Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2018, o la cita con el Real Decreto-ley de la semana

Pues eso, y conste que en la sesión de ayer, 14 de diciembre, se han aprobado no uno sino dos Reales Decreto-leyes, que hacen los números 18 y 19 en los últimos seis meses. Prácticamente uno por semana, si tenemos en cuenta que en el mes de agosto no se celebraron sesiones del CM durante dos semanas. El primero, sobre medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, contempla un conjunto de medidas de carácter urgente para mejorar el acceso a la vivienda y favorecer el alquiler asequible. La nueva norma comprende modificaciones en cinco normas: la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley sobre Propiedad Horizontal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Entre las medidas adoptadas, se aclara la remisión de los contratos de alquiler turístico de vivienda a la normativa sectorial turística que resulte aplicable. En este sentido, se modifica la Ley sobre propiedad horizontal para habilitar la posibilidad de que, por mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, en las comunidades de vecinos puedan adoptarse acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad del alquiler turístico de vivienda, para, de esta forma, favorecer la convivencia en los edificios de viviendas.

El segundo Real Decreto-Ley dota al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de herramientas macroprudenciales. En un sistema financiero complejo e interconectado como el actual adquiere especial relevancia garantizar su estabilidad. Para ello, resulta esencial prevenir aquellos riesgos que puedan tener un carácter sistémico. En este contexto, junto con la creación de una autoridad macroprudencial nacional, resulta esencial que las autoridades públicas cuenten con un catálogo amplio de medidas macroprudenciales, con impacto global sobre el conjunto del sistema, y que vayan más allá de las medidas microprudenciales, aplicadas a las entidades financieras de forma individual.

Tras los Reales Decretos-leyes de la semana, veamos ahora otros acuerdos también adoptado por el Consejo de Ministros (véase la referencia completa de la sesión).

-Ha aprobado los criterios de distribución de los fondos procedentes de bienes decomisados por tráfico de drogas para el año 2019. Este acuerdo supone el reparto de los fondos decomisados por sentencia judicial firme procedentes de delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y adjudicados al Estado. También revierten en este fondo las sanciones económicas y del comiso previstos en la Ley 4/2009 de control de precursores de drogas. En total, el fondo para el año 2019 asciende a 35.196.893 euros. De ellos, 23.150.000 euros irán destinados a la financiación de programas y actividades con objeto de prevenir adicciones, mejorar la asistencia y la reinserción de pacientes, así como la formación e investigación, mientras 12.046.893 euros servirán para financiar la realización de acciones contra el narcotráfico y otros delitos, incluyendo el control y posterior destrucción de las drogas decomisadas.

-Aprobar un Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 3 de agosto de 2018, por el que se dispone la creación de la Autoridad de coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes y se establecen normas para su actuación. El Acuerdo de 3 de agosto de 2018 creó una Autoridad de coordinación de las actuaciones operativas relacionadas con la inmigración irregular en esa zona, así como un Centro de Coordinación, dirigido por la mencionada Autoridad. Ahora se ha detectado la necesidad de incorporar al citado órgano a un representante de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, dada la evidente conexión de las funciones encomendadas, adaptando la composición del Centro de Coordinación e incorporar a un representante de la Secretaria de Estado de Migraciones.

-Autorizar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación del proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de Marcas con el objeto de incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva (UE) 2015/2436, que armoniza los sistemas nacionales de marcas de la UE para facilitar el registro y gestión de las mismas. Una de las principales novedades que supone la trasposición de la Directiva es que se suprime el requisito de que el signo distintivo (marca) deba ser susceptible de representación gráfica. Esto significa que la marca podrá ser susceptible de representarse por cualquier medio (sonoro, vídeo, holograma, etc.), siempre que el objeto de la protección que se otorgue al titular se pueda determinar con claridad. Otra novedad es que la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, será la competente para declarar las causas de nulidad y caducidad de las marcas.