sábado, 10 de junio de 2023

BOE de 10.6.2023


- Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecho en París el 24 de noviembre de 2016. Notificación de España al Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como depositario del Convenio, de conformidad con las disposiciones de su artículo 35.7.

Nota: Mediante el presente acto, España notifica que ha concluido sus procedimientos internos en relación con los convenios fiscales con Bulgaria y Sudáfrica, en virtud del artículo 35.7.b) del Convenio, para que surtan efecto las disposiciones del Convenio en relación con dichos convenios fiscales.

Véase el Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, así como la entrada de este blog del día 22.12.2021.

- Ley 5/2023 de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de 8 de marzo, de sociedades cooperativas de las Illes Balears.

Nota: En esta disposición cabe destacar su artículo 1, que regula su ámbito de aplicación:
"1. El objeto de esta ley es la regulación y el fomento de las cooperativas que de forma efectiva y real desarrollen principalmente la actividad cooperativizada con sus personas socias en el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears, sin perjuicio de la actividad con terceras personas o de la actividad instrumental o personal accesoria que se realice fuera de ese territorio.
2. Esta ley es de aplicación a las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas que tienen el objeto social principalmente en el ámbito de las Illes Balears.
3. Las sociedades cooperativas de las Illes Balears se tienen que regir por las previsiones contenidas en esta ley, los reglamentos de desarrollo y sus estatutos sociales."
Por su parte, el artículo 5 se ocupa del domicilio social de las cooperativas en las Islas Baleares:
"Las sociedades cooperativas, las federaciones, las uniones y las confederaciones de cooperativas reguladas por la presente ley deben tener su domicilio social en el territorio de las Illes Balears, en el lugar donde realicen preferentemente sus actividades."

- Resolución de 2 de junio de 2023, de la Subsecretaría, por la que se determina la relación de centros habilitados en el extranjero para el depósito de voto en urna en las elecciones generales de 23 de julio de 2023.

Nota: Véase la Orden AUC/306/2023, por la que se establecen las condiciones para la designación de los centros habilitados en el extranjero para el depósito del voto en urna en los procesos electorales convocados en España, así como la entrada de este blog del día 31.3.2023.

[BOE n. 138, de 10.6.2023]


viernes, 9 de junio de 2023

Bibliografía - Reflexiones sobre el impacto del Reglamento de transferencias de fondos en el sector de los criptoactivos

 

- Reflexiones sobre el impacto del Reglamento de transferencias de fondos en el sector de los criptoactivos
Ihor Fetsyak Senkiv, Doctorando en Derecho en la Universidad de La Rioja
Diario LA LEY, Nº 10304, Sección Tribuna, 9 de Junio de 2023

Más allá de la aprobación del Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos, el pasado día 16 de mayo se aprobó también el Reglamento relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos, que pretende asegurar la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos. Este artículo ofrece una breve reflexión sobre el impacto que tendrá el Reglamento en los proveedores de servicios de criptoactivos y sus usuarios.

Nota: Véase el Reglamento (UE) 2023/1113 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como la entrada de este blog de hoy, día 9.6.2023.


DOUE de 9.6.2023


- Reglamento (UE) 2023/1113 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2015/849.

Nota: El Reglamento (UE) 2015/847, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos (véase la entrada de este blog del día 5.6.2015), fue adoptado para garantizar que los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relativos a los proveedores de servicios de transferencias electrónicas —y, en particular, la obligación de los proveedores de servicios de pago de acompañar las transferencias de fondos de información sobre el ordenante y el beneficiario— se aplicasen de forma uniforme en toda la Unión. Las últimas modificaciones introducidas en junio de 2019 en las normas del GAFI sobre nuevas tecnologías, destinadas a regular los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales, han previsto obligaciones nuevas y similares para los proveedores de servicios de activos virtuales con el objeto de facilitar la trazabilidad de las transferencias de activos virtuales. Además de esas modificaciones, los proveedores de servicios de activos virtuales deben acompañar las transferencias de activos virtuales de información sobre los originantes y los beneficiarios de dichas transferencias de activos virtuales. Los proveedores de servicios de activos virtuales están también obligados a obtener, mantener y compartir esa información con su contraparte al otro extremo de la transferencia de activos virtuales y a ponerla a disposición de las autoridades competentes, previa solicitud.
Por otro lado, y puesto que el Reglamento (UE) 2015/847 solo se aplica a las transferencias de fondos, esto es, a los billetes y las monedas, el dinero escritural y el dinero electrónico, se amplía su ámbito de aplicación para abarcar también las transferencias de activos virtuales.

De acuerdo con su artículo 1, el Reglamento establece normas sobre la información que debe acompañar a las transferencias de fondos en cualquier moneda, en lo referente a los ordenantes y los beneficiarios de estas, y sobre la información que debe acompañar a las transferencias de criptoactivos en lo referente a los originantes y los beneficiarios de estas, a efectos de la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo cuando al menos uno de los proveedores de servicios de pago o proveedores de servicios de criptoactivos participantes en esa transferencia de fondos o transferencia de criptoactivos esté establecido o tenga su domicilio social en la Unión. Asimismo, establece normas sobre políticas, procedimientos y controles internos para garantizar la aplicación de medidas restrictivas cuando al menos uno de los proveedores de servicios de pago o de criptoactivos participantes en esa transferencia de fondos o criptoactivos esté establecido o tenga su domicilio social en la Unión.

El Reglamento será aplicable a partir del 30 de diciembre de 2024 (art. 40), fecha en la que quedará derogado el Reglamento (UE) 2015/847 (art. 39).

Véase la corrección de errores. 

- Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 1095/2010 y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/1937.

Nota: De acuerdo con su artículo 1, esta norma establece requisitos uniformes para la oferta pública y la admisión a negociación en una plataforma de negociación de criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos y fichas de dinero electrónico, de fichas referenciadas a activos y de fichas de dinero electrónico, así como requisitos para los proveedores de servicios de criptoactivos. En concreto, establece:
- Requisitos de transparencia e información en relación con la emisión, la oferta pública y la admisión a negociación de criptoactivos en una plataforma de negociación de criptoactivos.
- Requisitos para la autorización y supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos, los emisores de fichas referenciadas a activos y los emisores de fichas de dinero electrónico, así como para su funcionamiento, organización y gobernanza.
- Requisitos para la protección de los titulares de criptoactivos en la emisión, la oferta pública y la admisión a negociación de criptoactivos.
- Requisitos para la protección de los clientes de los proveedores de servicios de criptoactivos.
- Medidas dirigidas a prevenir las operaciones con información privilegiada, la divulgación ilícita de información privilegiada y la manipulación del mercado en relación con los criptoactivos, con el fin de garantizar la integridad de los mercados de criptoactivos.

Este Reglamento será aplicable a partir del 30 de diciembre de 2024, excepto sus títulos III y IV, que se aplicarán a partir del 30 de junio de 2024 (art. 149).

Véase la corrección de errores del Reglamento.

[DOUE L150, de 9.6.2023]

- Comunicación de la Comisión — Comunicación a las partes interesadas sobre la retirada del Reino Unido y las normas de la UE en el ámbito de las ayudas estatales.

Nota: Desde el final del período transitorio, el control de las ayudas estatales de la UE ha dejado de aplicarse a cualquier ayuda estatal concedida por el Reino Unido a partir de esa fecha, a menos que afecte al comercio entre Irlanda del Norte y la Unión Europea sujeto al Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte. Por lo tanto, excepto en lo dispuesto específicamente en el Marco de Windsor, la Comisión Europea ha dejado de estar facultada para investigar y tomar decisiones sobre las posibles medidas de ayuda estatal concedidas por el Reino Unido después de esa fecha. Por consiguiente, las partes interesadas ya no pueden presentar denuncias formales a la Comisión Europea sobre tales medidas.
Excepcionalmente, determinados criterios de compatibilidad establecidos en las directrices sobre ayudas estatales de la Comisión Europea se refieren a la cooperación entre los Estados miembros de la UE o a una determinada dimensión de la UE o del EEE. Desde el final del período transitorio, el Reino Unido ha dejado de considerarse a efectos de dichos criterios, y los Estados miembros deben tenerlo debidamente en cuenta para cualquier nueva ayuda concedida en virtud de las disposiciones pertinentes.

En relación con la aplicación con respecto a Irlanda del Norte de las normas en materia de ayudas estatales en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Marco de Windsor, las normas en materia de ayudas estatales de la UE seguirán aplicándose a los Estados miembros de la UE, así como al Reino Unido, en lo que respecta a las ayudas que afecten al comercio entre Irlanda del Norte y la Unión Europea sujeto al Marco de Windsor. Según se desprende de lo dispuesto en otros preceptos del Marco de Windsor, y en particular en sus artículos 5 y 9, el comercio de mercancías y el comercio mayorista de electricidad están sujetos a dicho Marco. En lo que a la producción y el comercio de productos agrícolas y pesqueros en Irlanda del Norte se refiere, el artículo 10, apartado 2, del Marco de Windsor prevé una exención de la aplicación del Derecho de la Unión hasta un determinado nivel máximo anual global de ayuda, siempre que un determinado porcentaje mínimo de dicha ayuda exenta cumpla las disposiciones del anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.

- Actualización de la lista de pasos fronterizos mencionados en el artículo 2, apartado 8, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).

Nota: Véase el Reglamento (UE) nº 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).

[DOUE C202, de 9.6.2023]


BOE de 9.6.2023


- Ley 2/2023 de la Comunidad de Madrid, de 24 de febrero, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.

Nota: En esta disposición hay que destacar su artículo 2, apartados 1 y 2, en relación con su ámbito de aplicación:
"1. La presente ley se aplicará a las cooperativas que desarrollen su actividad cooperativizada con los socios o terceros no socios, principalmente en el territorio de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la actividad con terceros y las actividades instrumentales o accesorias al objeto social que puedan realizar fuera de dicho territorio.
Se entenderá que la cooperativa desarrolla principalmente su actividad en el territorio de la Comunidad de Madrid cuando la actividad desarrollada en dicho ámbito territorial resulte superior en su conjunto a la realizada fuera de él.
2. No estarán sujetas a esta ley las cooperativas de viviendas que desarrollen promociones fuera del territorio de la Comunidad de Madrid."
Por otro lado, su artículo 4 regula el domicilio social:
"Las entidades reguladas por la presente ley deberán tener su domicilio social en el territorio de la Comunidad de Madrid, bien en el lugar donde desarrollen principalmente su actividad, bien en aquél en el que centralicen su gestión administrativa."

[BOE n. 137, de 9.6.2023]


jueves, 8 de junio de 2023

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (8.6.2023)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 8 de junio de 2023, en el asunto C‑567/21 (BNP Paribas): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículos 33 y 36 — Reconocimiento de una resolución dictada en un Estado miembro — Invocación como cuestión incidental ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro — Efectos producidos por esa resolución en el Estado de origen — Admisibilidad de una acción ejercitada en el Estado miembro requerido con posterioridad a dicha resolución — Normas de procedimiento nacionales que obligan a concentrar las pretensiones en una única instancia.

Fallo del Tribunal:
"El artículo 33 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con el artículo 36 de dicho Reglamento,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a que el reconocimiento, en el Estado miembro requerido, de una resolución relativa a un contrato de trabajo, dictada en el Estado miembro de origen, tenga como consecuencia la inadmisibilidad de las pretensiones formuladas ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro requerido, debido a que la legislación del Estado miembro de origen establece una norma procesal de concentración de todas las pretensiones relativas a ese contrato de trabajo, sin perjuicio de las normas procesales del Estado miembro requerido que puedan aplicarse una vez efectuado dicho reconocimiento."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 8 de junio de 2023, en el asunto C‑50/21 (Prestige and Limousine): Procedimiento prejudicial — Artículo 49 TFUE — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Servicio de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor (VTC) — Régimen de autorización que implica el otorgamiento, además de una autorización que permite prestar servicios urbanos e interurbanos de transporte en todo el territorio nacional, de una segunda licencia de explotación para poder prestar servicios urbanos de transporte en un ámbito metropolitano — Limitación del número de licencias de servicios de VTC a una por cada treinta licencias de taxi.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 107 TFUE, apartado 1, no se opone a una normativa, aplicable a una conurbación, que establece, por un lado, que para ejercer la actividad de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor en esa conurbación se exige una autorización específica, que se añade a la autorización nacional requerida para la prestación de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor urbanos e interurbanos, y, por otro lado, que el número de licencias de tales servicios se limita a una por cada treinta licencias de servicios de taxi otorgadas para dicha conurbación, siempre que estas medidas no impliquen comprometer fondos estatales en el sentido de la citada disposición.
2) El artículo 49 TFUE no se opone a una normativa, aplicable en una conurbación, que establece que para ejercer la actividad de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor en esa conurbación se exige una autorización específica, que se añade a la autorización nacional requerida para la prestación de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor urbanos e interurbanos, cuando esa autorización específica se base en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyen cualquier arbitrariedad y no se solapan con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional, sino que responden a necesidades particulares de esa conurbación.
3) El artículo 49 TFUE se opone a una normativa, aplicable en una conurbación, que establece una limitación del número de licencias de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor a una por cada treinta licencias de servicios de taxi otorgadas para dicha conurbación, cuando no se haya acreditado ni que esa medida sea apropiada para garantizar, de forma congruente y sistemática, la consecución de los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público de tal conurbación, así como de protección de su medio ambiente, ni que la citada medida no va más allá de lo necesario para alcanzar esos objetivos."

- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 8 de junio de 2023, en el asunto C‑407/21 (UFC - Que choisir y CLCV): Procedimiento prejudicial — Viajes combinados y servicios de viaje vinculados — Directiva (UE) 2015/2302 — Artículo 12, apartados 2 a 4 — Terminación de los contratos de viaje combinado — Circunstancias inevitables y extraordinarias — Pandemia de COVID‑19 — Reembolso de los pagos que el viajero interesado haya realizado por un viaje combinado — Reembolso en forma de un importe en efectivo o reembolso equivalente en forma de un bono — Obligación de reembolsar a ese viajero en un plazo no superior a catorce días después de la terminación del contrato en cuestión — Exoneración temporal de dicha obligación — Modulación de los efectos en el tiempo de una resolución que se adopta de conformidad con el Derecho nacional por la que se anula una normativa nacional contraria a la referida obligación.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 12, apartados 2 y 3, de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo,
debe interpretarse en el sentido de que,
cuando, a raíz de la terminación de un contrato de viaje combinado, el organizador de ese viaje está obligado, en virtud de esta disposición, a reembolsar al viajero interesado la totalidad de los pagos realizados por ese viaje combinado, tal reembolso se concibe únicamente como una restitución de esos pagos en forma de un importe en efectivo.
2) El artículo 12, apartados 2 a 4, de la Directiva 2015/2302, en relación con el artículo 4 de dicha Directiva,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional en virtud de la cual los organizadores de viajes combinados quedan liberados temporalmente, en el contexto del estallido de una crisis sanitaria mundial que impide el cumplimiento de los contratos de viaje combinado, de su obligación de reembolsar a los viajeros interesados, en un plazo no superior a catorce días después de la terminación del contrato, la totalidad de los pagos realizados en virtud del contrato que se ha dado por terminado, incluso si los objetivos de esa normativa estriban en evitar que, a causa del elevado número de solicitudes de reembolso esperadas, se vea afectada la solvencia de esos organizadores de viajes hasta el punto de poner en peligro su existencia y en preservar de ese modo la viabilidad del sector de que se trata.
3) El Derecho de la Unión, en particular el principio de cooperación leal contemplado en el artículo 4 TUE, apartado 3,
debe interpretarse en el sentido de que
no permite a un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso de anulación de una normativa nacional contraria al artículo 12, apartados 2 a 4, de la Directiva 2015/2302 modular los efectos en el tiempo de su resolución de anulación de tal normativa nacional."

- CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PRIIT PIKAMÄE, presentadas el 8 de junio de 2023, en el asunto C‑125/22 (Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid): [Petición de decisión prejudicial presentada por el rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, con sede en Bolduque, Países Bajos)] Procedimiento prejudicial — Política común en materia de asilo y protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Requisitos de concesión de la protección subsidiaria — Artículo 15 — Toma en consideración de los elementos propios de la situación particular y de las circunstancias personales del solicitante, así como de la situación general del país de origen — Circunstancias humanitarias.

Nota: El AG propone al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a las cuestiones prejudiciales planteadas:
"1) El artículo 15 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, en relación con su artículo 4, apartado 3,
debe interpretarse en el sentido de que:
respecto de cada una de las letras enumeradas en ese artículo y que puedan ser relevantes en un caso concreto, la evaluación de la solicitud de protección internacional debe tener en cuenta, en particular, el conjunto de los elementos relacionados en el artículo 4, apartado 3, de dicha Directiva, entre los que figuran la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, así como todos los hechos pertinentes relativos al país de origen, y debe efectuarse de manera que se distingan las dos fases relativas a la determinación de las circunstancias de hecho que puedan constituir elementos de prueba en apoyo de la solicitud y a la valoración jurídica de tales pruebas, respectivamente, sin que sea necesario apreciar conjuntamente las distintas letras del citado artículo 15.
2) El artículo 15 de la Directiva 2011/95/UE, en relación con su artículo 4, apartados 3 y 4,
debe interpretarse en el sentido de que:
la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, incluida su profesión, deben tenerse en cuenta en el examen efectuado con arreglo al citado artículo 15, letra c), siempre que dichos elementos incrementen el riesgo específico de verse expuesto a amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.
3) El artículo 15, letra b), de la Directiva 2011/95
debe interpretarse en el sentido de que:
la “escala móvil” que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se aplica a los efectos de la apreciación en relación con la letra c) de este artículo no es aplicable a esta primera disposición.
4) La cuarta cuestión prejudicial es inadmisible."


Bibliografía - Todo sigue igual en la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por vulneración del Derecho de la UE

 

- Responsabilidad patrimonial del Estado legislador por vulneración del Derecho de la UE. La vida sigue igual
Isaac Ibáñez García, Abogado
Diario LA LEY, Nº 10303, Sección Tribuna, 8 de Junio de 2023, LA LEY

Se acaba de hacer público un anteproyecto de ley que pretende dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 28 de junio de 2022 (Comisión Europea/España. Asunto C-278/20), que declaró que el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por incumplimientos del Derecho de la UE es contrario al principio de efectividad, al hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el resarcimiento, por las condiciones impuestas en la reforma legislativa del año 2015.
A juicio del autor, la legislación propuesta sigue incumpliendo tanto el principio de efectividad del Derecho de la UE como distintos preceptos de nuestra Constitución. Además, la tramitación de la reforma ahonda en el envilecimiento de la actividad legislativa, al que estamos asistiendo en los últimos tiempos.

Nota: Véase la sentencia del TJUE de 28 de junio de 2022, asunto C‑278/20 (Comisión/España), así como la entrada de este blog del día 28.6.2022.


Jurisprudencia - Incremento del 50% sobre la indemnización, resultante de la aplicación del baremo de la Ley del Automóvil, en el accidente de aviación de Germanwings

 

- Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 704/2023 de 9 May. 2023, Rec. 3707/2019: Transporte aéreo. Accidente de aviación de Germanwings. Reclamación de indemnización por los familiares de los fallecidos. Aplicación orientativa del baremo de la Ley del Automóvil. Incremento del 50% sobre la indemnización resultante de la aplicación del baremo.

Ponente: Sarazá Jimena, Rafael.
Nº de Sentencia: 704/2023
Nº de Recurso: 3707/2019
Jurisdicción: CIVIL
Diario LA LEY, Nº 10303, Sección Sentencias y Resoluciones, 8 de Junio de 2023
ECLI: ES:TS:2023:1855


miércoles, 7 de junio de 2023

Proyecto de RD por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso

 

 Proyecto de Real Decreto por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos. 

Según el Ministerio, el objeto de desarrollo de este Real Decreto es la regulación del procedimiento para la obtención de la acreditación estatal de los cuerpos docentes universitarios (catedráticos y profesores titulares de universidad), así como de los concursos para el acceso a las plazas de los cuerpos docentes universitarios, a los que hacen referencia los artículos 68 y 69 de la LOSU. Estos objetivos se centran en:

- Simplificar y agilizar el procedimiento de acreditación.
- Desarrollar una cultura de confianza, presumiendo la veracidad de los méritos acreditados por los candidatos en el procedimiento de acreditación.
- Disminuir las barreras que el procedimiento de acreditación y concurso supone para la movilidad y a la internacionalización del profesorado del sistema universitario público español.

Véase el texto del proyecto [aquí] y la memoria del análisis de impacto normativo [aquí].

El Ministerio de Universidades ha abierto una consulta pública sobre el proyecto de Real Decreto. Aunque la consulta finalizó el 29 de mayo, se amplió el plazo por problemas técnicos que impidieron el normal funcionamiento del buzón que recibía los correos con las aportaciones.


Bibliografía - Fiscalía europea y Agencia Estatal de Administración Tributaria

 

- Fiscalía europea y Agencia Estatal de Administración Tributaria
Sergio Velázquez Vioque, Senior Associate, DENTONS
Diario LA LEY, Nº 10302, Sección Tribuna, 7 de Junio de 2023

Casi dos años después de la publicación de la Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, sigue siendo preciso llevar a cabo un esfuerzo de adaptación a este nuevo panorama legislativo, de tal manera que todas las instituciones relacionadas con la actuación de la Fiscalía Europea se acomoden a las nuevas circunstancias jurídicas y procedan a ajustar sus actuaciones a este novedoso marco legal. La AEAT está acordando medidas en relación con los bienes de sujetos investigados en procedimientos seguidos ante la Fiscalía Europea incluso cuando la propia institución instructora ha ejecutado ya este tipo de medidas, y las mismas han sido recurridas ante el Juez de Garantías, estando pendiente su validez de una resolución jurisdiccional definitiva. Este tipo de comportamientos vulneran de forma evidente nuestras normas procesales y, muy en particular, los derechos fundamentales de los investigados, como exponemos a continuación.


DOUE de 7.6.2023


- Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.

Nota: El SEPD acoge con satisfacción los objetivos perseguidos por la propuesta, en particular, garantizar que las administraciones tributarias tengan acceso a la información necesaria para desempeñar eficazmente sus funciones y reforzar el cumplimiento general de las disposiciones de la Directiva 2011/16/UE. En este contexto, el SEPD formula una serie de recomendaciones destinadas a garantizar la plena conformidad de la propuesta con el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos:
- Indicar que la propuesta garantiza plenamente el derecho de protección de los datos personales establecido en el artículo 8 de la Carta y recordar la aplicabilidad del RGPD y del RPDUE al tratamiento de datos personales en el contexto de la propuesta.
- Aclarar que la reutilización de datos personales por parte de la autoridad competente de cada Estado miembro solo puede permitirse si está basada en el Derecho de la Unión o del Estado miembro que establece una lista de fines para los que el tratamiento posterior puede ser autorizado legalmente y constituye una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos mencionados en el artículo 23, apartado 1, del RGPD y para proporcionar en la propia propuesta una lista (exhaustiva) de fines para los que los datos personales podrían ser tratados ulteriormente.
- Modificar la parte dispositiva de la propuesta para aclarar qué obligaciones específicas de la Comisión en virtud de la Directiva justifican el acceso a la información registrada en el directorio central.
- Suprimir las dos últimas frases del artículo 8 bis quinquies, apartado 10, según lo dispuesto en el artículo 1, apartado 6, de la propuesta.
- En relación con el artículo 25, apartado 3, de la Directiva, tal como quedaría modificado por la propuesta, indicar claramente en qué casos las entidades que intervienen en el tratamiento serán consideradas responsables del tratamiento (por separado) y cuándo serán consideradas corresponsables del tratamiento.
- Establecer un período máximo de conservación y especificar que los registros de la información recibida a través del intercambio de información deben suprimirse después del período máximo de conservación de datos, o antes, si ya no son necesarios.

Véase el texto completo del Dictamen en lenguas alemana, francesa e inglesa [aquí].

- Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el mandato de negociación para celebrar un acuerdo internacional sobre el intercambio de datos personales entre Europol y las autoridades policiales ecuatorianas.

Nota: El objetivo de la propuesta es entablar negociaciones con la República del Ecuador con el fin de firmar y celebrar un Acuerdo que permita el intercambio de datos personales entre Europol y las autoridades ecuatorianas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo. El anexo de la propuesta establece las Directrices de negociación que el Consejo confiere a la Comisión; esto es, los objetivos que esta debe tratar de alcanzar, en nombre de la UE, en el transcurso de estas negociaciones. En relación con ella, el SEPD formula las recomendaciones siguientes:
- Que en el futuro Acuerdo se excluyan explícitamente las transferencias de datos personales obtenidos en clara violación de los derechos humanos.
- Que el futuro Acuerdo establezca explícitamente la lista de las infracciones penales respecto de las cuales pueden intercambiarse datos personales y que los datos personales transferidos deben estar relacionados con casos individuales.
- Que el futuro Acuerdo prevea una revisión periódica de la necesidad de almacenamiento de los datos personales transferidos, así como otras medidas adecuadas que garanticen el respeto de los plazos.
- Garantizar que el futuro Acuerdo incorpore las salvaguardias previstas en el artículo 30 del Reglamento Europol.
- Garantizar que las medidas de seguridad abarquen los datos tratados en el lugar de destino, así como en tránsito.
- Garantizar que ninguna decisión automatizada basada en los datos recibidos en virtud del Acuerdo tenga lugar sin la posibilidad de que intervenga un ser humano de forma efectiva y significativa.
- Que el futuro Acuerdo establezca normas claras y detalladas sobre la información que deba ponerse a disposición de los interesados.
- Que la Comisión preste especial atención, durante las negociaciones, al proyecto de Directiva 3 (k) relativa a la supervisión por parte de los organismos públicos independientes responsables de la protección de datos con poderes efectivos respecto a las fuerzas de seguridad y otras autoridades competentes de la República del Ecuador que utilizarán los datos personales transferidos.
- A los efectos de esta revisión del Acuerdo, que las Partes intercambien periódicamente información sobre el ejercicio de los derechos de los interesados e información pertinente sobre el uso de los mecanismos de supervisión y recurso relacionados con la aplicación del Acuerdo.

Véase el texto completo del Dictamen en lenguas alemana, francesa e inglesa [aquí].

- Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el mandato de negociación para celebrar un acuerdo internacional sobre el intercambio de datos personales entre Europol y las autoridades policiales brasileñas.

Nota: El objetivo de la propuesta es entablar negociaciones con Brasil con el fin de firmar y celebrar un Acuerdo que permita el intercambio de datos personales entre Europol y las autoridades brasileñas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo. El anexo de la Recomendación establece las directrices de negociación que el Consejo confiere a la Comisión; esto es, los objetivos que esta debe tratar de alcanzar en nombre de la UE en el curso de estas negociaciones. El SEPD recomienda:
- Que en el futuro Acuerdo se excluyan explícitamente las transferencias de datos personales obtenidos en clara violación de los derechos humanos.
- Que el futuro Acuerdo establezca explícitamente la lista de las infracciones penales respecto de las cuales pueden intercambiarse datos personales y que los datos personales transferidos deben estar relacionados con casos individuales.
- Que el futuro Acuerdo prevea una revisión periódica de la necesidad de almacenamiento de los datos personales transferidos, así como otras medidas adecuadas que garanticen el respeto de los plazos.
- Garantizar que el futuro Acuerdo incorpore las salvaguardias previstas en el artículo 30 del Reglamento Europol.
- Garantizar que las medidas de seguridad abarquen los datos tratados en el lugar de destino, así como en tránsito.
- Garantizar que ninguna decisión automatizada basada en los datos recibidos en virtud del Acuerdo tenga lugar sin la posibilidad de que intervenga un ser humano de forma efectiva y significativa.
- Que el futuro Acuerdo establezca normas claras y detalladas sobre la información que deba ponerse a disposición de los interesados.
- A los efectos de esta revisión del Acuerdo, que las Partes intercambien periódicamente información sobre el ejercicio de los derechos de los interesados e información pertinente sobre el uso de los mecanismos de supervisión y recurso relacionados con la aplicación del Acuerdo.

Véase el texto completo del Dictamen en lenguas alemana, francesa e inglesa [aquí].

[DOUE C199, de 7.6.2023]



BOE de 7.6.2023


- Orden PCM/570/2023, de 2 de junio, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Procura para el año 2023.

Nota: Se convoca la prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de la Procura, dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales, así como, en particular, la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por Universidades o Escuelas de Práctica Jurídica debidamente acreditadas.
La convocatoria no contiene limitación alguna en el número de plazas. Se publica, además de en el BOE, en el portal web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), apartado «Empleo Público y acceso a profesiones-Acceso a la profesión de la Procura», así como en la página web del Consejo General de Procuradores de España.

la solicitud de inscripción deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando Cl@ve como sistema de identificación electrónica por parte de los aspirantes.
El plazo de presentación de solicitudes de inscripción en la evaluación será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el BOE.

La prueba de aptitud se realizará en castellano.
En los días que se determinen, que se anunciarán con la debida antelación en la página web del Ministerio de Justicia, se desarrollará la fase demo, en la que los aspirantes podrán acceder a la plataforma AVEX de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa publicada en el BOE en la fecha de publicación de la presente convocatoria, aun cuando no hubiese entrado en vigor, y tendrá una duración de tres horas.
La prueba se celebrará de forma on line de manera simultánea con cualquier dispositivo con acceso a internet, a través de la plataforma AVEX de la UNED, entrando en el enlace https://entrada.aulavirtualexamenes.es/, y se iniciará a las 9:00 hora peninsular en un único llamamiento.

La nota final de la evaluación será de apto o no apto.
La calificación final resultará de la media ponderada entre el 70 % de la calificación obtenida en la prueba de evaluación y el 30 % de la nota obtenida en el Máster o curso de formación especializada, no siendo necesario obtener una nota mínima en la prueba de evaluación para efectuar la media ponderada. Para obtener la calificación de apto será necesario obtener una nota igual o superior al 50 % de la media ponderada de ambas calificaciones en base 10, esto es, 5 puntos.
La calificación de no apto no impedirá la participación en futuras convocatorias.

[BOE n. 135, de 7.6.2023]


martes, 6 de junio de 2023

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (6.6.2023)


- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 6 de junio de 2023, en el asunto C‑700/21 (O.G.): Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea — Artículo 4, punto 6 — Objetivo de reinserción social — Nacionales de terceros Estados que habitan o residen en el territorio del Estado miembro de ejecución — Igualdad de trato — Artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Fallo del Tribunal:
"1) El artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en relación con el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 20 de la Carta los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa de un Estado miembro por la que se transpone ese artículo 4, punto 6, y se excluye con carácter absoluto y automático la aplicación del motivo de no ejecución facultativa de la orden de detención europea establecido en esta disposición a todo nacional de un tercer Estado que habite o resida en el territorio de ese Estado miembro, sin que la autoridad judicial de ejecución pueda apreciar los vínculos de este con dicho Estado miembro.
2) El artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584
debe interpretarse en el sentido de que,
para apreciar si procede denegar la ejecución de una orden de detención europea emitida contra un nacional de un tercer Estado que habita o reside en el territorio del Estado miembro de ejecución, la autoridad judicial de ejecución debe proceder a una apreciación global de todos los elementos concretos que caracterizan la situación de ese nacional de un tercer Estado y que puedan indicar si existen, entre este y el Estado miembro de ejecución, vínculos que demuestren que está suficientemente integrado en ese Estado y que, por tanto, la ejecución en dicho Estado miembro de la pena o de la medida de seguridad privativas de libertad que se le haya impuesto en el Estado miembro emisor contribuirá a incrementar sus posibilidades de reinserción social una vez ejecutada esa pena o medida de seguridad. Entre estos elementos figuran los vínculos familiares, lingüísticos, culturales, sociales o económicos que mantenga el nacional del tercer Estado con el Estado miembro de ejecución, así como la naturaleza, la duración y las condiciones de su permanencia en dicho Estado miembro."


lunes, 5 de junio de 2023

BOE de 5.6.2023


- Resolución de 31 de mayo de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Getxo, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 31 de mayo de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Amurrio, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 31 de mayo de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Durango, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

- Resolución de 1 de junio de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de La Roda, para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Nota: Mediante las presentes resoluciones se aprueban la entrada en servicio efectivo de la aplicación informática denominada DICIREG, del Ministerio de Justicia, que permite el funcionamiento del Registro Civil conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 en las oficinas del Registro Civil de los siguientes partidos judiciales y en las fechas indicadas:
- Getxo, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Getxo y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Barrika, Berango, Gatika, Gorliz, Laukiz, Leioa, Lemoiz, Maruri-Jatabe, Plentzia, Sopela y Urduliz, a las 00:00 horas del 26 de junio de 2023.
- Amurrio, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Amurrio y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Artziniega, Ayala/Aiara, Laudio/Llodio, Okondo, Urkabustaiz y Valdegovía/Gaubea, a las 00:00 horas del 19 de junio de 2023.
- Durango, que comprende la Oficina General del Registro Civil de Durango y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Abadiño, Amorebieta-Etxano, Arantzazu, Areatza, Artea, Atxondo, Bedia, Berriz, Dima, Elorrio, Ermua, Garai, Igorre, Iurreta, Izurtza, Lemoa, Mallabia, Mañaria, Otxandio, Ubide, Zaldibar y Zeanuri, a las 00:00 horas del 19 de junio de 2023.
- La Roda, que comprende la Oficina General del Registro Civil de La Roda y a las oficinas colaboradoras del Registro Civil de Fuensanta, Lezuza, Madrigueras, Minaya, Montalvos, Tarazona de la Mancha y Villalgordo del Júcar, a las 00:00 horas del 3 de julio de 2023.

Mientras no entre en vigor el nuevo Reglamento de Registro Civil será de aplicación lo dispuesto en la Instrucción de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerdan las pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática DICIREG, conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 23.9.2021), modificada por la Instrucción de 3 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y las demás Instrucciones, Circulares y Resoluciones que han sido dictadas hasta el momento, en relación con la aplicación de la Ley 20/2011 (véase la entrada de este blog del día 9.6.2022).

[BOE n. 133, de 5.6.2023]


domingo, 4 de junio de 2023

Boletín de referencias de actualidad de Derecho Internacional y Derechos Humanos (30 mayo 2023) - International Law and Human Rights Current References Digest (May 30, 2023)


Este Boletín (con 284 referencias) ha sido elaborado por el Prof. Francisco J. Zamora Cabot (Universidad Jaume I de Castellón) [email: zamora(at) uji.es], a quien agradezco la autorización para publicarlo en Conflictus Legum.

 

El Boletín puede consultarse en este enlace. 


Revista de revistas (28 mayo a 4 junio)

 

- Práctica Derecho de Daños: núm. 154 (2023).
- Revista Jurídica de les Illes Balears: núm. 22 (2023).
- Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni: 2023, núm. 1.


sábado, 3 de junio de 2023

II Jornadas sobre derechos reales en el DIPr. en la Unión Europea: Aspectos jurídico-prácticos desde la perspectiva notarial (Barcelona, 13 y 14 junio 2023)

 

II Jornadas sobre derechos reales en el Derecho Internacional Privado en la Unión Europea: Aspectos jurídico-prácticos desde la perspectiva notarial

Colegio Notarial de Cataluña, Barcelona (presencial)
13 y 14 de junio de 2023

 

PROGRAMA:

Martes, 13 de junio de 2023

15:45-16:10h Bienvenida:
José Alberto Marín Sánchez, Decano del Colegio Notarial de Cataluña.
Pablo Vázquez Moral, miembro de la Junta directiva y coordinador de DIPr. del CNC.
Maria Font Mas, profesora agregada de DIPr (Universitat Rovira i Virgili)

Mesa 1: EL NOTARIADO Y EL DIPR DE LA UE
Modera: María Armas Herráez, notaria de Barcelona.
16:20-16:40h “El papel del notariado en la aplicación del DIPr de la UE”, con Pilar Jiménez Blanco (Universidad de Oviedo).
16:50-17:10h “Derechos reales y aspectos de delimitación ratione materiae desde la perspectiva notarial de los Reglamentos de la UE de DIPr: cuestiones de derechos reales o personales”, con Ángel Serrano de Nicolás, notario de Barcelona.

17:10-17:30h DEBATE 

Mesa 2: DERECHO COMPARADO INTERNACIONAL Y CONFLICTO INTERNOS DE LEYES EN ESPAÑA
Modera: Cristina González Beilfuss (Universitat de Barcelona).
17:50-18:10h “Panorama de derechos reales en los Estados miembros de la UE: una transformación continua y discreta”, con Elena Lauroba Lacasa (Universitat de Barcelona).
18:10- 18:30h “Derechos Reales y su transmisión en Alemania. Inscripción en el registro de la propiedad. Principales diferencias con España”, com Roland Krause, notario de Berlín.
18:30-18:50h “Derecho interregional español: resolución o no del conflicto de leyes sobre derechos reales”, con Albert Font i Segura (Universitat Pompeu Fabra).

19:00-19:30h DEBATE Y CIERRE

19:30h CÓCTEL

Miércoles, 14 junio de junio 2023

Mesa 3: TÍTULOS EXTRANJEROS Y ACTIVIDAD NOTARIAL
Modera: Pablo Vázquez Moral, notario de Sant Feliu de Guíxols.
16:10-16:30h “Incidencias de la aplicación de los reglamentos comunitarios en la actividad notarial”, con Inmaculada Espiñeira Soto, notaria de Santiago de Compostela.
16:30-16:50h “Forma de las escrituras en Derechos reales: aceptación de títulos notariales extranjeros”, con Rafael Arenas García (Universitat Autònoma de Barcelona).

17:00-17:20h DEBATE

Mesa 4: DERECHOS REALES Y NUEVOS RETOS
17:30 Modera: J.M. Fontanellas
17:30-17:50h “Recta final en la aprobación del nuevo Reglamento sobre eficacia frente a terceros de las cesiones de créditos”, con Iván Heredia Cervantes (Universidad Autónoma de Madrid)
17:50-18:10h “Criptomonedas o activos digitales como garantía real de prenda”, con Víctor Javier Asensio Borrellas, Notario de Mataró.
18:10-18:30h “Integración de la Inteligencia Artificial en el Mercado del Crédito Hipotecario”, con Rosa Maria García Teruel (Universitat de Barcelona).

18:30-19:00h DEBATE Y CIERRE

19:00h CÓCTEL

 

Dirección: Pablo Vázquez Moral y Ángel Serrano de Nicolás (Colegio Notarial de Cataluña) Maria Font i Mas (Universitat Rovira i Virgili).
Lugar de celebración: Colegio Notarial de Cataluña, Barcelona (presencial)
Fechas: tardes del 13 y 14 de junio de 2023
Confirmación de asistencia al correo electrónico: cultura (at)catalunya.notariado.org 

Las II Jornadas en el CNC se enmarca en el proyecto de investigación del ministerio de Ciencia e Innovación: "Régimen de los derechos reales sobre bienes corporales en el Derecho internacional privado europeo: cuestiones de competencia judicial internacional y de derecho aplicable", Ref.PID2020-112609GB-I0. La III Jornada de cierre del proyecto será en la Universitat de Barcelona (2024).


BOE de 3.6.2023


- Instrucción de 26 de mayo de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre la rectificación registral de la mención relativa al sexo regulada en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Nota: El capítulo I del título II de la Ley 4/2023 regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y la adecuación documental a esa circunstancia, reconociendo la voluntad libremente manifestada y eliminando el requisito de la mayoría de edad para solicitar la rectificación. Como consecuencia de ello, queda derogada expresamente la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.
Por otro lado, la disposición transitoria segunda de la Ley 4/2023 establece que las previsiones del capítulo I del título II serán de aplicación a todos los procedimientos registrales de rectificación de la mención relativa al sexo que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la ley si la persona interesada solicita del encargado del Registro Civil la reconducción del procedimiento a esta nueva normativa, "que se llevará a cabo según las instrucciones que a tal fin imparta la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública".
Esta disposición se contiene las directrices para hacer efectivo el derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en los términos reconocidos por la nueva Ley, así como para atender al mandato expreso contenido en su disposición transitoria segunda.

La inscripción de la rectificación tiene efectos constitutivos (directriz primera, párrafo segundo).
La documentación que debe acompañar a la solicitud se relaciona en la directriz segunda, mientras que en la directriz tercera se regula el procedimiento de ratificación de la solicitud.
Transcurridos seis meses desde la inscripción de la rectificación registral, quienes la hubieran promovido pueden recuperar la mención que figuraba previamente en el Registro Civil siguiendo el mismo procedimiento establecido para la rectificación (directriz quinta).

[BOE n. 132, de 3.6.2023]


viernes, 2 de junio de 2023

Jurisprudencia - Efectos de la prestación de consentimiento para la consulta por la Administración de datos sobre solicitud de primera renovación de autorización de residencia y trabajo


- Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5ª, Sentencia de 12 enero 2023, Rec. 2507/2022: Del tenor literal de los arts. 109.1 a) y 5 del Reglamento de Extranjería y 28.2 de la Ley 39/2015, salvo oposición expresa del interesado, no puede ser requerido a la aportación de documentos en los que funda la solicitud, cuando éstos obran ya en poder de las Administraciones o han sido elaborados por ellas, teniendo éstas obligación de solicitarlos de la correspondiente Administración a través de interconexión telemática. Se anula la resolución que acordó el desistimiento de la petición del recurrente de primera renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia al no haber atendido el requerimiento de aportación del certificado de la TGSS de estar al corriente en pagos.
Ponente: Huerta Garicano, Inés María.
Nº de Recurso: 2507/2022
Jurisdicción: CONTENCIOSA
Iustel - Diario Del Derecho, 3 junio 2023, sección Jurisprudencia
[Texto Iustel]
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 118/2023 - ECLI:ES:TS:2023:118]

 

Bibliografía - Afectaciones recientes en la normativa nacional de extranjería

 

- Afectaciones recientes en la normativa nacional de extranjería
Jose M.ª Pey González, Abogado del Iltre. Colegio de Vizcaya; Vocal de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE por el Consejo Vasco de la Abogacía y Letrado del Servicio de Inmigración del Excmo. Ayuntamiento de Baracaldo
Diario LA LEY, Nº 10299, Sección Tribuna, 2 de Junio de 2023

A través del presente artículo tratan de reseñarse las últimas modificaciones legislativas que, por medio de diferentes textos legales, vuelven a parchear, una vez más, la normativa estatal de Extranjería. Rama del derecho, ésta, de la que se predica como uno de sus caracteres esenciales el de la mutabilidad.


DOUE de 2.6.2023


- Decisión (UE) 2023/1075 del Consejo, de 1 de junio de 2023, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a las instituciones y la administración pública de la Unión.

Nota: Mediante el presente acto se aprueba el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en tanto que se aplique a sus instituciones y administración pública. La adhesión de la Unión al Convenio se entenderá sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros por lo que se refiere a la ratificación del Convenio para los asuntos que sean de su competencia nacional.

Véanse las siguientes referencias de esta entrada.

- Decisión (UE) 2023/1076 del Consejo, de 1 de junio de 2023, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia penal, asilo y no devolución.

Nota: Se aprueba el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia penal y al asilo y a la no devolución, en tanto sean competencia exclusiva de la Unión. La adhesión de la Unión al Convenio se entenderá sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros por lo que se refiere a la ratificación del Convenio para los asuntos que sean de su competencia nacional.

Véanse las siguientes referencias de esta entrada.

- Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica — Estambul, 11.V.2011.

Nota: En el artículo 44 se contiene la disposiciones relativas a la competencia judicial internacional. Con carácter general, los delitos previstos en el Convenio se perseguirán cuando el delito sea cometido:
- En su territorio; o
- A bordo de un buque que enarbole su pabellón; o
- A bordo de una aeronave matriculada de conformidad con sus leyes internas; o
- Por uno de sus nacionales; o
- Por una persona que tenga su residencia habitual en su territorio.
Asimismo, se prevé también la competencia basada en el principio de personalidad de aplicación extraterritorial de la jurisdicción penal (apartado 5): el presunto autor se encuentre en el territorio de un Estado parte y no pueda ser extraditado a otro Estado Parte únicamente por razón de su nacionalidad. 

En el capítulo VII (arts. 59 a 61) se contienen las disposiciones complementarias en materia de extranjería: concesión dedel estatuto de residente, solicitudes de asilo basadas en el género, principio de no devolución.

Asimismo, el capítulo VIII (arts. 62 a 65) contiene las disposiciones sobre cooperación internacional. 

[DOUE L 143I, de 2.6.2023]

- Declaración relativa a la competencia de la Unión Europea en los asuntos regulados por el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

Nota: Esta Declaración contiene un listado de los actos jurídicos de Derecho derivado en los que la competencia de la Unión que resulta de dichos actos solo es exclusiva en la medida en que la celebración del Convenio pueda afectar a normas comunes contenidas en dichos actos o alterar su alcance.

Véanse las referencias anteriores.

- Código de conducta por el que se establecen las disposiciones internas relativas al ejercicio de los derechos y obligaciones de la Unión Europea y los Estados miembros en virtud del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

Nota: Este Código de Conducta establece las disposiciones internas para la cooperación entre la Unión y los Estados miembros relativa a los diversos aspectos de la aplicación del Convenio. Por lo tanto, se concibe como una herramienta interna práctica que permite a la Unión y a los Estados miembros ejercer una representación exterior coherente, global y unificada en relación con el Convenio.
Asimismo, establece los principios relativos al funcionamiento del órgano de coordinación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio, así como del cumplimiento de las obligaciones de información que incumban a la Unión y a los Estados miembros en virtud del Convenio y de la cooperación al respecto en cuanto a sus propias competencias.

Véanse las referencias anteriores.

[DOUE C194, de 2.6.2023]


BOE de 2.6.2023


- Texto enmendado del Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2023), Apéndice C del Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980, con las Enmiendas adoptadas por la Comisión de expertos para el transporte de mercancías peligrosas en su 57.ª sesión celebrada en Berna el 24 de mayo de 2022.

Nota: Las presentes Enmiendas entraron en vigor de forma general y para España el 1 de enero de 2023 (¡¡hace cinco meses!!). No obstante, y salvo prescripciones contrarias, las materias y objetos del RID pueden ser transportados hasta el 30 de junio de 2023 según las disposiciones del RID que les son aplicables hasta el 31 de diciembre de 2022.

[BOE n. 131, de 2.6.2023]


jueves, 1 de junio de 2023

TEAC - Examen de la noción "días de permanencia" establecida en el artículo 9.1 a) de la Ley del IRPF a efectos de determinar la residencia habitual en España

 

- Tribunal Económico-Administrativo Central, Resolución de 28 Mar. 2023, Rec. 4045/2020: IRPF. IRnoR. Determinación de residencia fiscal en España en 2018 por aplicación del criterio previsto en el artículo 9.1 a) de la LIRPF.: residencia habitual en territorio español. Noción de "días de permanencia". La permanencia debe analizarse al margen de todo elemento volitivo o intencional, como una noción aséptica de forma que se fije la residencia fiscal de una persona física previa determinación de que, en un año natural concreto, estuvo más de 183 días en territorio español con independencia de si esos días se computan seguidos o, si por el contrario, se ven interrumpidos por continuas entradas y salidas de nuestro territorio. El propio precepto habilita de forma obvia a que esas salidas, siempre que sean esporádicas, computen como días de permanencia. Cuando está acreditado que se ha salido del territorio español para dirigirse a otra jurisdicción de suerte que han estado en ambos dos países en el mismo día natural, se computaría tanto un día de permanencia en España como en el otro país. 

Diario LA LEY, Nº 10298, Sección Doctrina administrativa, 1 de Junio de 2023
[Texto de la resolución]


Bibliografía - La competencia material de la Fiscalía Europea

 

- La competencia material de la Fiscalía Europea
Concepción Sabadell Carnicero, Fiscal Europea
Diario LA LEY, Nº 10298, Sección Tribuna, 1 de Junio de 2023
[Texto del trabajo]

La delimitación de la competencia material de la Fiscalía Europea resulta notablemente compleja debido fundamentalmente a su regulación basada en actos legislativos de la Unión Europea que han de ser transpuestos por los Estados Miembros y en conceptos propios del derecho de la Unión Europea. Ello ha motivado el planteamiento de cinco cuestiones de competencia, tres de ellas en España. El artículo aborda esas cuestiones enfatizando la necesaria interpretación uniforme de las normas de competencia en todos los Estados Miembros por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.


DOUE de 1.6.2023


- Decisión de Ejecución (UE) 2023/1061 de la Comisión, de 31 de mayo de 2023, sobre el establecimiento de la lista de los documentos de viaje de la Federación de Rusia expedidos en regiones o territorios de Ucrania ocupados por la Federación de Rusia o en territorios separatistas de Georgia no controlados por el Gobierno georgiano, y de los documentos de viaje expedidos a personas residentes en dichas regiones o territorios, que no se aceptan como documentos de viaje válidos a efectos de la expedición de un visado o del cruce de las fronteras exteriores.

Nota: De conformidad con la Decisión (UE) 2022/2512 (véase la entrada de este blog del día 21.12.2022), es necesario elaborar una lista de los documentos de viaje de la Federación de Rusia expedidos en regiones o territorios de Ucrania ocupados por la Federación de Rusia o en territorios separatistas de Georgia que el 22 de diciembre de 2022 no estaban bajo el control del Gobierno georgiano, y de los documentos de viaje expedidos a personas residentes en dichas regiones o territorios, que no deben aceptarse como documentos de viaje válidos a efectos de la expedición de un visado de conformidad con el Reglamento (CE) nº 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y del cruce de las fronteras exteriores de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/914 de la Comisión, de 4 de junio de 2021, relativa a las cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos personales a terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Nota: Aquí llega la segunda corrección de errores. Esta vez la versión española no confunde "ninguna de las partes" con "cualquiera de las partes" (véase la primera corrección de errores), sino que se ha traducido "obligación de confidencialidad de naturaleza legal" por "obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria". 

Véase la Decisión de Ejecución (UE) 2021/914 de la Comisión, así como la entrada de este blog del día 7.6.2021.

[DOUE L142, de 1.6.2023]


BOE de 1.6.2023


- Resolución de 10 de mayo de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Vigo n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.

Nota: Mediante escritura autorizada el día 28 de octubre de 2005 por el notario de Vigo, don José Piñeiro Prieto, se otorgaba por doña T. T. –como vendedora– y don J. A. G. G. –como comprador– compraventa previa declaración de obra terminada. Interesa a los efectos de este expediente que doña T. T. lo hacía como heredera universal de su esposo, don F. G., fallecido en Rotterdam (Países Bajos), de donde era vecino, el día 3 de abril de 2004.
El título sucesorio se acreditaba mediante una escritura otorgada el día 7 de junio de 2004 ante el notario de Rotterdam, don Franciscus Xaverius Olmer, en la que se expresaba lo siguiente: que el causante falleció en Rotterdam el día 3 de abril de 2004; que era de nacionalidad italiana en el momento de su fallecimiento; que su último domicilio era en Rotterdam; que estaba casado con doña T. T. y carecía de descendientes; que, según el Registro de Testamentos de La Haya, el causante había otorgado testamento el día 7 de agosto de 2003 ante el citado notario de Rotterdam; que había designado como única y universal heredera a doña T. T., y que, en consecuencia quedaba la citada heredera «facultada para administrar los bienes pertenecientes a la comunidad de bienes/herencia disuelta y para disponer de los mismos».
Presentada el día 5 de diciembre de 2022 la referida escritura en el Registro de la Propiedad de Vigo número 3, la registradora señala dos defectos: a) que no se acredita el cumplimento de lo establecido en el artículo 254 de la Ley Hipotecaria respecto a la sucesión del esposo causante de la vendedora, y b) que no se aporta el certificado de defunción del causante, ni el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad español; además, tampoco se aporta copia autorizada del testamento de dicho causante otorgado en los Países Bajos el día 7 de agosto de 2003, que se menciona en la referida escritura de declaración de herederos autorizada el día 7 de junio de 2004; ni el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad de dicho país ni del país de la nacionalidad del causante.

4. El segundo de los defectos consiste en que no se aporta el certificado de defunción del causante, ni el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad español; además tampoco se aporta copia autorizada del testamento de dicho causante otorgado en los Países Bajos, día el 7 de agosto de 2003, que se menciona en la referida escritura de declaración de herederos autorizada el día 7 de junio de 2004; ni el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad de dicho país ni del país de la nacionalidad del causante.
Es determinante en este expediente que, el recurso se refiere a una sucesión «mortis causa» internacional en la que, por razón de la fecha del fallecimiento del causante –3 de abril de 2004–, no es aplicable el Reglamento (UE) n º 650/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.
Este Centro Directivo, para las herencias causadas antes de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, consideró especialmente relevante la «vis atractiva» de la ley nacional del causante y por ello entendió que debía aportarse el justificante o certificado del registro extranjero que recogiera los títulos sucesorios otorgados por el causante o bien la acreditación de que, conforme al derecho material aplicable a la sucesión, no existe tal sistema de registro (vid. Resoluciones de 28 de julio de 2016, 11 de enero y 2 de febrero de 2017 y 28 de julio de 2020, todas ellas con base en las anteriores de 1 de julio y 13 de octubre de 2015).
Las Resoluciones citadas ponen de manifiesto que no todos los países tienen instaurado un Registro de Actos de Última Voluntad similar al nuestro, en cuanto a sus efectos, y en cuanto a su organización.
Continúan afirmando que nuestro sistema, en el cual la práctica totalidad de los testamentos son notariales, basado en la obligatoriedad de la comunicación que se impone al notario autorizante (o que protocoliza un testamento ológrafo o que autoriza un acta donde se da noticia de su existencia), procura las más altas cotas de seguridad en la apertura de la sucesión intestada.
Sin embargo, dada la prevalencia de la nacionalidad del causante a la hora de regir la sucesión (hasta la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Sucesiones, como ocurre en el supuesto de hecho), pareció una medida oportuna y prudente, y casi obligada si lo exigiese la «lex causae», que el notario español también solicitara (en tanto no se establezca la deseada conexión de registros, como la prevista para una fase final en el Convenio de Basilea de 16 de mayo de 1972), como prueba complementaria, la certificación, en su caso, del registro semejante correspondiente al país de donde el causante es nacional (a veces, su propio Registro Civil, si fuere en esta institución donde la ley personal del finado establece que se tome nota de los testamentos otorgados), siempre que estuviese prevista alguna forma de publicidad de los títulos sucesorios en ese país extranjero. Esta actuación, al dotar de un mayor rigor al expediente, sólo podía redundar en una mayor seguridad de la declaración notarial.
Así lo entendió este Centro Directivo en la Resolución del Sistema Notarial de 18 de enero de 2005 (confirmada su doctrina por la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 30 de junio de 2015) que llegó a la conclusión de que al tramitar en aquel supuesto una declaración de herederos «parece una medida oportuna, prudente y casi obligada» el solicitar además de las Últimas Voluntades españolas las del país de la nacionalidad del causante extranjero. Consecuentemente, también deberá aportarse, si existiere, por las consecuencias legitimadoras que atribuye la inscripción registral, al Registro de la Propiedad, con ocasión de la inscripción sucesoria. Y, si este Registro de Actos de Última Voluntad no existiere deberá acreditarse esta circunstancia en la forma determinada en el artículo 36 del Reglamento Hipotecario.
La ley española es la competente para determinar los requisitos necesarios para la inscripción de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad. Así lo reconoce expresamente el Reglamento (UE) núm. 650/2012, de 4 de julio, conocido como Reglamento Europeo de Sucesiones, en su artículo 1.2 al excluir de su regulación: «(…) l) cualquier inscripción de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un registro, incluidos los requisitos legales para la práctica de los asientos, y los efectos de la inscripción o de la omisión de inscripción de tales derechos en el mismo».
En Resolución de 10 de abril de 2017, este Centro Directivo añadió que la plena aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012 aconseja una matización de esta doctrina (cfr. también la reciente Resolución de 26 de octubre de 2022).
En efecto, la norma europea presenta un tratamiento especial de las disposiciones «mortis causa» –artículos 1, 3.1.b),.c) y.d) y 24 a 28–.
Esta normativa conduce a la regulación de la validez material y formal de la disposición «mortis causa», con base en la ley presuntiva, que remite a la ley que se aplicaría, conforme a los artículos 21 y 22 –no otras posibles leyes asimismo citadas en el fundamento segundo– si falleciere el día en que se otorgó la disposición «mortis causa» relevante conforme a los citados artículos 1 y 3 del Reglamento.
En este contexto, de superación de la ley de la nacionalidad –común al Derecho de la Unión europea– salvo elección indubitada, no resulta indispensable (vid., artículos 23, 24, 26 y 75.1) el recurso a la información del país de la nacionalidad, salvo que coincida con el de la residencia habitual, matización que obliga a realizar ahora la norma.
Por lo tanto, en cuanto no se complete la interconexión de los Registros de disposiciones sucesorias y de certificados sucesorios europeos de los Estados miembros, medida complementaria a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 650/2012, en el contexto e-justice, parece sólo oportuno mantener la exigencia de la acreditación de la obtención de certificación diferente al de nuestro Registro General de Actos de Última Voluntad, que acreditare si existe o no disposición de última voluntad cuando de la valoración de los elementos concurrentes en la sucesión resultare que la ley aplicable fuere distinta de la española, imponiéndose la presentación de certificado o justificación de su inexistencia en el Estado cuya ley resultare aplicable a la sucesión o a la disposición de última voluntad (artículos 21, 22, 24 y 25 del Reglamento), sea o no la del Estado o Estados cuya nacionalidad ostentare el causante.
Indudablemente, los artículos 76 y 78 del Reglamento Hipotecario deben interpretarse atendiendo a la realidad normativa actual, especialmente conforme al citado Reglamento (UE) n.º 650/2012.

5. En el presente caso, la adjudicación de herencia, como previa a la compraventa de uno de los bienes hereditarios –en un tracto abreviado–, se realiza en España, si bien aplicando la ley de los Países Bajos. Surte efectos en España sin que sea relevante, dada la fecha de apertura de la sucesión, la eventual solicitud de expedición de certificado sucesorio europeo –artículo 62 del Reglamento (UE) n.º 650/2012– ni la aceptación de acto autentico notarial (artículo 59 de dicho Reglamento) o el reconocimiento del acta de notoriedad (artículo 3.2 de este mismo Reglamento), rigiéndose, por tanto, por los procedimientos internos (artículo 2 del mismo).
Por tanto, conforme a estos requisitos de la legislación española (artículos 14 de la Ley Hipotecaria y 76 y 78 del Reglamento Hipotecario), debe acompañarse a la escritura el título sucesorio, la certificación de defunción respectiva y el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad. El recurrente considera que dicho título, conforme al artículo 14 de la Ley Hipotecaria, es una escritura de declaración de herederos ante un notario de Rotterdam, que en términos generales y de acuerdo con la Ley neerlandesa, es la autoridad competente para pronunciarse sobre la sucesión. Sin embargo, de la escritura que se presenta como título sucesorio no resulta acreditado lo que exige la legislación española, esto es, el certificado de defunción del causante, el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad español, la copia autorizada del testamento de dicho causante otorgado en los Países Bajos de fecha 7 de agosto de 2003, y la certificación, en su caso, del registro semejante a nuestro Registro General de Actos de Última Voluntad correspondiente a dicho país y al país de la nacionalidad del causante.
En el concreto supuesto, en la escritura del notario de Rotterdam, de fecha 7 de junio de 2004, no se incorpora ni testimonia ninguno de los documentos dichos, por lo que el defecto debe ser confirmado.

[BOE n. 130, de 1.6.2023]