domingo, 14 de febrero de 2010

Colaboración invitada: "Adopciones internacionales y menores procedentes de Haití", por Javier Carrascosa González


ADOPCIONES INTERNACIONALES Y MENORES
PROCEDENTES DE HAITÍ


Recojo el guante, siempre amistoso, que me deja caer el Prof. Federico Garau, de la Universidad de las Islas Baleares, para escribir unas líneas muy breves sobre un asunto de rabiosa actualidad. La situación de Haití tras el terremoto que asoló el país el 12 enero 2010 ha dado lugar a diversos comentarios relativos a la adopción de menores procedentes de dicho país. Resulta curiosa la actitud de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado en relación con tales hechos. En efecto, la Conferencia de La Haya ha emitido el 20 enero 2010 una "Nota informativa", en la que, bajo el título "Haiti earthquake and intercountry adoption of children" se trataba de poner de relieve "the need to ensure appropriate safeguards are in place to protect vulnerable children at risk of illegal adoptions, abduction, sale and child trafficking". Sobre la Nota véase la entrada de este blog del día 25.2.2010.

Sin embargo, varias observaciones son precisas:

1º) Haití no es un Estado parte en el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 mayo 1993 (BOE n. 182, de 1.8.1995; entrada en vigor para España: 1.11.1995). Vid. También la “Nota“ citada emitida por la Conferencia de La Haya.

2º) En consecuencia, con arreglo al art. 2 de dicho Convenio, dicho texto resulta inaplicable si los menores procedentes de Haití poseen su residencia habitual en dicho país, sea cual sea el Estado en el que se encuentren actualmente. En efecto, el art. 2 del Convenio indica que: “1. El Convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado contratante ("el Estado de origen") ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado contratante ("el Estado de recepción"), bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen”. Por tanto, ya puede la Conferencia de La Haya de DIPr. insistir en que las autoridades del “Estado de origen” refuercen las garantías del interés del menor en una adopción internacional que se recogen en el citado texto legal, que ello no sirve para nada si los menores residen habitualmente en Haití, pues las autoridades de dicho país no aplican el referido Convenio.

3º) El citado Convenio internacional no ha previsto el caso que puede plantearse si los menores son trasladados desde un país sometido a un desastre natural de grandes proporciones (= ejemplo: Haití), a otro Estado en el que adquieren su nueva residencia habitual (= por ejemplo, Estados Unidos). Una vez que ello se verifica, los menores pueden ser adoptados y el Convenio es aplicable si el Estado de la nueva residencia habitual de los menores es un Estado parte en tal Convenio y si también lo es el Estado de recepción de los mismos. Estos menores pueden haber sido sustraídos en sus países de origen mediante engaños, tretas, falsificaciones documentales, pagos monetarios, y promesas incumplidas que surten su perverso efecto debido a la situación de desastre natural que asola el país de origen. En efecto, ciertos sujetos y organizaciones sin escrúpulos no encuentran grandes dificultades en obtener un permiso de los padres o familiares de los menores para trasladarlos a otro país con el pretexto de atender mejor así a su cuidado. Una vez que los menores han abandonado su país de origen, el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 mayo 1993 podría ser empleado como una especie de “bendición legal” de la situación de los menores. Así es, ya que cuando adquieren su nueva residencia habitual en un Estado parte en este Convenio, dicho texto no concede relevancia alguna al “Estado de procedencia real” de los menores (= Haití, en este caso). Si los menores han sido dados por huérfanos y sin familia, la adopción de los mismos desde, por ejemplo, los Estados Unidos (= “Estado de origen”) con destino, por ejemplo, a España (= “Estado de recepción”), no resulta complicado. El Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 mayo 1993, carece de una cláusula como la que incorpora el art. 4 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional española (BOE n. 312, de 29.12.2007), que evita tales situaciones. Este art. 4.1 LAI trata de evitar que menores que presentan vínculos con un país envuelto en una situación descontrolada producida por conflictos bélicos o situaciones calamitosas naturales, o países que no ofrezcan garantías adecuadas para la adopción, sean adoptados en tales países y trasladados posteriormente a otros Estados, o bien, sean simplemente trasladados desde sus países de origen a otros Estados para formalizar allí su adopción. Se elimina, así, el riesgo de adoptar menores que pueden tener una familia biológica en el país de su residencia habitual o en el país de su nacionalidad. El art. 4 LAI debe ser aplicado, exclusivamente, a los casos en los que el menor procede del país de su residencia habitual o de su nacionalidad y ha sido trasladado a otro país, como aconseja una lectura razonable del precepto con arreglo a su ratio y teleología inmanente. Lamentablemente, el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 mayo 1993, no ha incorporado una previsión similar en su articulado. Por ello, ya puede la Conferencia de La Haya insistir también en que las autoridades del país de origen controlen con especial energía el interés del menor en los procesos de adopción internacional (= melius: “transnacional”), porque sean cuales sean tales autoridades y tales países, en los casos de desastres naturales o conflictos bélicos, la intervención de las autoridades públicas de dichos Estados puede no garantizar nada. En efecto, en dichos supuestos, también tales autoridades necesitan sobrevivir y con frecuencia dejan de operar al servicio del interés del menor, de los intereses generales y del interés público. Y una prueba: como informa la prensa, varios sujetos estadounidenses de confesión baptista intentaron extraer de Haití a 33 menores nacionales de dicho país con destino a la República Dominicana y posteriormente, a los Estados Unidos de América. De estos menores, 20 no eran huérfanos y los demás tenían familia cercana en Haití. Lo más preocupante es que, según parece, y según informa el diario ABC (Diario ABC 4.2.2010, p. 32) y el diario El Mundo (Diario El Mundo 5 .2.2010, edición on line), podría haber sido la propia policía la que intervino para facilitar la salida de los menores de Haití. Los esfuerzos de la Conferencia de La Haya por evitar el tráfico de menores víctimas de la situación en Haití son, sin duda, encomiables. En efecto, como indica la propia Conferencia, “Indeed in a situation where child care and protection services have broken down such as in Haiti, the risks are even greater that the adoption may be unsafe”. Sin embargo, la evidente carencia del citado Convenio de 1993 en relación con menores procedentes de países envueltos en desastres naturales y conflictos bélicos, hace que tales esfuerzos de la Conferencia de La Haya queden en una mera llamada a la prudencia a las autoridades de los Estados partes en el Convenio que operen como “Estados de recepción” de los menores y a las ONGs que operan en este sector. Algo, naturalmente, bien intencionado pero jurídicamente poco relevante. Si el Convenio de La Haya de 29 mayo 1993 hubiera incluido una cláusula en cuya virtud quedaban paralizados todos los trámites legales relativos a la adopción de menores procedentes de Estados asolados por desastres naturales o conflictos bélicos, sean o no partes en dicho Convenio, --en un modo similar a como lo hace el art. 4 LAI--, la protección del menor en estos difíciles supuestos hubiera sido mayor y más efectiva. Lamentablemente, ello no es así.

Javier Carrascosa González
Catedrático de Derecho Internacional Privado
Universidad de Murcia

Bibliografía (Publicaciones periódicas) - Novedades 7 a 14 febrero


-Civitas. Revista Española de Derecho Europeo: núm. 32 (2009).
-Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia: núm. 13 (2010).
-Neue Juristische Wochenschrift - NJW: 2010, núm. 5.
-Noticias de la Unión Europea: núm. 299 (2009); núm. 300 (2010); núm. 301 (2010).
-Revista de derecho UNED - RDUNED: núm. 5 (2009).
-Revista Española de Protección de Datos: núm. 5 (2008).
-Revista de Estudios Europeos: núm. 49 (2008); núm. 50 (2008).
-Unión Europea Aranzadi: 2009, núm. 12; 2010, núm. 1.

sábado, 13 de febrero de 2010

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas


NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-450/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Niedersächsisches Finanzgericht (Alemania) el 19 de noviembre de 2009 — Ulrich Schröder/Finanzamt Hameln.
Nota: Restricciones indirectas, mediante normativa fiscal, al libre movimiento de capitales.
-Asunto C-457/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance de Liège (Bélgica) el 23 de noviembre de 2009 — Claude Chartry/État belge.
Cuestión planteada: "¿Se oponen el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992 y que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993, y el artículo 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a que una ley nacional, como la de 12 de julio de 2009 por la que se modifica el artículo 26 de la Ley especial de 6 de enero de 1989 sobre la Cour darbitrage, imponga un recurso previo ante la Cour constitutionnelle al juez nacional que declare que un ciudadano contribuyente ha sido privado de la tutela judicial efectiva garantizada por el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, integrado en el Derecho comunitario, mediante otra ley nacional, esto es, el artículo 49 de la Ley-programa de 9 de julio de 2004, sin que dicho juez pueda garantizar inmediatamente la aplicabilidad directa del Derecho comunitario al litigio del que conoce y pueda seguir ejerciendo el control de convencionalidad cuando la Cour constitutionnelle ha reconocido la compatibilidad de la ley nacional con los derechos fundamentales garantizados por el título II de la Constitución?"
-Asunto C-483/09: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia provincial de Tarragona (España) el 30 de noviembre de 2009 — Procedimiento penal contra Magatte Gueye.
Nota: La Audiencia Provincial de Tarragona plantea hasta cinco cuestiones prejudiciales relacionadas con la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal.
-Asunto C-484/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal da Relação do Porto (Portugal) el 30 de noviembre de 2009 — Manuel Carvalho Ferreira Santos/Companhia Europeia de Seguros, S.A.
Cuestiones planteadas: "En caso de colisión entre vehículos y cuando el accidente, del que han resultado daños corporales y materiales para uno de los conductores (el lesionado, que reclama indemnización), no pueda imputarse a ninguno de los conductores a título de culpa, ¿es contraria al Derecho comunitario y, en concreto, al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166, al artículo 2, apartado 1, de la Directiva 84/5 y al artículo 1 de la Directiva 90/232, en la interpretación que de estas disposiciones viene realizando el Tribunal de Justicia, la posibilidad de establecer un reparto de la responsabilidad por riesgo (artículo 506, apartados 1 y 2, del Código Civil) que tiene reflejo directo en la cuantía de la indemnización que debe atribuirse al lesionado por los daños patrimoniales y no patrimoniales derivados de las lesiones corporales sufridas, por cuanto implica la reducción de esta cuantía en igual proporción?"

Nota: La tres Directivas citadas han sido derogadas con efectos 26.10.2009 por la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad.
-Asunto C-493/09: Recurso interpuesto el 1 de diciembre de 2009 — Comisión Europea/República Portuguesa.
Nota: Restricciones indirectas, mediante normativa fiscal, al libre movimiento de capitales.
[DOUE C37, de 13.2.2010]

BOE de 13.2.2010


Orden EDU/268/2010, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
Nota: El tratamiento que este tema ha recibido por parte del Ministerio hace sospechar si allí alguien sabe de qué va esta historia. Veamos si no el tratamiento legislativo que ha recibido:
1) Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
2) Corrección de errores del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
3) Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
4) Corrección de errores del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
5) Y ahora la nueva Orden, que hoy se publica, y que modifica la Orden EDU/1434/2009.
Se admiten apuestas sobre la nueva disposición que aparecerá modificando, rectificando, corrigiendo errores, ampliando, reduciendo... el gafado Real Decreto 1892/2008.
Véanse las entradas de este blog del día 24.11.2008, del día 28.3.2009, del día 4.6.2009 y del día 21.7.2009.
[BOE n. 39, de 13.2.2010]

viernes, 12 de febrero de 2010

DOUE de 12.2.2010


-Decisión de la Comisión, de 5 de febrero de 2010, relativa a las cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento establecidos en terceros países, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2010) 593]
Nota: Véase la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Se deroga con efectos 15.5.2010 la Decisión de la Comisión 2002/16/CE, de 27 de diciembre de 2001, relativa a las cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos personales a los encargados del tratamiento establecidos en terceros países, de conformidad con la Directiva 95/46/CE.
-Decisión 2010/88/PESC/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la Unión Europea y Japón.
-Acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre cooperación judicial en materia penal.

[DOUE L39, de 12.2.2010]


-Actualización de la lista de permisos de residencia mencionados en el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
Nota: En relación con la actualización de la mencionada lista véanse DOUE C247, de 13.10.2006, p. 1; DOUE C153, de 6.7.2007, p. 5; DOUE C192, de 18.8.2007, p. 11; DOUE C271, de 14.11.2007, p. 14; DOUE C57, de 1.3.2008, p. 31; DOUE C134, de 31.5.2008, p. 14.; DOUE C207, de 14.8.2008, p. 12; DOUE C331, de 21.12.2008, p. 13; DOUE C3, de 8.1.2009, p. 5; DOUE C64, de 19.3.2009, p. 15; DOUE C198, de 22.8.2009, p. 9; DOUE C239 de 6.10.2009, p. 2; DOUE C298 de 8.12.2009, p. 15; DOUE C308 de 18.12.2009, p. 20.
-Actualización de los importes de referencia para el cruce de las fronteras exteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
Nota: En relación con la actualización de las cantidades de referencia véanse DOUE C247, de 13.10.2006, p. 19; DOUE C153, de 6.7.2007, p. 22; DOUE C182, de 4.8.2007, p. 18; DOUE C57, de 1.3.2008, p. 38; DOUE C134, de 31.5.2008, p. 19; DOUE C37 de 14.2.2009, p. 8.
[DOUE C35, de 12.2.2010]

BOE de 12.2.2010


Orden PRE/262/2010, de 5 de febrero, por la que se aprueban las normas reguladoras de las escalas de los buques de la Armada en los puertos de interés general.
Nota: Según la Norma segunda, esta disposición se aplicará también a "los buques de guerra de las marinas extranjeras que realicen escalas oficiales o que participen en ejercicios u operaciones internacionales en los que el Estado español tome parte, excluidos los de propulsión nuclear que se regirán por su legislación específica". A los buques de las marinas extranjeras se les aplicará también la Orden 25/1985, de 23 de abril, por la que se aprueban las Normas para escalas de buques de guerra extranjeros en puertos o fondeaderos españoles y su paso por el mar territorial español, en tiempo de paz, así como los convenios internacionales específicos.
[BOE n. 38, de 12.2.2010]

jueves, 11 de febrero de 2010

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (11.2.2010)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 11 de febrero de 2010, en el Asunto C-523/08 (Comisión/España): Incumplimiento de Estado – Directiva 2005/71/CE – Procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica – No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado.
Fallo del Tribunal: "Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a dicha Directiva."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 11 de febrero de 2010, en el Asunto C-541/08 (Fokus Invest): Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra – Artículo 25 del anexo I del Acuerdo – Artículos 63 TFUE y 64 TFUE, apartado 1 – Libre circulación de capitales – Sociedad de un Estado miembro cuyas participaciones pertenecen a una sociedad suiza – Adquisición por esta sociedad de un inmueble situado en dicho Estado miembro.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 25 del anexo I del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, debe interpretarse en el sentido de que la equiparación con los nacionales a efectos de la adquisición de inmuebles se aplica únicamente a las personas físicas.
2) El artículo 64 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones de la Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz (Ley del Land de Viena relativa a la adquisición de suelo por extranjeros), de 3 de marzo de 1998, que imponen a los extranjeros, en el sentido de dicha Ley, para la adquisición de inmuebles situados en el Land de Viena, la obligación de ser titulares de una autorización al efecto o bien la presentación de una certificación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha Ley para obtener la exención de dicha obligación, constituyen una restricción de la libre circulación de capitales admisible frente a la Confederación Suiza, como tercer país."

DOUE de 11.2.2010 - Nombramiento de la Comisión Europea


Decisión del Consejo Europeo, de 9 de febrero de 2010, por la que se nombra a la Comisión Europea.
Nota: El art. 17.4 del TUE establece que "la Comisión nombrada entre la fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el 31 de octubre de 2014 estará compuesta por un nacional de cada Estado miembro, incluidos su Presidente y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que será uno de sus Vicepresidentes".

Ahora, mediante este acto, se nombran las personas que formarán la Comisión Europea durante el período comprendido entre el 10.2.2010 y el 31.10.2014, y que son:
  • Presidente: José Manuel DURÃO BARROSO
  • Vicepresidente: Catherine ASHTON, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
  • Miembros: Joaquín ALMUNIA AMANN, László ANDOR, Michel BARNIER, Dacian CIOLOȘ, John DALLI, Maria DAMANAKI, Karel DE GUCHT, Štefan FÜLE, Máire GEOGHEGAN-QUINN, Kristalina GEORGIEVA, Johannes HAHN, Connie HEDEGAARD, Siim KALLAS, Neelie KROES, Janusz LEWANDOWSKI, Cecilia MALMSTRÖM, Günther H. OETTINGER, Andris PIEBALGS, Janez POTOČNIK, Viviane REDING, Olli REHN, Maroš ŠEFČOVIČ, Algirdas Gediminas ŠEMETA, Antonio TAJANI y Androulla VASSILIOU.
[DOUE L38, de 11.2.2010]

miércoles, 10 de febrero de 2010

Ratificación por España del Convenio de La Haya de 1996


Ayer publiqué un post dando cuenta de la entrada en el Congreso de los Diputados del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños, así como del Convenio Europeo en materia de adopción de menores (revisado), hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008 y Declaración.

En relación con el primero, me planteaba la cuestión de la escasa aceptación que había tenido hasta ahora en el ámbito comunitario, habiendo sido ratificado únicamente por 8 Estados miembros, y ninguno de ellos de gran peso específico dentro de la Comunidad. La Profesora Alegría Borrás (Universidad de Barcelona) me ha recordado la problemática de este texto convencional en relación con la UE. La historia se remonta al deseo de la Comunidad de que los Estados miembros ratifiquen el Convenio de 1996. Para ello, el Consejo, mediante la Decisión 2003/93/CE, de 19 de diciembre de 2002, autorizó a los Estados miembros a firmar el Convenio en interés de la Comunidad. La Decisión establecía en su art. 3 que los Estados miembros que no hubiesen firmado el texto convencional debían hacerlo antes del 1.6.2003 (lo que se hizo de forma simultánea el 1.4.2003), formulando la declaración contenida en el art. 2:
«En los artículos 23, 26 y 52 del Convenio se permite a las Partes Contratantes cierto grado de flexibilidad para aplicar un régimen sencillo y rápido de reconocimiento y ejecución de las sentencias. Las normas comunitarias prevén un sistema de reconocimiento y ejecución que es como mínimo tan favorable como las normas que establece el Convenio. En consecuencia, una sentencia dictada en un órgano jurisdiccional de un Estado miembro de la Unión Europea en relación con una materia contemplada en el Convenio será reconocida y ejecutada en [Estado miembro que efectúe la declaración], aplicando las normas internas correspondientes del Derecho comunitario [El Reglamento (CE) nº 2201/2003 desempeña un especial papel en este ámbito, puesto que se refiere a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parenta].»
Ahora bien, algunos Estados miembros --los que no eran miembros de la UE el año 2003-- no lo firmaron de acuerdo con la Decisión 2003/93/CE, si bien formularon la declaración tras su adhesión. Finalmente, algunos Estados miembros todavía no han formulado la declaración.

El problema que para la UE presenta el Convenio es que algunos de sus preceptos afectan al Derecho derivado comunitario; concretamente, al Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo. Por ello, la Comunidad y los Estados miembros comparten la competencia para ser parte en el Convenio. Además, el Convenio no admite la posibilidad de que la Comunidad pueda ser parte en él, por lo que no puede ratificarlo.

Con estos mimbres, el Consejo elaboró y aprobó la Decisión 2008/431/CE, de 5 de junio, por la que autoriza a los Estados miembros a ratificar o adherirse al Convenio en interés de la Comunidad en las condiciones establecidas en la propia Decisión, quedando exceptuados los Estados miembros que ya lo han ratificado --hay que recordar que Dinamarca no participa de estas Decisiones del Consejo--. De este modo, el Consejo establece lo siguiente:
-Autorizar a Bélgica, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Finlandia, Suecia y Reino Unido a ratificar o adherirse en interés de la Comunidad al Convenio de La Haya de 1996 (art. 1.1). Estos países depositarán simultáneamente los instrumentos de ratificación o de adhesión antes del 5.6.2010 (art. 3.1).

-Autorizar a los países que ya han firmado el texto convencional pero sin la declaración prevista en la Decisión 2003/93/CE, esto es, Bulgaria, Chipre, Letonia, Malta, Países Bajos y Polonia, a que ahora realicen la declaración.
En definitiva, vistas las fechas en las que estamos y que la gran mayoría de países comunitarios que todavía no han ratificado el convenio deben hacerlo simultáneamente antes del 5 de junio, es comprensible que España inicie la tramitación de la preceptiva autorización de las Cortes Generales. Además, en unos meses todos los Estados de la UE serán parte en el Convenio de 1996.

Agradezco a la Profesora Alegría Borrás sus comentarios e información.

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (10.2.2010)


CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA VERICA TRSTENJAK, presentadas el 10 de febrero de 2010, en el Asunto C‑569/08 (Internetportal und Marketing): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichsthof (Austria)] Internet – Dominio de primer nivel .eu – Reglamento (CE) nº 874/2004 – Artículo 21 – Registro de un dominio por el propietario de una marca nacional adquirida con el único objetivo de hacer posible dicho registro durante la primera fase del registro escalonado – Concepto de "derecho" – Concepto de "interés legítimo" – Concepto de "mala fe" – Artículo 11 – Reglas de transcripción de caracteres especiales – Marca nacional registrada de mala fe.
Nota: La Abogado General propone contestar las cuestiones planteadas del siguiente modo:
"1) El artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los principios en materia de registro, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca nacional tiene un derecho en el sentido de esta disposición siempre y cuando dicha marca no haya sido anulada por las autoridades o los órganos jurisdiccionales competentes y con arreglo a los procedimientos establecidos en Derecho nacional por causa de mala fe u otra.
Este derecho existe aunque la marca en la que se base el registro se diferencie del nombre de dominio tras la adecuada eliminación en éste de los caracteres especiales que dicha marca contenía. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si dichos caracteres especiales habrían podido transcribirse.
2) Para el examen de la mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004, en relación con su apartado 3, cuyos criterios no son exhaustivos, el órgano jurisdiccional nacional ha de tomar en consideración todos los factores pertinentes propios del caso concreto, en particular:
– las circunstancias en las que fue adquirida la marca, en particular la intención de no utilizarla en el mercado para el que se ha solicitó la protección;
– el hecho de que se trate de un nombre genérico procedente de la lengua alemana; y
– el uso eventualmente abusivo del signo «&» para influir en la aplicación de las reglas de transcripción del artículo 11 del Reglamento nº 874/2004,
siempre que el único fin del registro sea poder solicitar el registro del nombre de dominio correspondiente a la marca durante la primera fase del registro de nombre de dominio («sunrise period») prevista por dicho Reglamento."

Jurisprudencia


-Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, Sentencia de 16 Sep. 2009, rec. 628/2008: Transporte aéreo. Extravío de equipaje y retraso del vuelo inicial y consiguiente pérdida de enlace. Indemnización. Cambio de criterio de la Sala en lo que respecta al resarcimiento de los daños por pérdida de equipaje. Aplicación del límite cuantitativo del art. 22 del Convenio de Montreal al conjunto de daños materiales y morales sufridos. El resarcimiento del daño moral y del daño material con la aplicación por separado de dicha limitación a cada uno de los daños padecidos no se concilia correctamente con el sistema unitario de responsabilidad que subyace en el Convenio, pues éste no distingue ni la naturaleza ni la entidad del daño a efectos de aplicar aquel límite. Confirmación de la cantidad reconocida en la instancia por el extravío al haberse otorgado una indemnización por el daño material por el límite máximo del precepto. También se confirma la suma concedida por la demora en el vuelo inicial con la consecuente pérdida del enlace previsto con otro vuelo conforme al art. 7 del Reglamento (CE) nº 261/2004 (600 euros a cada pasajero). Conducción de los demandantes hasta el destino final en un transporte alternativo con una diferencia en la hora de llegada respecto de la prevista para el vuelo inicialmente reservado superior a las cuatro horas.
Ponente: Irigoyen Fujiwara, Daniel.
Nº de Sentencia: 313/2009
Nº de Recurso: 628/2008
Jurisdicción: CIVIL
Diario La Ley, Nº 7339, Sección Jurisprudencia, 10 Feb. 2010
-Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección Pleno, Sentencia de 27 Nov. 2009, rec. 603/2007: Responsabilidad de las Administraciones Públicas. Del Estado. Obligación del Estado de reparar las lesiones antijurídicas que los ciudadanos sufran en su patrimonio como consecuencia del funcionamiento de la Oficina del Defensor del Pueblo. Competencia del Consejo de Ministros para conocer y resolver este tipo de reclamaciones. La falta de regulación legal de la responsabilidad de un poder o servicio no implica la inmunidad de sus actuaciones. Supuesto en el que un ciudadano interpuso una reclamación ante el Letrado Mayor de las Cortes Generales por irregularidades en la tramitación de una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo, la cual fue remitida a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, que la archivó. Desestimación del recurso al no poder ser objeto de control jurisdiccional la resolución de la comisión parlamentaria, debiendo dirigirse el interesado al Consejo de Ministros para ejercitar la acción de responsabilidad. Votos particulares.
Ponente: Huelín Martínez de Velasco, Joaquín.
Nº de Recurso: 603/2007
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 7339, Sección La Sentencia del día, 10 Feb. 2010

Nota: El origen de esta sentencia está en una solicitud dirigida al Defensor del Pueblo para que interviniera ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por las posibles irregularidades en la tramitación de una comisión rogatoria enviada a las autoridades judiciales bielorrusas en el marco de un procedimiento de modificación de medidas paterno-filiales. Concretamente, en un retraso de la Embajada de España en Moscú en cursar la comisión rogatoria que las autoridades bielorrusas le habían remitido una vez cumplimentada.

Bibliografía (Artículos doctrinales)


-Ley Ómnibus: silencio administrativo, declaración responsable y comunicación previa
Blanca LOZANO CUTANDA, Catedrática de Derecho Administrativo, Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo, Miembro del Consejo Editorial de LA LEY
Diario La Ley, Nº 7339, Sección Tribuna, 10 Feb. 2010
El proceso de liberalización del mercado de servicios impulsado por la Directiva Bolkestein exige suprimir, minimizar o racionalizar los requisitos administrativos que se han impuesto históricamente para la realización de estas actividades. En este estudio se analizan dos reformas que ha introducido a tal fin en la regulación general del procedimiento administrativo la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como «Ley Omnibus»): la ampliación de la regla general del silencio positivo (de forma que, a partir de ahora, para que el sentido del silencio sea desestimatorio no basta con que una norma con rango de Ley así lo prevea sino que es necesario que la decisión del legislador esté justificada por razones de interés general), y la regulación de la declaración responsable y la comunicación previa como sistemas de control a posteriori del reconocimiento de un derecho o el ejercicio de una actividad alternativos y preferentes a la exigencia de autorización.
-Aspectos mercantiles relevantes de la «Ley Ómnibus»
Rafael JORDÁ GARCÍA, Profesor Asociado de Derecho Mercantil (Universidad de Murcia), Abogado Socio de J&A Garrigues SLP
Diario La Ley, Nº 7339, Sección Tribuna, 10 Feb. 2010
Se analizan a continuación, dentro de las numerosas modificaciones normativas que ha supuesto la reciente Ley 25/2009, aquellas que afectan más directamente al derecho mercantil en las siguientes materias: consumidores y usuarios, sociedades profesionales, patentes, ordenación de la edificación y subcontratación en el sector de la construcción, por implantación en sus respectivas leyes de algunos de los principios establecidos en la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio la cual pretende simplificar y mejorar la prestación de los mismos.
Nota: Véase la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como la entrada de este blog del día 23.12.2009.

BOE de 10.2.2010


Corrección de errores de la Aplicación Provisional del Acuerdo de Cooperación en materia de inmigración entre el Reino de España y la República de Guinea Bissau, hecho "ad referendum" en Bissau el 27 de enero de 2008 y Canje de Notas de fechas 11 de julio y 29 de septiembre de 2008, efectuando rectificaciones.
Nota: Véase el Acuerdo de Cooperación de 27.1.2008 y el Canje de Notas de fechas 11.7.2008 y 29.9.2008, así como la entrada de este blog del día 3.6.2009.
[BOE n. 36, de 10.2.2010]

martes, 9 de febrero de 2010

Congreso de los Diputados - Autorización convenios internacionales


El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la autorización para la ratificación de los siguientes convenios internacionales:

-Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, así como Declaraciones y Reserva (BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 253, de 9.2.2010).
Nota: De conformidad con su art. 51, este texto convencional sustituye al Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores, así como al Convenio para regular la tutela de los menores, firmado en La Haya el 12 de junio de 1902, todo ello "sin perjuicio del reconocimiento de las medidas adoptadas según el Convenio de 5 de octubre de 1961".
Llama la atención que, hasta ahora, este Convenio ha sido ratificado por pocos Estados comunitarios (8 de 27), y los que lo han hecho no son precisamente los de mayor peso dentro de la UE: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y República Checa.
-Convenio Europeo en materia de adopción de menores (revisado), hecho en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008 y Declaración (BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 262, de 9.2.2010).
Nota: Solamente una pregunta (ingenua): habiendo ratificado España el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, ¿tiene sentido que ahora ratifiquemos este convenio del Consejo de Europa? Item más: ¿tiene España una política en materia de ratificación de convenios internacionales?

BOE de 9.2.2010


Canje de Notas, de 12 de mayo de 2009, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro.
Nota: Este Canje de Notas entró en vigor el 1.2.2010, es decir, hace 9 días.
Véase la entrada de este blog del día 8.9.2009.
[BOE n. 35, de 9.2.2010]

Documentos COM


COM(2010)15 final (Bruselas, 29.1.2010): Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica la Decisión 2008/839/JAI sobre la migración del Sistema de Información de Schengen (SIS 1+) al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II).
Nota: Véase la Decisión 2008/839/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, así como la entrada de este blog del día 8.11.2008.

lunes, 8 de febrero de 2010

Bibliografía (Publicaciones periódicas) - RabelsZ (2010) 1


Última entrega de la Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ): vol. 74 (2010), núm. 1:

Elfte Ernst-Rabel-Vorlesung, 2008:
Richard M. Buxbaum, Is There a Place for a European Delaware in the Corporate Conflict of Laws?, pp. 1-24
Aufsätze:
-Andreas Bergmann, Die Theorie der Rechtsmängelhaftung - Rechtsverschaffungsprinzip, habere licere und Eviktionshaftung, pp. 25-90
-
Dorothee Einsele, Die Forderungsabtretung nach der Rom I-Verordnung - Sind ergänzende Regelungen zur Drittwirksamkeit und Priorität zu empfehlen?, pp. 91-117
-
Jürgen Basedow, Rome II at Sea - General Aspects of Maritime Torts, pp. 118-138
-
Kurt Siehr, The Rome II Regulation and Specific Maritime Torts: Product Liability, Environmental Damage, Industrial Action, pp. 139-153
-
Lado Chanturia, Die Europäisierung des georgischen Rechts - bloßer Wunsch oder große Herausforderung? pp. 154-181
Literatur:
-Buchbesprechungen, pp. 182-247
-Eingegangene Bücher, pp. 247-249

Mitarbeiter dieses Heftes

BOE de 8.2.2010


Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Islandia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" n.º 203, de 25 de agosto de 1987), hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
Nota: El Convenio entrará en vigor entre España e Islandia el 8.3.2010. Véase el Convenio de La Haya de 18.3.1970.
[BOE n. 34, de 8.2.2010]

domingo, 7 de febrero de 2010

Conflictus Legum cumple dos años


Hoy, 7 de febrero, Conflictus Legum cumple dos años de existencia. Lejos de mi pensamiento que la aventura iniciada en 2008 para dar salida a la información que compartía con un grupo de amigos llegaría a tener la aceptación que ha llegado a cosechar en estos 24 meses. Mi agradecimiento, por tanto, a todos los lectores y, de una manera especial, a todos aquellos -que no sois pocos- que me hacéis llegar información para publicar en el blog.

En agradecimiento a los visitantes y seguidores de Conflictus Legum os dejo un vídeo sensacional. Se trata de la interpretación del cuarto y último movimiento (Allegro con spirito) de la sinfonía núm. 88, en sol mayor, de F.J. Haydn realizada por la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de Leonard Bernstein. Poco puedo decir de una música tan fantástica -llama la antención la escasez de temas utilizados, uno por cada movimiento, sabiamente desarrollado por Haydn- pero si a ella se le añade la visión de Bernstein, el oyente se queda boquiabierto. Con todo, la maravilla de este vídeo está en la segunda parte, a partir del minuto 3'46", en el que se contiene la propina del concierto. ¿En qué consistía esta? Pues en la repetición del último movimiento de la sinfonía, pero esta vez dirigida por Bernstein utilizando exclusivamente gestos de la cara y sin hacer uso de los brazos y las manos. Sólo una gran orquesta, como la OFV, y un gran director, como Lenny, son capaces de este prodigio, sin que, además, el hecho resulte pretencioso. Fijaos en que la orquesta no necesita más que un movimiento de la cabeza, un leve fruncimiento de labios, el enarcar una ceja o una simple mirada del director para ejecutar lo que este espera de ellos. Finalmente, y no me cansaré de destacarlo, en todas las actuaciones de Bernstein lo que más me llama la atención es su humanidad, que se transparenta en la concepción de la propia música que dirige y en el trato, de complicidad, que dispensa a los músicos de la orquesta. Y todo ello era correspondido por la Filarmónica de Viena, que adoraba a Bernstein. Un detalle: al final de la interpretación Lenny abraza -¡y besa!- al concertino (quien conozca un poco la frialdad austríaca, valorará ese gesto) y dispensa gestos de agradecimiento y afecto al resto de miembros de la orquesta. Gestos todos que contrastaban con el trato de otros grandes directores que dirigían esa orquesta. Contrastan, por ejemplo, con la frialdad de un Karajan o con el trato despótico y desabrido (me atrevería a decir que inhumano) de un Karl Böhm, todos ellos en las antípodas de Bernstein. Y ¿qué me decís del público? Está encantado: mirad durante la propina las primeras filas que están detrás del plano general de Bernstein. ¡Es que no creen lo que están viendo! No salen de su asombro. Se lo pasan en grande, disfrutando de la música junto con la orquesta y el director. Y esto es precisamente la música: un disfrute para el espíritu, que nos hace más humanos. Nunca estaremos suficientemente agradecidos a estas grabaciones de vídeo, que nos permiten asistir, viendo y escuchando, a estos acontecimientos irrepetibles. Sin más preludios aquí tenéis el vídeo.


Bibliografía (Publicaciones periódicas) - Novedades 31 enero a 7 febrero


Neue Juristische Wochenschrift - NJW: 2010, núm. 3; 2010, núm. 4.

sábado, 6 de febrero de 2010

Bibliografía


Los autores de la siguiente obra, publicada en diciembre de 2008 por la editorial de la Fundacion del BBVA y agotada en otoño de 2009, acaban de anunciar que por el momento se realizará una nueva reimpresión. Sin embargo, para facilitar el acceso a la obra, esta se pone a disposición de los interesados en versión electrónica, mediante documentos en pdf, que cubren por partes su totalidad en su versión impresa y descargables libremente [aquí]:

Araceli Mangas Martín (Dir.), Luis Norberto González Alonso (Coord.), José Martín y Pérez de Nanclares, José Manuel Sobrino Heredia, "Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Comentario artículo por artículo", Fundación BBVA, 2009, 931 páginas.
La primera proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en diciembre de 2000 marcó, en cierto modo, el punto de partida del debate constitucional en el que ha vivido inmerso el proceso de integración europea durante los últimos años. Su posterior incorporación al fallido Tratado Constitucional y su nueva proclamación solemne en vísperas de la adopción del Tratado de Lisboa, en diciembre de 2007, han reforzado la virtualidad jurídica de este instrumento, que pasa a integrarse definitivamente en el Derecho originario de la Unión con la entrada en vigor de este último Tratado de reforma.
Con el objetivo de facilitar la comprensión del significado y alcance de la Carta de Derechos de la UE, en esta publicación se ofrece un análisis pormenorizado de cada una de sus disposiciones, incluido su Preámbulo, mediante la técnica, poco habitual en la doctrina española, pero muy frecuente en la de otros países de nuestro entorno, del comentario artículo por artículo. Cada derecho es objeto, pues, de un estudio específico atendiendo a su peculiar configuración en el marco del ordenamiento jurídico de la Unión y a la interpretación y aplicación que de él han hecho tanto los tribunales comunitarios (TJCE y TPI) como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La obra se completa con un amplio estudio introductorio sobre la evolución del compromiso que las instituciones comunitarias han mantenido siempre con la protección de los derechos fundamentales, así como con un anexo documental en el que se reproducen las Explicaciones, adoptadas al mismo tiempo que la propia Carta por la Conferencia Intergubernamental de 2007 y que constituyen su complemento indispensable.
Esta obra pone a disposición de los operadores jurídicos en general, y no sólo de la comunidad académica, una herramienta que resulte de utilidad a la hora de enfrentarse a este particular catálogo de derechos fundamentales.

viernes, 5 de febrero de 2010

Jurisprudencia - Internet


Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 9 Dic. 2009, rec. 914/2006: Derecho al honor. Intromisión ilegítima. Responsabilidad de la asociación demandada, prestadora de servicios de intermediación consistentes en alojar en servidores propios datos suministrados por los destinatarios de aquellos (hosting), por las expresiones lesivas para el honor de la demandante (la SGAE) contenidas en dos páginas web alojadas en sus servidores. Conocimiento efectivo por la demandada de que la información almacenada era ilícita o lesionaba bienes o derechos de la demandante. El alojamiento en sus servidores del dominio «www.putasgae.org», por su carácter insultante, es un medio adecuado, ex re ipsa, para revelar el tenor injurioso de los datos almacenados.
Ponente: Ferrándiz Gabriel, José Ramón.
Nº de Sentencia: 773/2009
Nº de Recurso: 914/2006
Jurisdicción: CIVIL
Diario La Ley, Nº 7336, Sección La Sentencia del día, 5 Feb. 2010

BOE de 5.2.2010


-Resolución de 31 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2010 el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Nota: Véase el Anexo (Sistema para la valoración de daños y perjuicios causados en las personas en accidentes de circulación) del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
-Orden FOM/189/2010, de 26 de enero, por la que se modifica la Orden FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones para el gobierno de las embarcaciones de recreo.
Nota: En la exposición de motivos de la norma se afirma que "la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios). Con ella se pretende la consecución de un espacio sin fronteras interiores en el que quede garantizada la libre circulación de servicios y la libertad de establecimiento en el ámbito de la Unión Europea. En este sentido es esencial la eliminación de las barreras jurídicas y trabas administrativas que en la actualidad restringen el desarrollo de estas libertades. Para poder dar cumplimiento a los objetivos anteriormente señalados se ha considerado necesario modificar la Orden FOM/3200/2007, con el fin de suprimir el requisito de la compulsa de determinados documentos que se exige en el artículo 25.1 a las escuelas que quieran impartir enseñanzas náuticas y de obtención y expedición de títulos náuticos".
Véase la entrada de este blog del día 24.11.2009.
-Circular 1/2010, de 27 de enero, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos frente a los hogares y las sociedades no financieras.
Nota: Quedan incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma las entidades de crédito españolas y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras que cumplan determinados requisitos (véase la Norma segunda).
-Circular 2/2010, de 27 de enero, del Banco de España, a entidades de crédito, de modificación de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
Nota: Esta disposición tiene por objeto fundamental modificar el Título II y en el Anejo VII de la Circular 4/2004 en relación con los requerimientos estadísticos de la Unión Económica y Monetaria (UEM), que se han visto afectados por la aprobación del Reglamento (CE) nº 25/2009 del Banco Central Europeo, de 19 de diciembre de 2008, relativo al balance del sector de las instituciones financieras monetarias.
-Resolución de 26 de enero de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 21 de diciembre de 2009, por la que se hace público el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el primer trimestre de 2010.
Nota: Véase la Resolución de 21 de diciembre de 2009, así como la entrada de este blog del día 12.1.2010.
[BOE n. 31, de 5.2.2010]

jueves, 4 de febrero de 2010

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (4.2.2010)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 4 de febrero de 2010, en el Asunto C-18/09 (Comisión/España): Incumplimiento de Estado – Libre prestación de servicios – Reglamento (CEE) nº 4055/86 – Artículo 1 – Transportes marítimos – Puertos de interés general – Tasas portuarias – Exenciones y bonificaciones.
Fallo del Tribunal: "El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del principio de libre prestación de servicios al transporte marítimo entre Estados miembros y entre Estados miembros y países terceros, al mantener en vigor los artículos 24, apartado 5, y 27, apartados 1, 2 y 4, de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, que establecen un sistema de bonificaciones y exenciones de las tasas portuarias."

DOUE de 4.2.2010


-Información sobre la fecha de entrada en vigor del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.
Nota: Los mencionados tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) entrarán en vigor para la Unión Europea el 14.3.2010.
Véanse los siguientes documentos:

  • La Decisión del Consejo, de 16 de marzo de 2000, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor y del Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas.
  • Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (WCT).
  • Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT)
[DOUE L32, de 4.2.2010]

-Modificaciones del Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre la creación de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia.

-Convenio monetario entre la Unión Europea y el Estado de la Ciudad del Vaticano.
Nota: Este Convenio entró en vigor el 1.1.2010.
[DOUE C28, de 4.2.2010]

BOE de 4.2.2010


-Entrada en vigor del Acuerdo especial entre el Reino de España y la Organización Europea de Patentes relativo a la cooperación en cuestiones relacionadas con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), hecho en Munich y Madrid el 2 de julio y 18 de diciembre de 2008.
Nota: Este Acuerdo entró en vigor el 14.12.2009, es decir, hace casi dos meses (!).
Véase el Acuerdo especial de 2 de julio y 18 de diciembre de 2008, así como la entrada de este blog del día 17.3.2009.
-Ley 10/2009 de la Comunidad Autónoma de Aragón, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón.

[BOE n. 30, de 4.2.2010]

miércoles, 3 de febrero de 2010

Bibliografía (Publicaciones periódicas) - DeCITA 11(2009)


Acaba de aparecer un nuevo número de la Revista Derecho del Comercio Internacional - Temas y Actualidades - DeCITA [DeCITA 11 (2009)], dedicada a la insolvencia internacional.

El tema monográfico de este volumen es el de la "insolvencia internacional", tema que siempre ha suscitado un enorme interés pero que en los críticos tiempos que corren ha venido a ocupar el centro de la escena en todos los frentes en los que se desarrolla "la lucha por el derecho": las usinas legisladoras nacionales e internacionales, los tribunales judiciales y –poco a poco– arbitrales, y los más variados ámbitos académicos. Todos estos frentes son visitados por los autores del presente volumen con particular solvencia.

Además del desarrollo del tema monográfico, se ofrece un nutrido panorama de las actualidades más relevantes del derecho del comercio internacional, con la participación de destacados autores y funcionarios de los más significativos órganos codificadores.

Índice [aquí]:

Doctrina:
-Procedimientos concursales y competencia judicial internacional: análisis de dos conceptos clave. Laura CARBALLO PIÑEIRO
-Sentido y alcance de la lex fori concursus. Louis D’AVOUT
-Secuencia de los trabajos sobre insolvencia en UNCITRAL. David MORÁN BOVIO
-La posición del TJCE con respecto a los problemas interpretativos que plantea el reglamento 1346/2000 en materia de insolvencia. Beatriz CAMPUZANO DÍAZ
-La insolvencia transfronteriza en el derecho internacional privado uniforme y en el Código Bustamante. Gilberto BOUTIN I.
-La insolvencia transfronteriza en el derecho internacional privado argentino de fuente interna. Supuestos contemplados. Necesidad de reforma. Paula M. ALL / Jorge R. ALBORNOZ
-La nueva ley uruguaya de concursos y reorganización empresarial: un importante avance en sintonía con los principios internacionales en la materia. Cecilia FRESNEDO DE AGUIRRE
-El régimen de DIPr de la ley uruguaya de concursos de 2008: sus avances con relación al sistema argentino actual. Adriana V. VILLA
-La problemática de la quiebra internacional en Brasil: ¿existen herramientas para la solución de conflictos internacionales? Luciane Klein VIEIRA / Carolina Gomes CHIAPPINI
Jurisprudencia:
-Insolvencia transfronteriza, reciprocidad y medios electrónicos: análisis de un fallo ejemplar. Sara L. FELDSTEIN DE CÁRDENAS
-La CSJN ubica cada ficha en su casillero. Adriana DREYZIN DE KLOR
-Crónica de jurisprudencia argentina sobre insolvencia internacional. Gustavo Gabriel PONS
Bibliografía en materia de insolvencia internacional:
-Reseñas bibliográficas. UZAL, María Elsa, Procedimientos de insolvencia, Buenos Aires, 2008, por Adriana V. VILLA
-Bibliografía
Actualidades:
Doctrina
Arbitraje
-Competencia en materia de impugnaciones del laudo arbitral. Alcance general y su tratamiento en la jurisprudencia mexicana. María Mercedes ALBORNOZ
-Cuestiones constitucionales en el arbitraje. Julio C. RIVERA
Comercio, desarrollo e impacto social
-Biocombustíveis brasileiros e o mercado internacional. Desafios e oportunidades. Luizella Giardino Barbosa BRANCO
Contratos
-Presente y futuro de la Convención interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales. Ruben SANTOS BELANDRO
Propiedad intelectual
-Crimes contra a porpiedade industrial: uma busca pela descriminalização ou descaracterização frente à realidade juridica brasileira. Érica Lourenço de Lima FERREIRA
Sistemas de integración regional
-Diagnóstico del MERCOSUR. Norbert TÜLMANN
Jurisprudencia
Tribunales estatales
-Argentina – Reseña de jurisprudencia sobre contratos
-Argentina – Reseña de jurisprudencia sobre sociedades
-Argentina – Reseña de jurisprudencia sobre transportes
-Estados Unidos – Litigio judicial internacional - Decisión norteamericana sobre forum non conveniens en dos casos conectados con Argentina
Actividades de los organismos internacionales
-Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Actividades en el 2008 y principios de 2009. María Mayela CELIS AGUILAR
-UNCITRAL. The Year in Review: The Work of the UNCITRAL from 2007 to 2008. Kate LANNAN
-UNIDROIT. Overview of Activities in 2008. Frédérique MESTRE
-CIDIP / OEA. Séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho
Internacional Privado (CIDIP VII). Informe de progreso. John M. WILSON
Sistemas de integración regional
-SICA. Aspectos relevantes del año 2008. Ana Elizabeth VILLALTA VIZCARRA
-MERCOSUR. Un Acuerdo no muy "acorde" aprobado en el marco parlamentario del MERCOSUR. Adriana DREYZIN DE KLOR
Organismos universales
-OMC. The Rise of Private Voluntary Standards in International Trade: A Brief Survey of Current Developments. Makane Moïse MBENGUE
Novedades legislativas
-El Proyecto uruguayo de Ley general de derecho internacional privado. Cecilia FRESNEDO DE AGUIRRE / Gonzalo LORENZO IDIARTE
-Novedades legislativas en materia de arbitraje. Sebastián PAREDES
-Novedades legislativas en materia de contratos. Paula María ALL
-UNIDROIT – Model Law on Leasing
-"Código Modelo de cooperación interjurisdiccional para Iberoamérica"
Crónicas
-Jornadas / Asamblea ASADIP 2008. Adriana SÁNCHEZ MUSSI
-Actualidades en materia de derecho de las inversiones internacionales. Jorge E. VIÑUALES
Bibliografía general
-Reseñas bibliográficas
-DREYZIN DE KLOR, Adriana / MORALES, Mariela, Ampliación del MERCOSUR. Especial referencia a Venezuela, Buenos Aires, Zavalia, 2009. Por Zlata DRNAS DE CLEMENT
-ESPLUGUES MOTA, Carlos / HARGAIN, Daniel / PALAO MORENO, Guillermo (dirs.), Derecho de los contratos internacionales, Buenos Aires / Madrid / Montevideo, Edisofer / B de f, 2008. Por Adriana DREYZIN DE KLOR
-FERRARI, Franco (dir.), The CISG and its Impact on National Legal Systems, München, Sellier, 2008. Por Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO
-GAILLARD, Emmanuel, Aspects philosophiques du droit de l’arbitrage international, Leiden / Boston, Academia de Derecho Internacional de La Haya / Martinus Nijhoff, 2008 (publicado originalmente en Recueil des Cours, t. 329 (2007), pp. 49-216). Por Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO
-MISTELIS, Loukas A. / BREKOULAKIS, Stavros L. (eds.), Arbitrability: International & Comparative Perspectives, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2009, 408 pp. Por Diego L. ALONSO
Bibliografía

BOE de 3.2.2010


Resolución de 27 de enero de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone la publicación de la Declaración elaborada por el Ministerio del Interior en cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio de cooperación transfronteriza en materia policial y aduanera entre el Reino de España y la República Francesa, hecho "ad referéndum" en Blois el 7 de julio de 1998.
Nota: Véase el Convenio de cooperación transfronteriza de 7 de julio de 1998, que entró en vigor el 1.9.2003.
[BOE n. 29, de 3.2.2009]

martes, 2 de febrero de 2010

Bibliografía (Artículo doctrinal) - Nacionalidad


Sobre la nacionalidad española de los naturales del Sahara
Fernando GÓMEZ RECIO, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Álava
Diario La Ley, Nº 7333, Sección Doctrina, 2 Feb. 2010
El autor viene a afirmar que la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo afirmando la apatridia de los naturales del Sahara, hace que con la actual doctrina de la Dirección General de los Registros y el Notariado, los nacidos en el Sahara Occidental con anterioridad al abandono de su territorio por España, tengan derecho a que se declare su nacionalidad española de origen por aplicación del artículo 17.1 c) del Código Civil.

Nota: Véase la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso administrativo, de 20 de noviembre de 2007, la sentencia del Tribunal Supremo núm. 1026/1998, Sala de lo Civil, de 28 octubre de 1998 y la Resolución de la DGRN de 15 de octubre de 2004, sobre consolidación de la nacionalidad española.

Véanse igualmente las siguientes disposiciones legales:
  • Decreto de 10 de enero de 1958 por el que se reorganiza el Gobierno General del Africa Occidental Española.
  • Ley 8/1961, de 19 de abril, sobre organización y régimen jurídico de la Provincia de Sahara.
  • Decreto 2604/1961, de 14 de diciembre, sobre régimen de gobierno y administración de la Provincia de Sahara.
  • Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara.
  • Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara.
Finalmente, véase la Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sahara Occidental (Madrid, 14 de noviembre de 1975): «Acuerdo tripartito de Madrid» o «Acuerdo de Madrid».

BOE de 2.2.2010


Corrección de errores del Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto.
Nota: Véase el Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, así como la entrada de este blog del día 24.12.2009.
[BOE n. 28, de 2.2.2010]

lunes, 1 de febrero de 2010

BOE de 1.2.2010


Resolución de 21 de enero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2009, para constituir la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico.
Nota: La Comisión que ahora se crea tiene un plazo de 12 meses para elaborar un informe, con recomendaciones, que analice la situación actual del lenguaje utilizado por los profesionales del Derecho y que contenga recomendaciones, así como para impulsar las acciones que considere pertinentes para hacer más comprensible a los ciudadanos el lenguaje jurídico.
[BOE n. 27, de 1.2.2010]