Entre los acuerdos tomados por el Consejo de Ministros en su sesión de ayer, viernes 21, cabe destacar los siguientes (véase la referencia de la sesión):
-Encomendar al Consejo de Estado la elaboración de una propuesta de reforma de la Constitución Española y solicitarle informe complementario sobre el procedimiento para la tramitación de la reforma constitucional.
-Informar el Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. Este Anteproyecto de Ley supone la reforma del CCiv, de la LECiv, la LH y la LRC, y sienta las bases para el cambio del sistema actualmente vigente en nuestra legislación, en el que predomina la sustitución por orden judicial en la toma de decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas que, como regla general, serán las encargadas de tomar sus propias decisiones. La reforma se basa en la idea central del apoyo a la persona que pueda tener alguna dificultad en el ejercicio de su capacidad de obrar, abarcando desde el acompañamiento amistoso, a la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, o incluso, la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad. La nueva regulación otorga preferencia a las medidas preventivas, es decir, a las que puede tomar la persona interesada en previsión de una futura necesidad de apoyo, como son los poderes y mandatos preventivos, a la vez que potencia otras medidas con carácter externo, como la guarda de hecho. Además, regula las instituciones de la curatela y el defensor judicial y reserva la tutela a los mayores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad. La reforma afecta también a otras normas relativas al Derecho Internacional Privado, a los actos relativos a la nacionalidad, al matrimonio o la filiación, así como a algunas reglas del Derecho de sucesiones y de contratos.
Las novedades introducidas por la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad firmada en Nueva York en 2006, ha obligado desde 2011 a la adaptación del ordenamiento jurídico español en todos sus campos. Este tratado proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con todas las demás, y conmina a los Estados a proporcionar los apoyos pertinentes que estas personas puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica para impedir que se produzcan abusos y vulneración de sus derechos. La discapacidad que había quedado sin regular en España conforme a los principios de la Convención era la discapacidad intelectual, a lo que ahora se da respuesta.
-Acordar remitir a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por el mismo, del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre España y Filipinas, en virtud de lo establecido en el artículo 94.1 e) de las Constitución Española.
-Acordar la aceptación de la enmienda al Anexo del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre España y Argelia, de 2007, que introduce mayor flexibilidad en la elección de puntos en Argelia, puntos intermedios, puntos en España y puntos más allá para las rutas explotadas por compañías de ambos países.
-Aprobar un Acuerdo aceptando la enmienda al Anexo del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre España y China, de 1978, que enumera las rutas que pueden ser explotadas por las empresas de los respectivos Estados, introduce mayor flexibilidad en la elección de puntos en China continental, puntos intermedios, puntos en España y puntos más allá para las rutas explotadas por compañías de ambos países, facilitando de esa manera las oportunidades comerciales de las mismas.
-Autorizar a la Agencia Estatal de Investigación a publicar la convocatoria 2018 de ayudas para la contratación laboral de investigadores pre doctorales por importe de 102,4 millones de euros. Esta cantidad servirá para financiar a universidades, organismos públicos de investigación y otros centros de I+D públicos o privados sin ánimo de lucro para que contraten a investigadores en formación doctoral y realicen su tesis asociada a un proyecto de investigación. También contempla una cantidad adicional para cubrir gastos derivados de la realización de estancias en centros de I+D y la matrícula en las enseñanzas de doctorado. La ayuda anual para cada uno de los contratos será de 20.500 euros, con un salario mínimo de 16.422 euros brutos anuales. Las ayudas se destinan a cofinanciar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social del personal contratado.
-Autorizar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades la convocatoria 2018 de Ayudas a la Formación de Profesorado Universitario por un importe de 71,3 millones de euros para la contratación de investigadores en universidades y centros de investigación. Esta actuación permitirá la contratación de 850 investigadores durante cuatro años. La ayuda anual para cada uno de los contratos será de 1.368,50 euros mensuales y el coste de la cuota empresarial también será financiado por el Ministerio. Estas ayudas pueden ser complementadas con financiación adicional con cargo a los presupuestos de los centros de adscripción contratantes.
-Examinar el Informe sobre España como un país de conocimiento e innovación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios son responsabilidad exclusiva de su autor. Se reserva el derecho de eliminar cualquier comentario contrario a las leyes o a las normas mínima de convivencia y buena educación.