Trabajos publicados en el Diario La Ley Unión Europea, núm. 72, de día 31 de julio de 2019:
TRIBUNA
-Rafael Arenas García, El brexit infinito o el ángel exterminador
Hace ya tres años que los británicos decidieron en referéndum abandonar la UE. De acuerdo con las previsiones del art. 50 del TUE la salida debería haberse producido hace meses; sin embargo, como es sabido, se ha ido prorrogando la permanencia del RU como consecuencia de las dificultades para ratificar el acuerdo de salida pactado en noviembre de 2018. En este trabajo se analiza el sentido de este acuerdo de salida, sus relaciones con el acuerdo que regirá las relaciones futuras entre el RU y la UE, las razones para el retraso en la ratificación del mismo, el régimen establecido en las dos prórrogas del período fijado en el art. 50 del TUE acordadas hasta ahora; así como las perspectivas que se abren para la salida del RU en los próximos meses.
DOCTRINA
-Ignacio Garrote Fernández-Díez, Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción del Derecho de la UE y reparación del perjuicio causado: el caso del sistema de compensación equitativa con cargo a los presupuestos generales del Estado
Durante los años 2017 y 2018 más de una decena de resoluciones judiciales de la Sala 3ª del Tribunal Supremo y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional han rechazado las peticiones de responsabilidad patrimonial realizadas por distintos titulares de derechos de propiedad intelectual que reclamaban los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los graves defectos del sistema de compensación equitativa establecido en la Disposición Adicional 10ª del Real Decreto-ley 20/2011, en el Real Decreto 1657/2012 y en el art. 1.2 de la Ley 21/2014.
En este trabajo se argumenta que la promulgación de las normas precitadas supone una violación manifiesta y grave del Derecho de la UE, de manera los titulares de derechos de propiedad intelectual deben ser indemnizados por las cantidades que dejaron de percibir como consecuencia de la actividad legislativa del Estado. Se argumenta, también, que la nulidad de las Órdenes ministeriales que determinaban anualmente la cuantía de la compensación debía llevar aparejada la indemnización de los perjuicios sufridos en cada ejercicio.
-José Luis Monereo Pérez, Sara Guindo Morales, Sobre la obligación de establecer un sistema de registro que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador
Se analiza la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de fecha 14 de mayo de 2019 que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional sobre la inexistencia en una empresa de un sistema de registro que permita computar la jornada laboral diaria realizada por sus trabajadores, el cual ha declarado obligatorio. Dicha Sentencia se debe poner en conexión con los artículos 10 y 11 del reciente y relevante Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, concernientes al registro de jornada y las infracciones laborales, respectivamente, el cual modificó el art. 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como el art. 7.5 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Le y sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Artículos que han tenido mucha repercusión en nuestro país en los últimos meses.
SENTENCIAS SELECCIONADAS
-Milagros Orozco Hermoso, La sumisión tácita en el Reglamento 1215/2012 y en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil: problemas de delimitación
En la Sentencia Ryanair, y con ocasión de una demanda de compensación por retraso en un vuelo, el Tribunal de Justicia se pronuncia en relación con dos foros de competencia previstos en el Reglamento Bruselas I bis: el foro especial sobre litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento secundario, y el foro de la sumisión tácita. Respecto a ambos, el Tribunal confirma en esencia los criterios mantenidos en su jurisprudencia anterior. Sin embargo, en relación con la sumisión tácita y el control de la competencia se ponen de manifiesto algunos problemas de interpretación y ajuste con las disposiciones correlativas de la Ley de enjuiciamiento civil. Estos problemas, no obstante, no son directamente abordados en la Sentencia.
-Marcos González Sánchez, La condición de monje no impide ejercer como abogado en la Unión Europea
La sentencia de 7 de mayo de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluye que el art. 3, apartado 2, de la Directiva 98/5/CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que prohíbe a un abogado que tiene la condición de monje, inscrito como abogado ante la autoridad competente del Estado miembro de origen, inscribirse ante la autoridad competente del Estado miembro de acogida para ejercer en él la profesión con su título profesional de origen debido a la incompatibilidad, prevista en esa normativa, de la condición de monje con el ejercicio de la abogacía.
-Javier García Amez, Especificaciones técnicas y licitaciones públicas en el ámbito sanitario
La Directiva 2014/24/UE no obliga al poder adjudicador, cuando establece las especificaciones técnicas de una licitación relativa a la adquisición de suministros médicos, a hacer que prevalezca, por principio, la importancia de las características individuales de los aparatos médicos o la importancia del resultado del funcionamiento de tales aparatos, pero exigen que las especificaciones técnicas, en su conjunto, respeten los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad.
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