- Proyecto de Ley por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre Eurojust, y se regulan los conflictos de jurisdicción, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 106-1, de 17.6.2022).
Nota: El objeto de este proyecto de ley es múltiple:
- Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por la que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo y completar sus disposiciones (véase la entrada de este blog del día 21.11.2018).
- La regulación de los conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales dentro de la Unión Europea.
- La regulación de las redes de cooperación jurídica internacional.
- La regulación del régimen del personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
De otra parte, deroga la Ley 16/2015 por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior (véase la entrada de este blog del día 8.7.2015) (DD única).El Capítulo II (Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (UE) 2018/1727) recoge el contenido de los Capítulos I a IV de la Ley 16/2015 limitado a las medidas indispensables para ajustar la normativa nacional a lo previsto por el Reglamento y eliminando aquellas disposiciones que quedan desplazadas por la eficacia directa del Reglamento.
En cuanto a los ajustes normativos, es de destacar la novedad que introduce el Reglamento, en cuanto a las funciones del miembro nacional por lo que se refiere a los casos urgentes, cuando no sea posible determinar o contactar a tiempo con la autoridad competente.
Además, se perfecciona el proceso de selección y nombramiento de los candidatos a los cargos de miembro nacional de España en Eurojust, de adjunto y de asistente.
En el Capítulo III (De los conflictos de jurisdicción) se adapta el proceso de acuerdo o consenso entre autoridades judiciales —en el que tiene intervención Eurojust— al contenido del Reglamento 2018/1727. Además, se establece una regulación más completa y clara, especialmente por lo que hace a la denominada "solicitud de contacto", cuyo contenido se simplifica para que incluya la información realmente relevante a los efectos pretendidos. Asimismo, se ajusta también la terminología utilizada en esta materia y se introducen cuestiones que la normativa precedente obviaba, como la posibilidad de que en el procedimiento se haya declarado el secreto de las actuaciones o la obligación de comunicar las medidas procesales que se adopten en el procedimiento judicial mientras se tramita el conflicto de jurisdicción.
En cuanto al Capítulo IV (De las redes de cooperación jurídica internacional) se ha ajustado su rúbrica al nuevo título de la ley. Se ha introducido la garantía de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en las designaciones de los puntos de contacto de estas redes y se han ajustado las referencias en los procesos de designación de aquellos puntos de contacto que, proviniendo de las carreras judicial y fiscal, corresponde su nombramiento a la persona titular del Ministerio de Justicia.
En el Capítulo V (Del personal dependiente del Ministerio de Justicia) se ha establecido la integración directa como punto de contacto en la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) de aquellos magistrados o magistradas de enlace que pudieran ser designados, en su caso, en el ámbito iberoamericano.
- Proyecto de Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas (BOCG-Congreso, Serie A, núm. 108-1, de 17.6.2022).
Nota: Este proyecto de ley tiene por objeto el establecimiento de las normas básicas y de coordinación para la aplicación en el Reino de España del sistema de gestión de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) y otras materias conexas a partir del año 2023, incluyendo las penalizaciones y sanciones a las personas beneficiarias, así como las relativas a determinados sectores agrarios relacionados con la PAC (en el ámbito de la comercialización del aceite de oliva, la producción y comercialización de la leche y los productos lácteos, la cría de animales, la nutrición de los suelos agrarios y las Mejoras Técnicas Disponibles en las explotaciones ganaderas).
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