martes, 23 de octubre de 2018

Jurisprudencia - Arraigo familiar y computo del tiempo permanecido en España de extranjero que llegó siendo menor en unión de sus padres y hermanos con los que reside


Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Sentencia de 3 julio 2018, Rec. 1493/2017: Arraigo familiar o social que ostenta el extranjero que llegó a España, siendo menor, en unión de sus padres y hermanos, con los que reside. Cómputo -a efectos de apreciar existencia de arraigo- el tiempo permanecido en España incumpliendo decisiones firmes que obligan al extranjero concernido al abandono del territorio español. Si bien, ha de tomarse en consideración la vida familiar del extranjero como parámetro de referencia, sin embargo ello no es suficiente para evitar la expulsión acordada como consecuencia del incumplimiento de la obligación de abandonar el territorio nacional, surgida por haber sido denegada con anterioridad en sucesivas ocasiones la autorización de residencia. Es razonable la desigualdad de trato que pudiera resultar respecto de los menores de edad, que son objeto de un trato singular en el ordenamiento jurídico, de tal forma que en esos casos es plausible rebajar el cumplimiento de las exigencias en atención justamente a su situación; ello determina que se encuentre justificado que no pueda resultar enteramente equiparable dicha situación con los mayores de edad, a pesar de haber llegado a España siendo menores.
Ponente: Suay Rincón, José Juan.
Nº de Recurso: 1493/2017
Jurisdicción: CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 23 octubre 2018, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 2772/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2772]

DOUE de 23.10.2018


Dictamen del Banco Central Europeo, de 31 de agosto de 2018, acerca de una propuesta de Reglamento sobre determinadas comisiones por pagos transfronterizos en la Unión y por conversión de divisas (CON/2018/38)
Nota: Véase el documento COM(2018) 163 final, Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009 en lo que respecta a determinadas comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y las comisiones en concepto de conversión de divisas.

BOE de 23.10.2018


-Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Nota: En esta Resolución se recogen las comunicaciones sobre tratados recibidas en el MAEC hasta el 30.9.2018. Para los convenios en materia de Derecho Internacional Privado véase la págs. 102596 a 102606 (págs. 13 a  23 del documento). Para los de Derecho Penal y Procesal, véanse las págs. 102606 a 102611 (págs. 23 a 28 del documento).
-Real Decreto 1311/2018, de 22 de octubre, por el que se nombra Consejera electiva de Estado a doña Elisa Pérez Vera.
Nota: Enhorabuena a la Profesora Pérez Vera por este nombramiento y que pueda disfrutarlo muchos años.
-Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad interina de Pedreguer, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.
Nota: Los hechos que dieron lugar a esta resolución son los siguientes. Mediante escritura autorizada por notario el 26.3.2018 se otorgaron las operaciones de aceptación y adjudicación de la herencia causada por el fallecimiento de JRH, de nacionalidad holandesa, fallecido en Denia el 2.1.2018, siendo vecino de Pedreguer. Ocurrió su fallecimiento en estado de viudo, de cuyo matrimonio tuvo tres hijos, y a su vez, estos tienen tres, dos y un hijo, respectivamente, cada uno de ellos, lo que hace un total de seis nietos del causante. El causante había otorgado un testamento en Holanda el 20.6.1980, que fue revocado por otro otorgado en España el 23.6.2017 ante el notario de Denia, del que resultaba que manifestó que era residente en España, lo que acreditó además mediante un certificado del Registro Civil holandés del que resultaba que se dio de baja como residente en Holanda el 1.5.1997, manifestando su traslado a España; manifestó su deseo de que se aplicase la ley española a su sucesión, por motivos de su residencia habitual en España, en virtud del Reglamento Sucesorio Europeo. En este último testamento, desheredaba a sus tres hijos por la causa prevista en el art. 853.2 CCiv de acuerdo con la jurisprudencia del TS, e instituía herederos a sus seis nietos, por partes iguales, sustituidos por sus descendientes; y nombraba albacea testamentario y contador-partidor, atribuyéndole todas las facultades legales, incluso la de pago en metálico a los herederos. La escritura de aceptación y adjudicación de herencia se otorgó por un apoderado, representante de todos los hijos y nietos, de manera que intervinieron representados los tres hijos del causante y los seis nietos, de los cuales había tres de ellos que eran menores de edad, haciéndolo en este caso el apoderado mediante poderes que, según resultaba del juicio de suficiencia, habían sido otorgados por los padres de los menores representados, en ejercicio de la patria potestad sobre los mismos. En la escritura, exponían que el causante había desheredado a los tres hijos «por causa que ellos niegan», y se manifestaba que «están de acuerdo los herederos», por lo que concluían en que esta desheredación conllevaba la anulación de la institución de herederos en cuanto perjudique la legítima estricta de los desheredados. Por último, los herederos, «por sí o debidamente representados», optaban por prescindir del albacea y otorgaban lo siguiente: se ratificaron en la aceptación a beneficio de inventario hecha con anterioridad en Holanda y decidieron partir la herencia a razón de un tercio para los hijos desheredados y de dos tercios para los herederos, dándose por pagados con las adjudicaciones realizadas.
Presentada la escritura el 27.3.2018 en el Registro de la Propiedad de Pedreguer, la registradora suspendió la inscripción del documento y lo calificó negativamente por los siguientes defectos: que se precisa para la interpretación testamentaria la intervención del albacea contador-partidor del que dicen los herederos que han prescindido; que es necesaria para la partición la intervención del contador-partidor; que se requiere aprobación judicial para admitir la inexistencia o la anulación de la causa de desheredación; que deben intervenir representados también los cónyuges de los padres de los menores interesados en la partición con los que existe conflicto de intereses; que es necesaria aprobación judicial para la aceptación de la herencia a beneficio de inventario por los menores y para la partición.

En cuanto a la interpretación de la disposición testamentaria por el albacea, la cuestión es si se puede prescindir de la intervención del albacea contador-partidor en la partición del presente supuesto. La DGRN, después de larguísimas y complejas argumentaciones concluye que la cuestión debatida debe resolverse también atendiendo a la voluntad del testador al nombrar contadores–partidores y a las facultades que se atribuye legalmente a los propios herederos para realizar la partición. Por ello, debe concluirse que, solo si del testamento resulta que fue voluntad del testador nombrar contadores partidores para que intervinieran también en caso de que hubiera interesados en la herencia menores legalmente representados, puede entenderse que la intervención de aquellos es imprescindible, algo que no ocurre en el presente caso, toda vez que en el testamento el causante se limita a nombrar un albacea contador-partidor al que «se le atribuyen todas las facultades legales», sin ninguna otra indicación sobre el carácter de su intervención. En consecuencia, en el presente caso no es necesaria la intervención del contador-partidor nombrado.

En cuanto al defecto relativo a la necesidad de aprobación judicial para admitir la inexistencia o la anulación de la causa de desheredación, y también de profusas argumentaciones, la DGRN afirma que, en una situación de herederos que tuviesen todos la libre administración y disposición de sus bienes, no debiera haber objeción para una partición así realizada y no sería precisa la aprobación judicial de la misma, pero en el concreto supuesto de este expediente, de nuevo concurre la circunstancia de que tres de los herederos, que son menores, están representados por sus progenitores entre los cuales están los desheredados por lo que se plantea si existe o no colisión de intereses. En consecuencia, esto llev al estatuto personal de los menores interesados en la partición y su representación.

Respecto de la representación de los menores, la DGRN cita el art. 163 CCiv, en el que se establece que «siempre que en algún asunto el padre o la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se nombrará a estos un defensor (…) Si el conflicto de intereses existiera sólo con uno de los progenitores, corresponde al otro por Ley y sin necesidad de especial nombramiento representar al menor y completar su capacidad». Por su parte, el art. 1253 del Código holandés recoge los mismos principios que el 163 Cciv español pero añade la particularidad de que esto ocurre salvo que exista oposición por el otro progenitor. Pues bien, en este caso dicha oposición no existe pues, como resulta de la escritura y se alega en el escrito de interposición, los dos progenitores de los menores otorgan el poder para realizar la partición, uno como legitimario e interesado en la partición, que no se opone dado que otorga el poder con su cónyuge para otorgar la escritura en España, y el otro en su concepto de representante legal. Así pues, lo que figura en la escritura es que el apoderado actúa en representación de los menores, pues el poder ha sido otorgado por el progenitor no interesado en la sucesión, que les representa legalmente; y también por el progenitor interesado en la sucesión, que otorga el mismo poder pero que lo hace como interesado en la partición y además para expresar que no se opone a la actuación del primero en el otorgamiento para partir. Por lo tanto, en el concreto supuesto, los menores están correctamente representados en la partición y por lo que se refiere al conflicto de intereses no precisan defensor judicial pues están representados por el progenitor con el que no concurre el conflicto.

El último de los defectos señalados es la necesidad de aprobación judicial de la aceptación a beneficio de inventario y de la partición. En cuanto a la aceptación a beneficio de inventario, sentado que a la ley personal y capacidad del menor se aplica el Derecho holandés (art. 9.1 Cciv), y que a la sucesión se aplica la que ha elegido el causante por ejercicio de la «professio iuris» o en su caso el de su residencia al tiempo de fallecimiento (art. 21 del Reglamento número 650/2012), en consecuencia el derecho español, queda por determinar la ley aplicable a la forma de la aceptación a beneficio de inventario, para lo cual hay que acudir al Reglamento (UE) número 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, que en su art. 28 dispone lo siguiente: «Validez formal de una declaración relativa a una aceptación o una renuncia. Una declaración relativa a la aceptación o a la renuncia de la herencia, de un legado o de la legítima, o una declaración destinada a limitar la responsabilidad de la persona que la realice serán válidas en cuanto a la forma si reúnen los requisitos de: a) la ley aplicable a la sucesión en virtud de los artículos 21 o 22, o b) la ley del Estado en el que el declarante tenga su residencia habitual». En este supuesto, se ha aplicado el Derecho holandés, pues es en Holanda donde se ha realizado la declaración de aceptación a beneficio de inventario.
Ciertamente, en la escritura objeto de este expediente y en el escrito de interposición, se hace constar que la aceptación a beneficio de inventario en Holanda se realiza ante el secretario judicial competente, lo que es conforme la legislación holandesa un requisito formal, y se acredita incorporando a la escritura el acta de aceptación a beneficio de inventario en el Juzgado de la Haya. En consecuencia, siendo que se han cumplido los requisitos exigidos por el Reglamento Sucesorio Europeo y por la legislación holandesa, nada más se puede exigir para la aceptación de la herencia a beneficio de inventario.
En cuanto a la partición, como resulta de los arts. 21, 22 y 28 del Reglamento Sucesorio Europeo, la ley aplicable es la española, tanto por ser la ley aplicable a la sucesión como por ser la del lugar de otorgamiento de la partición. Como ha afirmado la DGRN, de los arts. 162 y 163 CCiv se deduce que la representación de los menores en la partición corresponde a los padres que ejercen la patria potestad, y que en caso de intereses contrapuestos o conflicto de intereses con uno de los progenitores, corresponde al otro por Ley y sin necesidad de especial nombramiento representar al menor o completar su capacidad (párrafo segundo del art. 162). La consecuencia a efectos de la partición, se recoge en el art. 1060 CCiv, cuya reciente redacción por la Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, no ha modificado el sentido del texto anterior: «Cuando los menores o personas con capacidad modificada judicialmente estén legalmente representados en la partición, no será necesaria la intervención ni la autorización judicial (…)».
En consecuencia, deben entenderse correctamente representados los menores en la partición siempre que la representación legal haya sido ostentada por aquel de los padres con el que no exista conflicto de intereses. Esta doctrina aplicable coincide además con la norma holandesa, que solo exige autorización judicial para la disposición de los bienes de los menores, y siendo que se trata de una partición y estando legalmente representados estos, no es necesaria la intervención ni la aprobación judicial.
Estando interesados en la partición menores de edad, los actos que excedan de lo particional habrán de contar con la autorización judicial (vid. arts. 166, 1058 y 1060 CCiv). Pero no es menos cierto que la línea que delimita lo particional de lo dispositivo no es nítida y, además, la estricta partición de la herencia no solo tiene que ajustarse a la voluntad del testador sino también a las superiores disposiciones legales de carácter imperativo, a las que el propio testador quedaba sujeto, como son las relativas al respeto de las legítimas, de modo que los herederos y demás cotitulares de la masa hereditaria deberán efectuar la partición ajustándose al testamento en la medida en que este resulte respetuoso con esas normas legales imperativas y, por tanto, con sujeción a las limitaciones legales o cargas en que consisten las legítimas. En el presente caso no existe ninguna enajenación, renuncia, transacción o allanamiento, sino más bien, ante la falta de prueba de la certeza de la causa de desheredación, los herederos (y los representantes legales de los menores bajo su responsabilidad en el ejercicio de la patria potestad) deciden realizar la partición respetando la legítima estricta de los desheredados que niegan ser cierta la causa de desheredación invocada por el testador. Por ello, este defecto tampoco puede ser confirmado.

Por todo lo anterior, la DGRN acuerda estimar el recurso interpuesto y revoca la calificación de la registradora.

Nota 2: Lamentablemente, se confirma el estilo cansino y 'rollazo' de las Resoluciones de la DGRN dictadas con el nuevo equipo de Gobierno de la Dirección General. Volvemos a la utilización de argumentos prolijos y cansinos, es  decir, un auténtico 'pestiño' argumentativo para acabar concluyendo cosas obvias. En este caso, 19 páginas de resolución. No quiero ni pensar cómo serán las resoluciones cuando el tema sea complejo.

lunes, 22 de octubre de 2018

Jornada Interdisciplinar "Reserva de dominio y transmisión en garantía, a debate" (Universidad de Málaga, 9 noviembre 2018)


Jornada Interdisciplinar
"Reserva de dominio y transmisión en garantía, a debate"

Facultad de Derecho - Universidad de Málaga
(9 de noviembre de 2018)


La Jornada pretende abordar dos figuras concretas de garantías reales, preponderantemente mobiliarias, que están teniendo un fuerte desarrollo en la práctica europea, pero cuyo empleo es aún restringido en España: la reserva de dominio por el vendedor y la transmisión de propiedad en garantía de un crédito. En ambas la peculiaridad radica en que es la propiedad misma la que actúa como garantía del acreedor.
Tras la última crisis económica, el comercio interno e internacional está buscando nuevas formas de garantía, ligadas no ya a los inmuebles, sino a los valores mobiliarios y bienes productivos, que permitan facilitar y asegurar el crédito y la inversión. En ese contexto, la reserva de dominio por el vendedor, y la adquisición de la propiedad, sin traspaso posesorio, por parte del acreedor, se están revelando particularmente útiles en el entorno europeo en esta función de aseguramiento: Alemania e Inglaterra las regulan y emplean dichas figuras desde hace años; Francia aprovechó la reforma de su Código civil en 2007 para reglamentarlas. Y la propia Unión Europea ha reconocido ampliamente los efectos de la reserva de dominio en el artículo 10 del Reglamento de Insolvencia y en el artículo 9 de la Directiva 2011/7/UE de Medidas de lucha contra la morosidad.
La situación interna española, en cambio, es mucho menos clara: la reserva de dominio se halla regulada en varios textos dispersos (Ley de venta a plazos de bienes muebles, Ley de lucha contra la morosidad). Sus efectos son objeto de viva polémica, pues se discute su propia naturaleza y su eficacia en caso de concurso de acreedores o ejecución forzosa del comprador. En cuanto a la transmisión de propiedad en garantía, la situación es aún más confusa, pues se duda si es un negocio simulado, si es admisible en España y, en su caso, con qué consecuencias. Esa falta de claridad en cuanto a los efectos de ambas figuras está provocando su empleo más reducido en España, así como la falta de eficacia en nuestro país de las celebradas conforme a un ordenamiento extranjero. La Jornada de estudio pretende contribuir a clarificar todas estas cuestiones.

PROGRAMA:
9:45 Inauguración: Juan José Hinojosa Torralbo, Decano de la Facultad de Derecho – Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
10:00 Primera Mesa Redonda: “Los negocios de garantía con transmisión de propiedad y su posible eficacia”
Modera: Bruno Rodríguez-Rosado, Profesor Titular de Derecho civil, Universidad de Málaga.
Ramón Durán Rivacoba, Catedrático de Derecho civil, Universidad de Oviedo, “Los negocios de garantía con transmisión de propiedad y la prohibición del pacto comisorio”.
Ignacio Solís Villa, Notario de Madrid, “Causa y simulación en la transmisión de propiedad en garantía”.
11:00 Pausa-café
11:20 Segunda Mesa Redonda: “Configuración y eficacia de la reserva de dominio”
Modera: Ana Cañizares Laso, Catedrática de Derecho civil, Universidad de Málaga.
José María Miquel González, Catedrático de Derecho civil, Universidad Autónoma de Madrid, “Configuración y efectos de la reserva de dominio en Derecho español”.
Juan Álvarez-Sala Walther, Notario de Madrid “Instrumentos de garantía alternativos a la reserva de dominio”.
12:20 Tercera Mesa Redonda: “Eficacia internacional de las garantías mobiliarias”
Modera: Rocío Caro Gándara, Profesora Titular de Derecho internacional privado, Universidad de Málaga.
Francisco Garcimartín Alférez, Catedrático de Derecho internacional privado, Universidad Autónoma de Madrid, “Reserva de dominio y concurso: aspectos internacionales”.
Iván Heredia Cervantes, Profesor Titular de Derecho internacional privado, Universidad Autónoma de Madrid, “El Convenio de Ciudad del Cabo sobre bienes de equipo: la garantía internacional y su relación con los ordenamientos internos”.
Ana del Valle Hernández, Registradora, encargada del Registro mercantil de Cádiz, “Reforma de las garantías mobiliarias en España en consideración a iniciativas internacionales”.
13:40 Conclusión.

Lugar y fecha de celebración:
Aula de Grados – Decanato de la Facultad de Derecho.
Bulevar Louis Pasteur, 26. Campus de Teatinos. Málaga.
9 de noviembre de 2018.
Inscripción:
Mediante envío de un email con nombre y DNI a dirección de contacto.
Gratuita para alumnos y profesorado de la Universidad de Málaga.
20 € para el resto de participantes.
(Ingreso en la c/c de Unicaja IBAN ES24 2103 0146 96 0030028661. Indicar en el ingreso la referencia 8030110110000 – W103)
Se concederá un certificado de asistencia a los inscritos.
Directores:
  • Rocío Caro Gándara, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Málaga.
  • Bruno Rodríguez-Rosado, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga.
Secretaria académica:
  • Eva Jiménez Palma, Doctoranda de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Málaga.
Contacto: evajp (at)uma.es

Organiza: Proyecto de investigación “Reserva de dominio y transmisión de propiedad en garantía: eficacia nacional y transnacional” (DER 2016-77053-P) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Colaboran:
  • Departamento de Derecho Civil, Eclesiástico del Estado y Romano.
  • Departamento de Derecho Privado Especial.
  • Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-453/18: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia Vigo (España) el 11 de julio de 2018 — Bondora AS / Carlos V. C.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Hay que interpretar el artículo 7.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y la Jurisprudencia que la interpreta, en el sentido de que dicho artículo de la Directiva se opone a una norma nacional, como la de la Disposición final vigésima tercera [punto 2] de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que dispone que en la petición de requerimiento europeo de pago no resulta preciso aportar documentación alguna y que en su caso será inadmitida?
2) ¿Hay que interpretar el artículo 7.2.e) del Reglamento no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, en el sentido de que dicho precepto no impide que se pueda requerir a la entidad acreedora para que aporte la documentación en que basa su reclamación derivada de un préstamo al consumo concertado entre un profesional y un consumidor, si el órgano jurisdiccional estima imprescindible el examen del documento para examinar la posible existencia de cláusulas abusivas en el contrato suscrito entre las partes, y dar así cumplimiento a lo expresado en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y la Jurisprudencia que la interpreta?"
-Asunto C-468/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Judecătoria Constanța (Rumanía) el 18 de julio de 2018 — R / P
Cuestiones planteadas:
"1) En caso de que se presente ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro una única demanda con tres pretensiones, relativas a la disolución del vínculo matrimonial entre los progenitores de un menor, a la responsabilidad parental sobre dicho menor y a la obligación de alimentos con respecto a ese menor, ¿pueden interpretarse el artículo 3, letra a), el artículo 3, letra d), y el artículo 5 del Reglamento n.o 4/2009 en el sentido de que el órgano jurisdiccional que conoce del divorcio, que es al mismo tiempo el órgano jurisdiccional del lugar de residencia habitual del demandado y el órgano jurisdiccional ante el que ha comparecido dicho demandado, puede pronunciarse sobre la pretensión relativa a la pensión alimenticia a favor del menor, aunque se haya declarado incompetente en materia de responsabilidad parental con respecto a dicho menor, o bien el único que puede pronunciarse sobre la pretensión relativa a la pensión alimenticia es el órgano jurisdiccional competente para conocer de la acción relativa a la responsabilidad parental sobre el menor?
2) En las mismas circunstancias y en lo que se refiere al sometimiento del asunto al órgano jurisdiccional nacional, ¿ha de considerarse que la pretensión relativa a la pensión alimenticia a favor del menor conserva un carácter accesorio con respecto a la acción relativa a la responsabilidad parental, en el sentido del artículo 3, letra d), de dicho Reglamento?
3) En caso de que se responda en sentido negativo a la segunda cuestión, ¿redunda en el interés superior del menor que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro competente en virtud del artículo 3, letra a), del Reglamento (CE) n.o 4/2009 se pronuncie sobre la pretensión relativa a la obligación de alimentos del progenitor respecto al hijo menor de edad fruto del matrimonio cuya disolución se solicita, teniendo en cuenta que ese órgano jurisdiccional se ha declarado incompetente en lo que se refiere al ejercicio de la autoridad parental, estimando mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada que no concurrían los requisitos establecidos en el artículo 12 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000?"
-Asunto C-492/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam (Países Bajos) el 27 de julio de 2018 — Openbaar Ministerie / TC
Cuestiones planteadas:
"¿Es contrario al artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el mantenimiento de la detención a efectos de la entrega de una persona reclamada que presenta riesgo de fuga, durante un período superior a 90 días contados a partir de su detención, si:
— el Estado miembro de ejecución ha transpuesto el artículo 17 de la Decisión Marco 2002/584/JAI en el sentido de que la detención a efectos de la entrega de la persona reclamada debe suspenderse siempre a partir del momento en que haya expirado el plazo de 90 días establecido para adoptar una decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea, y
— las autoridades judiciales de dicho Estado miembro han interpretado la legislación nacional en el sentido de que el plazo para resolver queda suspendido a partir del momento en que la autoridad judicial de ejecución decide plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial o bien esperar a la respuesta a una petición de decisión prejudicial formulada por otra autoridad judicial de ejecución, o incluso aplazar la decisión sobre la entrega en virtud de un riesgo real de condiciones de detención inhumanas o degradantes en el Estado miembro de emisión?"
-Asunto C-494/18: Petición de decisión prejudicial presentada por la Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (España) el 27 de julio de 2018 — Bondora AS / XY
Cuestiones planteadas:
"1) [¿]Es compatible con el artículo 38 CDFUE [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea], con el artículo 6.1 [TUE] y con los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva [93/13/CEE] una normativa nacional como el apartado 4o de la [Disposición Final] 23.a [de la Ley de Enjuiciamiento Civil] que no permite aportar ni reclamar un contrato ni el desglose de la deuda en una reclamación en la que el demandado es un consumidor y hay indicios de que pudieran estarse reclamando cantidades basadas en cláusulas abusivas[?]
2) [¿]Es compatible con el artículo 7.2 d) del Reglamento 1896/2006 por el que se establece un procedimiento monitorio europeo, solicitar, en las reclamaciones contra un consumidor, que el actor especifique en el apartado 11 del formulario A) el desglose de la deuda que reclama[?]. Igualmente, [¿] es compatible con dicho precepto exigir que en ese mismo apartado 11 se copie el contenido de las cláusulas del contrato que fundamentan las reclamaciones a un consumidor, más allá del objeto principal del contrato, para valorar su abusividad[?]
3) Si la respuesta a la cuestión segunda es negativa, que se indique por parte del TJUE si es posible, en la regulación actual del Reglamento 1896/2006, comprobar de oficio, con carácter previo a expedir el requerimiento europeo de pago, si en un contrato con un consumidor se están aplicando cláusulas abusivas y en base a qué precepto se puede realizar.
4) En el supuesto de que no sea posible controlar de oficio, en la redacción actual del Reglamento 1896/2006, la existencia de cláusulas abusivas con carácter previo a expedir el requerimiento europeo de pago, se pregunta al TJUE para que se pronuncie sobre la validez del citado Reglamento, por si es contrario al artículo 38 CDFUE y [al] artículo 6.1 [TUE]."
-Asunto C-500/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Specializat Cluj (Rumanía) el 30 de julio de 2018 — AU / Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Puede o debe el juez nacional, al interpretar el concepto de «cliente minorista» contenido en el artículo 4, [apartado] 1, punto 12, de la Directiva 2004/39/[CE], utilizar los mismos criterios interpretativos por los que se define el concepto de consumidor, en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE?
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿en qué circunstancias puede un «cliente minorista», en el sentido de la Directiva 2004/[39/CE], invocar su condición de consumidor en un litigio como el procedimiento principal?
3) En particular, la realización por un «cliente minorista», en el sentido de la Directiva 2004/[39/CE], de un elevado volumen de operaciones en un plazo de tiempo relativamente breve y la inversión de sumas elevadas en instrumentos financieros como los definidos en el artículo 4, [apartado 1], punto 17, de la Directiva 2004/39/[CE], ¿constituyen criterios pertinentes para apreciar si un «cliente minorista» en el sentido de dicha Directiva presenta la condición de consumidor?
4) En el examen de su propia competencia, en el que el juez nacional está obligado a determinar la aplicación, según el caso, del artículo 17, [apartado] 1, letra c), o del artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 ¿puede o debe tomar en consideración, como remedio frente a la estipulación de cláusulas supuestamente abusivas en el sentido de la Directiva 93/13, los fundamentos de Derecho material alegados por el demandante —esto es, exclusivamente la responsabilidad extracontractual—, a los que se aplicaría la ley material determinada por el Reglamento n.o 864/2007 (Roma II), o bien la condición de consumidor que eventualmente presente el demandante implica que los fundamentos de Derecho material de su demanda carecen de pertinencia?"
-Asunto C-526/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Förvaltningsrätten i Göteborg (Suecia) el 13 de agosto de 2018 — AA / Migrationsverket
Cuestiones planteadas:
"1. ¿Las disposiciones del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen o del «Código de fronteras Schengen» se oponen a normas nacionales como las previstas en el artículo 16f de la Ley n.o 752 de 2016 sobre restricciones provisionales de la posibilidad de obtener un permiso de residencia en Suecia, en virtud de las cuales puede expedirse un permiso de residencia para cursar estudios de segundo ciclo de enseñanza secundaria a un nacional de un tercer país que se encuentre en Suecia aunque la identidad de dicho extranjero sea incierta y este no pueda dar verosimilitud a la identidad que ha declarado?
2. Si se estima que, en tal situación, el acervo de Schengen exige que la identidad sea acreditada de forma cierta o que resulte verosímil, ¿pueden interpretarse las disposiciones de la «Directiva retorno» o de otro instrumento de Derecho de la Unión en el sentido de que permiten una excepción a la mencionada exigencia en materia de identidad?"

Bibliografía - Existencia y razón de ser del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos del Consejo de Europa


El Consejo Consultivo de Fiscales Europeos del Consejo de Europa: su existencia y razón de ser
Antonio Vercher Noguera, Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo y Miembro del Bureau del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos
Diario La Ley, Nº 9283, Sección Doctrina, 22 de Octubre de 2018
El Consejo Consultivo de Fiscales Europeos es un organismo creado en el seno del Consejo de Europa con el fin de atender al desarrollo del Ministerio Fiscal en el continente europeo, habida cuenta que ese desarrollo es un hecho constatable y no se circunscribe solamente a nuestro país. Este organismo busca, además, dar una perspectiva unitaria, dentro de lo posible, tanto a ese proceso de desarrollo como a la institución propiamente dicha, habida cuenta los diferentes sistemas legales que coexisten en Europa.
Quizás el mayor problema que existe con el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos es el desconocimiento que se tiene de su existencia, tanto a nivel público como privado. El objetivo, por lo tanto, del presente trabajo es dar a conocer esta institución, así como la labor desarrollada por la misma, que se extiende a una gran cantidad de materias en las que las Fiscalías son competentes o que, de una forma u otra, afectan al funcionamiento de las mismas.

Enmiendas a la Proposición de ley sobre nacionalidad


Proposición de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado (BOCG-Congreso, Serie B, núm. 281-2, de 22.10.2018).
Nota: Véase la Proposición de Ley, así como la entrada de este blog del día 29.6.2018.

BOE de 22.10.2018


Resolución de 24 de septiembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 2018.

domingo, 21 de octubre de 2018

I Congreso Internacional “Relaciones Familiares Internacionales y Derecho de Nacionalidad y Extranjería” (Universidad de Murcia, 9 noviembre 2018)


I CONGRESO INTERNACIONAL “RELACIONES FAMILIARES INTERNACIONALES Y DERECHO DE NACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA”

Facultad de Derecho - Universidad de Murcia
Aula Rector Soler (Aulario de “La Merced”, Planta baja)
9 de noviembre de 2018


PROGRAMA:
9:00 h. Recepción
9:15 h. Inauguración: Dr. D. David. L. Morillas Fernández, Decano de la Facultad de Derecho
9:30 h. “Marco de los Reglamentos de la Unión Europea en materia matrimonial”, Dra. Dña. María Pilar Diago Diago, Catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Zaragoza.
10:00 h. “Autonomía de la voluntad en los Reglamentos de la Unión Europea sobre familia y sucesiones”, Dr. D. Guillermo Palao Moreno, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia.
10:30 h. Debate
11:00 h. “Competencia judicial internacional en los nuevos Reglamentos en materia de regímenes económicos matrimoniales y efectos patrimoniales de las uniones registradas”, Dr. D. Federico Garau Sobrino, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de las Islas Baleares, miembro del Instituto de Derecho Europeo e Integración Reginal (IDEIR) (Universidad Complutense de Madrid).
11:30 h. “Adquisición de la nacionalidad española por menores extranjeros tutelados”, Dra. Dña. Mercedes Moya Escudero, Catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada.
12:00 h. "La reagrupación familiar, problemas prácticos y propuestas para superarlos: el caso de los menores españoles con padres extranjeros", Dr. D. Francisco Gómez Fonseca, Profesor Universidad Escuela Libre de Derecho San José, Costa Rica
12:30 h. Debate
13:00 h. Comunicaciones
COMUNICACIONES:
Este Congreso está abierto a comunicaciones relacionadas con las líneas temáticas Derecho de Familia Internacional y Derecho de nacionalidad y extranjería.
Los interesados pueden enviar un resumen hasta el día 27 de octubre de 2018 a la dirección: 'congresodipr(at)um.es'
La extensión máxima es de 3000 caracteres con espacios. En el encabezado se indicará su título, el nombre y apellidos del autor/a, la institución a la que se adscribe y una dirección de correo electrónico de contacto.
Del 27 de octubre al 30 de octubre de 2018, tendrá lugar la evaluación por el Comité Científico. El 31 de octubre de 2018 se notificará la aceptación de las comunicaciones seleccionadas para su exposición en el Congreso.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:
Dra. Dña. Mª Ángeles Sánchez Jiménez, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia
COMITÉ CIENTÍFICO:
  • Dra. Dña. Beatriz Campuzano Díaz, Profesora Contratada Doctora (AC Profesora Titular) de Derecho Internacional Privado. Universidad de Sevilla
  • Dr. D. José Antonio Cobacho López, Catedrático de Derecho Civil. Universidad de Murcia
  • Dra. Dña. Ángeles Lara Aguado, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de Granada
  • Dra. Dña. Mª Dolores Ortiz Vidal, Profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones internacionales. Universidad de Murcia
  • Dra. Dña. Isabel Reig Fabado, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de Valencia
  • Dra. Dña. Mª Ángeles Rodríguez Vázquez, Profesora Contratada Doctora (AC Profesora Titular) de Derecho Internacional Privado. Universidad de Sevilla
  • Dr. D. Ricardo Rueda Valdivia, Profesor Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de Granada
  • Dra. Dña. María Ángeles Sánchez Jiménez, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de Murcia

Entrada libre hasta completar aforo.
Inscripción mediante correo a la dirección 'congresodipr(at)um.es'

El presente Congreso se enmarca en el Proyecto I+D del Programa estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación, que lleva por título “Movilidad Internacional de personas: el impacto jurídico-social en España y en la UE de la adquisición de la nacionalidad española por la población inmigrante” (DER2016-75573-R DER2016-78139-R)

Revista de revistas (14 a 21 de octubre)


-Revue de Droit International et de Droit Comparé: 2018, núm. 3.
-Revue Internationale de Droit Comparé: 2018, núm. 3.

sábado, 20 de octubre de 2018

Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones - European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin (19 octubre 2018)


Boletín de Prensa el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones / European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin, nº 331, de 19 octubre 2018.


Las dos partes contemplan ampliar un año, hasta finales de 2021, el periodo transitorio tras el divorcio definitivo

"Residents in Spain will have longest life expectancy in World by 2040", The Olive Press, 17 | 10 | 2018 - Noticia
...while the UK will sit in 23rd place, a study has revealed. Beating Japan in second place, Spanish residents are predicted to enjoy an average lifespan of 85.8 years thanks to a healthy Mediterranean diet, according to the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) in Seattle.

"La Cala acogerá unas jornadas sobre suelo no urbanizable", Mijas Comunicación, 16 | 10 | 2018 - Noticia
“Sabemos que muchos vecinos siguen preocupados por este asunto, de ahí que hagamos extensible esta invitación a toda la ciudadanía, así como a colegios profesionales, asociaciones y empresarios de la zona”, indicó el lunes el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas... ... se abordarán asuntos como la nueva Ley Urbanística en Andalucía, los derechos humanos en el urbanismo o la regularización inmobiliaria de las viviendas irregulares. ... "...hablaremos del trabajo que se lleva a cabo tanto en Mijas como en Alcaucín...”, explicó Blancke.

"Exiting department number two meets with British residents in Spain", Sur in English, 15 | 10 | 2018 - Noticia
The Minister at the Department for Exiting the EU, Robin Walker, was in Madrid last week to meet with Spanish government ministers, UK Ambassador to Spain, Simon Manley, and members of the business community. He also took part in a roundtable discussion on citizens' rights with spokespeople from groups representing UK nationals in Spain.

El Servei de Salut (IB-Salut) ha facturado en los primeros nueve meses del año 20,6 millones de euros por la asistencia sanitaria a los ... europeos que viajan a las Islas con la TSE (tarjeta sanitaria europea), tres millones de euros más (17,55 por ciento) que en el mismo período del año pasado.

"Homeless man from Medway found wandering streets of Spain", Kent Online, 11 | 10 | 2018 - Noticia
Graham Nobbs, 70, originally from Chatham, ... is now living with another couple in the Spanish town, who have helped him set up a bank account and access his pension. However, it is going to take around three months until he will receive any of his money. The hope is that an online fundraising page will help him to get a passport, a national insurance number - and a pair of glasses.

...after he lost his entire family. ... The Stockport couple want to help the 69-year-old, originally from Kent, to get a passport, bank account and NIE number. ... Rebecca told the Olive Press ... “He hasn’t been able to claim any of the pension that he is owed as he has no bank account, passport or any means of communication with the pension people back in the UK.” ... Graham ... worked as a salesman for House of Fraser and Barclays in Kensington...

An elderly British man, who has covered around 25,000 miles wandering the streets of Spain since losing all his family has been taken under the wing of expats who are trying to help him get off the streets for good. ... “He hasn’t worked in around over 20 years as he gave up his job to help look after his mum and siblings. When his family passed away ... he pretty much gave up on life, got in his car one day and ended up in Spain. ... Graham is able to claim his pension but it’s going to take around three months ... after five years of hell living on the streets.

"El inversor inmobiliario mira al sur para comprar", El Mundo, 07 | 10 | 2018 - Noticia
El sur gana al norte en el hipercompetitivo mercado inmobiliario. Alicante a Valencia y Castellón, y dentro de Alicante, la Vega Baja a las Marinas. Torrevieja y Orihuela se imponen a Benidorm... Las preferencias de los inversores extranjeros a la hora de comprar viviendas se dirigen hacia las comarcas del sur, atraídos por los menores precios del producto ... el codiciado cliente internacional, base del turismo residencial. ... Los suecos son los que más han invertido en Torrevieja, incluso más que los británicos. ... Los rusos ... belgas ... noruegos ... y alemanes ... completan el cuadro de honor. La vecina Orihuela es la segunda del ranking autonómico. ... Aquí los británicos se imponen al resto de nacionalidades... Los suecos son los segundos que más compran... ¿Por qué se vende más en el sur que en el norte? Una de las razones que apuntan en el sector es el precio de los inmuebles. ... ante la demanda más sensible a este factor, hace que el mercado se dirija hacia el producto más asequible.

"Brexit: Brits in Spain react to Theresa May's speech", The Local, 04 | 10 | 2018 - Noticia
Theresa May's Conservative Party conference speech is causing confusion and consternation amongst members of the anti-Brexit campaign group Bremain in Spain.


Nota: Este Boletín de Prensa realiza un seguimiento periodístico de los aspectos más destacados del fenómeno de la movilidad transfronteriza de personas mayores estudiado en el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Mi agradecimiento a la Coordinadora del Observatorio, la Prof. Mayte Echezarreta Ferrer (Universidad de Málaga), así como a sus miembros, investigadores y colaboradores, por su labor y por permitir su difusión en Conflictus Legum

viernes, 19 de octubre de 2018

Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2018


Entre los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en su sesión de hoy día 19 de octubre, cabe destacar los siguientes (véase la referencia completa de la sesión):

-Aprobar una declaración institucional con motivo del "Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos". Véase el texto de la Declaración [aquí].

-Tomar conocimiento de la entrada en vigor de las enmiendas de 2016 a los Anexos I, II y III del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003. Este texto convencional de la OIT tiene por objeto proporcionar un método de identificación que mejore la seguridad y libertad de movimientos de la gente de mar, creando una base de datos internacional fiable y que garantice la privacidad. Fue ratificado por España en 2011. En junio de 2016 la OIT adoptó unas Enmiendas con el fin de actualizar la tecnología que da soporte a los documentos.
La OIT confirmó en abril de 2018 que las enmiendas se encuentran en vigor para España desde el 8 de junio de 2017.

-Autorizar a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 2.773.629.158,52 euros. Esta operación tiene como finalidad refinanciar operaciones de crédito a corto plazo de carácter estructural, según el procedimiento que se acordó por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) en su reunión de 26 de julio de 2018.

-Informar el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, así como los anteproyectos de Ley sobre la creación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales

Medidas contenidas en el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal:
Control de las criptodivisas:
Se establecen nuevas obligaciones para obtener información sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles. Así, se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia. Además, se establece la obligación de suministrar información sobre las operaciones con criptomonedas (adquisición, transmisión, permuta, transferencia). También se establece la obligación de informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior sobre la tenencia de monedas virtuales situadas en el extranjero.
Prohibición del 'software de ocultación de ventas':
Prohibición del denominado 'software de ocultación de ventas', esto es, programas informáticos que permiten la manipulación de la contabilidad. Los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial deben ajustarse a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los registros de operaciones.
Prohibición de amnistías:
Prohibición por ley de de instrumentos extraordinarios de regularización fiscal, impidiendo que haya beneficios tributarios injustificados que suponga una quiebra del deber de contribuir al sostenimiento de gastos del Estado. Esta medida afectará a grandes fortunas y grandes contribuyentes.
Lucha contra los paraísos fiscales:
Actualización y ampliación del concepto de paraíso fiscal, atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia. Además, se habilitará al Gobierno para actualizar la lista de paraísos. De esta forma, se incluirán, además de países y territorios como ocurría hasta ahora, regímenes fiscales perjudiciales que faciliten el fraude fiscal. Se incorporarán nuevos motivos para la inclusión en dicha lista de paraísos, como territorios donde exista una baja o nula tributación (hasta ahora sólo se incluía el concepto de nula tributación), territorios donde haya opacidad y falta de transparencia, al no existir un efectivo intercambio de información tributaria con España sobre el titular real de los bienes o derechos; o que se faciliten instrumentos que permiten atraer beneficios sin una actividad económica real en el país. La lista de paraísos fiscales deberá ser actualizada periódicamente, con un enfoque dinámico.
Endurecimiento de la limitación en efectivo:
Limitación del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasará de 2.500 a 1.000 euros para el supuesto de operaciones entre empresarios. No obstante, se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados entre particulares, para evitar el impacto de la modificación en las economías domésticas. Se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Ampliación de la lista de morosos:
Introducción de modificaciones en el régimen de la lista de morosos, para fomentar el ingreso de deudas por parte de los grandes deudores con la Hacienda Pública. El umbral de deuda que conlleva a la inclusión en la lista baja de un millón a 600.000 euros. Asimismo, se incluyen también a los responsables solidarios, de manera que el reproche que implica la aparición en el listado alcance en mayor medida a los verdaderos responsables de las deudas.
Normas antielusión:
Transposición de la directiva europea antielusión fiscal, conocida como ATAD, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal, que inciden directamente en el mercado interior. En el caso de España, implica el fortalecimiento del régimen de Transparencia Fiscal Internacional (TFI) y de la denominada Imposición de Salida ('Exit Tax') para reforzar la tributación en España de rentas que se venían localizando en territorios de baja fiscalidad, y así evitar su deslocalización, y para asegurar que las empresas que se trasladen a otro país no dejen de tributar por bases imponibles que legalmente deben quedar gravadas en España. Con la 'Exit Tax' se pretende garantizar que, cuando una empresa traslade sus activos o su residencia fiscal fuera del Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en su territorio, aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el momento de dicho traslado de activos. Así se consigue que tributen en España las plusvalías generadas cuando una sociedad traslada su residencia fiscal al extranjero.
Además, el anteproyecto contempla medidas para aligerar el volumen de litigiosidad con los contribuyentes y fomentar el pago voluntario. Se introducen cambios en el régimen de reducciones aplicable a las sanciones tributarias y en el régimen de recargos para lograr una mayor simplificación, favorecer el ingreso voluntario y la disminución de dicha litigiosidad. Incluye asimismo medidas para reforzar el control de los operadores del juego, que deberán colaborar en la lucha contra el fraude, y se combatirá el fraude en las actividades de juego, incluido el fraude que se puede producir en las apuestas deportivas.
Impuesto sobre Transacciones Financieras:
El Consejo de Ministros también ha informado el anteproyecto de Ley que crea el Impuesto sobre Transacciones Financieras. Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición. Entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen, destacan operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales:
El Consejo también ha informado el anteproyecto de Ley por el que se crea el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. El objetivo de este gravamen de carácter indirecto es propiciar que las empresas tributen allí donde generan beneficios. Este impuesto, de carácter indirecto, contempla gravar servicios digitales en los que hay una contribución esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta esos servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios. De esta forma, el impuesto supone no gravar los beneficios, sino el valor incorporado a los servicios que se prestan. Las empresas objeto de este impuesto serán aquellas con un importe neto de su cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. Estos umbrales ayudan a garantizar que sólo se grave a las grandes empresas y que las pymes no sean gravadas por este impuesto. El impuesto gravará la publicidad on line; las plataformas e intermediarias digitales que permitan a los usuarios localizar a otros usuarios e interactuar para prestar un servicio o entrega de bienes; y los ingresos por transmisión de datos recopilados acerca de los usuarios generados por la información ofrecida durante su actividad en la plataforma o la venta de metadatos. Quedan excluidas la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario. Además, se excluyen del impuesto determinados servicios financieros. El tipo impositivo que se aplicará será del tres por ciento, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, y se establece que, para poder aplicar el impuesto, el usuario de dichos servicios esté situado en territorio español.

-Solicita a la Comisión permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente antes del día 25 de octubre respecto del acuerdo por el que se plantea la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución en relación con determinados apartados de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, sobre la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia.

-Aprobar el Real Decreto por el que se nombra consejera electiva del Consejo de Estado a Dª Elisa Pérez Vera.

IV Seminario AEPDIRI sobre temas de actualidad de Derecho Internacional Privado: "Derecho Internacional Privado europeo: diálogos con la práctica" (UAM, 24 enero 2019)


IV Seminario AEPDIRI sobre Temas de actualidad de Derecho Internacional Privado
"Derecho Internacional Privado europeo: diálogos con la práctica"

Proyecto Jean Monnet Globalizing the Union's Debate: Internal and External Leadership in an Era of Challenges - EUGLOBAL (Reference: 599757-EPP-1-2018-1-ES-EPPJMO-PROJECT)

Jueves, 24 de enero de 2019
Universidad Autónoma de Madrid - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Convocatoria para la presentación de comunicaciones


I. OBJETO DEL SEMINARIO
Presentación:
La Asociación Española de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) organizará, con la Universidad Autónoma de Madrid, el IV Seminario AEPDIRI sobre temas de actualidad de Derecho Internacional Privado, el día 24 de enero de 2019, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Calle Serrano, 9-11 28001 Madrid), que pretende atraer la atención de sus miembros, así como de otros posibles interesados, para crear un foro donde académicos y prácticos puedan debatir y avanzar en el análisis de las cuestiones y tópicos que plantea la aplicación de las soluciones del sistema español de Derecho Internacional Privado en general y de sus instrumentos comunitarios en particular. Tanto en relación a la normativa sobre la que existe una dilatada práctica y un nada despreciable recorrido, como en relación a la aplicación de instrumentos más recientes y novedosos.
El desarrollo del Seminario se articula en torno a cuatro sesiones, que acogerán conjuntamente la intervención de ponentes académicos y ponentes prácticos.
La primera sesión, analizará cuestiones en el ámbito de la denominada tutela judicial internacional por declaración o directa: - competencia judicial internacional, - desarrollo del proceso, - procedimientos europeos.
La segunda sesión se centrará en la tutela judicial internacional por reconocimiento o indirecta: - reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras, - efectos de otros títulos o actos extranjeros.
La tercera sesión tendrá por objeto analizar las cuestiones relativas al Derecho aplicable a las situaciones jurídico privadas de tráfico externo: - determinación del Derecho materialmente aplicable, - cuestiones técnicas vinculadas a su concreción y aplicación.
Por último, la cuarta sesión se consagrará al Derecho Internacional Privado Europeo en el ámbito de los denominados conflictos internos en Derecho Español: - situaciones privadas de tráfico interno jurídicamente heterogéneas, - sistema de Derecho Interregional v. sistema de Derecho Internacional Privado.

Ejes temáticos para la presentación de Comunicaciones:
Las comunicaciones podrán versar sobre cuestiones que encajen en los ámbitos temáticos objeto de las diferentes sesiones, siempre que atiendan al enfoque específico del Seminario, i.e. el diálogo con la práctica.
A estos efectos, y a título de guía orientativa, se valorarán aquellas propuestas que:
- se construyan a partir de estudios de la jurisprudencia, y en la medida en que el análisis jurisprudencial refleje el uso que se hace de las normas de Derecho internacional privado
- valoren el funcionamiento de alguna solución europea a partir de la comparación de su aplicación en distintos ordenamientos
- analicen el impacto de las normas europeas de Derecho Internacional Privado en las normas autónomas del sistema, o en la interpretación que de éstas se hace a la luz de aquéllas por parte de los operadores jurídicos
- permitan identificar problemas específicos/concretos de la concurrencia de normas europeas y de Derecho autónomo en el ámbito de los conflictos internos
- ofrezcan propuestas para mejorar el tratamiento de problemas ya identificados en la práctica.
II. ENVIO Y ACEPTACION DE PROPUESTAS
Requisitos formales:
Deberán remitirse, en formato Word, los documentos que se indican a continuación:
-1. Documento conteniendo sólo los datos siguientes: título de la propuesta nombre completo del proponente Universidad de procedencia posición académica referencia a si se tiene la condición de miembro actual de la AEPDIRI.
-2. Documento con el resumen de la propuesta de comunicación (no deberá figurar el nombre del proponente, sino únicamente el título de la propuesta, su contenido y 3-5 palabras clave), con una extensión entre 1000-1500 palabras.
-3. CV abreviado del proponente (máx. 5 págs.).
Contenido material y evaluación:
Para seleccionar las comunicaciones que podrán ser defendidas en el Seminario del 24 de enero 2019, el Comité Científico hará su valoración conforme a los criterios siguientes:
1. Pertinencia del tema elegido.
2. Calidad del planteamiento desarrollado en la propuesta.
3. Originalidad de la propuesta.
Plazo, dirección para el envío y confirmación de aceptación:
Las propuestas podrán remitirse hasta el 30 de noviembre de 2018. Deberán enviarse a: 'seminarioactualidad.dipr2019 (at)aepdiri.org'. Se enviará una confirmación formal de su recepción.
Con posterioridad, y antes del 15 de diciembre de 2018, cada uno de los proponentes recibirá un correo electrónico:
(1) para comunicarle su selección para su defensa en el Seminario y posterior presentación de texto completo para eventual publicación
(2) para invitarle a presentar el texto completo para su evaluación de cara a la eventual publicación, sin presentación oral en la Jornada
(3) para comunicarle si ha sido rechazada.
III. AYUDAS AEPDIRI
La Organización no se hace cargo de los traslados ni del hospedaje de los comunicantes. No obstante, la AEPDIRI proporcionará una ayuda económica de hasta 150 euros a aquellos comunicantes europeos procedentes de Universidades de fuera de la ciudad de Madrid, y cuyas comunicaciones resulten seleccionadas por el Comité Científico y sean defendidas efectivamente en el Seminario (el abono se hará efectivo en las semanas posteriores a su celebración).

IV. PUBLICACION
La aceptación de la propuesta de comunicación para su exposición oral o la invitación a presentar el texto completo no implican la aceptación para su publicación. Serán nuevamente evaluadas sobre el texto completo de la comunicación. La obra colectiva, dirigida y editada por la AEPDIRI, será publicada en la editorial Tirant Lo Blanch.
El texto completo deberá presentarse conforme a las normas de estilo de la REDI (http://www.revista-redi.es/es/normas-de-estilo/). Deberán enviarse a la dirección seminarioactualidad.dipr2019@aepdiri.org antes del 24 de abril de 2019.
La decisión final sobre la aceptación o rechazo de la comunicación a efecto de su inclusión en la obra resultante de las jornadas se hará antes del 24 de junio de 2019.

V. COMITÉ CIENTÍFICO
El Comité Científico realizará el proceso de selección de propuestas y la posterior valoración de la calidad de los estudios que se publicarán. Está integrado por los siguientes Doctores:
  • Dr. Rafael Arenas García (Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universidad Autónoma de Barcelona)
  • Dr. Luis F. Carrillo Pozo (Profesor Titular de Derecho Internacional Privado. Universidad de Gerona)
  • Dra. Pilar Diago Diago (Catedrática de Derecho Internacional Privado. Universidad de Zaragoza)
  • Dra. Pilar Jiménez Blanco (Catedrática Acr. de Derecho Internacional Privado. Universidad de Oviedo)
  • Dr. Guillermo Palao Moreno (Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universidad de Valencia).

Bibliografía - El vehículo autónomo y el Derecho


El vehículo autónomo y el Derecho
Moisés Barrio Andrés, Letrado del Consejo de Estado. Profesor de Derecho. Doctor en Derecho Árbitro y Abogado
Diario La Ley, Nº 9282, Sección Temas de hoy, 19 de Octubre de 2018
La evolución tecnológica puede permitir que los vehículos autónomos trasladen personas de un lugar a otro sin ninguna intervención humana en un plazo de cinco a diez años. Un fenómeno que tendrá un enorme impacto en la sociedad y cuyo principales desafíos jurídicos se exponen en este artículo, que parte del concepto de este tipo de vehículos.
Promulgar una legislación inteligente sobre los coches autónomos requiere sin duda un enfoque global a nivel supranacional en el que participen expertos de diferentes campos para responder adecuadamente a los retos asociados a esta modalidad de robot. Este enfoque global e interdisciplinar es indispensable, ya que los remedios específicos y las respuestas a las cuestiones jurídicas incluyen también elementos técnicos y éticos.
La Unión Europea es la mejor situada para desarrollar un marco adecuado que aborde las amenazas y los riesgos transnacionales asociados a la evolución tecnológica. Y una buena regulación es imprescindible para lograr la previsibilidad y salvaguardar la seguridad jurídica.

Jurisprudencia - Responsabilidad subsidiaria de Google por la publicación de un vídeo en YouTube que atenta contra la integridad moral de un menor


Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 6ª, Sentencia 56/2018 de 27 Feb. 2018, Rec. 112/2018: Delito contra la integridad moral. Trato degradante que menoscaba la integridad moral de un niño de 10 años. El acusado publica en las redes sociales un vídeo elaborado por él, en el que mata al niño protagonista de un anuncio publicitario. Requisitos y caracteres del tipo, concurre al menos dolo eventual en la actuación del acusado. Comportamiento humillante generador de pacedimiento físico y psíquico. Aplicación de la atenuante de confesión, al reconocer los hechos en fase sumarial. Responsabilidad civil. Condena al pago de una indemnización de 5.000€. Responsabilidad subsidiaria de Google, como propietaria de la página web donde se insertó la publicación.
Ponente: Lasala Albasini, Carlos.
Nº de Sentencia: 56/2018
Nº de Recurso: 112/2018
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 9282, Sección Jurisprudencia, 19 de Octubre de 2018
ECLI: ES:APZ:2018:547

jueves, 18 de octubre de 2018

Research Fellow in EU Procedural Law (PhD candidate) for the Research Department of European and Comparative Procedural Law, Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law


The Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law is an Institute of the Max Planck Society, which is Germany’s most successful research organization.
The Institute in Luxembourg conducts research in the areas of European law of civil procedure, international litigation and arbitration and dispute resolution in the financial markets.

The Max Planck Institute Luxembourg would like to appoint highly qualified candidates for two full-time positions as:

Research Fellow in EU Procedural Law (PhD candidate) (m/f)
For the Research Department of European and Comparative Procedural Law
  • Fixed-term contract for 24 months, contract extension is possible, 40 hrs/week
The position:
The Research Fellow will conduct legal research and cooperate at the Max Planck Institute Luxembourg within the Project “EUFam’s II - Facilitating cross-border family life: towards a common European understanding)” which aims (i) at assessing the effectiveness of the functioning ‘in concreto’ of the EU Regulations in family matters, as well as the most relevant Hague instruments in this field of law along with Regulation (EU) 2016/1191 on public documents; and (ii) at identifying the paths that lead to further improvement of such effectiveness. Moreover, the Project will focus on the impact of the arrival of refugees in Europe as well as of the Brexit phenomenon in the field of European Family Law.
The successful candidate will have the great opportunity to contribute to the development of the Department of European Comparative Procedural Law led by Prof. Dr. Dres. h. c. Burkhard Hess and, in parallel, work on her/his PhD project.
The Research Fellow is expected to assist in the achievement of the objectives of the Project on a part-time basis during the two years of duration of the project, namely by carrying out and developing legal research with a view to contributing to the drafting of the Project’s Final Study and by participating in the presentation of the scientific outcomes of the Project.
In addition, the successful candidate is expected to write her/his PhD thesis and perform the major part of her/his PhD research work in the premises of the institute in Luxembourg, but also in close collaboration with her/his external supervisor and with the university or institution delivering her/his PhD diploma. A supervision of a PhD-thesis by Professor Hess will also be possible.

Your profile:
The applicants are required to have obtained at least a Master degree in Law with outstanding results and to have knowledge of domestic procedural and European procedural law, in particular linked to family matters. According to the academic grades already received, candidates must rank within the top 10 %.
The successful candidates should demonstrate a great interest and curiosity for fundamental research and have a high potential to develop excellence in academic research. Proficiency in English is compulsory (in written and oral); further language skills (in French notably) are of advantage.

Our offer:
The MPI Luxembourg will offer scientific guidance, a fully-equipped office and an access to its noteworthy library to foster legal research activities. You will be free to write your thesis in English or in any other language which suits you, as long as you are able to communicate on its content in English.
Salary and social benefits are provided according to the Luxembourgish legal requirements. The position is full-time, for a period of twenty-four months. An extension is possible.
Please apply online until 30th October 2018 via the following link:
Documents required: a detailed CV incl. list of publications; copy of academic records; a PhD project description of no more than 1-2 pages; the name and contact details of two referees.

The Max Planck Institute Luxembourg is an equal opportunity employer

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Tribunal de Justicia de la Unión Europea (18.10.2018)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 18 de octubre de 2018, en el asunto C‑149/17 (Bastei Lübbe): Procedimiento prejudicial — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Indemnización en caso de que se intercambien archivos infringiendo los derechos de autor — Conexión a Internet accesible a miembros de la familia del titular — Exención de la responsabilidad del titular sin que sea necesario precisar la naturaleza del uso de la conexión por parte del miembro de la familia — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 7.
Fallo del Tribunal: "El artículo 8, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, en relación con el artículo 3, apartado 1, de esta, por una parte, y el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, por otra, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, tal como la interpreta el tribunal nacional competente, en virtud de la cual el titular de una conexión a Internet, a través de la que se han cometido infracciones de los derechos de autor mediante un intercambio de archivos, no puede incurrir en responsabilidad cuando designe al menos un miembro de su familia que tenía la posibilidad de acceder a dicha conexión, sin aportar mayores precisiones en cuanto al momento en que dicho miembro de su familia utilizó la conexión y a la naturaleza del uso que haya hecho de ella."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 18 de octubre de 2018, en el asunto C‑662/17 (E. G.): Procedimiento prejudicial — Sistema Europeo Común de Asilo — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46, apartado 2 — Recurso contra una resolución que deniega la concesión del estatuto de refugiado pero que concede el estatuto de protección subsidiaria — Admisibilidad — Falta de interés suficiente cuando el estatuto de protección subsidiaria concedido por un Estado miembro otorga los mismos derechos y beneficios que el estatuto de refugiado en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho nacional — Pertinencia, a efectos del examen de la identidad de dichos derechos y beneficios, de la situación particular del solicitante.
Fallo del Tribunal:
"El artículo 46, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, debe interpretarse en el sentido de que el estatuto de protección subsidiaria acordado por una normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal no confiere los «mismos derechos y beneficios que los otorgados por el estatuto de refugiado con arreglo al Derecho de la Unión y al Derecho nacional», en el sentido de esta disposición, de manera que un órgano jurisdiccional de ese Estado miembro no puede declarar inadmisible un recurso interpuesto contra una resolución que considera infundada una solicitud en cuanto a la concesión del estatuto de refugiado, pero que concede el estatuto de protección subsidiaria, por razón del interés insuficiente del solicitante en el mantenimiento del proceso, cuando se verifique que, según la normativa nacional aplicable, los derechos y beneficios que confieren esos dos estatutos de protección internacional no son efectivamente idénticos.
Tal recurso no puede declararse inadmisible aunque se compruebe que, a la vista de la situación concreta del solicitante, la concesión del estatuto de refugiado no podría conferirle más derechos y beneficios que la concesión del estatuto de protección subsidiaria toda vez que el solicitante no invoca, o no invoca aún, derechos que se conceden en virtud del estatuto de refugiado, pero que no se conceden, o solo en menor medida, en virtud del estatuto de protección subsidiaria."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. MICHAL BOBEK, presentadas el 18 de octubre de 2018, en el asunto C‑535/17 (NK): [Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos)] Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Procedimientos de insolvencia — Reglamento (CE) n.º 1346/2000 — Ámbito de aplicación — Reglamento (CE) n.º 864/2007 — Ámbito de aplicación ratione temporis — Demanda de indemnización por daños y perjuicios interpuesta por un síndico contra un tercero que ha actuado de forma ilícita frente a los acreedores.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"Una demanda de indemnización por daños y perjuicios derivada de las normas generales del Derecho civil, como la controvertida en el litigio principal, interpuesta contra un tercero por un síndico en virtud de la obligación, que ha sido impuesta a dicho síndico por la legislación nacional en materia de procedimientos de insolvencia, de administrar y liquidar la masa de la quiebra en nombre del conjunto de los acreedores, por haber actuado dicho tercero de forma ilícita frente a estos, y cuyo producto se integra en la masa de la quiebra, queda comprendida ratione materiae en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil."