jueves, 10 de diciembre de 2009

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (10.12.2009)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 10 de diciembre de 2009, en el Asunto C-345/08 (Pesla): Libre circulación de los trabajadores – Artículo 39 CE – Denegación del acceso a las prácticas jurídicas preparatorias para las profesiones jurídicas reguladas – Candidato que ha obtenido su título en otro Estado miembro – Criterios para examinar la equivalencia de los conocimientos adquiridos.
Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 39 CE debe interpretarse en el sentido de que los conocimientos que se han de tomar como elemento de referencia para apreciar la equivalencia de formaciones como consecuencia de una solicitud de admisión directa, sin haber aprobado las pruebas previstas a tal efecto, a las prácticas preparatorias para las profesiones jurídicas, son las certificadas por la cualificación exigida en el Estado miembro en el que el candidato solicita acceder a tales prácticas.
2) El artículo 39 CE debe interpretarse en el sentido de que, cuando las autoridades competentes de un Estado miembro examinan la solicitud de un nacional de otro Estado miembro que tiene por objeto acceder a un período de formación práctica para ejercer posteriormente una profesión jurídica regulada, como las prácticas preparatorias para las profesiones jurídicas en Alemania, este artículo no impone por sí mismo que dichas autoridades exijan únicamente al candidato, en el marco del examen de la equivalencia exigido por el Derecho comunitario, un nivel de conocimientos jurídicos inferior a los certificados por la cualificación exigida en dicho Estado miembro para el acceso a tal período de formación práctica. No obstante, debe precisarse, por un lado, que dicho artículo tampoco se opone a una flexibilización de la cualificación requerida, y, por otro, que es necesario que la posibilidad de un reconocimiento parcial de las competencias certificadas por las cualificaciones justificadas por el interesado no sea meramente ficticia en la práctica, lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente."
-CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. ELEANOR SHARPSTON, presentadas el 10 de diciembre de 2009, en el Asunto C‑578/08 (Chakroun): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos)] Derecho a la reagrupación familiar – Significado de “recurrir al sistema de asistencia social” – Relevancia de la fecha del vínculo familiar.
Nota: La Abogado General propone al Tribunal que conteste a las cuestiones planteadas de la siguiente forma:
"1) Los artículos 2, letra d), y 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, leídos conjuntamente, se oponen a una norma nacional que, al aplicar el requisito de recursos establecido con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), traza una distinción en función de si el vínculo familiar surgió antes o después de la entrada del residente en el Estado miembro, en la medida en que dicha distinción no se basa en ningún factor objetivo relacionado con el nivel de recursos requerido para mantener al reagrupante y a su familia y se aplica sin tener en cuenta las circunstancias de cada caso concreto.
2) El artículo 7, apartado 1, letra c), de la Directiva 2003/86 no permite a un Estado miembro establecer un requisito de recursos que conduzca a la denegación sistemática de las solicitudes de reagrupación familiar en casos en los que la familia reagrupada no tendría un derecho automático a prestaciones asistenciales, sino meramente potencial en circunstancias excepcionales."

Jurisprudencia - Extranjería


Juzgado de lo Contencioso-administrativo N° 14 de Madrid, Sentencia de 29 Sep. 2009, proc. 869/2006: Extranjeros. Anulación de la resolución por la que se ordena la repatriación de un menor a Marruecos. La resolución de repatriación se dictó prescindiendo del procedimiento legalmente establecido al no haberse dado trámite de audiencia previa al menor y al no habérsele notificado la resolución. La asistencia jurídica del letrado al menor extranjero no acompañado es requisito ineludible y necesario para llevar a efecto el derecho del menor a ser oído. No procede pronunciarse sobre el derecho a obtener una autorización de residencia temporal y sobre sus posteriores renovaciones por tratarse de una cuestión que primeramente ha de plantearse ante la Administración. Condena a la Administración a adoptar las medidas necesarias para lograr su retorno a España. La anulación en vía administrativa por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos y disposiciones administrativas no presuponen derecho a la indemnización.
Ponente: Salgado Carrero, Celestino.
Nº de Recurso: 869/2006
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 7300, Sección La Sentencia del día, 10 Dic. 2009

Defensor del Pueblo Europeo - Informe Anual 2008


El Defensor del Pueblo Europeo ha presentado al Parlamento Europeo su Informe anual correspondiente al año 2008.
Nota: Véase el texto del Informe Anual 2008, en versión completa (PDF 2071KB) y en versión de síntesis (PDF 494KB) . Véase también la página web de la Institución.

DOUE de 10.12.2009


-Información sobre la fecha de entrada en vigor de los Acuerdos de Extradición y de Asistencia Judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América.
Nota: Véase el Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, así como el Acuerdo de Asistencia Judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América.
Ambos textos entrarán en vigor el 1.2.2010.
[DOUE L323, de 10.12.2009]

-Reglamento (CE) nº 1186/2009 del Consejo, de 16 de noviembre de 2009, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras.
Nota: El presente Reglamento, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE (art. 134), deroga el Reglamento (CEE) nº 918/83 del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras, y sus posteriores modificaciones (art. 133).
[DOUE L324, de 10.12.2009]

BOE de 10.12.2009


Instrumento de aprobación de la retirada de la reserva a la totalidad del artículo IX (Jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia) formulada por el Estado español al depositar el Instrumento de adhesión al Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio, Nueva York, 9 de diciembre de 1948 (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 8 de febrero de 1969 y 18 de septiembre de 1985).
Nota: Véase el Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio, así como la reserva formulada por España a su art. IX.
El art. IX del Convenio establece que "las controversias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente Convención, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las partes en la controversia".
La retirada de la reserva ha venido surtiendo efecto desde el 24.9.2009
[BOE n. 297, de 10.12.2009]

miércoles, 9 de diciembre de 2009

Sentencia TEDH - No reconocimiento de pensión de viudedad a una persona casada por el rito gitano


La señora María Luisa Muñoz Díaz, nacional española, domiciliada en Madrid y miembro de la comunidad gitana, en 1971 contrajo matrimonio por el rito gitano. Tuvo seis hijos, que fueron inscritos debidamente en el libro de familia expedido por las autoridades españolas y obteniendo en 1986 el reconocimiento de familia numerosa. El marido falleció en diciembre del 2000, después de haber cotizado a la Seguridad Social a lo largo de más de 19 años. M.L. Muñoz solicitó la pensión de viudedad, que le fue denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por entender este organismo que no había existido un matrimonio civilmente válido. Recurrida esta deicisión ante la jurisdicción laboral, se le reconoció el derecho a percibir la pensión, declarando que la decisión del INSS la discriminaba por motivos étnicos.

La sentencia de primer instancia fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entendiendo que el matrimonio no había sido contraído con arreglo a la normativa aplicable y por tratarse de una forma que no producía efectos civiles.

Recurrida esta resolución en amparo ante el Tribunal Constitucional, el recurso fue rechazado mediante sentencia 69/2007 de 16.4.2007 por entender que no había trato discriminatorio basado en motivos étnicos:
"tomando como presupuesto, en primer lugar, que el Ordenamiento jurídico establece con alcance general una forma civil de acceso al vínculo matrimonial que es neutral desde la perspectiva racial, al carecer por completo de cualquier tipo de connotación étnica y, en segundo lugar, que cuando el legislador ha decidido otorgar efectos legales a otras formas de acceder al vínculo matrimonial, lo ha hecho sobre la exclusiva base de consideraciones religiosas y alejado también, por tanto, de cualquier connotación étnica, no cabe apreciar el trato discriminatorio por razones étnicas alegado."
Esta sentencia contaba con un voto particular del Magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, en el que entendía que se había "vulnerado a la recurrente su derecho a la igualdad y a no ser discriminada por motivos de raza (art. 14 CE), en cuanto dicha prohibición protege la situación de la minoría gitana, si se trae a colación el art. 14 en relación con el art. 12 CEDH, como resulta obligado por el juego del art. 10.2 CE (Cfr., aun con fallo desestimatorio, la STEDH Buckley v. United Kingdom, de 25 de septiembre de 1996, y su consideración de la aplicabilidad de los arts. 8 y 14 CEDH a la etnia gitana)". Concluía su voto poniendo de manifiesto la incongruencia de la Administración: "En mi opinión la validez previa del matrimonio gitano a efectos de Derecho de familia no era necesaria para que otorgásemos el amparo que reclamaba en este caso doña María Luisa. Y es que resulta claramente desproporcionado que el Estado español que ha tenido en cuenta a doña María Luisa, y a su familia gitana al otorgarle libro de familia, reconocimiento de familia numerosa, asistencia sanitaria con familiares a su cargo para ella y para sus seis hijos y ha percibido las cotizaciones correspondientes a su marido gitano durante diecinueve años, tres meses y ocho días quiera desconocer hoy que el matrimonio gitano resulta válido en materia de pensión de viudedad (STJCE Becker, asunto 8/81, § 24)."

El tema llegó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, convirtiéndose en el asunto núm. 49151/07 (Muñoz Díaz c. España), concluyendo con la reciente sentencia de 8 de diciembre. En ella se afirma que la denegación de la pensión de viudedad por el hecho de no reconocer efectos civiles al matrimonio celebrado por el rito y tradición gitanos supone una violación del art. 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en relación con el art. 1 del Protocolo 1:
69. A la lumière de ce qui précède et compte tenu des circonstances spécifiques de la présente affaire, la Cour estime qu'il est disproportionné que l'État espagnol, qui a attribué à la requérante et sa famille rom un livret de famille, leur a reconnu le statut de famille nombreuse, leur a octroyé, à l'intéressée et à ses six enfants, une assistance en matière de santé, et qui a perçu les cotisations de son mari rom à la sécurité sociale pendant plus de dix-neuf ans, ne veuille pas aujourd'hui reconnaître les effets du mariage rom en matière de pension de réversion.
70. Enfin, la Cour ne saurait accepter la thèse du Gouvernement selon laquelle il aurait suffit à la requérante de se marier civilement pour obtenir la pension réclamée. En effet, l'interdiction de discrimination consacrée par l'article 14 de la Convention n'a de sens que si, dans chaque cas particulier, la situation personnelle du requérant par rapport aux critères énumérés dans cette disposition est prise en compte telle quelle. Une approche contraire, consistant à débouter la victime au motif qu'elle aurait pu échapper à la discrimination en modifiant l'un des éléments litigieux – par exemple, en se mariant civilement – viderait l'article 14 de sa substance.
71. En conséquence, la Cour conclut qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1.
Por otro lado, el Tribunal concluye que la denegación de efectos civiles a los matrimonios celebrados por el rito gitano no constituye una violación del art. 14:
"79. La Cour observe que le mariage civil en Espagne tel qu'en vigueur depuis 1981 est ouvert à tous, et estime que sa réglementation n'implique pas de discrimination pour des raisons d'ordre religieux ou autre. La même formule devant un maire, un juge ou un autre fonctionnaire désigné s'applique à tous de la même façon. Aucune exigence de déclaration de religion ou croyances, ou d'appartenance à un groupe culturel, linguistique, ethnique ou autres n'est demandée.
80. Il est vrai que certaines formes religieuses de prestation du consentement sont admises en droit espagnol, mais ces formes religieuses (catholique, protestante, musulmane et israélite) sont reconnues en vertu des accords passés avec l'État par ces confessions, et produisent donc les mêmes effets que le mariage civil, alors que d'autres formes (religieuses ou traditionnelles) ne sont pas reconnues. La Cour constate toutefois qu'il s'agit d'une différence dérivée de l'appartenance à une confession religieuse, non pertinente dans le cas de la communauté rom. Mais cette différence n'empêche pas ou n'interdit pas le mariage civil, ouvert aux Roms dans les mêmes conditions d'égalité qu'aux personnes n'appartenant pas à la communauté rom, et elle répond à des motifs que le législateur doit prendre en compte, et qui relèvent, comme le Gouvernement le souligne, de sa marge d'appréciation.
81. Partant, la Cour estime que le fait que les unions roms n'ont pas d'effets civils dans le sens souhaité par la requérante ne constitue pas une discrimination prohibée par l'article 14. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention."
Posdata: Mediante la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, se intentó dar satisfacción a supuestos como el de la señora M.L. Muñoz Díaz.

BOE de 9.12.2009


Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y oficiales o de servicio, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2009.
Nota: Este Acuerdo se aplica provisionalmente desde el 15.10.2009, es decir, desde hace casi dos meses.
[BOE n. 296, de 9.12.2009]

martes, 8 de diciembre de 2009

DOUE de 8.12.2009


-Decisión del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Véase el texto del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para estancias de corta duración, así como la entrada de este blog del día 30.6.2009.
-Decisión del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Véase el texto del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Commonwealth de las Bahamas sobre exención de visados para estancias de corta duración, así como la entrada de este blog del día 30.6.2009.
-Decisión del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Véase el texto del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Barbados sobre exención de visados para estancias de corta duración, así como la entrada de este blog del día 30.6.2009.
-Decisión del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Véase el texto del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre exención de visados para estancias de corta duración, así como la entrada de este blog del día 30.6.2009.
-Decisión del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Véase el texto del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre exención de visados para estancias de corta duración, así como la entrada de este blog del día 30.6.2009.
-Decisión del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados para estancias de corta duración.
Nota: Véase el texto del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Federación de San Cristóbal y Nieves sobre exención de visados para estancias de corta duración, así como la entrada de este blog del día 30.6.2009.
[DOUE L321, de 8.12.2009]


-Actualización de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, apartado 15, del Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
Nota: En relación con la actualización de la mencionada lista véanse DOUE C247, de 13.10.2006, p. 1; DOUE C153, de 6.7.2007, p. 5; DOUE C192, de 18.8.2007, p. 11; DOUE C271, de 14.11.2007, p. 14; DOUE C57, de 1.3.2008, p. 31; DOUE C134, de 31.5.2008, p. 14.; DOUE C207, de 14.8.2008, p. 12; DOUE C331, de 21.12.2008, p. 13; DOUE C3, de 8.1.2009, p. 5; DOUE C64, de 19.3.2009, p. 15; DOUE C198, de 22.8.2009, p. 9; DOUE C239 de 6.10.2009, p. 2.
-Actualización de la lista de pasos fronterizos mencionados en el artículo 2, apartado 8, del Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)
Nota: En relación con la actualización de la mencionada lista véanse DOUE C316, de 28.12.2007, p. 1; DOUE C134, de 31.5.2008, p. 16; DOUE C177, de 12.7.2008, p. 9; DOUE C200, de 6.8.2008, p. 10; DOUE C331, de 31.12.2008, p. 13, DOUE C3, de 8.1.2009, p. 10; DOUE C37, de 14.2.2009, p. 10; DOUE C64, de 19.3.2009, p. 20; DOUE C99 de 30.4.2009, p. 7); DOUE C229, de 23.9.2009, p. 28; DOUE C263 de 5.11.2009, p. 22.
[DOUE C298, de 8.12.2009]

BOE de 8.12.2009


Convenio entre el Reino de España y la República de Trinidad y Tobago para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y Protocolo, hecho en Puerto España el 17 de febrero de 2009.
Nota: Este texto convencional entrará en vigor el 28.12.2009.
[BOE n. 295, de 8.12.2009]

lunes, 7 de diciembre de 2009

Bibliografía (Artículos doctrinales)


-Restricting Freedom of Contract through Non-Discrimination Provisions? A Comparison of the Draft Common Frame of Reference (DCFR) and the German "General Equality Law"
Franz Christian Ebert, Tobias Pinkel
German Law Journal, vol.10(2009), núm. 11.
[Texto del artículo]
The article compares the effect of non-discrimination rules in German private law and in the Draft Common Frame of Reference (DCFR) on freedom of contract. The majority of German private lawyers have objected to German non-discrimination rules for their perceived restriction on freedom of contract; thus the DCFR is more likely to impact the German legal order if it is less restrictive in this regard. While the DCFR is less far-reaching than the German approach in various respects, the paper finds that the main objection of German private lawyers regarding freedom of contract still applies to a certain extent: Both legal frameworks give victims of discrimination a right to contract with the perpetrator against his will or to request specific performance as if the contract had been concluded. However, this criticism may not carry so much weight, since the DCFR contains several provisions that limit the impact on freedom of contract in practice.
-Aussenwirtschaftsrecht and corporate investments in Germany – new hurdles for foreign investors
Ruediger Theiselmann
German Law Journal, vol.10(2009), núm. 11.
[Texto del artículo]
American Private Equity Funds, Russian Oligarchs or Arabian Sheiks – of late, many German Board Members negotiate with foreign investors about entering as new shareholders. The German Foreign Economy Act (“Aussenwirtschaftsrecht”) could become more relevant in this context, having led a quiet existence thus far. Having come into force 24 April 2009, Aussenwirtschaftsrecht enables the Federal Ministry of Economy (“Bundeswirtschaftsministerium” / BMWi) to prohibit purchases of German enterprises by non-EU residents under certain circumstances. This article shows the contents and relevance of the new law as well as its consequences for foreign investors involved in Mergers and Acquisitions re German companies.
-Party Autonomy in the Brussels I Regulation and Rome I Regulation and the European Court of Justice
Jan‐Jaap Kuipers
German Law Journal, vol.10(2009), núm. 11.
[Texto del artículo]
The Brussels I Regulation provides for uniform grounds of jurisdiction, while the Rome I Regulation provides for uniform conflict of law rules in contractual obligations. Both regulations allow for party autonomy up to a certain extent. Being its complement, the Rome I Regulation mirrors in many aspects the solutions reached in the Brussels I Regulation. The European Court of Justice has, within the framework of the latter regulation, been criticised for a failure to respect the rights of private parties derived from jurisdiction clauses. The issue that will be addressed in this paper is the extent to which the interpretation of the ECJ regarding the choice of court clauses might indicate its future approach towards choice of law clauses. The paper will also explore the pressure on party autonomy in conflict of law issues that might come from Community law in general.

Aprobación definitiva por el Congreso de la modificación de la LO sobre derechos y libertades de los extranjeros


El día 26 de noviembre, el Pleno del Congreso de los diputados procedió a la aprobación definitiva del Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que le había sido remitido por el Senado después de introducir algunas modificaciones en el texto aprobado por el Congreso el día 29 de octubre.
Nota: Sobre las enmiendas aceptadas y rechazadas por el Congreso de los Diputados, véase la nota de prensa preparada por la Cámara Alta.

Sobre la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley véanse las entradas de este blog del día 1.7.2009, del día 9.10.2009, del día 6.11.2009 y del día 25.11.2009.

BOE de 7.12.2009


-Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito y el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.
Nota: Véase el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, así como el el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril.
-Real Decreto 1818/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
Nota: Esta disposición desarrolla la modificación realizada en la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva por la Ley 5/2009, de 29 de junio (véase la entrada de este blog del día 30.6.2009). Igualmente, completa la transposición al ordenamiento español de la Directiva 2007/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE y 2006/48/CE en lo que atañe a las normas procedimentales y los criterios de evaluación aplicables en relación con la evaluación cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones en el sector financiero. El proceso de transposición había sido iniciado por la citada Ley 5/2009, completándose ahora para las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva.

Véase el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, y se adapta el régimen tributario de las instituciones de inversión colectiva.
-Real Decreto 1820/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de la participación en el capital de las sociedades que gestionan mercados secundarios de valores y sociedades que administren sistemas de registro, compensación y liquidación de valores y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
Nota: Al igual que la anterior, esta disposición desarrolla la modificación realizada en la Ley 24/1988 del Mercado de Valores por la Ley 5/2009, de 29 de junio (véase la entrada de este blog del día 30.6.2009). Igualmente, completa la transposición al ordenamiento español de la Directiva 2007/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE y 2006/48/CE en lo que atañe a las normas procedimentales y los criterios de evaluación aplicables en relación con la evaluación cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones en el sector financiero. El proceso de transposición se inició con la Ley 5/2009 y se completa ahora en lo referente a empresas de servicios de inversión.

Véase el Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo, así como el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero.
-Real Decreto 1821/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en materia de participaciones significativas.
Nota: Vuelve este Real Decreto a desarrollar la modificación realizada en el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, por la Ley 5/2009, de 29 de junio (véase la entrada de este blog del día 30.6.2009). Igualmente, completa la transposición al ordenamiento español de la Directiva 2007/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007 , por la que se modifica la Directiva 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE y 2006/48/CE en lo que atañe a las normas procedimentales y los criterios de evaluación aplicables en relación con la evaluación cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones en el sector financiero. El proceso de transposición se completa ahora en lo referente a los procedimientos y criterios conforme a los cuales se realiza la evaluación de las participaciones significativas.

Véase el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
[BOE n. 294, de 7.12.2009]

domingo, 6 de diciembre de 2009

Programa informático sobre las reformas legales de la Ley para la implantación de la nueva Oficina judicial


La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, y la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, han supuesto un auténtico terremoto legislativo, transformando radicalmente tanto la filosofía como la regulación sustantiva procesal. Sus modificaciones afectan a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y a la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Ley sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, a la Ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a la Ley de Extradición Pasiva, a la Ley Concursal, a la Ley de Patentes, etc., etc., modificando con sus veintiún artículos y disposiciones complementarias ochocientos setenta y seis preceptos de veintidós textos legales diferentes.

La mayoría de estas modificaciones, que afectan a veinte leyes, entrarán en vigor a los seis meses de la publicación de la Ley 13/2009 en el BOE, esto es, el 4 de mayo de 2010. Con el objeto de orientar no sólo al teórico sino también al práctico del Derecho en esta auténtica selva de cambios legislativos, se ha diseñado un programa informático, denominado CelerLEX. Este programa, partiendo de un índice de los textos legislativos afectados, indica las modificaciones realizadas en cada uno de ellos, integrándolas en el articulado. Si se está interesado en el programa informático, la licencia para su utilización puede adquirirse por 4,95 euros (aproximadamente 7,35 dólares) [aquí].

Me parece un programa interesante, muy útil y económico, y con el objeto de evitar suspicacias, quiero manifestar que no soy autor del programa ni percibo comisión alguna sobre las ventas que se realicen.

Bibliografía (Publicaciones periódicas) - Novedades 29 noviembre a 6 diciembre


-German Law Journal: 2009, núm. 11.
-Práctica derecho daños - Revista de Responsabilidad Civil y Seguros: núm. 77 (2009).

sábado, 5 de diciembre de 2009

Proyecto de Ley sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo


Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 53-1, de 4.12.2009).
Nota: Este proyecto tiene como objeto fundamental trasponer al ordenamiento español la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005 , relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, desarrollada por la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006 , por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada.

Por otro lado, la normativa española actual presenta una disfunción, al coexistir la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales con la Ley 12/2003 de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Esta última no sólo regula la congelación de fondos potencialmente vinculados al terrorismo, sino que también reproduce las obligaciones de prevención del blanqueo, recogidas en la Ley 19/1993. En este sentido, y entre otras cuestiones, el proyecto modifica la denominación de la Ley 12/2003, que pasará a denominarse «Ley 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo» (disp. final primera, núm. 1).
Se modifica igualmente la denominación de la Ley 19/2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, que pasará a denominarse «Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior» (disp. final segunda, núm.1).

El proyecto de ley tiene por objeto "la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo" (art. 1.1).

Llama la atención el extensísimo ámbito subjetivo de aplicación (art. 2), entre los que, a modo de ejemplo, destacan:
  • "Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como las personas que, sin haber obtenido autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero" (letra k).
  • "Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles" (letra l).
  • "Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles" (letra n).
  • "Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria" (letra ñ).
  • "Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso («trust») expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones" (letra o).
  • Después de la extensa relación, que agota todo el abecedario, se afirma que "se entenderán sujetas a la presente ley las personas o entidades no residentes que, a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente, desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las de las personas o entidades citadas en los párrafos anteriores".

Bibliografía (Artículo doctrinal)


En torno a la reforma del principio de justicia universal en la Jurisdicción española
Lorenzo M. BUJOSA VADELL, Catedrático de Derecho Procesal (Universidad de Salamanca)
Diario La Ley, Nº 7298, Sección Tribuna, 4 Dic. 2009
En los últimos años los problemas en torno a la aplicación del principio de justicia universal han estado en las primeras páginas de los periódicos y, por supuesto, en los debates jurídicos de actualidad, incluidas agrias polémicas entre los Altos tribunales. La actual tramitación parlamentaria de una nueva redacción del artículo 23.4 LOPJ ha traído de nuevo al primer plano esta sugerente discusión.

Nota: Véanse las entradas de este blog del día 4.11.2009 y del día 6.7.2009.

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas


Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales.
Nota: Este documento del TJCU contiene una síntesis, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, de la función del Tribunal en el marco de los procedimientos para resolver las cuestiones prejudiciales sobre la interpretación y aplicación uniforme del Derecho comunitario por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Esta interesante nota, de contenido didáctico, se divide en los siguientes apartados:
I. Disposiciones generales:
1) Función del Tribunal de Justicia dentro del procedimiento prejudicial
2) La decisión de plantear una cuestión al Tribunal de Justicia:
  • Quién puede plantear una cuestión prejudicial
  • Cuestiones de interpretación
  • Cuestiones de validez
3) Cuando se debe plantear una cuestión prejudicial
4) Forma de la petición de decisión prejudicial
5) Efectos de la remisión prejudicial en el procedimiento nacional
6) Costas y beneficio de justicia gratuita
7) Correspondencia entre el órgano jurisdiccional y el Tribunal de Justicia

II. El procedimiento prejudicial de urgencia (PPU):
1) Sobre los requisitos para la aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia
2) Sobre la petición de aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia
3) Sobre la correspondencia entre el Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional nacional y las partes
Este escrito reemplaza a la Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales del año 2005, así como a la Nota informativa sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales — Complemento tras la entrada en vigor del procedimiento prejudicial de urgencia aplicable a las remisiones relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia, del año 2008.
SENTENCIAS

-Asunto C-35/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de octubre de 2009 [petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Baden-Württemberg (Alemania)] — Grundstücksgemeinschaft Busley y Cibrián Fernández/Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (Libre circulación de capitales — Bienes inmuebles — Impuesto sobre la renta — Deducción de pérdidas arrendaticias de la renta imponible del sujeto pasivo — Aplicación de una amortización decreciente a los costes de adquisición o de construcción — Trato fiscal más favorable reservado exclusivamente a los bienes inmuebles situados en el territorio nacional).
Nota: Véase la entrada de este blog del día 15.10.2009.
-Asuntos acumulados C-261/08 y C-348/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de octubre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia) — María Julia Zurita García (asunto C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (asunto C-348/08)/Delegado del Gobierno en la Región de Murcia [Visados, asilo e inmigración — Medidas sobre el cruce de las fronteras exteriores — Artículo 62 CE, nos 1 y 2, letra a) — Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen — Artículos 6 ter y 23 — Reglamento (CE) no 562/2006 — Artículos 5, 11 y 13 — Presunción sobre la duración de la estancia — Nacionales de terceros países en situación irregular en el territorio de un Estado miembro — Normativa nacional que permite imponer, según las circunstancias, bien una multa o bien la expulsión].
Nota: Véase la entrada de este blog del día 24.10.2009.
-Asunto C-301/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de octubre de 2009 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation — Luxemburgo) — Irène Bogiatzi, de casada Ventouras/Deutscher Luftpool, Société Luxair, société luxembourgeoise de navigation aérienne SA, Comunidad Europea, Gran Ducado de Luxemburgo, Foyer Assurances SA [Política de transportes — Reglamento (CE) no 2027/97 — Convenio de Varsovia — Responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente — Plazo para ejercitar la acción de indemnización del perjuicio sufrido].
Nota: Véase la entrada de este blog del día 24.10.2009.
[DOUE C297, de 5.12.2009]

viernes, 4 de diciembre de 2009

DOUE de 4.12.2009


-Resolución del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales.

[DOUE C295, de 4.12.2009]

Parlamento Europeo
(Sesiones del 2 al 4 de septiembre de 2008)

-Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de septiembre de 2008, sobre algunos aspectos relativos al seguro de automóviles (2007/2258(INI))

-Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de septiembre de 2008, sobre un Marco Común de Referencia para el Derecho contractual europeo.

-Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de septiembre de 2008, sobre el comercio de servicios (2008/2004(INI)).

-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de septiembre de 2008, sobre la iniciativa de la República de Eslovenia, la República Francesa, la República Checa, el Reino de Suecia, el Reino de España, el Reino de Bélgica, la República de Polonia, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República Eslovaca, la República de Estonia, la República de Austria y la República Portuguesa, con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo sobre la Red Judicial Europea (5620/2008 — C6-0074/2008 — 2008/0802(CNS)).

-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de septiembre de 2008, sobre la iniciativa de la República de Eslovenia, la República Francesa, la República Checa, el Reino de Suecia, la República Eslovaca, el Reino Unido y la República Federal de Alemania con vistas a la adopción de una Decisión marco del Consejo relativa a la ejecución de resoluciones dictadas en rebeldía y por la que se modifican la Decisión marco 2002/584/JAI relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, la Decisión marco 2005/214/JAI relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, la Decisión marco 2006/783/JAI relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso y la Decisión marco 2008/…/JAI relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas de prisión o medidas de privación de libertad a efectos de su cumplimiento en la Unión Europea (5598/2008 — C6-0075/2008 — 2008/0803(CNS)).

-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de septiembre de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 562/2006 en lo relativo al Sistema de Información de Visados (VIS) en el marco del Código de fronteras Schengen (COM(2008) 0101 — C6-0086/2008 — 2008/0041(COD))
P6_TC1-COD(2008)0041
Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 2 de septiembre de 2008 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 562/2006 en lo relativo al Sistema de Información de Visados (VIS) en el marco del Código de Fronteras Schengen.
Nota: Véase el documento COM(2008) 101 final (Bruselas, 22.2.2008).
[DOUE C 295E, de 4.12.2009]

BOE de 4.12.2009


Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
Nota: El art. 8.1 establece que todas las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, así como las entidades del art. 35.4 de la Ley General Tributaria (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica pero que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición), tendrán derecho a formular ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente las quejas y sugerencias relacionadas con el funcionamiento de los órganos y unidades administrativas que conforman la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, de las dependencias y unidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como del resto de la Administración del Estado con competencias tributarias.
[BOE n. 292, de 4.12.2009]

jueves, 3 de diciembre de 2009

Droit & Technologies - Novedades


Droit & Technologies - Le Portail du Droit des Nouvelles Technologies:
Lettre d'informations, 1 décembre 2009.
Nota: Más información en el portal de Droit & Tecnologies.
Mi agradecimiento a Marina Vargas (UNED) por facilitarme la noticia

DOUE de 3.12.2009 (Parlamento Europeo)


Parlamento Europeo
(Sesiones del 8 al 10 de julio de 2008)

-Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2008, sobre el papel del juez nacional en el sistema judicial europeo (2007/2027(INI)).

-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2008, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (COM(2006) 0752 — C6-0089/2008 — 2006/0251(CNS)).
Nota: Véase el documento COM(2006) 752 final (Bruselas, 1.12.2006).
-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2008, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma de un Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza (COM(2006) 0754 — C6-0090/2008 — 2006/0252(CNS)).
Nota: Véase el documento COM(2006)754 final (Bruselas, 04.12.2006).
-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2008, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre la firma de un Protocolo entre la Comunidad Europea, Suiza y Liechtenstein al Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro, en Suiza o en Liechtenstein (COM(2006) 0753 — C6-0091/2008 — 2006/0257(CNS)).
Nota: Véase el documento COM(2006) 753 final (Bruselas, 4.12.2006).
-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1683/95 por el que se establece un modelo uniforme de visado, en lo que se refiere a la numeración de los visados (COM(2008) 0188 — C6-0187/2008 — 2008/0074(CNS)).
Nota: Véase el documento COM(2008) 188 final (Bruselas, 14.4.2008).
-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 julio de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica la Instrucción consular común dirigida a las misiones diplomáticas y oficinas consulares de carrera en relación con la introducción de datos biométricos y se incluyen disposiciones sobre la organización de la recepción y la tramitación de las solicitudes de visado (COM(2006) 0269 — C6-0166/2006 — 2006/0088(COD))
P6_TC1-COD(2006)0088
Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 10 de julio de 2008 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica la Instrucción consular común dirigida a las misiones diplomáticas y oficinas consulares de carrera en relación con la introducción de datos biométricos y se incluyen disposiciones sobre la organización de la recepción y la tramitación de las solicitudes de visado.
Nota: Véase el documento COM(2006) 269 final (Bruselas, 31.5.2006).
[DOUE C 294E, de 3.12.2009]

BOE de 3.12.2009


Instrumento de Ratificación del Convenio sobre reconocimiento de cualificaciones relativas a la educación superior en la Región Europea (número 165 del Consejo de Europa), hecho en Lisboa el 11 de abril de 1997.
Nota: Este Convenio entró en vigor de forma general el 1.2.1999 y para España el 1.12.2009.
[BOE n. 291, de 3.12.2009]

miércoles, 2 de diciembre de 2009

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (2.12.2009)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 2 de diciembre de 2009, en el Asunto C-358/08 (Aventis Pasteur): Directiva 85/374/CEE – Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos – Artículos 3 y 11 – Error en la calificación de “productor” – Procedimiento judicial – Solicitud de sustitución del demandado inicial por el productor – Expiración del plazo de prescripción.
Fallo del Tribunal:
"El artículo 11 de la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una normativa nacional que autorice la sustitución de un demandado por otro en el curso de un procedimiento judicial, se aplique de manera que permita demandar, una vez expirado el plazo que fija, a un «productor» en el sentido del artículo 3 de esta Directiva, en una acción judicial ejercitada dentro de dicho plazo contra otra persona.
No obstante, por una parte, dicho artículo 11 debe ser interpretado en el sentido de que no se opone a que el tribunal nacional considere que, en la acción judicial ejercitada, dentro del plazo que fija, contra la filial al 100 % del «productor», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 85/374, dicho productor pueda sustituir a esta filial si el tribunal nacional comprueba que, de hecho, fue el productor quien determinó la puesta en circulación del producto de que se trata.
Por otra parte, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 85/374 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el perjudicado por un producto supuestamente defectuoso no pudo razonablemente identificar al productor de dicho producto antes de ejercitar sus derechos frente al suministrador del mismo, dicho suministrador debe ser considerado «productor» a efectos, en particular, de la aplicación del artículo 11 de dicha Directiva, si no comunicó al perjudicado, por iniciativa propia y de manera diligente, la identidad del productor o de su propio suministrador, extremo éste que corresponde comprobar al tribunal nacional, habida cuenta de las circunstancias del caso."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PAOLO MENGOZZI, presentadas el 2 de diciembre de 2009, en el Asunto C‑171/08 (Comisión/Portugal): Incumplimiento de Estado – Artículos 56 CE y 43 CE – Libre circulación de capitales – Restricciones a la adquisición de participaciones y a la intervención en la gestión de una empresa privatizada – Acciones especiales («golden shares») del Estado portugués en la sociedad Portugal Telecom SGPS SA – Medida estatal – Imputabilidad al Estado miembro.
Nota: Nuevamente estamos ante el problema de la compatibilidad con el libre movimiento de capitales (art. 56 TCE) de las denominadas acciones de oro (golden shares) por parte de los Gobiernos en empresas pública privatizadas.
El Abogado General propone al Tribunal que "declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 56 CE al mantener en Portugal Telecom SGPS SA los derechos especiales del Estado y de otras entidades públicas, atribuidos en relación con acciones privilegiadas del Estado en Portugal Telecom SGPS SA".

Bibliografía (Publicaciones periódicas) - IPRax (2009) 6


Último número de la revista alemana Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax): 2009/6 (November 2009).

Extracto del índice del número [para visualizar el índice completo, aquí]:

Abhandlungen:
  • K. Bitterich: Vergaberechtswidrig geschlossene Verträge und internationales Vertragsrecht
  • F. Dörfelt: Gerichtsstand sowie Anerkennung und Vollstreckung nach dem Bunkeröl-Übereinkommen
  • P. Mankowski: Die Darlegungs- und Beweislast für die Tatbestände des Internationalen Verbraucherprozess- und Verbrauchervertragsrechts
  • C. Müller: Die Anwendung des Art. 34 Nr. 4 EuGVVO auf Entscheidungen aus ein- und demselben Mitgliedstaat
Entscheidungsrezensionen:
  • M. Brinkmann: Der Vertragsgerichtsstand bei Klagen aus Lizenzverträgen unter der EuGVVO (EuGH, S. 509)
  • M. Fehrenbach: Die Zuständigkeit für insolvenzrechtliche Annexverfahren (EuGH, S. 513 und BGH, S. 515)
  • D. P. Fernández Arroyo/J. P. Schmidt: Das Spiegelbildprinzip und der internationale Gerichtsstand des Erfüllungsortes (OLG Düsseldorf, S. 517)
  • R. A. Schütze No hay materia más confusa … (BGH, S. 519)
  • D. Looschelders: Anwendbarkeit des § 1371 Abs. 1 BGB nach Korrektur einer ausländischen Erbquote wegen Unvereinbarkeit mit dem ordre public (OLG Düsseldorf, S. 520)
Rezensierte Entscheidungen
Blick in das Ausland:
  • A. Spickhoff: Die Zufügung von „Trauerschmerz“ als Borddelikt (OGH, S. 524)
  • S. Álvarez González: The Spanish Tribunal Supremo Grants Damages for Breach of a Choice-of-Court Agreement
  • V. Harsági/M. Kengyel: Anwendungsprobleme des Europäischen Zivilverfahrensrechts in Mittel- und Osteuropa
  • H. Krüger: Jordanische Rechtsprechung zum Kollisionsrecht
  • C. F. Nordmeier: Timor-Leste (Osttimor): Neues Internationales Zivilprozessrecht
Internationale Abkommen
Schrifttumshinweise
Vorschau
Neueste Informationen
Veranstaltungshinweise

Para más información sobre los contenidos de las colaboraciones de esta entrega véase Conflict of Laws .Net
Sobre el contenido del núm. 5/2009 véase la entrada de este blog del día 3.10.2009. Sumarios del resto de números: aquí.

DOUE de 2.12.2009


-Decisión 2009/877/PESC del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la firma y aplicación provisional del Canje de Notas entre la Unión Europea y la República de Seychelles sobre las condiciones y modalidades de entrega de sospechosos de piratería y robo a mano armada por EUNAVFOR a la República de Seychelles y de su trato después de dicha entrega.

-Canje de Notas entre la Unión Europea y la República de Seychelles sobre las condiciones y modalidades de entrega de sospechosos de piratería y robo a mano armada por EUNAVFOR a la República de Seychelles y de su trato después de dicha entrega.

-Decisión del Consejo (Asuntos Generales), 1 de diciembre de 2009, por la que se establece la lista de formaciones del Consejo, además de las contempladas en los párrafos segundo y tercero del apartado 6 del artículo 16 del Tratado de la Unión Europea.

-Decisión del Consejo Europeo, de 1 de diciembre de 2009, relativa al ejercicio de la Presidencia del Consejo.

-Decisión del Consejo Europeo, de 1 de diciembre de 2009, relativa a la adopción de su Reglamento interno.

[DOUE L315, de 2.12.2009]

martes, 1 de diciembre de 2009

Entrada en vigor del Tratado de Lisboa


Hoy entra en vigor el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. El Tratado fue firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 después de largas y complejas negociaciones y de varios proyectos fallidos.

Los grandes principios de la reforma llevada a cabo por el Tratado de Lisboa son los siguientes:
  • Más democracia y transparencia en el funcionamiento de la UE:
- Mayor protagonismo del Parlamento Europeo con nuevas competencias sobre legislación, presupuesto y acuerdos internacionales, así como un mayor uso del proceso de codecisión.
- Mayor participación de los Parlamentos nacionales mediante una reforzamiento del principio de subsidiariedad.
- Participación de los ciudadanos mediante el mecanismo de la "iniciativa ciudadana".
- Mayor claridad en el reparto de competencias entre los Estados miembros y la UE.
- Por primera vez se regula la posibilidad de que un Estado miembro abandone la UE.
  • Mayor eficacia mediante el uso de métodos de trabajo y votación simplificados, adaptación de las instituciones a una UE de veintisiete miembros y mayor capacidad de actuación en ámbitos prioritarios:
- Mayor eficacia en la toma de decisiones, mediante la ampliación del uso de la mayoría cualificada, que obedecerá al principio de doble mayoría: mayoría de Estados miembros (55 por 100) y de población (65 por 100).
- Marco institucional más estable y racionalizado con un Presidente del Consejo Europeo elegido por dos años y medio, con la vinculación de la elección del Presidente de la Comisión a los resultados de las elecciones europeas, con disposiciones específicas de futuro para la composición del Parlamento Europeo y de la Comisión, así como con una nueva regulación sobre cooperación reforzada y aspectos financieros.
- Capacidad mejorada de la UE para abordar cuestiones prioritarias: justicia, libertad y la seguridad, política energética, salud pública, protección civil, cambio climático, servicios de interés general, investigación, política espacial, cohesión territorial, política comercial, ayuda humanitaria, deporte, turismo y cooperación administrativa.
  • Consolidación de una Europa de derechos y valores, libertad, solidaridad y seguridad, que potencie los valores de la Unión:
- Se especifican y consolidan los valores y objetivos sobre los que se basa la Unión.
- Se garantizan las libertades y los principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales, que pasan a ser jurídicamente vinculantes.
- Se conservan y consolidan las cuatro libertades y la libertad política, económica y social de los ciudadanos europeos.
- Se prevé la actuación conjunta de los Estados miembros cuando uno es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano.
- Se aumenta la capacidad de actuación en el campo de la justicia, la libertad y la seguridad, y se impulsa la protección civil, la ayuda humanitaria y la salud pública.
  • Impulsar el papel de Europa en la escena global. Para ello se utilizarán distintos mecanismos institucionales:
- El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que también será Vicepresidente de la Comisión.
- El nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, que asistirá al Alto Representante en el desempeño de sus funciones.
- La personalidad jurídica única de la Unión.
- El desarrollo de la Política Europea de Seguridad y Defensa mediante un sistema especial de toma de decisiones.
Documentación:
- Texto del Tratado de Lisboa [aquí]
- Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea --este último pasa a denominarse "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea" (véase art. 2, núm. 1, del Tratado de Lisboa)-- [aquí]
Véanse las entradas de este blog del día 27.4.2008, del día 9.5.2008 y del día 27.11.2009
Sobre las versiones consolidadas de los textos fundamentales de la UE véase la entrada de este blog del día 30.3.2010.

DOUE de 1.12.2009


Decisión del Consejo, de 13 de diciembre de 2007, relativa a la aplicación del artículo 9 C, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea y del artículo 205, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017, por una parte, y a partir del 1 de abril de 2017, por otra.
Nota: En la exposición de motivos de esta disposición se informa de su objeto: "Conviene adoptar unas disposiciones que permitan una transición fluida del sistema de toma de decisiones por mayoría cualificada en el Consejo –definido en el artículo 3, apartado 3, del Protocolo sobre las disposiciones transitorias, que seguirá aplicándose hasta el 31 de octubre de 2014– al sistema de votación previsto en el artículo 9 C, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 205, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se aplicará a partir del 1 de noviembre de 2014, incluidas, durante un período transitorio que concluirá el 31 de marzo de 2017, algunas disposiciones específicas previstas en el artículo 3, apartado 2, de dicho Protocolo."
[DOUE L314, de 1.12.2009]

BOE de 1.12.2009


-Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación.

-Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.

[BOE n. 289, de 1.12.2009]