viernes, 7 de abril de 2017

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional


Sala Primera. Sentencia 29/2017, de 27 de febrero de 2017. Recurso de amparo 3279-2014. Promovido por doña Osatohanmwen Imafidon respecto de las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona y un Juzgado de lo Penal de Manresa que le condenaron por un delito de falsedad en documento público. Vulneración del derecho a la tutela judicial (motivación): resoluciones judiciales que no ponderan la existencia de arraigo familiar al acordar la sustitución de una pena de prisión por la expulsión del territorio nacional.
Nota: La solicitante del amparo fue imputada por el JPII de Vic como supuesta cooperadora necesaria de un delito de falsedad documental. En su declaración ante el Juzgado, a preguntas de su Letrada «manifiesta que tiene hijos nacidos en España y su marido tiene los papeles en regla. Que la declarante ha intentado regularizar su situación en España». El Ministerio Fiscal solicitó en su escrito de acusación la imposición de una pena de dos años de prisión y diez meses de multa y que, de conformidad con el art. 89 CP, se sustituyera la pena de prisión por la expulsión de territorio nacional y prohibición de entrada en España durante seis años. La recurrente en amparo formuló escrito de conclusiones provisionales y aportó como medio de prueba, entre otros documentos, fotocopia del libro de familia, inscripciones literales de nacimiento de sus dos hijos menores de edad nacidos en España, su inscripción literal matrimonial en España, tarjeta de residencia de sus hijos y marido, resolución sobre reconocimiento de alta de su marido en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos. La recurrente fue condenada como autora de un delito de falsedad en documento público (art. 392 CP) a la pena de dos años de prisión y multa de diez meses con accesorias y costas, acordándose la sustitución de la pena de prisión por la de expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada en España durante seis años. Por lo que se refiere a la sustitución de la pena por la expulsión en el fundamento de derecho tercero se expone «que aunque la acusada dice tener dos hijos con ella en España, no se ha demostrado tal extremo mediante documental alguna como tampoco que tenga trabajo, medio legal de vida o arraigo alguno en España mediante el empadronamiento o documento similar». La recurrente formuló recurso de apelación alegando, entre otros extremos, que no procede la sustitución de la condena por la expulsión del territorio nacional «dado el arraigo social y familiar que ha demostrado tener en España mi representada, no debe olvidarse que es persona casada por la legislación española con residente de larga duración, con quien tiene dos hijos nacidos en España y todos ellos con residencia legal». El recurso de apelación fue desestimado por sentencia de la AP de Barcelona, argumentando, en lo que se refiere a la sustitución de la pena por la expulsión, que «basta remitirse a lo expuesto en la sentencia en el sentido de que no hay prueba alguna de la relación familiar que se argumenta como motivo para no realizar tal sustitución».

Ante todo lo anterior, el TC afirma que debe concluirse que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su concreta dimensión del derecho a obtener una resolución judicial motivada y fundada en derecho, en lo que respecta a la decisión de sustitución de la pena de prisión de dos años impuesta a la recurrente por su expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada en España por un plazo de seis años. Las resoluciones judiciales impugnadas no han hecho cuestión de que en la aplicación del sustitutivo penal de expulsión del art. 89 CP (redacción LO 5/2010, vigente en el momento en que se produjeron los hechos), resultaba necesario ponderar la existencia de una situación de arraigo familiar, en los términos en lo que después ha sido impuesto legislativamente en el art. 89.4 CP (redacción LO 1/2015). Ahora bien, partiendo de esa interpretación del art. 89 CP, las resoluciones impugnadas han utilizado como único argumento para resolver la alegación sobre la existencia de arraigo «que aunque la acusada dice tener dos hijos con ella en España, no se ha demostrado tal extremo mediante documental alguna como tampoco que tenga trabajo, medio legal de vida o arraigo alguno en España mediante el empadronamiento o documento similar».
No puede considerarse que esta respuesta satisfaga las exigencias del deber de motivación de las resoluciones judiciales en cuanto a la valoración probatoria si se toma en consideración que la decisión judicial concernía a una institución en la que está en juego el derecho a la intimidad familiar (art. 18 CE), junto al de protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39 CE) en relación al mandato del art. 10.2 CE, así como el art. 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, de derechos del niño. En efecto, la afirmación judicial de que no ha quedado demostrado documentalmente la situación de arraigo y la existencia de medios legales de vida contrasta con la realidad incontrovertida y no negada por las resoluciones judiciales de que se hizo efectiva entrega, se propusieron y se admitieron como prueba en el proceso penal, al menos, la fotocopia del libro de familia de la recurrente, las inscripciones literales del Registro Civil del nacimiento de sus dos hijos menores de edad nacidos en España y de su matrimonio en España, las tarjetas de residencia de sus hijos y marido, y la resolución sobre reconocimiento de alta de su marido en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos. En ese sentido, la mera afirmación de que no existe acreditación documental, por resultar apodíctica, no satisface las exigencias constitucionales derivadas del art. 24.1 CE de que los órganos judiciales especifiquen el discurso que enlaza la actividad probatoria con el relato fáctico resultante y que este discurso permita conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión. Por todo ello el TC acuerda:
"Estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Osatohanmwen Imafidon y, en su virtud:
1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2.º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 2 de Manresa de 19 de abril de 2013 recaída en el procedimiento abreviado núm. 284-2013 y de la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de abril de 2014 recaída en el recurso de apelación núm. 53-2014, en el extremo relativo a la decisión de sustituir la pena de dos años de prisión por la de expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada en España durante seis años.
3.º Retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la primera de las citadas resoluciones para que el órgano judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado."

BOE de 7.4.2017


Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017.
Nota: Véase el Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, así como la entrada de este blog del día 1.4.2017.

jueves, 6 de abril de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (6.4.2017)


CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, presentadas el 6 de abril de 2017, en el asunto C‑348/16 (Sacko): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano (Tribunal de Milán, Italia)] Cuestión prejudicial – Asilo – Interpretación de los artículos 12, 14, 31 y 46 de la Directiva 2013/32/UE – Derecho a la tutela judicial efectiva – Denegación administrativa, tras audiencia del interesado, de una solicitud de estatuto de refugiado – Posibilidad de inadmisión del recurso jurisdiccional sin audiencia del interesado.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste la cuestión planteada en el siguiente sentido:
"La Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en particular sus artículos 12, 14, 31 y 46, deben interpretarse en el sentido de que permiten a la autoridad judicial competente resolver de plano, sin necesidad de una entrevista personal del demandante, los recursos interpuestos contra la desestimación de las solicitudes de protección internacional cuando:
a) el recurso es manifiestamente infundado, por lo que no tiene posibilidad de prosperar; y
b) ese pronunciamiento se adopta tras realizar un examen completo de las circunstancias fácticas y jurídicas de la situación del solicitante, incluida la información contenida en la entrevista personal celebrada en la fase administrativa que, a juicio del tribunal, es suficiente para resolver el recurso."

Congreso de los Diputados - Proyecto de Ley


Proyecto de Ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 5-1, de 6.4.2017).
Nota: Con este proyecto de ley se transpone al ordenamiento español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 , relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (véase la entrada de este blog del día 18.6.2013).
Con el proyecto se pretende garantizar a los consumidores residentes en la UE el acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que sean de alta calidad por ser independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos. Para ello, regula los requisitos que deben reunir las entidades de resolución alternativa de litigios, el procedimiento para la acreditación de las entidades de resolución alternativa de litigios, así como establecer las obligaciones que deben asumir las entidades de resolución alternativa acreditadas (art. 1).
Con carácter general, la ley se aplicará a las entidades de resolución alternativa establecidas en España, tanto públicas como privadas, que propongan, impongan o faciliten una solución entre las partes en el ámbito de la resolución alternativa de litigios de consumo, nacionales o transfronterizos, relativos a obligaciones contractuales derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios, y que voluntariamente soliciten su acreditación para ser incluidas en el listado nacional de entidades acreditadas que elabore la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (art. 3.1). Esto tiene que ser matizado con las exclusiones del art. 3.1. Por lo que se refiere a los efectos de la presentación de una reclamación ante una entidad acreditada, aquélla suspenderá o interrumpirá los plazos de caducidad y de prescripción de acciones. Cuando de manera voluntaria se inicie ante una entidad acreditada un procedimiento de resolución alternativa con resultado no vinculante, estando en curso un proceso judicial, las partes podrán solicitar de común acuerdo su suspensión (art. 4).
Las entidades de resolución alternativa deberán estar establecidas en España (art. 5.1), y deben ofrecer o llevar a cabo procedimientos que resuelvan litigios en materia de consumo de carácter nacional y transfronterizo, en línea o no, incluidos los cubiertos por el Reglamento (UE) nº 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (art. 7).
En relación con la aplicación de normas imperativas en procedimientos con resultado vinculante para el consumidor, el art. 16 establece lo siguiente:
"1. En los procedimientos con resultado vinculante para el consumidor:
a) Si el litigio tuviera carácter nacional, la solución impuesta por la entidad de resolución alternativa no podrá privar al consumidor de la protección que le proporcionen aquellas normas imperativas o que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la legislación española.
b) Si el litigio tuviera carácter transfronterizo y existiera conflicto de leyes, la solución impuesta por la entidad de resolución alternativa no podrá privar al consumidor de la protección que le proporcionen aquellas normas imperativas o que no puedan excluirse mediante acuerdo en virtud de la legislación del lugar en que el consumidor tenga su residencia habitual. La ley aplicable al contrato se determinará, según proceda, conforme a lo establecido en el artículo 6, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2008, o de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 a 3, del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980.
2. A los efectos de este artículo, la residencia habitual del consumidor se determinará según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2008."
En el caso de tratarse de un litigio transfronterizo de consumo, el Centro Europeo del Consumidor proporcionará asistencia a los consumidores, facilitando el acceso a cualquier entidad acreditada que sea competente y esté establecida en otro Estado miembro (art. 44).
Si no existe una entidad de resolución alternativa acreditada establecida en España que sea competente para la resolución de algún tipo de litigio, de forma complementaria se garantizará y facilitará el acceso a una entidad incluida en el listado consolidado de la Comisión Europea que se encuentre establecida en otro Estado miembro y dé cobertura a empresarios de diferentes Estados miembros de la UE (art. 45).
El proyecto contiene disposiciones específicas para las entidades de resolución alternativa en el ámbito de la actividad financiera (DA 1ª) y para las entidades de resolución alternativa en el ámbito de protección de los usuarios del transporte aéreo (DA 2ª).
Finalmente, se modifica el art. 21, aps. 3 y 4, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (DF 4ª), así como el art. 37, aps. 3.b) y 4, y el art. 49.1 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo (DF 5ª).

Bibliografía - Principales conductas antisociales de Internet


Principales conductas antisociales de Internet. Análisis y propuestas de solución (I)
Álvaro ÉCIJA BERNAL, Abogado. Socio director de ÉcixGroup
Diario La Ley, Nº 3, Sección Ciberderecho, 13 de Enero de 2017, Editorial Wolters Kluwer
Diario La Ley, Nº 8956, Sección Tribuna, 6 de Abril de 2017, Editorial Wolters Kluwer
[Texto del Trabajo]
El ciberespacio, por sus especiales características, facilita la comisión de modalidades delictivas exclusivas de este ámbito. En este trabajo, extraído del libro «El ciberespacio, un mundo sin ley», disponible en nuestra biblioteca digital Smarteca, se analiza un primer bloque de estas conductas (Pornografía infantil, Ciberapología de la violencia, Ciberespionaje industrial y Ciberacoso).

Nota: Véanse las entradas de este blog del día 14.3.2017 y del día 20.3.2017.

Bibliografía - Caso página web youkioske.com


Caso página web youkioske.com. Delito contra la propiedad intelectual
Manuel-Jesús DOLZ LAGO, Fiscal del Tribunal Supremo
Diario La Ley, Nº 8956, Sección Comentarios de jurisprudencia, 6 de Abril de 2017
Segunda sentencia. El enlace a una obra protegida por su titular rellena la tipicidad del delito. Se ofrecía ilegalmente a un “público nuevo” la lectura de la obra protegida en su integridad y no la versión gratuita dirigida por los titulares al público en general.

Nota: Véase la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, núm. 920/2016, de 12 Dic. 2016 [Roj: STS 5309/2016 - ECLI: ES:TS:2016:5309], así como las entrada de este blog del día 2.1.2017 y de día 20.1.2017.

BOE de 6.4.2017


Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles II de Madrid, por la que no procede al despacho de una solicitud de toma de razón de demanda judicial.
Nota: La cuestión de fondo debatida en esta resolución es determinar si puede tomarse anotación preventiva de demanda de disolución y liquidación de una sociedad de nacionalidad venezolana en el folio abierto a una sucursal en España, basándose en una solicitud dirigida al Registro Mercantil acompañada de copia de la demanda presentada en el extranjero. El registrador Mercantil rechaza la toma de razón porque considera que los documentos de demanda no pueden producir asiento alguno en el Registro Mercantil. El recurrente entiende que, teniendo en cuenta los efectos importantes que la demanda puede tener sobre la sucursal en España, cabe realizar la anotación como medio de publicidad de la situación existente.

De acuerdo con la doctrina de la DGRN sobre recursos contra la calificación de los registradores de la Propiedad, la mera solicitud de un particular carece de virtualidad alguna para practicar una anotación preventiva de demanda, de prohibición de disponer u otras similares. Así lo establece el art. 42.4 LH y el art. 257 LH. De esta regulación y de la que contiene la LECiv en sede de medidas cautelares (arts. 727 a 735), resulta indubitadamente que su toma de razón en el Registro sólo es posible si las acuerda el órgano judicial competente (título material) y se documentan en la forma legalmente establecida (título formal) (art. 738 e.r. con los arts. 149.5.ª LECiv y 257 LH).
Estas consideraciones, con las debidas adaptaciones, son de plena aplicación a la regulación correspondiente al Registro Mercantil en cuya sede puede tomarse razón de aquellas resoluciones judiciales previstas en las leyes (art. 94.1.10.º RRM). Véase la Resolución de 28.2.2013.
Para que la anotación pueda practicarse en el RM será preciso que así lo acuerde el órgano judicial competente (art. 155 RRM), y que se presente el oportuno mandamiento en los términos vistos anteriormente para el Registro de la Propiedad. Así lo contempla el art. 241 RRM cuando el objeto de la demanda sea la declaración judicial de disolución de la sociedad, precepto que es aplicable a los folios de las sucursales aperturadas sin perjuicio de que en este caso el título será, para las sucursales de sociedades españolas, la certificación contemplada en el art. 299 RRM, y la documentación a que se refiere el art. 300 para las sucursales de sociedades extranjeras.
Las mismas consideraciones son predicables cuando la medida cautelar provenga de un órgano jurisdiccional extranjero habida cuenta de que: «El procedimiento registral, los requisitos legales y los efectos de los asientos registrales se someterán, en todo caso, a las normas del Derecho español» –art. 58 de la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil–, sin perjuicio de las especiales obligaciones que para el registrador puedan derivar, en su caso, de la aplicación de los arts. 59 y 61 de la misma Ley.
En este caso se acompaña, junto a la instancia de solicitud de anotación preventiva, entre otros que no son de interés para la presente, copias legalizadas del documento que contiene la demanda de disolución y liquidación de la entidad matriz ante la autoridad judicial venezolana y del documento judicial por el que se admite la demanda en el que expresamente se afirma que: «En cuanto a las medidas cautelares solicitadas, se hace de su conocimiento que la misma se proveerá por auto separado…». Consecuentemente, de la misma documentación presentada resulta que la autoridad competente para conocer del procedimiento no ha resuelto si procede o no, de conformidad con la ley aplicable, la adopción de medidas cautelares por lo que la mera presentación de la demanda no puede, como afirma el registrador en su nota, provocar la práctica de asiento alguno.

Por todo lo anterior, la DGRN desestima el recurso y confirma la nota de calificación del registrador.

miércoles, 5 de abril de 2017

DOUE de 5.4.2017


Corrección de errores de la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención.
Nota: Esta corrección de errores afecta fundamentalmente a su plazo de transposición, que resulta que no finaliza el 25 de mayo de 2019, sino el 5 de mayo de ese años.
Véase la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, así como la entrada de este blog del día 4.11.2016.

martes, 4 de abril de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (4.4.2017)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 4 de abril de 2017, en el asunto C‑544/15 (Fahimian): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, de seguridad y de justicia — Directiva 2004/114/CE — Artículo 6, apartado 1, letra d) — Requisitos de admisión de los nacionales de terceros países — Denegación de la admisión — Concepto de “amenaza para la seguridad pública” — Margen de apreciación.
Fallo del Tribunal: "El artículo 6, apartado 1, letra d), de la Directiva 2004/114/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado, debe interpretarse en el sentido de que, en la tramitación de una solicitud de visado presentada por un nacional de un tercer país a efectos de estudios, las autoridades nacionales competentes disponen de un amplio margen de apreciación para comprobar, a la luz del conjunto de elementos pertinentes que caractericen la situación de dicho nacional, si éste representa una amenaza, siquiera potencial, para la seguridad pública. Esta disposición debe interpretarse igualmente en el sentido de que no se opone a que las autoridades nacionales competentes denieguen la admisión en el territorio del Estado miembro de que se trate, a tales efectos, de un nacional de un tercer país titulado en una universidad sometida a medidas restrictivas de la Unión en razón del importante historial de relaciones de aquélla con el Gobierno iraní en ámbitos militares o relacionados con éstos y que pretende llevar a cabo en ese Estado miembro una investigación en un ámbito sensible para la seguridad pública, si los elementos de que disponen esas autoridades permiten temer que los conocimientos que adquiera esa persona en el curso de su investigación pueden utilizarse posteriormente con fines contrarios a la seguridad pública. Corresponde al juez nacional que conoce de un recurso contra la decisión de las autoridades nacionales competentes de denegar la concesión del visado solicitado comprobar que esa decisión se funde en una motivación suficiente y en una base fáctica suficientemente sólida."

Preguntas y respuestas sobre el artículo 50 del TUE elaboradas por la Comisión Europea


Con motivo de la notificación formal de la primera ministra británica de que el Reino Unido pretende retirarse de la Unión Europea, la Comisión Europea ha publicado una serie de preguntas y respuestas sobre el art. 50 del TUE. Este precepto establece:
"1. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.
2. El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará con arreglo al apartado 3 del artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.
3. Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.
4. A efectos de los apartados 2 y 3, el miembro del Consejo Europeo y del Consejo que represente al Estado miembro que se retire no participará ni en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le afecten.
La mayoría cualificada se definirá de conformidad con la letra b) del apartado 3 del artículo 238 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
5. Si el Estado miembro que se ha retirado de la Unión solicita de nuevo la adhesión, su solicitud se someterá al procedimiento establecido en el artículo 49."

Preguntas y respuestas [aquí]

BOE de 4.4.2017


Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Madrid n.º 39, por la que se suspende la inscripción de una escritura pública de aclaración.
Nota: El origen de sta resolución está en la escritura pública, denominada de aclaración de otra, de septiembre de 2015, en la que comparecieron don CLM y doña AMR y expusieron que, mediante escritura autorizada en Madrid el día 8 de octubre de 1983, el primero vendió a la segunda determinado bien inmueble; que han detectado que en dicha escritura no se reflejaron adecuadamente las circunstancias personales de la adquirente, pues se consignó que era vecina de Madrid cuando en realidad la tenía en Londres desde 1957 sin que, a su matrimonio, celebrado en dicha ciudad el día 1 de agosto de 1959, le sea de aplicación el régimen de gananciales y que su marido, don JK, tenía nacionalidad polaca y residencia en Londres; que, igualmente, se omitió consignar que la adquisición lo era con carácter privativo por proceder el dinero de fondos de tal naturaleza; que doña AMR contrajo matrimonio en la fecha indicada sin que se pactara régimen económico-matrimonial alguno, porque la legislación inglesa no contempla régimen alguno y sin que sea de aplicación el régimen de sociedad de gananciales, teniendo desde siempre sus patrimonios separados, de ahí que no se consignase en la escritura que la compra era para su esposo y ella; que, en la fecha del otorgamiento, la compareciente tenía la misma residencia en Londres que disfrutaba desde que contrajo matrimonio y donde residió hasta 1997, fecha en la que se trasladó a otro domicilio, también en Londres, donde falleció su esposo, por lo que hace constar que nunca ha tenido su residencia en España; que adjunta determinadas fotocopias que se protocolizan y que se refieren a su certificado de matrimonio, del registro como residente, al certificado de defunción, documentos nacionales de identidad tanto el de 1954 como el vigente, de su pasaporte español, del carné de transporte válido hasta 2020 y del certificado de residencia expedido por el consulado español en Londres del que resulta que es residente en dicha ciudad desde 1958, y que, finalmente, el compareciente vendedor «hace constar que le consta que la Sra. MR, adquirió para sí, con carácter privativo la finca descrita, no teniendo ningún trato con el marido». Los comparecientes otorgaron que rectificaban y aclaraban la escritura citada, solicitando la inscripción de la finca como propia y privativa de doña AMR.
Presentada la escritura y la documentación que le acompañaba en el Registro de la Propiedad, el registrador suspendió la inscripción alegando que la rectificación del registro en los términos solicitados exigía el consentimiento de los herederos del cónyuge fallecido o en su defecto resolución judicial. En relación con la ley aplicable a la determinación del régimen económico del matrimonio de una españolay un polaco celebrado en Londres en 1959, el registrador afirmaba que los efectos del matrimonio y su régimen económico deben quedar determinados en el momento de la celebración sin perjuicio de la posibilidad de modificación por capitulaciones. En este caso, teniendo en cuenta que el matrimonio se celebró en el año 1959, a falta de capitulaciones, le sería de aplicación la norma que en ese momento se encontraba vigente y que disponía que a falta de ley nacional común sería la ley nacional correspondiente al marido al tiempo de su celebración. La ley 11/1990 modificó varios artículos del CCiv para adaptarlos al principio de igualdad proclamado en la constitución. Tras la promulgación de esa ley, el art. 9.2 establece que, a falta de ley personal común, se aplicará la ley de la residencia habitual común posterior a la celebración y, a falta de dicha residencia, la del lugar de celebración del matrimonio. Sin embargo, la reforma no tiene carácter retroactivo por lo que en principio seguiría aplicándose a los matrimonios preexistentes las normas anteriores. Ni el legislador ni el TS ni el Constitucional han resuelto con claridad que debe hacerse en estos casos, pero sí han declarado que en ningún caso se produciría una aplicación retroactiva inmediata y automática de los criterios que sentó la reforma de 1990. Sin embargo, sería posible la determinación de la ley aplicable si ambos cónyuges (o sus causahabientes) lo consintieran de forma expresa, o en su defecto se realizase por resolución judicial (Resolución DGRN de 9.7.2014).

Ante lo anterior, la DGRN afirma que ante el resultando indiscutido de que el contrayente y marido de la titular ostentaba la nacionalidad polaca en ese momento, la aplicación de la norma de conflicto entonces vigente lleva a una conclusión bien distinta de la pretendida, por cuanto el entonces vigente art. 1325 CCiv (que no fue modificado hasta la reforma de 1981), decía: «Si el casamiento se contrajere en país extranjero entre español y extranjera o extranjero y española, y nada declarasen o estipulasen los contratantes relativamente a sus bienes, se entenderá, cuando sea español el cónyuge varón, que se casa bajo el régimen de la sociedad de gananciales, y, cuando fuere española la esposa, que se casa bajo el régimen de derecho común en el país del varón; todo sin perjuicio de lo establecido en este Código respecto de los bienes inmuebles.» Este precepto, que participaba del régimen vigente conforme al cual la mujer casada seguía el régimen jurídico aplicable al marido, con independencia de la valoración que hoy en día merezca, lo cierto es que establece como punto de conexión para la determinación del régimen económico-matrimonial aplicable al matrimonio, el de la nacionalidad del marido con independencia de cual fuere la residencia de la esposa al tiempo de contraerlo. No hay nada en el expediente que permita excluir su aplicación.

En la Sentencia del TS de 11.2.2005 se señala lo siguiente: «Por lo que al caso que nos ocupa se refiere ha de recordarse que los litigantes contrajeron matrimonio el 18 de abril de 1973, fecha en que aún no habían entrado en vigor la ley de Bases 3/1973, de 17 de marzo ni el Decreto 1836 de 31 de mayo de 1974, de reforma del Título Preliminar del Código Civil. Por ello, se mantenía vigente la redacción originaria de los artículos 9, 12, 13 y 14, así como el art. 15, cuyo penúltimo párrafo establecía que, en todo caso, la mujer casada seguiría la condición de su marido. Tras la reforma de 1973-1974, el art. 9.3 dispuso que el cambio de nacionalidad no alteraría el régimen económico matrimonial, salvo que así lo acordasen los cónyuges, en tanto que el art. 16.1 se remitía al Capítulo IV (Normas de Derecho Internacional Privado, art. 8 al 12) para resolver los conflictos de leyes que pudieran surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional.»
En la Sentencia del TS de 6.10.1986 se planteó la constitucionalidad de los artículos 9.2 y 9.3 del Código Civil, afirmando que: «(…) 3. Sobrevenida la Constitución de 1978, su artículo 53.1 proclama que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I vinculan a todos los poderes públicos y que solo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades y cualquier ciudadano podrá recabar su tutela si se hallan en sede del artículo 14 y Sección primera del Capítulo segundo por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, lo cual y el número tres de su disposición derogatoria enseñan, sin lugar a duda, que se impone la aplicación directa de la Constitución mediante la también directa derogación de la totalidad de las regulaciones anteriores a ella. Por tanto, rige desde la Constitución su artículo catorce que proclama la igualdad de los españoles ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Nace así el problema de si, a la luz de esa eficacia directa del principio de no discriminación por razón de sexo debe prevalecer, para determinar el régimen económico del matrimonio, en el supuesto de los números dos y tres del artículo noveno extensible al Derecho interregional por la regla primera del artículo trece, la Ley personal del varón. Se ha propuesto como criterio alternativo para la determinación del régimen económico matrimonial cuando los contrayentes tienen diferente ley personal, la sustitución de la ley personal del marido por otro punto de conexión que pudiera ser el de la residencia habitual de los contrayentes en el momento de la celebración del matrimonio, inspirándose para ello en el párrafo primero del artículo 107 introducido por la Ley treinta/ mil novecientos ochenta y uno, de siete de julio. Sería éste un punto de conexión objetivo y común a ambos consortes, con plena satisfacción del nuevo principio de igualdad en el tratamiento de las relaciones entre ellos y que se aplicaría, en defecto de Capitulaciones, en aquellos casos en que los contrayentes fueran de diferente legislación civil. La falta de Vecindad civil común atraería la aplicación de ese otro punto de conexión por vía de analogía inspirada en el número uno del artículo cuarto y, de algún modo, en el número uno del tercero del Código Civil, precediendo a dicho punto de conexión y abriéndole el camino, el efecto derogatorio del número tres de la disposición de esa clase de la Constitución. Sin embargo, no puede aplicarse al caso esa doctrina, que es lo que pretende el motivo cuarto del recurso, improsperable habida cuenta de las fechas y vicisitudes puntualizadas en el primero de los fundamentos de la presente sentencia: no puede sostenerse que el nuevo principio constitucional de la igualdad de los sexos apareje el replanteamiento del tema de haberse establecido en mil novecientos ochenta y uno el régimen económico fijado por la Ley vigente a la sazón y que rigió hasta la separación personal perpetua de los cónyuges ejecutoriada en mil novecientos setenta y cinco bajo la misma Ley. No autoriza otra conclusión el haberse dilatado lamentablemente y a través de dos procedimientos… la oportuna resolución de las pretensiones tocantes a los efectos civiles económicos de la separación. El régimen económico del matrimonio de que aquí se trata no puede juzgarse, pues, sino según la legislación vigente ininterrumpidamente a lo largo de todo el tiempo en que hubo relaciones personales y consiguientemente económicas entre los cónyuges o sea de mil novecientos cincuenta y uno a mil novecientos sesenta y cinco; lo que reconduce el recurso al tema de la vecindad civil del marido al tiempo de contraer matrimonio en el año mil novecientos cincuenta y uno».
Fue la Sentencia del Tribunal Constitucional número 39/2002, de 14 de febrero, la que declaró la inconstitucionalidad del art. 9.2 CCiv según la redacción dada por la reforma 1973-1974, afirmando que «no cabe duda de que el art. 9.2 CC, al establecer la ley nacional del marido al tiempo de la celebración del matrimonio como punto de conexión, aun cuando sea residual, para la determinación de la ley aplicable, introduce una diferencia de trato entre el varón y la mujer pese a que ambos se encuentran, en relación al matrimonio, en la misma situación jurídica. El precepto cuestionado se opone, por tanto, no solo al art. 14 CE, sino también al más específico art. 32 CE, que proclama que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, pues no existe ninguna justificación constitucionalmente aceptable para la preferencia por la normativa relacionada con el varón. Este Tribunal, partiendo de la Constitución y de los textos comunitarios e internacionales sobre la igualdad, ha reaccionado siempre frente a toda norma o acto aplicativo que supusiese la discriminación de la mujer, alineándose así tanto con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia de 22 de febrero de 1994, caso Burghartz, en relación con la determinación del apellido familiar) como con la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y otros Tribunales Constitucionales. En este mismo sentido, la Sentencia de 22 de febrero de 1983 del Tribunal Constitucional Federal Alemán, con relación a un supuesto que guarda esencial identidad al que es objeto de nuestro estudio, declaró inconstitucional el art. 15, apartados 1 y 2, primer párrafo, de la Ley de Introducción del Código Civil Federal en cuanto establecía la ley personal del marido como punto de conexión para la determinación de la ley aplicable a los efectos económicos del matrimonio, afirmando que tal preferencia resulta contraria al principio de igualdad, con independencia de que el resultado de la aplicación de la norma sea o no más beneficioso para la mujer, pues basta con la preterición de ésta para que haya de entenderse lesionado el art. 3.2 de la Ley Fundamental, y sin que pueda considerarse que constituya una justificación constitucionalmente legítima del otorgamiento de preferencia a la ley personal del marido a los indicados efectos que el establecimiento de tal punto de conexión confiera una mayor certeza a la determinación de la ley aplicable a los efectos económicos del matrimonio. Con idéntica orientación sentido la Corte Constitucional italiana sostuvo en su Sentencia de 26 de febrero de 1987 que la preferencia por la ley nacional del marido como punto de conexión en una norma de Derecho internacional privado semejante a la aquí estudiada es contraria al principio de no discriminación por razón de sexo y, con carácter específico, al derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Como ya se ha anticipado el desajuste de la norma cuestionada con la Constitución tiene lugar con independencia de si el resultado de su aplicación en cada caso concreto es más o menos favorable a la mujer. Ello dependerá de la ordenación sustantiva del régimen económico del matrimonio que resulte aplicable, pero, antes de ello, la discriminación constitucionalmente proscrita reside en la utilización en la norma de conflicto de un punto de conexión que no sea formalmente neutro. La mera utilización de un punto de conexión que da preferencia al varón supone en sí, superada la llamada neutralidad formal de las normas de conflicto, una vulneración del derecho a la igualdad».

De lo expuesto debe deducirse que la promulgación de la Constitución Española, por lo que se refiere a esta materia, afecta a los matrimonios contraídos con su entrada en vigor (29 de diciembre de 1978), no siendo aplicable a las relaciones patrimoniales de los cónyuges que contrajeron matrimonio con anterioridad. Tampoco son aplicables retroactivamente los puntos de conexión introducidos por la Ley de 15 de octubre de 1990, ya que tal retroactividad afecta a derechos adquiridos y la seguridad jurídica.
De lo expuesto se deduce: a) matrimonios contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma del Título Preliminar del Código Civil, así como los contraídos con anterioridad a la Constitución Española, a falta de nacionalidad común, se rigen por la ley nacional correspondiente al marido al tiempo de su celebración; b) los matrimonios contraídos tras la entrada en vigor de la Constitución Española hasta la entrada en vigor de la Ley de 15 de octubre de 1990, debe estarse a lo establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional número 39/2002 de 14 de febrero, en cuanto declara inconstitucional el art. 9.2 del CCiv, según redacción dada por el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, en el inciso «por la ley nacional del marido al tiempo de la celebración», debiéndose recordar la doctrina mantenida por la DGRN en Resolución de 9.7.2014, y c) matrimonios contraídos después de la vigencia de la Ley 15 de octubre de 1990 se les aplica la normativa contenida en el art. 9.2, si bien teniendo en cuenta el artículo 107 del Código Civil.

En consecuencia, y en aplicación de la doctrina expuesta, en el presente expediente no ha quedado acreditada la legislación polaca vigente en el momento de celebración del matrimonio, legislación que de acuerdo con el art. 1325 CCiv español, vigente en dicha fecha (1959), era de aplicación y sin que tampoco se admitiera un reenvío a la ley de un tercer país, Reino Unido. Por ello, no puede estimarse el recurso por cuanto del título presentado no resulta acreditado el régimen económico-matrimonial o la norma aplicable que justifique, en perjuicio del pronunciamiento del Registro, una alteración de su contenido. Por tanto, la DGRN desestima el recurso y confirma la nota de calificación de la registradora.

lunes, 3 de abril de 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-560/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 9 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General (Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 2004/83/CE — Normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados — Solicitud de protección subsidiaria — Regularidad del procedimiento nacional de examen de una solicitud de protección subsidiaria presentada tras la denegación de una solicitud de concesión del estatuto de refugiado — Derecho a ser oído — Alcance — Derecho a una audiencia oral — Derecho a designar y a repreguntar a testigos)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 9.2.2017.
-Asunto C-573/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 31 de enero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Bélgica) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani [Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Asilo — Directiva 2004/83/CE — Normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados — Artículo 12, apartado 2, letra c), y artículo 12, apartado 3 — Exclusión del estatuto de refugiado — Concepto de «actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas» — Alcance — Miembro dirigente de una organización terrorista — Condena penal por participación en las actividades de un grupo terrorista — Evaluación individual]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 31.1.2017.
-Asunto C-283/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 9 de febrero de 2017 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England and Wales), Family Division (Reino Unido)] — M. S./P. S. [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.° 4/2009 — Artículo 41, apartado 1 — Reconocimiento y ejecución de las resoluciones y cooperación en materia de obligaciones de alimentos — Ejecución de una resolución en un Estado miembro — Presentación de la solicitud directamente a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución — Legislación nacional que obliga a acudir a la autoridad central del Estado miembro de ejecución]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 9.2.2017.
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-649/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Obersten Gerichtshofs (Austria) el 19 de diciembre de 2016 — Peter Valach y otros/Waldviertler Sparkasse Bank AG y otros
Cuestiones planteadas: "¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en el sentido de que una demanda basada en derechos indemnizatorios por responsabilidad penal, contra los miembros de una junta de acreedores por una votación ilícita relativa a un plan de saneamiento en un procedimiento de insolvencia, presentada por los titulares de participaciones sociales de la deudora común (como los demandantes n.o 1 y n.o 2) y unas sociedades de proyectos que mantienen relaciones comerciales con la deudora común (como los demandantes n.o 3 a n.o 7), es de carácter concursal a efectos del artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012 y, por tanto, está excluida de su ámbito de aplicación material?"
-Asunto C-670/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Minden (Alemania) el 29 de diciembre de 2016 — Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Puede un solicitante de asilo invocar la transferencia de la responsabilidad al Estado miembro requirente por expiración del plazo para presentar la petición de toma a cargo (artículo 21, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.o 604/2013)?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Puede un solicitante de asilo invocar la transferencia de la responsabilidad también cuando el Estado miembro requerido siga estando dispuesto a hacerse cargo de él?
3) En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión: ¿Puede concluirse del consentimiento expreso o implícito (artículo 22, apartado 7, del Reglamento n.o 604/2013) del Estado miembro requerido que dicho Estado miembro sigue estando dispuesto a hacerse cargo del solicitante de asilo?
4) ¿Puede concluir el plazo de dos meses establecido en el artículo 21, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 604/2013 después de que concluya el plazo de tres meses establecido en el artículo 21, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 604/2013, cuando el Estado miembro requirente deja transcurrir más de un mes desde el inicio del plazo de tres meses antes de dirigir una consulta a la base de datos Eurodac?
5) ¿Se considera presentada, a los efectos del artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.o 604/2013, una solicitud de protección internacional desde la primera expedición de un certificado relativo al alta como solicitante de asilo, o sólo a partir de la redacción del acta de una solicitud de asilo formal? En particular:
a) ¿El certificado relativo al alta como solicitante de asilo es un formulario o un acta en el sentido del artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.o 604/2013?
b) ¿Es autoridad competente a los efectos del artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.o 604/2013 la autoridad competente para la recepción del formulario o la redacción del acta, o la autoridad competente para resolver sobre la
solicitud de asilo?
c) ¿Se considera que ha llegado a la autoridad competente un acta redactada por las autoridades también cuando a aquélla le ha sido comunicado el contenido esencial del formulario o del acta, o es preciso que le haya sido entregado
el original o una copia del acta?
6) ¿Los retrasos entre la primera petición de asilo o la primera expedición de un certificado relativo al alta como solicitante de asilo y la presentación de una petición de toma a cargo pueden dar lugar a la transferencia de la responsabilidad al Estado miembro requirente aplicando por analogía el artículo 21, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.o 604/2013, u obligan al Estado miembro requirente a ejercer su facultad de asunción de responsabilidad con arreglo al artículo 17, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 604/2013?
7) En caso de respuesta afirmativa a alguna de las dos alternativas de la sexta cuestión: ¿A partir de cuánto tiempo se ha de considerar que existe un retraso injustificado en la presentación de la petición de toma a cargo?
8) ¿Cumple el plazo establecido en el artículo 21, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 604/2013 una petición de toma a cargo en la que el Estado miembro requirente sólo hace constar la fecha de entrada en dicho Estado miembro y la fecha de presentación de la solicitud de asilo formal, pero no la fecha de la primera petición de asilo o la fecha de la primera expedición de un certificado relativo al alta como solicitante de asilo, o dicha petición «carece de efectos»?"
-Asunto C-673/16: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea Constituțională a României (Rumanía) el 30 de diciembre de 2016 — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Cuestiones planteadas:
"1) El «cónyuge» del artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/38/[CE], en conexión con los artículos 7, 9, 21 y 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ¿comprende el cónyuge del mismo sexo, procedente de un Estado que no es miembro de la Unión Europea, de un ciudadano de la Unión Europea con el que dicho ciudadano contrajo legalmente matrimonio con arreglo a la normativa de un Estado miembro distinto del Estado de acogida?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial ¿obligan los artículos 3, apartado 1 y 7, apartado 1, de la Directiva 2004/38/[CE], en conexión con los artículos 7, 9, 21 y 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al Estado miembro de acogida a conceder el derecho de residencia en su territorio por un periodo superior a tres meses al cónyuge del mismo sexo de un ciudadano de la Unión Europea?
3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, el cónyuge del mismo sexo, procedente de un Estado que no es miembro de la Unión Europea, de un ciudadano de la Unión Europea con el que dicho ciudadano contrajo legalmente matrimonio con arreglo a la normativa de un Estado miembro distinto del Estado de acogida ¿puede ser considerado «cualquier otro miembro de la familia, […]» en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2004/38/[CE] o «la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada» en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2004/38/[CE], con la obligación subsiguiente del Estado miembro de acogida de facilitarle la entrada y la residencia, aun cuando dicho Estado no reconozca los matrimonios entre personas del mismo sexo ni contemple ninguna otra forma alternativa de reconocimiento jurídico, del tipo de las uniones registradas?
4) En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión prejudicial ¿obligan los artículos 3, apartado 2, y 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38/[CE], en conexión con los artículos 7, 9, 21 y 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al Estado miembro de acogida a conceder el derecho de residencia en su territorio por un periodo superior a tres meses al cónyuge del mismo sexo de un ciudadano de la Unión Europea?"
-Asunto C-27/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos apeliacinis teismas (Lituania) el 19 de enero de 2017 — AB «flyLAL-Lithuanian Airlines», en liquidación/Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation A/S»
Cuestiones planteadas:
"1) En las circunstancias del presente asunto, ¿se debe interpretar que el concepto de «lugar donde se hubiere producido […] el hecho dañoso» al que se hace referencia en el artículo 5, punto 3, del Reglamento Bruselas I significa el lugar en que las partes recurridas han celebrado el acuerdo ilícito que vulnera el artículo 82, letra c), del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea [artículo 102 TFUE, letra c)], o el lugar en que se han cometido los actos en virtud de los cuales se ha explotado la ventaja económica obtenida del acuerdo, mediante la aplicación de precios predatorios (subvenciones cruzadas) para competir con la parte recurrente en los mismos mercados pertinentes?
2) En el presente asunto, ¿se puede considerar que el daño (pérdida de ingresos) sufrido por la parte recurrente debido a las infracciones especificadas de las partes recurridas es un daño en el sentido del artículo 5, punto 3, del Reglamento Bruselas I?
3) En las circunstancias del presente asunto, ¿debe considerarse que la explotación de la sucursal de Air Baltic Corporation en la República de Lituania es una explotación de sucursales en el sentido del artículo 5, punto 5, del Reglamento Bruselas I?"
-Asunto C-34/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda) el 24 de enero de 2017 — Eamonn Donnellan/The Revenue Commissioners
Cuestiones planteadas:
"¿Se opone el artículo 14, apartados 1 y 2, de la Directiva 2010/24/UE a que la High Court de Irlanda, al decidir sobre la fuerza ejecutiva en Irlanda de un «instrumento uniforme que permite la ejecución» emitido el 14 de noviembre de 2012 por la aduana de Patras referente a las multas y sanciones administrativas por valor de 1 097 505,00 euros impuestas el 15 de julio de 2009 por un presunto delito de contrabando cometido el 26 de julio de 2002 [y cuyo importe ascendió hasta 1 507 971,88 euros como consecuencia de la aplicación de intereses y sanciones],
a) aplique el derecho a la tutela judicial efectiva, y a un juez imparcial dentro de un plazo razonable, a un ciudadano de Irlanda y de la Unión Europea en relación con la petición de ejecución [(véanse el artículo 47 de la Carta y los artículos 6 y 13 del CEDH, que se corresponden con los derechos de los ciudadanos consagrados por los artículos 34, 38 y 40, apartado 3, de la Constitución irlandesa), en circunstancias en las que el procedimiento únicamente fue explicado a (la demandante) por medio de una «traducción no oficial» al inglés —lengua oficial de Irlanda, Estado donde la (demandante) ha residido en todo momento— de un escrito de fecha (29 de diciembre de 2015) del Ministerio de
Economía de la República Helénica en Piraeus remitido a la administración tributaria y aduanera irlandesa y a los abogados de la (demandante) ubicados en Irlanda];
b) tenga en cuenta los objetivos de la Directiva 2010/24/UE relativos a la prestación de asistencia mutua (considerando 20 de la Directiva 2010/24/UE) y a la obligación de prestar una asistencia más amplia resultante del CEDH considerando 17 de la Directiva 2010/24/UE), y, en particular, el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos consagrado en el artículo 47 de la Carta y el artículo 13 del CEDH;
c) tenga en cuenta la plena eficacia del Derecho de la Unión frente a sus ciudadanos y, en particular, lo declarado en el apartado 63 de [la sentencia de 14 de enero de 2010, Kyrian/Celní úřad Tábor, C-233/08, EU:C:2010:11]?"

Bibliografía - ¿Ha variado el TEDH su Doctrina favorable a los convenios de gestación por sustitución?


¿Ha variado el TEDH su Doctrina favorable a los convenios de gestación por sustitución realizados en países que legalmente los permiten? A propósito de la Sentencia de la Gran Sala del TEDH de 24 de enero de 2017
Antonio J. VELA SÁNCHEZ, Profesor Titular de Derecho Civil (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)
Diario La Ley, Nº 8953, Sección Doctrina, 3 de Abril de 2017
Al tratarse de supuestos de hecho diferentes, no parece que el TEDH, en su Sentencia de la Gran Sala de 24 de enero de 2017 haya modificado su doctrina, fijada en dos Sentencias de Sala de 26 de junio de 2014, de entender válido el reconocimiento de la filiación legalmente establecida en país extranjero por sentencia judicial, incluso si deriva de un convenio de gestación por sustitución, pues deben salvaguardarse los derechos a la vida privada y familiar y a la identidad del niño así nacido ―conforme al art. 8 CEDH―, en base al principio cardinal del interés superior del menor.
La Sala Quinta del TEDH ―en las sentencias Mennesson c. Francia y Labassee c. Francia, ambas de 26 de junio de 2014―, declaró que violaba el art. 8 del CEDH no reconocer la relación de filiación entre los niños nacidos en el extranjero mediante gestación por sustitución y los progenitores que habían acudido al convenio gestacional en un país cuya legislación, aplicable al caso según las normas de conflicto correspondientes, admitía la legalidad de tal filiación declarada mediante sentencia judicial.
A diferencia de los casos anteriores, la Sentencia de la Gran Sala del TEDH de 24 de enero de 2017, asunto Paradiso y Campanelli c. Italia, como ella misma indica, no se refiere ala inscripción de un certificado de nacimiento extranjero ni al reconocimiento de la relación legal, declarada judicialmente, entre padres e hijos nacidos de un convenio de gestación por subrogación, sino a la admisibilidad de las medidas adoptadas por las autoridades italianas que dieron lugar a la separación permanente del niño y de los demandantes, quienes no tenían vínculo biológico alguno con aquél. Por tanto, como admite el propio TEDH, la cuestión central de este asunto era decidir si tales medidas urgentes constituyeron una injerencia en el derecho de los demandantes al respeto de su vida familiar y/o su vida privada (conforme al art. 8, 1 CEDH) y, en tal caso, si dichas medidas se adoptaron de acuerdo con el art. 8, 2 CEDH, con lo que dicha injerencia estaría justificada, concluyéndose, en contra del criterio de la Sala de 27 de enero de 2015 y de forma incongruente, que existía verdadera justificación.
En definitiva, puede concluirse que el TEDH no ha variado su doctrina en esta sede, observándose que se encuentra en la misma línea fijada, en nuestro Derecho, por la Instrucción de la DGRN de 5 de octubre de 2010 que exige, para la inscripción en el Registro Civil de los hijos nacidos mediante convenio gestacional hecho en países que lo permitan, que al menos uno de los comitentes sea progenitor biológico y que así derive expresamente de la resolución judicial firme dictada por un Tribunal competente ―no bastaría un certificado de nacimiento― que determine la filiación jurídica entre el así nacido y los padres contratantes.

Bibliografía - Ha entrado en vigor la nueva Ley de Patentes


Ha entrado en vigor la nueva Ley de Patentes
Sara DE ROMÁN PÉREZ, Abogada del Área de Propiedad Intelectual e Industrial de Pérez-Llorca
Diario La Ley, Nº 8953, Sección Tribuna, 3 de Abril de 2017
Esta norma, que sustituye a una de mediados de los ochenta, supone el fin de las patentes sin examen. El cambio es muy relevante porque hasta ahora más del noventa por ciento de las patentes españolas se pedían y se concedían sin verificarse los requisitos de patentabilidad. Además, revisa y actualiza el régimen de tasas y la regulación de los modelos de utilidad, y reconoce un nuevo derecho económico a los inventores en el marco de una relación de empleo o de servicios, entre otras muchas novedades relevantes. Con esta norma se pretende modernizar el sistema español de protección de las invenciones y asimilarlo al de los países de nuestro entorno, además de incrementar la seguridad jurídica. En este artículo se repasan sus elementos fundamentales.

Nota: Véase la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, así como la entrada de este blog del día 25.7.2015.

BOE de 3.4.2017


-Instrumento de ratificación del Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 1 de octubre de 2014.
Nota: Este Tratado entrará en vigor el 1 de mayo de 2017.
-Instrumento de ratificación del Tratado de extradición entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 1 de octubre de 2014.
Nota: Y éste también lo hará el 1 de mayo de 2017.

domingo, 2 de abril de 2017

Bibliografía - Novedad editorial


Ha aparecido la obra colectiva dirigida por Carmen Otero García-Castrillón, "Justicia Civil en la Unión Europea. Evaluación de la experiencia española y perspectivas de futuro", publicada por la Editorial Dykinson.

El libro recoge el resultado del seminario sobre “Justicia Civil en la Unión Europea: Evaluación de la experiencia española y perspectivas de futuro”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el 2 de junio de 2016. Se enmarca en el proyecto de investigación de la Unión Europea (EU) Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union –EUPILLAR-, en el que participan siete universidades de seis Estados miembros. El objetivo del proyecto es analizar la puesta en práctica en cada uno de estos países de los instrumentos comunitarios más clásicos de DIPr. así como el papel que juegan las jurisdicciones nacionales y el TJUE en la construcción del sistema de solución de diferencias para el tráfico jurídico intracomunitario.
Los instrumentos de referencia son los conocidos respectivamente como Reglamentos de Bruselas I (Reglamento 44/2001) –en la actualidad, Ibis (Reglamento 1215/2012)- IIbis (Reglamento 2201/2003) y III (Reglamento 4/2009) en lo que concierne a la competencia judicial internacional y al reconocimiento de decisiones en materia civil y mercantil y en cuestiones de Derecho de familia (responsabilidad parental, crisis matrimoniales y alimentos); y los Reglamentos Roma I (Reglamento 593/2008) y II (Reglamento 864/2007) en lo relativo a la ley aplicable a obligaciones contractuales y extracontractuales.
En esta obra se recogen los resultados y conclusiones del trabajo de campo realizado sobre la práctica en nuestro país así como la amplia mayoría de las ponencias presentadas en el seminario celebrado el 2 de junio de 2016. Estas ponencias abordan cuestiones específicas que, cubriendo todos los ámbitos que alcanza el proyecto, combinan el análisis académico y práctico con el fin de detectar y profundizar mejor en las fortalezas y debilidades del sistema en nuestro país así como, de esta forma, proyectar la continuación de nuestro esfuerzo en pro de la mejora de la justicia civil transfronteriza intracomunitaria.

Extracto del índice de la obra:
-Informe sobre la aplicación en España de los instrumentos comunitarios de Derecho internacional privado: Reglamentos 44/2001 y 1215/2010 (Bruselas I/Ibis), 2201/2003 (Bruselas IIbis), 4/2009 (Bruselas III), 593/2008 (Roma I) y 864/2007 (Roma II). Carmen Otero García-Castrillón, Samia Benaissa Pedriza.

ASPECTOS PROCESALES DE LA LITIGACIÓN TRANSFRONTERIZA EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL
-Experiencias de los tribunales españoles en los procesos con elemento extranjero: algunos retos y cuestiones controvertidas. Javier Casado Román.
Estrategias procesales en la litigación transfronteriza en materia civil y mercantil; el peso de los acuerdos de elección de foro. Álvaro López de Argumedo Piñeiro.
-La autonomía jurisdiccional en el sistema autónomo español de competencia tras la reforma de la LOPJ. Clara I. Cordero Álvarez.
El orden público como motivo de denegación de la ejecución al amparo del reglamento Bruselas Ibis. Fernando Gascón Inchausti.

LEY APLICABLE EN LA LITIGACIÓN CIVIL TRANSFRONTERIZA EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL
-Experiencias de la judicatura en la determinación de la ley aplicable. Manuel Ortiz Romaní.
-Retos en la práctica española en materia de ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. Elisa Torralba Mendiola.
-La aplicación jurisprudencial del Convenio de Roma y el reglamento Roma I: un viaje de ida y vuelta al Derecho español. Laura Carballo Piñeiro.

DERECHO DE FAMILIA
-Experiencias de los tribunales españoles en los procesos relativos a crisis matrimoniales: algunos retos y cuestiones controvertidas. Cristina González Beilfuss.
-Estrategias procesales en las crisis matrimoniales transfronterizas, utilidad de los instrumentos comunitarios. Elena Zarraluqui Navarro.
Experiencias de los tribunales españoles en materia de responsabilidad parental y retención ilícita de menores: algunos retos y cuestiones controvertidas. Emelina Santana Páez.
-Oportunidades de mejora en España del tratamiento del secuestro internacional de menores. Elena Rodríguez Pineau.
-Los menores y la prestación de alimentos. La experiencia europea. Alberto Pérez Cedillo.
Ficha técnica:
"Justicia Civil en la Unión Europea. Evaluación de la experiencia española y perspectivas de futuro"
C. Otero García-Castrillón (Dir.)
Editorial Dykinson, Madrid 2017
294 págs. - 23,75 € (papel), 18,75 € (eBook)
ISBN: 978-84-9148-083-9
ISBN electrónico: 978-84-9148-111-9

Revista de revistas (19 de marzo a 2 de abril)


Cuadernos de Derecho y Comercio: 2016, núm. extraordinario 1 (dedicado a cuestiones actuales del Derecho concursal).

sábado, 1 de abril de 2017

Bibliografía - La unificación del DIPr de la UE en materia de régimen económico matrimonial


La unificación -fragmentada- del Derecho Internacional Privado de la Unión Europea en materia de régimen económico matrimonial: el Reglamento 2016/1103 - European Private International Law Unification -a scattered oneE- on Matrimonial Property Regimes: The Regulation 2016/1103
Pablo Quinzá Redondo, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional Privado (Universidad de Valencia)
El presente trabajo contiene una aproximación del Reglamento 2016/1103 sobre los regímenes económico matrimoniales. Para ello, se analiza el ámbito de aplicación, las normas de competencia judicial internacional, de ley aplicable y de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y aceptación y ejecución de documentos públicos y transacciones judiciales contenidas en dicho instrumento.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 2.1. Ámbito de aplicación material. 2.2. Ámbito de aplicación personal. 2.3. Ámbito de aplicación territorial. 2.4. Ámbito de aplicación temporal. III. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. 3.1. Competencia en caso de fallecimiento de un cónyuge. 3.2. Competencia en caso de nulidad, separación o divorcio. 3.2.1. Demandas presentada en virtud de los arts. 3.1.a) guiones uno a cuatro y 3.1.b) del Reglamento Bruselas IIbis. 3.2.2. Demanda presentada en virtud de los arts. 3.1.a) guiones seis y siete, 5 o 7 del Reglamento Bruselas IIbis. 3.2.2.1. Con acuerdo de extensión de competencia. 3.2.2.2. Sin acuerdo de extensión de competencia. 3.3. Competencia en otros casos. 3.3.1. Sumisión expresa o tácita “limitada” . 3.3.2. Tribunales competentes en ausencia de sumisión tácita o expresa “limitada”. 3.3.3. Competencia subsidiaria. 3.3.4. Forum necessitatis. 3.4. Competencia alternativa. IV. LEY APLICABLE. 4.1. Ámbito de aplicación de la ley aplicable. 4.2. La elección de la ley aplicable. 4.2.1 Posibles leyes a designar y momento temporal. 4.2.2. Requisitos formales de los acuerdos de elección de ley y de las capitulaciones matrimoniales. 4.2.3. Consentimiento y validez material. 4.3. La ley aplicable a falta de elección. 4.3.1. Primera conexión. 4.3.2. Segunda conexión. 4.3.3. Tercera conexión- 4.3. Problemas de aplicación de la norma de conflicto. 4.3.1. Límites al derecho aplicable al régimen económico matrimonial. 4.3.2. El reenvío- 4.3.3. La ley aplicable en los ordenamientos plurilegislativos. 4.3.4. La ley aplicable a los terceros. V. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES Y ACEPTACIÓN Y EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. 5.1. El reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales. 5.2. Aceptación y ejecución de documentos públicos y transacciones judiciales. 5.3. Razón de ser y consecuencias del modelo escogido. VI. VALORACIÓN FINAL

Nota: Véase el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales.

DOUE de 1.4.2017


Notificación relativa a la aplicación provisional del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra.
Nota: El Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) entre la UE y Canadá, firmado en Bruselas el 30 de octubre de 2016, se aplicará de forma provisional a partir del 1 de abril de 2017. De acuerdo con el art. 3 de la Decisión del Consejo de 28 de octubre de 2016 relativa a la firma y a la aplicación provisional del Acuerdo, las disposiciones del Acuerdo indicadas a continuación se aplicarán provisionalmente entre la Unión y Canadá, aunque únicamente en la medida en que se refieran a materias que sean competencia de la Unión, incluidas aquellas materias que correspondan a la competencia de la Unión de definir y ejecutar la política exterior y de seguridad común:
a) título I: artículo 1;
b) título II: artículo 2;
c) título III: artículo 4, apartado 1, artículo 5, y artículo 7, letra b);
d) título IV:
— artículo 9, artículo 10, apartados 2 y 3, artículo 12, apartados 4, 5 y 10, y artículos 14, 15, 16 y 17;
— artículo 12, apartados 6, 7, 8 y 9, y artículo 13, en la medida en que estas disposiciones se limiten a ámbitos en los que la Unión ya ha ejercido sus competencias internamente;
e) título V: artículo 23, apartado 2;
f) título VI: artículos 26, 27 y 28;
g) título VII: artículos 29, 30, 31, 32, 33 y 34, en la medida en que estas disposiciones se limiten al objetivo de garantizar la aplicación provisional del Acuerdo.

Véase la entrada de este blog del día 3.12.2016. 

BOE de 1.4.2017


-Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017.
Nota: En relación con el mundo universitario, cabe destacar su art. 1:
"Artículo 1. Oferta de empleo público para acceso a los cuerpos de funcionarios docentes en Administraciones Públicas con competencias educativas, cuerpos docentes universitarios, profesores contratados doctores de Universidad y a los cuerpos de policía dependientes de las Comunidades Autónomas.
1. Con respeto, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, se fija una tasa de reposición de efectivos de hasta un máximo del cien por ciento para los siguientes sectores:
a) Las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas de los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios.
b) Los Cuerpos de Catedráticos de Universidad, de Profesores Titulares de Universidad y profesores contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
c) Los Cuerpos de Policía Autónoma de aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía en su territorio.
2. La validez de la tasa autorizada en el apartado anterior estará condicionada a que las plazas resultantes se incluyan en una Oferta de Empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, deberá ser aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el «Boletín Oficial de la Provincia», de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización del año 2017.
La validez de dicha autorización estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las plazas se efectúe mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1 texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
3. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, además de cualquier otra información que les sea requerida, una certificación del número de bajas y altas tenidas en cuenta en el cálculo de la tasa de reposición, incluidas las altas y bajas por concursos de traslado producidas como consecuencia de los procedimientos de movilidad voluntaria entre distintas Administraciones Públicas en el año inmediato anterior.
4. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos de traslados a otras Administraciones Públicas.
5. No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna."
-Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo, por la que se establecen los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes.
Nota: Esta norma establece, como su nombre indica, los plazos máximos de resolución de los procedimientos regulados en la Ley de Patentes. De conformidad con la DA 1ª de la Ley de Patentes, los procedimientos administrativos de esa norma se rigen por su normativa específica y en lo no previsto en ella, por las disposiciones de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No se olvide que la Ley de patentes entra en vigor hoy, 1 de abril (DF 9º). Véase la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, así como la entrada de este blog del día 25.7.2015.
-Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
Nota: Cabe destacar los siguientes preceptos del Reglamento:
-Artículo 2.2.b): Requisitos de la instancia de la solicitud de patente cuando se solicite una patente divisional, un cambio de modalidad, una transformación de una solicitud de patente europea o una entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT.
-Artículo 13: Prioridad, nacional o extranjera, de la solicitud de patente.
-Artículo 14.3: Corrección o adición de una reivindicación de prioridad cuando se solicite una patente divisional, un cambio de modalidad, una transformación de una solicitud de patente europea o una entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT.
-Artículo 23.1: Examen de oficio si la solicitud reivindica la prioridad de una solicitud anterior, nacional o extranjera (letra f); cuando se trate de solicitudes de patentes divisionales, de cambio de modalidad, de transformación de una solicitud de patente europea o de entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT (letra g).
-Artículo 26.6: Obligación de realizar el informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita en caso de que no se hubiera realizado el informe de búsqueda internacional para la totalidad de la solicitud internacional o que la solicitud nacional incluyera elementos sobre los cuales no se hubiera realizado búsqueda en la fase internacional.
-Artículo 48: Solicitudes que reivindiquen la prioridad de una solicitud extranjera declarada secreta.
-Artículo 49: Solicitudes de patente en el extranjero que reivindiquen la prioridad de una solicitud nacional declarada secreta.
-Artículo 50: Primera solicitud de patente en el extranjero de invenciones en España.
-Título VIII (arts. 93 y ss.): Aplicación de los convenios internacionales: Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas, Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)-
-Artículo 113: Libertad de prestación de servicios en la Unión Europea.
La Ley de patentes entra en vigor hoy, 1 de abril (DF 9º). Véase la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, así como la entrada de este blog del día 25.7.2015.