En la última sesión del año del Consejo de Ministros ha continuado el Festival de los Reales Decreto-ley, aprobándose tres más. Al finalizar el año se suele hacer balance de lo realizado a lo largo de él, por lo que no puedo dejar de hacer balance del año en el que el Gobierno ha pulverizado el récord de aprobación de este tipo de normas. Desde el 22 de junio, fecha en el que este Gobierno aprobó su primer Real Decreto-ley (el núm. 4/2018), hasta hoy el Gobierno ha aprobado 25 Reales Decretos-ley. Si tenemos en cuenta que han transcurrido algo más de seis meses y 29 sesiones del Consejo de Ministros, quiere esto decir que se ha aprobado un Real Decreto-ley casi cada sesión, con un promedio de más de cuatro por mes y más de uno por semana -si tenemos en cuenta que a lo largo del mes de agosto el Consejo de Ministros estuvo dos semanas sin reunirse, los promedios son todavía más concluyentes-. Si a ello añadimos que, como acabo de decir, el lapso temporal de aprobación de los 25 Reales Decretos-ley ha sido de algo más de seis meses, cabe concluir que se ha pulverizado cualquier marca anterior. Es cierto que en el año 2012 (y en el año 1997) se aprobaron 29 Reales Decretos-ley (y este año se habrán aprobado 28), pero fue a lo largo de 12 meses, y este año han sido 25 en algo más de seis meses.
Las marcas anteriores quedan lejos, y algunas muy lejos como los 7 Reales Decretos-ley de los años 2003 y 2016 (o del año 1987) (o los 2 de 1986, los 5 de los años 1991 y 1992, o los 6 de 1988, 1989 y 1990, o los 8 de 1985); o los 10 de los años 2000, 2002 y 2008; los 11 de los años 2004 y 2007; los 12 del 2015; los 13 del 2006; los 14 de los años 2009 y 2010; los 16 de los años 2001 y 2005; o los 17 de los años 2013 y 2014. Algo más cerca quedan los 20 aprobados a lo largo del año 2011, pero todos ellos se quedan a una gran distancia si tenemos en cuenta que, como ya he dicho, este año se han aprobado 25 en algo más de seis meses, lo que realizando una proyección anual de la tendencia actual nos podría llevar hasta el medio centenar.
Después de comprobar que el Gobierno ha usado y abusado de esta norma, y de que puede solicitar por derecho propio su inscripción en el Libro Guinness de los récord, veamos brevemente a qué se refieren los tres aprobados esta semana. El primero contiene medidas de urgencia sobre la creación artística: se baja el IVA del 21% al 10% para los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos; se exigen menos requisitos para fomentar la producción de cine internacional en España; y se permite a los artistas continuar incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad.
En el segundo Real Decreto-ley se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral. Entre otras cuestiones, esta norma habilita que los empleados públicos integrados en el mutualismo administrativo y a los profesionales dados de alta en una mutualidad de previsión social alternativa a la Seguridad Social puedan solicitar la devolución del IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad. Igualmente prorroga para el período impositivo 2019 los límites de facturación delimitada en la tributación por módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Finalmente, recoge la actualización -al alza o a la baja- de los valores catastrales mediante aplicación de coeficientes, cumpliendo lo establecido en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
El tercero recoge medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que incluye la revalorización de las Pensiones del Sistema de la Seguridad Social, de clases pasivas del Estado y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2019, la mejora de la protección de los autónomos y otras medidas laborales.
Veamos a continuación otros acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros (véase la referencia completa de la sesión aquí).
-Se ha acordado prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2019 la participación de unidades y observadores militares en operaciones de mantenimiento de la paz. Se mantiene durante el año 2019 la participación de las Fuerzas Armadas en las mismas operaciones que en 2018, teniendo en cuenta las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los compromisos adquiridos con nuestros socios y aliados y las nuevas iniciativas adoptadas en el seno de la UE y en el de la OTAN. Adapta nuestra participación a la evolución de la situación y del entorno geoestratégico y, en determinados casos, para mejorar la seguridad y la estabilidad internacionales, refuerza nuestra participación.
-Se ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. La propuesta tiene como objetivo general el convertir la infancia en un bien colectivo que merece especial protección. Modifica 11 leyes, estableciendo un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidos las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Derivado de su carácter integral, la norma plantea la elaboración de la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia e incorpora medidas de concienciación, prevención, detección, e intervención en diferentes áreas, entre las que destacan el ámbito sanitario, educativo, judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las nuevas tecnologías, entre otros.
-Se ha autorizado que la inversión extranjera de 'ATLANTIA S.P.A.' (Italia) y 'HOCHTIEF AKT.' (Alemania) -a través de la española 'ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.'- en 'HISPASAT, S.A.', y a través de esta en 'HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS, S.A.', se pueda destinar a actividades relacionadas con la Defensa Nacional. La Junta de Inversiones Exteriores ha informado favorablemente la operación, y la autorización se concede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores.
-Se ha acordado establecer el carácter oficial de determinados títulos de Grado, de Máster y de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
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