, 21 de julio de 2014

Bibliografía - Novedad editorial


Acaba de aparecer la obra "Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en la Unión Europea. Normativa actual, antecedentes y jurisprudencia del TJUE", de la que soy autor y en la que han colaborado V. Blanco, A. Cañas, G. Esbert, M. Estela, A. Jiménez, M. López, F. Mínguez, F. Rosselló, J.M. Sánchez, E. Souto, I. Vallés y T. Vicente. La obra ha sido publicada por Edicions UIB (Servicio de Publicaciones de la Universitat de les Illes Balears).

Al ser una obra propia, dejadme que os explique brevemente su origen y contenido. Al finalizar sus estudios universitarios, el recién graduado se lleva consigo una serie de bienes inmateriales. Estos se concretan fundamentalmente en conocimientos, preparación y habilidades para el desarrollo de su carrera profesional, amistades, recuerdos más o menos buenos de las asignaturas que ha cursado y de quienes han sido sus profesores. También suele llevarse como "souvenir" de sus estudios el conocido binomio "título universitario–orla del curso", que acabarán luciendo en una pared como prueba irrefutable de su paso por la Universidad. Todo lo anterior, y alguna que otra cosa más –por ejemplo, la aversión o alergia a alguna asignatura–, constituye el bagaje que el antiguo estudiante suele meter en su baúl de los recuerdos cuando deja la universidad. Sin embargo, y aunque se ha pasado una serie de años trabajando intelectualmente y aprendiendo una serie de conocimientos, no suele llevarse algo tangible de este trabajo, que le recuerde que durante unos años hizo algo más que realizar exámenes, coger apuntes o memorizar datos más o menos útiles. Para salir al paso de esta situación, este curso se me ocurrió ofrecer a mis alumnos de cuarto de Grado de Derecho la oportunidad de "crearse" un recuerdo material, tangible, que sirviera para plasmar alguna de sus habilidades y conocimientos, a la vez que encerrara cierta utilidad práctica. Les propuse que colaboraran, bajo mi dirección, en un libro de temática sencilla y que, a la vez, pudiera ser utilizado tanto por estudiantes como por profesionales del Derecho.

A partir del 10 de enero de 2015 será aplicable el Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición) ("Reglamento Bruselas I, refundición"), resultado de la evolución (y revolución) de más de cuarenta y cinco años en el Derecho Procesal Civil Internacional europeo. Desde el año 1976, el Tribunal de Justicia de la UE ha pronunciado dos centenares de sentencias interpretando el Convenio de Bruselas de 1968 y el Reglamento 44/2001, que constituyen los dos antecedentes normativos del nuevo Reglamento, y que, en principio, también le son aplicables. Pues bien, la presente obra recoge toda esta información, de manera que a cada precepto del nuevo Reglamento le sigue, en su caso, la transcripción del correspondiente del Reglamento 44/2001 y del Convenio de Bruselas, así como una relación de las sentencias del TJUE interpretando los artículos de estos últimos textos. De este modo, se reúnen en un mismo volumen, tanto los antecedentes legislativos del precepto como la jurisprudencia que lo interpreta. Al final de la obra se recoge la relación en orden cronológico de todas las sentencias dictadas por el TJUE, con expresión de los preceptos que interpretan y la referencia de su publicación. Para facilitar las búsquedas y aumentar su utilidad, el libro incorpora un CD-ROM con un 'pdf' interactivo del contenido de la obra.

El trabajo de aquellos alumnos que desearon colaborar en el libro ha consistido en verificar los datos de cada una de las sentencias de las que cada uno era responsable –y que previamente yo les había proporcionado–: fecha de adopción, numeración y denominación del asunto, referencia de publicación, así como la comprobación de los concretos preceptos del Convenio o del Reglamento que interpretaban. Toda esta información se ha recogido mediante un formato de cita unificado.

Los réditos que genere la obra en concepto de derechos de autor se destinarán íntegramente a la Asociación "USIB" (Universitat Solidària Illes Balears) (http://usib.uib.cat/), fundada por personal de la Universitat de les Illes Balears, que cuenta entre sus objetivos promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria y que, en estos momentos de crisis económica, ayuda a financiar sus estudios universitarios a personas que carecen de recursos económicos, y que posiblemente se verían abocados a abandonarlos.

Ficha técnica:
F.F. Garau Sobrino (con la colaboración de V. Blanco, A. Cañas, G. Esbert, M. Estela, A. Jiménez, M. López, F. Mínguez, F. Rosselló, J.M. Sánchez, E. Souto, I. Vallés y T. Vicente)
"Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en la Unión Europea. Normativa actual, antecedentes y jurisprudencia del TJUE"
Edicions UIB, Palma de Mallorca, 2014
136 págs. (+CD-ROM con texto en pdf) - 18 euros
ISBN: 978-84-8384-284-3
El libro puede adquirirse también a través de la página web de Edicions UIB

DOUE de 21.7.2014


-Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Azerbaiyán sobre la readmisión de residentes ilegales.
Nota: El Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Azerbaiyán sobre la readmisión de residentes ilegales entrará en vigor el día 1.9.2014.
-Información sobre la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Azerbaiyán sobre la facilitación de la expedición de visados.
Nota: El Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Azerbaiyán sobre la facilitación de la expedición de visados entrará en vigor el 1.9.2014.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-235/14: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Barcelona (España) el 13 de mayo de 2014 — Safe Interenvios, S.A./Liberbank, S.A., y otros.
Cuestiones planteadas:
"1) Sobre la interpretación del artículo 11.1 de la Directiva 2005/60/CE:
a) Puesto en relación con el artículo 7 de la propia Directiva ¿ha querido establecer el legislador comunitario una verdadera excepción a que las entidades de crédito puedan adoptar medidas de diligencia debida en relación con sus propios clientes cuando los mismos sean entidades de pagos, a su vez sometidas a su propio sistema de supervisión o una simple autorización para excepcionar?
b) Puesto en relación con el artículo 5 de la propia Directiva, ¿puede el legislador nacional trasponer la excepción contenida en la norma referida en términos distintos a su propio contenido?
c) ¿Es aplicable la excepción contenida en el artículo 11.1 también respecto de las medidas de diligencia reforzada en los mismos términos que respecto de las medidas de diligencia debida?
2) Subsidiariamente, para el caso de que la respuesta a las anteriores cuestiones fuera favorable a la posibilidad de que las entidades de crédito pueden adoptar medidas de diligencia debida y de diligencia reforzada respecto de entidades de pagos:
a) ¿Hasta dónde alcanza la posibilidad de las entidades de crédito de supervisar la operativa de la entidad de pagos? ¿Pueden considerarse autorizadas por virtud de lo dispuesto en la Directiva 2005/60/CE para poder supervisar los procedimientos y medidas de diligencia debida adoptadas a su vez por las entidades de pago o tal facultad corresponde en exclusiva a las instituciones públicas a las que se refiere la Directiva 2007/64/CE, en nuestro caso, el Banco de España?
b) ¿La aplicación de esa facultad de adoptar medidas por parte de las entidades de crédito requiere alguna justificación especial deducible de los actos de la entidad de pago o bien puede ser adoptada con carácter general, por el simple hecho de que la entidad de pago se dedique a una actividad de riesgo como es la de envío de remesas al extranjero?
c) Caso de estimarse que es exigible una justificación concreta para que las entidades de crédito puedan adoptar medidas de diligencia respecto de las entidades de pagos:
i. ¿Cuáles son las conductas relevantes a las que debe prestar atención la entidad bancaria para adoptar medidas de diligencia?
ii. ¿Puede considerarse la entidad de crédito facultada para poder evaluar, a tal efecto, las medidas de diligencia debida que aplica en sus procedimientos la entidad de pago?
iii. ¿Exige el uso de esa facultad que la entidad bancaria haya podido detectar en la operativa de la entidad de pagos alguna conducta que la haga sospechosa de colaboración en las actividades de blanqueo de dinero o en la financiación del terrorismo?
3) Para el caso, asimismo, de que se estime que las entidades de crédito están facultadas para adoptar medidas de diligencia reforzada respecto de entidades de pagos:
a) ¿Resulta admisible que entre ellas se pueda encontrar la de exigirles la entrega de los datos de identidad de todos sus clientes de los que proceden los fondos que remesan, así como la identidad de los destinatarios?
b) ¿Es acorde con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos que las entidades de pagos deban facilitar los datos de sus clientes a las entidades de crédito con las que están forzadas a operar y con las que a la vez compiten en el mercado?"
-Asunto C-252/14: Petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta förvaltningsdomstolen (Suecia) el 23 de mayo de 2014 — Pensionenfonds Metaal en Technie/Skatteverket.
Cuestión planteada: "¿Se opone el artículo 63 TFUE a una normativa nacional con arreglo a la cual se aplica una retención en la fuente sobre los dividendos distribuidos por una sociedad residente cuando el accionista tiene su residencia en otro Estado, mientras que dichos dividendos —si son percibidos por un accionista residente— están gravados con un impuesto calculado a tanto alzado sobre un rendimiento ficticio que a largo plazo pretende corresponder a la tributación ordinaria de todos los rendimientos de capital?"
-Asunto C-263/14: Recurso interpuesto el 28 de mayo — Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea.
Nota: En el recurso se solicita la anulación de la Decisión 2014/198/PESC del Consejo, de 10 de marzo de 2014, relativa a la firma y la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República Unida de Tanzania sobre las condiciones de entrega, por la fuerza naval dirigida por la Unión Europea a la República Unida de Tanzania, de sospechosos de piratería y de los bienes incautados relacionados.

BOE de 21.7.2014


-Resolución de 11 de julio de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA).
Nota: Véase el Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario.
Se deroga la Resolución de 27 de junio de 2012, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA).
-Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
Nota: Se acuerda iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los arts. 1.2; 3; 5.2; 11 a 14; 17 a 33; 34; 35 y 37 de la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior del Estado (véase la entrada de este blog del día 26.3.2014).

domingo, 20 de julio de 2014

Revista de revistas (13 a 20 de junio)


-Revue Internationale de Droit Comparé: 2014, núm. 2.
-Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique: 2013, núm. 4; 2014, núm. 1; 2014, núm. 2.
-Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale: 2014, núm. 1.

sábado, 19 de julio de 2014

DOUE de 19.7.2014


Recomendación de la Comisión, de 14 de julio de 2014, relativa a principios para la protección de los consumidores y los usuarios de servicios de juego en línea y la prevención del juego en línea entre los menores.
Nota: El objetivo de esta Recomendación es preservar la salud de los consumidores y los usuarios y, de este modo, minimizar el posible daño económico que pueda resultar del juego compulsivo o excesivo. A tal fin, recomienda principios para asegurar un elevado nivel de protección de los consumidores, los usuarios y los menores por lo que respecta a los servicios de juego en línea. Al elaborar la presente Recomendación, la Comisión se ha basado en las buenas prácticas de los Estados miembros (Cdo. 9 de la exposición de motivos).

BOE de 19.7.2014


-Corrección de errores del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.
Nota: Véase el Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, así como la entrada de este blog del día 5.7.2014.
Si uno lee esta denominada "corrección de errores" ve que se trata más bien de una "corrección legislativa", puesto que mediante ella se introducen nuevas disposiciones que no estaban en el texto original: se inserta un nuevo apartado 3 al art. 7 y se sustituye la redacción del segundo párrafo del apartado 1 del art. 8, en el que se introduce un nuevo inciso segundo.
-Resolución de 10 de julio de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Nota: Véase el Real Decreto-ley 8/2014 y su elefantiásica corrección de errores, así como la entrada de este blog del día 5.7.2014.
-Resolución de 10 de julio de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.
Nota: Véase el Real Decreto-ley 9/2014, así como la entrada de este blog del día 5.7.2014.
-Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
Nota: Cabe destacar el art. 13, aps. 3, 4 y 5, en los que se regulan la cooperación con organismos de investigación de otros Estados de la UE:
"[...]
3. Cuando se produzca un accidente o incidente ferroviario en o cerca de una instalación fronteriza de otro Estado miembro de la Unión Europea o no sea posible determinar en qué Estado miembro se ha producido, los organismos correspondientes acordarán cuál de ellos se encargará de la investigación o bien llevarla a cabo en colaboración. En el primer caso, el otro organismo podrá participar en la investigación y ambos compartirán plenamente sus resultados.
4. Cuando en un accidente o incidente ferroviario esté implicada una empresa ferroviaria establecida en otro Estado miembro de la Unión Europea, se invitará a participar en la investigación al organismo de investigación de accidentes ferroviarios de dicho Estado.
5. En la investigación de accidentes, la Comisión de Investigación de accidentes ferroviarios podrá solicitar la colaboración de una autoridad de otro Estado de la Unión Europea y colaborar en una investigación fuera del territorio español con los organismos de investigación de otros Estados de la Unión Europea siempre que le fuere solicitado."
-Orden FOM/1277/2014, de 17 de julio, por la que se determinan para el año 2013 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias.
Nota: Véase el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, así como la entrada de este blog del día 24.2.2009.
-Orden FOM/1278/2014, de 17 de julio, por la que se determinan para el año 2013 los costes tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias.
Nota: Véase el Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. Véase la entrada de este blog del día 21.3.2009.