Trabajos publicados en el Diario La Ley Unión Europea, núm. 60, de día 29 de junio de 2018:
TRIBUNA
-Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO, Implicaciones del Brexit sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual: estado de la cuestión.
Los términos de la separación del Reino Unido de la Unión Europea en lo relativo a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual han sido en buena medida ya acordados en el marco del Borrador de Acuerdo de Retirada. Particular atención merecen las previsiones relativas a los derechos unitarios, como las marcas de la Unión y los diseños comunitarios, así como lo relativo al agotamiento de derechos. Al margen del Acuerdo, también ha habido novedades acerca de las perspectivas en relación con el registro de nombres de dominio bajo ".eu". Además, la ratificación por el Reino Unido del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes dota de renovado interés a la interacción entre el Brexit y el establecimiento de la patente europea con efecto unitario.
DOCTRINA
-Iñigo IRURETAGOIENA AGIRREZABALAGA, La sentencia del TJUE en el asunto Achmea: el adiós al arbitraje de inversiones de los APPRI intra-UE en la Unión Europea (y algo más).
La sentencia del TJUE en al asunto Achmea viene a marcar un hito en la historia del arbitraje de inversiones en la UE. El Tribunal de Justicia, en contra de la posición defendida por el abogado general, ha declarado que los arts. 344 TFUE y 267 TFUE se oponen al arbitraje inversor-Estado previsto en un APPRI intra-UE. El TJUE emplea una argumentación con luces y sombras, pero en línea con su tradicional posición de reticencia mantenida ante los tribunales externos al sistema jurisdiccional de la UE. La decisión abre un nuevo tiempo donde la lógica parece imponer la terminación de los APPRI intra-UE todavía hoy en vigor. No obstante, en atención a la argumentación seguida por el Tribunal de Justicia, las consecuencias de Achmea pueden ir mucho más allá de los APPRI intra-UE. El arbitraje del Tratado de la Carta de la Energía, el de los APPRI extra-UE y, quizás, los nuevos ISDS de los futuros acuerdos comerciales y de inversión de la UE, pueden llegar sentir, c on mayor o menor intensidad, el efecto Achmea.
SENTENCIAS SELECCIONADAS
-Maria ÁLVAREZ TORNÉ, La incidencia de los procedimientos obligatorios de conciliación a los efectos de la operatividad de la litispendencia internacional. Comentario a la STJUE de 20 de diciembre de 2017, asunto C-467/16, Schlömp.
El Tribunal de Justicia aborda en este pronunciamiento cómo afecta a la interpretación de la litispendencia internacional en el marco de los artículos 27 y 30 del Convenio de Lugano II la obligación de iniciar un procedimiento de conciliación ante un órgano de conciliación propio del Derecho suizo.
-Mónica RUIZ-COELLO FRONTANA, Determinación de la competencia judicial internacional en litigios sobre contratos de concesión. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2018, Asunto C-64/17: Saey Home & Garden.
La Sentencia de 8 de marzo de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-64/17) considera el presente contrato de concesión dentro del concepto de "prestación de servicios", resolviendo el órgano jurisdiccional competente para conocerlo, a la vez que analiza la posible validez de las cláusulas de sumisión contenidas en las condiciones generales de la contratación cuando la misma se encuentre contenida en unas facturas.
-Belén del Mar LÓPEZ INSUA, Compatibilidad entre pensiones de igual naturaleza y protección de colectivos vulnerables. Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2018, asunto C-431/16: Blanco Marqués
Una de las cuestiones más litigiosas que se plantean en materia de protección social es precisamente aquel relativo a la compatibilidad o incompatibilidad entre pensiones. A este respecto, aunque la doctrina judicial española haya dictado fallos contrarios al mantenimiento del complemento del 20% por Incapacidad Permanente Total y el percibo de una pensión de jubilación en otro Estado miembro, lo cierto es que paulatinamente esa tesis ha ido cambiando en un sentido más beneficioso a la protección de aquellos colectivos más vulnerables. Los constantes litigios que se plantean en relación a la interpretación normativa nacional y comunitaria deben resolverse siempre en un sentido favorable al trabajador, de acuerdo con la finalidad teleológico que expresan las leyes.
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