jueves, 12 de mayo de 2022

"IX edición especial Certamen Internacional de Derecho Internacional Privado MillenniumDIPr" (Zaragoza, 20 mayo 2022)

 


IX edición especial Certamen Internacional de Derecho Internacional Privado MillenniumDIPr

Evento exclusivamente presencial


Salón de Actos Biblioteca María Moliner. Universidad de Zaragoza
20 de mayo de 2022, 9:00 hrs.

 

PROGRAMA

9:00 hrs. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL
Preguntas y sugerencias a los ponentes a través de nuestras Redes Sociales (Con el hastag #IXMillennium)

9:30 hrs. INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL

Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza
Sr. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza
Dra. Dª. Pilar Diago Diago. Coordinadora de Millennium DIPr.

10:00 hrs. PONENCIA INAUGURAL: “Aspectos de Derecho internacional Privado de los títulos nobiliarios” Dr. D. Andrés Rodríguez Benot. Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

10:30 hrs. EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES. CATEGORÍA PROFESIONALES

1. “Presencia del Derecho Internacional Privado en las notarías” D. Fernando Agustín Bonaga Notario de Calatayud
2. “Exequatur en España de sentencias en materia laboral dictadas en países no miembros de la Unión Europea” Ilustre Sr. Álvaro Gimeno Ruiz. Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

11:00 hrs. EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES. CATEGORÍA ESTUDIANTES

1. “Marcas y la EUIPO: esto (no) es publicidad de Ámbar” Dña. Lydia López Sánchez
2. “El foro de protección de consumo en el derecho de la UE” Dña. Lola Casado Echeverría-Torres y Dña. Patricia Díez López de Baró
3. “Cártel internacional: la materialización del daño” D. Óscar Guzmán Otín y Dña. Paula Martínez Elipe
4. “Mi vuelo se ha retrasado, ¿a quién demando?” Dña. Emma García Sánchez y Dña. Gabriela de Ahones Grande Beneit
5. “La visión del TJUE sobre los acuerdos adoptados por la junta general de propietarios” Dña. Marta Escorza Torrijos

11:30 hrs. Pausa

12:00 hrs. EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES. CATEGORÍA PROFESIONALES

1. “El superior interés de los menores en el Reglamento 2019/1111: competencia judicial y sustracción internacional” Dra. Dña. Ana Sofía Gomes. Profesora en la Universidad Lusíada e Investigadora do CEJEA (Portugal).
2. “Doble herencia internacional” Dña. Alba Ródenas Borràs Presidente de la Sección de DIPr y de la UE del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.

12:30 hrs. EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES. CATEGORÍA ESTUDIANTES

1. “¿Dónde se materializa el daño producido en internet?” Dña. Lucía Gracia Guinovart
2. “Las acciones estrechamente relacionadas según la UE” D. Rafael Estebanell y D. José Torres
3. “Contratos de Servicios Aéreos en el Derecho Internacional Privado” Dña. Irene Jarne Pardo
4. “Derechos de autor y DIPr: Las aventuras del Sr. P contra KDG” Dña. Elisa Sánchez Sancho
5. “La calificación del negocio inmobiliario internacional” D. José Miguel Moreno Rubio y D. Daniel Lorén Gil
6. “Música maestro, quiero decir, juez” Dña. Daciana Talida Cismas

13:00 hrs. EXPOSICIÓN DE LOS PÓSTERS FINALISTAS. CATEGORÍA ESTUDIANTES

- D. Alejandro Gambarte Sebastián y D. Álvaro Catalán Gomollón
- Dña. Alicia Lite Pardillos
- Dña. Ana Martín Gimeno y Dña. Noelia del Val Allueva
- Dña. Andrea Delpón Fernández
- D. Bernardino Miguel Callejero Cucó
- Dña. Daciana Talida Cismas
- Dña. Elisa Sánchez Sancho
- Dña. Emma García Sánchez y Dña. Gabriela de Ahones Grande Beneit
- Dña. Inés Albaladejo Cáceres
- Dña. Irene Jarne Pardo
- D. José Miguel Moreno Rubio y D. Daniel Lorén Gil
- D. Juan Valdezate Pelegrin y D. Marcos Laliena Rubio
- Dña. Julia Gómez Martínez y Dña. Keila Lahoz Perales
- D. Kevin Sánchez Zufiaurre y D. Adrián Sáiz Hernández
- Dña. Lola Casado Echeverría-Torres y Dña. Patricia Díez López de Baró
- D. Lucas Faci Descartín y Dña. Blanca Cervera Andreu
- Dña. Lucía Gracia Guinovart
- Dña. Lydia López Sánchez
- Dña. María Longás Ortega y D. Lorién Legazpe Tomás
- Dña. Marta Escorza Torrijos
- Dña. Nuria Benedicto Morales y Dña. Claudia Andiviela Liarte
- D. Óscar Guzmán Otín y Dña. Paula Martínez Elipe
- D. Rafael Estebanell y D. José Torres
- Dña. Sara Alonso Arroyo
- Dña. Victoria Martín Delgado y Dña. Hajar Saif Chafik

13:45 hrs. Acto solemne de entrega de diplomas a los finalistas de la categoría de estudiantes

14:00 hrs. Acto de clausura

 

Miembros del Tribunal, asesores técnicos y dirección:
Dr. D. Federico Garau Sobrino. Catedrático. Universidad de las Islas Baleares
D. Antonio Ripoll Soler. Notario de Alicante
Dra. Dña. Ana Carolina Machado. Prfª de UFN Brasil
D. Roberto Ferrer Serrano. Abogado. Aralegis.
D. Alfredo Herranz Asin. Abogado. Lawlliance.
Dra. Zoila Combalía Solís. Catedrática. Unizar.
Dra. Mª Elena Zabalo Escudero. Catedrática. Unizar (Dirección)
Dra. Dña. Pilar Diago Diago. Catedrática. Unizar (Dirección)
Organización:
Dra. Mª Carmen Chéliz Inglés. Universidad de Zaragoza
Dra. Dolores Ortiz Vidal. Universidad de Murcia
Dña. Ambra Nicoleta Mitroi. Universidad de Zaragoza

Inscripción hasta el día 17 de mayo:

- La inscripción para asistir al Certamen es imprescindible
- Debe cumplimentarse de manera online el formulario que se encuentra en la siguiente página web.
- Inscripción gratuita hasta cubrir aforo - Como medida preventiva de seguridad sanitaria los aforos se han reducido a la mitad de su capacidad
- Los asistentes recibirán certificado de asistencia.


"VI Reunión Científica de Derecho Internacional Privado Millennium DIPr" (Zaragoza, 19 mayo 2022)

 


VI REUNIÓN CIENTÍFICA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO MILLENNIUM DIPr

“Desafíos actuales de los conflictos de leyes y perspectivas de futuro”


Sala de Juntas de la Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza
19 de mayo de 2022, 17:00 hrs.

 

PROGRAMA

16:30 hrs. INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

17 hrs. Bienvenida a cargo del Sr. Decano de la Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza

Primera sesión:

Presidencia: Dr. D. Federico Garau Sobrino. Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universidad de las Islas Baleares. 

PANEL Y DEBATE (1) "Interacción entre los Reglamentos Bruselas I bis y de diseño comunitario: la STJUE en el asunto C-421/20, Acacia".
Dr. D. Guillermo Palao Moreno. Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universidad de Valencia.

PANEL Y DEBATE (2) “El diseño español de la competencia de expedición del certificado sucesorio europeo”.
D. Antonio Ripoll Soler. Notario de Alicante.

MESA REDONDA: Los desafíos de la era digital
- “El contexto digital y el metaverso: la desterritorialización de los Estados”.
Dr. D. Roberto Ferrer Serrano. Doctor en Derecho. Abogado. Aralegis.
- “El consumidor inversor y el exchange de criptomonedas: cláusulas de sumisión a arbitraje”.
D. Ferran Lambea. Master en abogacía y miembro de Millennium DIPr.

18:30 hrs. Pausa

Segunda sesión:

Presidencia: Dra. Dña. Pilar Diago Diago Coordinadora de Millennium DIPr. Catedrática de Derecho Internacional Privado. Universidad de Zaragoza.

PANEL Y DEBATE (3) "La vertiente laboral internacional del personal al servicio de la Administración del Estado en el exterior: aspectos de jurisdicción competente".
Dr. D. David Carrizo Aguado. Profesor Contratado Doctor (Acr.) de Derecho Internacional Privado. Universidad de León.

PANEL Y DEBATE (4) “El cobro de los créditos tributarios dentro de la Unión Europea”.
Dr. D. Omar Rodrigo Rojas Escobar. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

PANEL Y DEBATE (5) "El sempiterno dilema de la universalidad en el acceso al derecho a la salud: los extranjeros irregulares en un contexto de pandemia".
Dra. Dña. Nieves Alonso García. Profesora Contratada Doctora de Derecho Constitucional. Universidad Isabel I.

EXPOSICIÓN DE LOS PÓSTERS FINALISTAS.

20:00 hrs. ACTO DE CLAUSURA

 

Inscripción hasta el día 17 de mayo:

- La inscripción para asistir a la Reunión es imprescindible.
- Debe cumplimentarse de manera online el formulario que se encuentra en la siguiente página web.
- Inscripción gratuita hasta cubrir aforo - Como medida preventiva de seguridad sanitaria los aforos se han reducido a la mitad de su capacidad.
- Los asistentes recibirán certificado de asistencia.


Tribunal de Justicia de la Unión Europea (12.5.2022)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 12 de mayo de 2022, en el asunto C‑644/20 (W.J.): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de obligaciones alimenticias — Determinación de la ley aplicable — Protocolo de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias — Artículo 3 — Residencia habitual del acreedor — Momento en el que se determina la residencia habitual — Retención ilícita de un menor.

Fallo del Tribunal: "El artículo 3 del Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias, aprobado en nombre de la Comunidad Europea, mediante la Decisión 2009/941/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la determinación de la ley aplicable a la reclamación alimenticia de un menor trasladado por uno de sus progenitores al territorio de un Estado miembro, el hecho de que un órgano jurisdiccional de ese Estado miembro haya ordenado, en el marco de un procedimiento distinto, la restitución de ese menor al Estado en el que residía habitualmente con sus progenitores inmediatamente antes de su traslado, no basta para impedir que ese menor pueda adquirir la residencia habitual en el territorio de ese Estado miembro."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava) de 12 de mayo de 2022, en el asunto C‑505/20 (RR y JG): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea — Directiva 2014/42/UE — Artículo 4 — Decomiso — Artículo 7 — Embargo — Artículo 8 — Garantías procesales — Embargo y decomiso de un bien perteneciente a una persona ajena al procedimiento penal — Normativa nacional que no prevé la posibilidad de que los terceros recurran durante el procedimiento judicial y que no admite la eventual restitución de dicho bien antes de la conclusión del procedimiento penal.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, cuando se embarguen bienes como presuntos instrumentos o producto de una infracción, el propietario de dichos bienes, tercero de buena fe, no tiene derecho, durante la fase judicial del procedimiento penal, a presentar ante el órgano jurisdiccional competente una solicitud de restitución de dichos bienes.
2) El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/42 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que excluye el decomiso de un bien perteneciente a un tercero de buena fe y utilizado como instrumento de una infracción, incluso cuando dicho tercero ha puesto dicho bien a disposición permanente del acusado."

- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. GIOVANNI PITRUZZELLA présentées le 12 mai 2022, Affaire C‑562/20 (Rodl & Partner): [demande de décision préjudicielle formée par l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district, Lettonie)] Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Évaluation des risques réalisée par les entités assujetties – Application automatique des mesures de vigilance renforcées – Pays tiers présentant un risque élevé de corruption – Publication des sanctions.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"1) L’article 18, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2015/849, lu en combinaison avec l’annexe III, point 3, sous b), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que ces dispositions n’imposent pas automatiquement à une entité assujettie d’assigner un niveau de risque plus élevé à un client et, par conséquent, de prendre des mesures de vigilance renforcées à l’égard de ce client, au motif que ce client est une organisation non gouvernementale et que la personne autorisée, employé du client, est un ressortissant d’un pays tiers présentant un risque élevé de corruption. En vertu de la marge d’appréciation laissée aux États membres par la directive 2015/849, un État membre peut toutefois prévoir dans son droit national que ces circonstances constituent des facteurs de risque plus élevé qu’une entité assujettie est tenue de prendre en compte dans l’analyse des risques qu’elle doit effectuer à l’égard d’un de ses clients.
2) L’article 18 de la directive 2015/849, lu en combinaison avec le point 3, sous b), de son annexe III, doit être interprété en ce sens que ces dispositions n’imposent pas une obligation automatique d’adopter des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle dans tous les cas où un partenaire commercial du client, mais non le client lui-même, est lié d’une manière ou d’une autre à un pays tiers présentant un risque élevé de corruption. Cependant, le fait que le client recueille une partie considérable de ses revenus ou effectue des transactions commerciales importantes en relation avec un pays de ce genre constitue un facteur de risque plus élevé qu’une entité assujettie doit prendre en compte lorsqu’elle analyse le risque présenté par un client.
3) L’article 13, paragraphe 1, sous c) et d), de la directive 2015/849 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à l’entité assujettie, lorsqu’elle prend des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, d’obtenir nécessairement du client une copie du contrat conclu entre ce client et un tiers. Toutefois, l’entité assujettie est tenue, si nécessaire, de fournir à l’autorité compétente les documents appropriés montrant qu’elle a analysé cette transaction ou cette relation d’affaires et qu’elle en a dûment tenu compte dans ses conclusions quant au niveau de risque présenté par le client.
4) L’article 14, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 doit être interprété en ce sens que la personne assujettie est tenue, dans la mesure du raisonnable, d’exercer un contrôle continu sur les transactions et les relations d’affaires de ses clients, même lorsque le délai maximal prévu par le droit des États membres pour le réexamen de la situation du client n’a pas encore expiré ou qu’aucun changement significatif de la situation du client n’a été identifié. Dans le cas où l’entité assujettie prend connaissance d’éléments potentiellement susceptible d’affecter l’évaluation du risque relatif au client, l’entité assujettie est tenue de prendre ces éléments en considération et, lorsque cela est opportun, de revoir l’analyse du risque et, éventuellement, le niveau des mesures de vigilance appliquées à ce client. Cette obligation ne s’applique pas seulement aux clients présentant un risque plus élevé.
5) L’article 60, paragraphes 1 et 2, de la directive 2015/849 doit être interprété en ce sens que, lors de la publication d’informations relatives à une décision imposant une sanction ou une mesure administrative pour violation des dispositions nationales transposant cette directive, l’autorité compétente a l’obligation de veiller à ce que les informations publiées soient exactement conformes aux informations contenues dans la décision."


BOE 12.5.2022


- Enmienda adoptada en Ginebra el 18 de octubre de 2019 al párrafo 1 del artículo 14 del Acuerdo Europeo sobre trabajo de las tripulaciones de los vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera (AETR), hecho en Ginebra el 1 de julio de 1970.

Nota: Esta Enmienda entró en vigor, con carácter general y para España, el 23 de abril de 2022, es decir, hace casi tres semanas (!!).
Véase el Acuerdo Europeo sobre trabajo de las tripulaciones de los vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera (AETR).

[BOE n. 113, de 12.5.2022]

miércoles, 11 de mayo de 2022

DOUE de 11.5.2022


- Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión, de 10 de mayo de 2022, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.

Nota: La categoría de acuerdos que puede considerarse que cumplen normalmente las condiciones previstas en el artículo 101.3 del TFUE incluye los acuerdos verticales de compra o venta de bienes o servicios cuando dichos acuerdos se celebren entre empresas no competidoras, entre determinados competidores o por determinadas asociaciones de minoristas de bienes. Incluye asimismo los acuerdos verticales que contengan disposiciones accesorias sobre cesión o explotación de derechos de propiedad intelectual. Debe entenderse que el término «acuerdos verticales» incluye las correspondientes prácticas concertadas. El alcance de la exención por categorías establecida por el presente Reglamento debe limitarse a aquellos acuerdos verticales respecto de los cuales quepa presumir, con suficiente certeza, que cumplen los requisitos del artículo 101.3.
Este Reglamento entrará en vigor el 1 de junio de 2022 (art. 11).

- Decisión (UE) 2022/722 del Consejo, de 5 de abril de 2022, por la que se autoriza a los Estados miembros a firmar, en interés de la Unión Europea, el Segundo Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas.

Nota: Mediante el presente acto se autoriza a los Estados miembros a firmar el Segundo Protocolo adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas.

La ratificación del Protocolo por los Estados miembros fue autorizada mediante la Decisión (UE) 2023/436 del Consejo, de 14 de febrero de 2022.

- Decisión de Ejecución (UE) 2022/724 de la Comisión, de 10 de mayo de 2022, por la que se establece la equivalencia, a fin de facilitar el derecho a la libre circulación dentro de la Unión, entre los certificados COVID-19 expedidos por la República de Seychelles y los expedidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Decisión de Ejecución (UE) 2022/725 de la Comisión, de 10 de mayo de 2022, por la que se establece la equivalencia, a fin de facilitar el derecho a la libre circulación dentro de la Unión, entre los certificados COVID-19 expedidos por la República Socialista de Vietnam y los expedidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Decisión de Ejecución (UE) 2022/726 de la Comisión, de 10 de mayo de 2022, por la que se establece la equivalencia, a fin de facilitar el derecho a la libre circulación dentro de la Unión, entre los certificados COVID-19 expedidos por la República de Indonesia y los expedidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Nota: Véase el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, así como la entrada de este blog del día 15.6.2021.

[DOUE L134, de 11.5.2022]

- Comunicación de la Comisión — Aprobación del contenido de un proyecto de COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Comunicación con arreglo al artículo 3, apartado 2, artículo 13, apartado 3, y artículos 20 y 22 del Reglamento (UE) 2023/… de la Comisión, de … 2023 por el que se aplica el Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas.

Nota: Mediante este proyecto de Comunicación, la Comisión especifica el formato en que deben presentarse las notificaciones, los escritos motivados, las observaciones sobre los cargos de la Comisión, los compromisos ofrecidos por las empresas afectadas y el formulario RM.
El proyecto de Comunicación de la Comisión está abierto a consulta pública en la siguiente dirección.

- Comunicación de la Comisión — Aprobación del contenido de un proyecto de Reglamento (UE) 2023/… de la Comisión, de … 2023 por el que se aplica el Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas.

Nota: El 6 de mayo de 2022, la Comisión aprobó el contenido de un proyecto de Reglamento (UE) por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas.
El Proyecto está abierto a consulta pública en la siguiente dirección.

- Comunicación de la Comisión — Aprobación del contenido de un proyecto de COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN sobre la tramitación simplificada de determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas.

Nota: El 6 de mayo de 2022, la Comisión aprobó el contenido de un proyecto de COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN sobre la tramitación simplificada de determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas.
Este proyecto de Comunicación de la Comisión está abierto a consulta pública en la siguiente dirección.

[DOUE C192, de 11.5.2022]

BOE de 11.5.2022


- Resolución de 26 de abril de 2022, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la que se aprueba el modelo de declaración D-8 Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en el exterior.

Nota: Mediante esta disposición se aprueba el modelo normalizado D-8 o Memoria anual de inversiones españolas en el exterior, junto con sus instrucciones de cumplimentación.
Asimismo, se deroga la Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la que se aprueban los modelos de declaración de inversiones exteriores cuando el obligado a declarar es el inversor o la empresa con participación extranjera y que sustituye a las anteriores resoluciones en esta materia (véaswe la entrada de este blog del día 12.8.2016), en lo relativo al modelo D-8, sus instrucciones de cumplimentación y las tablas de codificación aprobados por esta resolución.

Por errores cometidos, se deroga esta resolución y se publica un nuevo modelo e instrucciones.

[BOE n. 112, de 11.5.2022]

martes, 10 de mayo de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (10.5.2022)


SENTENCIAS

- Asunto C-545/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de marzo de 2022 [petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal] — AllianzGI-Fonds AEVN / Autoridade Tributária e Aduaneira [Procedimiento prejudicial — Artículo 63 TFUE — Libre circulación de capitales — Tributación de los dividendos pagados a organismos de inversión colectiva (OIC) — OIC residentes y no residentes — Diferencia de trato — Retención en la fuente que se practica únicamente sobre los dividendos pagados a OIC no residentes — Comparabilidad de las situaciones — Apreciación — Consideración del régimen fiscal de los partícipes en OIC y de la sujeción de los organismos residentes a otros impuestos — Inexistencia]

Nota: Véase la entrada de este blog del día 17.3.2022.

- Asunto C-142/22: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 2 de marzo de 2022 — Proceso penal contra OE

Cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Debe interpretarse el artículo 27 de la Decisión Marco en el sentido de que la resolución de entregar a una persona crea una relación jurídica entre dicha persona, el Estado de ejecución y el Estado solicitante, de manera que cualquier cuestión que se considere resuelta con carácter firme en dicha resolución debe considerarse también resuelta a los efectos del procedimiento dirigido a obtener el consentimiento para un enjuiciamiento o condena por otros delitos?
2) En caso de respuesta a la primera cuestión en el sentido de que el artículo 27 no exige tal interpretación, ¿vulnera el principio de efectividad una norma de procedimiento nacional que tiene por efecto impedir que el interesado, con motivo de la solicitud de consentimiento, invoque una sentencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada con posterioridad a la orden de entrega?"

[DOUE C191, de 10.5.2022]

DOUE de 10.5.2022


- Comunicación de la Comisión — Aprobación del contenido de un proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 702/2014 de la Comisión

Nota: El 17 de diciembre de 2021, la Comisión aprobó el contenido de un proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 702/2014 de la Comisión.
El proyecto de Reglamento se abrió para consulta pública en enero de 2022. 

[DOUE C189, de 10.5.2022]

lunes, 9 de mayo de 2022

BOE de 9.5.2022


- Resolución de 26 de abril de 2022, conjunta de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia y de la Secretaría General de Universidades, por la que se designa la Comisión evaluadora única de la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Abogacía para el año 2022.

Nota: Véase la Orden PCM/219/2022, de 21 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía para el año 2022, así como la entrada de este blog del día 22.3.2022.

[BOE n. 110, de 9.5.2022]

viernes, 6 de mayo de 2022

Congreso de los Diputados - Proyecto de ley y convenio internacional


- Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (procedente del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo) (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 100-1, de 6.5.2022).

Nota: Como se indica en el título, estamos ante la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 6/2022 (véase la entrada de este blog del día 30.3.2022). En él cabe destacar las siguientes disposiciones:
- Artículo 47: regula la acreditación de las posibles situaciones vinculadas a la trata de seres humanos y a la explotación sexual, incluidas las derivadas del desplazamiento de personas que huyen del conflicto armado en Ucrania.
- Artículo 49: contiene el procedimiento especial para la protección temporal de personas menores de edad que se encuentren afectados por una crisis humanitaria.
- Disposición adicional duodécima: establece que las ayudas y medidas de apoyo recogidas en este real decreto-ley cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado. Las ayudas se concederán una vez que se cuente con la autorización expresa de la Comisión Europea en caso de que esta sea necesaria.
- Disposición final segunda: modifica el Real Decreto 104/1988 sobre homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria, introduciendo una disposición transitoria segunda que permite presentar, en defecto de la documentación requerida, una declaración responsable que faculte el inicio y ordenación del expediente, así como la valoración de los estudios cursados a los efectos de la resolución final. Esta medida se adopta sin perjuicio de que previamente a la resolución que se acuerde deba aportarse de manera indubitada el elenco documental que permite que la misma sea ajustada a derecho.

 

Asimismo, el Congreso de los Diputados ha acordado tramitar la correspondiente autorización para proceder a la ratificación de Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 21 de enero de 2022 (BOCG. Sección Cortes Generales, serie C, núm. 114-1, de 6.5.2022).


jueves, 5 de mayo de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (5.5.2022)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 5 de mayo de 2022, en los asuntos acumulados C‑451/19 y C‑532/19 (Subdelegación del Gobierno en Toledo): Procedimiento prejudicial — Artículo 20 TFUE — Ciudadanía de la Unión Europea — Ciudadano de la Unión que nunca ha ejercido su libertad de circulación — Solicitud de tarjeta de residencia de un miembro de su familia, nacional de un tercer país — Denegación — Obligación del ciudadano de la Unión de disponer de recursos suficientes — Obligación de los cónyuges de vivir juntos — Hijo menor de edad, ciudadano de la Unión — Legislación y práctica nacionales — Disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos a los ciudadanos de la Unión — Privación.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro deniegue una solicitud de reagrupación familiar presentada en favor de un nacional de un tercer país, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que posee la nacionalidad de ese Estado miembro y que nunca ha ejercido su libertad de circulación, por la única razón de que tal ciudadano de la Unión no dispone, para sí y para ese miembro de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el sistema nacional de asistencia social, sin haberse examinado si entre ese ciudadano de la Unión y dicho miembro de su familia existe una relación de dependencia de tal naturaleza que, en caso de denegarse a este último un derecho de residencia derivado, el propio ciudadano de la Unión se vería obligado a abandonar el territorio de la Unión Europea en su conjunto, quedando con ello privado del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su estatuto de ciudadano de la Unión.
2) El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido, por una parte, de que no existe una relación de dependencia que pueda justificar la concesión de un derecho de residencia derivado, al amparo de ese mismo artículo, por el mero hecho de que el nacional de un Estado miembro, mayor de edad y que nunca ha ejercido su libertad de circulación, y su cónyuge, mayor de edad y nacional de un tercer país, estén obligados a vivir juntos en virtud de las obligaciones que dimanan del matrimonio según el Derecho del Estado miembro del que es nacional el ciudadano de la Unión y en el que se contrajo ese matrimonio, y, por otra parte, de que, cuando el ciudadano de la Unión es menor de edad, la apreciación de la existencia de una relación de dependencia que puede justificar que se conceda al progenitor de ese menor, nacional de un tercer país, un derecho de residencia derivado al amparo de dicho artículo debe basarse en la toma en consideración, en interés superior del menor, del conjunto de circunstancias del asunto. Tal relación de dependencia se presume iuris tantum cuando ese progenitor convive de forma estable con el otro progenitor, ciudadano de la Unión, de ese menor.
3) El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que existe una relación de dependencia que puede justificar la concesión de un derecho de residencia derivado, al amparo de ese mismo artículo, en favor del hijo menor de edad, nacional de un tercer país, del cónyuge, también nacional de un tercer país, de un ciudadano de la Unión que nunca ha ejercido su libertad de circulación, cuando de la relación entre ese ciudadano de la Unión y su cónyuge ha nacido un hijo, ciudadano de la Unión que nunca ha ejercido su libertad de circulación, y este último se vería obligado a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto si el hijo menor de edad, nacional de un tercer país, se viera forzado a abandonar el territorio del Estado miembro de que se trata."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de 5 de mayo de 2022, en el asunto C‑265/20 (Universiteit Antwerpen y otros): Procedimiento prejudicial — Política social — Trabajo a tiempo parcial — Directiva 97/81/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo a tiempo parcial — Cláusula 4, apartado 1 — Principio de no discriminación — Personal académico a tiempo parcial — Nombramiento definitivo automático reservado a los miembros del personal académico que ejercen la docencia a tiempo completo — Cálculo del porcentaje de carga de trabajo a tiempo completo al que equivale una carga de trabajo a tiempo parcial — Inexistencia de requisitos.

Fallo del Tribunal:
"1) La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial, celebrado el 6 de junio de 1997 y que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, en su versión modificada por la Directiva 98/23/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa y a una práctica nacionales en virtud de las cuales un miembro del personal académico que ejerce la docencia a tiempo completo será nombrado automáticamente con carácter definitivo, sin otra razón objetiva que el hecho de ejercer la docencia a tiempo completo, mientras que un miembro del personal académico que ejerce la docencia a tiempo parcial será nombrado con carácter definitivo o contratado con carácter temporal.
2) El Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial, celebrado el 6 de junio de 1997 y que figura en el anexo de la Directiva 97/81, en su versión modificada por la Directiva 98/23, debe interpretarse en el sentido de que no impone al empresario que contrata a un trabajador a tiempo parcial ningún requisito en cuanto al modo de cálculo del porcentaje que representa esa carga a tiempo parcial en relación con una carga a tiempo completo comparable."

- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. ANTHONY M. COLLINS présentées le 5 mai 2022, Affaire C‑646/20 (Senatsverwaltung für Inneres und Sport): [demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)] Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Mesures relatives au droit de la famille – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions – Règlement (CE) no 2201/2003 – Matières matrimoniale et de responsabilité parentale – Actes authentiques et accords – Dissolution du mariage suite à une déclaration auprès de l’état civil italien.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"La dissolution d’un mariage par une procédure légale dans laquelle chacun des époux déclare personnellement qu’ils souhaitent divorcer devant un officier d’état civil, lequel confirme leur accord en leur présence au moins 30 jours plus tard, après avoir vérifié que les conditions requises par la loi pour la dissolution du mariage sont remplies, à savoir que les époux n’ont pas d’enfants mineurs ou d’enfants majeurs incapables, lourdement handicapés ou économiquement dépendants et que la convention entre les époux ne contient aucune clause de transfert de patrimoine, est une décision de divorce au sens du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. ANTHONY MICHAEL COLLINS, presentadas el 5 de mayo de 2022, en el asunto C‑700/20 (The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association): [Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, Sala de lo Mercantil y de lo Contencioso-Administrativo, Sección de lo Comercial, Reino Unido]] Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 1, apartado 2, letra d) — Artículo 34, apartados 1 y 3 — Reconocimiento de una resolución judicial dictada en otro Estado miembro — Resolución judicial inconciliable con una resolución judicial que incorpora un laudo arbitral dictado entre las mismas partes en el Estado miembro requerido.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste las cuestiones planteadas en el siguiente sentido:
"Una resolución judicial dictada en los términos de un laudo arbitral con arreglo al artículo 66, apartado 2, de la Arbitration Act 1996 (Ley de Arbitraje de 1996) puede constituir una “resolución” pertinente del Estado miembro requerido, a los efectos del artículo 34, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, pese a no estar comprendida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento conforme a su artículo 1, apartado 2, letra d)."

- CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. GIOVANNI PITRUZZELLA présentées le 5 mai 2022, Affaire C‑256/21 (Gemeinde Bodman-Ludwigshafen): [demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne)] Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne (APFELZÜGE) – Contentieux devant le juge national – Compétence des tribunaux des marques – Action en contrefaçon – Demande reconventionnelle – Désistement de l’action en contrefaçon.

Nota: El AG propone al Tribunal que conteste la cuestión planteada en el siguiente sentido:
"L’article 124, point d), et l’article 128 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que le tribunal des marques de l’Union reste compétent pour statuer sur la nullité d’une marque de l’Union invoquée dans une demande reconventionnelle au sens de l’article 128 de ce règlement, même s’il y a eu un désistement valable de l’action principale en contrefaçon au sens de l’article 124, point a), précité, fondée sur cette marque."


DOUE de 5.5.2022

- Corrección de errores del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica firmado en Bruselas y en Londres el 24 de enero de 2020.

Nota: Véase el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido, así como la entrada de este blog del día 31.1.2020.

Esta rectificación contiene un nuevo error en la referencia de publicación del Acuerdo en el DOUE, que no es el "DO L 29 de 31.12.2020", como se indica, sino que el DOUE L29 se publicó el 31.1.2020.

-  Corrección de errores de la Decisión (Euratom) 2020/2253 del Consejo, de 29 de diciembre de 2020, por la que se autoriza la celebración, por la Comisión Europea, del Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comunidad Europea de la Energía Atómica para la cooperación en el uso seguro y pacífico de la energía nuclear, y la celebración, por la Comisión Europea, en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra.

Nota: Véase la Decisión (Euratom) 2020/2253 del Consejo, así como la entrada de este blog del día 31.12.2020.

- Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).

Nota: Aquí nos llega la segunda corrección de errores del Reglamento. Véase el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como la primera corrección de errores. Véase igualmente la entrada de este blog del día 23.3.2016.

PARLAMENTO EUROPEO
(Sesiones del 18 al 21 de octubre de 2021)

- Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre los papeles de Pandora: consecuencias para la lucha contra el blanqueo de capitales, la evasión y elusión fiscales (2021/2922(RSP)) 

- Administradores de créditos y compradores de créditos
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de octubre de 2021, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los administradores de créditos, los compradores de créditos y la recuperación de las garantías reales (COM(2018)0135 — C8-0115/2018 — 2018/0063A(COD))
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 19 de octubre de 2021 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2021/… del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE 

- Seguro de vehículos automóviles
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (COM(2018)0336 — C8-0211/2018 — 2018/0168(COD))
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 21 de octubre de 2021 con vistas a la adopción la Directiva (UE) 2021/… del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad 

[DOUE C184, de 5.5.2022]

BOE de 5.5.2022


- Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal.

Nota: Con esta ley se quiere adaptar la Ley 23/2011, de depósito legal, a los continuos y rápidos cambios producidos en el sector editorial, así como adecuar la norma a la regulación del depósito legal de las publicaciones en línea. Se persigue además corregir los defectos advertidos por la experiencia en la ley vigente, en el intento de conseguir un depósito más completo y pertinente del conjunto de la edición española.
Se incorporan nuevas tipologías documentales objeto de depósito legal, y, por otra, se eliminan aquellas que, contempladas en la ley vigente, carecen de valor bibliográfico nacional, sin que ello impida que puedan ser conservadas por otros canales alternativos.
Entre las nuevas tipologías de publicaciones destaca sin ningún género de dudas las publicaciones de impresión bajo demanda, que se encontraban excluidas de la obligación de depósito legal, y que representan una cuota considerable del presente del mundo editorial con una tendencia de incontestable crecimiento. Otras publicaciones de indudable valor bibliográfico excluidas hasta ahora de la obligación de depósito legal y que pasan a contemplarse son los catálogos comerciales de librerías, editoriales y subastas, así como los marcapáginas. Situación particular representan los videojuegos que, si bien se entendían comprendidos entre los documentos audiovisuales, no estaban ingresando en las cantidades que el mercado de estos productos representa, por lo que se considera necesaria su identificación individualizada y mención expresa.
Por el contrario, se ha venido observando que están ingresando en los centros de conservación publicaciones comerciales publicitarias que superaban la extensión de las hojas publicitarias, por lo que resulta conveniente modificar la terminología de 'hojas' por la de 'publicaciones', de cara a evitar el ingreso de este tipo de publicaciones que carece de interés patrimonial; con el añadido de liberar a los editores de la carga de su depósito en las oficinas de depósito legal. En parecidas circunstancias se encuentran las microformas, formato que, contemplado anteriormente de obligado depósito legal, ha devenido en desuso por obsolescencia tecnológica.
Por último, en cuanto al depósito legal de las publicaciones en línea, la modificación de su regulación tiene como objeto evitar confusiones en cuanto a la obligación del depósito legal y clarificar que la iniciativa no recae en los editores o productores, sino en los centros de conservación.

- Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Nota: Véase el Real Decreto-ley 6/2022, así como la entrada de este blog del día 30.3.2022.

- Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación.

Nota: Véase el Real Decreto-ley 7/2022, así como la entrada de este blog del día 30.3.2022.

- Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Nota: Véase el Real Decreto-ley 8/2022, así como la entrada de este blog del día 6.4.2022.

- Resolución de 27 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

Nota: En esta Resolución se recogen las comunicaciones sobre tratados recibidas en el MAE hasta el 22.4.2022. Para los convenios en materia de Derecho Internacional Privado véanse las págs. 62528 a 62534 (págs. 33 a 39 del documento). Para los de Derecho Penal y Procesal, véanse las págs. 62535 a 62557 (págs. 40 a 62 del documento).

Véase la corrección de errores.

- Corrección de errores de la Adenda al Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla el 3 de octubre de 2011, hecho "ad referéndum" en Madrid el 10 de mayo de 2021.

Nota: Véase la Adenda al Acuerdo entre España y Kuwait, así como la entrada de este blog del día 30.4.2022.

- Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establece el procedimiento contable a seguir en las operaciones derivadas del procedimiento excepcional regulado en el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.

Nota: El artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2022 (véase la entrada de este blog del día 27.4.2022) establece un procedimiento excepcional en la gestión de los fondos disponibles en los servicios del exterior, cuando se presente una situación que imposibilite el movimiento de fondos desde España a otro país en el que existan servicios del exterior, permitiendo que los excedentes de fondos derivados de un determinado servicio del exterior de un Departamento Ministerial se puedan traspasar a los servicios del exterior de otros Departamentos Ministeriales u Organismos Públicos estatales que tengan una situación deficitaria de fondos, a fin de que estos puedan efectuar el pago de las obligaciones que, dentro de las consignaciones presupuestarias que se les hayan asignado, deban satisfacer. Mediante esta resolución se establece el procedimiento contable a seguir en las operaciones derivadas del procedimiento excepcional regulado en el mismo.

[BOE n. 107, de 5.5.2022]

miércoles, 4 de mayo de 2022

Bibliografía - Recientes sentencias del Tribunal Constitucional en relación con distintas normativas autonómicas sobre cesión de créditos

 

- Recientes sentencias del tribunal constitucional en relación con distintas normativas autonómicas sobre cesión de créditos
Javier Rey, Armando García-Mendoza, Asociado junior y socio de la práctica de financiero de Herbert Smith Freehills
Diario La Ley, Nº 10061, 24 de Mayo de 2018

Existen ciertas normativas de rango autonómico que establecen diversas cuestiones relativas a la cesión de créditos, algunas de las cuales se han dictado recientemente con el objetivo de reforzar la protección jurídica de aquellos deudores que actúen en el ámbito del consumo. El Tribunal Constitucional dictó en 2021 dos sentencias relevantes para analizar la constitucionalidad de la normativa extremeña y navarra, respectivamente, llegando a conclusiones distintas por lo que, seguramente no estarán libres de crítica doctrinal, especialmente la segunda de ellas, que contó con tres votos particulares. Estos fallos serán precedentes a tener en cuenta para futuros recursos de constitucionalidad contra normativa autonómica de carácter similar.

DOUE de 4.5.2022


- Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las dos Propuestas de Decisiones del Consejo por las que se autoriza a los Estados miembros a firmar y ratificar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo adicional segundo al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas.

Nota: El SEPD formula una serie de recomendaciones en relación con las futuras Decisiones del Consejo, en caso de que los Estados miembros firmen y ratifiquen el Protocolo en interés de la Unión:
— determinados datos incluidos en la categoría de información relativa a los abonados, en el sentido del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, pueden considerarse, en virtud del Derecho de la UE, datos relativos al tráfico que suponen una grave injerencia en los derechos fundamentales del interesado, cuyo acceso solo puede estar justificado por la lucha contra la delincuencia grave. Por lo tanto, el SEPD recomienda a los Estados miembros, en contra de la propuesta de la Comisión, que se reserven el derecho a no aplicar el artículo 7 del Protocolo sobre la divulgación de la información de los abonados por parte de los proveedores de servicios directamente a las autoridades competentes de otro país en relación con determinados tipos de números de acceso, de conformidad con el artículo 7, apartado 9, letra b);
— los Estados miembros deben designar, de conformidad con el artículo 7, apartado 5, letra e), del Protocolo, una autoridad judicial u otra autoridad independiente;
— debe aclararse la comunicación propuesta por los Estados miembros a las autoridades de Estados Unidos, en el momento de la firma o al depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, en relación con el Acuerdo marco sobre la protección de datos UE-EE. UU.;
— debería modificarse la consideración propuesta en relación con otros acuerdos o convenios en virtud del artículo 14, apartado 1, letra c), del Protocolo que podrían sustituir a la disposición de protección de datos del Protocolo (artículo 14).

Véase el la versión completa del informe en alemán, francés e inglés.

[DOUE C182, de 4.5.2022]

BOE de 4.5.2022


- Entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo, hecho en Bruselas el 25 de abril de 2007 y en Washington el 30 de abril de 2007.

Nota: El Acuerdo se venía aplicando provisionalmente desde el 30 de marzo de 2008 y entró en vigor con carácter general y para España el 29 de junio de 2020, es decir, hace más de 10 meses (!!!).
Véase la siguiente referencia de esta entrada.

- Entrada en vigor del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea y sus Estados miembros firmado el 25 y el 30 de abril de 2007, hecho en Luxemburgo el 24 de junio de 2010.

Nota: El Protocolo se aplicaba provisionalmente desde el 24 de junio de 2010 y entrará en vigor con carácter general y para España el 5 de mayo de 2022.
Véase la referencia anterior de esta entrada.

- Orden HFP/379/2022, de 28 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.

[BOE n. 106, de 4.5.2022]

martes, 3 de mayo de 2022

Bibliografía - La reforma laboral y su incidencia en la contratacion de profesionales sanitarios extracomunitarios por los servicios públicos de salud


 

- La reforma laboral y su incidencia en la contratacion de profesionales sanitarios extracomunitarios por los servicios públicos de salud
Vicente Lomas Hernández, Doctor en Derecho, Jefe de Servicio de Coordinación Jurídica (SESCAM)
Diario La Ley, Nº 10060, Sección Tribuna, 3 de Mayo de 2022
[Texto del trabajo]

Tal y como ya sucediera en el pasado, y ante las graves dificultades por las que atraviesan las administraciones sanitarias para cubrir determinadas plazas de personal médico, vuelve a cobrar fuerza la contratación de profesionales sanitarios extracomunitarios que, en algunos casos no tienen homologado el título de especialista en Ciencias de la Salud. Se analiza el impacto que tiene en esta situación la reciente reforma laboral aprobada por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta la simplificación de los distintos tipos de contratos.

DOUE de 3.5.2022


- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/693 de la Comisión, de 27 de abril de 2022, relativo la suspensión temporal de la exención de visado para los nacionales de Vanuatu.

Nota: El 3 de marzo de 2022, el Consejo adoptó la Decisión 2022/366 relativa a la suspensión parcial de la aplicación del Acuerdo entre la UE y Vanuatu sobre exención de visados para estancias de corta duración (véase la entrada de este blog del día 4.3.2022). La suspensión de la aplicación del Acuerdo se limita a los pasaportes ordinarios expedidos a partir del 25 de mayo de 2015, cuando el número de solicitantes seleccionados en virtud de los regímenes de ciudadanía para inversores de Vanuatu empezó a aumentar significativamente. Si bien la Decisión 2022/366 suspendió el Acuerdo entre la UE y Vanuatu, es necesario adoptar la suspensión a nivel del Derecho de la Unión.
Los regímenes de ciudadanía para inversores de Vanuatu van en contra de los objetivos de la política de la Unión en materia de visados, que exige un cribado de los nacionales de terceros países con obligación de visado con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 21 del Reglamento (CE) nº 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y en la legislación nacional equivalente en aquellos Estados miembros en los que el Reglamento (CE) nº 810/2009 aún no se aplica plenamente. Deben realizarse las comprobaciones caso por caso pertinentes a la luz de criterios relacionados con la seguridad y el orden públicos. La forma en que se aplican los regímenes de ciudadanía de Vanuatu constituye una elusión del procedimiento de visado para estancias cortas de la Unión y de la evaluación de los riesgos migratorios y de seguridad que conlleva. La única forma de disminuir el riesgo para el orden público y la seguridad interior vinculado con los nacionales vanuatuenses que han obtenido la ciudadanía en virtud de los regímenes de ciudadanía para inversores es mediante una suspensión parcial de la exención de visado.
Los nacionales de Vanuatu que hayan ingresado en la Unión Europea antes de la entrada en vigor del presente Reglamento podrán continuar sus estancias en la UE y salir sin visado. Esta disposición no se aplicará al cruce de las fronteras exteriores temporales entre los Estados miembros, tal como se las define en el artículo 2, letra c) del Reglamento (UE) nº 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.

[DOUE L129, de 3.5.2022]

BOE de 3.5.2022


- Resolución de 26 de abril de 2022, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en la Resolución de 29 de marzo de 2022, por la que se modifica la de 11 de julio de 2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA).

Nota: Véase la Resolución de 29 de marzo de 2022, así como la entrada de este blog del día 6.4.2022.

[BOE n. 105, de 3.5.2022]

lunes, 2 de mayo de 2022

Jurisprudencia - La AN plantea cuestión prejudicial sobre las pautas a seguir tras el Brexit en los casos de extradiciones de británicos reclamados por terceros países

 

- Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 2ª, Auto de 28 Mar. 2022, Rec. 47/2021: Extradición. Ingreso preventivo en un Centro Penitenciario de un ciudadano británico que fue detenido en virtud de una orden internacional de detención registrada en Interpol mientras se tramita el proceso de extradición. El ciudadano estaba residiendo en España con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada suscrito por el Reino Unido y por la Unión Europea, ejerciendo entonces su derecho de libre circulación por ser ciudadano comunitario, y cometiendo los hechos presuntamente delictivos siendo también ciudadano comunitario. La Audiencia eleva cuestión prejudicial al TJUE para que se pronuncie sobre si es posible que ciudadanos británicos post-Brexit, puedan optar a la residencia permanente en un Estado Miembro de forma equivalente a los ciudadanos de la Unión.

Ponente: Andreu Merelles, Fernando.
Nº de Recurso: 47/2021
Jurisdicción: PENAL
Diario La Ley, Nº 10059, Sección La Sentencia del día, 2 de Mayo de 2022
ECLI: ES:AN:2022:2121A
[Texto de la resolución]

DOUE de 2.5.2022


- Código de conducta aplicable a los Miembros y a los antiguos Miembros del Tribunal.

Nota: Este Código de conducta es aplicable a los Miembros del Tribunal y, cuando así se especifique expresamente, a los antiguos Miembros del Tribunal (art. 1).  Este Código deroga y sustituye el Código de conducta de los Miembros del Tribunal de 10 de febrero de 2022 (art. 22) (véase la entrada de este blog del día 25.2.2022).

[DOUE L128, de 2.5.2022]

 

BOE de 2.5.2022


- Orden ETD/374/2022, de 25 de abril, por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros en materia de responsabilidad civil por daños nucleares.

Nota: Esta norma contiene el régimen de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros aplicable al seguro de responsabilidad civil por daños nucleares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros y en la Ley 12/2011 sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. Véase la entrada de este blog del día 28.5.2011.

[BOE n. 104, de 2.5.2022]

domingo, 1 de mayo de 2022

Boletín de referencias de actualidad de Derecho Internacional y Derechos Humanos (30 abril 2022) - International Law and Human Rights Current References Digest (April 30, 2022)


Este Boletín (con 255 referencias) ha sido elaborado por el Prof. Francisco J. Zamora Cabot (Universidad Jaume I de Castellón) [email: zamora(at) uji.es], a quien agradezco la autorización para publicarlo en Conflictus Legum.

 

El Boletín puede consultarse en este enlace. 


Digitalisation of cross-border judicial cooperation


While the Commission makes the case for advancing the digitalisation of judicial cooperation, and while the IA supporting this initiative received a positive opinion from the RSB, it does nevertheless appear weak on several points. The Commission corroborates its problem definition using several recent sources and data. The Commission conducted several stakeholder consultation activities, for some of which, more specific information would have been useful. Stakeholder views are reflected in the IA report. It appears, however, that the main source, an external study, is available only in the interinstitutional database of EU studies and not available to the wider public at the time of writing. Moreover, it appears that the range of options is very limited, with seemingly no real alternative to the preferred legislative, Option 2 (the voluntary approach under the Option 1 is not considered as effective). It is notable that the description of impacts relating to data protection and data security is very limited for all options, despite their likely relevance.

Briefing: Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment (29.04.2022).

Véase la entrada de este blog del día 22.1.2022 sobre la Propuesta de Reglamento sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en los asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales.