Bélgica acaba de iniciar un proceso contra Suiza ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) basado en la incorrecta interpretación y aplicación por este último país del Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Concretamente, en relación con la interpretación realizada por los tribunales suizos según la cual se niegan, por una parte, a reconocer una resolución de los tribunales belgas y, por otra parte, a suspender un procedimiento con el mismo objeto iniciado con posterioridad ante tribunales suizos.
El origen de la desavenencia entre ambos países está en la existencia de un proceso judicial en materia civil y mercantil iniciado en Bélgica contra de los accionistas mayoritarios de la empresa belga Sabena, actualmente en quiebra. Los accionistas suizos son la sociedad SAirGroup (antigua Swissair) y su filial SAirLines, mientras que los belgas son el Estado belga y tres empresas de las que es accionista.
El Gobierno belga afirma que, en relación con la entrada de las sociedades suizas en el accionariado de Sabena y su asociación con los accionistas belgas, entre 1995 y 2001 se concluyeron diversos contratos que tenían por objeto fundamental la financiación y gestión conjunta de la empresa. Estos contratos contenían cláusulas que establecían tanto la competencia exclusiva de los tribunales belgas como la aplicación del Derecho belga.
En el año 2001 se inició ante tribunales belgas un proceso contra los accionistas suizos por incumplimiento de sus compromisos contractuales, así como por los daños derivados de la realización de determinados actos. Los órganos jurisdiccionales de Bélgica en sus diversas instancias fundaron su jurisdicción en el Convenio de Lugano. En este momento se halla pendiente la resolución sobre el fondo del asunto.
Paralelamente a lo anterior, las sociedades accionistas suizas iniciaron diversas actuaciones jurisdiccionales ante los tribunales de Suiza, que se han negado tanto a reconocer las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de Bélgica como a suspender las actuaciones que están llevando a cabo a la espera de conocer las decisiones de los tribunales belgas. Bélgica considera esta actitud una violación de las disposiciones del Convenio de Lugano y del Derecho internacional general relativo al ejercicio de la autoridad del Estado, en especial en el ámbito judicial.
Sobre el tema véase el texto de la demanda inical [Requête introductive d'instance] presentada por Bélgica ante el TIJ, así como la nota de prensa emitida por el TIJ sobre el caso [versión inglesa] [versión francesa]
Agradezco la información a los profesores Pietro Franzina (Università degli Studi di Ferrara) y Antonio Leandro (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro").
El origen de la desavenencia entre ambos países está en la existencia de un proceso judicial en materia civil y mercantil iniciado en Bélgica contra de los accionistas mayoritarios de la empresa belga Sabena, actualmente en quiebra. Los accionistas suizos son la sociedad SAirGroup (antigua Swissair) y su filial SAirLines, mientras que los belgas son el Estado belga y tres empresas de las que es accionista.
El Gobierno belga afirma que, en relación con la entrada de las sociedades suizas en el accionariado de Sabena y su asociación con los accionistas belgas, entre 1995 y 2001 se concluyeron diversos contratos que tenían por objeto fundamental la financiación y gestión conjunta de la empresa. Estos contratos contenían cláusulas que establecían tanto la competencia exclusiva de los tribunales belgas como la aplicación del Derecho belga.
En el año 2001 se inició ante tribunales belgas un proceso contra los accionistas suizos por incumplimiento de sus compromisos contractuales, así como por los daños derivados de la realización de determinados actos. Los órganos jurisdiccionales de Bélgica en sus diversas instancias fundaron su jurisdicción en el Convenio de Lugano. En este momento se halla pendiente la resolución sobre el fondo del asunto.
Paralelamente a lo anterior, las sociedades accionistas suizas iniciaron diversas actuaciones jurisdiccionales ante los tribunales de Suiza, que se han negado tanto a reconocer las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de Bélgica como a suspender las actuaciones que están llevando a cabo a la espera de conocer las decisiones de los tribunales belgas. Bélgica considera esta actitud una violación de las disposiciones del Convenio de Lugano y del Derecho internacional general relativo al ejercicio de la autoridad del Estado, en especial en el ámbito judicial.
Sobre el tema véase el texto de la demanda inical [Requête introductive d'instance] presentada por Bélgica ante el TIJ, así como la nota de prensa emitida por el TIJ sobre el caso [versión inglesa] [versión francesa]
Agradezco la información a los profesores Pietro Franzina (Università degli Studi di Ferrara) y Antonio Leandro (Università degli Studi di Bari "Aldo Moro").
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