jueves, 13 de diciembre de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (13.12.2018)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 13 de diciembre de 2018, en los asuntos acumulados C‑412/17 y C‑474/17 (Touring Tours und Travel): Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) n.º 562/2006 — Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) — Artículos 20 y 21 — Supresión de los controles en las fronteras interiores del espacio Schengen — Inspecciones dentro del territorio de un Estado miembro — Medidas que tienen un efecto equivalente a las inspecciones fronterizas — Normativa de un Estado miembro que exige a un operador de viajes en autocar que explota líneas que cruzan las fronteras interiores del espacio Schengen controlar los pasaportes y los permisos de residencia de los pasajeros — Sanción — Apercibimiento de imposición de multa coercitiva.
Fallo del Tribunal: "El artículo 67 TFUE, apartado 2, y el artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen), en la redacción que le da el Reglamento (UE) n.º 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la legislación de un Estado miembro que, como sucede con la controvertida en los litigios principales, obliga a cualquier empresa de autocares de línea que atraviese una frontera interior Schengen, con destino al territorio de dicho Estado miembro, a controlar el pasaporte y el permiso de residencia de los pasajeros antes de cruzar la frontera interior, con el fin de prevenir el transporte de nacionales de países terceros que carezcan de dichos documentos de viaje al territorio nacional, y que prevé, a efectos del cumplimiento de dicha obligación de control, la adopción por las autoridades policiales de órdenes de prohibición de dicho transporte, con apercibimiento de imposición de multa coercitiva, contra empresas de transportes cuando se constate que han transportado en ese territorio a nacionales de países terceros que carezcan de esos mismos documentos de viaje."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 13 de diciembre de 2018, en el asunto C‑514/17 (Sut): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea — Artículo 4, punto 6 — Motivo de no ejecución facultativa de la orden de detención europea — Delito que en el Estado miembro emisor lleva aparejada la condena a una pena privativa de libertad y que en el Estado miembro de ejecución solo está sancionado con pena de multa.
Fallo del Tribunal: "El artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que, cuando, como en el litigio principal, la persona contra la que se haya dictado una orden de detención europea a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad resida en el Estado miembro de ejecución y presente con este último vínculos familiares, sociales y profesionales, la autoridad judicial de ejecución podrá denegar la ejecución de la orden, por consideraciones relacionadas con la reinserción social de esa persona, cuando, a pesar de que el delito en que se base dicha orden se sancione únicamente con una pena de multa en el Derecho del Estado miembro de ejecución, tal circunstancia no impida, con arreglo a ese mismo Derecho nacional, que la pena privativa de libertad impuesta a la persona buscada sea efectivamente ejecutada en ese Estado miembro, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente."
-CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. HOGAN, presentadas el 13 de diciembre de 2018, en el asunto C‑299/17 (VG Media): [Petición de decisión prejudicial presentada por el Landgericht Berlin (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Berlín, Alemania)] Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva 98/34/CE — Procedimiento de información en materia de las reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información — Obligación de los Estados miembros de notificar a la Comisión Europea todos los proyectos de reglamentos técnicos — Inaplicabilidad de las normas que pueden calificarse como reglamentos técnicos no notificados a la Comisión — Norma nacional que prohíbe a los operadores profesionales de motores de búsqueda y a los prestadores de servicios profesionales que elaboran contenidos hacer accesibles al público trabajos de prensa, norma que no se refiere específicamente a los servicios determinados en dicho punto — Reglamento técnico — Norma que no se refiere específicamente a los servicios de la sociedad de la información.
Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"El artículo 1, puntos 2 y 5, de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, en su versión modificada por la Directiva 2006/96/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas directivas en el ámbito de la libre circulación de mercancías, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía, debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones nacionales, como aquellas de que se trata en el litigio principal, que prohíben hacer accesibles al público trabajos de prensa o partes de los mismos (salvo palabras sueltas o fragmentos muy cortos de texto) exclusivamente a los operadores profesionales de motores de búsqueda y a los prestadores de servicios profesionales que elaboran contenidos, pero no a los demás usuarios, incluidos los usuarios profesionales, constituyen normas que se refieren específicamente a los servicios de la sociedad de la información. El artículo 1, punto 11, de la Directiva 98/34 debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones nacionales como aquellas de que se trata en el litigio principal constituyen un reglamento técnico en el sentido de esta disposición y están sujetas a la obligación de notificación con arreglo al artículo 8, apartado 1, de dicha Directiva."

DOUE de 13.12.2018


Conclusiones del Consejo sobre reconocimiento mutuo en materia penal — «Promover el reconocimiento mutuo fomentando la confianza mutua»
Nota: A continuación reproduzco algunos párrafos muy significativos, y gran actualidad:

Recordando que, de conformidad con el artículo 82, apartado 1, del TFUE, la cooperación judicial en materia penal en la Unión se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales;

Observando que, en aplicación de este principio, una autoridad competente de un Estado miembro transmite una sentencia o resolución judicial a una autoridad competente de otro Estado miembro, quien ejecutará dicha resolución como si fuera propia (respetando las normas aplicables);

Afirmando que el principio de reconocimiento mutuo se basa en la confianza mutua adquirida a través de los valores compartidos de los Estados miembros en materia de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y derechos humanos, de manera que cada autoridad tenga la confianza de que las demás autoridades aplican en sus jurisdicciones penales normas equivalentes de protección de los derechos;

Observando que la confianza mutua puede verse afectada por diferentes problemas —en particular de orden práctico o de naturaleza política— y que, por tanto, se requiere un esfuerzo continuo para estimular y potenciar esta confianza;

CONCLUSIONES:

3. Los Estados miembros deben seguir garantizando la independencia e imparcialidad de los tribunales y los jueces, puesto que esta garantía forma parte de la esencia del derecho fundamental a un juicio justo, garantizado por el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta.

4. Se recuerda a los Estados miembros que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la negativa a ejecutar una sentencia o resolución que haya sido dictada sobre la base de un instrumento de reconocimiento mutuo solo puede justificarse en circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta que, en virtud del principio de la primacía del Derecho de la UE, los Estados miembros no pueden exigir a otro Estado miembro un mayor nivel de protección nacional de los derechos fundamentales que el previsto por la legislación de la UE. Como consecuencia de ello, cualquier caso de no ejecución basado en una vulneración de los derechos fundamentales debe aplicarse de manera restrictiva, siguiendo el enfoque desarrollado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia.

9. Se anima a los Estados miembros a compartir las mejores prácticas para mejorar la confianza y el reconocimiento mutuo, incluso en el Grupo «Cooperación en Materia Penal» (COPEN) o en el CATS.

10. Se anima a los Estados miembros a establecer directrices (no vinculantes) sobre la aplicación de los instrumentos de reconocimiento mutuo de la UE, a fin de ayudar a los profesionales de la justicia a entender cómo se debe interpretar y aplicar la legislación nacional de aplicación de los instrumentos de la UE.

13. Se invita a los Estados miembros a que animen a los profesionales de la justicia que actúan como autoridades de ejecución en los procedimientos de reconocimiento mutuo a entablar un diálogo y consultas directas con las autoridades de emisión de otros Estados miembros, cuando ello pueda ser conveniente, en particular antes de considerar la posibilidad de no reconocer o no ejecutar una sentencia o resolución que se envíe en el contexto de esos procedimientos.

18. Se invita a la Comisión a hacer uso de sus competencias, cuando proceda, a fin de garantizar que los instrumentos de la UE en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y los derechos procesales se apliquen correcta y oportunamente.

19. Se invita a la Comisión a dar orientaciones prácticas sobre la jurisprudencia reciente del TJUE, en particular la jurisprudencia Aranyosi, así como sobre dónde pueden encontrar los profesionales fuentes pertinentes que contengan información objetiva, fiable y debidamente actualizada sobre los centros penitenciarios y las condiciones carcelarias de los Estados miembros.

21. Se invita a la Comisión a que, en consulta con los Estados miembros, siga desarrollando y actualizando periódicamente su manual sobre la orden de detención europea, en particular teniendo en cuenta la jurisprudencia reciente del TJUE y las mejores prácticas para su correcta aplicación, y a que elabore manuales sobre los demás instrumentos de reconocimiento mutuo una vez que los Estados miembros los hayan aplicado plenamente, por ejemplo las Decisiones Marco sobre penas privativas de libertad (2) y sobre libertad vigilada (3), así como, en el futuro, la Directiva sobre la orden europea de investigación (4) y el Reglamento sobre resoluciones de embargo y decomiso (5), a fin de promover la correcta ejecución y aplicación de estos instrumentos.

25. Se anima a la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo a que redacten los instrumentos de reconocimiento mutuo, incluidos los formularios y certificados, de un modo más claro, preciso y accesible, y a que traten de que dicha redacción sea más coherente, de modo que se facilite a los profesionales de la justicia la aplicación de estos instrumentos. Cuando proceda, la ayuda a tal efecto debe solicitarse a Eurojust y la RJE.

27. Se invita a Eurojust y a la RJE a que sigan desempeñando un papel activo en la eliminación de obstáculos y la identificación de las mejores prácticas en el reconocimiento mutuo y a que sigan prestando una atención constante a los instrumentos de reconocimiento mutuo en sus reuniones con profesionales de la justicia.

31. Se invita a la Presidencia a que siga prestando la atención adecuada, en particular a nivel político, a la cuestión del reconocimiento mutuo y la confianza mutua, en particular garantizando un intercambio periódico de puntos de vista sobre este asunto, a fin de fomentar la aplicación de los instrumentos basados en el principio de reconocimiento mutuo.

miércoles, 12 de diciembre de 2018

Jurisprudencia - Revocación de la concesión de la nacionalidad española por no poder jurar la Constitución al desconocer el idioma español


Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 6, Sentencia de 23 julio 2018, Rec. 487/2017: Nacionalidad española. Concesión a solicitante nacional de Marruecos. Infracción del art. 22.4 del CC, que exige como requisito para acceder a la nacionalidad española, el de suficiente grado de integración en la sociedad española del solicitante. Ha quedado acreditado el desconocimiento del idioma español por parte del interesado en el momento de efectuar el juramento de la Constitución. Según el TS, no existe integración por desconocimiento de aspectos esenciales de la sociedad española cuando se ha podido constatar un desconocimiento de la lengua española negándose que su limitado nivel académico fuera excusa suficiente para justificar tal ignorancia. El conocimiento adecuado del idioma español es un dato de singular relevancia a la hora de valorar el suficiente grado de integración en la sociedad, de tal forma que no parece que pueda lograrse satisfactoriamente tal integración por quien no conoce el medio de expresión utilizado por los miembros de la sociedad respecto de la cual se manifiesta la voluntad de ser nacional.
Ponente: Santillán Pedrosa, Berta María.
Nº de Recurso: 487/2017
Jurisdicción: CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA
Iustel - Diario Del Derecho, 12 diciembre 2018, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: Roj: SAN 3236/2018 - ECLI: ES:AN:2018:3236]

BOE de 12.12.2018


-Decisiones del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes por las que se modifican determinadas reglas del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea.
Nota: Se publican diversas decisiones del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes por las que se modifican las reglas 9, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinquies, 13, 27, 28, 32, 33, 51, 82 y 147 del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea.
Véase la versión actualizada del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la Patente Europea.
-Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Mazarrón, por la que se suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de un contrato privado de compraventa.
Nota: En la escritura objeto de la calificación impugnada (en unión de la escritura de rectificación y complemento de aquella), titulada de «elevación a público de contrato privado de compraventa», resulta lo siguiente: que la sociedad titular registral de determinada finca la «vendió» en documento privado de fecha 3 de junio de 2001 a doña J. E. T., sin que conste su estado civil; que la citada doña J. E. T., por documento redactado el día 14 de agosto de 2001 ante notario extranjero, «cedió» su posición contractual a don C. J. M., casado con doña J. P. L. K.; que por documento notarial redactado en lengua neerlandesa, traducido al español y apostillado, que exhiben al notario autorizante de la escritura calificada, pero que no se incorpora ni se acompaña a la misma, resulta que quedó disuelto el matrimonio de los citados cesionarios por la inscripción en el Registro Civil de Vlissingen de la resolución de divorcio del Tribunal de Justicia en Roermond; y, como se desprende de su convenio regulador de divorcio, que tampoco se exhibe al mismo notario autorizante ni se acompaña y de cuyo contenido nada se expresa, «se adjudica a don C. J. M.» la finca objeto de venta. Igualmente, se manifiesta que don C. J. M., verbalmente, «cedió su posición contractual» a su hijo don B. M. Y con tales antecedentes la sociedad referida, con el consentimiento de don C. J. M., ahora vende a don B. M. dicha finca.

Según el primero de los defectos impugnados, el registrador considera que deben formalizarse, integrarse o acreditarse los negocios intermedios, en los términos expresados en la calificación recurrida. Esta cuestión debe resolverse conforme a la reiterada doctrina de este Centro Directivo. Como ya señalara la Resolución de 18.9.1989, no cabe acceder a la inscripción al amparo de la legitimación registral del transmitente prescindiendo, frente a las exigencias del tracto sucesivo sustantivo, de las vicisitudes anteriores a la venta. Esta conclusión no puede quedar contradicha por las manifestaciones contenidas en la escritura calificada sobre el hecho de que se haya realizado la cesión de la posición jurídica que en la compraventa previa ostentaban otros compradores anteriores consentida por la sociedad vendedora. Por lo demás, en el caso de contratos bilaterales o plurilaterales, tanto su revestimiento de forma pública como la autenticidad que con la misma adquieren exigen la concurrencia al otorgamiento de la escritura de todos los que en ellos fueron parte o sus herederos. Finalmente, cabe recordar que, aparte los requisitos materiales antes expresados en relación con los sucesivos títulos traslativos, habrán de cumplirse respecto de los mismos las obligaciones de índole tributaria que incumben tanto a los notarios, respecto de los documentos que autoricen o que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas, como a los registradores, respecto de los que admitan para su calificación e inscripción.

El segundo de los defectos impugnados, relativo a la determinación del precio de la compraventa, debe ser confirmado, ya que existe una contradicción entre la cantidad de 132.757,24 euros que se expresan en el expositivo tercero y los 123.207,48 euros que aparecen en el otorgamiento, cláusula segunda. Resulta que existe una diferencia de 9.549,76 euros entre dichas cuantías, lo que conlleva una evidente falta de claridad y determinación (vid. los arts. 1273 y 1447 y ss. CCiv).

Es doctrina reiterada de la DGRN que, según la normativa vigente, respecto de la identificación de los medios de pago empleados, el registrador en su calificación deberá comprobar que en la escritura se hayan hecho constar los extremos a que se refiere el art. 24 LN, según las reglas especificadas en el art. 177 RN, y que no consta negativa alguna a aportar, en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los medios de pago empleados.

El último de defectos impugnados consiste en que, en la escritura de rectificación y complemento de la anterior, el notario se limita afirmar que los comparecientes «intervienen en los mismos conceptos en que lo hacían en la escritura que por la presente se rectifica», no habiendo emitido juicio de suficiencia sobre la representación alegada.
Según jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia de 23.9.2011) y la doctrina de la DGRN cabe extraer un criterio ya asentado y pacífico respecto del alcance de la calificación registral del juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas de los otorgantes. Así, para entender válidamente cumplidos los requisitos contemplados en artículo 98 de la Ley 24/2001, en los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado, el notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación con aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Las facultades representativas deberán acreditarse al notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el notario deberá hacer constar en el título que autoriza, no sólo que se ha llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas, congruente con el contenido del título mismo, sino que se le han acreditado dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación. Por su parte, el registrador deberá calificar, de un lado, la existencia y regularidad de la reseña identificativa del documento del que nace la representación y, de otro, la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en relación con el acto o negocio jurídico documentado y las facultades ejercitadas, así́ como la congruencia del juicio que hace el notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título. Dicho de otro modo, deberá calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo el contenido de éste congruente con el acto o negocio jurídico documentado.
Por cuanto antecede, y habida cuenta de los escuetos términos empleados por el notario autorizante, debe confirmarse el defecto, algo que se podría haber evitado simplemente con la afirmación por aquél sobre el hecho de que en la escritura complementaria –otorgada el día 20.4.2018– se acredita la representación en la misma forma ya expresada en la escritura complementada –de fecha 4.5.2017–, sin necesidad de más detalles. Por lo demás, se trata de una omisión que puede ser fácilmente subsanada por el propio notario autorizante ex artículo 153 RN.

Por todo lo anterior, la DGRN desestima el recurso y confirma la calificación impugnada.

martes, 11 de diciembre de 2018

Bibliografía - Disposición mortis causa del patrimonio digital


Disposición mortis causa del patrimonio digital
Vanessa García Herrera, Prof. Titular i URJC
Diario La Ley, Nº 9315, Sección Tribuna, 11 de Diciembre de 2018
[Texto del trabajo]
Un importante inconveniente de la disposición testamentaria del «patrimonio digital» es la posibilidad de que los datos personales del testador queden comprometidos. Cualquiera de las personas que, de conformidad con la legislación notarial, tienen derecho a obtener una copia del testamento, puede tener conocimiento de las claves de acceso en él reflejadas. La solución pasa por la manifestación por parte del testador de una prohibición expresa en este sentido merced a una cláusula testamentaria de cuyo conocimiento y copia se prive a dichos sujetos o a un testamento complementario al general, en donde se incluyan las referidas claves, la designación de la persona o de las personas encargadas de la gestión de los datos y las correspondientes instrucciones al respecto.

DOUE de 11.12.2018


-Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1935 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2018, por el que se establecen los formularios a que se refiere el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales.
Nota: Este Reglamento aprueba diversos formularios previstos en el Reglamento 2016/1103. En concreto:
- Anexo I: formulario que deberá utilizarse para la certificación a que se refiere el art. 45.3.b) (Certificación relativa a una resolución en materia de regímenes económico matrimoniales).
- Anexo II: formulario que deberá utilizarse para la certificación relativa a un documento público a que se refieren los artículos 58.1 y 59.2 (Certificación relativa a un documento público en materia de regímenes económico matrimoniales).
- Anexo III: formulario que deberá utilizarse para la certificación relativa a una transacción judicial a que se refiere en el art. 60.2 (Certificación relativa a una transacción judicial en materia de regímenes económico matrimoniales).

Por cierto, ya se puede ir preparando la corrección de errores a la versión española, puesto que el título del certificado del anexo III dice así: "Certificación relativa a una transacción judicial en materia de refiere regímenes económico matrimoniales"
-Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1937 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2018, por el que se sustituye el anexo X del Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.
Nota: Se modifica ahora el anexo X del Reglamento 4/2009, en el que se contiene la relación de autoridades administrativas de los Estados miembros con competencias en materia de obligaciones de alimentos. El origen de la modificación está en la notificación realizada por Letonia y en la modificación de autoridades realizada por el Reino Unido.
-Decisión (PESC) 2018/1939 del Consejo, de 10 de diciembre de 2018, relativa al apoyo de la Unión a la universalización y la aplicación efectiva del Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear.
Nota: De acuerdo con el art. 1 de la Decisión, "a fin de garantizar la aplicación continua y práctica de determinados elementos de la Estrategia, la Unión promoverá la universalización y la aplicación efectiva del Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear (CIRATN) mediante el apoyo a las actividades de la UNODC —en particular de su Subdivisión de Prevención del Terrorismo (SPT)—, la cual, entre otras cosas, apoya los esfuerzos de los Estados para adherirse a instrumentos jurídicos internacionales pertinentes y para consolidar tanto sus marcos nacionales en materia jurídica y de justicia penal como su capacidad institucional de lucha contra el terrorismo nuclear, y al Programa del UNCCT sobre prevención de ataques con armas de destrucción en masa (ADM) y la respuesta a ellos/terrorismo con armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN), el cual, entre otras cosas, se propone apoyar a los Estados y a las organizaciones internacionales para evitar el acceso a materiales ADM/QBRN y su utilización por parte de grupos terroristas y para asegurar que estén mejor preparados y puedan responder de manera efectiva ante un ataque terrorista con tales materiales".

lunes, 10 de diciembre de 2018

Consulta Vinculante - Podrá aplicarse el régimen de fusiones a la reestructuración empresarial realizada para minimizar el riesgo por Brexit


Consulta Vinculante V2253-18, de 26 de julio de 2018 de la Subdireccion General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Juridicas: Impuesto sobre sociedades. Aplicación del régimen fiscal especial del capítulo VII, del título VII de la LIS. Reestructuración societaria realizada con la finalidad de minimizar el riesgo por Bréxit ante la incertidumbre causada sobre la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Evitar la falta de claridad en relación al marco legal aplicable. Estos motivos pueden considerarse económicamente válidos a los efectos de lo previsto en el artículo 89.2 de la LIS.
Diario La Ley, Diario La Ley, Nº 9314, 10 de Diciembre de 2018
[Texto de la Consulta]

Tribunal de Justicia de la Unión Europea


NUEVOS ASUNTOS

-Asunto C-584/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Eparchiako Dikastirio Larnakas (Chipre) el 19 de septiembre de 2018 — D. Z. / Blue Air — Airline Management Solutions SRL / Blue Air — Airline Management Solutions SRL.
Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Ha de interpretarse la Decisión nº 565/2014/UE en el sentido de que crea efectos jurídicos directos en forma, por un lado, de derechos de los particulares nacionales de terceros países a que no se les exija visado para su entrada en el Estado miembro de destino y, por otro lado, de obligación del Estado miembro de destino de que se trata de no solicitar dicho visado, si aquellos poseen un visado o un título de residencia comprendido en la lista de los que son objeto de reconocimiento mutuo con arreglo a la Decisión nº 565/2014/UΕ, a cuya aplicación se comprometió el Estado miembro de destino?
2) Cuando un transportista aéreo, por sí mismo y/o por medio de sus representantes mandatarios autorizados en el aeropuerto del Estado miembro de partida, deniega el embarque de un pasajero alegando la negativa de las autoridades del Estado miembro de destino a aceptar la entrada de este en el Estado miembro en cuestión, por falta de visado de entrada, ¿puede considerarse que el transportista aéreo ejerce una autoridad y actúa como extensión del Estado miembro en cuestión (emanation of State), de modo que el pasajero afectado puede oponerle la Decisión nº 565/2014/UE ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro de partida, para que declare que tiene derecho de entrada sin necesidad de visado y que puede solicitar una compensación por la vulneración de su derecho y, por extensión, por el incumplimiento de su contrato de transporte?
3) ¿Puede un transportista aéreo, por sí mismo y/o por medio de sus representantes mandatarios autorizados, denegar el embarque del nacional de un tercer país, alegando la resolución de las autoridades del Estado miembro de destino por la que se deniega la entrada de este en el territorio del Estado en cuestión, sin que se haya expedido y/o entregado previamente al nacional de que se trata una resolución motivada por escrito sobre la denegación de entrada [véase el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2016/399, anterior artículo 13 del Reglamento (CE) nº 562/2006 que prescribe la expedición de una resolución motivada para la denegación de entrada], con el fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales y en particular de la protección jurisdiccional de los derechos del pasajero afectado (véase el artículo 4 del mismo Reglamento)?
4) ¿Ha de entenderse el artículo 2, [inciso] j), del Reglamento (CE) nº 261/2004 en el sentido de que no está comprendido en su ámbito de aplicación el supuesto de denegación de embarque del pasajero cuando esta se decida por el transportista aéreo debido a la «falta de documentos de viaje suficientes»? ¿Debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento la denegación de embarque, si se determinó judicialmente, sobre la base de las circunstancias particulares de cada supuesto, que los documentos de viaje eran suficientes y que la denegación de embarque estaba injustificada o infringía el Derecho europeo?
5) ¿Puede un pasajero verse privado de su derecho a compensación que le concede el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 261/2004, invocando una cláusula de exención o de limitación de responsabilidad del transportista aéreo en el supuesto de que alegue insuficiencia de los documentos de viaje, si tal cláusula figura en las condiciones habituales de funcionamiento y/o de prestación de servicios de un transportista aéreo, publicadas con carácter previo? ¿Se opone el artículo 15, en relación con el artículo 14 del mismo Reglamento, a la aplicación de esas cláusulas de limitación y/o de exención de responsabilidad del transportista aéreo?"
-Asunto C-613/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Tributário de Lisboa (Portugal) el 28 de septiembre de 2018 — Estado de Canadá / Autoridade Tributária e Aduaneira.
Cuestión planteada: "En el ámbito de la tributación de los dividendos distribuidos por una sociedad establecida en territorio nacional a una entidad no residente, ¿es compatible con el principio de prohibición de las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y terceros países que exista un tipo efectivo del impuesto sobre sociedades aplicable a las entidades residentes en un tercer país que sea más gravoso que el que se aplica a un residente en territorio nacional que tenga la misma naturaleza?"
-Asunto C-615/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Kehl (Alemania) el 28 de septiembre de 2018 — Proceso penal contra UY.
Cuestiones planteadas:
"1) ¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular la Directiva 2012/13 y los artículos 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE y 56 TFUE, en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que permite en un proceso penal ordenar al acusado, por el mero hecho de residir en otro Estado miembro, que nombre un representante a efectos de notificaciones para que reciba la notificación de un auto de autorización de decreto de propuesta de imposición de pena dirigido contra aquel, con la consecuencia de que el referido auto deviene firme, cumpliéndose así el requisito legal para la punibilidad de una posterior actuación del acusado (efecto de verificación del tipo delictivo), aunque este realmente no haya tenido noticia del citado auto y el conocimiento de dicho auto por parte del acusado no esté garantizado en la misma medida en que lo estaría en caso de habérsele notificado si el acusado tuviese su domicilio en el primer Estado miembro?
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular la Directiva 2012/13 y los artículos 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE y 56 TFUE, en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que permite en un proceso penal ordenar al acusado, por el mero hecho de residir en otro Estado miembro, que nombre un representante a efectos de notificaciones para que reciba la notificación de un auto de autorización de decreto de propuesta de imposición de pena dirigido contra aquel, con la consecuencia de que el referido auto deviene firme, cumpliéndose así el requisito legal para la punibilidad de una posterior actuación del acusado (efecto de verificación del tipo delictivo), y de que se impone al acusado, en relación con el enjuiciamiento de ese delito, una obligación subjetivamente más gravosa de encargarse de informarse efectivamente del auto de autorización de decreto de propuesta de imposición de pena, en comparación con la que le incumbiría si tuviese su residencia en el primer Estado miembro, de manera que se posibilita el ejercicio de acciones penales por negligencia del acusado?"
-Asunto C-621/18: Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Session, Edimburgo (Reino Unido) el 3 de octubre de 2018 — Andy Wightman y otros / Secretary of State for Exiting the European Union.
Cuestión planteada: "Si un Estado miembro ha notificado al Consejo Europeo, con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, su intención de retirarse de la Unión Europea, ¿permite el Derecho de la Unión que dicho Estado miembro revoque unilateralmente la notificación y, en caso afirmativo, qué requisitos deben cumplirse y cuáles serían los efectos en relación con la permanencia del Estado miembro en la Unión Europea?"

Nota: El asunto ha sido resuelto mediante sentencia del TJUE de 10.12.2018.

DOUE de 10.12.2018


-Reglamento (UE) 2018/1923 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 360/2012 en lo relativo a su período de aplicación.
Nota: El Reglamento 360/2012 será aplicable a partir del 31 de diciembre de 2020 (en vez del 31.12.2018).
Véase el Reglamento (UE) n ° 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general, así como la entrada de este blog del día 26.4.2012.

-Recomendación del Consejo, de 26 de noviembre de 2018, relativa a la promoción del reconocimiento mutuo automático de las cualificaciones de educación superior y de educación secundaria postobligatoria, y de los resultados de los períodos de aprendizaje en el extranjero.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (10.12.2018)


ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière) 10 décembre 2018 dans l’affaire C‑621/18 (Wightman e.a.): Renvoi préjudiciel – Article 50 TUE – Notification par un État membre de son intention de se retirer de l’Union européenne – Conséquences de la notification – Droit de révocation unilatérale de la notification – Conditions.
Fallo del Tribunal: "L’article 50 TUE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre a notifié au Conseil européen, conformément à cet article, son intention de se retirer de l’Union européenne, ledit article permet à cet État membre, tant qu’un accord de retrait conclu entre ledit État membre et l’Union européenne n’est pas entré en vigueur ou, à défaut d’un tel accord, tant que le délai de deux ans prévu au paragraphe 3 de ce même article, éventuellement prorogé conformément à ce paragraphe, n’a pas expiré, de révoquer unilatéralement, de manière univoque et inconditionnelle, cette notification par un écrit adressé au Conseil européen, après que l’État membre concerné a pris la décision de révocation conformément à ses règles constitutionnelles. Une telle révocation a pour objet de confirmer l’appartenance de cet État membre à l’Union européenne dans des termes inchangés quant à son statut d’État membre, ladite révocation mettant fin à la procédure de retrait."

BOE de 10.12.2018


-Acuerdo entre el Reino de España y la República de Costa de Marfil sobre transporte aéreo, hecho "ad referendum" en Madrid el 18 de enero de 2018.
Nota: Este Acuerdo entrará en vigor el 23 de diciembre de 2018.
-Resolución de 26 de noviembre de 2018, conjunta de la Secretaría General de la Administración de Justicia y la Secretaría General de Universidades, por la que se designan las Comisiones evaluadoras de la segunda prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2018.
Nota: Véase la Orden PCI/949/2018, de 14 de septiembre, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2018, así como la entrada de este blog del día 15.9.2018.

domingo, 9 de diciembre de 2018

Bibliografía - Yearbook of Private International Law Vol. XIX - 2017/2018


Yearbook of Private International Law Vol. XIX - 2017/2018
Edited by Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, Ilaria Pretelli (Associate)
2018, Vol. 19, 632 p., 219,00 €
ISBN: 978-3-504-08013-6


TABLE OF CONTENTS

Doctrine
- Gérald GOLDSTEIN, Forum Non Conveniens and Exception Clauses – Coordinating Conflicting Legal Systems in Civil Law Jurisdictions in a Global Context
- Georgina GARRIGA SUAU, The Law Applicable to the Right of Recourse in the Field of Liability Insurance Law
- Matthias LEHMANN / Johannes UNGERER, Applying or Taking Account of Foreign Overriding Mandatory Provisions – Sophism under the Rome I Regulation
- Qisheng HE / Yahan WANG, Resolving the Dilemma of Judgment Reciprocity – From a Sino-Japanese Model to a Sino-Singaporean Model
- Johannes LANDBRECHT, Uniform Jurisdiction Rules under the Hague Choice of Court Convention

Matrimonial Property Regimes in European Private International Law
- Anatol DUTTA, Beyond Husband and Wife – New Couple Regimes and the European Matrimonial Property Regulations
- Pietro FRANZINA, Jurisdiction in Matters Relating to Property Regimes under EU Private International Law
- Dagmar COESTER-WALTJEN, Connecting Factors to Determine the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes
- Patrick WAUTELET, What’s Wrong with Article 22? The Unsolved Mysteries of Choice of Law for Matrimonial Property
- Sandrine CLAVEL / Fabienne JAULT-SESEKE, Public Interest Considerations – Changes in Continuity

Cultural Property and Private International Law
- Marc-André RENOLD, Legal Obstacles to Claims for the Restitution of Looted Art
- Alessandro CHECHI, When Private International Law Meets Cultural Heritage Law – Problems and Prospects

National Reports
- Maria Caterina BARUFFI, International Surrogacy Arrangements Test the Public Policy Exception – An Italian Perspective
- Maria HOOK, New Zealand’s Choice of Law Rules Relating to Tort
- Tamas DEZSO ZIEGLER / Vanda VADASZ / Sarolta SZABÓ, The New Hungarian Private International Law Code – A Mixture of Modern and Traditional Solutions
- Zeynep Derya TARMAN / Meltem Ece OBA, Choice of Court Agreements under Turkish Law
- Tamir BOLDBAATAR, The Development of Private International Law in Mongolia
- Oleg ZAYTSEV / Vladimir ZAYTSEV, The Russian Implementation of the Hague Children Conventions

News from the Hague
- María Blanca NOODT TAQUELA / Verónica RUIZ ABOU-NIGM, The Draft Judgments Convention and its Relationship with Other International Instruments
- Cristina M. MARIOTTINI, The Exclusion of Defamation and Privacy from the Scope of The Hague Draft Convention on Judgments

Court Decisions
- Guillaume KESSLER, Recognition of International Surrogacy in France – The Bypass Strategy
- Michael KOMUCZKY, Punitive Damages and Public Policy in the EU

Forum
- Seema PANNAIKADAVIL-THOMAS / Vito BUMBACA, The Role of International Social Services in Private International Law
- Ioannis K. SOMARAKIS, Rethinking EU Jurisdiction in Cross-Border Family and Succession Cases Connected with Non-Member States
- Giulia VALLAR, International Insolvency in the Banking Sector – Coordination Issues and Private International Law Methods

Index

Revista de revistas (2 a 9 de diciembre)


-Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo: núm. 210 (2018); núm. 211 (2018); núm. 212 (2018).

sábado, 8 de diciembre de 2018

Boletín de Prensa del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones - European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin (7 Diciembre 2018)


Boletín de Prensa el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones / European Observatory on Gerontomigration Press Bulletin, nº 336, de 7 diciembre 2018.


Guy Verhofstadt, Brexit coordinator for EU parliament, said UK and EU citizens ‘cannot be victims of a no-deal Brexit’ nor used as ‘bargaining chips’. “In the case of no deal, the European parliament and I have been clear that we want the citizens’ rights deal that has been provisionally agreed to be ringfenced and the EU must honour this,”... The Withdrawal Agreement states that the government would allow those already in the country to stay and enjoy similar rights, even in the event of a no-deal Brexit. However, this will only apply to EU nationals who arrive before March 29 2019, rather than the end of 2020 when the agreed transition period would end.

"'It's better than no deal': Do Brits in Europe hope Theresa May wins Brexit vote?", The Local, 07 | 12 | 2018 - Reportaje (Alex Macbeth)
British citizens living in Europe are torn over whether or not to back the agreement that would preserve most of their rights, but confirm the UK's exit from the EU. ... If MPs approve Theresa May’s ... Brexit deal, the terms of Britain’s future relationship with the EU will have been broadly defined. In such a scenario, May’s Conservative government could ... lead the next phase of negotiations with the bloc after March 2019 and Brits in the EU will have retained most of the rights they currently enjoy, although some crucial ones will be lost. ... If the Withdrawal Agreement is approved, the rights of Brits to remain indefinitely in their host country would be secured, as would their index-linked pensions, healthcare cover... But those rights would be landlocked... Their right to vote in local elections also hangs in the balance. That is why many Brits are still hoping for a People’s Vote and potentially no Brexit at all.

"‘Concerned’ about British residents", Costa News, 06 | 12 | 2018 - Noticia
Valencia’s president Ximo Puig met the UK’s Ambassador in Spain... Sr Puig told Mr Manley ... British residents should not fear any ‘deliberate neglect’ from his coalition government ‘above all where frontline public services are concerned, particularly health’

The British government spelled out ... what it would do to protect the rights of British citizens living in the EU in the event that the UK crashed out of the union without a deal, including those who were forced to return home. The policy paper spells out some of the measures that would be taken to protect the citizens' rights ... if there was a no-deal Brexit. However the government insists that the only way the rights of Britons can really be protected is if the deal is ratified. ... the government accepts that depends on London acting first. ... The paper contains some pledges that will be important to Britons living throughout the EU, notably those who are retired. "Where it is in our control, the UK will also continue to preserve certain rights of UK nationals in the EU, for example by continuing to pay an uprated UK state pension to eligible UK nationals living in the EU." ... On the subject of health and voting the government said: "We understand that access to healthcare is vital and can confirm that UK nationals who returned to the UK permanently in a ‘no deal’ scenario would have access to NHS-funded healthcare on the same basis as UK nationals already living here. They would also be able to register to vote in local and national elections. ... And when it comes to accessing vital benefits and housing, the government ... is considering how best to act to support returning UK nationals. ... in the case of no deal ... "Aspects of the reciprocal healthcare and social security coordination section of the Withdrawal Agreement require reciprocity from the EU or individual Member States and cannot be protected unilaterally," the document said. ... The UK wants is citizens to be able to carry on standing and voting in local elections in the countries where they live and so says it will guarantee that EU nationals will be able to vote in local elections in the UK. ... British in Europe's Kalba Meadows said: "Although we have met with officials at Department for Exiting the EU, we at British in Europe have been trying continuously to meet with the Secretary of State for that department and have never had been invited to do so. "We've also requested meetings with Theresa May on several occasions and our requests have simply not been acted on..."

"Más de 121.000 extranjeros podrán votar en las elecciones municipales", Levante-EMV, 06 | 12 | 2018 - Reportaje (Rafel Montaner)
La mayoría ... son de los 27 países de la UE, pero también hay ... de otros 12 Estados con los que España tiene suscritos acuerdos de reciprocidad de voto. ... casi la mitad de electores noruegos y uno de cada tres británicos, holandeses, belgas y lituanos residentes en España voten en la C. Valenciana. Uno de cada cuatro electores búlgaros, suecos e irlandeses están empadronados en la Comunitat, así como uno de cada seis rumanos, alemanes y franceses. ... El derecho al voto de los 90.193 electores británicos, más de 28.000 de ellos empadronados en tierras valencianas, depende del brexit. Si se consuma la salida de la UE el 30 de marzo, serán excluidos del censo. Todos los extranjeros de estos 39 países con derecho a voto en las municipales, si no lo han hecho ya, deben manifestar en los ayuntamientos en los que están empadronados su voluntad de votar en las próximas elecciones. En el caso de los nacionales de los 12 Estados con acuerdo de reciprocidad el plazo finalizará el 15 de enero, mientras que los de los 27 países de la UE tendrán hasta el 30 de enero.

A panel of regional and local politicians as well as tourism sector representatives discussed their plans to counteract a possible fall in British tourism. ... Colomer, the regional Tourism chief, put across a message of calm and security. ... pointed out ... “We need to read the Brexit agreement’s small print, see how the disconnection is concluded, without customs duties or airport taxes that could halt the arrival of tourists,” Colomer added. Meanwhile, Generalitat is working with the region’s three Diputacion provincial councils, local administrations and the tourist sector to source complementary markets.


Nota: Este Boletín de Prensa realiza un seguimiento periodístico de los aspectos más destacados del fenómeno de la movilidad transfronteriza de personas mayores estudiado en el Observatorio Europeo de Gerontomigraciones. Mi agradecimiento a la Coordinadora del Observatorio, la Prof. Mayte Echezarreta Ferrer (Universidad de Málaga), así como a sus miembros, investigadores y colaboradores, por su labor y por permitir su difusión en Conflictus Legum.

viernes, 7 de diciembre de 2018

Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018


Llegamos a nuestra cita semanal con la referencia de la sesión del Consejo de Ministros y, por tanto, nuestra cita también con el Real Decreto-ley de la semana. ¿A quién le ha tocado hoy? Pues al Real Decreto-ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria y el Comercio en España, conformando el Real Decreto-ley número 17 que ha aprobado este Gobierno en los últimos casi seis meses. El de hoy aborda aspectos que afectan a la competitividad de los sectores industrial y comercial. El paquete regulatorio se complementa con medidas que inciden en la competitividad del sector comercial. Así, se regula la limitación de la venta con pérdidas, adaptando la regulación española a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se suprimen los Registros de Franquiciadores y de Ventas a Distancia.

Lo mismo que cada semana tenemos nuestro Real Decreto-ley, parece que el Consejo de Ministros también quiere proponer semanalmente la reforma de un artículo de la Constitución. La semana pasada fue la reforma de los artículos 71.3 y 102.1 del texto constitucional. Esta semana le toca al artículo 49, relativo a los derechos de las personas con discapacidad. El texto que se propone es el siguiente:
"1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.
2. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
3. Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.
4. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos".
El Consejo de Ministros ha aprobado igualmente el informe previo a la elaboración del II Plan de Derechos Humanos, que girará en torno a cuatro ejes materiales prioritarios en el marco de la acción del Gobierno: protección de la infancia, igualdad de género, migraciones y transición ecológica. Su objetivo es la mejora de la protección y disfrute de todos los Derechos Humanos sobre la base de la Declaración Universal, los Pactos Internacionales de 1966 y todos los Tratados específicos ratificados por España. Además, tomará en consideración la indivisibilidad e interdependencia de los Derechos Humanos. Tomando como referencia las cinco esferas de acción definidas en la Agenda 2030, los ámbitos de acción del Plan serán:
· Personas: acabar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones y garantizar, a través de la educación de calidad, que todos los seres humanos se desarrollen con dignidad e igualdad en un ambiente sano.
· Planeta: proteger el planeta contra la degradación ambiental y prevenir el impacto negativo sobre el disfrute de los Derechos Humanos, a través del consumo y producciones sostenibles, la gestión sostenible de los recursos naturales; así como la aplicación de medidas urgentes contra el cambio climático.
· Prosperidad: asegurar que todos los seres humanos pueden gozar de una vida próspera y plena y que se pueda lograr un progreso económico, social y tecnológico, teniendo a las personas en el centro de las decisiones en armonía con la naturaleza.
· Paz y Justicia: propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas donde todo el mundo se sienta seguro y protegido.
· Alianzas: propiciar la colaboración y movilización de todos actores y recursos implicados en la construcción de una sociedad libre que respete, proteja y promueva todos los Derechos Humanos.
También ha aprobado un Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas a los Anexos 6, 8 y 9 del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR. El Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR ("Transport International Routier") fue hecho en Ginebra el 14.11.1975 y entró en vigor el 20.03.1978. España es desde el 01.08.1982 parte de este Convenio, que entró en vigor para nuestro país el 11.02.1983.
Mediante notificación de la Secretaría General de las Naciones Unidas de 03.11.2017 se ponían en circulación las siguientes Enmiendas a los Anexos 6, 8 y 9 del Convenio, adoptadas en Ginebra el 12.10.2017:
· El Anexo 6 se modifica, a fin de armonizar el texto del Convenio con el aumento del importe máximo por cuaderno TIR asumido por la cadena de garantía, situando este importe en 100.000 euros en lugar de 50.000 dólares de los Estados Unidos.
· Las Enmiendas del Anexo 6, del Anexo 8, artículo 1 bis, y del Anexo 9, parte III, apartado 2, tienen por objeto aumentar la transparencia de las cuestiones financieras relacionadas con el funcionamiento de la Unión Internacional del Transporte por Carretera, IRU, la organización internacional autorizada para asumir la responsabilidad de la organización y funcionamiento eficaces del sistema internacional de garantía.
· La Enmienda del Anexo 9 establece nuevas normas en materia de requisitos de auditoría, así como condiciones y requisitos para las organizaciones internacionales autorizadas, con el objetivo de asegurar la transparencia y la buena gobernanza de los registros y las contabilidades pertinentes y la impresión y distribución de los cuadernos TIR.
· Las Enmiendas del Anexo 8, artículo 1 bis, tienen por objeto establecer la exigencia de que los estados financieros anuales y los informes de auditoría presentados por la organización internacional autorizada de conformidad con las obligaciones establecidas en el Anexo 9, parte III, sean objeto de examen o comprobación por parte del Comité Administrativo. Se debe otorgar al Comité Administrativo el derecho a solicitar exámenes adicionales, si se considerase justificado sobre la base de una evaluación de riesgos.
· La Enmienda del Anexo 6 tiene por finalidad especificar la manera en que deben llevarse a cabo los exámenes adicionales.
Al no haberse producido objeciones, el Secretario General de Naciones Unidas comunicó, mediante notificación de 09.04.2018, la entrada en vigor de dichas Enmiendas el 01.07.2018 para todas las Partes Contratantes, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 60 del Convenio TIR.

Igualmente ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. La futura Ley tiene por objeto incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, la llamada Directiva PNR, relativa a la utilización de datos del registro de los pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delincuencia grave.
La Ley aborda tanto la recogida y tratamiento de estos datos como su intercambio con otros Estados miembros, terceros Estados y Europol. Los datos PNR se deberán recoger en vuelos internacionales, tanto extracomunitarios como intracomunitarios, comerciales y privados. Forman parte de esta información el nombre y apellidos del pasajero, dirección y datos de contacto, datos de pago, información sobre el equipaje, itinerario de viaje, información sobre viajeros asiduos, agencia u operador de viajes, información del billete y datos del asiento. Los datos serán recogidos y tratados por la Unidad de Información sobre Pasajeros española, encuadrada en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Se les aplica la normativa vigente sobre protección de datos, y servirán únicamente para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar los delitos de terrorismo tipificados en nuestro Código Penal y delitos muy graves a los que se refiere la Directiva PNR. Una vez recogidos los datos, se cotejarán informáticamente con todos los ficheros disponibles, y la Unidad de Información sobre Pasajeros podrá ponerlos a disposición de las autoridades con los fines previstos.

Finalmente, ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación a publicar las convocatorias 2018 de ayudas para la contratación laboral de investigadores contemplada en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad por importe de 100.915.000 euros. Esta cantidad servirá para financiar a universidades, organismos públicos de investigación y otros centros de I+D públicos o privados sin ánimo de lucro para que contraten a investigadores.
Las ayudas a contratos 'Ramón y Cajal' ascienden a 61.720.000 euros destinados a 200 doctores con trayectoria consolidada que hayan obtenido el grado de doctor entre 2008 y 2015. También se destinan 20.925.000 euros a 225 ayudas 'Juan de la Cierva-Incorporación' para incorporar doctores en universidades, organismos públicos de investigación y otros centros de I+D sin ánimo de lucro. Estas ayudas se complementan con 11,2 millones de euros de la modalidad 'Juan de la Cierva-Formación' para otras 225 ayudas destinadas a jóvenes doctores que hayan obtenido el título de doctor durante 2017 y 2018. Por último, las ayudas a contratos de 'Personal Técnico de Apoyo' destinan 7.020.000 euros para incentivar la contratación de unas 180 titulados universitarios y técnicos superiores en formación profesional para su incorporación en organismos de investigación.

Véase la referencia completa de la sesión [aquí]

DOUE de 7.12.2018


-Reglamento (UE) 2018/1860 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, sobre la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular.
Nota: Esta norma establece las condiciones y los procedimientos para la introducción y el tratamiento de descripciones relativas a nacionales de terceros países sujetos a decisiones de retorno dictadas por los Estados miembros en el Sistema de Información de Schengen (SIS) establecido mediante el Reglamento (UE) 2018/1861 (véase la siguiente referencia de esta entrada), así como para el intercambio de información complementaria relativa a dichas descripciones (art. 1). Las descripciones sobre retorno introducidas en el SIS contendrán solo los datos recogidos en el art. 4.
-Reglamento (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas, por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y se modifica y deroga el Reglamento (CE) n.o 1987/2006.
Nota: La finalidad del SIS es garantizar un alto nivel de seguridad en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión, con inclusión del mantenimiento de la seguridad y el orden públicos y la salvaguardia de la seguridad en el territorio de los Estados miembros, y garantizar la aplicación de las disposiciones del capítulo 2 del título V de la tercera parte del TFUE relativas a la circulación de personas en sus territorios, con la ayuda de la información transmitida a través de este sistema (art. 1).
En esta norma se establecen las condiciones y los procedimientos para la introducción en el SIS y el tratamiento de las descripciones sobre nacionales de terceros países, y para el intercambio de información complementaria y datos adicionales a efectos de la denegación de entrada y estancia en el territorio de los Estados miembros. También establece disposiciones sobre la arquitectura técnica del SIS, las responsabilidades de los Estados miembros y de la Agencia de la Unión Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA), el tratamiento general de los datos, los derechos de los interesados y la responsabilidad.

Queda derogado el Reglamento (CE) nº 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (art. 65).
-Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y deroga la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) n.o 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión.
Nota: El SIS tiene por finalidad garantizar un alto nivel de seguridad en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión, con inclusión del mantenimiento de la seguridad y el orden públicos y la salvaguardia de la seguridad en el territorio de los Estados miembros, y garantizar la aplicación de las disposiciones de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte del TFUE relativas a la circulación de personas en sus territorios, con la ayuda de la información transmitida a través de este sistema (art. 1).
Este Reglamento establece las condiciones y los procedimientos para la introducción en el SIS y el tratamiento de las descripciones sobre personas y objetos, así como para el intercambio de información complementaria y datos adicionales a efectos de la cooperación policial y judicial en materia penal. Establece también disposiciones sobre la arquitectura técnica del SIS, las responsabilidades de los Estados miembros y de la Agencia de la Unión Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA), el tratamiento general de los datos, los derechos de los interesados y la responsabilidad.

Quedan derogados el Reglamento (CE) nº 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo al acceso al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) por los servicios de los Estados miembros competentes para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos, así como las Decisiones 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), y la 2010/261/UE de la Comisión, de 4 de mayo de 2010, relativa al plan de seguridad para el SIS II Central y la infraestructura de comunicación.
-Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/2225 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a la utilización del Sistema de Entradas y Salidas.
Nota: Véase el Reglamento (UE) 2017/2225 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a la utilización del Sistema de Entradas y Salidas, así como la entrada de este blog del día 9.12.2017.

-Comunicación de la Comisión — Medidas consideradas igualmente eficaces a efectos del artículo 4 de la Directiva de lucha contra la elusión fiscal.
Nota: Véase la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, así como la entrada de este blog del día 19.7.2016.
-Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales — Informe del Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) en el que se sugieren modificaciones al anexo II de las Conclusiones del Consejo de 5 de diciembre de 2017.
Nota: Mueva modificación, la sexta en menos de un año, de las Conclusiones del Consejo sobre la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. La UE considera países y territorios no cooperadores a efectos fiscales los siguientes: Samoa americana, Guam, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
Véanse las entradas de este blog del día 19.12.2018, del día 26.1.2018, del día 16.3.2018, del día 5.6.2018, del día 5.10.2018 y del día 9.11.2018.
-Conclusiones del Consejo sobre el papel del trabajo en el ámbito de la juventud en el contexto de las cuestiones relacionadas con la migración y los refugiados.

jueves, 6 de diciembre de 2018

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (6.12.2018)


-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima) de 6 de diciembre de 2018, en el asunto C‑480/17 (Montag): Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Fiscalidad directa — Impuesto sobre la renta — Deducibilidad de las cotizaciones abonadas a un organismo profesional de previsión y a un seguro privado de jubilación — Exclusión para los no residentes.
Fallo del Tribunal:
"El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual un contribuyente no residente, sujeto, en ese Estado miembro, al impuesto sobre la renta por obligación real, no puede deducir de la base imponible del impuesto sobre la renta el importe de las cotizaciones obligatorias abonadas a un organismo profesional de previsión, en la proporción correspondiente a la parte de los rendimientos sujetos al impuesto en ese Estado miembro cuando estos presentan un vínculo directo con la actividad que ha generado ese rendimiento, mientras que un contribuyente residente, sujeto al impuesto sobre la renta por obligación personal, puede deducir tales cotizaciones de la base imponible del impuesto sobre la renta, dentro de los límites previstos por el Derecho nacional.
El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual un contribuyente no residente, sujeto, en ese Estado miembro, al impuesto sobre la renta por obligación real, no puede deducir de la base imponible sobre la renta el importe de las cotizaciones complementarias abonadas a un organismo profesional de previsión y el de las cotizaciones abonadas en el marco de un seguro privado de jubilación, mientras que un contribuyente residente, sujeto al impuesto sobre la renta por obligación personal, puede deducir tales cotizaciones de la base imponible del impuesto sobre la renta, dentro de los límites previstos por el Derecho nacional."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 6 de diciembre de 2018, en el asunto C‑675/17 (Preindl): Procedimiento prejudicial — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — Directiva 2005/36/CE — Reconocimiento de títulos de formación obtenidos en periodos de formación parcialmente superpuestos — Potestad de verificación del Estado miembro de acogida.
Fallo del Tribunal:
"1) Los artículos 21, 22 y 24 de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, deben interpretarse en el sentido de que obligan a un Estado miembro, cuya legislación prevé la obligación de formación a tiempo completo y la prohibición de matriculación simultánea en dos formaciones, a reconocer automáticamente títulos de formación contemplados por esta Directiva y expedidos en otro Estado miembro tras finalizar formaciones parcialmente concomitantes.
2) Los artículos 21 y 22, letra a), de la Directiva 2005/36 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que el Estado miembro de acogida verifique el cumplimiento de la condición con arreglo a la cual la duración total, el nivel y la calidad de las formaciones a tiempo parcial no deben ser inferiores a las formaciones a tiempo completo."
-SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 6 de diciembre de 2018, en el asunto C‑551/18 PPU (IK): Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros — Orden de detención europea emitida a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad — Contenido y forma — Artículo 8, apartado 1, letra f) — Falta de mención de la pena accesoria — Validez — Consecuencias — Efecto sobre la privación de libertad.
Fallo del Tribunal: "El artículo 8, apartado 1, letra f), de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que la omisión, en la orden de detención europea sobre cuya base se ha realizado la entrega de la persona afectada, de la pena accesoria de puesta a disposición a la que ha sido condenada dicha persona por el mismo delito y mediante la misma resolución judicial en la que se ha impuesto la pena principal privativa de libertad no se opone, en las circunstancias del litigio principal, a que la ejecución de esta pena accesoria, cuando haya expirado la pena principal y tras la decisión formal dictada a este fin por el tribunal nacional competente en materia de ejecución de las penas, dé lugar a una privación de libertad."

DOUE de 6.12.2018


-Decisión (UE) 2018/1905 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana titulada: «Referéndum en toda la UE sobre si los ciudadanos europeos desean que el Reino Unido permanezca en la UE o salga de ella» [notificada con el número C(2018) 8006]
Nota: Mediante el presente acto, se deniega el registro de la propuesta de iniciativa titulada: «Referéndum en toda la UE sobre si los ciudadanos europeos desean que el Reino Unido permanezca en la UE o salga de ella».

Comité Económico y Social Europeo
(537º Pleno del CESE, 19.9.2018 – 20.9.2018)

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Inteligencia artificial: anticipar su impacto en el trabajo para garantizar una transición justa» (dictamen de iniciativa)

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Confianza, privacidad y seguridad de los consumidores y las empresas en el internet de las cosas» (dictamen de iniciativa)

-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Inteligencia artificial para Europa [COM(2018) 237 final]
Nota: Véase el documento COM(2018) 237 final, COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Inteligencia artificial para Europa.
-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre a) «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE»[COM(2018) 184 final — 2018/0089 (COD)] y b) «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE»[COM(2018) 185 final — 2018/0090 (COD)]
Nota: Véanse los documentos COM(2018) 184 final, Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE, y sus anexos, así como el COM(2018) 185 final, Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE.
-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad»[COM(2018) 336 final-2018/0168 (COD)]
Nota: Véase el documento COM(2018) 336 final, Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad.
-Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Adaptación de la política común de visados a los nuevos retos»[COM(2018) 251 final] y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 810/2009 por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) [COM(2018) 252 final — 2018/0061 (COD)]