martes, 19 de junio de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (19.6.2018)


-ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 19 juin 2018, dans l’affaire C‑181/16 (Gnandi): Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Article 3, point 2 – Notion de “séjour irrégulier” – Article 6 – Adoption d’une décision de retour avant l’issue du recours contre le rejet de la demande de protection internationale par l’autorité responsable – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 18, article 19, paragraphe 2, et article 47 – Principe de non-refoulement – Droit à un recours effectif – Autorisation de rester dans un État membre.
Fallo del Tribunal: "La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lue conjointement avec la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et à la lumière du principe de non-refoulement et du droit à un recours effectif, consacrés à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption d’une décision de retour au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale, dès le rejet de cette demande par l’autorité responsable ou cumulativement avec celui-ci dans un même acte administratif et, partant, avant l’issue du recours juridictionnel contre ce rejet, à condition, notamment, que l’État membre concerné garantisse que l’ensemble des effets juridiques de la décision de retour soient suspendus dans l’attente de l’issue de ce recours, que ce demandeur puisse, pendant cette période, bénéficier des droits qui découlent de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, et qu’il puisse se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard de la directive 2008/115, notamment de l’article 5 de celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. EVGENI TANCHEV, presentadas el 19 de junio de 2018, en el asunto C‑191/17 (ING-DiBa Direktbank Austria): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria)] Procedimiento prejudicial — Servicios de pago — Directiva 2007/64/CE — Artículo 4, punto 14 — Concepto de “cuenta de pago” — Cuenta de ahorro directa online que permite acceder a los fondos de forma ilimitada pero que exige que las transferencias se lleven a cabo a través de una cuenta de referencia.
Nota: El AG sugiere al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"El artículo 4, punto 14, de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE, debe interpretarse en el sentido de que una cuenta de ahorro online, en virtud de la cual el cliente puede efectuar, mediante el sistema de banco a distancia (sin aviso previo y sin intervención especial del banco), cargos y abonos en una cuenta de referencia a su nombre (una cuenta corriente en Austria), no tiene cabida en el concepto de «cuenta de pago» definido en el referido artículo 4, punto 14, y, por lo tanto, no está comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva."

Bibliografía - DIPr y régimen jurídico de los contratos suscritos por sujetos de DIPúb con personas privadas


Derecho Internacional Privado y régimen jurídico de los contratos suscritos por sujetos de Derecho Internacional Público con personas privadas
Alfonso ORTEGA GIMÉNEZ, Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández
Diario La Ley, Nº 9221, Sección Tribuna, 19 de Junio de 2018
En las relaciones internacionales, no siempre el Estado actúa como sujeto de Derecho público, en determinados supuestos actúan como sujetos de Derecho privado, sin la posibilidad de ejecutar las inmunidades del Estado, y aplicar a dicho contrato internacional será de aplicación las normas de Derecho internacional privado.

Documentos de la Fiscalía General del Estado


Últimos documentos de la Fiscalía General del Estado:
  • Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado. Boletín de Jurisprudencia. Expulsión Judicial, art. 89 CP. Enero a junio de 2017 (4 junio 2018) [Documento]

DOUE de 19.6.2018


-Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.
Nota: De acuerdo con la exposición de motivos de esta norma, los recientes atentados terroristas han revelado la aparición de nuevas tendencias, especialmente en lo que se refiere a la manera en que se financian y ejecutan las operaciones de los grupos terroristas. Algunos servicios basados en tecnologías modernas están ganando popularidad como sistemas de financiación alternativos si bien permanecen fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión o se benefician de exenciones de requisitos jurídicos que podrían haber dejado de estar justificadas. Para seguir el ritmo de evolución de estas tendencias, es preciso adoptar nuevas medidas destinadas a garantizar una mayor transparencia de las transacciones financieras, de las sociedades y otras entidades jurídicas, así como de los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos de estructura o funciones análogas a las de tales fideicomisos, con el fin de mejorar el marco preventivo vigente y de luchar más eficazmente contra la financiación del terrorismo. Es importante mencionar que las medidas tomadas deben ser proporcionales a los riesgos.
Las Naciones Unidas, Interpol y Europol han venido informando acerca de la convergencia cada vez mayor entre la delincuencia organizada y el terrorismo. El vínculo entre delincuencia organizada y terrorismo y los lazos entre grupos criminales y terroristas constituyen una amenaza cada vez mayor para la seguridad de la Unión. Evitar que se utilice el sistema financiero para fines de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo es parte integrante de cualquier estrategia para hacer frente a tal amenaza.
Si bien ha habido mejoras significativas en la adopción y aplicación de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en el respaldo a la labor de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos en materia de transparencia por parte de los Estados miembros en los últimos años, es clara la necesidad de un mayor incremento de la transparencia global del entorno económico y financiero de la Unión. La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo no puede ser eficaz si el entorno no es hostil para los delincuentes que buscan refugio para sus finanzas a través de estructuras opacas. La integridad del sistema financiero de la Unión depende de la transparencia de las sociedades y otras entidades jurídicas, fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos. La presente Directiva no solo tiene por objeto detectar e investigar el blanqueo de capitales, sino también prevenirlo. El incremento de la transparencia podría ser un potente factor disuasorio.
Véase la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (véase la entrada de este blog del día 5.6.2015).

PARLAMENTO EUROPEO
(Sesiones del 3 al 6 de octubre de 2016, del 24 al 27 de octubre de 2016)

-Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión — Informe anual de 2014 (2015/2326(INI))

-Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre derechos humanos y migración en terceros países (2015/2316(INI))

-Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países (2015/2315(INI))

-Asistencia jurídica gratuita a los sospechosos o acusados en procesos penales y a las personas buscadas por el procedimiento de la orden de detención europea
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2016, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea (COM(2013)0824 — C7-0429/2013 — 2013/0409(COD))
P8_TC1-COD(2013)0409
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 4 de octubre de 2016 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2016/… del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en el procedimiento de la orden europea de detención.

-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a la República de Austria y a Rumanía a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Perú al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (COM(2016)0367 — C8-0234/2016 — 2016/0168(NLE))

-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a determinados Estados miembros a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Kazajistán al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (COM(2016)0368 — C8-0232/2016 — 2016/0169(NLE))

-Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a determinados Estados miembros a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de la República de Corea al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (COM(2016)0372 — C8-0233/2016 — 2016/0173(NLE)) 

lunes, 18 de junio de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-353/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom — Reino Unido) — MP / Secretary of State for the Home Department [Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 4 — Directiva 2004/83/CE — Artículo 2, letra e) — Requisitos para poder obtener la protección subsidiaria — Artículo 15, letra b) — Riesgo de daño grave para la salud psicológica del solicitante en caso de expulsión a su país de origen — Persona sometida a tortura en su país de origen]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 24.4.2018.
-Asunto C-34/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de abril de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court — Irlanda) — Eamonn Donnellan / The Revenue Commissioners (Procedimiento prejudicial — Asistencia mutua en materia de cobro de créditos — Directiva 2010/24/UE — Artículo 14 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Posibilidad de que la autoridad requerida deniegue la asistencia para el cobro por no haberse notificado debidamente el crédito)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 26.4.2018.
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-233/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeidshof te Brussel (Bélgica) el 29 de marzo de 2018 — Zubair Haqbin / Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers.
Cuestiones planteadas:
"1. ¿Debe interpretarse el artículo 20, apartados 1 a 3, de la Directiva en el sentido de que establece con carácter limitativo los casos en los que pueden reducirse o retirarse las condiciones materiales de acogida, o bien se desprende del artículo 20, apartados 4 y 5, que la retirada de las condiciones materiales de acogida también puede tener lugar como sanción para los casos de violación grave de la normativa aplicable en los centros de acogida, así como para los casos de comportamiento violento grave?
2. ¿Deben interpretarse los artículos 20, apartado 5, y 20, apartado 6, en el sentido de que, antes de adoptar una decisión de reducir o retirar las condiciones materiales de acogida o imponer una sanción, y en el marco de dichas decisiones, los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen el derecho a un nivel de vida digno durante el período de exclusión, o bien puede darse cumplimiento a esas disposiciones mediante un sistema en virtud del cual, tras la decisión de reducir o retirar las condiciones materiales de acogida, se examine si la persona que constituye el objeto de la decisión disfruta de un nivel de vida digno y, en su caso, se adopten en ese momento medidas correctoras?
3. ¿Deben interpretarse el artículo 20, apartado 4, el artículo 20, apartado 5, y el artículo 20, apartado 6, en relación con los artículos 14, 21, 22, 23 y 24 de la Directiva y los artículos 1, 3, 4 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que es posible, o no es posible, adoptar una medida o sanción de exclusión temporal (o definitiva) del derecho a las condiciones materiales de acogida respecto a un menor, y en particular respecto a un menor no acompañado?"

domingo, 17 de junio de 2018

Bibliografía (Revista de revistas) - Arbitraje (2018, núm. 1)



Estudios:
Silvia BARONA VILAR, Maximización de la eficiencia y búsqueda de la celeridad en el arbitraje: entre el mito, la sublimación y la cuarta revolución industrial (4.0.), pp. 17-53
José Miguel JÚDICE, Some Notes About Third–Party Funding: a Work in Progress, pp. 55-71
Marlon M. MEZA–SALAS, Alcance de las facultades de los Tribunales Arbitrales o de las Comisiones ad hoc al decidir las solicitudes de anulación y otros mecanismos de revisión de los laudos CIADI, pp. 73-124

Varia:
Andrés A. MEZGRAVIS, Negociación: herramienta básica para el Abogado del Siglo XXI, pp. 125-158

Textos Legales:
Legislación extranjera
Ana FERNÁNDEZ PÉREZ, La compleja consolidación de los métodos alternativos de solución de controversias en América latina y el Caribe , pp. 159-201

Jurisprudencia:
Jurisprudencia española
Rafael HINOJOSA SEGOVIA, La revisión del laudo según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pp. 203-218
Antonio ALBANÉS MEMBRILLO, Arbitraje y Constitución (Consideraciones en torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2018, de 11 enero 2018), pp. 219-227
Álvaro SORIANO HINOJOSA, El arbitraje de nuevo ante el Tribunal Constitucional ¿cambio de fundamento último constitucional? (Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2018, de 11 enero 2018), pp. 229-278
José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS, Crónica de las decisiones de los Tribunales españoles sobre arbitraje (II), pp. 279-292
Jurisprudencia extranjera
Argentina
Leandro CAPUTO y Martina MONTI, Ratificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de causales de nulidad
taxativas de laudos arbitrales bajo el Derecho argentino, pp. 293-310

Bibliografía
Revista de Revistas

Revista de revistas (10 a 17 junio)


-Aranzadi Civil-Mercantil: 2018, núm. 4.
-European Law Journal: 2018, núm. 1.
-Neue Juristische Wochenschrift - NJW: 2018, núm. 21; 2018, núm. 22.

sábado, 16 de junio de 2018

Boletín de referencias de actualidad de Derecho Internacional y Derechos Humanos (16 junio 2018) - International Law and Human Rights Current References Digest (June 16, 2018)


Nota: Este Boletín ha sido elaborado por el Prof. Francisco J. Zamora Cabot (Universidad Jaume I de Castellón) [email: zamora(at)uji.es], a quien agradezco la autorización para publicarlo en Conflictus Legum.


HUMAN RIGHTS AND RELATED MATTERS

Rohingyas:
Migrants/Refugees:
Freedom of Religion/Expression:
Environment-Indigenous Peoples:
Climate Change:
Slavery:
Cameroon:
Defence-Rights Map:
Palestine:
Poverty:
Export Laws and HHRR:
Amnesty International- Report 2016/2017:
On Austerity Measures:
Article on Extraterritoriality and HHRR:
Gun Violence and HHRR:
Islamic Veiling:
United Fruit:
Data Protection:
Observatoire des Mtns- Newsletter:
Rule of Law in Poland:
New Issue of the Bus. and HHRR Journal:
Internal Security Law-France:
Article on Syria:
On Brexit and Citizens Rights:
EU: CRS and Non-Financial Reporting:
On Bemba Gombo Case:
Extractivism:
BCHR Newsletter:
Social Security:
Defenders:
On the ECtHR:
Human Rights Film Festival:
'The Inside Track' HRC38:
Palm Oil:
Bahrein:
Rule of Law:

TRANSNATIONAL LAW ISSUES

Enforcement of Arbitral Awards Against State Entities:
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Arbitration-ADR/International/Norton-Rose-Fulbright-US-LLP/Enforcement-proceedings-against-state-entities-from-one-end-to-another?utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Newsletter+2018-06-14&utm_campaign=Arbitration+%26+ADR+Newsletter
HCCH 125:
On the Bayer/Monsanto Deal:
International Sanctions:
On the Place of Torts:
On Mergers:
On Fighting Corruption and the World Bank:
Investments:
Obtaining Evidence:
Cryptocurrencies:
FNC:
Judicial Cooperation in the EU:
Investments:
The Law of Nations- Update:
An Interesting Seminar:
Venue and Foreign Sovereigns:

MISCELLANEOUS

On the European Right Wing Parties:
Technologies and Global Trade:
Sustainable Development:
On the EU Budget:
Nile Mega-Dam:
Global Cooperation:
Spain and the Unified Patent Court:
Financial Services Deregulation:

viernes, 15 de junio de 2018

Consejo de Ministros de 15 de junio de 2018


Según la referencia de la sesión el Consejo de Ministros celebrado hoy, 15 de junio, se ha acordado, entre otras cuestiones, aprobar las instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia temporal de menores y la estancia de los monitores, de origen saharaui, en España en el marco del Programa «Vacaciones en Paz 2018». Este programa solidario permite la acogida temporal por familias españolas de menores procedentes de los campamentos de refugiados saharauis situados en la provincia argelina de Tinduf y da la oportunidad a miles de niños de disfrutar durante el verano de unas vacaciones en España y luego regresar a sus lugares de procedencia. En los últimos cinco años (2013-2017) han sido acogidos 23.173 niños. Para 2018 está prevista la llegada de 4.028 menores, acompañados de 294 monitores.

Igualmente, el Consejo ha examinado el tema del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Lamentablemente, la referencia no contiene información sobre este punto.

Bibliografía - La aportación de WhatsApps como medio de prueba en el procedimiento penal


La aportación de WhatsApps como medio de prueba en el procedimiento penal
Javier CUAIRÁN, Abogado ONTIER
Diario La Ley, Nº 9219, Sección Tribuna, 15 de Junio de 2018
Como es sabido, Whatsapp ostenta desde hace una década el privilegio de ser la aplicación líder de mensajería móvil en occidente pero, aunque su comunidad de usuarios supera con creces los 1.000 millones de personas, la adecuación de estos medios probatorios digitales a la Ley de Enjuiciamiento Criminal sigue sin estar expresamente prevista.

jueves, 14 de junio de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (14.6.2018)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 14 de junio de 2018, en el asunto C‑169/17 (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino): Procedimiento prejudicial — Artículos 34 TFUE y 35 TFUE — Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Protección de cerdos — Productos elaborados o comercializados en España — Norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico — Requisitos de utilización de la denominación “de cebo” — Mejora de la calidad de los productos — Directiva 2008/120/CE — Ámbito de aplicación.
Fallo del Tribunal:
"1) Los artículos 34 TFUE y 35 TFUE deben ser interpretados en el sentido de que:
– El artículo 34 TFUE no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que establece que la denominación de venta «ibérico de cebo» solo puede atribuirse a los productos que cumplen determinados requisitos exigidos por dicha normativa nacional, ya que esta permite la importación y comercialización de productos de Estados miembros distintos del que ha adoptado dicha normativa nacional, con las denominaciones que lleven con arreglo a la normativa de su respectivo Estado miembro de origen, aun cuando sean parecidas, similares o idénticas a las denominaciones establecidas por la normativa nacional controvertida en el litigio principal.
– El artículo 35 TFUE no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal.
2) El artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos, en relación con el artículo 12 de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que supedita la utilización de determinadas denominaciones de venta para los productos derivados del cerdo ibérico elaborados o comercializados en España a la observancia, por parte de los fabricantes, de condiciones de cría del cerdo ibérico más estrictas que las establecidas en dicho artículo 3, apartado 1, letra a), y de una edad mínima para el sacrificio de diez meses."

miércoles, 13 de junio de 2018

Jurisprudencia - Solo cabe expulsar a los extranjeros condenados por delitos cuya pena mínima supere el año de prisión


Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Sentencia de 31 mayo 2018, Rec. 1321/2017: Recurso de casación. Interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia: si el art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) y, en concreto, su inciso "delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año" debe ser interpretado en el sentido de que se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente o bien a la pena efectivamente impuesta en el caso concreto. Existencia de sentencias contradictorias de los TSJ de distintas comunidades autónomas. El art. 57.2 LOEX debe ser interpretado interpretado en el sentido de que el precepto se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente, si bien, sólo en aquellos supuestos en los que la totalidad de la pena establecida en el Código Penal sea "una pena privativa de libertad superior a un año", esto es, excluyendo aquellos delitos en los que, con independencia de máximo previsto para la pena de privación de libertad, el mínimo, igualmente previsto, es de un año o menos.
Ponente: Fernández Valverde, Rafael.
Nº de Recurso: 1321/2017
Jurisdicción: CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 13 junio 2018, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 2041/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2041]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (13.6.2018)


CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. YVES BOT, presentadas el 13 de junio de 2018, en el asunto C‑213/17 (X): [Petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Sección de Ámsterdam, Países Bajos)] Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia —Fronteras, asilo e inmigración — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Determinación del Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país — Estado miembro responsable con arreglo al criterio establecido en el artículo 3, apartado 2 — Resolución judicial con fuerza de cosa juzgada por la que se deniega la primera solicitud de protección internacional — Procedimiento de recurso pendiente relativo a la decisión por la que se deniega la segunda solicitud de protección internacional — Emisión de una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales contra el solicitante — Presentación de una nueva solicitud de protección internacional en otro Estado miembro — Entrega del interesado en ejecución de la orden de detención europea — Procedimiento de readmisión — Artículo 23, apartado 3 — Efectos derivados de la expiración de los plazos previstos para la presentación de una petición — Transferencia de la responsabilidad al Estado miembro en el que se ha presentado la nueva solicitud de protección internacional — Artículo 24, apartado 1 — Modalidades de aplicación — Artículo 24, apartado 5 — Alcance de la obligación de información —Artículo 17, apartado 1 — Alcance de la cláusula discrecional — Directiva 2013/32/UE — Artículos 31 y 46 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 41 — Derecho a una buena administración — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva.
Nota: El Abogado General propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) Habida cuenta de las circunstancias particulares del litigio principal, el artículo 23, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, y el traspaso de responsabilidad que de él se deriva respecto del examen de la solicitud de protección internacional presentada por el interesado en Italia no deben aplicarse, en la medida en que privan al procedimiento de determinación del Estado miembro responsable de la racionalidad, objetividad, equidad y celeridad que persigue dicho Reglamento y en que son incompatibles con los principios de cooperación leal y de solidaridad entre los Estados miembros que rigen el sistema europeo común de asilo
2) Habida cuenta de las circunstancias particulares del litigio principal, la presentación de una petición de readmisión con arreglo al artículo 24, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013 priva al procedimiento de determinación del Estado miembro responsable de la racionalidad, objetividad, equidad y celeridad que persigue dicho Reglamento y es incompatible con los principios de cooperación leal y de solidaridad entre los Estados miembros que rigen el sistema europeo común de asilo, cuando las autoridades competentes del Estado miembro requirente han sido, en primer lugar, responsables del examen de las solicitudes de protección internacional presentadas por el solicitante durante una primera estancia en el territorio de dicho Estado, conocen, en segundo lugar, de un procedimiento de recurso aún pendiente de resolución relativo a la decisión denegatoria de una de dichas solicitudes, y han emitido, en tercer lugar, una orden de detención europea contra el solicitante, por la que se exige al Estado miembro al que se ha solicitado la readmisión de este, y en cuyo territorio se encuentra, que proceda a su entrega.
3) Los artículos 31 y 46 de la Directiva 2013/32 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que, una vez presentada la petición de readmisión en el Estado miembro requerido, de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento n.º 604/2013, el Estado miembro requirente está obligado a concluir, en el plazo más breve posible, el procedimiento de examen de una solicitud de responsabilidad internacional cuya responsabilidad le incumbe.
4) El artículo 24, apartado 5, del Reglamento n.º 604/2013 debe interpretarse en el sentido de que el Estado miembro que pide la readmisión de un solicitante de protección internacional no incumple las obligaciones que le incumben al no comunicar al Estado miembro requerido que la decisión por la que denegó la solicitud presentada por el interesado durante una primera estancia en su territorio es objeto de un procedimiento de recurso todavía pendiente ante sus órganos jurisdiccionales.
5) El artículo 17, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 604/2013 no es aplicable a una situación como la que es objeto del litigio principal, en la que la solicitud de protección internacional fue presentada en un Estado miembro distinto de aquel al que se refiere dicha disposición."

Jurisprudencia - El interés prevalente del hijo menor de edad justifica la concesión de residencia temporal al padre con antecedentes penales


Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 40/2018 de 29 Ene. 2018, Rec. 288/2017: Extranjeros. Residencia temporal por circunstancias excepcionales. Se confirma la sentencia de instancia, que estimó el recurso frente a la resolución que denegó la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, por constar antecedentes penales. Interpretación y aplicación de la normativa sobre extranjería a la luz de lo dispuesto por el Derecho Comunitario, al tratarse de una autorización de arraigo, por ser progenitor de un nacional español, menor de edad. Debe prevalecer la vida familiar del extranjero y de la niña. Lo contrario, la denegación del permiso con salida de España, afectaría a intereses recogidos por la propia Constitución, como los de protección y asistencia integral de los hijos durante su minoría de edad.
Ponente: Alonso Díaz-Marta, Leonor.
Nº de Sentencia: 40/2018
Nº de Recurso: 288/2017
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Diario La Ley, Nº 9217, Sección Jurisprudencia, 13 de Junio de 2018
ECLI: ES:TSJMU:2018:125

DOUE de 13.6.2018


PARLAMENTO EUROPEO
(Sesiones del 12 al 15 de septiembre de 2016)

-Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2016, sobre la creación de unas condiciones en el mercado laboral favorables para la conciliación de vida privada y vida profesional (2016/2017(INI))

-Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2016, sobre los últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia en los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2016/2774(RSP))

-Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2016, sobre el dumping social en la Unión Europea (2015/2255(INI))

-Documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (COM(2015)0668 — C8-0405/2015 — 2015/0306(COD))
P8_TC1-COD(2015)0306
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de septiembre de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/… del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular y por el que se deroga la Recomendación del Consejo de 30 de noviembre de 1994 

martes, 12 de junio de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12.6.2018)


SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 12 de junio de 2018, en el asunto C‑650/16 (Bevola y Jens W. Trock): Procedimiento prejudicial — Artículo 49 TFUE — Impuesto sobre sociedades — Libertad de establecimiento — Sociedad residente — Beneficio imponible — Consolidación fiscal — Deducción de pérdidas de establecimientos permanentes residentes — Permiso — Deducción de pérdidas de establecimientos permanentes no residentes — Exclusión — Excepción — Régimen opcional de tributación conjunta internacional.
Fallo del Tribunal: "El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluya la posibilidad de que una sociedad residente que no haya optado por un régimen de tributación conjunta internacional como el controvertido en el litigio principal deduzca de su base imponible pérdidas de un establecimiento permanente situado en otro Estado miembro cuando esa sociedad, por un lado, haya agotado todas las posibilidades de deducción que le ofrezca el Derecho del Estado miembro en que esté situado el establecimiento y, por otro, haya dejado de percibir de tal establecimiento ingreso alguno, de modo que ya no exista ninguna posibilidad de que tales pérdidas se compensen en ese mismo Estado miembro, extremos que corresponde comprobar al tribunal nacional."

La re-re-re-re-vacatio legis de la Ley del Registro Civil - Un horror de técnica legislativa


Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
Nota: Lo más importante para el DIPr de eta norma es su disposición final primera, mediante la que se modifica la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que pasa a tener la siguiente redacción:
"Disposición final décima. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el 30 de junio de 2020, excepto las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, y excepto los artículos 49.2 y 53 del mismo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la entrada en vigor el 15 de octubre de 2015 de los artículos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66, 67.3 y disposición adicional novena, en la redacción dada por el artículo segundo de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.
Hasta la completa entrada en vigor de esta ley, el Gobierno adoptará las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los Registros Civiles."
Comparando la nueva redacción con la actual, la única diferencia existente es el cambio del año de entrada en vigor, el 2020, permaneciendo el resto inalterado.

Esta modificación plantea un serio problema, puesto que la Ley 5/2018 entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE (DF 2ª). Esto es, la nueva redacción de la DF 10º de la Ley 20/2011 (que difiere la vacatio legis hasta el 30 de junio de 2020) entrará en vigor el 2 de julio. Pues bien, si tenemos en cuenta que la actual redacción de la DF 10ª, vigente hasta el 2 de julio de 2018, establece que "entrará en vigor el 30 de junio de 2018", quiere ello decir que la Ley 20/2011 estará en vigor durante dos días: el 30 de junio y el 1 de julio. ¡Fantástico! ¡Es muy, muy, muy difícil hacer las cosas peor!

Estamos ante la cuarta modificación de la vacatio legis de la LRC, es decir, nos encontramos ante una re-re-re-re-vacatio legis. Originariamente debía hacerlo a los "tres años de su publicación" en el BOE, esto es, el 22.7.2014; mediante el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, la fecha se amplió al 15.7.2015; a través de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, se pospuso nuevamente la fecha de entrada en vigor hasta el 30.6.2017; finalmente, mediante el apartado cuatro del artículo único de la Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria, se modificó el apartado doce de la disposición final cuarta de la Ley 4/2017, que modificaba la disposición final décima de la Ley 20/2011, quedando pospuesta la entrada en vigor al 30.6.2018.
Hace años que he cruzado apuestas sobre la Ley 20/2011, en el sentido de que jamás entrará en vigor en su totalidad. Por ahora voy ganando las apuestas.

BOE de 12.6.2018


-Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación.
Nota: La Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (véase la entrada de este blog del día 21.11.2014) representó la unificación normativa en el Derecho español, en un texto único, de todas las decisiones marco y las directivas aprobadas en esta materia incluyendo tanto las que ya habían sido transpuestas en nuestro Derecho como las que estaban pendientes. Esta ley se acompañaba de la Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, por la que se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y que efectuó un reconocimiento genérico a favor de los órganos judiciales con competencia en materia penal de aquellas facultades que se les encomienden por las normas específicas en materia de reconocimiento mutuo (véase la entrada de este blog del día 30.10.2014).
Por otro lado, la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal se basa en un único instrumento para la obtención de prueba penal transfronteriza en la Unión Europea (véase la entrada de este blog del día 1.5.2014). La Directiva regula la orden europea de investigación, que se expedirá a efectos de obtener una o varias medidas de investigación específicas que se llevarán a cabo en el Estado de ejecución de la misma, con vistas a la obtención de pruebas o a recabar las que ya están en posesión de la autoridad de ejecución.
Esta Ley aborda, en consecuencia, el mandato de transposición de la mencionada Directiva y, a tal fin, modifica la Ley 23/2014 con el fin de incorporarla al Derecho español. También se prevén una serie de pequeños ajustes de cuestiones surgidas durante la vigencia de dicha Ley y que era necesario actualizar o corregir. Según la exposición de motivos, los criterios seguidos en la transposición se han basado en los principios de la buena regulación, comprendiendo el principio de necesidad y eficacia al cumplir la obligación de transposición con fidelidad al texto de la Directiva y con la mínima reforma de la actual normativa, de manera que se evite la dispersión en aras de la simplificación; así como en los principios de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, y de seguridad jurídica, ya que se realiza con el ánimo de mantener el marco normativo estable, predecible, integrado y claro, que produjo la compilación de la Ley 23/2014.

La Ley se estructura en un artículo con veintisiete apartados, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, seis disposiciones finales y un anexo que aglutina la modificación y creación de nuevos anexos en la ley vigente.
El apartado veintidós del artículo único introduce un nuevo Título X en la Ley 23/2014, que regula la orden europea de investigación, sustituyendo al exhorto, derogado por la normativa europea; en particular, por el Reglamento (UE) 2016/95 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, por el que se derogan determinados actos en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal (véase la entrada de este blog del día 2.2.2016). Dicho Título se estructura siguiendo el esquema de la Ley modificada, esto es, un capítulo de cuestiones generales de la orden de investigación, y sendos capítulos para emisión y ejecución. En coherencia con lo anterior, se sustituye el anexo XIII de la Ley 23/2014, que se correspondía con el anexo correspondiente al exhorto, incluyendo en la modificación los anexos correspondientes a la orden europea de investigación.
Finalmente, se efectúan algunas modificaciones de cuestiones que era necesario adaptar y que se han puesto de manifiesto durante la aplicación de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre. Así, se modifica en primer lugar el capítulo de ejecución de la orden europea de detención y entrega con vistas a adecuarlo a las exigencias de los derechos establecidos para el detenido por la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (véase la entrada de este blog del día 6.11.2013), así como a los derechos recogidos en la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (véase la entrada de este blog del día 21.5.2016).
También se adecua la norma a la existencia de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y al protagonismo que ésta ha adquirido en el marco del embargo y decomiso en España, con el objeto de mejorar la eficiencia de su actuación en el ámbito del reconocimiento mutuo, y perfilando aspectos para la mejor sujeción al articulado de la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso.
Se modifica la norma para la transposición de algunos aspectos de la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (véase la entrada de este blog del día 4.11.2016), con vistas a garantizar la efectividad del derecho a la asistencia de letrado, financiada por los Estados miembros, a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención conforme a la Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI.
También se sustituye el anexo VIII de dicha norma por un nuevo anexo VIII que si bien se refiere a la misma medida –la orden europea de protección– subsana un error que padecía la versión anterior.

En otro orden de cosas, la norma introduce a través de tres disposiciones finales sendas reformas de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil y la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del Estado. La primera reforma incorporada a la parte final está encaminada a completar la adecuación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita a la mencionada Directiva (UE) 2016/1919.
La segunda reforma, con motivo de la aplicación desde el 18 de enero de 2017 del Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (véase la entrada de este blog del día 27.6.2014). Dada la necesidad de ajustar el ordenamiento jurídico español al procedimiento que prevé la orden de retención de cuentas, se introduce una nueva disposición final en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre medidas para facilitar la aplicación de la orden europea de retención de cuentas a continuación de las que ya se han adoptado para la aplicación de otros instrumentos europeos.
Finalmente, la tercera modificación tiene por objeto transponer la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE (véase la entrada de este blog del día 24.4.2015), en aquellos aspectos en los que se precisa norma de rango legal.

Sobre el Proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes, véase la entrada de este blog del día 1.12.2017.
-Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
Nota: La finalidad de esta norma es erradicar del ordenamiento jurídico aquellos aspectos que limiten la igualdad de oportunidades y promuevan la discriminación por cualquier motivo, en este caso, por ser portadoras del VIH/SIDA, u otras condiciones de salud, en lo que respecta al ámbito de contenidos discriminatorios en determinados negocios jurídicos, prestaciones o servicios.
La autonomía de la voluntad, reconocida a las partes por el Derecho privado, para establecer pactos y realizar contratos, no debe ser utilizada para discriminar a las personas por el solo hecho de tener una enfermedad u otra condición de salud. Por tanto, ahora se establece la nulidad de cualquier cláusula, estipulación, condición o pacto, que discrimine o excluya a las personas citadas en tales circunstancias.
Esta ley comprende un artículo único, con dos apartados. El primero añade una disposición adicional al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, donde se establece la nulidad de estas cláusulas. El segundo apartado añade un nueva disposición final cuarta, en la que se establece un plazo de un año para que el Gobierno presente un proyecto de ley en el que determine la aplicación de esta ley a otras enfermedades, con respecto a las que se puedan producir los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas. En la DF primera se modifica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro, para suprimir la discriminación por razón de VIH/SIDA u otras condiciones de salud en el sector referido.
-Real Decreto 336/2018, de 25 de mayo, por el que se crea la medalla de campaña para reconocer la participación en determinadas operaciones militares y campañas en el exterior y se establecen los criterios generales para su concesión.
Nota: De acuerdo con su art. 1, esta norma tiene por objeto crear la medalla de campaña y establecer los criterios generales para su concesión, para reconocer la participación de personal de las Fuerzas Armadas, así como en su caso, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de personal civil nacional y de personal militar y civil extranjero, integrado o adscrito a unidades militares, en operaciones militares y campañas en el exterior, bajo una coalición multinacional, en una fuerza de ámbito nacional o en el marco de organizaciones internacionales, siempre que no tengan ya asociada la concesión de una medalla específica en dichas operaciones.