jueves, 16 de agosto de 2018

The Principle of Ne Bis in Idem in Criminal Matters in the Case Law of the Court of Justice of the European Union (September 2017)


The Principle of Ne Bis in Idem in Criminal Matters in the Case Law of the Court of Justice of the European Union (September 2017)

The ne bis in idem principle is included in many national, European and international legal instruments. Within the European Union’s area of Freedom, Security and Justice, the main legal sources are Articles 54 to 58 of the Convention Implementing the Schengen Agreement and Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In general, the objective of the ne bis in idem principle is to ensure that no one is prosecuted for the same acts in several Member States on account of the fact that he exercises his right to freedom of movement (see infra Gözütok and Brügge, Gasparini).

The principle is also included as refusal ground in a large number of EU instruments on judicial cooperation in criminal matters, including mutual recognition instruments such as the Framework Decision 2002/584/JHA on the European Arrest Warrant and the Directive 2014/41/EU on the European investigation Order in criminal matters.

Moreover, the ne bis in idem principle is included in Article 4 of Protocol 7 to the European Convention on Human Rights.

This document provides an overview of the case law of the Court of Justice of the European Union regarding the ne bis in idem principle in criminal matters, and explains how this case law has helped shaping the scope and main features of the ne bis in idem principle in the EU legal order. It is aimed at providing guidance in the application of the ne bis in idem principle in a transnational context.

The table of contents and summaries of judgments have been prepared by Eurojust and do not bind the CJEU. They are not exhaustive and are meant to be used only for reference and as a supplementary tool for practitioners.

This document is updated until September 2017.

Document: The principle of Ne Bis in Idem in criminal matters in the case law of the Court of Justice of the EU (Sept. 2017)

EUROJUST - Guidelines on jurisdiction


​The increase in cross-border crime has led over the years to more cases in which multiple Member States have, under their domestic legislation, jurisdiction to prosecute and to take such cases to trial.

In accordance with its mandate, ever since its establishment, Eurojust has been addressing the question of which jurisdiction is best placed to prosecute in cross-border cases in which a prosecution might be or has been launched in two or more jurisdictions. To prevent and support the settling of conflicts of jurisdiction that could result in an infringement of the principle of ne bis in idem, and to ensure that the most effective practices with regard to criminal proceedings are in place in the European Union, in 2003 Eurojust published the Guidelines for deciding Which jurisdiction should prosecute?.

The Guidelines – revised in 2016 – suggest factors to be taken into consideration in multi-jurisdictional cases. They are meant to be a flexible tool to guide and remind the competent national authorities of the factors to be considered. Since their adoption, they have been of assistance to the competent national authorities for determining which jurisdiction is best placed to prosecute in cross-border cases. They also assist Eurojust, which may advise the competent national authorities on this matter.

Véase el texto en español de la guía sobre criterios para decidir ¿Qué jurisdicción debe ser competente?.

Pueden consultarse también el Informe anual de 2016 de EUROJUT, así como el Informe anual de 2017.

Más información [aquí]

lunes, 13 de agosto de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-181/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de junio de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Bélgica) — Sadikou Ginandi / État belge (Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Retorno de nacionales de terceros países en situación irregular — Directiva 2008/115/CE — Artículo 3, punto 2 — Concepto de «situación irregular» — Artículo 6 — Adopción de una decisión de retorno antes de que la autoridad responsable resuelva el recurso contra la denegación de la solicitud de protección internacional — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 18, artículo 19, apartado 2, y artículo 47 — Principio de no devolución — Derecho a la tutela judicial efectiva — Autorización a permanecer en un Estado miembro)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 19.6.2018.
-Asunto C-480/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de junio de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — Fidelity Funds y otros / Skatteministeriet (Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales y libertad de pagos — Restricciones — Tributación de los dividendos pagados a organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) — Dividendos pagados por sociedades residentes de un Estado miembro a OICVM no residentes — Exención de los dividendos pagados por sociedades residentes de un Estado miembros a OICVM residentes — Justificación — Reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros — Coherencia del régimen fiscal — Proporcionalidad)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.6.2018.
-Asunto C-1/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de junio de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por la Corte di Appello di Torino — Italia) — Petronas Lubricants Italy SpA / Livio Guida [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Competencia en materia de contratos individuales de trabajo — Artículo 20, apartado 2 — Empresario demandado ante los tribunales del Estado miembro de su domicilio — Reconvención del empresario — Determinación del órgano jurisdiccional competente]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.6.2018
-Asunto C-20/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 21 de junio de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Kammergericht Berlin — Alemania) — Procedimiento incoado por Vincent Pierre Oberle [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.o 650/2012 — Artículo 4 — Competencia general de un tribunal de un Estado miembro para resolver sobre la totalidad de una sucesión — Normativa nacional que regula la competencia internacional en materia de expedición de certificados sucesorios nacionales — Certificado sucesorio europeo]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 21.6.2018
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-274/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Arbeits- und Sozialgerichts Wien (Austria) el 23 de abril de 2018 — Minoo Schuch-Ghannadan / Medizinische Universität Wien.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe aplicarse el principio de pro rata temporis de la cláusula 4, punto 2, del Acuerdo marco que contiene el anexo a la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, en relación con el principio de no discriminación consagrado en la cláusula 4, punto 1, a una normativa nacional con arreglo a la cual la duración total de una serie de relaciones laborales consecutivas de un trabajador de una universidad austriaca empleado a tiempo completo en proyectos de financiación externa o proyectos de investigación es de seis años, pero de ocho años si se trata de un empleo a tiempo parcial y, además, si existe una justificación objetiva, en particular para la continuación o culminación de proyectos de investigación o publicaciones, se permite una única prórroga hasta un total de diez años en el caso de empleos a tiempo completo y de doce años en el caso de empleos a tiempo parcial?
2) ¿Constituye una normativa legal como la expuesta en la primera cuestión prejudicial una discriminación indirecta por razón de sexo a efectos del artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición), si del conjunto de trabajadores afectados por esta normativa hay un porcentaje significativamente superior de mujeres que de hombres?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición), en el sentido de que una mujer que, encontrándose comprendida en el ámbito de aplicación de una normativa legal como la descrita en la primera cuestión prejudicial, alega ser discriminada indirectamente por razón del sexo porque el número de mujeres en empleo a tiempo parcial es significativamente mayor que el de hombres, debe acreditar este hecho, en particular la afectación significativamente mayor de las mujeres desde el punto de vista estadístico, aportando cifras estadísticas concretas o hechos concretos y presentando elementos de prueba adecuados?"
-Asunto C-347/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano (Italia) el 28 de mayo de 2018 — Avv. Alessandro Salvoni / Anna Maria Fiermonte.
Cuestión planteada: "¿Deben interpretarse el artículo 53 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que se oponen a la posibilidad de que el órgano jurisdiccional de origen al que se solicita la expedición del certificado previsto en el artículo 53 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 en relación con una resolución definitiva, ejercite de oficio facultades dirigidas a comprobar la infracción de las normas contenidas en el capítulo II, sección 4, del Reglamento Bruselas I bis con el fin de informar al consumidor de la eventual apreciación de una infracción y permitir que dicho consumidor valore de forma consciente la posibilidad de utilizar la vía de oposición prevista en el artículo 45 del citado Reglamento?"

BOE de 13.8.2018


Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Nota: El texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor establece en su artículo 49.1 que las cuantías indemnizatorias del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación quedan automáticamente actualizadas con efecto a 1 de enero de cada año, en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La Resolución de 31 de enero de 2018 revalorizó las cuantías indemnizatorias vigentes en el 0,25 por ciento (véase la entrada de este blog del día 14.2.2018). La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, establece en su artículo 35 que las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en 2018 con carácter general un incremento del 0,25 por ciento. Asimismo, la disposición adicional quincuagésima primera recoge un incremento adicional de las pensiones al regular que las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las pensiones de Clases Pasivas del Estado, se incrementarán en un 1,35 % adicional a lo previsto en el artículo 35 de dicha ley.
Así pues, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones publica en su sitio web las cuantías indemnizatorias vigentes durante el año 2018 revalorizadas en el 1,60 por ciento.

domingo, 12 de agosto de 2018

XII Seminario internacional de Derecho Internacional Privado (Lisboa, 13-14 septiembre 2018) - Recordatorio


XII SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
(Lisboa, 13 y 14 de septiembre de 2018)


Continuando con la experiencia de los años anteriores, los profesores José C. Fernández Rozas, Pedro A. de Miguel Asensio y Dário Moura Vicente, de las Universidades Complutense de Madrid y de Lisboa, han convocado la XII edición del Seminario internacional de Derecho internacional privado en Lisboa. Las fechas fijadas son el jueves 13 y el viernes 14 de septiembre de 2018 (sesiones de mañana y tarde).

En principio las sesiones de trabajo tendrán lugar en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa:
Alameda da Universidade
1649-014 Lisboa - Portugal
Tel. (351) 217984600 - Fax: (351) 217984603
http://www.fd.ulisboa.pt/

PROGRAMA
Jueves 13 de septiembre de 2018

9:00: Inscripción de los participantes
9:30: Presentación del Seminario
  • Dário MOURA VICENTE, Professor Catedrático da Faculdade de Dereito de Lisboa. Presidente do Instituto de Cooperação Jurídica
  • Pedro de MIGUEL ASENSIO, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid
  • José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid
  • Pedro ROMANO MARTINEZ, Director da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
10:00: Primera sesión: Derecho Internacional Privado de la persona, familia y sucesiones
Presidencia: Santiago ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Santiago de Compostela
Ponencias:
  • Pilar DIAGO DIAGO, Catedrática de Derecho internacional privado de la Universidad de Zaragoza, “La aplicación de la ley española como ley nacional: prueba de la nacionalidad y de la vecindad civil”
  • Cristina GONZALEZ BEILFUSS, Catedrática de Derecho internacional privado de la Universidad de Barcelona, “La autonomía de la voluntad en el Derecho internacional privado de la familia”
  • Rui Manuel de Gens MOURA RAMOS, Professor Catedrático, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Presidente (2007-2012) do Tribunal Constitucional de Portugal: “A especificidade dos efeitos patrimoniais das parcerias registadas no direito internacional privado da União Europeia”
  • Andrés RODRÍGUEZ BENOT, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla: “La regulación de los efectos patrimoniales de los matrimonios y de las uniones registradas en la UE”
Comunicaciones:
  • Maria Virginia AGUILAR, Socia Fundadora de Aguilar y Asociados, Abogados. Miembro del grupo de expertos en Derecho internacional privado de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México: “El cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia y la conveniencia de que México suscriba la Convención de La Haya de 23 de noviembre de 2007“.
  • Naiví CHIKOC BARREDA, Investigadora predoctoral, Universidad de Lleida, Notaria de Quebec: “Normas de policía y autonomía de la voluntad en los reglamentos europeos en materia familiar y sucesoria”.
  • Montserrat GUZMÁN PECES, Profesora Contratada Doctora interina, Universidad de Alcalá: “Cuestiones problemáticas en la aplicación del Reglamento (UE) 2201/2003: Especial referencia a la apreciación de la litispendencia en los procesos judiciales”.
  • Manuel MEDINA ORTEGA, catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad Complutense, “El Reglamento Europeo De Sucesiones En La Jurisprudencia Del Tribunal De Justicia”
  • Helena MOTA, Professora de Direito Internacional Privado, Universidade do Porto: “A proteção de terceiros no âmbito do Regulamento 1103/2016, de 24 de Junho”.
  • Idoia OTAEGI AIZPURUA, Profesora Adjunta de Derecho Internacional Privado, Universidad del País Vasco: “El nuevo divorcio contractual de mutuo acuerdo ante Notario francés y el divorcio notarial español: ¿cuál de los dos podrá circular en la Unión Europea?”
  • Lorena SALES PALLARÉS, Profesora Titular (Acred.) de Derecho Internacional Privado, Universidad de Castilla-La Mancha y Mª Nieves PACHECO JIMÉNEZ, Profesora Titular (Acred.) de Derecho Civil, Universidad de Castilla-La Mancha: “El laberinto de la planificación sucesoria en el escenario europeo y español”-
  • Lucas Andrés PÉREZ MARTÍN, Profesor Ayudante Doctor, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: “Propuesta de un concepto de residencia habitual de ámbito europeo en situaciones conflictivas de derecho de familia y sucesiones”.
  • Elí RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Profesor e investigador de la Escuela Libre de Derecho (ELD), Ciudad de México: “El reconocimiento de los matrimonios poligámicos islámicos en México con motivo de la figura de la Libre Convivencia en Jalisco”
  • Anabela Susana de SOUSA GONÇALVES, Professora Auxiliar da Escola de Direito, Universidade do Minho, “International Child Abduction in the Brussels II bis Proposed Recast”.
15:00: Segunda Sesión: Arbitraje comercial internacional
Presidencia: José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid.
Ponencias:
  • Juan José ÁLVAREZ RUBIO, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad del País Vasco: “Arbitraje deportivo (TAS), normas FIFA, Orden público y Derecho Europeo: alcance y límites de la especificidad del Derecho del Deporte”
  • Darío MOURA VICENTE, Professor Catedrático da Faculdade de Dereito de Lisboa. Presidente do Instituto de Cooperação Jurídica: “En el 60.º aniversario del Convenio de Nueva York: su impacto en Portugal”.
  • Sixto A. SÁNCHEZ LORENZO, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Granada: “La motivación del laudo en el arbitraje comercial internacional”
Comunicaciones:
  • Francisco G. PROL, Socio Director de Prol y Asociados: “La responsabilidad de las instituciones arbitrales y la ‘indigencia’ (impecuniosity) de las partes”
  • Juan Carlos GUERRERO, Abogado, México: “El orden público en el Derecho mexicano, avance, retroceso o redefinición de límites y consecuencias – amparo directo 71/2014”
  • Dulce LOPES, Professora Universitaria, Universidade de Coimbra: “The relevance of non-state law according to the selected method of resolution of disputes in private international law”
  • Wendolyne NAVA GONZÁLEZ, Profesora Investigadora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez: “Los Mecanismos de Solución de Controversias en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”.
  • Leonel PEREZNIETO CASTRO, Profesor de Carrera de la UNAM. Investigador Nacional Nivel III (México) “El desplazamiento de la prueba formal hacia la prueba libre, en el arbitraje comercial internacional”.
  • Dr. Nuno SALAZAR CASANOVA, Uría Menéndez / Proença de Carvalho (Lisboa): “Arbitragem Internacional de Litígios Financeiros”
  • Juan SALDAÑA, Magistrado Presidente de la Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México: “La terminación Del TLCAN y la firma del CIADI”.

Viernes 14 de septiembre de 2018

9:00: Tercera Sesión: Derecho de los negocios internacionales
Presidencia: Rui Manuel Gens MOURA RAMOS, Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Ex-Juiz do Tribunal de Primeira Instância da União Europeia e ex-Presidente do Tribunal Constitucional de Portugal
Ponencias:
  • Maria Helena BRITO, Professora associada com agregação, Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa: “A norma de conflitos alemã sobre a representação voluntária. Notas comparativas”.
  • Emmanuel GUINCHARD, Senior Lecturer & Programme Leader. Department: Northumbria Law School: “The judicial application of Rome I and Rome II regulations in the European Union”.
Comunicaciones:
  • Eduardo ÁLVAREZ ARMAS, Queen Mary University of London, “Daños al medioambiente y derecho internacional privado europeo: la falacia de la UE sobre la elección de la ley como herramienta de gobernanza global mediombiental”
  • Ángel Mª BALLESTEROS BARROS, Profesor Ayudante Doctor de Derecho internacional privado, Universidad de Cádiz: “Reflexiones sobre la (No) modernización del Derecho europeo de sociedades: Forum Societatis y Lex Societatis”
  • Antonia DURÁN AYAGO, Profesora titular de Derecho Internacional Privado, Universidad de Salamanca: “Sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los Derechos humanos en terceros países. A propósito de la Ley francesa 2017-399, de 27 de marzo de 2017, relativa al deber de vigilancia de las empresas matrices sobre sus filiales”
  • Norka LÓPEZ ZAMARRIPA, , Profesora e Investigadora Titular de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad Nacional Autónoma de México: “El contrato de joint venture en el escenario del derecho de los negocios internacionales”
  • Pía M. MOSCOSO RESTOVIC, Profesora Asociada de la Universidad de Atacama, Chile. Abogada: “El hecho generador en grupos de sociedades. Análisis cuando el daño extracontractual afecta a un país latinoamericano”.
  • Ignacio PAREDES PÉREZ, Profesor asociado de Derecho interfnacional privado de la Universidad Complutense: “Cooperación entre autoridades y medidas frente a las prácticas comerciales transfronterizas contrarias a los intereses colectivos de los consumidores: el Reglamento (UE) 2017/2394″.
  • Fatih SERBEST, Assistant Professor of Private International Law, Istanbul Sabahattin Zaim University: “Punitive Damages and Turkish Private International Law: Reasons for the recognition of punitive damages in Turkey”
11:00: Cuarta Sesión: Nuevas tecnologías y Derecho Internacional Privado
Presidencia: Dário Moura Vicente, Professor Catedrático da Faculdade de Dereito de Lisboa. Presidente do Instituto de Cooperação Jurídica
Ponencias:
  • Luís Pedro Rocha DE LIMA PINHEIRO, Professor Catedrático da Faculdade de Dereito de Lisboa: “Direito aplicável à proteção de dados pessoais na internet: alguns problemas de Direito Internacional Privado”
  • Pedro A. DE MIGUEL ASENSIO, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid: “Mandamientos judiciales frente a actividades ilícitas en línea: cuestiones de competencia judicial y eficacia transfronteriza”
  • Federico GARAU SOBRINO, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universitat de les Illes Balears, Miembro del Instituto Europeo de Integración Regional (UCM), “Obligaciones contractuales inteligentes y Derecho Internacional Privado. Los smart contracts”.
Comunicaciones:
  • Antonio MERCHÁN MURILLO, Abogado y Profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Pablo de Olavide, “Ley Aplicable A Los Servicios De Cloud Computing”.
  • Silvia FELIU ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, Profesora Contratada Doctora de la Universitat de les Illes Balears “Modelos colaborativos y bajo demanda en plataformas digitales: nuevo reto para los negocios internacionales y para el Derecho internacional privado”.
  • Carmen PARRA RODRÍGUEZ, Directora de la Cátedra de Economía Solidaria de la Universitat Abat Oliba, “Geo-bloqueo : La regulación de las fronteras digitales”.
  • Gustavo Ferreira RIBEIRO, Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), “A visão das Cortes Brasileiras sobre Conflito de Jurisdições e Direito Aplicável no Espaço Cibernético: Desenvolvimentos Recentes”
15:00: Quinta Sesión: La codificación del Derecho Internacional Privado, con especial referencia a América latina
Presidencia: Prof. Dr. Bertrand ANCEL, Professeur émérite. Université Paris II (Assas)
Ponencias:
  • Gilberto BOUTIN, Catedrático de Derecho internacional privado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá: “De las diversas formas de excepción de jurisdicción en el nuevo código de derecho internacional privado panameño: declinación y prórrogas”.
  • Leonel PEREZNIETO CASTRO, Profesor de Carrera de la UNAM. Investigador Nacional Nivel III (México) y Jorge Alberto SILVA SILVA, Profesor fundador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Investigador Nacional Nivel III (México) “Hacia una Ley de Derecho Internacional Privado para México: cuestiones técnicas de codificación y contenidos sustanciales”
Comunicaciones:
  • Nathanael CONCEPCIÓN, Director del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, “Balance de cuatro años de vigencia de la Ley Dominicana de Derecho internacional privado de 2014”
  • Adriana DREYZIN DE KLOR, Profesora titular de Derecho internacional privado, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), “La aplicación del Derecho internacional privado en Argentina. Implementación del nuevo Código Civil y Comercial”
  • Jaime GALLEGOS ZÚÑIGA, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Doctorando de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid: “Deficiencias en el Derecho Internacional Privado en los países de la Alianza del Pacífico”.
  • Luciane KLEIN VIEIRA, Profesora de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil) e Universidad de Buenos Aires (Argentina): “La codificación del Derecho Internacional Privado del Consumidor en el MERCOSUR: las recientes manifestaciones en materia de ley aplicable al contrato internacional con consumidores”
  • José Luis MARÍN FUENTES, Profesor de Derecho Internacional Privado, Universidad de Medellín, Colombia: “Una ley de Derecho Internacional Privado para Colombia: ¿Quimera o necesidad? A propósito de un proyecto de ley sobre la materia?”.
  • María Elena MANSILLA y MEJÍA, Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado: “La relación laboral en el Derecho Internacional Privado Mexicano”
  • Carlos E. ODRIOZOLA, Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, Abogado: “La codificación en México del Convenio de la Haya sobre Restitución Internacional de Menores”
  • Amalia URIONDO DE MARTINOLI, Catedrática de Derecho internacional privad, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina: “¿Garantiza el acuerdo del Mercosur -vinculado al derecho de familia- la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflicto de leyes y de competencia?”.
  • Elizabeth VILLALTA, Profesora de Derecho Internacional Privado y de Derecho Internacional Público, Abogada y Notaria, El Salvador: “Codificación del Derecho Internacional Privado en el Sistema Interamericano”
  • Candela Noelia VILLEGAS, Becaria Doctoral en Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Córdoba (Argentina): “La regulación del Derecho internacional privado de sociedades en el Derecho interno argentino”

Inscripción y más información en la página web del Seminario.

Revista de revistas (5 a 12 de agosto)


-Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal: núm. 29 (2018).

viernes, 10 de agosto de 2018

DOUE de 10.8.2018


-Reglamento Delegado (UE) 2018/1108 de la Comisión, de 7 de mayo de 2018, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas técnicas de regulación de los criterios para la designación de puntos de contacto centrales para los emisores de dinero electrónico y los proveedores de servicios de pago y con normas sobre sus funciones.
Nota: El art. 45.9 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, establece que los Estados miembros podrán exigir a los emisores de dinero electrónico y a los proveedores de servicios de pago establecidos en su territorio en una forma distinta a la de sucursal, y cuya administración central se encuentre en otro Estado miembro, que designen un punto de contacto central en su territorio para garantizar, en nombre de la institución que lo designó, el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y facilitar la supervisión por parte de las autoridades competentes, inclusive proporcionándoles los documentos e información que requieran previamente.
Mediante el presente Reglamento Delegado se establecen los criterios para determinar las circunstancias en las que es adecuada la designación de un punto de contacto central, así como las normas sobre las funciones de los puntos de contacto centrales.

Comité Económico y Social Europeo
(535º Pleno del CESE, 23.5.2018 – 24.5.2018)

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Las empresas de la economía social como motor de la integración de los migrantes» (Dictamen de iniciativa)

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (fronteras y visados) y por el que se modifican la Decisión 2004/512/CE del Consejo, el Reglamento (CE) n.o 767/2008, la Decisión 2008/633/JAI del Consejo, el Reglamento (UE) 2016/399 y el Reglamento (UE) 2017/2226 [COM(2017) 793 final — 2017/0351 (COD)], y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE (cooperación policial y judicial, asilo y migración) [COM(2017) 794 final — 2017/0352 (COD)]

miércoles, 8 de agosto de 2018

DOUE de 8.8.2018


-Decisión (UE) 2018/1103 de la Comisión, de 7 de agosto de 2018, por la que se confirma la participación de Malta en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
Nota: Mediante el presente acto se confirma la participación de Malta en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
La Fiscalía Europea fue creada mediante el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (véase la entrada de este blog del día 31.10.2017). Véase también la entrada de este blog del día 2.8.2018  (participación de Holanda).
Por tanto, Malta se suma ahora a la lista de países que participan en la FE: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, República Checa y Rumanía. 

-Decisión de la Comisión, de 24 de julio de 2018, sobre el Mecanismo para los refugiados en Turquía, por la que se modifica la Decisión C(2015) 9500 de la Comisión en lo relativo a la contribución a dicho Mecanismo.
Nota: La Comisión adopta ahora una decisión relativa a una segunda asignación de 3.000 millones EUR al Mecanismo para los refugiados en Turquía. Los presupuestos de 2016 y 2017 movilizados en el marco del Mecanismo se componían de 1.000 millones EUR con cargo al presupuesto de la Unión y 2.000 millones EUR de contribuciones de los Estados miembros como ingresos afectados externos. En su Decisión de 14 de marzo de 2018, la Comisión mantuvo la misma división entre el presupuesto de la Unión y la contribución de los Estados miembros para el segundo tramo. Tras nuevas discusiones, la Comisión ha decidido contribuir con 2 millones EUR del presupuesto de la Unión para el período 2018-2019. Los Estados miembros aportarán 1 millón EUR de contribuciones como ingresos afectados externos. El 18 de julio se actualizó el Entendimiento Común, que proporciona el marco en el que las contribuciones de los Estados miembros pueden movilizarse.

BOE de 8.8.2018


Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre el ejercicio de actividades profesionales remuneradas por parte de familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Representaciones Permanentes ante Organismos Internacionales de un Estado en el otro, hecho en Madrid el 31 de octubre de 2017.
Nota: Este Acuerdo entrará en vigor el 9 de agosto de 2018.

martes, 7 de agosto de 2018

DOUE de 7.8.2018


-Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega en materia de cooperación administrativa, lucha contra el fraude y cobro de créditos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido.
Nota: Este Acuerdo entrará en vigor el 1 de septiembre de 2018.
Véase el Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega, así como la entrada de este blog del día 1.8.2018.

-Reglamento Delegado (UE) 2018/1100 de la Comisión, de 6 de junio de 2018, por el que se modifica el anexo del Reglamento (CE) n.o 2271/96 del Consejo, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella.
Nota: Véase el Reglamento (CE) nº 2271/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996. Este Reglamento contrarresta los efectos de la aplicación extraterritorial de leyes, regulaciones y otros instrumentos legislativos adoptados por terceros países, y las acciones basadas en ellos o derivadas de ellos, cuando dicha aplicación afecte a los intereses de las personas físicas y jurídicas en la Unión que se dediquen al comercio internacional y/o al movimiento de capitales y a actividades comerciales afines entre la Unión y terceros países. La aplicación extraterritorial de estos instrumentos viola el Derecho internacional. En el anexo del Reglamento se recogen los instrumentos de los terceros países a los que se les aplica el propio Reglamento.
El 8 de mayo de 2018, los Estados Unidos anunciaron que volvían a aplicar sus medidas restrictivas nacionales relativas a Irán. Algunas de estas medidas tienen una aplicación extraterritorial y provocan efectos adversos sobre los intereses de la Unión y los de las personas naturales y jurídicas que ejercitan sus derechos en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por tanto es preciso modificar su anexo.
-Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1101 de la Comisión, de 3 de agosto de 2018, por el que se establecen los criterios para la aplicación del artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 2271/96 del Consejo, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella.
Nota: El art. 5, p. 1, del Reglamento (CE) nº 2271/96, establece que las personas a que se refiere el art. 11 del Reglamento no deben respetar, ni directamente ni a través de una filial u otro intermediario, de forma activa o por omisión deliberada, los requisitos o prohibiciones, incluidos los requerimientos de órganos jurisdiccionales extranjeros, basados en tales leyes o derivados de ellas o derivados de acciones basadas en ellas o derivadas de ellas. No obstante, el art. 5, p. 2, permite a las personas a que se refiere el art. 11 solicitar a la Comisión autorización para cumplir, total o parcialmente, tales requisitos o prohibiciones, en la medida en que el incumplimiento perjudique gravemente sus intereses o los de la Unión.
En aras de la seguridad jurídica, así como para garantizar la aplicación efectiva del Reglamento (CE) nº 2271/96, teniendo en cuenta al mismo tiempo, en circunstancias específicas y debidamente justificadas, el riesgo de que los intereses de las personas físicas y jurídicas a que se refiere el art. 11 se vean gravemente perjudicados, es necesario establecer los criterios para la aplicación del art. 5, p. 2.

BOE de 7.8.2018


-Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania sobre libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Madrid el 30 de octubre de 2013.
Nota: Este Acuerdo entró en vigor el 2 de agosto de 2018, es decir, hace seis días (!!).
-Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Alcañiz, por la que suspende la inscripción de una escritura de manifestación de herencia.
Nota: Este recurso tiene por objeto determinar si es inscribible en el Registro de la Propiedad una escritura pública de aceptación y manifestación de herencia autorizada por un notario de Barcelona, al que se incorpora testimonio del testamento del causante otorgado asimismo ante notario de Barcelona, habiendo sido redactados íntegramente ambos documentos en lengua catalana, y en cuyo inventario de bienes figuran dos fincas sitas en sendos términos municipales pertenecientes al distrito hipotecario del Registro de la Propiedad de Alcañiz (Teruel), ante el que se presentan dichos títulos a fin de obtener su inscripción a favor de la heredera. En la cláusula cuarta de la parte dispositiva de la escritura figura un apartado segundo que, traducido al castellano, dice así: «Se ha redactado esta escritura en lengua catalana de acuerdo con la libre elección de la señora L. [la heredera otorgante] y porque era la lengua de expresión habitual del difunto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso y protección de las lenguas y modalidad lingüística propias de Aragón y lo establecido en el artículo 412 del Decreto legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Código de Derecho foral de Aragón, en atención al hecho de que el testamento, título de la sucesión, se puede redactar en la lengua propia de la franja oriental de Aragón y puede producir efectos en la zona lingüística que corresponde, entiendo que la aceptación e inventario, documento complementario del testamento, también se tiene que considerar válido en las comarcas de Aragón que tienen como lengua propia una modalidad de la catalana, por lo que se solicita la inscripción de este documento en el Registro en los términos y en la lengua en que está redactado».
La registradora suspendió la inscripción por entender que no siendo el catalán lengua oficial en Aragón y careciendo de conocimientos de dicha lengua es necesario que se aporte una traducción auténtica o jurada de la escritura y del testamento en castellano. Con posterioridad a la interposición del recurso y a la emisión del preceptivo informe de la registradora, el notario recurrente presentó ante el Registro de la Propiedad de Alcañiz otra copia en castellano de su original en catalán de la misma escritura, junto con un escrito de fecha 14 de mayo de 2018 a los solos efectos de la inscripción de una de las dos fincas, añadiendo que mantiene el recurso en relación con la otra finca y aunque sólo fuere a efectos doctrinales.

Entrando a analizar el fondo del asunto, procede en primer lugar delimitar el marco normativo con arreglo al cual ha de resolverse el recurso. En primer lugar, y desde el punto de vista constitucional, el artículo 3 de la Constitución Española. De este precepto resulta una distinción constitucional entre, por un lado, las lenguas que tienen carácter y rango de lenguas oficiales (el castellano en todo el territorio del Estado y las demás lenguas españolas en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus respectivos Estatutos) y, por otro lado, las «distintas modalidades lingüísticas» de España, que tienen la consideración de «patrimonio cultural», objeto de especial respeto y protección, pero que carecen del rango y régimen jurídico propio de las lenguas oficiales. Distinción a la que igualmente se refiere la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, a que se refiere el recurrente.
Formando parte del bloque de constitucionalidad, el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, relativo a las «lenguas y modalidades lingüísticas propias". En él se establece que las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón no tienen carácter y rango de lenguas cooficiales, sin perjuicio del régimen jurídico de fomento y protección que le corresponda en las zonas de uso predominante que establezca una ley de las Cortes de Aragón. Así lo confirma, asimismo, el hecho de que la disposición final segunda (sobre «Lenguas de Aragón») de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, fue derogada por la disposición final 2 de la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, sin haber llegado a tener virtualidad dicha previsión, que antes al contrario es abandonada incluso como mandato de ejecución futura.
Dentro de la legislación lingüística autonómica aragonesa, y en desarrollo del citado precepto del Estatuto de Autonomía de Aragón, hay que destacar, en primer lugar, la norma que define las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, norma integrada por el artículo 4.1 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés (modificado por la Ley 2/2016, de 28 de enero). En segundo lugar, la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
Queda claro que en Aragón la única lengua oficial es el castellano, sin perjuicio de lo cual las lenguas aragonesas con sus modalidades lingüísticas, son objeto de un régimen jurídico especial al que se refiere el apartado 3 del artículo 2 de la Ley 3/2013.
El artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón vincula la protección, fomento y derecho de uso de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón a determinados territorios o zonas, que, conforme al Estatuto, deberá definir una ley de las Cortes de Aragón. Esta Ley es la citada Ley 3/2013. No precisa la ley la delimitación concreta de las respectivas áreas geográficas (pirenaica y prepirenaica, y oriental), pero sí habilita en su artículo 6 al Gobierno de Aragón para que, oídos los Ayuntamientos afectados, declare las zonas y municipios a que se refiere el artículo 5. Esta delimitación, hasta el momento presente, no parece haberse acometido.
Cabe observar que, por un lado, el citado artículo 4.1 de la Ley 3/1999 habla del «aragonés y del catalán de Aragón» (con sus respectivas variedades dialectales) y, por otro lado, el artículo 5 de la Ley 2/2013, distingue entre «la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica de la Comunidad Autónoma» y «lengua aragonesa propia del área oriental de la Comunidad Autónoma», en ambos casos con sus modalidades lingüísticas. Insiste en el carácter específico aragonés y en la distinción respeto de otras lenguas propias de otras Comunidades Autónomas el artículo 2 de la misma Ley al declarar que «Aragón tiene como propias, originales e históricas las lenguas aragonesas con sus modalidades lingüísticas de uso predominante en las áreas septentrional y oriental de la Comunidad Autónoma». Esta singularidad de las lenguas y modalidades lingüísticas aragonesas estaría, asimismo, apoyada en el hecho de que el artículo 7 de la misma Ley 3/2013 crea la Academia Aragonesa de la Lengua como institución científica oficial en el ámbito de las lenguas y modalidades lingüísticas propias, a la que corresponde «establecer las normas referidas al uso correcto de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón» (vid. apartado 2, a), dotando así de autonomía normativa y académica a tales lenguas.
En cuanto a la regulación específica sobre el uso de las lenguas aragonesas en los instrumentos notariales, dispone el artículo 21 de la Ley 3/2013 que «los instrumentos notariales podrán redactarse en cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas propias de Aragón en los supuestos y con las condiciones previstas en la legislación civil aplicable». Remisión a la legislación civil aplicable que reconduce al régimen que sobre el particular se contiene en el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el texto refundido de las Leyes civiles aragonesas, y cuyo artículo 421, en lo que ahora interesa, bajo el epígrafe de «Idioma del testamento», dispone lo siguiente: «1. Los testamentos notariales podrán redactarse en cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas de Aragón que los testadores elijan. Si el autorizante o, en su caso, los testigos o demás personas intervinientes en el otorgamiento no conocieran la lengua o modalidad lingüística elegida, el testamento se otorgará en presencia y con intervención de un intérprete, no necesariamente oficial, designado por los testadores y aceptado por el autorizante, quien deberá firmar el documento. 2. Igualmente, los testamentos cerrados y los ológrafos podrán otorgarse en cualquier lengua o modalidad lingüística de Aragón». Una norma equivalente se contiene en el artículo 382 respecto del idioma de los pactos sucesorios.
De estas normas resulta: a) que van referidas a «cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas propias de Aragón», debiendo entenderse por éstas las identificadas como tales en la reiterada Ley 3/2013, de 9 de mayo (aragonés de la zona pirenaiga o prepirenaica, aragonés de la zona oriental y sus variantes o modalidades lingüísticas); b) una habilitación legal expresa para la redacción de los testamentos y pactos sucesorios en la lengua o modalidad lingüística aragonesa elegida por el testador (o los contratantes en el caso de los pactos sucesorios); c) este derecho del testador de elección de la lengua de redacción del testamento no se ve impedido por el hecho de que el autorizante (o los testigos o demás personas intervinientes en el otorgamiento) no conocieran la lengua o modalidad lingüística elegida, ya que se suple dicha falta de conocimiento mediante la presencia e intervención de un intérprete; d) dicho intérprete debe ser elegido por el testador y aceptado por el autorizante, y no requiere tener la condición de intérprete oficial, y e) el intérprete debe firmar asimismo el documento.

El derecho al uso de las lenguas y modalidades lingüísticas aragonesas no se garantiza mediante la imposición de una obligación del conocimiento de las mismas al notario autorizante (a diferencia del supuesto de la lengua oficial), sino que se suple su desconocimiento, como se ha dicho, mediante el recurso a la elección por parte del testador de un intérprete que, no requiriéndose necesariamente su condición de oficial, ha de ser aceptado por el autorizante, y que asume la responsabilidad de la traducción, proyectada directamente en la redacción del original del testamento, para garantizar lo cual se impone la exigencia formal de su firma del mismo documento, junto con la del propio autorizante. Si este régimen (derecho de uso de las lenguas y modalidades lingüísticas aragonesas por los testadores, ausencia de una obligación de conocimiento de las mismas por el autorizante, y suplencia de dicho conocimiento por medio de la intervención de un intérprete) resulta aplicable en el momento de la redacción del testamento autorizado por notario, el cual puede ser elegido por el otorgante, entre otros motivos, por su idoneidad lingüística, «a fortiori» ha de quedar excluida toda interpretación que pase por imponer o presuponer un conocimiento de tales lenguas y modalidades lingüísticas aragonesas al registrador que haya de calificar e inscribir la herencia a que se refiera el testamento redactado en las mismas. De manera que, de forma equivalente a la contemplada por los preceptos citados del Código de Derecho Foral Aragonés para los casos en que el autorizante desconozca tales lenguas, también en el caso de que tal desconocimiento exista en el registrador, el modo de suplirlo ha de ser análogo mediante la intervención de un intérprete. Solución que no se basa sólo en la citada aplicación analógica del artículo 419 del Código del Derecho Foral de Aragón, sino también en el régimen propio de la legislación hipotecaria, contenido en concreto en cuanto a este tema en el artículo 37 del Reglamento Hipotecario, que prevé la aportación de una traducción para los documentos no redactados en idioma oficial español que sean ininteligibles para el registrador y respecto del que no tenga una obligación de conocimiento.
A lo anterior deben añadirse que el reconocimiento de los derechos de uso de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón requiere ostentar la condición de aragonés (artículo 1 de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón). La norma va dirigida a los aragoneses hablantes de las zonas de uso predominante de dichas lenguas y modalidades lingüísticas (vid. artículo 7.2 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón). En el caso objeto del presente expediente esta cualidad no concurre en el testador, el cual, según resulta de la propia escritura de herencia, nació en Barcelona, ciudad en la que falleció y en la que tenía su residencia, y era catalán por razón de su nacimiento, rigiéndose su sucesión por el Derecho Civil de Cataluña, como tampoco en la heredera, nacida y con residencia en la misma ciudad de Barcelona.
Por otro lado, el régimen lingüístico previsto por el artículo 421 del Código de Derecho Foral de Aragón se aplica específicamente a los testamentos. Dentro del régimen lingüístico para los instrumentos notariales previsto en el Código de Derecho Foral Aragonés, a diferencia de lo que sucede en la legislación catalana, sólo se contempla la posibilidad de la redacción en alguna lengua o modalidad lingüística aragonesa (que, recuérdese, no tienen reconocido en el Estatuto de Autonomía de Aragón carácter de lenguas cooficiales) respecto de los testamentos (vid. artículo 412) y los pactos sucesorios (artículo 382) –además de las capitulaciones matrimoniales conectadas también con el régimen sucesorio ex artículos 381 y 382–. La razón que justifica esta diferencia de régimen lingüístico respecto del resto de los instrumentos públicos puede encontrarse en la importancia de la interpretación literal de las disposiciones testamentarias.
La importancia que en este contexto tiene la aportación de una traducción del título sucesorio, junto con éste, en el Registro a efectos de su inscripción, ha sido destacada recientemente por la DGRN en su Resolución de 11 de enero de 2017 en el que se planteaba si resulta suficiente una traducción parcial del título sucesorio a los efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad. La respuesta no puede ser otra que la negativa de acuerdo a la doctrina que respecto de la integridad del título sucesorio tiene establecida la DGRN. De conformidad con la anterior doctrina, es evidente que, tratándose de un documento extranjero redactado en lengua extranjera, su traducción, a efectos de acreditar su contenido y procurar su inscripción, ha de ser completa sin que sea suficiente la que se ha llevado a cabo de forma parcial. Este es el sistema que resulta del artículo 37 del Reglamento Hipotecario y el que, para las actuaciones procesales, prevé el artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El hecho de no haberse llevado a cabo la determinación de las zonas de utilización histórica predominante a que se refieren los artículos 7.2 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y 6 de la Ley de 3/2013, de 9 de mayo, por lo que, en atención al mandato del fomento de la enseñanza de las lenguas propias de Aragón, autoriza a determinados centros de educación «de forma transitoria», hasta la determinación de las citadas zonas en los términos previstos legalmente, a impartir enseñanzas de las citadas lenguas. Esta Resolución no resulta, pues, aplicable a un ámbito totalmente distinto, el del uso de las lenguas propias de Aragón en la redacción de los instrumentos públicos, ni la relación de municipios que incluye como anexo (que complementa la citada Resolución con el único propósito que expresa de autorizar transitoriamente la enseñanza de dichas lenguas a determinados centros educativos) puede producir otros efectos que los encerrados en los límites de dicha autorización, sin que ni por razón del rango de dicha disposición administrativa, ni por razón del ámbito de las competencias del órgano que la dicta, ni por razón de su finalidad, pueda alcanzar a modificar el régimen jurídico legalmente establecido en cuanto al idioma de redacción de los instrumentos púbicos inscribibles en los Registros de la Propiedad.

No existe en el Derecho aragonés, sobre cuya aplicabilidad en este caso no existe controversia, una norma similar a la contenida en el artículo 14 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística de Cataluña (que aun declarando la validez de los documentos públicos otorgados en cualquiera de las dos lenguas oficiales –castellano y catalán–, limita y condiciona dicha declaración a la oficialidad de dichas lenguas), o la prevista en el artículo 17 que, en cuanto a los Registros públicos, admite la validez de los asientos registrales realizados igualmente en cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Por todo lo anterior, la DGRN acuerda desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación de la registradora.

lunes, 6 de agosto de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


SENTENCIAS

-Asunto C-650/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de junio de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — A/S Bevola, Jens W. Trock ApS / Skatteministeriet (Procedimiento prejudicial — Artículo 49 TFUE — Impuesto sobre sociedades — Libertad de establecimiento — Sociedad residente — Beneficio imponible — Consolidación fiscal — Deducción de pérdidas de establecimientos permanentes residentes — Permiso — Deducción de pérdidas de establecimientos permanentes no residentes — Exclusión — Excepción — Régimen opcional de tributación conjunta internacional)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 12.6.2018.
-Asunto C-169/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de junio de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino / Administración del Estado (Procedimiento prejudicial — Artículos 34 TFUE y 35 TFUE — Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Protección de cerdos — Productos elaborados o comercializados en España — Norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico — Requisitos de utilización de la denominación «de cebo» — Mejora de la calidad de los productos — Directiva 2008/120/CE — Ámbito de aplicación)
Nota: Véase la entrada de este blog del día 14.6.2018.
NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-257/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos) el 13 de abril de 2018 — M. Güller / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Puede invocar el artículo 3 de la Decisión n.o 3/80 un nacional turco que ha accedido al mercado legal de trabajo de un Estado miembro, ha adquirido la nacionalidad de dicho Estado miembro sin renunciar a su nacionalidad turca y, a continuación, ha renunciado a la nacionalidad del Estado miembro de acogida y, por tanto, a la ciudadanía de la Unión, para sustraerse del requisito de residencia establecido en la Toeslagenwet (Ley sobre prestaciones complementarias)?
2) En caso de respuesta afirmativa, ¿en qué momento debe cumplir este nacional turco el requisito de no ser ciudadano de la Unión para inferir derechos del artículo 6 de la Decisión n.o 3/80: ya en el momento de salir del Estado miembro de acogida, o bien sólo en el momento posterior en el que deba abonarse la prestación exportada en el extranjero?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Decisión n.o 3/80 en el sentido de que a un nacional turco que, en el momento de la repatriación a Turquía, poseía todavía la nacionalidad de un Estado miembro, pero renunció voluntariamente a esta misma en un momento posterior, no se le puede privar, a partir de este último momento, del derecho a una prestación especial de carácter no contributivo dirigida a garantizar unos ingresos mínimos sobre la base del mínimo social del Estado miembro en cuestión, por el único motivo de residir en Turquía, aun cuando, en el momento de salir del Estado miembro en cuestión, no pudiera reclamar esta prestación especial por no cumplir todavía entonces los requisitos para su concesión?"
-Asunto C-258/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos) el 13 de abril de 2018 — H. Solak / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Puede invocar el artículo 6 de la Decisión n.o 3/80 un nacional turco que ha accedido al mercado legal de trabajo de un Estado miembro, ha adquirido la nacionalidad de dicho Estado miembro sin renunciar a su nacionalidad turca y, a continuación, ha renunciado voluntariamente a la nacionalidad de tal Estado miembro de acogida y, por tanto, a la ciudadanía de la Unión, para sustraerse al requisito de residencia establecido en la legislación nacional en materia de seguridad social, el cual sí puede oponerse a ciudadanos de la Unión?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Decisión n.o 3/80, en relación con el artículo 59 del Protocolo Adicional, en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro como el artículo 4a de la Toeslagenwet (Ley sobre prestaciones complementarias), en virtud de la cual una prestación complementaria concedida es revocada si el beneficiario se traslada a Turquía, aun cuando dicho beneficiario haya abandonado voluntariamente el territorio del Estado miembro después de haber renunciado voluntariamente a la nacionalidad de un Estado miembro y pese a que no se ha puesto de manifiesto que haya dejado de pertenecer al mercado legal de trabajo de dicho Estado miembro?"
-Asunto C-263/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank te ‘s-Gravenhage (Países Bajos) el 16 de abril de 2018 — Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers / Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, de la Directiva sobre derechos de autor en el sentido de que por la expresión «respecto del original de sus obras o copias de ellas, […] toda forma de distribución al público, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio» recogida en dicho artículo ha de entenderse la puesta a disposición a distancia, por medio de descargas para su uso por tiempo indefinido, de libros electrónicos (esto es, copias digitales de libros protegidos por derechos de autor) a cambio del pago de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿se agota en la Unión el derecho de distribución respecto del original o de copias de una obra, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva sobre derechos de autor, cuando la primera venta u otro tipo de transmisión de dicho material, por lo cual aquí debe entenderse la puesta a disposición a distancia, para su uso por tiempo indefinido, de libros electrónicos (esto es, copias digitales de libros protegidos por derechos de autor), se realice por el titular del derecho o con su consentimiento a cambio del pago de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva sobre derechos de autor en el sentido de que una transmisión entre adquirentes sucesivos del ejemplar legalmente adquirido cuyo derecho de distribución se ha agotado, implica el consentimiento de las operaciones de reproducción mencionadas en dicho artículo, en la medida en que tales operaciones de reproducción sean necesarias para la utilización lícita de dicho ejemplar y, en su caso, qué requisitos deben reunirse al respecto?
4) ¿Debe interpretarse el artículo 5 de la Directiva sobre derechos de autor en el sentido de que el titular de derechos de autor ya no puede oponerse a las operaciones de reproducción, necesarias para una transmisión entre adquirentes sucesivos, del ejemplar legalmente adquirido respecto del cual se ha agotado el derecho de distribución y, en su caso, qué requisitos han de observarse al respecto?"
-Asunto C-269/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos) el 19 de abril de 2018 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S / C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Cuestiones planteadas:
"1) En el caso de que una autoridad decisoria haya desestimado una solicitud de protección internacional por ser manifiestamente infundada en el sentido del artículo 46, apartado 6, letra a), de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición) (DO 2013, L 180, p. 60), y el recurso interpuesto contra tal desestimación ante un órgano jurisdiccional no tenga efecto suspensivo automático en virtud del Derecho nacional, ¿debe interpretarse el artículo 46, apartado 8, de dicha Directiva en el sentido de que la mera presentación de una demanda de medidas cautelares tiene como consecuencia que el solicitante ya no se halla en situación irregular en el territorio del Estado miembro en el sentido del artículo 3 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2008, L 348, p. 98) y, por tanto, queda comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (texto refundido) (DO 2013, L 180, p. 96)?
2) ¿Tiene alguna relevancia en la respuesta a la cuestión prejudicial 1 el hecho de que el Derecho nacional prevea —a la vista del principio de no devolución— que el solicitante no será expulsado hasta que un órgano jurisdiccional haya resuelto, previa solicitud al respecto, que no puede esperarse a la interposición del recurso contra la decisión de desestimación de la protección internacional?"
-Asunto C-302/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Bélgica) el 4 de mayo de 2018 — X / Belgische Staat
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2003/109/CE, que dispone (entre otras cosas) que, para la obtención del estatuto de residente de larga duración, los nacionales de terceros países deberán aportar la prueba de que «disponen», para sí mismos y para los miembros de sus familias que estuvieran a su cargo, de recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de sus familias, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate, en el sentido de que con ello se hace referencia únicamente a los «recursos propios» del nacional de un tercer país?
2) ¿O bien basta a tal fin con que los recursos se encuentren a disposición del nacional de un tercer país, sin que se establezca ningún requisito en relación con la procedencia de los recursos, de suerte que estos también podrán ser puestos a disposición del nacional del tercer país por un miembro de su familia o bien por otro tercero?
3) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿bastará en tal caso con un compromiso de toma a cargo asumido por un tercero en virtud del cual dicho tercero se compromete a velar por que el solicitante del estatuto de residente de larga duración dispondrá para sí mismo y para los miembros de su familia que estuvieran a su cargo de recursos estables, regulares y suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia para evitar convertirse en una carga para los poderes públicos, con el fin de demostrar que el solicitante puede disponer de recursos en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/109/CE?"
-Asunto C-314/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 8 de mayo de 2018 — Openbaar Ministerie / SF
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Deben interpretarse los artículos 1, apartado 3, y 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, así como los artículos 1, letras a) y b), 3, apartados 3 y 4, y 25, de la Decisión Marco 2008/909/JAI en el sentido de que el Estado miembro emisor, en su condición de Estado de emisión:
en un caso en el que el Estado miembro de ejecución ha supeditado la entrega de un nacional propio con el fin de entablar una acción penal contra él a la condición, mencionada en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, de que la persona de que se trata, tras ser oída, sea devuelta al Estado miembro de ejecución para cumplir en este la pena o medida de seguridad privativa de libertad que pudiere pronunciarse en su contra en el Estado miembro emisor,
solo tendrá que devolver efectivamente a la persona interesada —una vez haya devenido firme la condena a una pena o una medida de seguridad privativas de libertad— tan pronto como «haya finalizado cualquier otro procedimiento relativo al delito por el que se ha solicitado la entrega», por ejemplo, un procedimiento de decomiso?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909/JAI en el sentido de que, cuando ha entregado a un nacional propio con sujeción a la condición mencionada en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, un Estado miembro, en su condición de Estado de ejecución, puede tener en cuenta, en el reconocimiento y ejecución de la sentencia dictada contra esa persona —no obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, de la Decisión Marco 2008/909/JAI— si la pena privativa de libertad impuesta a tal persona coincide con la condena que se le impondría en el Estado de ejecución por el mismo hecho y, de ser necesario, puede adaptar oportunamente la pena privativa de libertad impuesta?"
-Asunto C-335/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski gradski sad (Bulgaria) el 23 de mayo de 2018 — Procedimiento penal contra AK
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece de modo automático, por el mero hecho del incumplimiento de la obligación de declaración, el decomiso del dinero intervenido que no fue debidamente declarado al cruzar una frontera exterior de la Unión Europea, sin que tal decomiso sea necesario para constatar la procedencia de los fondos?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que, en caso de una infracción como la descrita en la cuestión prejudicial anterior, impone el decomiso del objeto de la infracción, además de una pena de hasta cinco años de privación de libertad o el pago de una suma igual a un quinto del valor de dicho objeto, resultando irrelevante la procedencia de los fondos no declarados?"
-Asunto C-336/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Apelativen sad Sofia (Bulgaria) el 23 de mayo de 2018 — Proceso penal contra EP
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, con arreglo al cual podrá retenerse, de acuerdo con las condiciones fijadas en la legislación nacional, el dinero en efectivo que no haya sido declarado, en el sentido de que no se opone al decomiso automático de dicho dinero ordenado como consecuencia de la falta de declaración sin que se haya verificado la procedencia de los fondos, o bien debe interpretarse en el sentido de que únicamente permite la incautación temporal de estos hasta que las autoridades nacionales competentes hayan verificado su procedencia? ¿Es incompatible la medida permitida por el artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1889/2005 con el artículo 251, apartado 2, del Nakazatelen kodeks (Código penal)?
2) En función de la respuesta que se dé a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en el sentido de que se opone a una normativa nacional que castiga el incumplimiento de la obligación de declaración impuesta por el artículo 3 del mismo Reglamento con una pena privativa de libertad o una multa y, de forma acumulativa, establece, para tales casos, el decomiso del dinero no declarado, sin verificación de su procedencia? ¿Es conforme con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 1889/2005, que ordena que, en caso de incumplimiento de la obligación de declarar impuesta por el artículo 3 de este, se fijen sanciones que sean eficaces, disuasorias y proporcionadas a la infracción cometida y al peligro que implica para la sociedad, la aplicación conjunta de los apartados 1 y 2 del artículo 251 del Código penal, esto es, por un lado, la imposición de la pena prevista en el artículo 251, apartado 1, y por otro, el decomiso del dinero objeto de la infracción penal tipificada en dicho apartado, decretado con arreglo al artículo 251, apartado 2, como consecuencia de la sentencia condenatoria?"
-Asunto C-393/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Reino Unido) el 14 de junio de 2018 — UD / XB
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Constituye la presencia física de un menor en un Estado un elemento esencial de la residencia habitual, en el sentido del artículo 8 del Reglamento Bruselas II revisado de 2003?
2) Cuando ambos progenitores son titulares de la responsabilidad parental, ¿influye el hecho de que la madre haya sido inducida mediante engaño a trasladarse a otro Estado, en el que fue retenida ilícitamente por el padre mediante coacción u otro acto ilegal, viéndose así obligada a dar a luz a un hijo en ese Estado, en la respuesta que ha de darse a la primera cuestión prejudicial en circunstancias en las que pudo existir una vulneración de los derechos humanos de la madre o del hijo conforme a los artículos 3 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 o por otros motivos?"

DOUE de 6.8.2018


Notificación relativa a la entrada en vigor de un Protocolo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y la República Libanesa, que establece un mecanismo de solución de diferencias relativas a las disposiciones comerciales del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra.
Nota: El Protocolo entrará en vigor el 1 de septiembre de 2018.
Véase la Decisión del Consejo, de 10 de noviembre de 2009, por la que se aprueba el Acuerdo en forma de Protocolo entre la Comunidad Europea y la República Libanesa que establece un mecanismo de solución de diferencias relativas a las disposiciones comerciales del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y la República Libanesa. Véase igualmente el Protocolo entre la Comunidad Europea y la República Libanesa de 11 de noviembre de 2010.

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional


Pleno. Sentencia 77/2018, de 5 de julio de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 2764-2017. Planteada por un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Eibar en relación con diversos apartados del artículo 11 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores. Competencias sobre legislación civil: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia.
ECLI:ES:TC:2018:77
Nota: La cuestión de inconstitucionalidad se centra en los apartados tercero, cuarto y quinto del artículo 11 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, por entender que la regulación contenida en los mismos excede de las competencias para la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil propio atribuidas al País Vasco en el artículo 10.5 de su Estatuto de Autonomía (EAPV), vulnerando con ello la competencia exclusiva del Estado sobre legislación civil ex artículo 149.1.8 CE.

El llamado juicio de relevancia –consistente en que la decisión del proceso a quo dependa de la validez de la norma cuestionada (art. 35.2 LOTC)–, se erige en uno de los requisitos esenciales para impedir que la cuestión de inconstitucionalidad pueda quedar desvirtuada por un uso no acomodado a su naturaleza y finalidad, lo que sucedería si se utilizase para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en que se suscita (por todas, STC 175/2016, de 17 de octubre, FJ 2 y 23/2017, de 16 de febrero, FJ 2), de manera que el control de constitucionalidad se convierta en un control abstracto (entre las últimas, SSTC 1/2016, de 18 de enero, FJ 2, 175/2016, de 17 de octubre, FJ 3 y 57/2017, de 11 de mayo, FJ 1). Constituye, pues, una de las más esenciales condiciones procesales de las cuestiones de inconstitucionalidad la de que su planteamiento no desborde la función de control concreto o incidental de la constitucionalidad de las leyes, lo que sucede cuando la duda planteada por el órgano judicial no es determinante de la decisión a adoptar y, por tanto, de la validez de la norma (en los términos en que ha sido acotada) no depende el fallo.
Ante todo hay que subrayar que no sólo nada se razona en el Auto de planteamiento que permita conectar el juicio de aplicabilidad a los apartados cuarto y quinto del artículo 11 de la Ley vasca impugnados, sino que además estas normas regulan de manera notoria supuestos distintos al que ha dado origen al planteamiento de esta cuestión de inconstitucionalidad. Así, el apartado cuarto del artículo 11 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015 prevé con carácter excepcional la posibilidad de fijar un régimen de visitas si, a pesar de la condena del progenitor, el mantenimiento del contacto con el hijo se considera beneficioso para el menor o bien se ha extinguido la responsabilidad penal y se solicita la reanudación de la relación paterno-filial. Por su parte, el apartado quinto del artículo 11 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015 se dedica al supuesto en el que ambos progenitores están condenados penalmente por delito de violencia intrafamiliar. En el presente asunto, sin embargo, lo que se dilucida en el procedimiento de origen es la facultad del órgano judicial de homologar un convenio regulador en el que los progenitores han pactado el régimen de guarda y custodia compartida (no de comunicación y estancia), estando uno de ellos incurso en un procedimiento penal por violencia de género. En consecuencia, es obvio que los apartados cuarto y quinto del artículo 11 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015 no son de aplicación al caso y no superan el juicio de aplicabilidad y relevancia (STC 43/2015, de 2 de marzo, FJ 3).

Seguidamente, el TC entra a revisar también respecto del artículo 11.3 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015 la exactitud del juicio de aplicabilidad y relevancia. Se observa que el Auto de planteamiento vincula la aplicación de las disposiciones cuestionadas a la decisión judicial relativa a la aprobación del acuerdo entre las partes, cuando lo cierto es que el artículo 11 se integra en el capítulo IV de la Ley, que regula precisamente las «medidas judiciales en defecto de acuerdo» de aquéllas. Guarda sin embargo silencio sobre las razones que le han llevado a descartar, en el momento procesal en el que se eleva la cuestión de inconstitucionalidad, la aplicación del artículo 5.8 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, que prevé la aprobación judicial del convenio regulador propuesto por las partes, «salvo si es dañoso para los hijos e hijas, gravemente perjudicial para una de las partes o contrario a normas imperativas». Tampoco hace referencia alguna a las razones que abonarían la inaplicabilidad al caso del artículo 9 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, que regula la guarda y custodia de los hijos e hijas, disponiendo su apartado tercero que se adoptará la custodia compartida, a petición de parte, «siempre que no sea perjudicial para el interés de los y las menores», y atendiendo a las circunstancias que se pormenorizan, en las que resulta fácilmente perceptible el alto grado de coincidencia con las fijadas por la doctrina del Tribunal Supremo (STS de 29 de abril de 2013).
Por otro lado, el Auto de planteamiento, al exteriorizar el juicio de relevancia de forma conjunta sobre los tres apartados cuestionados del artículo 11 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, se limita a señalar que «si la norma [cuestionada] resulta ser constitucional podría aprobarse sin más el acuerdo sobre la custodia compartida, pero si no lo fuera no podría accederse a lo pedido por las partes en aplicación del mencionado artículo 92.7 del Código Civil». Ahora bien, ceñido el análisis al artículo 11.3 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, antes transcrito, el Tribunal entiende que este apartado fija un límite en su primer párrafo, pero no impone la aprobación judicial del acuerdo en lo relativo a la guarda y custodia compartida cuando no medie condena penal por sentencia firme por determinados delitos. Por el contrario, como señala el Gobierno vasco, en su párrafo segundo otorga al Juez un amplio margen de apreciación al disponer que «los indicios fundados de la comisión de dichos delitos serán tenidos en cuenta por el juez como circunstancias relevantes a los efectos del establecimiento o modificación de las medidas previstas en esta ley en relación con dicho régimen». Es decir, no dispone la Ley vasca la aprobación del acuerdo de custodia compartida «sin más», por utilizar la expresión del órgano promotor, lo que implicaría una decisión caracterizada por el automatismo. Se trata de la eventual aplicación de una norma facultativa, en un contexto normativo en el que el sentido y el alcance de la decisión judicial aparece siempre presidido por el principio del interés superior del menor (arts. 3.2, 5.8, 9.3 y 6 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, además del citado párrafo segundo del artículo 11.3). Del conjunto de la regulación vasca se desprende, sin lugar a dudas, que la prevalencia del interés del menor y la discrecional actuación del Juez a favor de la protección de los hijos son por tanto principios nucleares de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, que en esta dimensión guarda, por lo demás, coherencia con la jurisprudencia constitucional (SSTC 4/2001, de 15 de enero, FJ 4, y 185/2012, de 17 de octubre, FFJJ 3 a 8). Es doctrina constitucional que «cuando está en juego el interés de los menores, sus derechos exceden del ámbito estrictamente privado y pasan a tener una consideración más cercana a los elementos de ius cogens que la STC 120/1984, de 10 de diciembre (FJ 2), reconoce que concurren en los procedimientos judiciales relativos a la familia, a partir de que el artículo 39.2 CE sanciona una protección integral de los hijos por parte de los poderes públicos» (STC 185/2012, FJ 4). En consecuencia, «el régimen de custodia, sea o no compartida y exista o no acuerdo parental, debe adoptarse siempre, considerando cuál sea la situación más beneficiosa para el niño; y si bien se confiere a los progenitores la facultad de autorregular tal medida y el Ministerio Fiscal tiene el deber de velar por la protección de los menores en este tipo de procesos, sólo al órgano judicial le corresponde la facultad de resolver el conflicto que se le plantea, pues exclusivamente él tiene encomendada constitucionalmente la función jurisdiccional» (STC 185/2012, FJ 8). En el mismo sentido, para el Tribunal Supremo el principio del superior interés del menor es materia de orden público e implica que puede el Juez resolver de oficio sin estar sujeto al principio de rogación ni a la conformidad de las partes, de forma que puede rechazar los pactos alcanzados si son perjudiciales para el menor (entre otras, SSTS de 9 de julio de 2003, 30 de julio de 2009 y 15 de junio de 2018).
Hubiera sido asimismo de esperar alguna reflexión del órgano promotor al objeto de despejar el riesgo de desconexión entre el juicio de constitucionalidad del artículo 11.3 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015 y el fallo judicial, desconexión que se produciría si éste se basara finalmente en las disposiciones que, desde el ordenamiento estatal, garantizan en todo caso la prevalencia del interés del menor (así, art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género; o artículo 544 quinquies de la Ley de enjuiciamiento criminal).
Las anteriores consideraciones conducen a entender que tampoco ha quedado satisfecho el juicio de aplicabilidad y relevancia en relación con el artículo 11.3 de la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, pues lo razonado por el órgano promotor no resulta suficiente para justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez del citado precepto legal. Dicho en términos de la STC 234/2015, de 5 de noviembre, adolece de una «ausencia de argumentación que conlleva un evidente riesgo para el carácter concreto del control de constitucionalidad verificado mediante este tipo de procesos, ya que esa omisión implicaría que, aun cuando el enjuiciamiento constitucional de la norma cuestionada sigue siendo posible y esta plantea un problema constitucional de interés, ya no se trataría de un juicio de constitucionalidad en concreto, al que se refiere el art. 163 CE, sino en abstracto, sin efectos para el caso, lo que resulta improcedente en toda cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015, FJ 3)» (FJ 2).

Por todo lo anterior, el TC decide inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad.