Bibliografía (Revista de revistas) - Diario LA LEY Unión Europea n. 147 (mayo 2026)

 Trabajos publicados en el Diario LA LEY Unión Europea, núm. 147, de 29 de mayo de 2026:

 

IA jurídica:
- IA jurídica sin miedo: claves para cumplir con la ley, la ética y la transparencia

La AESIA, el Consejo de Estado y Garrigues analizan los retos regulatorios que plantea la inteligencia artificial.

Opinión:
- Juan José Álvarez Rubio, Irán nos retrata: Europa ante la crisis del sistema internacional.

El trabajo analiza la reacción de la Unión Europea ante la crisis iraní como expresión de las tensiones estructurales que atraviesan el sistema internacional contemporáneo. A partir del conflicto en Oriente Próximo, se examinan las divisiones internas europeas, la dependencia energética y de seguridad respecto de actores externos y la dificultad de construir una autonomía estratégica coherente. El estudio aborda igualmente la erosión del orden internacional basado en reglas, el debilitamiento del multilateralismo y el retorno de dinámicas de poder hegemónico. Desde esta perspectiva, la crisis iraní aparece no como un episodio aislado, sino como un factor revelador de la redefinición del equilibrio global. Finalmente, se sostiene que el futuro de la relevancia internacional de Europa dependerá de su capacidad para reforzar su cohesión interna, preservar sus valores fundacionales y proyectar una voz propia en la gobernanza mundial.

Acciones de la Unión Europea:
- Pablo Rivera Rodríguez, Análisis de antecedentes con vistas a las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

La propuesta de nuevo Marco Financiero Plurianual para el septenio 2028-2034 presentada por la Comisión Europea en julio de 2025 dará lugar a una profunda negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo, en la que muchas otras instituciones, órganos y Estados miembros de la Unión Europea también se pronunciarán. Se trata de una planificación presupuestaria que rompe con algunos planteamientos tradicionales y consolidados y que responde a un contexto cada vez más complejo tanto en el ámbito interno de la Unión como a nivel internacional. El presente comentario analiza los informes y resoluciones que preceden a la propuesta de la Comisión, con el fin, por un lado, de determinar si esta se ha adaptado a las reivindicaciones y críticas de diversos actores y, por otro, de anticipar las posturas de estos en las negociaciones.

Jurisprudencia - Ensayos:
- Manuel Jesús Martínez López, Equivalencia y —sobre todo— efectividad frente a cosa juzgada en el control de oficio de cláusulas potencialmente abusivas en contratos con consumidores. El estado de la doctrina del Tribunal de Justicia tras la Sentencia (Sala Cuarta) de 18 de diciembre de 2025 (C-320/2024 Soledil).

La cosa juzgada y la preclusión están condicionadas a la equivalencia y —sobre todo— efectividad de los derechos de los consumidores. Se analiza la jurisprudencia sobre la cuestión, y se destaca Ibercaja Banco, conforme al que existirá cosa juzgada si se cumplen los requisitos de control de oficio, motivación y advertencia en la resolución. Soledil es continuista pero muy relevante por dos razones. Primera, la especial complejidad del pleito y centralidad de la cosa juzgada. Se confirma el control de oficio cuando el Juez disponga de los elementos necesarios, incluso tras múltiples instancias. Segunda, el rechazo del control «implícito» ilustra que el control de oficio como excepción a la preclusión y la cosa juzgada se fundamenta en la tutela judicial efectiva. El control implícito habría desvirtuado el control de oficio y la interpretación uniforme del Derecho de la Unión.

Jurisprudencia - Sentencias Seleccionadas:
- José Luis Monereo Pérez, Sheila López Vico, La persistente brecha de género en materia salarial: un análisis de la situación actual (A propósito de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Quinta), caso Ortega Ortega c. España (Solicitud n.o 36325/22) de 4 de diciembre de 2025.

La lucha contra la discriminación por razón de género ha ocupado un papel central en todos los debates políticos, económicos y sociales, tanto en nuestro país como en el plano internacional desde hace décadas. Dentro de las múltiples aristas de esta problemática se encuentra el de la discriminación salarial, esto es, la existencia de diferencias, por razón de sexo, en el salario para trabajos considerados de igual valor. Esta cuestión, como es bien sabido, no agota sus efectos únicamente en la cantidad que los trabajadores perciben a final de mes, sino que posteriormente deriva en diferencias en la protección social, especialmente en el marco de las prestaciones de carácter contributivo, entre otros muchos problemas. Precisamente por ello, existe una rica producción legislativa en esta materia a todos los niveles, habiendo sido de entidad las medidas acometidas en materia de discriminación en general por razón de sexo y, en particular, dentro de la discriminación salarial. Pues bien, el reciente pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por medio de la Sentencia (Sección Quinta), caso Ortega Ortega c. España, de 4 de diciembre de 2025, ha vuelto a poner el foco de atención en esta problemática. Ante esta situación, por medio del presente estudio entraremos a analizar en qué estado se encuentra actualmente la lucha contra la brecha salarial en nuestro país. Para ello, partiremos analizando las últimas estadísticas publicadas sobre esta cuestión, para ver en qué medida las distintas estrategias implementadas en las últimas décadas han servido o no para reducir la misma. Tras ello, y partiendo de la sentencia objeto de análisis, entraremos a señalar algunos de los principales avances normativos que se han producido en los últimos años en España.

- Isabel Rodríguez-Uría Suárez, Nueva perspectiva de la identidad de género en la UE: del reconocimiento mutuo a la exigencia directa al Estado miembro nacional. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de marzo de 2026, Asunto C-43/24, Shipova.

La sentencia Shipova introduce una nueva modalidad de obstáculo a la libertad de circulación que conlleva la obligación del Estado miembro de la nacionalidad de permitir la modificación de los datos referidos al género de una persona, incluso en el Registro Civil, si ello fuera necesario, con el fin de que el ciudadano pueda ejercer sin obstáculos su libertad de circulación y residencia. La sentencia se aparta del método del reconocimiento mutuo e impone una orden directa al Estado miembro de origen. Formalmente los argumentos no son nuevos y el TJUE vuelve a justificar su posición en la doctrina del TEDH como canon interpretativo de los derechos fundamentales de la Carta.

- Blanca Leal Romera, Cuestión prejudicial: Inoperancia de la Directiva 2012/29/UE en la determinación de la competencia extraterritorial en materia penal de los Estados miembros. Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 26 de marzo de 2026, asunto C-239/24: Aurnois.

El presente estudio analiza la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo de 2026 (en adelante, TJUE), asunto C-239/24, dictada para dar solución a una cuestión prejudicial expuesta por la Cour d’Appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas), con el objetivo de delimitar el concepto de víctima al amparo de la Directiva 2012/29/UE y, por ende, solucionar un conflicto de competencia de los órganos jurisdiccionales penales belgas. El Alto Tribunal europeo desestima la petición por entender que la determinación de la competencia es una potestad inherente a los Estados miembros y que la citada Directiva solo resulta aplicable respecto de aquellos procedimientos en los que ya se ha fijado la competencia.

- Cristina Domingo Jaramillo, Interpretación del criterio de estricta necesidad en relación a la medida de tratamiento de datos biométricos por parte de la policía. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), 19 de marzo de 2026. Asunto C-371/24: Comdribus.

El presente trabajo analiza la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2026 (asunto C-371/24, Comdribus), centrada en la interpretación del criterio de estricta necesidad en el tratamiento de datos biométricos por parte de las autoridades policiales durante una investigación en el ámbito penal. A partir del examen del art. 10 de la Directiva (UE) 2016/680, en relación con los arts. 4 y 8 de la misma, el estudio aborda tres cuestiones clave: la prohibición de la recogida sistemática de datos biométricos de sospechosos, la exigencia de motivación individualizada por parte de la autoridad competente y la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la tipificación penal de la negativa a someterse a dicha recogida. El Tribunal de Justicia establece un estándar elevado de protección de los derechos fundamentales, en particular de los derechos a la vida privada y a la protección de datos personales, exigiendo una evaluación caso por caso del cumplimiento de los elementos imprescindibles para cumplir con el criterio de estricta necesidad. Asimismo, rechaza cualquier automatismo en la utilización de estos datos y refuerza el papel de la motivación como garantía esencial frente a la arbitrariedad. No obstante, admite la sanción penal por negativa a someterse a esa medida, siempre que se cumpla con el requisito de estricta necesidad. Por todo lo mencionado, la sentencia constituye un hito en la delimitación de los límites del uso policial de tecnologías biométricas en la Unión Europea.

- Carlos Gómez Ligüerre, Declaración de abusividad y plazo de prescripción de la acción restitutoria. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 19 de marzo de 2026, as. C-679/24: HL y UniCredit Bank Zrt., Momentum Credit Zrt.

El pasado 19 de marzo de 2026, el Tribunal de Justicia dela Unión Europea resolvió varias cuestiones prejudiciales planteadas por un tribunal húngaro. Todas ellas relacionadas con el día inicial de cómputo del plazo de prescripción de la acción de restitución derivada de la nulidad por abusividad de la cláusula de tipo de cambio de una hipoteca multidivisa. El Tribunal consolida su doctrina al respecto, bien conocida por los juristas españoles, pero añade un requisito adicional consistente en la individualización de la declaración de abusividad como requisito para el inicio del cómputo de ese plazo.