SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava) de 31 de enero de 2018, en el asunto C‑106/17 (Hofsoe): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 11, apartado 1, letra b), y artículo 13, apartado 2 — Competencia en materia de seguros — Ámbito de aplicación personal — Concepto de “persona perjudicada” — Profesional del sector de los seguros — Exclusión.
Fallo del Tribunal: "El artículo 13, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con el artículo 11, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que una persona física, cuya actividad profesional consiste, en particular, en reclamar a las entidades aseguradoras el pago de las indemnizaciones por daños y que para ello se basa en un contrato de cesión de crédito celebrado con el afectado por un accidente de tráfico, no puede invocar los citados preceptos para ejercitar una acción de responsabilidad civil contra la entidad aseguradora del causante del accidente, que tiene su domicilio social en un Estado miembro distinto del Estado miembro del domicilio del perjudicado, ante un tribunal de este último Estado miembro."
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