Contenidos de LA LEY Mediación y Arbitraje, nº 26 (enero-marzo 2026):
Tribuna:
- Bernardo M. Cremades, La responsabilidad arbitral internacional del Estado por actuaciones irregulares de sus jueces y tribunales.
El texto examina la responsabilidad internacional del Estado derivada de actuaciones irregulares de jueces y tribunales, así como los mecanismos para hacerla efectiva. Partiendo de los estándares internacionales de protección judicial, se analiza la insuficiencia de los remedios internos en determinados supuestos y la relevancia de la protección diplomática como vía clásica, caracterizada por el control estatal del litigio. Frente a ello, el arbitraje de inversiones introduce una transformación significativa al permitir la acción directa de los particulares contra el Estado, ampliando la legitimación activa y configurando una renuncia a la inmunidad jurisdiccional. El estudio aborda igualmente la noción de hecho internacionalmente ilícito, la denegación de justicia como estándar evolutivo, así como las figuras de expropiación indirecta y expropiación judicial. Finalmente, se examinan las formas de reparación, destacando el papel del arbitraje como instrumento de garantía de las obligaciones internacionales del Estado.- Francisco Ruiz Risueño, La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje impulsa una estrategia integral de reforma institucional y promoción del arbitraje en España.
La presente tribuna examina la estrategia impulsada por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje para reforzar su posición institucional y promover la expansión del arbitraje en España en el marco de las recientes transformaciones del sistema de justicia. A partir de un diagnóstico detallado sobre las limitaciones del arbitraje interno, se articulan diversas líneas de actuación que comprenden la reorganización institucional, la mejora de la calidad técnica, el perfeccionamiento de los mecanismos de designación, la simplificación procedimental y el incremento de la accesibilidad. Asimismo, se incorporan iniciativas en materia formativa, mediación, comunicación, implantación territorial y especialización sectorial orientadas a consolidar la confianza de los operadores jurídicos y económicos.- Josep Maria Julià, Amores… pero no siempre buenas razones.
Cuando el apoyo judicial al arbitraje se fundamenta en un entendimiento incorrecto de las obligaciones legales o de la naturaleza del apoyo prestado, existe el riesgo de que una resolución aparentemente inofensiva cree el precedente para eventuales situaciones de abuso o indefensión. A estos efectos, este art examina sendas resoluciones judiciales sobre la obligación de motivación del laudo en el execuátur de laudos extranjeros y sobre los actos propios en la anulación de laudos por invalidez del convenio arbitral.- Anna Vall Rius, La justicia restaurativa: un nuevo paradigma humanizador en nuestro sistema penal.
La Justicia Restaurativa (JR) aporta un enfoque innovador en la respuesta ante el delito e implica a sus protagonistas en el proceso decisorio, que está más enfocado en alcanzar un objetivo sanador y reparatorio que punitivo. En los últimos años España ha aprobado distintas normas que reconocen el valor y los efectos de la JR, como el art. 15 de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del delito (trasposición de la Directiva 2012/29/UE) o el art. 84-1 del Código Penal. A este reconocimiento debe sumarse la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que añade una disposición adicional novena a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula, de forma concisa, los principios básicos y algunos de los efectos procesales de la aplicación de la Justicia Restaurativa en el ordenamiento penal. Esta adopción de la JR y de sus principios rectores en nuestro marco penal supone un impulso para avanzar hacia un Derecho penal más humanista, más cercano a las auténticas necesidades de la víctima, que adquiere una mayor relevancia y más responsabilizador y motivador de reflexión y cambios en el victimario. Ofendido y ofensor dejan de ser personajes colaterales para convertirse en protagonistas y ser reconocidos como figuras centrales del paradigma restaurativo.- Alejandro Mier Hernández, México ante la revisión del T-MEC: arbitraje internacional, soberanía regulatoria y cumplimiento normativo.
El texto analiza la revisión del T-MEC de 2026 desde una perspectiva jurídico-económica, centrada en el papel del arbitraje internacional y su impacto en el equilibrio entre protección de la inversión extranjera y soberanía estatal. Se examina la evolución del tratado hacia un sistema de controversias permanente, así como las tensiones derivadas de los mecanismos inversor-Estado. Asimismo, se estudia la posición del Gobierno mexicano, orientada a mantener el arbitraje introduciendo límites frente a prácticas especulativas. Finalmente, se aborda un caso reciente que ilustra la función defensiva del arbitraje para el Estado.Estudios y Regulación:
- Vicente Pérez Daudí, Aspectos procesales del derecho colaborativo.
Este trabajo analiza la incorporación del derecho colaborativo en el sistema procesal español tras la aprobación LOEP (LOEP). Se examinan sus principios esenciales, la cláusula de retirada como elemento diferenciador y las implicaciones éticas y procesales que genera. Asimismo, se estudia la falta de desarrollo normativo del procedimiento colaborativo, su relación con otros medios adecuados de solución de conflictos (MASC) y los efectos sobre la suspensión de plazos, medidas cautelares, ejecución y costas. El art. concluye con propuestas de lege ferenda orientadas a garantizar la eficacia del derecho colaborativo mediante la regulación del estatuto del abogado colaborativo, la extensión de la renuncia a tribunales y la articulación de mecanismos procesales y deontológicos que aseguren su correcta implementación.- Enrique Sanjuán y Muñoz, Negociación y resultado en la reestructuración de empresas en crisis tras la incorporación de la Directiva UE 2019/1023.
El presente trabajo se articula a partir del régimen jurídico de la insolvencia resultante de la reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, y modificado por la Ley 16/2020, en lo relativo a la negociación de los planes de reestructuración. El objetivo fundamental del trabajo es poner de manifiesto que la voluntad del legislador europeo, tal como se desprende de la Directiva (UE) 2019/1023, fue la de promover de manera decidida la negociación como instrumento central para la reestructuración temprana de empresas viables, configurando dicha negociación como un proceso esencialmente impulsado por la iniciativa del deudor. Desde esta premisa, el estudio evidencia que la transposición al ordenamiento interno no habría alcanzado plenamente los objetivos perseguidos por la norma europea, en la medida en que ha generado un desplazamiento del clásico problema del hold-out (la resistencia estratégica de determinados acreedores) hacia un régimen de hold-up o de mantenimiento forzoso de posiciones, que acaba produciendo efectos disfuncionales tanto para el deudor como para el conjunto de los acreedores. Este resultado se aparta del propósito originario de la Directiva, orientado precisamente a neutralizar comportamientos oportunistas y a favorecer soluciones negociadas equilibradas. Finalmente, el trabajo sistematiza la negociación de los planes de reestructuración a partir de un conjunto de principios estructurales que deben concurrir para garantizar su eficacia y eficiencia, y que permiten evaluar la corrección del proceso negociador y de su resultado. Tales principios, extraídos del marco normativo europeo y de su recepción en el derecho interno, constituyen el parámetro esencial para valorar si la reestructuración cumple adecuadamente la función preventiva y de viabilidad empresarial que le es propia.- Raquel Bonachera Villegas, Justicia digital 2028: un nuevo paradigma para la resolución de litigios de consumo.
En este artículo, la autora realiza un estudio y análisis de la Directiva (UE) 2025/2647, de 16 de diciembre de 2025, que modifica la Directiva 2013/11/UE. Partiendo de la regulación existente sobre las entidades acreditadas para la resolución alternativa de litigios (RAL) en materia de consumo, la nueva directiva amplía tanto el ámbito material como territorial de actuación de estas entidades, reforzando la eficiencia, accesibilidad y alcance de los procedimientos de resolución alternativa, e incorporando de manera significativa la digitalización y automatización en dichos procedimientos.Práctica en mediación y arbitraje:
- M.ª Victoria Sánchez Pos, Miriam Alli, Mª Jesús Álvarez, Sagrario Anaut, Ana Lizarraga Álvarez, Adriana Rodrigo Ruiz, Elena Sarasa Villaverde, Mediación, prácticas restaurativas y discapacidad. Un proyecto en Navarra a la luz de la Ley Foral 4/2023, de 9 de marzo, de justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias.
Este trabajo tiene como objetivo exponer las principales las líneas de actuación y los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto «Prevención de Conflictos y Prácticas Restaurativas en Personas con Discapacidad en Navarra», impulsado por la Cooperativa de Iniciativa Social A Tu Lado. Zurekin y financiado por el Gobierno de Navarra en el marco de la Ley Foral 4/2023, de 9 de marzo, de justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias.- Jorge Pipaón Pulido, La inteligencia artificial como herramienta de apoyo en los medios adecuados de solución de controversias (MASC): límites, utilidad y vicios del consentimiento. La auditoría de los sistemas IA.
El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea constituye la primera iniciativa normativa integral destinada a regular el desarrollo, comercialización y uso de sistemas de inteligencia artificial desde un enfoque basado en el riesgo. Su objetivo es garantizar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales, estableciendo diferentes niveles de exigencia según el impacto potencial de los sistemas. La norma adopta un enfoque horizontal, con alcance extraterritorial, que afecta tanto a operadores europeos como a aquellos que actúan en el mercado de la Unión. Asimismo, introduce obligaciones de transparencia, supervisión humana y trazabilidad, especialmente en los sistemas de alto riesgo. No obstante, plantea importantes desafíos, como la delimitación de responsabilidades, la adaptación del Derecho internacional privado y la gestión de tecnologías cada vez más complejas y autónomas. En definitiva, el Reglamento aspira a consolidar un modelo europeo de gobernanza tecnológica basado en la confianza y la protección de valores fundamentales.- Mª Carmen Chéliz Inglés, MASC y sustracción internacional de menores: la exclusión del requisito de procedibilidad en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
La Ley Orgánica 1/2025 excluye expresamente a los supuestos de sustracción internacional de menores del requisito de acudir previamente a un mecanismo adecuado de solución de controversias (MASC). Esta opción legislativa, orientada a preservar la celeridad del mecanismo de restitución, contrasta con el enfoque del Reglamento (UE) 2019/1111 (Bruselas II ter), que promueve activamente la mediación y otros métodos consensuales dentro del propio procedimiento judicial. A partir de esta aparente tensión normativa, el trabajo examina el alcance real de la exclusión, su interacción con los instrumentos internacionales aplicables y el papel que los MASC desempeñan en la gestión de los conflictos de sustracción internacional de menores.- Mónica Corella, Mediación organizacional: estrategia clave para la resolución de conflictos corporativos.
Las organizaciones en la actualidad, afrontan retos caracterizados por una notable diversidad y un elevado grado de complejidad, derivados, entre otras causas, de la interacción constante entre múltiples actores, tanto internos como externos, que poseen intereses, valores y objetivos heterogéneos. Entre estos desafíos, la gestión de los conflictos en el ámbito interno organizacional en cualquier nivel de la estructura, adquiere una relevancia particular, especialmente si se considera el impacto negativo que puede generar una inadecuada gestión de los mismos. Dicho impacto no solo afecta al bienestar de las personas que forman parte de la organización, sino también al funcionamiento de la misma y desempeño, pudiendo incluso comprometer, en determinados casos su sostenibilidad y reputación. En este contexto, el presente artículo aborda la mediación organizacional, entendida en un sentido amplio como una institución mediadora, y la presenta como una estrategia fundamental para la gestión eficaz de los conflictos corporativos, atendiendo a las particularidades que ofrece el marco de intervención de la mediación. No obstante, su alcance va más allá de la resolución de disputas, ya que también contribuye a la implantación de una cultura organizacional orientada al bienestar, colabora con los procesos de cambio, promueve el aprendizaje colectivo y a la mejora de la gobernanza. De este modo, la mediación organizacional se configura como una herramienta clave para la construcción y consolidación de organizaciones más humanas, participativas, democráticas, eficaces y resilientes.- Francisco Ramos Romeu, La potestad cautelar del árbitro: reivindicación de la autonomía del arbitraje.
El presente trabajo examina la potestad cautelar del árbitro desde una perspectiva favorable a la autonomía del arbitraje y a la primacía de la voluntad de las partes en su configuración. Tras reconstruir la evolución normativa española y revisar críticamente la doctrina dominante, el autor sostiene que el art. 23 de la Ley de Arbitraje no impone la traslación automática de los presupuestos del art. 728 LEC al ámbito arbitral. Por el contrario, defiende una concepción flexible y funcional de la tutela cautelar arbitral, abierta a soluciones diversas según el convenio arbitral, los reglamentos institucionales y las necesidades concretas del litigio- Belén Alandete Sánchez, Modulando el deber de motivación del laudo, por acuerdo de las partes.
El trabajo analiza la posibilidad de que las partes modulen, por acuerdo, el deber de motivación del laudo arbitral en el Derecho español. A partir de la evolución reciente de la jurisprudencia constitucional, especialmente de las sentencias que restringen el control judicial sobre la suficiencia de la motivación, el estudio sostiene que la motivación del laudo tiene naturaleza legal y no constitucional, lo que abre un margen relevante a la autonomía de la voluntad. Sobre esa base, se examina la regulación española, su contraste con el Derecho comparado, los reglamentos arbitrales internacionales y la Ley Modelo CNUDMI, para mostrar que la exigencia de motivación presenta una configuración muy diversa. El artículo defiende que, aunque la Ley de Arbitraje española no permite renunciar por completo a la motivación del laudo, sí deja espacio para que las partes precisen su alcance, intensidad o contenido. Finalmente, se valoran los momentos idóneos para pactar esa modulación, los posibles parámetros de configuración y sus riesgos y ventajas en una eventual acción de anulación.Sentencias comentadas:
- Luis Sánchez Pérez, La cláusula arbitral en las condiciones generales electrónicas: validez del click-wrap y reconocimiento del laudo extranjero en España.
El Auto no. 12 de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 9 de marzo de 2026, otorga el execuátur a un laudo arbitral dictado en Ámsterdam. La resolución examina la validez del convenio arbitral pactado en condiciones generales electrónicas mediante click-wrap entre empresarios, la aplicación analógica de la doctrina del TJ fijada en el asunto El Majdoub (C-322/14), y la distribución de la carga de la prueba bajo el Convenio de Nueva York. Se analizan los motivos de oposición al execuátur —ausencia del convenio arbitral y vulneración del orden público— y se concluye que el ordenamiento español favorece el reconocimiento de laudos extranjeros en coherencia con el principio de favor recognitionis.- Marta Casado Abarquero, El inicio del litigio en materia matrimonial: MASC y litispendencia a la luz de la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El presente trabajo analiza la litispendencia transfronteriza en materia matrimonial. En particular, examina las disfunciones que se genera en ordenamientos jurídicos como el español que imponen la obligación de acudir previamente a mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC), al provocar desventajas estructurales frente a otros sistemas que permiten la interposición directa de la demanda. A partir de la reciente jurisprudencia del TJUE, se aborda la interpretación funcional del concepto «documento equivalente al escrito de demanda», que desplaza el foco desde la formalidad procesal hacia el inicio material del litigio.- Xavier Favre-Bulle, Clara Samson, Intra-EU Investment Disputes: The Swiss Supreme Court Unmoved by the Achmea–Komstroy–PL Holdings Trilogy.
En una sentencia histórica de 3 de abril de 2024 dictada en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía en el asunto EDF Energies Nouvelles SA contra el Reino de España, el Tribunal Supremo suizo dictó la primera resolución de un tribunal supremo no perteneciente a la UE en la que se rechazaba la objeción intracomunitaria formulada por el TJUE en los asuntos Achmea, Komstroy y PL Holdings. Apartándose de la jurisprudencia de la UE, el Tribunal confirmó la competencia de un tribunal del TCE con sede en Suiza sobre un litigio entre una empresa francesa y España, afirmando la validez del artículo 26 del TCE. Desde entonces, la decisión ha tenido eco en otros tribunales fuera de la UE, lo que pone de relieve la creciente división entre los tribunales de la UE y los de fuera de la UE en el tratamiento de la objeción intra-UE.- Roger Canals Vaquer, Andreu Fernández Naranjo, De los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia tributaria.
La sentencia del TJUE en el asunto Santander Renta Variable examina la compatibilidad de determinadas exigencias probatorias con la libre circulación de capitales. El fallo distingue entre controles fiscales legítimos y cargas administrativas desproporcionadas, admitiendo certificaciones ex ante y rechazando exigencias excesivas ex post. A partir de este pronunciamiento, el análisis incorpora una reflexión sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia tributaria. Se destaca el modelo portugués de arbitraje tributario como referencia para España, donde la elevada litigiosidad y la rigidez procedimental aconsejan explorar vías como el arbitraje o la conciliación judicial para mejorar la eficiencia del sistema.- Enrique Linares Rodríguez, Mecanismo complementario del CIADI, inmunidad soberana y doble reconocimiento.
El Auto del TSJ de Madrid aborda el reconocimiento en España de un laudo dictado bajo el Mecanismo Complementario del CIADI, lo que implica la aplicación del Convenio de Nueva York en lugar del sistema autónomo del Convenio de Washington. La resolución examina la incidencia de la inmunidad soberana y la singularidad de un doble reconocimiento dentro del mismo procedimiento. Asimismo, confirma el carácter homologador del execuátur y anticipa las dificultades vinculadas a la ejecución frente a Estados extranjeros.Cronología de decisiones:
- Selección de decisiones de Tribunales internacionales
- Selección de decisiones de Tribunales españoles
- Selección de decisiones de Tribunales extranjeros
Actualidad institucional
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- Bibliografía
