- Resolución de 28 de julio de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Martorell n.º 1 a inscribir una escritura de heredamiento universal cumulativo con transmisión de bienes de presente sujeto al Derecho Civil de Cataluña en que los otorgantes no tienen nacionalidad española.
Nota: Mediante escritura autorizada el día 30 de julio de 2025 por notario de Sabadell, dos cónyuges de nacionalidad sueca, residentes en Sabadell, otorgaban conforme al artículo 431-19 del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, un pacto por el que el esposo nombraba e instituía heredera universal a su cónyuge, estableciendo expresamente que este heredamiento es cumulativo, quien lo aceptaba: «El heredante transmite de presente por esta vía de transmisión lucrativa mortis causa la totalidad de sus bienes –sin perjuicio de reservarse los bienes concretos que se enumerarán– al instituido, que acepta».
La registradora consideró que, al ser necesario ostentar vecindad civil catalana para que el otorgante se sujete al Derecho Civil de Cataluña, y resultando la vecindad civil una cualidad reservada a españoles, siendo extranjeros los otorgantes, no procede, en este caso, el otorgamiento de pacto sucesorio de heredamiento cumulativo que implica entrega de bienes de presente, el cual muy posiblemente, además, no se encuentre en el concepto de pacto sucesorio previsto en el Reglamento (UE) 650/2012, en cuanto se transmite la propiedad de presente y su consecuencia sucesoria supone una “professio iuris” no expresa, sino tácita, pero parcial, que le puede suponer la fragmentación de la sucesión, conforme a la reciente jurisprudencia europea."1. El presente recurso tiene como objeto una sola cuestión: la relativa a si personas que carecen de vecindad civil catalana (sean extranjeras como en el caso o españolas) pueden otorgar una escritura de heredamiento universal cumulativo con transmisión de bienes de presente.
Ha de hacerse notar que no estamos ante una sucesión «mortis causa» internacional conforme al artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, sino de la valoración de un documento como posible título sucesorio «mortis causa».2. Como ha tenido ocasión de señalar este centro Directivo en las Resoluciones citadas en los «Vistos» (de las cuales solo una fue objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares –pese a referirse a Derecho europeo-) los pactos «inter vivos» con efecto sucesorio previstos por la legislación autonómica se circunscriben al ámbito subjetivo a los que esa legislación es aplicable, sin que puedan trasladarse por tanto a ciudadanos extranjeros, en este caso de nacionalidad sueca.
El diseño de los artículos 36 a 38 del Reglamento (UE) n.º 650/2012, se refiere a las sucesiones mortis causa abiertas, siendo las disposiciones mortis causa instrumentos hábiles para ordenar la sucesión, sujetas a la ley aplicable que se determina a la apertura de la misma (artículo 23.2).3. La normativa española es clara: artículos 149.1.8.ª de la Constitución Española y capítulo V del título preliminar del Código Civil y coincidente con el artículo 111-3 del Código Civil de Cataluña, como no podía ser de otra forma.
Todos los españoles tienen vecindad civil, que determina la sujeción al derecho civil común o al especial o foral (artículo 14.1 del Código Civil).4. Desde otra perspectiva se discute la interpretación de la donación «mortis causa» tal como fue entendida por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de septiembre de 2021.
La donación «mortis causa» no se incluye en el ámbito del Reglamento (UE) n.º 650/2012, que en ningún momento se refiere a ella como no lo hace el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 (vid. artículo 75.1 del Reglamento (UE) n.º 650/2012).
Por ello, la Sentencia citada enmarca la donación «mortis causa» en los pactos sucesorios en los que la entrega de bienes se produce después de la muerte no con efecto de presente.
[...]Excluyendo en el caso que analizaba la Sentencia la «professio iuris» retroactiva prevista en el artículo 83, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 650/2012, que debe interpretarse en el sentido de que no alcanza al examen de la validez de la elección de la ley aplicable (efectuada en el supuesto de la Sentencia de 17 de agosto de 2015), para regir solamente un pacto sucesorio, a los efectos del artículo 3, apartado 1, letra b), de ese reglamento, referido a un bien concreto del «de cuius», y no a la totalidad de su sucesión (en el caso que se analiza, como argumento adicional, se reservan bienes por el concedente).
5. Por lo tanto, no es posible ni desde la perspectiva española ni desde la europea dotar de validez a un acuerdo entre extranjeros en el que se produce una transmisión lucrativa «mortis causa» de bienes de presente, por lo que no cabe permitir su inscripción."
Por todo ello, la DGSJyFP desestima el recurso y confirma la calificación impugnada.
Llama la atención que la DGSJyFP después de más de siete años siga todavía quejándose de que el TSJ de Baleares revocase una Resolución suya, criticando la resolución judicial y amparándose para ello en una Resolución propia que se publica en el BOE: "de las cuales [Resoluciones] solo una fue objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares –pese a referirse a Derecho europeo". ¡Qué mal perder, además de poca elegancia, demuestra tener la DG!

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