Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2022, con propuestas a la Comisión sobre los regímenes de ciudadanía y residencia por inversión (2021/2026(INL))
Entre 2011 y 2019, al menos 130.000 personas se beneficiaron en la UE de estos programas, que generaron unos ingresos de más de 21.800 millones de euros para los países beneficiarios. Existen regímenes de ciudadanía por inversión en Malta, Bulgaria (donde el Gobierno ha presentado un proyecto de ley para acabar con ellos) y Chipre (actualmente solo se tramitan las solicitudes presentadas antes de noviembre de 2020). Doce Estados miembros -España entre ellos- cuentan con regímenes de residencia por inversión, cada uno con distintos importes y opciones de inversión.
Preocupados por la mercantilización de la ciudadanía europea, los eurodiputados proponen nuevas normas comunes para los programas de «ciudadanía y residencia por inversión».
El Parlamento subraya que los programas de "ciudadanía por inversión", que otorgan a nacionales de terceros países derechos de ciudadanía a cambio de una cierta cantidad de dinero, alteran la esencia misma de la ciudadanía de la Unión. El Parlamento describe esta práctica —en vigor en Malta, Bulgaria y Chipre— como "parasitismo", ya que los Estados miembros venden algo que nunca debió ser considerado como una mercancía. Algunas solicitudes han sido aceptadas incluso sin cumplir los requisitos, afirman los eurodiputados, que reclaman que estos regímenes vayan desapareciendo gradualmente por los riesgos que llevan aparejados.
A la vista de que los riesgos que plantean los programas de "residencia por inversión" son menores, el Parlamento pide para este caso unas normas europeas que ayuden a luchar contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la evasión fiscal. Tales normas incluirían los siguientes aspectos:
- controles rigurosos de los antecedentes (también de los familiares de los solicitantes y del origen de los fondos), comprobaciones obligatorias en las bases de datos de la UE y procedimientos de control en terceros países;
- obligación para los Estados miembros de presentar informes, incluido un sistema de "notificación y consulta" que permita a otros Estados miembros formular objeciones;
- requisitos mínimos de residencia física (para los solicitantes) y de participación activa, calidad, valor añadido y contribución a la economía (para sus inversiones).
Véase la Nota de Prensa del Parlamento Europeo [aquí]
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