Consejo de Ministros de 7 de septiembre de 2018

Según la referencia de la sesión del Consejo de Ministros celebrada hoy, 7 de septiembre, cabe destacar los siguientes acuerdos:

-Autorizar el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Costa Rica sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales. El Acuerdo está dirigido únicamente a los nacionales de ambos países con permiso de conducción en vigor expedido por las autoridades competentes de su país y con residencia legal en el territorio de la otra Parte. Se trata de un reconocimiento recíproco entre permisos de conducción. Busca que el canje de dichos permisos nacionales entre ambos países pueda formalizarse mediante un simple Canje de Notas. Ello es posible porque tanto las clases de permisos, como las condiciones que se exigen y las pruebas que se realizan para la obtención de los mismos son homologables entre España y la República de Costa Rica. Además, ambos países se ajustan a las disposiciones de la Convención sobre Circulación por Carretera y Señales de Tráfico de 1968.

-Autorizar la firma del Convenio entre España y Perú sobre cooperación en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia, que busca profundizar en la cooperación policial entre ambos países y prevenir acciones terroristas mediante la colaboración mutua. Su articulado responde a la preocupación de ambos países por los fenómenos delincuenciales, especificando los delitos a los que se extenderá. Son especialmente relevantes las previsiones relativas a la lucha contra el crimen organizado, con referencia específica al terrorismo, así como la colaboración en la actividad operativo-investigadora de las distintas modalidades delictivas: tráfico de personas, narcotráfico y nuevas formas de delincuencia transnacional organizada.

-Tomar conocimiento de la entrada en vigor de las enmiendas a los apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias (CMS), que incorpora o refuerza la protección de 34 especies. Seis de las especies objeto de esta modificación del tratado internacional tienen área de distribución en España. Entre ellas, los tiburones azul y arenero, el alcaudón chico y el pez guitarra común, que se incluye en el Apéndice I, que lista a las especies con mayor grado de amenaza.

La Convención de la CMS aprobó, el pasado mes de octubre en Manila (Filipinas), la inclusión de 34 especies migratorias en los dos apéndices de su convenio. Además de las seis que incluyen a España en su área de distribución, el tratado ahora incorpora o refuerza la protección de especies como la jirafa, el chimpancé, el leopardo, el león, el tiburón ballena y diez especies de buitre, entre otras.

-Solicitar a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del día 14 de septiembre, en relación con el Anteproyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.

-Aprobar el informe sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración Periférica del Estado en 2017. El Informe, elaborado en cumplimiento de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge las principales actuaciones de gestión impulsadas para la prestación de los servicios a los ciudadanos por las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, en las áreas de Salud Pública y Protección Ciudadana, Atención a los Ciudadanos, Economía y Desarrollo Social y Gestión y Mayor Eficiencia de los Medios.

• Entre las actuaciones llevadas a cabo cabe destacar la realizada en puestos de inspección fronterizos y otras instalaciones fronterizas de control sanitario de mercancías: Se ha realizado el control sanitario en 669.587 partidas en el tráfico internacional de mercancías, un 11,3% más que en 2016. En el periodo 2015-2017 el incremento total ha sido del 24,1%, un incremento espectacular de la actividad.
• Por lo que se refiere a los centros de vacunación internacional (CVI) y otras actividades de los servicios médicos, se han administrado 86.243 vacunas en los 29 CVI y se ha atendido a 139.416 viajeros. Ambos datos son los más elevados de la serie histórica 2013-2017: en este periodo 2013-2017 se han incrementado en cerca de un 23% las vacunas administradas y en un 29,3% los viajeros atendidos.
• En relación con la violencia de género, las actuaciones de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer han seguido una tendencia creciente, con un total de 60.168 fichas de seguimiento de casos de mayor riesgo y especial vulnerabilidad en 2017, frente a las 51.205 del 2016.
• En las actuaciones en el ámbito de la extranjería, se han presentado en las Oficinas de Extranjería 684.580 solicitudes de autorizaciones, es decir, un 2,2% más que en 2016, al tiempo que se han resuelto 695.789 expedientes, un 7% más que el año anterior.
• Cabe destacar que las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno son órganos multitrámite que prestan un gran número de servicios relacionados con diversas áreas de actuación: En 2017 las solicitudes tramitadas derivadas de la gestión del contingente se cifran en 9.230, con un gran aumento frente a 2016, en que se presentaron 1.636 solicitudes. Asimismo se han tramitado 14.697 expedientes de certificados y ayudas de emigrantes retornados, un 15,4% más que en 2016, y 465 reclamaciones de salarios de tramitación en juicios por despido y cuotas a la Seguridad Social. 45.396 expedientes de asistencia jurídica gratuita que la Constitución Española reconoce a los ciudadanos sin recursos. Y 29.753 manifestaciones y reuniones con un incremento del 3,8% frente a 2016.
• Finalmente, las Delegaciones del Gobierno en las Islas Baleares y Canarias han tramitado en las Áreas de Fomento 6.919 solicitudes de ayudas al transporte de mercancías para Canarias e Islas Baleares. En el 2017 ha sido la Delegación del Gobierno en Canarias la que ha presentado más del 90% de las solicitudes de ayuda.

-Tomar conocimiento del informe del Anteproyecto de Ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia. Este documento tiene como objetivo la prevención y protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier situación de violencia y forma parte del paquete de medidas para garantizar la protección a la infancia que ha puesto en marcha el Gobierno.

De acuerdo con la definición de violencia de la Convención de los Derechos del Niño la nueva Ley contemplará la prohibición expresa de toda forma de violencia contra los niños y adolescentes. Además, fomentará la sensibilización ciudadana de rechazo, con especial atención a los colectivos de mayor vulnerabilidad como son los menores con discapacidad, los menores extranjeros no acompañados, las victimas de trata y los colectivos LGTBI. El interés superior del niño, la igualdad y la no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo en la máxima medida posible de la protección a la infancia ante cualquier forma de violencia son los principios en los que se asienta esta futura normativa.

Una Ley que será de carácter integral al abarcar todos y cada uno de los sectores y ámbitos con los que conviven los niños menores de edad: familia, educación, entorno socio-sanitario, medios de comunicación y redes sociales, deporte y ocio, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y operadores jurídicos. Para todo ello, se pondrá en marcha un registro único de información sobre menores víctimas que permita focalizar toda la información estadística sobre la violencia ejercida sobre la infancia y la adolescencia. También se actualizarán materias relativas a la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones, voluntariado y actividades que impliquen trato con menores con especial referencia a los supuestos de privación de patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento y adopción, velando por el interés del menor. La norma también incidirá en la importancia de la prevención de la restauración del derecho a las víctimas y el respecto a las necesidades de cada uno de ellos en el momento de la intervención. Una Ley que también recogerá el deber de denuncia por parte de la ciudadanía y de los entornos familiares y profesionales que tengan conocimiento de cualquier indicio de violencia.

Se prevé que el Consejo de Ministros pueda aprobar este Anteproyecto de Ley antes de que acabe el año.