lunes, 12 de agosto de 2024

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


RESOLUCIONES

- Asunto C-325/23, Deutsche Bank Polska: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 30 de mayo de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie – Polonia) – JF, OP / Deutsche Bank Polska S.A. (Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Crédito hipotecario denominado en una moneda extranjera que incluye cláusulas abusivas relativas al riesgo cambiario y al diferencial cambiario — Artículo 3, apartados 1 y 2 — Cláusulas que no se hayan negociado individualmente — Artículo 4 — Apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contractuales — Exigencia de redacción clara y comprensible de una cláusula contractual — Artículo 6 — Consecuencias de la declaración del carácter abusivo de una cláusula) [DO C, C/2024/4835, 12.8.2024]

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
debe interpretarse en el sentido de que
cabrá considerar que no ha sido negociada individualmente, en el sentido de dicha disposición, una cláusula incluida en un contrato de préstamo denominado en una moneda extranjera celebrado con un consumidor en virtud de la cual el banco puede fijar el importe definitivo del préstamo denominado en esa divisa aplicando al importe expresado en moneda nacional, correspondiente a la petición de financiación del consumidor, un tipo de cambio que dicho banco determina unilateralmente, cuando las modalidades de fijación de ese importe hayan sido definidas exclusivamente por el banco antes de la celebración del contrato sin que, en consecuencia, el consumidor haya podido influir en la determinación de tales modalidades.
2) El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13
debe interpretarse en el sentido de que,
cuando, en el marco de un contrato de préstamo denominado en una moneda extranjera celebrado con un consumidor, una cláusula de ese contrato tenga por efecto, por un lado, transmitir al consumidor el riesgo cambiario vinculado a las apreciaciones de esa divisa en relación con la moneda nacional y, por otro lado, conceder al banco, a expensas del consumidor, una ventaja resultante de la diferencia existente en el tipo de cambio elegido por ese banco para fijar el importe definitivo del préstamo denominado en dicha divisa y otros tipos que habría podido aplicar a tal efecto, para considerar que, por lo que respecta al diferencial cambiario, la referida cláusula no responde a la exigencia de redacción clara y comprensible, en el sentido de dicha disposición, bastará con constatar que el banco no comunicó al consumidor ninguna información sobre la inclusión de ese diferencial, independientemente de la cantidad de información proporcionada al consumidor sobre la transmisión del riesgo cambiario.
3) El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13
debe interpretarse en el sentido de que,
cuando, en el marco de un contrato de préstamo denominado en una moneda extranjera celebrado con un consumidor, una cláusula de ese contrato tenga por efecto, por un lado, transmitir al consumidor el riesgo cambiario vinculado a las apreciaciones de esa divisa en relación con la moneda nacional y, por otro lado, conceder al banco una ventaja resultante del diferencial cambiario, podrá considerarse que, por lo que respecta al diferencial cambiario, la referida cláusula puede crear, por sí sola, en detrimento del consumidor, un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones que se derivan del contrato, independientemente del examen del carácter eventualmente abusivo, en el sentido de dicha disposición, de esa cláusula por lo que respecta a la transmisión del riesgo cambiario.
4) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a que se declare nulo un contrato de préstamo denominado en una moneda extranjera celebrado con un consumidor y que el consumidor quede liberado de las consecuencias económicas derivadas de la cláusula de ese contrato relativa a la transmisión del riesgo cambiario cuando el juez nacional declare que la cláusula de ese contrato relativa a la fijación del importe definitivo del préstamo, que tiene por efecto conceder al banco una ventaja resultante del diferencial cambiario, tiene carácter abusivo, aun cuando las cláusulas contractuales mediante las que se estipulan las modalidades de conversión de esa divisa a efectos de reembolsar el préstamo no sean abusivas o su supresión no conllevaría la anulación de ese mismo contrato, si dicho juez considera, con arreglo a las normas de su Derecho interno y siguiendo un enfoque objetivo, que el contrato de préstamo no puede subsistir sin la cláusula abusiva, en particular, en el supuesto de que esta defina el objeto principal del contrato."

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-286/24, Meliá Hotels International: Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) el 23 de abril de 2024 – Meliá Hotels International, S.A. / Associação Ius Omnibus [DO C, C/2024/4840, 12.8.2024]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Es aplicable el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, a una acción de acceso a medios de prueba antes de ejercitar una acción por daños en el sentido del artículo 2, punto 4, de dicha Directiva?
En caso de respuesta afirmativa a la cuestión prejudicial anterior:
2) ¿Exige siempre el requisito de verosimilitud del daño derivado del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, que el solicitante demuestre que, en el caso de autos, es más probable que se hayan causado daños a los consumidores representados, en este caso los residentes en Portugal, que lo contrario?
3) ¿Pueden los órganos jurisdiccionales nacionales basar el criterio de la verosimilitud del daño, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, exclusivamente en la existencia de una decisión adoptada por las autoridades competentes en materia de competencia? En particular, ¿cómo incidirá en este análisis el hecho de que se trate de una decisión adoptada en el marco de un procedimiento de transacción, relativo a una infracción vertical por el objeto del Derecho de la competencia de la Unión?"

- Asunto C-340/24, Artollisi: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) el 9 de mayo de 2024 – EW / Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca [DO C, C/2024/4843, 12.8.2024]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 13 de la Directiva 2005/36/CE, en su versión modificada por la Directiva 2013/55/UE, interpretado a la luz del objetivo [de la Unión] de la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios y de la libre circulación de personal docente, en el sentido de que, en relación con el reconocimiento entre los Estados miembros de cualificaciones profesionales, con especial referencia al título de especialización en materia de apoyo educativo, se opone a la interpretación y a la aplicación de una normativa nacional que permite considerar que se cumplen los requisitos para el reconocimiento aun cuando el título de formación especializada obtenido en el Estado miembro de origen no permite el ejercicio de la profesión correspondiente en dicho Estado y este no lo reconoce legalmente como título habilitante para dicho ejercicio?
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿deben interpretarse las disposiciones del título III, capítulo I, de la Directiva 2005/36, por lo tanto, en el sentido de que las autoridades competentes en materia de reconocimiento de las cualificaciones, una vez recibida la correspondiente solicitud, están siempre y en todo caso obligadas a examinar el contenido de todos los documentos presentados por el interesado que puedan acreditar su cualificación profesional, aun cuando no se trate de un título que permita ejercer la profesión en el Estado miembro de origen, así como la conformidad de la formación que acreditan con los requisitos exigidos para obtener la cualificación profesional de que se trate en el Estado miembro de acogida y, en su caso, aplicar medidas compensatorias?"

- Asunto C-398/24, Pome: Petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus (Estonia) el 6 de junio de 2024 – A / B [DO C, C/2024/4848, 12.8.2024]

Cuestión prejudicial:
"¿La circunstancia de que la validez de un acuerdo atributivo de competencia esté condicionada a que las personas físicas que lo hayan celebrado actúen en el marco de una actividad económica y profesional, tal como establece el artículo 106, apartado 1, punto 1, del Código de Enjuiciamiento Civil estonio, según el cual un acuerdo atributivo de competencia celebrado entre personas físicas será nulo si infringe la disposición del artículo 104, apartado 1, del Código de Enjuiciamiento Civil, con arreglo al cual un litigio entre personas físicas que haya sido sometido a un órgano jurisdiccional en virtud de un acuerdo atributivo de competencia deberá estar relacionado con la actividad económica o profesional de ambas partes, constituye un requisito de validez material de un acuerdo atributivo de competencia en el sentido del artículo 25, apartado 1, primera frase, in fine («a menos que el acuerdo sea nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según el Derecho de dicho Estado miembro») del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión refundida)?"


DOUE de 12.8.2024


- Reglamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se modifica el Protocolo n.° 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
[DO L, 2024/2019, 12.8.2024]

Nota: Según las estadísticas del Tribunal de Justicia, tanto el número de asuntos prejudiciales pendientes como la duración media de su tramitación están aumentando. Dado que las peticiones de decisión prejudicial deben tramitarse con celeridad para que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, deben tomarse medidas frente a la situación actual. Esta situación obedece no solo al elevado número de peticiones de decisión prejudicial que se plantean cada año al Tribunal de Justicia, sino también a la gran complejidad y al carácter especialmente delicado de un creciente número de cuestiones sometidas a dicho órgano jurisdiccional. Con el fin de que el Tribunal de Justicia pueda seguir cumpliendo su misión de salvaguardia y refuerzo de la unidad y coherencia del Derecho de la Unión, y para garantizar la máxima calidad en sus resoluciones, procede, en aras de una correcta administración de justicia, hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 256.3, párrafo primero, del TFUE y transferir al Tribunal General competencia para conocer de las cuestiones prejudiciales planteadas en virtud del artículo 267 del TFUE, respecto de materias específicas determinadas por el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La transferencia al Tribunal General de una parte de la competencia sobre cuestiones prejudiciales debería permitir al Tribunal de Justicia dedicar más tiempo y recursos al examen de las peticiones de decisión prejudicial de carácter más complejo y delicado y, en ese contexto, reforzar el diálogo con los órganos jurisdiccionales nacionales, entre otras maneras, haciendo un mayor uso del mecanismo previsto en el artículo 101 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que le permite solicitar aclaraciones al órgano jurisdiccional remitente en un plazo fijado por el Tribunal de Justicia, además de las alegaciones u observaciones escritas presentadas por los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto.

En este sentido, y entre las distintas modificaciones que se introducen en el Estatuto, cabe destacar la introducción de un nuevo artículo 50 ter, cuyos párrafos primero y segundo establecen:

"El Tribunal General será competente para conocer de las peticiones de decisión prejudicial planteadas sobre la base del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que estén comprendidas exclusivamente en una o varias de las siguientes materias específicas:
a) el sistema común del impuesto sobre el valor añadido;
b) los impuestos especiales;
c) el código aduanero;
d) la clasificación arancelaria de las mercancías en la nomenclatura combinada;
e) la compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque o de retraso o cancelación de los servicios de transporte;
f) el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el Tribunal de Justicia seguirá siendo competente para conocer de las peticiones de decisión prejudicial que susciten cuestiones independientes de interpretación del Derecho primario, el Derecho internacional público, los principios generales del Derecho de la Unión o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
[...]"

- Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, [2024/2094]
[DO L, 2024/2094, 12.8.2024]

Nota: Entre otras modificaciones, se procede a concretar en el Reglamento de Procedimiento las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) 2024/2019 (véase la referencia anterior de esta entrada) y precisar, en particular, los procedimientos para la tramitación de las peticiones de decisión prejudicial presentadas al Tribunal de Justicia.

- Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, [2024/2095]
[DO L, 2024/2095, 12.8.2024]

Nota: El Reglamento (UE, Euratom) 2024/2019 (véase la primera referencia de esta entrada) inserta en el Estatuto del TJUE un nuevo artículo 50 ter, que dispone que el Tribunal de Justicia remitirá al Tribunal General las peticiones de decisión prejudicial que se refieran exclusivamente al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, a los impuestos especiales, al código aduanero, a la clasificación arancelaria de las mercancías en la nomenclatura combinada, a la compensación y la asistencia a los pasajeros en casos de retraso, cancelación del servicio de transporte o denegación de embarque, así como al régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Por tanto, se hace necesario modificar el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General con el fin de establecer las normas que deberá seguir el Tribunal General en la tramitación de las peticiones de decisión prejudicial remitidas por el Tribunal de Justicia.

- Decisión del Tribunal General, de 10 de julio de 2024, sobre la presentación y notificación de escritos procesales a través de la aplicación e-Curia, [2024/2096]
[DO L, 2024/2096, 12.8.2024]

Nota: La aplicación informática denominada «e-Curia», común a los órganos jurisdiccionales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, permitirá presentar y notificar escritos procesales por vía electrónica en las condiciones establecidas en esta Decisión.

- Normas prácticas de desarrollo del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, [2024/2097]
[DO L, 2024/2097, 12.8.2024]

Nota: Estas NPD entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2024 y derogan y sustituyen a las Normas Prácticas de Desarrollo de 20 de mayo de 2015, en su versión modificada el 13 de julio de 2016, el 17 de octubre de 2018 y el 1 de febrero de 2023, y rectificadas el 17 de octubre de 2018.


domingo, 11 de agosto de 2024

Bibliografía - Novedad editorial


 La editorial Tirant lo Blanch ha publicado la obra "Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2023", dirigida por José Luis De Castro Ruano, Idoia Otaegi Aizpurua y Juan Soroeta Liceras.

El presente ejemplar es una nueva edición de los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz, en este caso la correspondiente al año 2023. El libro que el lector tiene en sus manos se inserta en una línea de publicación que viene llevándose a cabo desde el año 1983 en que se publicó por primera vez; se trata por lo tanto de la colección más extensa en lengua castellana sobre trabajos científicos en el ámbito del Derecho Internacional Público y Privado, así como de Relaciones Internacionales. Como homenaje a aquella primera edición hemos querido utilizar la misma portada que en 1983. Como es habitual, en esta edición se incluyen estudios de las tres disciplinas que nos caracterizan: Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. En los Cursos de esta edición se celebró una mesa redonda titulada "Miradas sobre la guerra de Ucrania".

Extracto del índice de la obra:

- Eva Andrés Aucejo, "Cooperación tributaria internacional inclusiva y eficaz. Policy Making: Propuestas de acuerdo marco de cooperación tributaria internacional y de la nueva: 'International Tax Organization', hacia un nuevo global tax order".
- Ana Fernández Pérez, "Justicia climática: el papel del arbitraje en los litigios climáticos".
- Jaume Ferrer Lloret, "La Unión Europea ante la guerra de Ucrania: ¿Un 'gendarme mundial'?"
- Alfonso Ortega Giménez, "Contratación mercantil internacional y riesgos jurídicos derivados".
- Antonio Sánchez Ortega, "Seguridad energética. Concepto y su impacto en las relaciones internacionales".
- Juan Tovar Ruiz, "La política europea de Biden y la relación transatlántica en el marco de la guerra de Ucrania".
- Marta Sobrido Prieto, "La invasión de Ucrania en organizaciones y foros internacionales en los que participan Rusia y Estados que condenan su actuación. Especial atención a la cooperación polar".

MESA REDONDA: “MIRADAS SOBRE LA GUERRA DE UCRANIA”
- Vicente Garrido Rebolledo, "El valor de las armas nucleares: la guerra en Ucrania y el riesgo de escalada nuclear".
- Natividad Fernández Sola, "Miradas sobre la guerra de Ucrania. Su impacto en el orden europeo".
- Araceli Mangas Martín, "Luces y sombras de la adhesión de Ucrania a la UE y a la OTAN".

Ficha:

J.L. De Castro, I. Otaegi, J. Soroeta (Dirs.)
"Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2023"
Editorial Tirant lo Blanch, junio 2024
498 págs. - 79,90 € (Papel), 48,00 € (eBook)
ISBN: 978-84-1056-608-8 (Papel), 978-84-1056-609-5 (eBook)


viernes, 9 de agosto de 2024

DOUE de 9.8.2024


- Decisión de Ejecución (UE) 2024/2150 de la Comisión, de 5 de agosto de 2024, por la que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2024/1348 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la capacidad adecuada de los Estados miembros y al número máximo de solicitudes por año que debe examinar un Estado miembro en el procedimiento fronterizo
[DO L, 2024/2150, 9.8.2024]

Nota: De conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1348 por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional, es preciso establecer la capacidad adecuada de cada Estado miembro y el número máximo de solicitudes de protección internacional por año que debe examinar un Estado miembro en el procedimiento fronterizo.
La capacidad adecuada y el número máximo de solicitudes por año que debe examinar un Estado miembro en el procedimiento fronterizo se calculan a partir de los datos de cruces irregulares de fronteras, comunicados por los Estados miembros a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), que también incluyen las llegadas tras operaciones de búsqueda y salvamento, y de denegaciones de entrada en las fronteras exteriores, según los datos de Eurostat, calculados a lo largo de un período de tres años, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.


miércoles, 7 de agosto de 2024

BOE de 7.8.2024


- Resolución de 24 de julio de 2024, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

Nota: En esta Resolución se recogen las comunicaciones sobre tratados en los que España es parte, recibidas en el MAE hasta el 17 de julio de 2024. Para los convenios en materia de Derecho Internacional Privado véanse las págs. 101474 a 101482 (págs. 41 a 49 del documento). Para los de Derecho Penal y Procesal, véanse las págs. 101482 a 101491 (págs. 49 a 58 del documento).

- Resolución de 26 de julio de 2024, conjunta de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia y de la Secretaría General de Universidades, por la que se designa la Comisión evaluadora única de la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Procura para el año 2024.

Nota: Véase la Orden PJC/621/2024 por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Procura para el año 2024, así como la entrada de este blog del día 22.6.2024.

[BOE n, 190, de 7.8.2024]


martes, 6 de agosto de 2024

DOUE de 6.8.2024


- Declaración sobre las consecuencias jurídicas de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Komstroy y entendimiento común sobre la inaplicabilidad del artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía como base para los procedimientos de arbitraje en el interior de la Unión
[DO L, 2024/2121, 6.8.2024]

Nota: En su sentencia de 6 de marzo de 2018, Achmea, C-284/16, el TJUE señaló que los artículos 267 y 344 del TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición de un acuerdo internacional celebrado entre Estados miembros conforme a la cual un inversor de uno de esos Estados miembros puede, en caso de controversia sobre inversiones realizadas en el otro Estado miembro, iniciar un procedimiento contra este último ante un tribunal arbitral cuya competencia se ha comprometido a aceptar dicho Estado miembro.
Por otro lado, en su sentencia de 2 de septiembre de 2021, Komstroy, C-741/19, apartado 66, confirmada en su dictamen 1/20, apartado 47, el TJUE declaró que el artículo 26, apartado 2, letra c), del Tratado sobre la Carta de la Energía debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a las controversias entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro en relación con una inversión realizada por este en el primer Estado miembro.
Como consecuencia de ello, las cláusulas como el artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía no podían en el pasado, y no pueden, ni ahora ni en el futuro, servir de base jurídica para que un inversor de un Estado miembro incoe un procedimiento de arbitraje en relación con inversiones en otro Estado miembro. A raíz de la inaplicabilidad del artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía como base jurídica para los procedimientos de arbitraje en el interior de la Unión, el artículo 47, apartado 3, del Tratado sobre la Carta de la Energía no puede extenderse, ni se quiso que se extendiese, a tales procedimientos.
Como consecuencia de la inaplicabilidad del artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía como base jurídica para los procedimientos de arbitraje en el interior de la Unión, cuando se sustancien procedimientos de arbitraje en el interior de la Unión, los signatarios de la presente declaración afectadas por dichos procedimientos, ya sea como demandadas o como Estado de origen del inversor, deben cooperar entre sí para garantizar que se ponga en conocimiento del tribunal de arbitraje en cuestión la existencia de la presente declaración, para que pueda concluir que procede inhibirse. Además, no deben incoarse nuevos procedimientos de arbitraje en el interior de la Unión.
No obstante, cuando se entregue la solicitud de arbitraje, los signatarios afectados por dicho procedimiento, ya sea como demandadas o como Estado de origen del inversor, deben cooperar entre sí para que se ponga en conocimiento del tribunal de arbitraje en cuestión la existencia de la presente declaración, para que pueda declarar que el artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía no puede servir de base jurídica para tal procedimiento.
La presente declaración abarca todos los procedimientos de arbitraje entre inversores y Estados en los que estén implicados la Unión Europea y sus Estados Miembros como partes en controversias en el interior de la Unión basadas en el artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía bajo cualquier convenio o conjunto de reglas de arbitraje, incluidos el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (Convenio del CIADI), las reglas de arbitraje del CIADI, del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, y de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), y el arbitraje ad hoc.


BOE de 6.8.2024


- Resolución de 22 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en la Oficina General de Alcalá de Guadaira, para el funcionamiento de la misma conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 22 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Caldas de Reis, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 22 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en la Oficina General de Dos Hermanas, para el funcionamiento de la misma conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 22 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Mondoñedo, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 22 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Monforte de Lemos, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 22 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de O Porriño, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 22 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en la Oficina General de Puente Genil, para el funcionamiento de la misma conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 22 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Redondela, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 22 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Tui, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 23 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Elche/Elx, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 23 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en la Oficina Consular de Londres, para el funcionamiento de la misma conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 23 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en la Oficina Consular de Roma, para el funcionamiento de la misma conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 23 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en la Oficina Consular de Andorra, para el funcionamiento de la misma conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 23 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en la Oficina Consular de Bayona, para el funcionamiento de la misma conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 23 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en la Oficina Consular de Lisboa, para el funcionamiento de la misma conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 23 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en la Oficina Consular de Milán, para el funcionamiento de la misma conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 23 de julio de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en la Oficina Consular de Oporto, para el funcionamiento de la misma conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Nota: Mediante las presentes resoluciones se aprueban la entrada en servicio efectivo de la aplicación informática denominada DICIREG, del Ministerio de Justicia, que permite el funcionamiento del Registro Civil conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 en las oficinas del Registro Civil de los siguientes partidos judiciales u Oficinas Consulare y en las fechas indicadas:
- Alcalá de Guadaíra, a las 00:00 horas del 23 de septiembre de 2024.
- Caldas de Reis, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Caldas de Reis y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Barro, Campo Lameiro, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas y Valga, a las 00:00 horas del 7 de octubre de 2024.
- Dos Hermanas, a las 00:00 horas del 9 de septiembre de 2024.
- Mondoñedo, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Mondoñedo y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de A Pastoriza, A Pontenova, Abadín, Alfoz, Barreiros, Lourenzá, O Valadouro, Ribadeo, Riotorto y Trabada, a las 00:00 horas del 28 de octubre de 2024.
- Monforte de Lemos, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Monforte de Lemos y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de A Pobra do Brollón, Bóveda, Folgoso do Courel, O Saviñao, Pantón, Quiroga, Ribas de Sil y Sober, a las 00:00 horas del 30 de septiembre de 2024.
- O Porriño, que comprende la Oficina General del Registro Civil de O Porriño y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Mos y Salceda de Caselas, a las 00:00 horas del 23 de septiembre de 2024.
- Puente Genil, a las 00:00 horas del 16 de septiembre de 2024.
- Redondela, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Redondela y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Fornelos de Montes, Pazos de Borbén y Soutomaior, a las 00:00 horas del 14 de octubre de 2024.
- Tui, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Tui y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de A Guarda, O Rosal, Oia y Tomiño, a las 00:00 horas del 16 de septiembre de 2024.
- Elche/Elx, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Elche/Elx y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Crevillent y Santa Pola, a las 00:00 horas del 30 de septiembre de 2024.
- Oficina Consular del Registro Civil de Londres, a las 00:00 horas del 23 de septiembre de 2024.
- Oficina Consular del Registro Civil de Roma, a las 00:00 horas del 23 de septiembre de 2024.
- Oficina Consular del Registro Civil de Andorra, a las 00:00 horas del 30 de septiembre de 2024.
- Oficina Consular del Registro Civil de Bayona, a las 00:00 horas del 30 de septiembre de 2024.
- Oficina Consular del Registro Civil de Lisboa, a las 00:00 horas del 30 de septiembre de 2024.
- Oficina Consular del Registro Civil de Milán, a las 00:00 horas del 30 de septiembre de 2024.
- Oficina Consular del Registro Civil de Oporto, a las 00:00 horas del 30 de septiembre de 2024.

Mientras no entre en vigor el nuevo Reglamento de Registro Civil será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerdan las pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática DICIREG, conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 23.9.2021), modificada por la Instrucción de 3 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y las demás Instrucciones, Circulares y Resoluciones que han sido dictadas hasta el momento, en relación con la aplicación de la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 9.6.2022).

[BOE n. 189, de 6.8.2024]


lunes, 5 de agosto de 2024

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


RESOLUCIONES

- Asunto C-352/22, Generalstaatsanwaltschaft Hamm (Solicitud de extradición de un refugiado a Turquía): Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de junio de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Hamm – Alemania), en el procedimiento referente a la extradición de A. (Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 2011/95/UE — Artículo 21, apartado 1 — Directiva 2013/32/UE — Artículo 9, apartados 2 y 3 — Concesión definitiva del estatuto de refugiado por un Estado miembro — Refugiado que, con posterioridad a esa concesión, reside en otro Estado miembro — Solicitud de extradición del tercer Estado de origen de ese refugiado dirigida al Estado miembro de residencia — Efectos de la resolución de concesión del estatuto de refugiado en el procedimiento de extradición en cuestión — Artículos 18 y 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Protección de ese refugiado frente a la extradición solicitada en tales circunstancias) [DO C, C/2024/4692, 5.8.2024]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 18.6.2024.

- Asunto C-540/22, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Desplazamiento de trabajadores de terceros países): Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de junio de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg – Países Bajos) – SN y otros / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios — Artículos 56 TFUE y 57 TFUE — Desplazamiento de nacionales de terceros países por una empresa de un Estado miembro para realizar trabajos en otro Estado miembro — Duración superior a 90 días dentro de un período de 180 días — Obligación de los trabajadores desplazados nacionales de terceros países de ser titulares de un permiso de residencia en el Estado miembro de acogida en caso de prestación de más de tres meses — Limitación del período de validez de los permisos de residencia expedidos — Cuantía de las tasas correspondientes a la solicitud de un permiso de residencia — Restricción a la libre prestación de servicios — Razones imperiosas de interés general — Proporcionalidad) [DO C, C/2024/4693, 5.8.2024]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 20.6.2024.

- Asunto C-753/22, Bundesrepublik Deutschland (Efecto de una resolución por la que se concede el estatuto de refugiado): Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de junio de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht – Alemania) – QY / Bundesrepublik Deutschland (Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 33, apartado 2, letra a) — Imposibilidad de que las autoridades de un Estado miembro declaren inadmisible una solicitud de asilo por haberse concedido previamente el estatuto de refugiado en otro Estado miembro — Artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Riesgo de ser sometido a tratos inhumanos o degradantes en ese otro Estado miembro — Examen de esa solicitud de asilo por parte de dichas autoridades pese a haberse concedido el estatuto de refugiado en ese otro Estado miembro — Directiva 2011/95/UE — Artículo 4 — Examen individual) [DO C, C/2024/4696, 5.8.2024]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 18.6.2024.

- Asunto C-35/23, Greislzel: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 20 de junio de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Alemania) – Padre / Madre [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Responsabilidad parental — Reglamento (CE) n.o 2201/2003 — Artículos 10 y 11 — Competencia en caso de traslado ilícito de un menor — Residencia habitual del menor en un Estado miembro antes del traslado ilícito — Procedimiento de restitución entre un país tercero y un Estado miembro — Concepto de demanda de restitución — Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores] [DO C, C/2024/4697, 5.8.2024]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 20.6.2024.

- Asunto C-420/23, Faurécia: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 20 de junio de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo – Portugal) – Faurécia – Assentos de Automóvel Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira (Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Artículo 63 TFUE — Libre circulación de capitales — Impuesto sobre actos jurídicos documentados — Operaciones de tesorería a corto plazo — Prestatarios residentes y no residentes — Diferencia de trato — Restricción) [DO C, C/2024/4702, 5.8.2024]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 20.6.2024.

- Asunto C-287/23, Entain Services (Bulgaria): Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 16 de mayo de 2024 (petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – Entain Services (Bulgaria) EOOD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Libertad de establecimiento — Restricciones — Impuesto sobre sociedades — Tributación de los dividendos — Sociedades registradas en Gibraltar) [DO C, C/2024/4704, 5.8.2024]

Fallo:
"El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a las disposiciones del Derecho nacional y la jurisprudencia de un Estado miembro que establecen la tributación en la fuente por el impuesto sobre los dividendos distribuidos por las sociedades residentes a favor de las sociedades establecidas en Gibraltar, mientras que los dividendos distribuidos a favor de las sociedades residentes y de las sociedades establecidas en los otros Estados miembros están exentos de dicho impuesto, sin que estas sociedades tengan que cumplir ningún requisito, si tal tratamiento fiscal diferente de las sociedades establecidas en Gibraltar no está justificado por una razón imperiosa de interés general ni respeta el principio de proporcionalidad."

NUEVOS ASUNTOS

- Asunto C-283/24, Barouk: Petición de decisión prejudicial planteada por el Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Chipre) el 23 de abril de 2024 – B. F. / Kypriaki Dimokratia [DO C, C/2024/4711, 5.8.2024]

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartados 1 y 3, de la Directiva 2013/32/UE, a la luz del artículo 47 de la Carta, en relación con la obligación de evaluación individual, prevista en el artículo 4, apartado 3, letra c), la obligación de cooperación establecida en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2011/95/UE y el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, en el sentido de que, a falta de una disposición nacional expresa que, de conformidad con el citado artículo 46, prevea la facultad del órgano jurisdiccional nacional de someter al demandante a un reconocimiento médico, dicho órgano jurisdiccional pueda invocar el derecho a dictar una resolución para someter directamente al demandante a reconocimiento médico con arreglo a dicha disposición, cuando se considere necesario al objeto de efectuar un examen completo y ex nunc de una solicitud de protección internacional?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartados 1 y 3, de la Directiva 2013/32/UE, a la luz del artículo 47 de la Carta, en relación con la obligación de evaluación individual, prevista en el artículo 4, apartado 3, letra c), la obligación de cooperación establecida en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2011/95/UE y el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, en el sentido de que, a falta de una disposición nacional expresa que, de conformidad con el citado artículo 46, prevea la facultad del órgano jurisdiccional nacional de someter al demandante a un reconocimiento médico y, por extensión, a falta de una disposición legal expresa que contemple un mecanismo de remisión en cuanto a los reconocimientos médicos de que disponga directamente el órgano jurisdiccional nacional en virtud de dicho artículo, el órgano jurisdiccional tiene la facultad de dirigirse a la autoridad decisoria (que será siempre una de las partes en el procedimiento que se sustancie ante dicho órgano jurisdiccional) al objeto de que, por analogía, esta pueda activar el mecanismo previsto en el artículo 18 de la Directiva 2013/32/UE, y proporcione al órgano jurisdiccional nacional los resultados del reconocimiento médico realizado al demandante?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE, a la luz del artículo 47 de la Carta, en el sentido de que las formas de efectuar un examen completo y ex nunc de una solicitud de protección internacional se dejan a la autonomía procesal de los Estados miembros? En caso de respuesta afirmativa, ¿debe interpretarse el artículo 46, apartados 1 y 3, de la Directiva 2013/32/UE, a la luz del artículo 47 de la Carta, en relación con la obligación de cooperación establecida en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2011/95/UE y el principio de cooperación leal, consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, en el sentido de que, a falta de una disposición nacional expresa que prevea la facultad del órgano jurisdiccional nacional de someter al demandante a un reconocimiento médico y, por extensión, a falta de una disposición legal expresa que contemple un mecanismo para derivarlo a reconocimiento médico de que disponga el órgano jurisdiccional, este tiene la facultad de someter el asunto a la autoridad decisoria (que siempre será una de las partes en el procedimiento que se sustancie ante él) para que esta, por analogía, pueda activar el mecanismo previsto en el artículo 18 de la Directiva 2013/32/UE, y proporcionar al órgano jurisdiccional nacional los resultados del reconocimiento médico del demandante, cuando considere que las medidas nacionales son contrarias al principio de eficacia?
4) ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE, en relación con el artículo 47 de la Carta, en el sentido de que en los supuestos en los que se determine la falta de mecanismos adecuados para efectuar el examen individual, completo y ex nunc, previsto en el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE, se cumplen las garantías previstas en tales artículos cuando el órgano jurisdiccional nacional es competente para anular la decisión desestimatoria de una solicitud de protección internacional?"


BOE de 5.8.2024


- Declaraciones de España relativas al Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, a su Protocolo Adicional y a su Segundo Protocolo Adicional.

Nota: Estas Declaraciones surten efectos desde el 15 de julio de 2024.

Véase el Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal (ETS 030 o número 30 del Consejo de Europa), el Protocolo Adicional (ETS 099) de 1978, así como su Segundo Protocolo adicional (ETS 182) de 2001.

[BOE n. 188, de 5.8.2024]


domingo, 4 de agosto de 2024

Bibliografía - Novedad editorial


 La editorial Tirant lo Blanch, en su colección Cuadernos CDNIC, acaba de publicar la obra "Los efectos económicos del matrimonio en el Derecho inglés - Property consequences of marriage in English Law", de la que es autor Alfonso Ybarra Bores.

Una de las características del Derecho inglés es la inexistencia de la institución del régimen económico matrimonial; el matrimonio de por sí no produce ninguna consecuencia sobre los bienes de los cónyuges, esto es, carece de impacto alguno respecto de la propiedad, que permanece inmutable, no produciéndose una confusión de patrimonios. Del mismo modo, ninguno de los cónyuges adquiere la facultad de administrar los bienes del otro tras la celebración del matrimonio, y ello se aplica en relación a los bienes adquiridos tanto antes como después del matrimonio. Partiendo de esta peculiar situación, en la presente obra se analizan los efectos económicos que puede producir el matrimonio en el Derecho inglés, principalmente en los supuestos de divorcio -regulados con detalle en la Matrimonial Causes Act 1973-, pero también en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges. Además, se analizarán los complejos problemas que en esta materia se pueden plantear en el marco de los litigios internacionales en supuestos de crisis matrimoniales en los que se encuentren implicados intereses tanto del foro inglés como del español.

Extracto del índice de la obra:

I. EL DERECHO INGLÉS EN EL MARCO DE LOS GRANDES SISTEMAS ECONÓMICO-MATRIMONIALES.
1. Ubicando el Derecho inglés.
2. El Derecho inglés frente a los principales regímenes económicos matrimoniales.
II. LA MATRIMONIAL PROPERTY EN EL DERECHO INGLÉS.
1. El punto de partida: la no existencia de régimen económico matrimonial.
2. Los efectos económicos del matrimonio ante el divorcio o el fallecimiento de uno de los cónyuges.
III. ALGUNAS CONSECUENCIAS PATRIMONIALES TRAS EL FALLECIMIENTO DE UNO DE LOS CÓNYUGES.
IV. LAS FINANCIAL ORDERS EN LA MATRIMONIAL CAUSES ACT 1973.
1. Las financial orders: concepto y clases.
2. Los elementos a tener en cuenta a la hora de dictar una financial order.
3. La determinación y valoración de los bienes matrimoniales.
V. EL ‘SHARING PRINCIPLE’ Y EL ‘PRINCIPLE OF NEED’.
1. El origen y justificación de ambos principios.
2. El sharing principle.
3. El principle of need.
VI. EL DERECHO INGLÉS Y LOS EFECTOS ECONÓMICOS DEL MATRIMONIO EN EL ÁMBITO DE LOS LITIGIOS INTERNACIONALES.
1. Londres como capital mundial de los grandes divorcios: forum shopping y rush to the courts
2. Las complejas relaciones entre los sistemas de civil law y el Derecho inglés.
3. La Ley aplicable a los efectos económicos del matrimonio en el Derecho internacional privado inglés.
4. Un factor desestabilizador desde la perspectiva del foro español: la descoordinación entre los Reglamentos 2016/1103 y 650/2012.
5. La matrimonial property ante el foro español.
Ficha:

A. Ybarra Bores
"Los efectos económicos del matrimonio en el Derecho inglés - Property consequences of marriage in English Law"
Editorial Tirant lo Blanch - Colección Cuadernos CDNIC, núm. 5, junio 2024.
140 págs. - 16,90 € (Papel), 11,00 € (eBook)
ISBN: 978-84-1056-506-7 (Papel) - 978-84-1056-507-4 (eBook)


Revista de revistas (23 de junio a 4 de agosto)

 

- Cuadernos de Derecho y Comercio: núm. 81 (2024).

- Cuadernos Europeos de Deusto: núm. 71 (2024) [Medio Ambiente, Seguridad y Salud].

- LA LEY Insolvencia: núm. 28 (2024).

- LA LEY Privacidad: núm. 20 (2024).

- Revista de Derecho Civil: 2024, núm. 1; 2024, núm. 2.

- Zeitschrift für europäisches Privatrecht [ZEuP]: 2024, núm. 1; 2024, núm. 2.


sábado, 3 de agosto de 2024

Revisión del Reglamento de la UE sobre control de la inversión extranjera directa


 European Parliament - Revision of the EU Foreign Direct Investment Screening Regulation

 

In 2019, the European Union adopted the Foreign Direct Investment (FDI) Screening Regulation (Regulation 2019/452/EU), applied since October 2020. The regulation provides the EU with a framework for screening incoming foreign direct investment (FDI) from third-countries, with the objective of better equipping the EU to identify, assess and mitigate potential risks certain FDIs pose to the security or public order of the Union or its Member States. These concern, for example, access to sensitive information, security of supply of critical inputs, and control over crucial technologies. 

According to the FDI Regulatory Restrictiveness Index of the Organisation for Economic Co operation and Development (OECD) the EU has one of the world's most open investment regimes, and FDI from countries outside the EU is a driver of economic growth and jobs. The relevance of FDI as a source of economic activity has increased over the past two decades, with over 35 % of EU assets owned by foreign (non-EU) investors. Foreign investment increasingly focuses on critical infrastructure and advanced technology sectors, such as telecommunications. This has raised concern in the EU about the consequences that foreign acquisitions of EU businesses may have on security and public order, particularly in the Union's strategic sectors. 

In January 2024, the European Commission presented a proposal for the revision of the FDI Screening Regulation, part of the Commission work programme, accompanied by an extensive evaluation of the current framework. The proposal for a revised regulation includes the mandatory establishment of national FDI screening mechanisms for all Member States, a set of minimum assessment criteria for investments, and expanding the scope to include investment made by EU-based entities, but controlled by foreign investors. This briefing discusses the implementation of the current FDI Screening Regulation in EU Member States on the basis of the Commission evaluation findings, other institutional reports, and expert analysis.

 

Breefing (22-07-2024)


BOE de 3.8.2024


- Auto de 23 de julio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que acuerda la adopción de la medida cautelar consistente en suspender cautelarmente la vigencia del Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, de ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza (homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros).

- Auto de 23 de julio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que acuerda la adopción de la medida cautelar consistente en suspender cautelarmente la vigencia del Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, de ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza (homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros).

- Auto de 23 de julio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que acuerda la adopción de la medida cautelar consistente en suspender cautelarmente la vigencia del Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, de ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza (homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros).

- Auto de 23 de julio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que acuerda la adopción de la medida cautelar consistente en suspender cautelarmente la vigencia del Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, de ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza (homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros).

- Auto de 23 de julio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que acuerda la adopción de la medida cautelar consistente en suspender cautelarmente la vigencia del Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, de ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza (homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros).

- Auto de 23 de julio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que acuerda la adopción de la medida cautelar consistente en suspender cautelarmente la vigencia del Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, de ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza (homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros).

- Auto de 23 de julio de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que acuerda la adopción de la medida cautelar consistente en suspender cautelarmente la vigencia del Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, de ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980, de 26 de septiembre, en materia de enseñanza (homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros).

Nota: En las resoluciones anteriores, adoptadas en el marco de las piezas de medidas cautelares correspondientes a distintos recursos, el TS acuerda suspender cautelarmente la vigencia del Real Decreto 366/2024 de ampliación de funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 2808/1980 en materia de enseñanza (homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros).

[BOE n. 187, de 3.8.2024]

 

viernes, 2 de agosto de 2024

DOUE de 2.8.2024


- Reglamento Delegado (UE) 2024/2059 de la Comisión, de 31 de mayo de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la prórroga de la suspensión temporal de la exención de visado para los nacionales de Vanuatu
[DO L, 2024/2059, 2.8.2024]

Nota: Vanuatu figura en el anexo II del Reglamento (UE) 2018/1806 entre los terceros países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros para estancias inferiores a 90 días por período de 180 días. La exención de la obligación de visado para los nacionales de Vanuatu es aplicable desde el 28 de mayo de 2015, cuando se firmó el Acuerdo entre la UE y Vanuatu sobre exención de visados para estancias de corta duración (véase la entrada de este blog del día 3.7.2015), que comenzó a aplicarse con carácter provisional de conformidad con el artículo 8, apartado 1 del Acuerdo. El Acuerdo entró en vigor el 1 de abril de 2017.
Desde el 25 de mayo de 2015, Vanuatu aplica regímenes de ciudadanía para inversores mediante los cuales los nacionales de terceros países que normalmente estarían sometidos a la obligación de visado tienen la posibilidad de adquirir la ciudadanía de Vanuatu a cambio de inversiones, obteniendo así el acceso a la Unión sin visado.
La Comisión concluyó que la concesión de la ciudadanía por parte de Vanuatu en virtud de los regímenes de ciudadanía para inversores constituye un incremento del riesgo para la seguridad interior y el orden público de los Estados miembros y adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/693, relativo a la suspensión temporal de la exención de visado para los nacionales de Vanuatu (véase la entrada de este blog del día 3.5.2022). La suspensión era aplicable del 4 de mayo de 2022 al 3 de febrero de 2023.
Tras el inicio de la aplicación de dicho Reglamento de Ejecución, la Comisión estableció un diálogo reforzado con Vanuatu con objeto de subsanar las circunstancias que dieron lugar a la suspensión temporal de la exención de visado. Sin embargo, Vanuatu no colaboró de manera significativa durante esta fase del diálogo. Por consiguiente, dado que las circunstancias que condujeron a la suspensión persistieron, el 1 de diciembre de 2022 la Comisión adoptó el Reglamento Delegado (UE) 2023/222, por el que se suspendía temporalmente la aplicación del anexo II durante un período de dieciocho meses a todos los nacionales de Vanuatu (véase la entrada de este blog del día 3.2.2023). La suspensión es aplicable desde el 4 de febrero de 2023 hasta el 3 de agosto de 2024. Tras la entrada en vigor de dicho Reglamento Delegado, la Comisión prosiguió el diálogo con Vanuatu, con cuatro reuniones celebradas entre febrero de 2023 y abril de 2024 y numerosos intercambios de información por escrito. La mayoría de las preocupaciones relacionadas con los regímenes de ciudadanía para inversores gestionados por Vanuatu que la Comisión presentó en el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/693 aún persisten.
Entre los países de origen de los solicitantes seleccionados en 2022 y 2023 se incluyen principalmente países cuyos nacionales necesitan un visado para estancias de corta duración en la Unión. En 2023, la mayoría de las solicitudes procedían de nacionales de China (519) y Rusia (237). A diferencia de otros terceros países que gestionan regímenes de ciudadanía para inversores, Vanuatu ha seguido aceptando y tramitando las solicitudes de nacionales rusos tras el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.
Antes de que finalice el período de validez del Reglamento Delegado (UE) 2023/222, la Comisión ha presentado un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se describe detalladamente el diálogo con Vanuatu y se concluye que Vanuatu no ha subsanado las circunstancias que condujeron a la suspensión. Dicho informe va acompañado de una propuesta legislativa de modificación del Reglamento (UE) 2018/1806 con el fin de transferir la referencia a Vanuatu del anexo II al anexo I del Reglamento (UE) 2018/1806 y, por tanto, restablecer de forma permanente la obligación de visado para los nacionales de Vanuatu. De conformidad con el artículo 8, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 2018/1806, cuando la Comisión haya presentado dicha propuesta legislativa, el período de suspensión de la exención de la obligación de visado en relación con Vanuatu debe ampliarse en seis meses, y la nota a pie de página debe modificarse en consecuencia.

Este Reglamento será aplicable del 4 de agosto de 2024 al 3 de febrero de 2025.

- Decisión (UE) 2024/2087 de la Comisión, de 31 de julio de 2024, por la que se confirma la participación de Irlanda en la Directiva (UE) 2024/1346 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional
[DO L, 2024/2087, 2.8.2024]

Nota: Véase la Directiva (UE) 2024/1346, así como la entrada de este blog del día 22.5.2024.

- Decisión (UE) 2024/2088 de la Comisión, de 31 de julio de 2024, por la que se confirma la participación de Irlanda en el Reglamento (UE) 2024/1351 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión del asilo y la migración, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2021/1147 y (UE) 2021/1060
[DO L, 2024/2088, 2.8.2024]

Nota: Véase el Reglamento (UE) 2024/1351, así como la entrada de este blog del día 22.5.2024.
- Decisión (UE) 2024/2089 de la Comisión, de 31 de julio de 2024, por la que se confirma la participación de Irlanda en el Reglamento (UE) 2024/1348 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión
[DO L, 2024/2089, 2.8.2024]

Nota: Véase el Reglamento (UE) 2024/1348, así como la entrada de este blog del día 22.5.2024.

- Decisión (UE) 2024/2092 de la Comisión, de 31 de julio de 2024, por la que se confirma la participación de Irlanda en el Reglamento (UE) 2024/1359 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se abordan las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo
[DO L, 2024/2092, 2.8.2024]

Nota: Véase el Reglamento (UE) 2024/1359, así como la entrada de este blog del día 22.5.2024.

- Decisión (UE) 2024/2093 de la Comisión, de 31 de julio de 2024, por la que se confirma la participación de Irlanda en el Reglamento (UE) 2024/1350 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Marco de Reasentamiento y Admisión Humanitaria de la Unión
[DO L, 2024/2093, 2.8.2024]

Nota: Véase el Reglamento (UE) 2024/1350, así como la entrada de este blog del día 22.5.2024.

- Decisión (UE) 2024/2099 de la Comisión, de 31 de julio de 2024, por la que se confirma la participación de Irlanda en el Reglamento (UE) 2024/1347 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas que pueden acogerse a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida
[DO L, 2024/2099, 2.8.2024]

Nota: Véase el Reglamento (UE) 2024/1347, así como la entrada de este blog del día 22.5.2024.

- Decisión (UE) 2024/2100 de la Comisión, de 31 de julio de 2024, por la que se confirma la participación de Irlanda en el Reglamento (UE) 2024/1358 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la creación del sistema Eurodac para la comparación de datos biométricos
[DO L, 2024/2100, 2.8.2024]

Nota: Véase el Reglamento (UE) 2024/1358, así como la entrada de este blog del día 22.5.2024.

- Nueva reforma de las normas sobre fiscalidad de las empresas
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2023, sobre la nueva reforma de las normas sobre fiscalidad de las empresas (2022/2146(INI))
[DO C, C/2024/4165, 2.8.2024]

- Frontex: investigación del Grupo de Trabajo para el Control de Frontex de la Comisión LIBE
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2023, sobre Frontex a partir de la investigación del Grupo de Trabajo para el Control de Frontex de la Comisión LIBE (2023/2729(RSP))
[DO C, C/2024/4184, 2.8.2024]

- Reconocimiento de las cualificaciones profesionales de los enfermeros responsables de cuidados generales formados en Rumanía
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2023, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica y corrige la Directiva 2005/36/CE en lo que se refiere al reconocimiento de las cualificaciones profesionales de los enfermeros responsables de cuidados generales formados en Rumanía (COM(2023)0502 – C9-0324/2023 – 2023/0307(COD)) (Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
[DO C, C/2024/4192, 2.8.2024]

- Autorización por la que se faculta a Francia para negociar un acuerdo bilateral con Argelia sobre cooperación judicial en materia civil y mercantil
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2023, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a una autorización dirigida a Francia para negociar un acuerdo bilateral con Argelia sobre asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia civil y mercantil (COM(2023)0065 – C9-0019/2023 – 2023/0028(COD)) (Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
[DO C, C/2024/4193, 2.8.2024]

- Autorización por la que se faculta a Francia para negociar un acuerdo bilateral con Argelia sobre cooperación judicial en materia civil relativa al Derecho de familia
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2023, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a una autorización dirigida a Francia para negociar un acuerdo bilateral con Argelia sobre asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia de Derecho de familia (COM(2023)0064 – C9-0026/2023 – 2023/0027(CNS)) (Procedimiento legislativo especial – consulta)
[DO C, C/2024/4194, 2.8.2024]

- Competencia, Derecho aplicable, reconocimiento de las resoluciones y aceptación de los documentos públicos en materia de filiación y creación de un certificado de filiación europeo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2023, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, al Derecho aplicable, al reconocimiento de las resoluciones y a la aceptación de los documentos públicos en materia de filiación y a la creación de un certificado de filiación europeo (COM(2022)0695 – C9-0002/2023 – 2022/0402(CNS)) (Procedimiento legislativo especial – consulta)
[DO C, C/2024/4201, 2.8.2024]


BOE de 2.8.2024


- Ley 2/2024, de 1 de agosto, de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

Nota: En relación en su ámbito de aplicación, el artículo 6 (accidentes e incidentes de aviación civil) establece:

"1. La Autoridad investigará los accidentes e incidentes graves en la aviación civil a que está obligada de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 996/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010.
Así mismo, la Autoridad podrá decidir investigar los demás incidentes de aviación civil, así como los accidentes o incidentes graves en otro tipo de aeronaves, producidos en el territorio sobre el que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción conforme a los tratados internacionales y la legislación vigente o, fuera del mismo, cuando una persona de nacionalidad española haya sufrido daños relevantes, en virtud de los acuerdos de cooperación o colaboración que se suscriban al respecto, cuando se considere que de dicha investigación pueden derivarse enseñanzas para la mejora de la seguridad.
2. Por accidente, incidente e incidente grave de aviación civil, se entenderán los sucesos así definidos en el artículo 2 del Reglamento (UE) 996/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE.
3. La Autoridad actuará conjuntamente con la Comisión para la Investigación Técnica de los Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM) en los accidentes e incidentes graves de la aviación civil en los que se vean involucradas aeronaves o dependencias militares de servicios de tránsito aéreo."

Por su parte, en el artículo 28 (colaboración con otras Autoridades de Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes) se establece:

"1. La Autoridad podrá participar o aceptar la invitación a participar en la investigación de un accidente o incidente fuera del territorio español.
La Autoridad podrá invitar a las autoridades de investigación de otros Estados a participar en la investigación técnica que realice sobre accidentes e incidentes producidos en territorio español, aceptando la incorporación de personas expertas en el equipo de investigación, bajo el control y dirección del investigador o investigadora encargado, y con las facultades previstas en el artículo 8.4 que este determine. Esta participación se podrá formalizar en el correspondiente acuerdo en el que se determinarán los elementos esenciales de la colaboración entre ambas Autoridades de investigación.
2. Podrán suscribirse acuerdos para la delegación de competencias de investigación en autoridades de otros Estados, así como para la asunción por la Autoridad de la delegación de competencias recibida de otros Estados.
En caso de delegación de la competencia de investigación en otro Estado, la autoridad delegada podrá disponer de las facultades previstas en el artículo 8.4.
3. En el caso de accidentes o incidentes ferroviarios que se produzcan en una instalación fronteriza de otro Estado miembro de la Unión Europea o cerca de la misma o respecto a los que no sea posible determinar en qué Estado miembro se han producido, la Autoridad acordará con el organismo correspondiente del otro Estado cuál de ellos se encargará de la investigación o bien llevarla a cabo en colaboración. En el primer caso, el otro organismo podrá participar en la investigación y ambos compartirán plenamente sus resultados.
Cuando en un accidente o incidente ferroviario esté implicada una empresa ferroviaria establecida, o un vehículo registrado o mantenido en otro Estado miembro de la Unión Europea, se invitará a participar en la investigación al organismo de investigación de accidentes ferroviarios de dicho Estado. De igual manera, cuando un vehículo esté registrado o mantenido en España y se vea involucrado en un incidente o accidente en otro Estado miembro, la Autoridad colaborará con el organismo competente en la investigación del suceso. La Autoridad compartirá información con los organismos competentes del otro país cuando se produzcan sucesos en las estaciones fronterizas y en las secciones internacionales.
4. En el caso de accidentes o incidentes marítimos, la Autoridad colaborará y prestará la asistencia que le sea requerida en las investigaciones técnicas marítimas que lleven a cabo otros Estados miembros de la Unión Europea.
Cuando en las investigaciones técnicas marítimas participen otros Estados miembros, la Autoridad cooperará para acordar lo antes posible quién asumirá la función de investigador principal. En este supuesto, se comunicarán los representantes acreditados para formar parte del equipo de investigación, y se concertarán los procedimientos de investigación. Los Estados miembros que participen en una investigación en la que España ejerza la función de investigador principal, tendrán los mismos derechos e igual acceso a los testimonios y pruebas, y derecho a que su punto de vista sea tenido en cuenta.
La realización de investigaciones técnicas marítimas paralelas respecto del mismo accidente o incidente marítimo se limitará estrictamente a casos excepcionales, notificándose a la Comisión Europea las razones por las que se realizan.
Cuando se inicie una investigación por un accidente o incidente marítimo en el que se vea implicado un buque de pasaje de transbordo rodado o una nave de pasaje de gran velocidad, en los términos señalados en el artículo 5.2, la Autoridad será responsable de la investigación de seguridad y la coordinación con otros Estados miembros hasta que se disponga de mutuo acuerdo cuál será el Estado investigador principal.
La Autoridad colaborará con terceros países que no sean Estados miembros de la Unión Europea en los términos previstos en los tratados y convenios internacionales firmados por España, y de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente.
5. En el caso de accidentes o incidentes de aviación civil, la Autoridad podrá solicitar la asistencia de las autoridades correspondientes de otro Estado.
Igualmente, en el caso de accidentes o incidentes graves de aviación civil, la Autoridad notificará el mismo al país que tenga la condición de Estado de matrícula, Estado del explotador de la aeronave, Estado de diseño y/o el Estado de fabricación, a los efectos de que estos le comuniquen inmediatamente si tienen o no la intención de nombrar a un representante acreditado de conformidad con las normas internacionales y prácticas recomendadas."

- Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I.

Nota: El artículo 7 regula la colaboración internacional del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en los siguientes términos:
"El Consejo, a través de la Presidencia, colaborará con los órganos de naturaleza análoga de otros Estados y con los organismos internacionales en materia de transparencia y buen gobierno. Su actividad en este ámbito se desarrollará en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación."

[BOE n. 186, de 2.8.2024]


jueves, 1 de agosto de 2024

DOUE de 1.8.2024


- Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Angola relativo a la Facilitación de las Inversiones Sostenibles
[DO L, 2024/2131, 1.8.2024]

Nota: El Acuerdo entre la UE y Angola entrará en vigor el 1 de septiembre de 2024.

Véase el Acuerdo bilateral, así como la entrada de este blog del día 8.3.2024.